Laura Hernández Pérez es indígena del Pueblo Nahua. Es activista,
defensora de derechos humanos, de las niñeces, de juventudes indígenas y
trabajadora social. Vive en la ciudad de México e integra la
Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami) y el Enlace
Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (Ecmia), una red
internacional de organizaciones de mujeres y pueblos indígenas surgida
en la década del 90. Valora las redes internacionales para tejer
alianzas en defensa de los derechos humanos. En el plano local, es
crítica del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le
reclama políticas específicas para los pueblos indígenas y denuncia el
avance del crimen organizado sobre las comunidades. Sin embargo, destaca
ciertos avances, como la prohibición del maíz transgénico.
Su familia materna y paterna migró antes de su nacimiento y se
estableció en la periferia de la ciudad de México. Creció en el
municipio Nezahualcóyotl. Su identidad, explica, es “nahua por
autoadscripción”. Señala que “autoadscripción” es un término que
contribuye a visibilizar la diversidad de identidades indígenas. Se
trata de una instancia de reconocimiento de esas identidades como
población indígena. Con ese concepto, el censo nacional de 2020 registró 23 millones de indígenas en territorio mexicano.
“En México tenemos la experiencia de considerar a la lengua como el
elemento para decidir si alguien es indígena. Pero ahí hay un abismo y
una omisión. Porque si vemos la cantidad de población hablante de lengua
indígena, en México seríamos siete millones de personas”, matiza. Y
agrega: “Hay generaciones que no hablamos una lengua indígena, pero sí
nos identificamos como indígenas. Hay generaciones que entienden la
lengua, pero no la hablan. Hay quienes la hablan solamente en sus
espacios comunitarios o familiares por una cuestión de discriminación”.
Foto: Poleth Rivas / Secretaría de Cultura CDMX
Su perspectiva es la de una mujer indígena urbana que pone en valor
el territorio como un sistema de creencias, que va más allá de la
ubicación de la comunidad, y plantea otra forma de pensar la relación
con la naturaleza, la soberanía alimentaria y la articulación con el
feminismo. “El papel y el rol de las mujeres indígenas es muy complejo y
muy difícil en los territorios. La esperanza es que los derechos
humanos sean válidos, protegidos y garantizados”, expresa.
—¿Qué significa 'el territorio' para los pueblos indígenas?
—El
territorio no es solamente una cuestión del espacio físico, de
ubicación de la comunidad. Es un sistema de creencias culturales,
políticas, simbólicas y espirituales. Y esto se lleva interiorizado
estés donde estés, incluso en el espacio urbano. Algunas de esas
expresiones simbólicas tienen que ver con rituales. Por ejemplo, en el
Día de los Muertos hay ciertos tipos de ofrendas según la comunidad a la
que pertenezcas. También la relación con la naturaleza cambia. Hay
población indígena que vive en las ciudades, pero aún tiene algo de
espacio rural y eso le permite sembrar o hacer huertos de traspatio.
Algo que traemos como mujeres indígenas es la salvaguarda de nuestros
territorios. El territorio como un todo, como el espacio que se habita
pero también como un espacio de conexión con la Madre Tierra y con todos
los seres físicos y espirituales que están allí.
—Hay una cosmovisión que excede el territorio de la comunidad...
—En
el caso de las y los indígenas que tuvimos que salir del territorio de
nuestra comunidad, las abuelas y los abuelos siempre están con nosotras y
nosotros. Y su mensaje, incluso en un espacio urbano, es seguir la
práctica milenaria de cuidar nuestros territorios, de conectar con la
naturaleza y de hacer lo posible por vivir en armonía. En la cuestión de
la soberanía alimentaria, cuidar las semillas, darle el valor a lo que
se come, agradecer a la Madre Tierra lo que nos brinda. El modelo
capitalista no ve que sin la tierra no seremos nada.
Muchas mujeres se quedan en sus territorios y muchas de ellas son
defensoras, cuidadoras de la tierra, del agua y del aire. Y esto es
importante porque las mujeres, decididamente, son transmisoras de mucha
cultura. A nivel personal, mi esperanza es regresar a mi comunidad y
sembrar, porque ese es el legado de mis ancestras y ancestros y quiero
honrarlo.
—¿Cuál es la situación de los pueblos indígenas en México en término de acceso a derechos?
—Cada
Gobierno ha tenido sus particularidades. Pero en el sexenio anterior
(el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador) y en el de
Sheinbaum, tenemos un Gobierno que el mundo considera de izquierda. No
estaría tan de acuerdo con eso. Pero, por lo menos, en el sexenio
anterior y en la continuidad de este ha cambiado mucho la situación a
nivel institucional. Hay un órgano, que es el Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas, que se encarga de la política pública. El gobierno de
López Obrador hizo algunas modificaciones a esa institución. Y dijo
“nada sin las organizaciones”, pero eso incluía solo a las
organizaciones con personería jurídica. Y eso afectó a las comunidades
indígenas.
—¿Y cómo continúa ese proceso?
—Ahora se empezó a trabajar con proceso asamblearios, pero también
aquí uno se cuestiona qué pasa con la población indígena que estamos en
las periferias de las ciudades, donde no existen estos procesos. De ahí
ha venido a complejizarse la situación, en relación a los derechos y a
la institucionalidad. Con la política de bienestar se trata de alcanzar a
todos los grupos, entre ellos los pueblos indígenas. Pero nosotros
requerimos de una política pública específica, de presupuestos
específicos y de acciones integrales para atender los derechos humanos. Y
no es así como se está llevando a cabo. Hay apoyo económico, pero eso
no es suficiente para abordar problemáticas muy complejas que se están
viviendo en los territorios.
—¿Cuáles son esas problemáticas?
—Por lo menos
desde el año pasado hay una situación con los cárteles y el crimen
organizado que está vulnerando a las comunidades, que les está
violentando sus derechos humanos. Por ejemplo, la cuestión del
desplazamiento forzado. Se les saca de sus comunidades, se les quitan
sus territorios. Hay comunidades en estado de abandono. Es un nuevo
modus operandi que tienen: ya no basta con el tráfico de drogas o de
personas, ahora quieren explotar el territorio. En Chiapas las
comunidades fueron desplazadas por el crimen organizado para explotar
minerales como el litio. La situación se complejiza porque el extractivismo ya no es solo una cuestión de política pública, sino de otros actores que están invadiendo los territorios.
El crimen organizado afecta de manera general a los pueblos indígenas,
pero creo que aquí es importante colocar la cuestión de las mujeres
indígenas. A veces los compañeros se van de las comunidades y quienes se
quedan en estos espacios son las mismas mujeres, sus hijas e hijos.
—¿Cómo se vincula esto con la persecución de las y los defensores ambientales?
—Se
volvieron a activar casos de criminalización y muerte a defensores y
defensoras y eso también se entreteje con la cuestión del crimen
organizado, porque está ampliando sus opciones para movilizarse dentro
del territorio, para llevar y traer mercancía. Nos preocupa que muchas
veces no sabemos lo que pasa en los territorios, y eso es porque no se
puede difundir esa información fácilmente, porque puedes ser víctima de
la violencia.
—¿Qué experiencias de resistencia destaca en México?
—El
Ejército Zapatista de Liberación Nacional es un claro ejemplo de
experiencia de resistencia porque tiene muchos años de vigencia pese a
los cambios políticos que vivió el país. El Pueblo Yaqui lleva una lucha
histórica de mucho tiempo, que se mantuvo a pesar de la opresión y de
la invisibilización. En el centro del país hay experiencias de
resistencia a las termoeléctricas, hay un movimiento de lucha que une
tres estados que se llama Frente de Pueblos en Defensa del Agua de
Puebla, Tlaxcala y Morelos.
Foto: ECMIA
Cuidar al maíz de los transgénicos
Mediante la modificación de la Constitución Nacional, en marzo
pasado, México prohibió la siembra de maíz modificado genéticamente. A
pesar de las presiones de las grandes multinacionales y del gobierno de
Estados Unidos, el país decidió proteger el cultivo más consumido en el
país.
