Hoy rendimos homenaje a
la vida y al legado de Nelson Mandela, una figura emblemática para la
paz, la reconciliación, la justicia y los derechos humanos.
El tema de este año nos recuerda que Madiba fue también un firme
defensor de la igualdad y la erradicación de la pobreza, él tenía claro
que acabar con la pobreza no es un acto de caridad, sino de justicia y
un deber que nos incumbe a todos.
Vivimos en un mundo en el que la desigualdad está cada vez más
afianzada, un mundo en el que la riqueza se concentra de forma
desproporcionada en manos de unos pocos afortunados, mientras muchos
tienen dificultades para cubrir necesidades básicas como la
alimentación, el agua, la vivienda y la educación; un mundo en el que
años de avances en la lucha contra la pobreza se han visto frenados por
conflictos, conmociones económicas y desastres climáticos.
Al igual que Madiba, todas y todos podemos contribuir a
construir economías justas y sociedades inclusivas, invirtiendo en un
trabajo decente, en una cobertura sanitaria universal, en una educación
de calidad y en sistemas de protección social, dando un mayor impulso a
la financiación y reformando la arquitectura financiera internacional,
para que los países en desarrollo puedan obtener los fondos y el alivio
de la deuda que necesitan y forjando economías basadas en las energías
renovables por el bien de las personas y del planeta.
Siempre me han inspirado la vida de Madiba y su convicción de que, cuando las personas actúan unidas, no hay nada imposible.
El futuro está en nuestras manos.
Hagamos realidad, hoy y todos los días, la visión de Mandela de un mundo justo, inclusivo, igualitario y en paz.
* Secretario general de la Organización de Naciones Unidas
CIMAC Foto.- Ciudad
de México.— Ha pasado más de un año desde que la presidenta Claudia
Sheinbaum Pardo asumió la Presidencia de México y en ese lapso de tiempo
el país ha enfrentado retos en materia de derechos humanos,
específicamente cuando se habla de mujeres, todo ello fue descrito por
Amnistía Internacional en su nuevo informe “Promesas en Marcha, Derechos en riesgo”.
Fue
el pasado 1 de octubre de 2024 cuando Sheinbaum asumió la presidencia
para un mandato de seis años y ella no solo se convirtió en la primera
mujer en el cargo político más alto, sino que heredó una crisis de
derechos humanos ocurrido desde sexenios anteriores donde hubo diversas
violaciones a derechos humanos, uno de esos grupos afectados fueron las
mujeres.
De acuerdo con la organización, el Gobierno de México
reconoció el contexto histórico de violencia, desigualdad y exclusión
que enfrentan las mujeres. Esto provocó que se fortaleciera su
estructura para atender la problemática como la creación de una
Secretaría de las Mujeres a nivel federal gracias al mandato de
Sheinbaum para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal.
En 2025, durante la X comparecencia del Estado mexicano
ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), la instancia apuntó la existencia de actitudes y estereotipos
que socavan la condición social de las mujeres ovacionando la
desigualdad de género, sobre todo a indigenas y afromexicanas. Advirtió
sobre el aumento de violencia de género por actores estatales y no
estatales como organizaciones delictivas. Entre algunos delitos
relacionados se identificó a las desapariciones, torturas, violencia
sexual y feminicidio.
A esto se suma, que el Comité CEDAW
cuestionó al Estado mexicano sobre la implementación del personal
militar en la seguridad pública. Una situación que generó casos de
violencia de género cometidos por elementos castrenses.
La
conclusión de la CEDAW reforzó la situación de discriminación a la que
se enfrentan las mujeres y que ha sido documentado por otros mecanismos.
Otro
tema que preocupa a Amnistía Internacional son los casos de
feminicidio. Aunque en 2009 la Corte IDH condenó al Estado mexicano por
no investigar la desaparición y asesinato de tres mujeres cuyas muertes
ocurrieron en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua, apuntó que el país no ha
tomado medidas para evitar que se repitan este tipo de hechos.
Señaló
que no existen datos precisos sobre el número de feminicidios que se
cometen en el país, ya que las autoridades utilizan datos de las
carpetas de investigación abiertas por las fiscalía ante ese posible
delito. Esta información es recopilada por el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y publicados cada mes.
