2/01/2014

El secreto de Islandia, el mejor país del mundo para ser mujer


Madrid, 29 ene. 14. AmecoPress/Woman in Management.- Annadís Rudolfsdottir aún recuerda el día que cambió la vida de generaciones de mujeres en Islandia. “Sentí que, con 11 años, me convertí en feminista”. El 24 de octubre de 1975, declarado Año de la Mujer por Naciones Unidas, organizaciones de mujeres en el país nórdico se tomaron “el día libre” para llamar la atención sobre sus bajos salarios y la falta de reconocimiento a su rol en la sociedad.

“Ni mi madre, ni las amigas de mi madre, ni las empleadas en las tiendas, ni las maestras” trabajaron, cocinaron o cuidaron a sus hijos aquel día, recordó a BBC Mundo Rudolfsdottir, que quedó sola en casa con su hermana menor.

Nada menos que el 90% de las mujeres del país se sumó a la protesta y se congregó en actos públicos.
Las empresas no tuvieron más remedio que recibir el influjo de niños que acompañaban a sus padres y muchas escuelas, fábricas y tiendas cerraron.“

Fue un llamamiento a la acción. Muchos sienten que la solidaridad mostrada ese día abrió el camino para la elección, cinco años después, de Vigdis Finnbogadottir, la primera presidenta electa democráticamente en el mundo”, señaló Rudolfsdottir, actualmente coordinadora del programa sobre estudios de género en la Universidad de la ONU en la capital islandesa, Reikiavik.

La protesta de 1975, seguida de acciones similares en 2005 y 2010, muestra la lucha detrás de los cambios que hoy explican por qué Islandia es, por quinto año consecutivo, el país número 1 en equidad de género, según el ránking anual del Foro Económico Mundial.

¿Cuál es el secreto de esta nación de poco más de 300.000 habitantes y qué puede aprender América Latina?

LA CLAVE DE LAS GUARDERIAS

Países con menor disparidad de género

1. Islandia. 2. Finlandia. 3. Noruega. 4. Suecia. 5. Filipinas. 6. Irlanda. 7. Nueva Zelanda. 8. Dinamarca. 9. Suiza. 10. Nicaragua.

Algunos analistas han buscado las raíces de la mayor equidad de género en factores culturales. “Las sagas suelen tener personajes femeninos muy fuertes, o a veces se menciona que los hombres estaban ausentes porque trabajaban en el mar”, dice Rudolfsdottir.

Pero la académica asegura que para hallar las causas de la menor disparidad de género en Islandia es necesario mirar a las acciones del movimiento de mujeres, marcado por la huelga de 1975.

“En esencia, este movimiento luchó muy duramente para crear en la sociedad las estructuras necesarias para que las mujeres pudieran participar en la política y en el mercado de trabajo”.

El 82,6% de las mujeres islandesas en edad laboral trabajan y constituyen el 45,5% de la fuerza laboral. Al mismo tiempo, tienen una de las tasas de fertilidad más altas de Europa, con 2,1 niños por mujer.

¿Cómo lo logran?

Una de las claves es acceso a servicios de cuidado infantil a bajo costo. “Las guarderías son administradas por la municipalidad de Reikiavik, y el precio mensual es muy bajo. Yo tengo dos hijos, viví durante 15 años en el Reino Unido y uno de los grandes problemas era el alto costo del cuidado de los niños para que las madres pudieran volver a trabajar”, señala.

Tres meses para los hombres

Pero además, una de las primeras cosas que llama la atención de las estudiantes de otros países que asisten al curso de Rudolfsdottir es “la gran cantidad de hombres en las calles cuidando niños”.

Y la explicación está en parte en otro de los cambios legales logrados en Islandia: la larga licencia por paternidad.

“En total la pareja tiene nueve meses de licencia luego del nacimiento del bebé”, dijo a BBC Mundo Thordur Kristinsson, profesor universitario de estudios sociales en Reikiavik. “Tres meses son exclusivos de la mujer, tres exclusivos del padre y otros tres pueden dividirse como la pareja quiera”.

“Esa licencia se toma con hasta 74% del salario. El padre y la madre pueden tomar más licencia, pero con una reducción salarial acorde”, agregó.

Para Kristinsson, estas reglas también exigen un cambio de mentalidad en la mujer, que “debe ceder en parte la toma de decisiones sobre los niños”. Sin embargo, considera que esto tiene una ventaja adicional: “las empresas ya no pueden ver a las mujeres como un factor de riesgo por sus licencias por maternidad, también los hombres pueden ser vistos como riesgo”.

“Y además hay un consenso aquí en Islandia. Los jefes también toman su licencia y si un padre no se toma sus tres meses esto se ve en forma extraña, como una falta de responsabilidad”.

Equidad total, ni en Islandia

El ránking del Foro Económico Mundial combina los puntajes de cada país en diferentes sectores, como empoderamiento político, logros educativos y acceso a la salud. El cartel reza: “Juntas firmes, hermanas”. Una consigna de la lucha detrás de cada cambio logrado por las mujeres.

Islandia está en el primer puesto total fundamentalmente por sus logros en dos áreas: educación y participación política.

El 70% de los graduados universitarios son mujeres, aunque la proporción es mucho menor en carreras como ingeniería. En política, las mujeres ocupan el 40% de los escaños parlamentarios y el 50% de las posiciones ministeriales.

Pero el país nórdico ocupa el puesto 97 en acceso a la salud, un sector en el que se ha llamado a una mayor inversión.

“Incluso el país número uno en el ránking ha cerrado solamente en un 87% la brecha entre hombres y mujeres”, dijo a BBC Mundo Saadia Zahidi, directora del Programa de Paridad de Género del Foro Económico Mundial y una de las autoras del ránking.

Para Annadís Rudolfsdottir aún queda mucho por hacer. “La diferencia de salarios entre hombres y mujeres es cercana al 10% y en un sondeo reciente de 3.000 mujeres, el 24% dijo haber sido víctima de violencia sexual alguna vez desde los 16 años”.

AMÉRICA LATINA DEBE EVITAR LA TRAMPA DE JAPÓN

Nicaragua, el mejor ubicado de A. Latina

Nicaragua es el país mejor ubicado de la región, con el puesto 10 en conjunto. Pero ocupa el lugar 91 en participación económica, el 28 en logros educativos y el 55 en salud, por debajo de naciones como Costa Rica, Brasil y Chile.

¿Cómo se explica entonces el lugar 10 en el ránking global?

Saadia Zahidi dijo que los puntajes reflejan a veces diferencias de decimales. En el caso de Nicaragua “la posición está determinada por lo que ha hecho en términos de empoderamiento político. En esta área ocupa el lugar 5, con 40% de los escaños parlamentarios ocupados por mujeres”.

¿Qué pueden aprender los gobiernos de América Latina del alto ránking de Islandia?

“América Latina es la región en que más países han logrado cerrar la brecha en salud y educación”, dijo a BBC Mundo Zahidi. “De las mujeres en edad universitaria, el 29% logra graduarse a nivel regional, en comparación con un 22% de hombres”.

La analista del Foro Económico Mundial recordó que “los gobiernos nórdicos reconocieron hace mucho tiempo que no pueden ser competitivos sin aprovechar todo el talento disponible en la sociedad”.

“Las mujeres en América Latina tienen la oportunidad de cambiar las estructuras necesarias para poder combinar trabajo y crianza de los hijos, al igual que en los países nórdicos. De lo contrario los países latinoamericanos se hallarán en una situación similar al estancamiento en que se encuentra desde hace décadas Japón, donde las mujeres van a la universidad igual que los hombres pero no se ven en puestos de liderazgo”, indicó.

Para Annadís Rudolfsdottir, más allá del ejemplo de Islandia, hay que mirar hacia adentro. “Yo empezaría por preguntarles a las propias mujeres de cada país en América Latina qué obstáculos concretos están impidiendo su mayor participación en el mercado laboral”.

Fotos: Gentileza Audur Styrkársdóttir. 

Las brujas ¿cosa del pasado?


daniela.villegas@24-horas.mx
Democracias autoritarias, impunidad, amenazas a la libertad de expresión, abusos al derecho a la privacidad e inseguridad a causa del narcotráfico, son algunas de las más sonadas violaciones de derechos humanos que la 24 edición del Informe Mundial 2014 de Human Right Watch (HRW), dio a conocer el pasado 22 de enero.