—¿Por qué es importante el maíz para la cultura mexicana?
—Es
importante dimensionar la cuestión de quién cuida el maíz. En México se
consume la tortilla y derivados del maíz. Pero no todas las personas
dimensionan ese valor de fondo. Saben que pueden ir a la tortillería y
comprar su tortilla, pero no saben si esa tortilla viene de un maíz
transgénico. Eso pasa sobre todo en los espacios urbanos. También está
el problema del encarecimiento. En México se consume maíz, pero son las
organizaciones campesinas y las comunidades indígenas las que le colocan
otro valor. Y, por eso, enfrentamos la necedad de Estados Unidos y de
Monsanto/Bayer de entrar a México con el maíz transgénico. La campaña
“Sin maíz no hay país” dio argumentos a nivel constitucional. El maíz es
un alimento milenario que perdió su diversidad por este modelo
económico donde hay que urbanizar y hay que poner carreteras, cuando el
maíz necesita naturaleza para crecer.
—¿Qué implica este alimento en términos de tradición?
—Lo
veo con mis abuelos. Se siembra maíz, pero al lado se siembra calabaza,
chile, quelites, frijol y otros alimentos que son importantes. La milpa
es un ecosistema, una forma circular importante que hay que cuidar. Hay
comunidades que tienen prácticas de cuidados de la semilla. Pero la
verdad es que el cambio climático ha afectado la naturaleza misma del
maíz. Se necesita atender esta cuestión climática, que no solamente la
vemos en México, sino en el mundo. Todo está conectado. La conservación
de alimentos y de los animales que forman parte de ese ecosistema es muy
importante.
—¿Cómo hacemos para descolonizar nuestros platos?
—El
problema para descolonizar nuestros platos está en la imposición de
modelo de desarrollo económico y social. No puede ser que aquí en México
vendan una mandarina ya pelada en platos desechables. Se ha impuesto un
modelo de visión en torno a qué debemos de consumir y de qué manera.
Eso es muy distinto en las comunidades porque, por ejemplo, con mi
abuela nada se desperdicia y en algunas comunidades indígenas
campesinas, igual. Nada se desperdicia, todo es funcional. Todo vuelve a
la tierra y se convierte en energía. En el espacio urbano han impuesto
un modo de comer muy distinto. En la escuela de mi hija su maestra les
invita a tomar agua, pero ya las niñeces no toman agua, toman jugos. Ese
es un problema porque cómo no vamos a darle agua a nuestro cuerpo. Tenemos que desaprender mucho de lo que se ve en televisión y en las redes sociales acerca de comer empaquetados.
No creo que descolonizar sea muy complejo en personas adultas, veo
necesario trabajarlo más con las niñeces y juventudes. Por ejemplo,
destinar un espacio en las escuelas para el buen comer, que está ligado a
la soberanía alimentaria y no a los productos de las empresas
transnacionales que causan daño ambiental y en nuestros cuerpos.
—¿Qué se necesita desde la perspectiva de las políticas públicas?
—El discurso político del Gobierno es “primero los pobres” y dentro
de los pobres se encuentran los pueblos y mujeres indígenas. Pero queda
en un mero discurso. No basta solamente con una cuestión de dar
continuidad a proyectos como "Sembrando Vida" en el que llegan,
reforestan, ponen huertos y generan alimentos que no son de la zona,
sino que se permita atender la vida de quienes siembran, que son las
comunidades campesinas e indígenas.
Caminar en articulación
En diciembre pasado la presidenta Sheinbaum anunció que el 2025 sería
el año de las Mujeres Indígenas en México. La Encuesta Nacional de
Discriminación (Endis), en 2022, señaló que el 41 por ciento de ellas
opinó que sus derechos humanos no se respetan. Entre los principales
motivos de discriminación a las mujeres indígenas se encuentran: forma
de vestir, peso o estatura, por ser mujer, por ser indígena o
afrodescendiente, creencias religiosas y manera de hablar.
—¿Qué relación tienen las luchas feministas con las luchas de los pueblos indígenas?
—No
todas las mujeres indígenas nos definimos feministas. Hay un mundo
desigual para con nosotras como mujeres indígenas y para con los pueblos
indígenas. Hay un mundo con asimetría en el poder, con una cuestión
racista y colonialista. Cada una de las hermanas y compañeras escogerá
su camino y su elección respecto del feminismo, pero lo que podemos
rescatar es que muchas aliadas son feministas y han venido a contribuir a
nuestras luchas como mujeres indígenas. El feminismo es un espacio de articulación y también un espacio para visibilizar la diversidad de las mujeres. Es importante señalar que las mujeres indígenas tenemos una forma organizativa propia, autónoma, que ha costado mucho.
—¿Por qué?
—Porque te enfrentas con tu comunidad,
con tu familia, con tu pareja si es un hombre. Muchas veces no hay una
valoración de lo que haces. Lo hemos visto con muchas hermanas, que han
sufrido violencia y han tenido que salir de ese círculo, y luego llegan a
espacios mixtos donde hay compañeros que también las vulneran, las
minimizan, las humillan. Enfrentar esas situaciones familiares o
comunitarias, pero fuera de la comunidad, es un reto para las mujeres
indígenas, porque la comunidad te mira y te valora. Y para algunas
hermanas el feminismo ha sido una herramienta y es válido. Para otras,
nos enfocamos en hacer alianzas, en llevar una incidencia colectiva y
creo que también es muy válido. Porque esa es la apuesta: la defensa de
nuestros derechos humanos como mujeres y como integrantes de pueblos
indígenas.
—¿Cuál es el horizonte en esa defensa de derechos?
—El Buen Vivir implica una cuestión de los derechos humanos, el
acceso pleno a la soberanía alimentaria, a vivir una vida libre de
violencias, libre de discriminación, de racismo. Las rutas son varias. Y
cada una de nosotras como mujeres indígenas va a tomar la opción que
mejor le parezca. Desde el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de
las Américas caminamos en articulación. Sabemos que en muchos espacios
de incidencia a nivel internacional por los derechos humanos hay una
fuerte presencia de grupos feministas. Entonces necesitamos colocar
nuestras voces allí. En estos espacios ha habido conflictos y
diferencias, pero nosotras siempre decimos que vemos por un bien mayor. Y
nuestro bien mayor no es solo nuestra organización local, nacional o
internacional, sino también las otras mujeres indígenas, niñeces y
juventudes.
Sandra de los Santos Chandomí.-Hace
unos días se hizo viral que un generador de contenidos en redes
sociales le pidió a una inteligencia artificial (concretamente a Chat
GPT de Open IA) que contara del uno al millón y se negó a hacerlo (lo de
negarse a hacerlo es un decir porque más bien le dijo que no era
funcional hacerlo por la forma en que estaba diseñado). Hubo páginas
(muchas de clickbait) que ya predecían con esto la rebelión de las máquinas.
Pero
¿qué pasó realmente? Nuestro conocimiento sobre el uso y la operación
de la inteligencia artificial sigue siendo, en su mayoría, rudimentario.
Estamos aprendiendo a usarla como aprendimos a usar las redes sociales e
incluso el internet: sobre la marcha, sin leer el manual. Nos centramos
en lo que puede hacer, pero pocas veces nos detenemos a ver qué hay
detrás de la tecnología porque el tiempo apremia. Y, en ese camino,
estamos propagando ideas equivocadas: una de ellas es asumir que las IAs
“razonan” o “piensan” como nosotras y nosotros.
La realidad es
que las inteligencias artificiales como ChatGPT no piensan ni sienten.
Para eso necesitarían experiencia de vida, y no la tienen (no le quiero
romper el corazón a nadie, pero es riesgoso tratarlas como si fueran
personas). Funcionan con patrones: procesan cantidades enormes de
información que ya existen (libros, artículos, conversaciones) y, con
eso, predicen qué palabra, frase o dato es más probable que siga. No
generan conocimiento nuevo, solo reorganizan lo que encuentran. Por eso
“contar hasta un millón” les parece poco funcional porque tendrían que
hacer demasiado para algo tan simple. No están diseñadas para eso.