Aunque
los datos son carpetas de investigación abiertas por las fiscalía
respecto al delito de feminicidio, AI alertó que las carpetas pueden
tener fallas en la clasificación del delito, ya que en ocasiones son
investigados como homicidio solos o suicidio. Por lo que, los datos
actuales podrían representar erróneamente el panorama de este delito.
AI
resaltó que una de las respuestas a la violencia feminicida fue
implementar la línea telefónica de atención a cargo del Centro de
Atención para el Bienestar con la finalidad de brindar orientación y
asesoría por hechos de violencia. Desde mayo de 2025 se puso en marcha
el servicio que incluye atención psicológica, asesoría legal y
canalización con refugios e instituciones.
Respecto al tema de
aborto, la organización mencionó que existen prácticas legislativas que
obstaculizan el derecho de las mujeres para acceder al servicio.
Actualmente, ya está despenalizado en 23 entidades más el caso
particular de Aguascalientes y durante 2025 el Congreso de Guanajuato
rechazó varias veces un paquete de reformas para despenalizarlo, además
organizaciones han documentado qué instituciones de salud se siguen
negando a proporcionar el servicio.
Los derechos humanos en México
A
nivel nacional, Amnistía Internacional señaló reconfiguraciones
institucionales como la aprobación de la Reforma al Poder Judicial con
la cual se cambió la selección de personas juzgadoras, magistradas y
ministras en el país a través del voto popular y dividida en dos fases:
una en 2025 y otra en 2027. La organización alertó que esto afectó la
independencia judicial.
Un día antes de que Sheinbaum asumiera la
presidencia, el 30 de septiembre de 2024 se aprobó una reforma
constitucional para que la Guardia Nacional formara parte de las Fuerzas
Armadas. En julio de 2025, se votaron leyes con las cuales permitieron
que ampliara sus facultades en temas de seguridad como la obtención de
comunicaciones privadas y la investigación del control migratorio. Con
ello, la organización señala que la principal institución federal
encargada de hacer cumplir la ley ahora es de carácter militar.
Respecto
a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en noviembre de 2024 el
Senado de la República reeligió a María del Rosario Piedra Ibarra como
presidenta de esta institución a pesar que durante su gestión en 2019 a
2024 cerró casos sin investigación adecuada, se enfocó en eventos de
sexenios anteriores y no se pronunció por casos relacionados con las
Fuerzas Armadas, según alertó AI.
A esto se suma la desaparición
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) el cual era un órgano
constitucional autónomo. Sus funciones se transfirieron al nuevo
organismo Transparencia del pueblo y en los primeros meses desechó casi
la totalidad de recursos ciudadanos que buscaban acceso a la
información.
Desde 2009, la estrategia de seguridad en México ha
estado marcada por la militarización, lo que ha implicado riesgos
constantes para los derechos humanos. Durante el periodo analizado, se
documentaron varios casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las
Fuerzas Armadas, incluyendo ataques contra civiles y personas migrantes.
Entre ellos destacan hechos en Chiapas, Tamaulipas y Sinaloa, donde
militares dispararon contra vehículos, provocando muertes y personas
heridas, incluso niñas.
La crisis de desapariciones sigue siendo
uno de los problemas más graves del país, con al menos 133 mil personas
desaparecidas. No se registraron avances significativos en su atención,
ya que muchas víctimas no son buscadas de manera efectiva por las
autoridades. Ante la inacción institucional, familiares —principalmente
mujeres— han asumido la búsqueda, enfrentando graves riesgos, como lo
demuestra el asesinato de al menos siete personas buscadoras en 2025.
El
sistema de justicia penal continúa presentando abusos estructurales,
especialmente mediante figuras como el arraigo y la prisión preventiva
oficiosa. Ambas permiten privaciones de libertad sin garantías
suficientes ni análisis individualizado de los casos. Esto ocurre pese a
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó eliminar estas
prácticas en 2022, lo que evidencia el incumplimiento de estándares
internacionales por parte del Estado mexicano.
Durante el periodo
observado por Amnistía Internacional, las autoridades recurrieron de
manera reiterada a despliegues policiales masivos en manifestaciones
públicas. Aunque en muchos casos no intervinieron ante actos de
violencia aislada, sí dispersaron protestas pacíficas sin justificación
suficiente ni apego a estándares internacionales. En algunas
movilizaciones, como las feministas del 8 de marzo de 2025, se
reportaron detenciones potencialmente arbitrarias.