Concentradas en 667 páginas, la lista de atropellos resulta interminable, desde las más recientes estrategias de control mediante el ciberespionaje hasta las más arcaicas creencias que justifican la violencia contra las mujeres, por considerarlas brujas, practicantes de hechicería y magia negra.

Si bien es cierto que la moderna caza de brujas se ha extendido alrededor del mundo, principalmente en países africanos, y en otras naciones como India, Malasia y Haití, pasando por algunos casos aislados en Europa, HRW ha documentado y denunciado que los asesinatos relacionados con brujería se han disparado en Papúa Nueva Guinea, país de Oceanía, eminentemente rural donde se hablan alrededor de 840 idiomas distintos.

La creencia en la existencia de la magia negra en aquél país con la consiguiente violencia, tortura y asesinato de aquellas personas, principalmente mujeres, que supuestamente la practican, ha ido en escalada desde la década de los 80 del siglo XX, alimentada por la ignorancia, machismo, expectativas económicas no cumplidas para la mayoría, ante el auge de la minería, y costumbres ancestrales.

Enfermedades, accidentes o muertes tempranas son atribuidas a la magia negra, sobre todo cuando la mala fortuna cae sobre un hombre. “Cuando la gente muere, especialmente los hombres, las personas comienzan a preguntar ‘¿Quién está detrás de esto?’, No ‘¿Qué hay detrás de esto?’”, señala el Doctor. Philip Gibbs, antiguo residente de Papúa Nueva Guinea, antropólogo, especialista en brujería y sacerdote católico.

unnamedInmediatamente toda la furia se vuelca sobre las mujeres, especialmente en aquellas que trasgreden las normas sociales impuestas, son madres solteras, viven en la marginalidad y carecen de pares masculinos que las respalden. En este caso la figura de la bruja va más allá de lo siniestro femenino y el retorno de lo reprimido sino que se convierte en depositaria de todas las frustraciones sociales, ira masculina y encarnación viva del Otro, lo marginal.

Pese a la falta de denuncias y que una mínima fracción de estos acontecimientos son reportados, organismos como Naciones Unidas y HRW han mostrado que las atrocidades cometidas contra las mujeres consideradas brujas se han extendido abominablemente.

Una mezcla de tradición basada en la creencia en la magia negra junto con una población patriarcal empobrecida que ve amenazada su status quo por las mujeres que están abriéndose paso en una nación que sigue estando a espera de ser descubierta geográfica y culturalmente, ha sido un caldo de cultivo para las mayores atrocidades contra las mujeres.

Entre los casos más conocidos se encuentra el de Angela (el nombre ha sido cambiado) cuya fotografía ilustra este texto. Madre soltera con un hijo fue acusada por la multitud de practicar la brujería. Sin un esposo y familia que la protegiera, viviendo en una sociedad que estigmatiza a aquellas mujeres que salen de la norma de lo que es una familia, se convirtió en víctima fácil para la saña de los pobladores.


El interrogatorio del que fue sujeta por sus vecinos en 2013 por su supuesta implicación en la brujería se ampara en una ley de 1971 conocida como “Ley de Brujería” la cual permite a los asesinos de hechicer@s la posibilidad de defenderse legalmente y poner en prisión a aquellas personas que practiquen la brujería. De esta manera la ley legitima las acciones en contra de los supuestos hechiceros.

Angela sobrevivió al ataque, sin embargo la mayor parte de las mujeres no sobreviven a la tortura, mutilaciones, y toda clase de abusos. En febrero de 2013 Kepari Leniata, madre de 20 años fue acusada de matar a un niño. En respuesta, los pobladores de la localidad de Mount Hagen la quemaron viva.

Cientos de casos como este han asolado a Papúa Nueva Guinea. En años recientes las llamadas brujas han sido acusadas de causar las muertes por SIDA. Según cifras de Oxfam entre abril de 2000 y junio de 2005, 92 personas fueron severamente heridas al acusárseles de practicar la brujería.

Contando con importantes reservas de petróleo, gas y oro que recientemente han empezado a ser explotadas por compañías extranjeras tales como la firma canadiense Barrick Gold, que se ha visto inmersa en polémicas al ser acusada de que personal de la empresa ha cometido actos de violencia sexual contra las pobladoras,  Papúa Nueva Guinea ha visto crecer su Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo la corrupción no ha permitido que los habitantes en general se vean beneficiados.

Todas estas deplorables condiciones sumadas a que mujeres y niñas viven constantemente amenazadas de vivir violaciones ven en detrimento los derechos de las guineanas, creando una violencia endémica que el mismo gobierno no se ha preocupado en detener. En junio de 2011, el proyecto de Ley de Planificación Familiar, que criminaliza la violencia doméstica, fue enviado a la oficina del fiscal general. Más de un año después, el proyecto de ley aún no había sido enviado al Parlamento para su votación.

La caza de brujas que se vive actualmente obedece a una nueva imposición del sistema capitalista en Papúa Nueva Guinea tras varias décadas sin abrirse plenamente al mundo exterior. Apoyada en la acendrada creencia en la magia negra, en una “Ley de Brujería” que según el primer ministro Peter O’Neill habría de ser derogada en breve, el detrimento en las condiciones económicas, la falta de derechos plenos para las mujeres, es que la masiva caza de brujas podría convertirse en un mecanismo contra la resistencia de la población a formar parte del nuevo sistema capitalista, puesto que al fragmentar la unión entre los campesinos que es la mayor parte de la población en Papúa Nueva Guinea es más fácil imponer los nuevos cambios en la privatización de las tierras que durante muchos años han trabajado las mujeres.

 Daniela Villegas

Las mujeres, sin tierra, alimentan al mundo




Pikara Magazine

La soberanía alimentaria, el derecho de los pueblos a decidir el propio sistema de alimentación y producción, emerge desde el cuidado ancestral de las mujeres por las semillas. Sin acceso al crédito o a la titularidad de los terrenos, alimentan al 70 por ciento de la población del Sur, mientras las transnacionales luchan por controlar el negocio.

‘Tembi’u rape’ es el programa de la televisión guaraní que muestra los ‘caminos de la cocina’ paraguaya. Conduce a la audiencia hacia unas formas de alimentación tradicionales cada vez más olvidadas. Enclavado en el corazón de América del Sur, entre potencias como Argentina y Brasil que han controlado su economía y por ende su producción y su alimentación, a través de la soja y la ganadería, Paraguay es un claro ejemplo de cómo el modelo productivo puede transformar el paradigma económico, ideológico y social de un Estado.

“Las estadísticas muestran que apenas el 2 por ciento de la tierra está en manos de campesinos, campesinas y comunidades indígenas. El resto está controlado por empresas del agronegocio o por grandes terratenientes que se dedican a la producción ganadera y de soja, o a algún tipo de grano que se rige bajo el mismo modelo: producción a gran escala, con semilla transgénica, con introducción de tecnología mecánica y uso intensivo de agrotóxicos. Todo ello trae aparejado la deforestación masiva de grandes extensiones de terreno, deterioro del medio ambiente, del suelo, desplazamiento forzoso de las comunidades. Y las que llevan la peor parte son las mujeres”, resume, como si fuera sencillo, la presentadora de ‘Tembiù Rape’ e integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri), Perla Álvarez.

‘Teko karu sâ’ÿ’. Así se dice en guaraní, lengua oficial de Paraguay hablada mayoritariamente en las zonas rurales, ‘soberanía alimentaria’, un concepto transversal en ‘Tembi’u rape’, que reivindica el papel de las campesinas y campesinos locales en la alimentación. “El tema está politizado y las decisiones se toman en el ámbito del Estado, a pesar de que que es una cuestión cotidiana para las mujeres, que siempre han sido las encargadas de la alimentación”, añade Álvarez.

La noción de soberanía alimentaria fue introducida por La Vía Campesina, un movimiento social que enhebra las luchas sociales del campesinado de gran cantidad de países. “Nos une el rechazo a las condiciones económicas y políticas que destruyen nuestras formas de sustento, nuestras comunidades, nuestras culturas y nuestro ambiente natural. Estamos llamados a crear una economía rural basada en el respeto a nosotros mismos y a la tierra, sobre la base de la soberanía alimentaria, y de un comercio justo”, expusieron en 1996 en México, durante su segunda conferencia internacional, cuando se habló por primera vez de este concepto.