Toda
esa información que reorganiza viene de un mundo desigual así que
arrastra sus sesgos. Si en los textos que “leen” predominan las miradas
masculinas, racistas o clasistas, las respuestas tenderán a reproducir
esas perspectivas, a menos que se les corrija o se les entrene con
criterios distintos. La máquina no discrimina por sí sola, pero tampoco
cuestiona lo que aprende.
Y ahí es donde el asunto se pone
interesante: si no cuestionamos cómo están entrenadas estas
inteligencias artificiales, corremos el riesgo de que repliquen y
amplifiquen las desigualdades que ya existen. Los sesgos de género son
un ejemplo claro.
Si la mayoría de los textos con los que se
alimenta una IA hablan de las mujeres como secundarias, frágiles o
invisibles, la máquina aprenderá a responder desde esas narrativas. No
es que “piense” así, es que repite el mundo que le enseñaron. Por eso a
veces parece que las IAs saben mucho y, al mismo tiempo, entienden poco.
Son capaces de dar cifras exactas sobre la brecha salarial, pero
también pueden omitir la voz de las mujeres o reforzar estereotipos sin
siquiera “saber” que lo están haciendo. El problema no es solo
tecnológico, es político.
Combatir estos sesgos no se logra solo
con “mejores algoritmos”, sino con decisiones políticas y éticas sobre
qué datos se utilizan para entrenar las IAs y quién participa en ese
proceso. Si las bases de datos se nutren casi exclusivamente de voces
masculinas, el resultado será un modelo que silencia a las mujeres.
Necesitamos diseñar tecnologías que integren perspectivas feministas,
plurales y diversas. De lo contrario, lo que llamamos “inteligencia”
artificial seguirá siendo un espejo que nos devuelve, amplificados, los
mismos prejuicios y desigualdades que queremos desmontar.
La
inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para procesar
tareas, investigar, analizar datos o hasta para ayudarnos a generar
nuevas ideas, pero si asumimos que sus respuestas son “neutrales” o
“infalibles”, estamos renunciando a cuestionar el origen de la
información y los marcos que reproduce.
Necesitamos preguntarnos
siempre desde dónde responde, qué voces quedan fuera y qué estructuras
sostiene. La máxima que dice: “¿quién dice qué y por qué? Usar la IA sin
pensamiento crítico es aceptar que una máquina decida por nosotras y
nosotros cómo se interpreta el mundo; usarla de forma consciente, en
cambio, puede ayudarnos a evidenciar sesgos, disputarlos y abrir otras
narrativas.
El principal problema de la IA no es que un día se
rebele y deje de hacernos caso; el problema real es que la estamos
utilizando sin entenderla y, en ese camino, corremos el riesgo de
reproducir lo que buscamos romper. Es un bucle enorme: la IA nos dice lo
que existe, lo que ya hay. Son el “espejito, espejito” del cuento de
Blanca Nieves. Nos devuelve respuestas cómodas. ¿Creen que le dirá al
“Chicharito” que sus afirmaciones son sexistas? No. Le dirá que “tiene
sus pensamientos claros y decisivos”. Porque la IA no cuestiona el orden
establecido. Y justamente por eso no podemos delegarle nuestras
decisiones, ni permitir que moldee lo que pensamos.
Foto de Darina Belonogova: /.-Ciudad
de México. – En una sociedad donde las mujeres no experimentan un
orgasmo en toda su vida a causa de la cultura machista que sentencia el
placer femenino; el autoconocimiento, la autoexploración y el
autoerotismo se convierten en la emancipación del sistema patriarcal que
erosiona en la libertad de la sexualidad, abriendo el panorama a un
sistema que las reconoce como sujetas sociales, políticas y por ende
sexuales.
De acuerdo con la encuesta del Instituto Mexicano de
Sexología (Imesex), la mitad de las mujeres mexicanas nunca ha
experimentado un orgasmo; este dato abre la puerta a cuestionar hasta
dónde se ha anidado el patriarcado en el dominio del cuerpo de las
mujeres, rodeando la sexualidad femenina de vergüenza, pudor y recato.
En una entrevista para Cimacnoticias,
María Zarandona, sexóloga y educadora del Bajío compartió desde el
punto de vista profesional la importancia del autoconocimiento femenino
en el panorama de la sexualidad, no sólo como sujetas sexuales, sino
como individuas que se desenvuelven en comuna.
“El
autoconocimiento y la exploración son unas de las piezas angulares que
necesitamos desarrollar para poder vivir una sexualidad en bienestar (…)
el autoconocimiento es el contacto con el cuerpo que va más allá de las
prácticas sexuales”. – María Zarandona
Para María
resulta fundamental que cada mujer reconozca en si misma la autenticidad
de su sexualidad, así como que el autoconocimiento es una habilidad que
se desarrolla y se construye, por lo cual se tiene que estar trabajando
por medio de la autoexploración y el autoerotismo siendo algo que “se
habilita y se práctica constantemente”.
Por ello, María en
conjunto con otras mujeres expertas e interesadas en erradicar los
estigmas que limitan la concepción de que las mujeres son merecedoras de
placer, se reunieron para crear Coautlicue Soy,
un “diario creativo” parte de la editorial Plántula que busca acompañar
a las mujeres en su proceso de autoconocimiento por medio no sólo de
lecturas teóricas sino también de actividades que ayuden a cada mujer a
explorar y vivir su libre sexualidad.
“Saber dónde está el clítoris es conocimiento, pero saber dónde está mi clítoris es el verdadero poder”. – Coatlicue Soy
El
gestionar, controlar y gozar del orgasmo femenino, constituye así,
parte de una revolución por recuperar la autonomía corpórea, es decir,
saber que nuestra cuerpa como territorio no pertenece a nadie más, que
no hay pudor ni vergüenza, sólo plenitud es un acto de amor a la
dignidad humana y sexual de las mujeres.
“Cada
vez que una mujer va entendiendo que merece placer, independiente de
otra persona y se va compartiendo así en el mundo se crea una ola
expansiva; el hecho de que podamos acceder al orgasmo implica que somos
merecedoras de placer, que tenemos la autonomía de explorar y tocar
nuestro cuerpo (…) escuchar nuestro placer no solamente se va a ver
reflejado en un bienestar sexual mucho más satisfactorio, sino que
también te vas a sentir mucho más segura de tomar decisiones en todas
las esferas, entonces cuando hablamos del autoconocimiento hablamos de
una transformación social súper poderosa”. – María Zarandona
Despojarse
de los valores negativos contenidos en la sexualidad femenina, es
paralelamente quebrar con el rol de género asignado; esta ruptura
propone deconstruir la perspectiva patriarcal que sexualiza a las
mujeres mientras les permite autopercibirse desde una mirada afectiva,
amorosa, erótica y liberadora.
“Necesitamos
realmente aprender sobre sexualidad, aprender sobre la respuesta
sexual, aprender sobre cómo se ve el clítoris, cómo podemos estimularlo;
el conocimiento nos da muchísimo poder, pero no podemos nada más
quedarnos ahí (…) la autoexploración es importante, animarse a
comunicar, a probar cosas, a conocer mi cuerpo, a verlo desnudo, a
observar mi vulva en un espejo, pero estando bien consiente de que va
pasando en mi mente, en mis sensaciones emocionales y físicas”. – María
Zarandona
El autoconocimiento y
autocuestionamiento sobre la relación que hemos desarrollado con nuestra
cuerpa resulta en una emancipación; la libertad.
Género y placer
Culturalmente,
la sexualidad femenina ha tenido un enfoque desproporcionado respecto
al placer masculino, autoras como Ivonne Szasz escribe en Sexualidad y género: algunas experiencias de investigación en México,
que en nuestro país el valor que se le adjudica al sexo recae en dos
acciones, ambas masculinas: la penetración y la eyaculación.