Además, las
fuerzas de seguridad emplearon métodos no autorizados para el control de
multitudes, como el encapsulamiento indiscriminado y el uso de
extintores para dispersar manifestantes. Estas prácticas pusieron en
riesgo la integridad de las personas y reflejan un uso desproporcionado
de la fuerza, así como una falta de regulación adecuada en la actuación
policial.
En paralelo, persisten preocupaciones graves sobre
vigilancia ilegal a periodistas y personas defensoras de derechos
humanos, sin que existan investigaciones efectivas ni garantías de no
repetición.
A esto se suman reformas impulsadas por el gobierno
que amplían las facultades de vigilancia estatal, como el acceso a la
geolocalización en tiempo real. En este contexto, continúan los ataques,
asesinatos y procesos de criminalización contra quienes defienden
derechos humanos y ejercen el periodismo.
Foto de Denis Ngai.- El
trabajo humanitario, por su propia naturaleza, implica un contacto
constante con las vulnerabilidades extremas de la población más afectada
por conflictos, desastres y crisis. Quienes desempeñan esta labor se
enfrentan a diario con necesidades básicas de alimentación, salud física
y mental, y la gestión de los impactos sociales, económicos y
familiares derivados de estas situaciones.
Sin embargo, esta labor
no solo implica un esfuerzo por ayudar, sino que también coloca a las y
los trabajadores humanitarios en contacto directo con las experiencias
traumáticas y violentas que las personas afectadas han vivido, lo que
puede provocarles secuelas emocionales, físicas y sociales similares a
las de las personas a quienes atienden.
Entre las principales secuelas psicoemocionales que sufren las y los trabajadores humanitarios se encuentran el burnout,
el trauma vicario, la fatiga por compasión, la depresión y la ansiedad.
En algunos casos, las y los trabajadores recurren al consumo de
sustancias como una forma de gestionar su sufrimiento emocional.
Estos
efectos no solo afectan la calidad de vida de quienes ejercen esta
labor, sino que también impactan la calidad de la atención brindada a la
población. La ciencia ha demostrado que cuando una persona expresa
sufrimiento, el cerebro de quienes están cerca puede reflejar esa
emoción, creando una experiencia empática tan intensa que se
internaliza, transformándose en una vivencia propia.
El estrés que
enfrentan las y los trabajadores humanitarios también se refleja en
síntomas orgánicos, como insomnio, alteraciones en los hábitos
alimenticios y pesadillas relacionadas con los eventos vividos. La
constante exposición a la vulnerabilidad ajena puede incluso hacerlos
más susceptibles a enfermedades.
Estos impactos también se
manifiestan en la esfera social, es común que quienes desempeñan esta
labor experimenten cambios en su comportamiento habitual, como conductas
antisociales, irritabilidad, retraimiento, hiperactividad o pasividad.
Estos trastornos no solo alteran el ambiente laboral, sino que también
repercuten negativamente en la vida personal y los vínculos afectivos de
las y los trabajadores.
Las consecuencias de este desgaste
emocional van más allá del ámbito profesional, afectando profundamente
la vida personal. La sobrecarga empática que implica la constante
exposición al sufrimiento ajeno genera un agotamiento emocional y, en
muchos casos, deteriora las relaciones afectivas.
Como señala la investigadora Silvela,
la tensión entre la vocación de ayudar y la necesidad de mantener un
equilibrio emocional puede generar sentimientos de culpa cuando la
persona decide descansar o desconectarse del trabajo. Además, el
agotamiento físico y emocional puede mermar la energía para realizar
actividades recreativas o mantener relaciones sociales saludables, lo
que incrementa el riesgo de ansiedad, insomnio o depresión.
Frente
a esta realidad, resulta urgente incorporar prácticas de autocuidado y
desarrollar estrategias de apoyo institucional. A nivel individual, es
fundamental establecer límites saludables, buscar acompañamiento
psicológico y practicar la autoobservación, herramientas que permiten
detectar de manera temprana los signos de desgaste emocional o físico.
Sin
embargo, como señala Nonviolent Peaceforce, el bienestar de las y los
trabajadores humanitarios no debe ser considerado una responsabilidad
exclusiva del individuo, sino una tarea colectiva que involucra también a
las organizaciones humanitarias. Implementar políticas internas de
apoyo emocional y fomentar una cultura del cuidado colectivo no solo
ayuda a prevenir el deterioro psicológico, sino que también fortalece la
resiliencia del personal.