La soberanía alimentaria, explican, es el “derecho de los pueblos a los alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica”. Es el derecho a decidir el propio sistema de alimentación y producción. Es colocar a quienes producen, distribuyen y consumen alimentos en el centro de los sistemas y de las políticas alimentarias, “por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas”. Y las mujeres son los ejes esenciales cuando se habla de alimentación y de producción de alimentos. “Históricamente han sido quienes han protegido las semillas nativas, el principio de la vida,”, explica de manera didáctica y pausada Wendy Cruz, de La Vía Campesina de Honduras.

El argumento lo comparte Naciones Unidas, en boca de la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuta: “Las mujeres, incluidas las indígenas, frecuentemente han custodiado la gestión y el uso sustentable de los recursos naturales y la preservación y conservación de los cultivos tradicionales y la biodiversidad para las generaciones actuales y futuras”.

Los datos de la desigualdad


Incluso los organismos multilaterales que apuestan por la seguridad alimentaria frente a la soberanía reconocen el papel de las mujeres en la alimentación, así como su discriminación y su desigualdad de oportunidades en el mundo agrario. “Si las mujeres de las zonas rurales tuvieran el mismo acceso a la tierra, a la tecnología, a los servicios financieros, a la educación y a los mercados que los hombres, la producción agrícola podría aumentar y el número de personas que padecen hambre se podría reducir entre 100 y 150 millones”, recoge el informe de la FAO ‘El estado mundial de la agricultura y la alimentación’, en su edición 2010-11. Según la misma fuente, las mujeres de todo el mundo tienen menos acceso a la tierra que los hombres: los datos de los países calificados en desarrollo indican que entre el 3 y el 20 por ciento de las personas propietarias de tierras son mujeres, mientras que en algunas zonas el porcentaje no llegan ni al uno por ciento. “La tierra y el territorio son un derecho humano del que pueden nacer las fuentes de desarrollo del pueblo. Quien no tiene tierra no tiene patria. Es el principal recurso de producción en el mundo”, apunta Wendy Cruz.

No poseen la propiedad de la tierra, pero sí son las mujeres quienes la trabajan mayoritariamente. En el Sur, la FAO reconoce que el 70 por ciento de la producción alimenticia es aportada por las mujeres. Un dato que se convierte en escalofriante si se tiene en cuenta que son más del 60 por ciento de ellas las que sufren hambre en el mundo. Sin olvidar que en algunos países la tradición dicta que coman las últimas o que durante una crisis son generalmente las primeras en sacrificar su consumo de alimentos con el fin de proteger la alimentación de sus familias.

Las mujeres tampoco tienen acceso al crédito agrícola, donde el porcentaje que las arropa no llega al 10 por ciento. Ellas cultivan y producen, mientras que las transacciones económicas están en manos masculinas. También la toma de decisiones.

La situación por países presenta matices, pero siempre con tonos de desigualdad y discriminación. “En Honduras hay dos millones de mujeres campesinas: 1,3 viven en pobreza y un 86 por ciento no tiene acceso a tierra. Están violentando el derecho de las mujeres a tener una vida digna, a seguir aportando al desarrollo y a garantizar la alimentación del pueblo”, subraya Wendy Cruz. “Cuidamos gallinas, plantas, personas… todo ese trabajo está invisibilizado y no remunerado”, añade.

‘Jaguerujey ñane retã rembi’u reko’ o lo que es lo mismo: “Recupera la cultura alimentaria de nuestro país”. La activista Perla Álvarez retrata a Paraguay, un país en el que el agronegocio y los transgénicos son el motor de la economía y donde sólo el 1,6 por ciento de los propietarios se reparten el 80 por ciento de la tierra agrícola y ganadera, según datos de Intermón Oxfam. “Las mujeres indígenas son las que llevan adelante la resistencia para mantener el territorio porque muchos de los líderes son comprados por los ganaderos o por los sojeros. Ellos alquilan la tierra pero las que llevan la peor parte son las mujeres, quienes saben qué valor y qué importancia tienen los territorios para la alimentación, pero también para la cultura, para la comunidad y para mantenerse como pueblo”. En un contexto en que la producción de alimentos está cada vez en menos manos, es objeto de especulación económica y no entiende de mandiles ni de aliños, la voz de las mujeres es imprescindible porque la soberanía alimentaria “es anticapitalista y antipatriarcal”, sostiene Leticia Urretabizkaia, coautora del libro Las mujeres baserritarras: análisis y perspectivas de futuro desde la Soberanía Alimentaria, junto con Isabel de Gonzalo. “El asunto de la alimentación muchas veces ha pretendido ser un tema de decisiones masculinas, tanto en las familias como en las organizaciones, porque quienes van a negociar con el Gobierno suelen ser los hombres”, añade por su parte Perla Álvarez.

Desde hace años, la tierra, y sus productos, son objeto de deseo de las grandes transnacionales y de los mercados financieros. “El capitalista neoliberal, siguiendo su lógica de acumulación, explotación y depredación, ha colocado la producción de alimentos en manos del mercado internacional, alejándola cada vez más de las necesidades e intereses de las personas y de prácticas sustentables de producción”, explica la técnica de Cooperación del eje de Género y Feminismo de Mundubat, Isabel de Gonzalo.

Los grupos de consumo como reto

‘Recuperamos tembi´u apoukapy kuera’. ‘Recuperamos recetas’. Perla Álvarez trata de mostrar las maneras tradicionales de la alimentación, explicar la importancia del consumo como un elemento emancipador. Somos lo que comemos. También cómo lo comemos. Lo hace en Paraguay, dónde el 25,5 por ciento de la población está malnutrida, mientras que los sectores de la agricultura y ganadería suponen el 28 por ciento del PIB.

El consumo también es un acto político íntimamente ligado a la soberanía alimentaria. En una sociedad en la que la identidad está cada vez más unida a los conceptos de ‘compra’ y de ‘gasto’ la transformación social no debe obviar esta parcela de la vida. Avanzar hacia la soberanía alimentaria es también hacerlo hacia los circuitos cortos de alimentación o grupos de consumo, “otra forma de llevar a la práctica la máxima de la economía feminista de poner la vida en el centro”, en palabras de la activista del grupo de decrecimiento Desazkundea Kristina Sáez.

El camino de los circuitos cortos de comercialización aún es largo. “Actualmente nos encontramos en la fase en que los grupos de consumo se están dando cuenta y empezando a reconocer la ausencia de la perspectiva de género”, apunta Urretabizkaia, quien trabaja en el diagnóstico para una cooperativa de producción y consumo de productos lácteos. Son muchos los colectivos que trabajan al respecto.

Nekasare es un grupo de consumo que nació en 2005 del sindicato ENHE-Bizkaia. Por aquel entonces la crisis económica era una pesadilla impensable y el porcentaje de mujeres rondaba el 70 por ciento de las personas productoras adscritas. La situación cambió totalmente con el aumento del desempleo: “Cuando la pareja se queda sin trabajo en la industria y la agricultura es la principal actividad económica se produce un absoluto desplazamiento de las mujeres”, explica Isa Álvarez, técnica de ENHE-Bizkaia y coordinadora de la red Nekasare. Hubo un cambio de roles y gran parte de las mujeres cedieron su espacio en lo público a sus parejas. Hoy, de 80 personas productoras, sólo 35 son mujeres.

Cuando la agricultura se convierte en el principal sustento económico ante la falta de otros ingresos, las mujeres son desplazadas, al menos del ámbito público. En el Norte y el Sur la invisibilización del trabajo de las mujeres en el campo es notoria, aunque sobre ellas recaiga la responsabilidad de alimentar al mundo, sin tierras, sin maquinaria y sin crédito. “Si hablamos de alimentación hablamos de la vida”, finaliza Perla Álvarez. Y de las mujeres. ‘Ha mba’e hembireko kuera’.

Mª Ángeles Fernández. Periodista. Aprendiz. Caminante.
Web: www.desplazados.org

Fuente: http://www.pikaramagazine.com/2014/01/las-mujeres-sin-tierra-alimentan-al-mundo/

Coca-Cola es así


La marca que nos dice vender felicidad más bien reparte pesadillas

Público.es

"Gracias por compartir felicidad", nos dice el último anuncio de Coca-Cola, pero mirando de cerca parece que Coca-Cola de felicidad más bien reparte poca. O sino que se lo pregunten a los trabajadores de las plantas que la multinacional pretende cerrar ahora en el Estado español o a los sindicalistas perseguidos, y algunos incluso secuestrados y torturados, en Colombia, Turquía, Pakistán, Rusia, Nicaragua o a las comunidades de la India que se han quedado sin agua tras el paso de la compañía. Por no hablar de la pésima calidad de sus ingredientes y el impacto en nuestra salud.