Existen
ciertos comportamientos sexuales que poseen la característica de ser
reafirmantes de la identidad masculina; la masturbación y el acceso al
placer sin culpas. Esto en conjunto con la concepción social de la
sexualidad fomenta un sistema que normaliza la anteposición del placer
masculino frente a la existencia del orgasmo femenino, reprimiendo no
sólo la sexualidad de las mujeres, sino también su libre expresión y el
ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
“Me
parece que (como hombres y mujeres perciben el sexo) es algo
completamente contextual; tiene cuestiones de género, pero también de un
montón de otros contextos más, empezando por si estas siendo
socializada como una mujer, así como tu clase social y tu etnia, creando
un impacto de cómo vivimos y cómo desarrollamos nuestra sexualidad”. –
María Zarandona
En la más reciente participación de
la teórica feminista, Rosa Cobo refiere que el sistema patriarcal se ha
encargado de dividir el cuerpo del individuo, es decir, la idea de que
estos dos conceptos se encuentran separados; «No es así, el cuerpo es el
individuo», explica la teórica.
Según señala la autora, el hecho
de que las personas seamos socializadas sexualmente de esta manera, sólo
alienta a un profundo rezago sobre el conocimiento del placer, el
autoerotismo y la sensualidad, especialmente cuando se trata de mujeres,
quienes son privadas de ejercer su derecho a la autonomía placentera y
limitadas a la creencia patriarcal de que el goce sólo debe de limitarse
a la penetración y a la eyaculación del otro.
Esto también es sustentado por la maestra Ana Amuchástegui en Mitos y dilemas de los jóvenes en tiempos del SIDA; exponiendo
que las mujeres en México sólo es valorada por el placer que le brinda
al hombre durante la penetración, la preservación de la “virginidad”, la
fidelidad, la ignorancia sexual -como inocencia “positiva” al carecer
de experiencia sexual- y la discreción, siendo valores recrudecidos aún
más, cuando se trata de mujeres en contextos precarizados.
Con
esto se quiere señalar que explorar, disfrutar y proteger el cuerpo que
habitamos es parte intrínseca de la autodefensa de quién somos. Por
ello, desde el momento en que se ejerce la libertad del goce y el
placer, no sólo conlleva la emancipación del cuerpo, sino también, a
nosotras mismas; después, llega la revolución colectiva por la
autonomía.
En este sentido, es urgente que el hablar del placer
comience a ser una práctica normalizada; que el autoerotismo sea
compañero y que las mujeres comiencen a alejarse del margen patriarcal
que ha condenado el placer a la penetración.
Por otro lado, las
diferencias cognitivas y emocionales son identificadas a lo largo del
desarrollo humano, poniendo, de igual forma, a las mujeres en posición
de desventaja social, pues se tiende a asumir que las mismas son más
emocionales y por ende más “inestables”, mientras que los hombres son
obligados socialmente a reprimir sus emociones.
Finalmente, las
diferencias sociales y culturales son las que más ponen en declive el
desarrollo óptimo de la sexualidad de las mujeres, pues aunado a la
disparidad biológica, las diferencias sociales y culturales refuerzan
ciertos roles de sexo/género que colocan a las mujeres bajo el mandato
masculinizado, anteponiendo el placer de este último.
“Claro
que el género es una parte muy esencial, pero también es importante ver
todos estos entrecruces (sociales y culturales) porque estos también
impactan mucho en cómo aprendemos y qué aprendemos de la sexualidad”. –
María Zarandona
.-Ciudad
de México.- De acuerdo con la jefa de gobierno Clara Brugada, en la
capital del país existe una reducción de casos de feminicidio en 50 por
ciento, no obstante, datos de la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad
de México señalan que se están atendiendo 871 mujeres en riesgo de vivir
un feminicidio, superando incluso el total de casos en 2024 donde hubo
797, por tanto, las cifras la contradicen pero para seguir con las
acciones de prevención, presentó 15 acciones para darle continuidad a la
Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
Hay que
recordar que el 21 de noviembre de 2019 se declaró la AVGM por la
entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo como una decisión
desde el ejecutivo de la capital. No obstante, desde entonces las
organizaciones civiles señalaron en reiteradas ocasiones la falta del
seguimiento por los tres niveles de gobierno.
Las AVGM son una
conquista feminista que incluyen el conjunto de acciones necesarias para
mejorar y garantizar la vida de las mujeres a una vida libre de
violencia de género. Asimismo, se trata del compromiso del gobierno con
los derechos humanos de las mujeres el cual se implementó a la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley de
Acceso) en 2013.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
al corte de julio de 2025, en lo que va del año se documentaron 394
casos de feminicidio a nivel nacional de los cuales 21 correspondieron a
la Ciudad de México, presentando así una disminución respecto a 2024
cuando en el año se registraron 65 casos. No obstante, la capital no
deja de estar entre los cinco estados en donde más ocurren estos delitos
siendo Álvaro Obregón y Milpa Alta los municipios con mayor incidencia.
De
la misma manera, el número de casos de feminicidio podría ser mayor
considerando que desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se ha
identificado que los casos de feminicidio se clasifican como homicidio
doloso para afirmar una reducción en la narrativa. Respecto a esta
clasificación, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, indica que en el transcurso de 2024 ocurrieron un
promedio de 4.7 homicidios dolosos al día, mientras que este año ocurren
4.6.
Durante la presentación del evento «Acciones por la Vida y la Justicia: Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México»,
Dafne Cuevas Ortiz, titular de la Secretaría de las Mujeres en la
Ciudad de México, mencionó que desde la institución se atendieron a 14
mil 800 mujeres, de ellas mil 56 quienes son beneficiarias de programas
para quienes viven violencia de género.
De acuerdo con Dafne Cuevas Ortiz, secretaria de las Mujeres en la Ciudad de México, con estas 15 acciones se pretenden fortalecer las medidas de protección,
porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recibe mensualmente
un promedio de 6 mil solicitudes para mujeres víctimas de violencia de
género. Esto incluye mecanismos de colaboración entre la Semujeres, SSC,
la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y el Poder Judicial de la Ciudad
de México (PJCDMX); capacitación para personal en materia del tamizaje
en riesgo feminicida; y audiencias virtuales para la ratificación de
medidas de protección que requieren control judicial.
Por eso crearán la Defensoría de las Mujeres
para que las mujeres puedan ser asesoradas y acompañadas a lo largo de
todo el proceso hasta la judicialización de la carpeta como lo demanda
la Ley de Protección a Víctimas y que esta defensa sea con perspectiva
de género.
De la misma forma, esperan crear Juzgados Mixtos Especializados en materia de Violencia de Género
que atiendan derecho penal y familiar reduciendo los tiempos de espera
para las mujeres y evitar contradicciones en las resoluciones de ambos
ámbitos. Aunque el primero de este tipo de juzgados ya existen en otros
estados como Coahuila, Hidalgo, Baja California Sur y Baja California;
se espera que la Ciudad de México sea la próxima en implementarlo.
Por su parte, Berta Alcalde Luján, Fiscal de la Ciudad de México (FCDMX) apuntó al fortalecimiento de la investigación de feminicidios
a tres de las capacidades de respuesta institucional que permitan
seguir incrementando el número de vinculaciones en casos de
feminicidios. De esta manera, todas las muertes violentas se
investigarán como un posible feminicidio y se dará capacitación del
personal ministerial, policial y pericial.
Se prevé la atención a infancias y adolescencia en orfandad materna por feminicidio
para que no queden bajo la guardia y custodia de la familia del agresor
y puedan acceder a recursos adicionales del Fondo de Víctimas de la
Ciudad de México para que obtengan un apoyo mensual hasta sus 18 años.