Este enfoque de autocuidado no es solo
una necesidad individual, sino también una cuestión de derechos humanos.
El reconocimiento y la atención a los impactos psicoemocionales que
enfrentan quienes trabajan en el ámbito humanitario no solo responde a
un imperativo ético, sino también a una obligación política.
La
invisibilización del sufrimiento de quienes ayudan encierra una paradoja
ética: se espera que el personal humanitario ofrezca empatía ilimitada,
pero a menudo no se les proporcionan espacios adecuados para su propio
cuidado emocional. El bienestar de los trabajadores debe ser considerado
una prioridad dentro del ejercicio ético e integral del humanitarismo.
Es fundamental que el derecho al bienestar y a la salud mental de las y
los trabajadores humanitarios sea reconocido como un componente esencial
de los derechos humanos, porque solo cuando se garantice este
bienestar, se podrá sostener un compromiso genuino y duradero con las
personas a las que se sirve, respetando su dignidad humana y la de
quienes brindan la ayuda.
El Día Universal de los Derechos
Humanos, conmemorado el 10 de diciembre, nos recuerda que el respeto a
la dignidad humana debe ser universal y aplicarse tanto a quienes
reciben asistencia como a quienes la brindan. Garantizar el bienestar
psicoemocional de las y los trabajadores humanitarios es indispensable
para asegurar que el compromiso con los más vulnerables se mantenga de
manera sostenible y respetuosa.
.-En la entrada sur de México inicia el vacío informativo del Estado mexicano que permite la existencia de redes de abogados y gestores que “entrenan” a las personas para buscar una regularización, a costa de pagos, engaños y fraudes.
“¡Ya
soy mexicana! ¡Ya soy mexicana!”, grita una mujer con gafas mientras
abraza emocionada a otras personas a su alrededor. Se acerca a otra
mujer y a un hombre que visten de traje mientras hablan por celular.
Unos minutos después llega un auto de media gama y se sube la nueva
mexicana con otras tres personas.
En breve, otro vehículo amplio
se acerca y sube a cuatro personas para llevarlas a un despacho en el
centro de Tapachula en la frontera sur de México, la principal puerta de
entrada de personas migrantes sin documentos.
La oficina es una
casa habilitada con una sala de espera y una recepción. Hay al menos 20
mujeres y hombres con fenotipo afro y tres jóvenes con aspecto musulmán
por la ropa que visten. Entre ellos, una mujer joven que no parece tener
más de 20 años y el pelo cubierto con una pashmina.
Después de 15 minutos de espera, uno de los abogados sale del despacho y dice en voz alta:
“Mis
hermanos, gracias a todos por esperar, pero hoy no nos va a dar tiempo
de atenderlos a todos. Les pido que por favor se retiren. Sólo vamos a
atender a las personas que tienen la entrevista de elegibilidad ante
COMAR el próximo lunes. ¡Solamente los que tienen entrevista son a los
que vamos a preparar!”, insiste. “Les pedimos que por favor vuelvan la
próxima semana”.
La demanda de servicios de abogados en una ciudad
como Tapachula es alta debido a la urgencia de los inmigrantes para
movilizarse hacia el centro o el norte del país, o alguna ciudad en
donde haya más empleo y mejor pagado.
En
torno a las tres oficinas de COMAR en Tapachula las personas se reúnen,
hacen fila y esperan alguna respuesta. También abundan los servicios de
asesoría legal y administrativa para los solicitantes de refugio. La
ACNUR estima que en esta ciudad del sur de México un promedio de 150
personas extranjeras solicitan refugio. / Foto: Benjamín Alfaro
Llegar
de Tapachula a la Ciudad de México sin ser detenido por migración llegó
a costar hasta 1,500 dólares en mayo de 2025, dijeron inmigrantes
entrevistados para esta investigación. Es una distancia de 1,157
kilómetros que puede atravesarse en autobús o avión, pero sin una
salvaguarda judicial, los extranjeros irregulares corren riesgos de ser
detenidos.
Para la gran mayoría que no puede pagar esa cantidad,
la solicitud de refugio es una opción gratuita, pero lenta, porque puede
tomar al menos seis meses de espera y los obliga a permanecer en
Tapachula hasta que concluya su trámite.