Cada segundo se consumen 18.500 latas o botellas de Coca-Cola en todo el mundo, según datos de la propia empresa. El Imperio Coca-Cola vende sus 500 marcas en más de 200 países. Quién se lo hubiese dicho a John S. Pemberton, cuando en 1886, diseñó tan exitoso brebaje en una pequeña farmacia de Atlanta. Hoy, en cambio, la multinacional ya no vende tan solo una bebida sino mucho más. A golpe de talonario y campañas multimillonarias de marketing, Coca-Cola nos vende algo tan preciado como “la felicidad”, “la chispa de la vida” o “una sonrisa”. Sin embargo, ni su Instituto Coca-Cola de la Felicidad es capaz de esconder todo el dolor que ocasiona la compañía. Su currículo de abusos sociales y laborales recorre, como sus refrescos, todo el planeta.

Ahora, le ha tocado el turno al Estado español. La compañía acaba de anunciar un Expediente de Regulación de Empleo que implica el cierre de cuatro de sus once plantas, el despido de 1.250 trabajadores y la recolocación de otros 500. Una medida que se toma, según la multinacional, “por causas organizativas y productivas”. Un comunicado de CCOO, en cambio, desmiente dicha afirmación, y señala que la empresa tiene enormes beneficios de alrededor de 900 millones de euros y una facturación de más de 3.000 millones.

Las malas prácticas de la empresa son tan globales como su marca. En Colombia, desde 1990, ocho trabajadores de Coca-Cola han sido asesinados por paramilitares y 65 más han recibido amenazas de muerte, según ‘El informe alternativo de Coca-Cola‘ de la organización War on Want. El sindicato colombiano Sinaltrainal ha denunciado que tras dichas acciones se encuentra la multinacional. En 2001, Sinaltrainal, a través del International Labor Rights Fund y la United Steel Workers Union, consiguió interponer en Estados Unidos una demanda contra la empresa por dichos casos. En 2003, la corte desestimó la petición alegando que los asesinatos tuvieron lugar fuera de Estados Unidos. La campaña de Sinaltrainal, de todos modos, había conseguido ya numerosos apoyos.

El rastro de abusos de Coca-Cola lo encontramos prácticamente en cada rincón del planeta donde tiene presencia. En Pakistán, en 2001, varios trabajadores de la planta de Punyab fueron despedidos por protestar y los intentos de sindicalización de sus trabajadores en Lahore, Faisal y Gujranwala chocaron con las trabas de la multinacional y la administración. En Turquía, sus empleados denunciaron, en 2005, a Coca-Cola por intimidación y torturas y por utilizar una rama especial de la policía para dichos fines. En Nicaragua, el mismo año, el Sindicato Único de Trabajadores (SUTEC) acusó a la multinacional de no permitir la organización sindical y amenazar con despidos. Y casos similares encontramos en Guatemala, Rusia, Perú, Chile, México, Brasil, Panamá. Uno de los principales intentos por coordinar una campaña de denuncia internacional contra Coca-Cola fue en 2002 cuando sindicatos de Colombia, Venezuela, Zimbabwe y Filipinas denunciaron conjuntamente la represión sufrida por sus sindicalistas en Coca-Cola y las amenazas de secuestros y asesinatos recibidas.

Aunque la compañía no es únicamente conocida por sus abusos laborales sino, también, por el impacto social y ecológico de sus prácticas. Como ella misma reconoce: “Coca-Cola es la empresa de la hidratación. Sin agua, no hay negocio”. Y ésta succiona hasta la última gota allá donde se instala. De hecho, para producir un litro de Coca-Cola, se requieren tres litros de agua. Y no sólo para su bebida sino para lavar botellas, maquinaria… Agua que a posteriori es desechada como agua contaminada, con el consiguiente perjuicio medioambiental. Para saciar su sed -una embotelladora de Coca-Cola puede llegar a consumir hasta un millón de litros de agua por día, la empresa toma unilateralmente el control de acuíferos que abastecen a comunidades locales dejándolas sin un bien tan esencial como el agua.

En la India, varios estados (Rajastán, Uttar Pradesh, Kerala, Maharastra) se encuentran en pie de guerra contra la multinacional. Varios documentos oficiales señalan la disminución drástica de los recursos hídricos allá donde ésta se ha instalado, acabando con el agua para el consumo, la higiene personal y la agricultura, sustento de muchas familias. En Kerala, en 2004, la planta de Plachimada de Coca-Cola fue obligada a cerrar después de que el ayuntamiento denegara la renovación de su licencia acusando a la compañía de agotar y contaminar su agua. Meses antes, el Tribunal Supremo de Kerala sentenció que la extracción masiva de agua por parte de Coca-Cola era ilegal. Su cierre fue una gran victoria para la comunidad.

Casos similares se han dado en el Salvador y Chiapas, entre otros. En el Salvador, la instalación de plantas de embotellamiento de Coca-Cola han agotado recursos hídricos tras décadas de extracción y han contaminado acuíferos al deshacerse de agua no tratada procedente de dichas plantas. La multinacional siempre ha rehusado hacerse cargo del impacto de sus prácticas. En México, la compañía ha privatizado numerosos acuíferos, dejando a comunidades locales sin acceso a los mismos, gracias al apoyo incondicional del Gobierno de Vicente Fox (2000-2006), antiguo presidente de Coca-Cola México.

El impacto de su fórmula secreta sobre nuestra salud está también extensamente documentado. Sus altas dosis de azúcar no nos benefician y nos convierten en “adictos” a su brebaje. Y el uso del aspartamo, edulcorante no calórico substitutivo del azúcar, en la Coca-Cola Zero, se ha demostrado, como señala la periodista Marie Monique Robin en su documental ‘Nuestro veneno cotidiano‘, que consumido en altas dosis puede resultar cancerígeno. En 2004, Coca-Cola en Gran Bretaña se vio obligada a retirar, tras su lanzamiento, el agua embotellada Dasani, después que se descubriera en su contenido niveles ilegales de bromuro, substancia que aumenta el riesgo de cáncer. La empresa tuvo que apartar medio millón de botellas, que había anunciado como “una de las aguas más puras del mercado”, a pesar de que un artículo en la revista The Grocer señalaba que su fuente era agua tratada del grifo de Londres.

Los tentáculos de Coca-Cola, asimismo, son tan alargados que, en 2012, una de sus directivas, Ángela López de Sá, alcanzó la dirección de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. ¿Qué postura va a tener, por ejemplo, la Agencia ante el uso del aspartamo cuando la empresa que hasta hace dos días le pagaba el sueldo a su actual directora lo usa sistemáticamente? ¿Conflicto de intereses? Lo señalábamos ya antes con el caso de Vicente Fox.

La marca que nos dice vender felicidad más bien reparte pesadillas. Coca-Cola es así, dice el anuncio. Así es y así se lo hemos contado.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


Ejecutivas, las nuevas madres a tiempo completo



La encuesta sobre lo que "Le importa a las madres en Europa" señala que el 63% de las mujeres europeas prefiere un trabajo a tiempo parcial para poder dedicarse al cuidado de los hijos

Redacción


Madrid, 29 ene. 14. AmecoPress/Entorno inteligente.- Mientras la Unión Europa discute estos días con sus países miembros si las cuotas es el mejor sistema para elevar el número de directivas en los consejos de administración de las empresas, muchas de ellas recorren el camino inverso.

Las personas expertas no se atreven a hablar de tendencia, pero la última encuesta del Movimiento Mundial de Madres sobre lo que "Le importa a las madres en Europa" señala que el 63% de las mujeres europeas prefiere un trabajo a tiempo parcial para poder dedicarse al cuidado de los hijos mientras éstos son pequeños e incluso el 26% opta por ocuparse a tiempo completo del hogar.

No todos los casos saltan a la prensa con grandes titulares como fue la renuncia de Brenda Barnes a la dirección de Pepsi-Cola en 1997. Entonces "The Wall Street Journal" publicó la noticia en la que la propia ejecutiva anunciaba su retirada. "Espero que mi decisión -señalaba- no haga pensar a la gente que las mujeres no valen, sino que saquen la siguiente conclusión: durante 22 años Brenda dio todo lo que podía a la empresa y consiguió muchas cosas importantes. No me marcho porque mis hijos me necesiten tener más cerca, sino porque yo necesito estar más con ellos".