Asimismo, se implementará una estrategia para atender el delito de violación,
la cual consiste en la Creación de la Agencia Especializada en casos de
violencia sexual reciente para priorizar la investigación y
judicialización de casos, el traslado inmediato de las víctimas a la
Agencia, la realización de una entrevista con enfoque de género evitando
la revictimización, la actualización de protocolos periciales médica y
psicológica, y la revisión y reactivación de casos que ocurrieron en el
pasado.
La fiscal también incluyó el fortalecimiento de
las capacidades de investigación forense para identificar genética de
agresores en delitos sexuales y feminicidios. Esta ya era una
de las acciones de la alerta de género y por lo tanto el gobierno
capitalino invirtió recursos en el Banco de ADN de la Ciudad de México
por lo que se dará continuidad para obtener muestras de personas
detenidas desde la investigación inicial y confrontar los datos.
Habrá cero tolerancia a la violencia sexual y de género cometida por policías de la SSC y la Policía de Investigación (PDI),
por ello se desarrollará la Unidad Especializada en casos de violencia
sexual cometida por personal de instituciones de seguridad dentro de la
Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.
En suma, pretenden
capacitar al personal de la SSC y la FGJ para la emisión de medidas
específicas cuando el agresor sea integrante de una institución de
seguridad. También crearán las Unidades de Asuntos Internos de la
FGJCDMX y la SSC, y se capacitará a mujeres policías para que puedan
acceder a puestos de mando.
Se mejorará la estrategia integral para atender la violencia familiar
a través del fortalecimiento de la Fiscalía de Investigación de Delito
de Violencia Familiar con la aplicación de tamizaje de riesgo en casos
de violencia en pareja; la creación de la Agencia para Casos de Víctimas
en Riesgo Crítico o Severo, la Unidad de Atención Temprana
Especializada en Violencia Familiar, y la Unidad de Seguimiento y
Servicios al Público; la especialización de la Fiscalía de Violencia
Familiar.
Por otro lado, se buscará mejorar el modelo de los
Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) aprovechando las
investigaciones generadas por los CJM y revisando el proceso de atención
inicial.
Ligado a la acción anterior, el gobierno capitalino
buscará presentar una propuesta de reforma para homologar la definición
de violencia familiar con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), presentar reglas claras de cuándo
procede el perdón al imputado, modificar la obligación de apercibir al
imputado para no alertarlo, eliminar la distinción entre violencia
familiar y violencia familiar equiparada en casos de violencia en pareja
para separarlos en tipos penales diferentes (conflictos patrimoniales o
inmuebles, entre consanguíneos, contra NNA).
En adherencia, quieren mejorar la búsqueda inmediata y especializada de niñas, mujeres y adolescentes en
la cual se integró un equipo especial para la búsqueda de mujeres
conformado por personal de la SSC, FGJ y la Comisión de Búsqueda.
También esperan realizar análisis de contexto para identificar las causa
o patrones de su desaparición e implementar una ruta de acción integral
y especial para su localización.
María del Rosario Novoa Peniche, subsecretaria de Desarrollo Institucional. presentó la medida «Hospedaje
seguro» para fortalecer el funcionamiento y regulación de hoteles para
prevenir los delitos sexuales, trata de personas, explotación sexual y
feminicidios. De esta manera, se implementarán acciones del
sector público y privado que ayuden a prevenir violencia de género en
hoteles, moteles y establecimientos de hospedaje.
También apostarán por la reeducación para primodelincuentes por violencia de género ampliando
una red interinstitucional receptora de personas agresores y mejorar
los mecanismos de referencia y con acciones gubernamentales para atender
las causas que originan la violencia de género, por ejemplo, solicitar a
juezas y jueces que establezcan la condición de tratamiento para
personas agresoras, así como proporcionar talleres y capacitación a
estos.
Por otro lado, dijeron que iniciarán una policía especializada en género
que inicia con 30 patrullas y esperan que a finales de 2025 ya sean 73.
Estas unidades se distinguen por el color morado y estará conformada
por 438 policías con formación técnica y que se sumaran a los 3 mil 60
policías que se esperan certificar en atención de primera respondiente a
las víctimas de delitos de violencia de género.
Finalmente, Nadine Gasman Silverman, Secretaria de Salud de la CDMX, agregó la creación de la Clínica para la Atención de la Salud Mental de Mujeres Víctimas de Violencia de Género
para brindar atención especializada en salud mental mediante servicios
psicológicos, individuales y grupales, así como la atención psiquiátrica
desde un enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad.
Por último, detallaron que se generarán campañas informativas sobre educación integral en sexualidad para
que las jóvenes enfrenten relaciones marcadas por los mitos del amor
romántico, celos y control con herramientas emocionales adecuadas. Se
espera que puedan tomar decisiones libres e informadas sobre su
sexualidad y promover relaciones basadas en el respeto.
Este es un artículo de opinión de Anwarul Chowdhury, exsubsecretario general y alto representante de las Naciones Unidas.
Imagen: Michele Sibilon / Unicef
NUEVA YORK – Tras tomar posesión de su cargo como secretario
general en diciembre de 2016, António Guterres describió la erradicación
de los delitos sexuales cometidos por el personal de mantenimiento de
la paz de la ONU y todo el personal de la organización como el primer
punto de su agenda de reformas.
Durante su primer año en el cargo, en 2017, convocó una reunión de
alto nivel sobre la lucha contra la explotación y el abuso sexuales y
creó un grupo de trabajo para abordar el acoso sexual dentro del sistema
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Pero la saga de la inacción continúa y la situación de la explotación
y los abusos sexuales (EAS) y como la ONU ha acortado el fenómeno para
evitar decir claramente lo que significa, sigue siendo totalmente
espantosa e inaceptable, lo que erosiona la credibilidad del organismo
mundial más universal del mundo.
El llamado nuevo enfoque de las Naciones Unidas sobre los delitos
sexuales cometidos por su personal ha demostrado ser poco más que una
campaña de relaciones públicas marcada por ajustes cosméticos que no
abordan las deficiencias sistémicas que sustentan una cultura de
impunidad.
La impotencia de la ONU queda patente en su último informe,
correspondiente al año 2024, en el que afirma que «desde 2017, hemos
seguido dedicando una atención y unos esfuerzos considerables a mejorar
la forma de abordar la cuestión(…). Sin embargo, persisten los retos y
seguimos comprometidos a abordarlos». Ha pasado casi una década y
todavía no hay resultados perceptibles en el intento de poner orden en
su propia casa, castigando a los autores y compensando a las víctimas.
El último informe de la ONU admite con impotencia que «desde 2017 ha
aumentado el número de incidentes de explotación y abuso sexuales
denunciados…». Y sigue dando malas noticias al informar de que «solo en
2024 se denunciaron 675 casos de explotación y abusos sexuales en
relación con el personal de las Naciones Unidas y personal asociado
(292) y socios ejecutores (383), y 27 % de esas denuncias afectaban a
niños».
El autor, Anwarul Chowdhury
Es impactante que más de una cuarta parte de las víctimas sean niños.
¿Qué tipo de personal abusador de menores están reclutando,
supervisando y controlando las autoridades de la ONU?
El informe de la ONU afirma: «Desde 2017, altos funcionarios de las
Naciones Unidas han informado sobre su responsabilidad personal de
abordar la explotación y los abusos sexuales mediante declaraciones
anuales en sus pactos o cartas de gestión».
Y, lamentablemente, el mismo informe admite de forma impactante que
«sin embargo, es alarmante que, en 2024, la encuesta sobre la protección
contra la explotación y los abusos sexuales revelara un aumento
significativo de la desconfianza hacia los dirigentes, ya que 6 % de los
encuestados en el sistema de las Naciones Unidas (aproximadamente 3700
personas) expresaron su falta de confianza en la capacidad de los
dirigentes para hacer frente a la explotación y los abusos sexuales, lo
que supone el doble que en 2023, cuando era de 3 %».
¡Es enormemente vergonzoso para los dirigentes de las Naciones Unidas!