Los servicios de
asesorías legales en materia migratoria van desde un supuesto amparo
para circular por el territorio nacional, hasta servicios de asesoría
sobre lo que deben decir en su entrevista de elegibilidad ante la COMAR
(Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados).
Accedimos a un despacho
de abogados y uno de los socios explicó sobre el trámite: “Si nosotros
te decimos que es verde, vas a decir que es verde”, dijo.
“Aquí
no hay fórmulas mágicas. En Tapachula no existe el abogado que te va a
decir que es 100% seguro. Depende mucho del trabajo que tú hagas como
abogado y de que tú respondas como cliente. Por esa razón los
preparamos. Y les decimos qué van a decir, qué no tienen que decir y qué
les pueden preguntar. Hay gente que no tiene una historia y le ayudamos
a crear una historia. Hay gente que no sabe qué hacer y lo alcanzamos
con todo esto”.
Aunque el trámite de solicitud de refugio ante
COMAR es totalmente gratuito, de acuerdo con la ley, los abogados cobran
al menos 15,000 pesos, unos 750 dólares. El 50% se debe pagar al inicio
y prometen resultados a los seis meses y, en caso de no recibir una
respuesta satisfactoria, no se paga la otra mitad.
Cientos
de migrantes acuden a la COMAR 2 de Tapachula cada 10 días para
registrar su firma, desde que queda registrada su solicitud de refugio
hasta que reciben la cita para una entrevista de elegibilidad, con base
en la cual se define si pueden recibir el estatus de persona refugiada
en México, lo que les permite tener una estancia migratoria legal. El
proceso de solicitud y respuesta tarda, al menos, seis meses. / Foto:
Benjamín Alfaro
“Puedes buscar
cualquier abogado en Tapachula, cualquiera. Busca en Google en tu
teléfono y pon: ‘abogado, migración, Tapachula, y las primeras opciones y
opiniones positivas que te van a salir somos nosotros”, dice confiado
el defensor con quien hablamos, en un despacho compartido con dos
socios.
No muy lejos de ahí, en otra zona céntrica de Tapachula, otro despacho ofrece tramitar amparos para obtener la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) para que las personas puedan salir de Tapachula a otra ciudad.
Lo
que el abogado no les aclara a sus clientes es que «la Tarjeta» no es
un pasaporte para viajar al centro o norte de México, ni tampoco un pase
de salida de Tapachula. Únicamente se expide cuando una persona
presenta una solicitud formal de refugio ante COMAR, y funciona como
protección temporal durante el proceso de evaluación, que por ley debe
durar 45 días hábiles. Además, aunque en teoría permite el libre
tránsito por el país, quien abandona el estado donde solicitó refugio
pierde automáticamente la protección que otorga el INM.
Sin
embargo, la versión que presentan estos gestores es muy diferente:
«Créeme que con nosotros, nosotros te vamos a hablar con la verdad,
nosotros no te vamos a vender algo que no hayamos trabajado, todo es
100% legal», asegura en una grabación obtenida por una clienta potencial
y compartida para esta investigación con Conexión Migrante y Factchequeado.
Esta
discrepancia entre la realidad legal del documento y lo que prometen
los abogados ilustra el tipo de engaños que proliferan en Tapachula, una
ciudad de 218,000 habitantes ubicada en la última frontera sur de
México, en los límites con Guatemala. Con pocas fuentes de empleo
formales, la ciudad alberga miles de personas en espera de una
resolución de COMAR.
Los migrantes representan un negocio
millonario: el estado de Chiapas recibió 1,067 millones de dólares de
remesas en el segundo trimestre de 2025, un ascenso acelerado al pasar de 699 millones a 1,194 millones de dólares entre 2022 y 2023, cuando se dieron los mayores flujos migratorios en México hacia la frontera con Estados Unidos, según el Banco de México.
Chiapas recibe casi cinco veces más remesas que en 2019
El
flujo de remesas hacia Chiapas pasó de 227 millones de dólares en el
primer trimestre de 2019 a más de 1,066 millones en el segundo trimestre
de 2025, un aumento de casi cinco veces.
Cantidad de dinero proveniente de las remesas que llegó a Chiapas, por trimestre (en millones de dólares)
Un pase para moverse al interior de México
Ante
la desesperación de salir de Tapachula, los despachos de abogados que
ofrecen servicios migratorios reciben decenas de ciudadanos extranjeros
que buscan un pase de salida al interior de México.