Lo mismo le ocurrió a Anne-Marie Slaughter, la primera mujer directora de planificación de políticas del Departamento de Estado norteamericano, "un trabajo de ensueño", como ella misma definía su puesto hasta que decidió dejarlo en 2011. Sus razones las volcó en su blog, "Por qué las mujeres no pueden tenerlo todo", que arrasó en las redes sociales y en el que cuenta cómo sus enormes dificultades para compatibilizar su trabajo con las necesidades de sus dos hijos adolescentes comenzaron a hacer mella en su vida personal.

"Mi marido, que siempre había hecho todo lo posible por sostener mi carrera, -relata- se hizo cargo de ellos durante el tiempo que estaba fuera de casa (…) pero yo no podía dejar de pensar en mi hijo de 14 años, que había comenzado el octavo grado, y ya estaba reanudando lo que se había convertido en un patrón de conducta: saltarse las tareas, interrumpir en las clases, faltar a matemáticas y alejarse de cualquier adulto que intentara llegar a él".

Para Nuria Chinchilla, fundadora y directora del Centro Internacional Trabajo y Familia del IESE y experta en conciliación, esta situación "comienza a pasar más en los matrimonios en el que los dos tienen una trayectoria ejecutiva, que se han metido corriendo en sus carreras profesionales hasta que se dan cuenta que no tiene tiene sentido, que van a romper la familia. Entonces, alguno de los dos decide bajar el ritmo" , explica. Sin embargo, puntualiza que lo más común en una mujer que siempre ha trabajado fuera de casa es que pase a ser emprendedora. "Es una forma de seguir desarrollando su profesión pero con una flexibilidad que la empresa no le permite", explica.

Además recuerda que hay numerosos estudios que confirman que la mujer -cuando la situación se lo permite y ve que es imprescindible- opta por hacer un parón mientras los hijos son pequeños y volver al trabajo cuando éstos se incorporan al colegio. "Todos sabemos que dirigir un hogar y educar a los hijos no es perder el tiempo. Tú te fías de una persona que ha tenido logros profesionales, pero que luego ha estado una temporada en casa. La verdad es que cada vez más se mira y se valora no solo el curriculum vitae profesional, sino también la persona y su trayectoria vital", explica.

El privilegio de poder elegir Otras mujeres con carreras profesionales igual de interesantes han ido tras los pasos de Slaughter o Barnes pese a la enorme presión social que subyace en este tipo de decisiones. "En España hay muchos prejuicios. No se comprende que una mujer deje su profesión para cuidar de sus hijos. Muchas veces la gente te pregunta ¿y ahora qué vas a hacer?", comenta Arantxa de Miguel, Ingeniera Química. Dejó su puesto en un laboratorio de certificación en el Puerto de Barcelona para formar su familia. Hoy tiene tres hijos adolescentes y vive en Londres, donde imparte, junto a otras profesionales, un programa de Management del Hogar creado por Home Renaissance Foundation, una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es impulsar cambios a nivel de las políticas públicas para que se reconozca el impacto del hogar en el bienestar personal, familiar y social.

Pero en ningún caso se trata de una vuelta al pasado. "No vamos a volver allí", comenta María Azcárate Kemp, abogada, Licenciada en Periodismo y madre de seis niños de entre 17 y tres años. De lo que se trata es "de reenfocar la carrera por otro camino para poder estar en el hogar. La vida profesional se puede recuperar, pero el vacío emocional que se crea por no poder estar con los hijos no tiene remedio" , asegura. Después de una larga temporada fuera del mercado laboral, María dedica ahora algunas horas del día a trabajar como tutora en un colegio inglés. "No hay fórmulas, cada uno debe saber encontrar el equilibrio entre las necesidades de su familia y las decisiones que toma fuera de casa. Lo importante es ser sincero con uno mismo y tener la libertad y el privilegio de poder elegir".

"Lo único que quería era estar con mi hija" Joanna Roughton pasó de ser la que aportaba los mayores ingresos a la familia a ser "una mantenida", como ella misma bromea. Esta periodista londinense dejó su cargo de directora de Noticias Internacionales en Sky News TV después del nacimiento de la primera de sus seis hijos. "Lo único que quería era estar con mi hija. No podía entender el hecho de tener hijos y dejar que otra persona les criara", comenta a ABC. Pero lo que le determinó a dejar su puesto fueron los atentados del 11-S en Nueva York.

"Mi marido dejó ese día a mi hija pequeña con mi madre. No la volví a ver hasta al cabo de tres semanas y no regresó a casa hasta mes y medio después. El día que viajé a casa de mi madre para verla, me perdí el inicio de la campaña de bombardeo en Afganistán. Me enteré de lo que había pasado a través de un compañero. Esa fue una de las experiencias más humillantes de mi vida profesional. Me sentí completamente inútil. Cuando ganamos los premios BAFTA y RTS (Royal Television Society) por la cobertura del 11-S ni siquiera me invitaron al evento para recibir el premio, y mi jefe no me mencionó en el discurso de aceptación. Recuerdo que en ese momento pensé que si mi sacrificio (como yo así lo veía) no iba a ser ni siquiera reconocido, estaba tomando la decisión equivocada", recuerda Jo, quien asegura que su salida de la cadena "ha valido la pena".

Ahora tiene 50 años y un hogar "menos tempestuoso" que cuando trabajaban ambos miembros de la pareja. "He ganado en estabilidad y además mis hijos son muy afortunados por tenerme", afirma. Por contra, le cuesta vivir sin su propio dinero. "No me sentía cómoda gastando el de mi marido. Además, desde que se me acabó la prestación por hijos, no tengo ninguna independencia financiera. Me gusta bromear diciendo que ahora soy una mantenida".

Las presiones económicas y las interminables jornadas laborales incompatibles con el cuidado de los hijos dan como resultado hogares insostenibles. Ese es el diagnóstico de Home Renaissance Foundation, una organización sin fines de lucro con sede en Londres, cuyo objetivo es aumentar la conciencia sobre el impacto que el cuidado del hogar tiene en el bienestar personal, familiar y social e influir en las políticas sociales. "No se trata de apoyar ninguna opción", explica Mercedes Jaureguibeitia, su directora ejecutiva, al tiempo que añade que cada familia tiene que decidir en función de sus propias circunstancias cómo organizar la casa. Sin embargo, precisa que "es necesario que se minimice la presión social actual, especialmente entre mujeres, para poder sentirse libres de poder tomar una opción profesional compatible con la familia", señala.

El problema de muchas mujeres que se dedican a ser "constructoras del hogar", señala la directora del Centro Internacional Trabajo y Familia, Nuria Chinchilla, es que no se reconoce su tarea. "Si todas esas tareas se pasaran al PIB subiría entre un 30 y un 50%".

Foto: Archivo AmecoPress. Brenda Barnes Directora de Pepsi-Cola hasta 1997.
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Sin alcanzar la paridad de género en primaria: UNESCO


INTERNACIONAL
   Informe señala que sólo 70 por ciento de países lo lograrán

Por: la redacción
Cimacnoticias | México, DF.- 

Para 2015, sólo el 70 por ciento de los países (de 164) que en el año 2000 signaron la iniciativa “Educación para Todos” (EPT) alcanzarán la paridad de género en la educación primaria, se señaló en el undécimo informe de seguimiento de la EPT, llamado “Enseñanza y aprendizaje. Lograr la calidad para todos”.

Presentado ayer por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Tecnología (UNESCO), el informe da cuenta que pese a algunas mejoras “un número inaceptable de niñas y niños está en malas condiciones de salud” lo que es preocupante, toda vez que durante los mil primeros días de la vida de una niña o niño, se sientan las bases necesarias para su bienestar futuro.

Para 2012 se registraron 6.6 millones de muertes de menores de 5 años de edad; se estima que para 2015 el objetivo de la disminución de las dos terceras partes de las muertes de niñas y niños con respecto a los niveles de 1990 sólo será alcanzada por ocho países.

Mientras que 162 millones adolecían de malnutrición, tres cuartas partes de ellas y ellos, Vivian en el África Subsahariana.

A nivel mundial existen 57 millones de menores de edad que no están aprendiendo porque no van a la escuela, y las niñas representan el 54 por cuento de la población de menores de edad sin escolarizar en el mundo.

Conseguir que la tasa de matricula sea la misma para niñas y niños (paridad de género) de acuerdo con la EPT, es el primer paso para alcanzar la igualdad de género, que supone también entornos de escolarización apropiados, prácticas no discriminatorias, e igualdad para que niñas y niños puedan realizar su potencial.