Según observadores veteranos de la organización, sus tan cacareadas
políticas de tolerancia cero y de impunidad no han mejorado la
situación. La tolerancia cero se ha convertido en sinónimo de
ineficacia. Las entidades del sistema de las Naciones Unidas aplican la
política de tolerancia cero como si se tratara de un paso de cebra en
una calle sin semáforos.
Las laberínticas normas, reglamentos, procedimientos y canales de
comunicación de la ONU son una burla del debido proceso y de la justicia
oportuna. Los autores de los delitos se han aprovechado de ello una y
otra vez.
Las políticas y prácticas injustas de la ONU han dado lugar, a lo
largo de décadas, a una cultura de impunidad para las «conductas
inapropiadas» sexuales, que van desde el incumplimiento de las normas de
la ONU hasta delitos graves. Dado que la mayoría de los incidentes de
EAS se producen sobre el terreno, la nacionalidad y las relaciones
personales desempeñan un papel importante en el retraso o la denegación
de la justicia.
La ONU se atribuye el mérito subrayando que «nuestro enfoque, que da
prioridad a los derechos y la dignidad de las víctimas, sigue siendo un
objetivo clave de la estrategia del secretario general. Se están
realizando esfuerzos para garantizar que las víctimas tengan voz y un
mejor acceso a la asistencia y el apoyo». ¿Qué hay del acceso de las
víctimas a la justicia y al debido proceso?
El enfoque centrado en las víctimas de la ONU en la gestión de los
casos de EAS ha sido manipulado por los autores y sus colegas de la
organización para desviar la atención de su gravedad. No solo las
víctimas deben recibir la máxima atención, sino también los abusadores,
ya que la defensa de la justicia es también responsabilidad de la ONU.
Además, los observadores de la ONU sienten curiosidad cada vez que
los medios de comunicación publican informes relacionados con la EAS, ya
que las autoridades de la ONU mencionan invariablemente que el personal
en cuestión está de baja o en excedencia.
Cuando estos casos son de dominio público, los abusadores disfrutan
alegremente de la baja con sueldo completo, incluso durante la grave
crisis de liquidez que atraviesa el organismo mundial.
También se sabe que, durante la baja, los abusadores han intentado
resolver el asunto con las víctimas o sus familias con tentativas
lucrativas. La baja también se ha utilizado para borrar las pruebas del
delito. Esto ha ocurrido en varios casos con el pleno conocimiento de
los supervisores.
¡Qué parodia del enfoque centrado en las víctimas!
El secretario general debería pedir al jefe de las operaciones de paz
de las Naciones Unidas en las que se producen los casos de EAS que
explique lo ocurrido como parte de su responsabilidad directa. A menos
que se tomen medidas drásticas, la EAS seguirá existiendo en el sistema
de las Naciones Unidas.
Otra dimensión inesperada del enfoque centrado en las víctimas es que
los abusadores que forman parte de las fuerzas de paz son enviados a
sus países de origen para que se les haga justicia, de conformidad con
el acuerdo entre los países que aportan contingentes y las Naciones
Unidas.
El envío de los autores a sus países para que sean juzgados por las
autoridades nacionales es una de las principales razones de la
persistencia de los abusos sexuales en las operaciones de paz.
La víctima no está presente en ese tipo de situaciones de justicia
militar nacional, que varían mucho, y no se dispone de pruebas, salvo
los informes autorizados por las Naciones Unidas, que demuestren o
refuten el alcance de los abusos.
Una vez más, ¡una parodia de la justicia respaldada por los defensores del estado de derecho mundial!
El secretario general de las Naciones Unidas haría bien en proponer
al Consejo de Seguridad una modificación de la cláusula del acuerdo que
la ONU firma con los contingentes los Países Contribuyentes con Tropas
(TCC), incorporando la repatriación de los miembros de las fuerzas de
paz abusadores a sus países de origen. Si un TCC se niega a hacerlo, no
se firmará tal acuerdo.
Debería crearse un tribunal mundial funcional y de justicia rápida
con el mandato de juzgar a los miembros de las fuerzas de paz según lo
decida la ONU. Si la Corte Penal Internacional (CPI) puede juzgar a
jefes de Estado o de gobierno por crímenes contra la humanidad, ¿por qué
no se puede juzgar a los miembros de las fuerzas de paz de la ONU por
EAS?
¡Ese sería un verdadero enfoque centrado en las víctimas!
El embajador Anwarul K. Chowdhury es
exsubsecretario general y alto representante de las Naciones Unidas;
impulsor de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas en su calidad de presidente del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas en marzo de 2000; presidente de la Comisión Principal de
Asuntos Administrativos y de Presupuesto de la Asamblea General de las
Naciones Unidas y fundador del Movimiento Mundial para la Cultura de la
Paz (GMCoP).
La mayoría de investigaciones penales por abortar en 2025 se concentran en dos entidades: Ciudad de México, con 146 casos; y Nuevo León, con 144
Aborto en México
24 de las 32 entidades del país han despenalizado el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación. / Foto: Isabel Mateos Hinojosa / Cuartoscuro.com
Aldo Canedo / El Sol de México
Las investigaciones penales por la interrupción del embarazo en México van al alza. Durante los primeros siete meses de este 2025, fiscalías estatales del país han comenzado 522 carpetas de investigación o averiguaciones previas por el delito de aborto.
Dicha cifra representa un incremento respecto a las investigaciones iniciadas por este mismo tema entre enero y julio de 2024, cuando se registraron 459 casos indagados por autoridades estatales.
En México, las ocho entidades que aún no despenalizan el aborto voluntario son Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala.
Pese a ello, según datos del Secretariado Ejecutivo federal —que recopila las carpetas de investigación o averiguaciones iniciadas por la Fiscalía federal y estatales—, la mayoría de investigaciones penales por abortar en 2025 se concentran en dos entidades: Ciudad de México, con 146 casos; y Nuevo León, con 144.
Hasta abril de este 2025, 24 de las 32 entidades del país han despenalizado el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación (en Sinaloa, hasta las 13 semanas), según información oficial recopilada por organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Por ello, aquellas personas gestantes que interrumpan su embarazo después de las semanas permitidas como máximo de gestación, pueden ser investigadas penalmente.
Otras entidades que registran un alto número de investigaciones por el delito de aborto en México durante estos primeros siete meses de 2025 son el Estado de México, con 66 casos; Baja California, con 34; y Tamaulipas, con 33.
De las entidades que lideran las indagatorias por aborto, la CDMX, el Estado de México y Baja California, tienen despenalizado el aborto en sus códigos penales hasta las 12 semanas de gestación.
Otros estados con la interrupción del embarazo voluntario despenalizado, y que mantienen investigaciones abiertas por esta acción a la fecha, son Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Zacatecas.
Mientras que solo Yucatán, Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa, Querétaro, Nayarit, Durango y Campeche no tienen investigaciones abiertas por aborto en este 2025.
Es decir, en 24 de las 32 entidades hay carpetas de investigación abiertas contra mujeres por el delito de abortar, ya sea posterior a las 12 semanas de gestación, o porque en la entidad donde interrumpieron su embarazo aún no se despenaliza.
La despenalización del aborto en México ha avanzado significativamente en los últimos años, impulsada por movimientos feministas y fallos históricos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Desde 2007, la Ciudad de México fue la primera entidad en despenalizar el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación, marcando un precedente. A partir de 2021, la SCJN emitió sentencias clave, como la que declaró inconstitucional penalizar el aborto, lo que impide procesar penalmente a personas gestantes en todo el país.
A pesar de estos avances, ocho entidades aún no han despenalizado el aborto voluntario, manteniendo restricciones que solo permiten la interrupción del embarazo bajo causales específicas, como violación, riesgo para la salud o malformaciones fetales.
Sin embargo, la sentencia de la SCJN de 2021 garantiza que ninguna persona puede ser penalizada por abortar, incluso en estas entidades, aunque la falta de armonización legislativa crea barreras prácticas. Además, en estados donde el aborto es legal, persisten desafíos como la objeción de conciencia del personal médico o la falta de acceso a servicios públicos.