“Aquí al
inmigrante no le dan ningún tipo de información, ni COMAR, ni Migración.
Uno conoce muy poco del trámite que está realizando. Aquí nos engañan.
Pero según he escuchado de personas migrantes, amigos, que la COMAR
cuando te niega el refugio, ellos tienen que darte una visa humanitaria,
pero no lo hacen porque te engañan con tus derechos”, comenta Félix, un
joven cubano de 28 años, a quien le fue negada la condición de
refugiado junto con su hermano, de 34 años.
“¿Qué es lo que hace uno? Uno busca un abogado para que te tramite una visa humanitaria”, dice.
En
sus palabras, relata: “Entonces, el abogado tramita un amparo, que no
sé lo que sería en la ley en México, que es obligando a Migración a
darte una visa humanitaria”.
“Él me explicó que sí se puede salir,
incluso hasta del país, en ese periodo, pero aquí no cumplen, por lo
menos con el migrante. Aquí lo extorsionan en Migración. Tú vas a viajar
y te piden más dinero y, a veces, ni te dejan viajar”.
A
inicios de agosto de 2025, salió de Tapachula una caravana de
migrantes, principalmente de origen haitiano y cubano con destino a la
Ciudad de México, cansados de no recibir una respuesta de COMAR y la
falta de oportunidades.
Alrededor
de las oficinas de la COMAR en la ciudad de Tapachula prolifera una
economía basada en los documentos necesarios para realizar el trámite de
refugio. Lugares como este incluso prometen asesoría en la realización
de la pre-cita con funcionarios mexicanos. / Foto: Nadia Sanders
Primera parte del reportaje disponible en: este link
Investigación: Nadia Sanders
Edición: Wendy Selene Pérez
Coordinación: Patricia Mercado y Laura Zommer
Fotografía: Benjamín Alfaro, Teresa González y María Ruiz
.-El
derecho a la vida, protegido por el derecho internacional y reconocido
como un valor fundamental por las principales religiones, se va
convirtiendo en un concepto hueco en un mundo violento, cada vez más
cruel, que ha perdido el sentido de lo común y de la interdependencia
intrínseca a la sobrevivencia en este planeta.
El derecho a la
vida incluye como premisa básica el derecho a comer y beber lo
suficiente para vivir con salud, que no es sólo ausencia de enfermedad
sino la posibilidad de enfrentar retos y cambios en el entorno. Debería
incluir también como condición indispensable el derecho a una vida
digna, no sólo a sobrevivir y llevar una existencia miserable. Lo que
estamos viendo en Gaza y seguimos ignorando en países africanos es la
derrota de la humanidad por el afán de dominación, la violencia, el
egoísmo y la indiferencia.
El viernes 22 de agosto, la
Organización de las Naciones Unidas declaró la hambruna en fase 5
catastrófica en la gobernación de Gaza, primera hambruna en Medio
Oriente, y advirtió que en la zona norte de la Franja se vive una
situación similar, que podría extenderse a otras regiones.
Se
trata, afirma su informe, de “un desastre provocado por el ser humano,
una crítica moral y un fracaso de la humanidad”, que no abarca sólo la
falta de alimentos sino implica el “colapso deliberado de los sistemas
necesarios para la vida humana”. Catástrofe intencional tanto más
indignante cuanto miles de toneladas de alimentos que podrían
distribuirse con cierta eficacia se apilan en la frontera.
Según
reportes sobre la clasificación de la inseguridad alimentaria en el
mundo (CIF), medio millón de personas en Gaza enfrentan el nivel
catastrófico, 1.7 viven en situación de emergencia y 396,000 personas en
inseguridad alimentaria crónica. Peor aún, la agencia que determina
esta clasificación prevé que las poblaciones menos afectadas ahora vivan
en hambruna en los próximos meses.
(https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Famine_Review_Committee_Report_Gaza_Aug2025.pdf.)
En
consecuencia, Naciones Unidas llama a un alto el fuego inmediato y
demanda al gobierno de Israel, responsable de esta catástrofe en tanto
país ocupante, que permita la entrada de “ayuda humanitaria inmediata y a
gran escala” para prevenir más “muertes por hambre, la agudización de
la desnutrición aguda y la caída en picada del consumo de alimentos” en
toda la Franja.