Las pautas de las disparidades de género son distintas según el grupo de ingresos al que pertenece cada país, por ejemplo, en los países de bajos ingresos, las disparidades de género suelen ir en detrimento de las niñas.

En el nivel de la enseñanza primaria, sólo el 60 por ciento de los países había alcanzado la paridad entre los sexos antes del final de 2011. Sólo una quinta parte de los países con bajos ingresos (entre los que se encuentra Afganistán, Camerún y Yemen) logró la paridad.

También hay 15 países con menos de 90 niños escolarizados por cada 100 niñas escolarizadas,  de los que aproximadamente la mitad forma  parte de América Latina y el Caribe.

En cuanto a la enseñanza secundaria solo un 38 por ciento de los países había logrado la paridad antes del 2011.

Además de estas cifras, el informe destaca que el acceso no es el único problema crítico, pues también la mala calidad en la enseñanza limita el aprendizaje aún para quienes logran ir a la escuela.

Por ello en el informe se definen cuatro estrategias para conseguir una educación de buena calidad. En primer lugar, se deben escoger a las y los docentes apropiados que reflejen la diversidad del estudiantado. En segundo lugar, deben estar capacitados para apoyar a las y los educandos más rezagados desde los primeros grados.

La tercera estrategia apunta a superar las desigualdades en el aprendizaje destinando mejores docentes a las zonas más problemáticas de un país. Por último, los gobiernos deben ofrecer a la docencia una combinación acertada de incentivos a fin de alentarlos a que no la abandonen y conseguir que la infancia aprenda, independientemente de su condición.

Cabe recordar que durante el Foro Mundial sobre la Educación, realizado en el año 2000 en Dakar, Senegal; 164 gobiernos se comprometieron a hacer realidad la EPT y definieron seis objetivos que debían alcanzarse antes del 2015.

Dentro de ellos se encontraba garantizar el acceso a la atención y educación de la primaria infancia; lograr la enseñanza primaria; así como alcanzar la paridad e igualdad de género.
 

Vitales las redes sociales para difundir derechos de las mujeres


NACIONAL

   Aprovechar tecnología a favor de causas sociales: activistas

CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.-

La tecnología afecta la manera de defender los Derechos Humanos (DH), por ello las y los activistas se deben asegurar de explotar plenamente el potencial de redes sociales como Facebook y Twitter, para difundir los valores y mensajes de las personas que abanderan causas sociales.

En 2013, Navi Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), afirmó que ante los retos y las nuevas problemáticas en el mundo es necesario usar las nuevas tecnologías y atender los nuevos comportamientos sociales.

Al conmemorarse la promulgación de la Declaración y Programa de Acción de Viena de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, adoptada en 1993, Pillay dijo que había que adaptarse a un mundo donde los cambios se producen más rápido y donde las redes sociales difunden mensajes con una velocidad y un alcance sin precedentes.

En este contexto, este 28 de enero ACNUDH realizó el taller “ONU-DH 20 años: trabajando también por las redes sociales”, en el que participaron integrantes de organizaciones civiles, organismos de Naciones Unidas y de la academia.

En este encuentro, las y los defensores de DH coincidieron en que las redes sociales son herramientas que amplifican su voz y por tanto hay que aprender a usarlas y a explotar su potencial, pues a través de ellas se puede logar que más gente se sume y apoye las causas que se defienden.

Señalaron que se debe aprovechar que en México, según datos de la Asociación Mexicana de Internet, el 40 por ciento de la población accede a la red, lo que equivale a más de 45 millones de personas y que 9 de cada 10 internautas acceden a alguna red social.

Las y los participantes sostuvieron que infografías, imágenes, videos y textos que circulan en la web puede ser una mezcla de “forma y fondo”, para obtener fórmulas exitosas que impacten a grupos específicos de usuarios. Es decir, una imagen comunica más rápido, pero un texto amplía la información, por lo que hay que combinarlos.

Al tomar en cuenta que Facebook y Twitter son las redes con mayor penetración en el país, dijeron que éstas también pueden ser vías para divulgar otras plataformas, por ejemplo, aquellas donde se promuevan peticiones y cartas públicas en las que se exija la búsqueda de personas desaparecidas,  libertad a presos políticos, juicios justos, o investigar casos de corrupción.  

Por ejemplo, en México, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos emprendió la campaña #DefendamoslaEsperanza, que busca reconocer el trabajo de activistas que con su labor aportan a la democracia o que son amenazadas, y enfrentan dificultades para realizar su trabajo.

Otro caso es de la organización Católicas por el Derecho a Decidir que utiliza la página de videos Youtube para defender los derechos femeninos con la serie “Catolicadas”, un programa animado que refuerza la visión del derecho a decidir sobre la maternidad y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

O bien, está el caso del Comité Ciudadano por la Libertad de Yakiri, que utiliza las redes para difundir las acciones que emprenden a favor de la joven que está presa por defenderse de una violación sexual. En este caso, la red se usa para convocar a movilizaciones y exigir su pronta libertad.

Para las personas defensoras de DH, las redes sociales pueden ser el espacio para promover temas como derechos de las personas migrantes, acceso a la justicia, derecho al territorio, entre otros.

Feministas Mesoamericanas se solidarizan con las mujeres españolas frente a la reforma de la ley del Aborto




Realizarán movilizaciones de apoyo al ‘Tren de la Libertad’

 Redacción AmecoPress



Madrid, 30 enero. 14. AmecoPress. El feminismo internacional apoya a las mujeres españolas en su oposición a la reforma de la actual Ley del Aborto impulsada por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz. En esta ocasión, desde la Confluencia Feminista Mesoamericana Petateras ha sido emitido un comunicado en el que se expresa la “solidaridad con el movimiento feminista español” y el apoyo al ‘Tren de la Libertad’.

Las feministas españolas viajarán en el ‘Tren de la libertad’, desde Asturias y otras regiones autónomas, con muchas salidas colectivas, y llegarán el 1 de febrero a Madrid para entregar el documento ‘Porque yo decido’ -en el que se reclama el mantenimiento de la actual Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo- al Congreso de los Diputados, al Presidente del Gobierno, al Presidente del Congreso, a la Ministra Ana Mato, al mismo Ministro Gallardón y a distintos grupos parlamentarios.

El ’Tren de la Libertad’ se gestó en la Tertulia Feminista les Comadres y de Mujeres por la Igualdad de Barredos (Asturias), y convocó a mujeres de toda España. En su comunicado, el movimiento de las Petateras manifiesta su adhesión a “la movilización internacional de apoyo al Tren de la Libertad convocada por la Asociación de Mujeres de Guatemala, con sede en España y otras organizaciones”.

Además, asegura que el 1 de febrero “nos convocamos en nuestros países por el derecho a la libertad de todas las mujeres”, como señala el documento de las españolas: “Porque yo decido, desde la autonomía moral, que es la base de la dignidad de una persona, no acepto imposición o prohibición alguna en lo que concierne a mis derechos sexuales y reproductivos y, por lo tanto, a mi plena realización como persona. Como ser humano autónomo me niego a ser sometida a tratos degradantes, injerencias arbitrarias y tutelas coactivas en mi decisión de ser o no ser madre”.

“Decidimos que es necesario continuar denunciando el derecho a la libertad de las mujeres de Mesoamérica y del mundo”, continúa el comunicado. “Lamentablemente, la imposición o prohibiciones relacionadas con nuestros derechos son una realidad que vivimos cotidianamente”. Y lo argumentan.

En El Salvador, las mujeres son condenadas a prisión y violentados sus derechos a la libertad, la salud, la justicia, a decidir. En Nicaragua, la vida de las mujeres fue sometida a pactos entre los poderes políticos y religiosos, no permitiendo más el aborto terapéutico. En México, la campana fundamentalista ha llevado a gran cantidad de estados de esta nación, a penalizar el aborto. Muy recientemente el presidente de Ecuador se proclamó públicamente contra el aborto terapéutico en su país.

“Decidimos movilizarnos el primero de febrero en apoyo al ‘Tren de la Libertad’ por el derecho de todas las mujeres a ser libres. Nos movilizaremos en solidaridad con las españolas y con las mujeres de todos los países”, concluyen.