Cabe destacar que para iniciar una carpeta de investigación por algún delito es necesario que se presente una denuncia o querella ante la autoridad competente. La autoridad revisará la información y, si se considera que hay indicios de un delito, se abrirá la carpeta, misma que puede llegar a ser judicializada ante un juez.
Foto de Noor din.- Ciudad
de México.- Las niñas y adolescentes mexicanas asumen mayor carga de
tareas de cuidados porque dedican en promedio más de seis horas diarias a
ello, es decir, el doble que los hombres de su misma edad, esto de
acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef por
sus siglas en inglés) y ONU Mujeres, lo cual tiene un impacto negativo
en sus vidas, como el abandono de sus estudios, sueños o proyecto de
vida.
Estos organismos internacionales presentaron el informe “Niñas adolescentes: trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en América Latina y el Caribe”,
que puso en evidencia el tiempo y la carga de cuidados que recae sobre
las niñas y adolescentes de la región, así como las consecuencias de
asumir responsabilidades del hogar desde temprana edad en el desarrollo
de la infancia y adolescencia.
Sostener tareas de cuidados desde
temprana edad conlleva sufrir afectaciones emocionales y mentales
fuertes a lo largo de la vida, como lo es el constante estrés,
sentimiento de culpa y frustración, emociones que mayormente enfrentan
en soledad sin un acompañamiento oportuno, más bien, son atendidas desde
una mirada adultocéntrica y machista que les dice que es su “obligación
como mujeres” o son vistos como aprendizajes para la vida en familia,
lo cual perpetúa los roles de género tradicionales y violencias
machistas que son normalizadas en gran medida.
Una de las
principales causas que lleva a las niñas a ocupar tanto tiempo en tareas
es convivir con niños menores que ellas, adultos mayores o personas con
alguna discapacidad, según el estudio de Unicef y ONU Mujeres indica
que las niñas asumen más trabajo de cuidado y doméstico cuando las
madres hacen mucho más que los padres, replicando patrones de
desigualdad de género entre generaciones, mientras más alta sea la
disparidad entre el tiempo que la madre y el padre destinan al trabajo
no remunerado, mayor es el tiempo que las niñas cuidan y trabajan.
El
tiempo destinado al trabajo doméstico y de cuidados puede perjudicar la
calidad de vida de las niñas, así como mostrar un mal desempeño
académico, atrasarse en sus estudios o incluso abandonarlos, además por
falta de tiempo disponible son propensas a limitarse a experiencias de
esparcimiento e interacción social, las cuales son esenciales para
desarrollar una personalidad integra y saludable.
Esta carga
significativa de cuidados no se distribuye equitativamente entre niños y
niñas, puesto que son ellas y las adolescentes quienes participan más
del 20% en trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, en ocasiones
incluso más que sus padres y abuelos. En México, el 77% de las niñas que
viven con niños pequeños realizan labores de cuidado.
Esto
significa que dos de cada tres niñas dedican más de seis horas diarias
al cuidado de sus hermanos menores, personas mayores o enfermas. Estas
cargas aumentan durante su crecimiento, en la adolescencia y juventud se
llega a alcanzar una participación de casi el 45%, a diferencia de los
hombres que únicamente lo hacen el 20%.
En
promedio, el 2% de las niñas, niños y adolescentes de los 11 países
analizados asumen tareas domésticas y de cuidado de forma intensiva, es
decir, están en una situación de trabajo infantil. Sin embargo, las
proporciones varían considerablemente entre países: en Honduras, que
presenta la tasa más alta, el valor es 18 veces superior al de Trinidad y
Tobago, el país con la tasa más baja . Las niñas y mujeres adolescentes
asumen una mayor carga de tareas domésticas y de cuidado que sus pares
hombres. En promedio, las mujeres participan el doble que los hombres:
2,7 % frente al 1,3 %.
Ser niña y vivir en precariedad triplica tiempo de cuidados
En
México, de los 28.4 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17
años que hay, el 5.2 % hablan alguna lengua indígena y el 1.7% se
identifica como afrodescendiente. Mientras el 7.8% de 0 a 17 años de
edad tiene alguna discapacidad.
Las niñas que viven en
contextos rurales, populares, periféricos urbanos, indígenas y
migratorios, asumen cargas de cuidados intensivos desde muy temprana
edad, como consecuencia de la desigualdad de género, social, territorial
que viven, puesto que son ellas quienes tienen menos acceso a servicios
básicos, lo cual las coloca en vulnerabilidad para asumir tareas con un
alto grado de responsabilidad.
En la siguiente tabla se muestra
que son las niñas mexicanas de nivel socioeconómico (SE) bajo quienes
dedican más tiempo a trabajos de cuidados no remunerados en toda la
región, con una diferencia de más de una hora y media que las niñas de
Uruguay en el mismo nivel económico, de la misma manera se puede ver que
los niños mexicanos en el nivel socioeconómico bajo y alto dedican casi
el mismo tiempo al trabajo doméstico .
Esta
situación refleja un círculo vicioso entre cuidados, pobreza,
desigualdad de género y precariedad, en el que las familias en peores
condiciones económicas tienen menos posibilidades para acceder a
servicios de cuidado, lo que obliga a niñas a cubrir esas necesidades
dentro del hogar.
Los hogares donde persisten normas de género más
rígidas experimentan una mayor brecha de género en el trabajo no
remunerado. En estos contextos, las niñas dedican más tiempo a tareas no
remuneradas, lo que refuerza la desigualdad, por ello es importante
cambiar estas normas y actitudes como clave para reducir la carga
desigual en las niñas y promover una distribución más equitativa entre
niñas y niños, asegurando que ninguno de los dos asuma responsabilidades
que afecten su desarrollo y bienestar.
Construir políticas públicas desde la mirada de las niñas cuidadoras
Al
crear políticas de cuidado eficaces, desde las realidades de las niñas
y adolescentes, permite reducir la carga del trabajo doméstico y de
cuidados no remunerado, así como emprender o retomar trayectorias
educativas que les permitan alcanzar la independencia económica. Esto
promueve una transición saludable a la edad adulta y una mayor equidad
en el acceso a oportunidades de desarrollo integral.
Por tal el documento de Niñas adolescentes: trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en América Latina y el Caribe»
propone líneas de acción que impacten de manera directa o indirecta a
niñas y adolescentes que cuidan, estas son algunas propuestas como
legislación laboral y de seguridad social que dignifique, reconozca,
remunere y proteja el trabajo de cuidados y que da lugar a la
flexibilidad en modalidades de tiempo y espacios.
Así como políticas y estrategias nacionales o subnacionales de niñez y adolescencia y/o normativa de cuidado y apoyo
que
contemplan la dedicación de las adolescentes a las tareas no
remuneradas domésticas y al cuidado o la integración de las políticas de
prevención y erradicación del trabajo infantil con las políticas de
cuidado.
Además del acompañamiento psicológico y social para niñas
y adolescentes con la finalidad de identificar de factores de riesgo y
para promover el desarrollo de proyectos de vida, así como la prevención
de embarazo adolescente. Transferencias monetarias directas a
adolescentes madres o cuidadoras.
Sin olvidar la incorporación de
la dimensión de los cuidados en los sistemas de alerta temprana para la
deserción escolar y campañas sobre roles de género para adolescentes,
reconociendo las distintas barreras que enfrentan según su contexto.
Con
estas propuestas se busca, aportar al debate y diseño de
intervenciones que permitan reducir las brechas que actualmente
obstaculizan el avance, hacia una mayor equidad en la distribución del
trabajo de cuidados y en las oportunidades de desarrollo integral de las
niñas y adolescentes de la región.
En
la región de Jalalabad, en el este de Afganistán, ONU Mujeres ayuda a
las productoras de lácteos con equipos para transportar la leche a los
puntos de recolección de las aldeas, lo que les permite obtener un mejor
precio. Foto: ONU Mujeres/Sayed Habib Bidell.