Usar el hambre como arma de guerra es un crimen de
guerra, sancionado por el derecho internacional, aunque los gobiernos
occidentales se sigan “lamentando” en vez de imponer por lo menos
sanciones comerciales al gobierno de Israel. De retórica humanista no
vive el ser humano.
Es difícil imaginar cómo sobreviven cientos de
miles de personas que llevan días sin comer, cómo sobrellevan el dolor
las madres de niños que van muriendo o han muerto de hambre. Más difícil
aún darle sentido a las advertencias israelíes a estas poblaciones para
que huyan de zonas que serán atacadas ¿Cómo pretenden que se desplacen
personas enfermas, ancianas, discapacitadas, mutiladas, heridas,
desnutridas? La guerra es destrucción, hambre y muerte pero la saña
tiene (debería tener) un límite, ético, moral.
Si sobre la
(dudosa) conciencia de la humanidad pesa y pesará la falta de
solidaridad activa con la población de Gaza, el silencio cómplice de
muchos gobiernos y la falta de indignación social frente al genocidio en
curso, también cargaremos, como habitantes de este planeta
superinformado/malinformado, con la hambruna que sigue expandiéndose en
países africanos lacerados por terribles conflictos armados que provocan
inseguridad alimentaria a gran escala.
Según reportes de la CIF,
167.3 millones de personas en el mundo viven en situación de crisis
alimentaria o peor (fases 3 a 5); de ellas, 29.25 millones padecen
inseguridad alimentaria crónica grave (fase 4) y1.37 hambruna
catastrófica. En países africanos como Mali, Niger, Nigeria, “los
conflictos armados, la inseguridad alimentaria aguda” afectan ya a
millones de niños menores de 6 años; en 9 países de la Comunidad de
Desarrollo del Sur Africano, entre ellos Mozambique, unos 48.5 millones
de personas enfrentan o enfrentarán este año altos niveles de
inseguridad alimentaria aguda; en Sudán, donde persisten cruentos
conflictos armados, 15.3 millones de personas padecen inseguridad
alimentaria crónica. (Véase el sitio en inglés: https://www.ipcinfo.org/ )
Estas
clasificaciones y cifras son apenas atisbos de crisis humanitarias
causadas por la violencia armada, esa violencia que destruye hogares,
rompe comunidades, mutila vidas, devora el presente y futuro de
millones.
Gaza es el paradigma de la crueldad y de la ruina del
marco jurídico internacional, por la destrucción de viviendas,
infraestructura básica, asesinato de más de 140 periodistas (según el
Comité para la Protección de Periodistas, CPJ) y la hambruna
intencional. Pero no podemos dejar de lado a las poblaciones africanas y
de otras regiones que sufren los embates de la violencia, el cambio
climático y las desigualdades crecientes entre países y personas.
Las Organizaciones estatales del movimiento de mujeres se han
dirigido por carta a Reem Alsalem, Relatora Especial de Naciones Unidas
sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, para transmitirle su
preocupación por los casos de varones que están usando el cambio de
mención registral del sexo para eludir la ley 1/2004 contra la violencia
machista.
También denuncian “oscurantismo” sobre el impacto de la norma en diferentes ámbitos.
En su carta, las organizaciones de mujeres informan a la Relatora de
ONU que el pasado 18 de marzo de 2024, la Consejera de Familia, Juventud
y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid se dirigió a la ministra
de Igualdad informando de que seis agresores incluidos en el
sistema de protección para víctimas de violencia machista en el ámbito
de la pareja (sistema VioGén), habían solicitado y obtenido el cambio de
mención registral del sexo en el Registro Civil.
Tres de estos agresores pretendieron, además, recibir atención de los servicios comunitarios para mujeres víctimas de violencia.
Hay que recordar que la posibilidad de solicitar el ingreso en casas
de acogida es factible para cualquiera que recurra al cambio registral
del sexo, como consecuencia de la aprobación de la mencionada Ley Trans
española, que incluye la autodeterminación como elemento central de la
norma.
El caso sobre el que llamó la atención la Comunidad de Madrid no es el primero que ha hecho evidente la inseguridad jurídica de la ley Trans,
ya denunciada desde la propia tramitación de la Ley, no solo por el
movimiento feminista de todo el país, sino por asociaciones de juristas,
la Academia o el propio Consejo del Poder Judicial en su informe a la
ley, aprobado por unanimidad.