Foto: archivo Amecopress 

1/31/2014

Pluralidad de poderes y legitimidad en Michoacán




Cambio de Michoacán

Thomas Hobbes en el Renacimiento inglés y Max Weber en la era del capitalismo avanzado compartieron una misma visión del Estado que se invoca con gran frecuencia como el fundamento mismo del poder público. Para ambos autores, el Estado es la entidad que ostenta y debe ostentar el monopolio de la fuerza legítima. Hobbes teorizó el poder absoluto del monarca como una exigencia que derivaba de la necesidad de contener la violencia inherente a la naturaleza humana y la guerra del hombre contra el hombre movida por la propiedad y el apetito de ésta. Para refrenar la bestialidad de la lucha fue necesario un acuerdo o contrato entre los individuos que creó la sociedad y en la que aquéllos cedieron el uso de la fuerza a un nuevo actor, el Estado (siempre encarnado en el monarca) para que éste la ejerciera brindando seguridad a las vidas y las propiedades de sus ahora súbditos. A cambio de esas garantías, éstos cedían a favor del poder parte de su libertad y se sometían al príncipe.
  Max Weber, en los inicios del siglo XX, definió al Estado como la institución que ejerce y reclama para sí el monopolio de la violencia legítima. Reconocía sí, que otros integrantes o grupos de la sociedad recurren también al uso de la fuerza; pero sólo en el caso del Estado ese uso es legítimo. Tanto el pensador renacentista inglés como el sociólogo e historiador alemán se ubican dentro de la corriente del realismo político que resalta la violencia y la fuerza como el componente central del poder político, visión que el marxismo asume también, pero sin consagrar como legítima cualquier forma de Estado ni de ejercicio del poder, en tanto éste se encuentra siempre condicionado por intereses de clase, es decir, los de tan sólo una parte y no de toda la sociedad.

En teoría, pues, y tal como lo establecen las leyes, corresponde al poder público y sólo a él la función de ejercer la fuerza, reprimir las conductas delictivas e inhibir las que pongan en riesgo la convivencia social o amenacen la vida, la integridad y la propiedad de los individuos. Es parte del pacto social de mando-obediencia que da origen, en particular, a las formas democráticas de la estructura estatal. Mas esa teoría y la normatividad que reviste al Estado mismo se ven negadas constantemente en una realidad como la mexicana en la que los órganos del Estado han abdicado, por decisión o por incapacidad, de tales funciones.

La crisis social y política de Michoacán ha puesto de relieve la ruptura de ese pacto. El Estado y sus órganos han incumplido sistemáticamente con la protección de la vida, la seguridad y las propiedades de los ciudadanos. Basta el dato de que en nuestro país el 96 % de los delitos queda impune para entender la zozobra en la que se ha instalado gran parte de la población y las formas que ha asumido el conflicto social. El desmantelamiento al que ha sido sometido el Estado durante las últimas tres décadas, la confianza ciega de los gobernantes en la autorregulación del mercado y el repliegue de una multiplicidad de estructuras públicas (incluidas las educación, salud, asistencia social, etc.) de sus funciones han terminado por debilitar la capacidad de acción del poder público. Si a eso se agrega el empeño permanente de los gobernantes en desestructurar y abaratar el mercado laboral mediante el debilitamiento de las instancias de defensa del trabajo (sindicatos y organizaciones gremiales en general), con el consiguiente deterioro del tejido social, se entiende sin dificultad el caldo de cultivo que el régimen ha creado para la delincuencia común y la organizada.

Lo que está en cuestión no sólo en Michoacán sino en el país entero es la unicidad y legitimidad del poder; pero en esta entidad ese dilema se presenta en forma más ostensible, prácticamente al desnudo. Los poderes establecidos permitieron durante años no sólo que campearan en la entidad las actividades delincuenciales sino que los delincuentes mismos arraigaran y se revistieran de cierta legitimidad a escala local.

La connivencia con las autoridades ha llegado al punto en que policías, secretarios de seguridad municipal y ayuntamientos han sido capturados por las bandas y puestos a su servicio o al menos nulificados como órganos de autoridad. Pero no sólo eso. Desde hace aproximadamente ocho años, o quizás una década, esos grupos delictivos lograron revestirse de una peculiar legitimidad a los ojos de la población. El reciente documental del Canal 4 de la televisión británica, en el que uno de los líderes del grupo autodenominado Templario , Servando Gómez Martínez, arenga abiertamente a los habitantes de algún poblado de Michoacán y reparte billetes a mujeres, seguramente empobrecidas, muestra uno de los métodos por los que tales grupos delictivos atraen la aceptación social y se legitiman ante ciertos sectores del pueblo. Lo paradójico es que, en su momento, tales grupos proclamaron que su función era dar seguridad a la población michoacana frente a los abusos y despliegue de otras bandas.

Las autodefensas del Valle de Apatzingán representan un desafío no solamente para la delincuencia organizada sino también para los órganos del Estado. El surgimiento, en 2013, de un movimiento social armado para combatir a las manifestaciones delictivas ha puesto en blanco y negro las limitaciones y contradicciones de las fuerzas del orden, principalmente en el nivel municipal y el estatal. Su legitimidad estriba en venir a cumplir tareas que los órganos de poder institucionales no quisieron o pudieron consumar en materia de protección a las personas. Más allá del debate acerca de su origen, sus fuentes de financiamiento, vías para allegarse armamento, etc., lo cierto es que los grupos de autodefensa o guardias comunitarias han logrado también, en un periodo muy breve, revestirse de la legitimidad que en múltiples comunidades locales, y más allá, el Estado ha perdido. Estos grupos entraron no sólo a enfrentar a las mafias con más determinación y energía que la de los órganos de seguridad pública sino a disputar a éstos la legitimidad en el ejercicio de la violencia. Civiles enfrentando a civiles es una situación que no puede menos que ser conceptuada como una guerra que evoca el estado de naturaleza hobbesiano.

Estos grupos de autodefensa han sido interpretados de distintas maneras: ya como fabricación de cárteles rivales a los que operan dominantemente en Michoacán, ya como una maniobra gubernamental y como una expresión de paramilitarismo a la colombiana; o bien como el embrión de un movimiento revolucionario en gestación que se enfrente al régimen. No parecen, empero, ser más que lo que ellos mismos declaran ser: la expresión del hartazgo de los habitantes de distintas localidades por la impunidad campante de quienes los agreden con secuestros, extorsiones, violaciones y asesinatos.

Ahí radica su originaria legitimidad ante la población. Pero existe, sí, el riesgo de que sean infiltrados por agentes de otros grupos criminales o de que deriven en nuevos cuerpos al servicio de intereses económicos locales y cacicazgos políticos. Y si bien no son agrupamientos que hayan manifestado posiciones políticas ni expresen una ideología opuesta a la del régimen, como característica de las tendencias revolucionarias, sí han venido a constituirse en un nuevo poder regional diferenciado tanto de los órganos públicos de defensa como de las bandas delincuenciales. Son, en cierto modo, una expresión del pueblo en armas y de la fragmentación del poder en vastos segmentos de la sociedad y la geografía de Michoacán.

Ahora queda claro que la operación del gobierno federal en Michoacán tiene como propósito el recuperar tanto la legitimidad como, si no el monopolio, al menos el control sobre el uso de la fuerza. El acuerdo firmado el lunes 27 de enero en Tepalcatepec con las autodefensas es, en ese sentido, un paso decisivo. Ante la imposibilidad de proceder a su desarme —lo que fue la primera intención de la intervención de las fuerzas federales desde el 14 de enero— se ha pactado al menos su registro y el de sus armas, y su encuadramiento bajo la autoridad de la Defensa Nacional en la forma de guardias rurales. Mas ello abre una gama de nuevas posibilidades.

La legitimación del derecho a la autodefensa y su reconocimiento oficial bien puede alentar la expansión del fenómeno con el surgimiento, como ya ocurre, de nuevos agrupamientos de combate en Michoacán y otras entidades del país. Puede implicar también un uso de las guardias por el ejército como avanzada en situaciones de mayor peligro, como parece también estar ocurriendo. Pero también colocará en una situación diferenciada a los cuerpos que se incorporan al acuerdo y a aquéllos que no estén dispuestos a hacerlo, exponiendo a éstos al desarme y a la represión.

La legitimidad del poder es lo que has estado en juego desde hace tiempo, aunque los gobernantes no hayan querido verlo. Ahora es evidente, como lo son también las dificultades para que el Estado logre reconstruirla y unificarla.

Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
Fuente: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial-9353


Los pueblos de México juzgan al Estado




Gilberto López y Rivas

El Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México (www.tppmexico.org), ha venido trabajando desde el año 2011, con la particular discreción, coherencia, sistematización y firmeza de los procesos que provienen de abajo y que, por esa razón, no merecen la atención de los grandes medios de contrainformación y desinformación que invisibilizan los esfuerzos para dar a conocer en el mundo lo que está pasando en nuestro país: una catástrofe humanitaria marcada por la violencia estructural y una violación masiva, sistemática y extendida del conjunto de los derechos humanos, sociales y colectivos, en su más amplio rango y significado económico, político, cultural y social. 

Esta instancia ha seguido una metodología de múltiples actividades: talleres, asambleas, caravanas, foros de especialistas, conferencias, recopilación sistemática de documentación y, sobre todo, la realización de más de 40 preaudiencias y audiencias temáticas y transversales que culminarán en un juicio del Estado mexicano a desarrollarse en noviembre de este año. 

Integrado por más de 400 organizaciones, redes y colectivos, y con la activa participación de especialistas, académicos y reconocidas personalidades de la sociedad civil nacional e internacional, así como un grupo de garantes frente al TPP y responsable de la coordinación, solvencia, rigor y efectividad de los trabajos, el Capítulo México se establece a partir de un alegato fundado para cubrir los requisitos formales que dieron paso a la apertura de un proceso que, a su vez, al ser aceptado en octubre del 2011, recibe el apoyo y la supervisión del Tribunal Permanente de los Pueblos que está integrado por cerca de 130 personalidades internacionales, acreditadas por su alta reputación moral y nombradas por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio e Lisli Basso y la Liberación de los Pueblos.

 Este es el tribunal ético internacional más antiguo y prestigiado del mundo, cuyo antecedente es el Tribunal Russell, que sometió a juicio los crímenes de guerra perpetrados por Estados Unidos en Vietnam y examinó la represión llevada al cabo por las dictaduras de América Latina.

El Capítulo México del TPP ha trabajado durante estos años a partir de un tema central: “Libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos”, que se desglosa en siete ejes temáticos:

1) feminicidio y violencia de género;

2) migración, refugio y desplazamiento forzado;

3) devastación ambiental y derechos de los pueblos;

4) violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía;

5) violencia contra los trabajadores;

6) desinformación, censura y violencia contra los comunicadores, y

7) guerra sucia y represión como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia. Estos ejes, a su vez, han sido tratados de manera transversal, articulando distintas temáticas y actores, así como en relación con casos particulares de los estados, regiones y especificidades diversas.

A lo largo de los trabajos, el concepto desvío de poder toma forma para entender lo que ocurre en nuestro país y así poder tipificar los peores actos criminales que han cometido reiteradamente los gobiernos que han impulsado el libre comercio en México. Este desvío es definido en diversos documentos internos como:

 a) el uso faccioso del derecho y los poderes del Estado para favorecer unilateralmente los intereses de los grandes capitales trasnacionales, así como para perseguir y afectar las garantías de los pueblos;

b) para ello se aplica una ingeniería constitucional e institucional dolosa que configura un estado de guerra social permanente y ocupación interna, una situación estructural, sistemática y de largo plazo por la que el edificio jurídico del Estado abre el margen de maniobra a las corporaciones, mientras cierra los canales legales a la población, que se ve obstaculizada en sus anhelos de justicia por las mismas entidades que deberían defenderla y cuidarla;

c) violencia, despojo, fragmentación y devastación como programa de gobierno;

d) abandono por parte del Estado de su deber primordial de velar por el interés general de la sociedad para satisfacer los intereses de corporaciones y grupos particulares; e) ejercicio institucional y estructural por parte del Estado como guardián de los intereses privados para facilitar la mundialización capitalista, utilizando toda su capacidad coercitiva contra toda discrepancia u oposición al modelo.

El concepto de desvío de poder en el proceso mexicano busca esclarecer la relación entre economía y derecho: el modo en que los derechos son derrotados por el capital. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos define la desviación de poder como las prácticas sistemáticas de utilizar los poderes del Estado en abierto contrasentido con los derechos fundamentales de los pueblos.

En la acusación general de la sociedad civil ante el Tribunal Permanente de los Pueblos se asienta: Los tratados de libre comercio pueden ser utilizados como instrumentos para dividir a los pueblos y a las naciones, tejer nuevos aliados y obtener nuevos mercados y ganancias extraordinarias (procedentes de la sobrexplotación de los trabajadores y la naturaleza, la manipulación monopólica de los mercados, el despojo, la especulación financiera técnica y civilizatoria, y el exterminio de población considerada sobrante) en todas las nuevas ramas de la economía global abiertas por las vertiginosas dinámicas convergentes de la innovación científico técnica, la crisis de sobreacumulación mundial y la devastación ambiental global. Los tratados son el instrumento central para imponer el desvío de poder.

El desvío de poder se complementa con el terrorismo de Estado, entendiendo por tal una política estatal planificada y ejecutada con la finalidad de combatir por medios ilegales las luchas sociales, con la finalidad de justificar la suspensión de las garantías constitucionales, el establecimiento de estados de excepción y la violación de los derechos humanos.

¡Participar en y apoyar al Capítulo México del TPP es un acto de memoria compartida!

Cartera vencida e irresponsabilidad




Editorial La Jornada 
De acuerdo con cifras reportadas ayer por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el monto de los créditos bancarios no pagados ascendió a 102 mil 145 millones de pesos en diciembre pasado, un incremento de 46.6 por ciento en comparación con la cantidad registrada en 2012, lo que coloca a la cartera vencida en su máximo nivel en una década. Otras cifras difundidas recientemente por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) revelan que uno de cada nueve créditos otorgados por los bancos del país está en moratoria de pagos, circunstancia atribuida por ese organismo a un problema de insuficiencia de ingresos o de sobrendeudamiento para la economía de muchas familias.

En forma significativa, semejante crecimiento en la morosidad de los préstamos bancarios se produjo en el mismo año en que las instituciones financieras que operan en nuestro país –la mayoría de las cuales forman parte de grandes consorcios internacionales– registraron ganancias por 107 mil 73 millones de pesos, cantidad que superó en 20 mil 384 millones a las obtenidas en 2012. Para ponderar la importancia que el mercado nacional tiene para esas compañías, debe señalarse que la filial mexicana del banco BBVA reportó a su matriz española 40 por ciento del total de sus utilidades globales durante los primeros trimestres del año pasado.

La aparente contradicción entre el crecimiento sostenido de la cartera vencida y el aumento exorbitante en las ganancias de los bancos en el país tiene como factor explicativo la persistencia de malas prácticas de los segundos, como queda de manifiesto con la aplicación por la Condusef de 256 multas por 32 millones de pesos a siete instituciones financieras en el país debido a diversas irregularidades, muchas de ellas relacionadas con la emisión desenfrenada de tarjetas de crédito.

En efecto, el sobrendeudamiento personal y familiar aludido por las autoridades en la materia está motivado principalmente por la irresponsabilidad de las propias instituciones financieras que, en su afán frenético de obtener ganancias económicas, han incurrido en prácticas como la colocación desmedida de plásticos, los cuales privilegian el endeudamiento de los usuarios por sobre el financiamiento de las actividades productivas y tienden a incrementar los niveles de morosidad y, por ende, la inestabilidad y riesgo financiero. A la postre, los costos de esa irresponsabilidad son transferidos a los propios usuarios a través de tasas de interés leoninas y de comisiones exorbitantes, rubros que explican en buena medida los márgenes de utilidad de los bancos y las dificultades crecientes de los deudores para mantenerse al día en sus pagos.

Con estas consideraciones en mente, es claro que la corrección de los vicios y las conductas depredadoras de la banca en el país no pasa por la aplicación de correctivos como las multas mencionadas, mucho menos cuando éstas representan una ínfima parte de los márgenes de utilidad obtenidos por las instituciones financieras. Se requiere, en cambio, de la aplicación de medidas de control y regulación oficial de esas instituciones que, hoy por hoy, tienen en México un mercado de rapiña, mucho más ventajoso que en sus entornos de origen, y que es alentado por la actitud omisa de las propias autoridades.

La fe ciega de los gobiernos neoliberales en los principios de autorregulación y libre competencia puede resultar muy costosa para las economías nacionales, como quedó demostrado con el colapso del sistema financiero estadunidense y con la crisis económica que se vive en diversos países europeos. Si no se modifica en forma sustancial el marco legal que ha permitido las distorsiones enunciadas en el sistema financiero mexicano, y si no se adoptan medidas de asistencia y protección a los usuarios de los servicios financieros –particularmente a los deudores–, se corre el riesgo de que el país asista a un nuevo quebranto económico severo.