Ciudad
de México.- Han pasado cuatro años desde que los talibanes tomaron el
control de Kabul, la capital de Afganistán, el 15 de agosto de 2021,
desde entonces, las mujeres enfrentan una crisis de derechos humanos que
es comparada con un apartheid de género gracias a una serie de restricciones que las borró de la vida pública.
El
año pasado, se aprobó la Ley para la Propagación de la Virtud y la
Prevención del Vicio en donde se prohibió usar su voz en espacios
públicos, es decir, que no podían cantar, hablar o reír fuera de sus
casas. En consecuencia, cada restricción ha borrado a las mujeres
afganas de lo público lo que se engloba dentro de un apartheid de género
que constituye un crimen de lesa humanidad según el informe de la ONU.
No
obstante, las mujeres se reunieron para resistir ante tal y medida y
cantaron en voz alta: «¡mujer, vida y libertad!», lema del que ha sido
la bandera del movimiento de afganas quienes se han salido públicamente a
exigir la expulsión del régimen talibán, mientras destruyen fotografías
del líder, el mulá Hibatullah Akhundzada, esto como respuesta ante las
prohibiciones que les pide silenciarse a toda costa.
El apartheid de género consta de «actos
inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de
opresión y dominación sistemáticas de un grupo de género sobre cualquier
otro grupo o grupos de género y cometidos con la intención de mantener
dicho régimen», advierte el informe. Además, en diversas ocasiones
la Corte Internacional de Justicia dejó claro que cualquier motivo o
justificación sobre un apartheid de género (religión o cultura) son
inaceptables y contrarios al derecho internacional.
De acuerdo con informe sobre la «Situación de las mujeres y las niñas en el Afganistán»
de la ONU, cuando los talibanes tomaron el control de Kabul y
proclamaron la creación de “Emirato Islámico del Afganistán” colocaron a
el mulá Haibatullah Akhundzada, también conocido como Amir-ul-Momineen,
para liderar a las autoridades de facto y tener la autoridad absoluta.
Entre
la serie de cambios políticos y culturales que hizo el régimen, también
abogaron por defender los derechos de las mujeres conforme a su
interpretación del islam y la cultura afgana, por lo que, en una
conferencia de prensa anunciaron que las mujeres podrían estudiar y
trabajar conforme al marco de su religión.
Sin embargo, tiempo
después se suspendió la Constitución de 2004 y toda legislación nacional
como la Ley sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De
esta manera, suprimieron instituciones y mecanismos que promovían la
igualdad de género y proporcionaban protección contra la violencia en
razón de género, por ejemplo, la Comisión Independiente de Derechos
Humanos del Afganistán y el Ministerio de Asuntos de la Mujer.
Posteriormente,
comenzaron a emitir más de 50 edictos, decretos, declaraciones y
directivas que restringieron sus derechos a la libertad de circulación,
atuendo, comportamiento, acceso a la educación, trabajo, salud y
justicia en relación a la ley islámica. De acuerdo con el informe, los
edictos se dirigen principalmente a los hombres quienes son sancionador
por las infracciones de las mujeres de sus familias.
En
adherencia, estos carecen de detalles concretos como definiciones o
castigos sobre la aplicación de las restricciones, lo que genera un
clima de inseguridad jurídica y temor para incurrir a la autocensura
para evitar ser castigadas por los talibanes quienes tienen su propia
interpretación de las restricciones y castigos.
En 2021, se
restringió la educación de las niñas más allá del sexto grado, los
conductores varones no pueden subir a mujeres sin el hiyab adecuado o sin el maharam. Para 2022, se limitó su acceso a los parques; se impuso la obligación de usar chadari
(prenda negra que cubre de cabeza a pies) o no salir de su casa sin
ningún motivo; cubrieron los rostros de las presentadoras de televisión,
así como el de las niñas en la escuela; se ordenó a las funcionarias
públicas no salir de sus casas; se prohibió su entrada en baños
públicos, gimnasio, clubes deportivos y parques de atracciones y
suspendió su derecho a asistir a la universidad y trabajar en
organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales.
Las afganas
De
acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, el
país ocupa el segundo lugar en el mundo con la brecha de género más
amplia derivado de una crisis humanitaria y pobreza generalizada que
afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas.
Asimismo, el «Índice de Género de Afganistán»
2025, el cual mide el estado actual del empoderamiento de las mujeres y
la paridad de género en Afganistán en relación con ocho indicadores de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), muestra un panorama
desfavorecedor para ellas.
Por ejemplo, las afganas alcanzaron el
17.3% de su potencial pleno para ejercer el poder, tomar decisiones y
buscar oportunidades frente al 60.7% de las mujeres en todo el mundo.
Además, solo el 23% de ellas alcanzaron logros en desarrollo humano
(salud, educación, inclusión financiera y toma de decisiones) como los
hombres, en comparación al 72.1% de las mujeres de todo el mundo.
Respecto
a su salud, su esperanza de vida alcanza el 84.1% y de 86.4% en los
hombres. La brecha de género puede derivarse de barreras sistemáticas y
sociales que degradan la salud de las mujeres como infraestructura
inadecuada, prohibiciones de nuevas trabajadoras de la salud y
discriminación basada en el género en los servicios.
También se
encontró una alta tasa de natalidad adolescente, la cual proyecta que 62
de cada mil mujeres de 15 a 19 años están embarazadas, superando el
promedio mundial de 41.3%, la cual es impulsada por el matrimonio
infantil y la maternidad a temprana edad que empuja a las niñas a
desarrollar roles adultos y limitar su empoderamiento.
En 2024,
solo el 48.7% de las mujeres afganas logró satisfacer su demanda de
planificación familiar con métodos anticonceptivos modernos. Esta
situación pronostica una ampliación en la brecha de género en términos
de salud según señala el informe.
Asimismo, las prohibiciones
impuestas por el Ministerio de Asuntos Exteriores a la educación de
mujeres y niñas, en donde se les prohibió la educación más allá de la
primaria provocó que actualmente ellas no puedan estudiar, trabajar o
recibir formación generando una exclusión del 77.6% de las mujeres, de
esta manera solo el 24% de las mujeres participan en la fuerza laboral
frente al 89% de los hombres.
Sin embargo, las mujeres que
trabajan suelen ocupar puestos poco remunerados y menos seguros de
sectores informales, gracias a su prohibición en sectores formales u
oportunidades empresariales. La marginación económica obstruye su
independencia, ya que no tienen acceso a recursos financieros, cuentas
bancarias y servicio de dinero móvil, los cuales son necesarios para la
autonomía económica y resiliencia.
De esta manera, las
restricciones impuestas a las mujeres para asistir a institutos muestran
restricciones en la educación y no mejoras excluyéndolas de
oportunidades para desarrollar habilidades y adquirir conocimientos
esenciales para participar en la economía.
Actualmente, Afganistán
tiene el cero por ciento en dos indicadores: la proporción de escaños
ocupados por mujeres en el gobierno local y en el parlamento nacional.
La brecha que ya existía en el país respecto a la toma de decisiones se
profundizó con los decretos y prácticas para desempoderar a las mujeres
en la esfera pública.
Anteriormente, en 2020 ellas ocupaban en
5.9% de los puestos directivos y para 2024 se estima que la proporción
disminuyó, aunque no se conoce cuánto. El informe menciona que, la falta
de representación formal de las mujeres les niega la oportunidad de
influir en las políticas y aprovechar las oportunidades para mejorar sus
vidas y comunidades.
Otro de los factores mencionados es la
violencia física y sexual por parte de sus parejas, las cifras muestran
que es tres veces superiores al promedio mundial. En 2018, el 34.7% de
ellas informó haber sido agredida de esta manera frente al 13% en el
resto del mundo. En consecuencia, se han ejercido prácticas como
matrimonios forzados e infantiles, intercambio de mujeres y niñas, así
como crímenes de honor (asesinato de una mujer por un hombre integrante
de la familia por deshonra) los cuales exacerban la violencia.