Estas organizaciones, que trabajan específicamente en prevención,
protección y reparación del daño a las víctimas, señalan en su carta
que, a partir de la aprobación de la Ley Trans, se han
documentado casos de varones transidentificados que conservan su nombre
de pila y aspecto y exigen participar como “mujeres” en
oposiciones, promociones profesionales y acceso a las posibles
prioridades que se establezcan en el marco de las acciones positivas
para incentivar la presencia de mujeres en carreras profesionales donde
se hallan infra representadas.
Muchos de estos varones forman parte de una asociación llamada “Trans
No Normativos”, integrada por policías y militares, que han seguido el
procedimiento de cambio de la mención registral del sexo al amparo de la
Ley Trans para reclamar, con posterioridad, acceso al uso de
espacios de uso reservados para mujeres (baños, duchas, habitaciones o
enfermerías en los acuartelamientos).
Como se señala en la misiva a la Relatora, distintas asociaciones y
plataformas de mujeres de todo el país están documentando la variada
casuística que demuestra cómo la autodeterminación registral del
sexo se está utilizando incluso por varones condenados por maltrato y
otros delincuentes para vulnerar los derechos, libertades y seguridad de
mujeres víctimas de violencia de género y de mujeres presas en
contextos de riesgo para su seguridad.
En la carta a la Relatora, las organizaciones también refieren que, a
pesar de que han solicitado a los ministerios de Justicia e Interior
datos que permitan conocer la situación real generada por el ficcionado
jurídico del sexo registral, la falta de transparencia y de
información mantiene un oscurantismo contrario al derecho al acceso a la
información pública que dificulta conocer el impacto, en este y otros
ámbitos, de la conocida como Ley Trans.
La carta enviada a la Relatora está suscrita por :
Asociación de Mujeres Juristas Themis
Alianza Contra el Borrado de las Mujeres.
Fundación Mujeres
Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.
Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur)
Federación de Mujeres Progresistas
Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas
Asociación Española de Feministas Socialistas (FeMeS)
Lobby Europeo de Mujeres en España- LEM España
Mujeres para la Salud
Asociación Clásicas y Modernas
Fórum de Política Feminista
Mujeres por la Paz
Madrid, 23 de abril de 2024.
[Se adjunta copia de la carta enviada a la Relatora, copia de la carta
de la Comunidad de Madrid a la ministra de Igualdad y relación de
algunas noticias aparecidas en prensa]
DOCUMENTACIÓN DE APOYO
RESEÑA DE LAS ORGANIZACIONES FIRMANTES
Asociación de Mujeres Juristas Themis. Organización
no gubernamental integrada por licenciadas en Derecho, abogadas,
procuradoras, juezas, magistradas y letradas de la Administración de
justicia. Themis ofrece servicios de asesoría jurídica gratuita a
mujeres y programas estatales de protección y asistencia jurídica
gratuita a mujeres víctimas de violencia,
Alianza Contra el Borrado de las Mujeres. Plataforma
feminista de asociaciones de España y Latinoamérica comprometida en la
defensa de los derechos basados en el sexo. La plataforma orienta su
trabajo a la divulgación del impacto de las leyes de autodeterminación,
la denuncia de las consecuencias de la ideología que elimina el sexo
como categoría jurídica y el activismo a favor de los derechos de las
mujeres y la infancia.
Fundación Mujeres. Organización no gubernamental
feminista que desarrolla su actividad en ámbitos como la sensibilización
y educación en igualdad, la formación y lucha contra la violencia de
género, el apoyo a las mujeres para la su incorporación al mundo laboral
y creación de microempresas, además de apoyo al desarrollo de planes de
igualdad en instituciones públicas y empresas. La Fundación impulsa el
Fondo de Becas Soledad Cazorla.
Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.
Organización de mujeres profesionales, psicólogas, trabajadoras
sociales, médicas, sociólogas y abogadas, cuyos ámbitos prioritarios de
trabajo son la violencia de género y la explotación sexual. Gestiona
diferentes programas dedicados a la prevención, formación y asistencia
directa a mujeres y niños/as.
Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur).
Es una organización progresista que lucha por alcanzar la igualdad y el
progreso de las mujeres que viven y trabajan en el medio rural a través
de acciones formativas, apoyo a iniciativas emprendedoras de las
mujeres del medio rural, acciones de sensibilización, reducción de la
brecha digital, visibilización de las mujeres en los territorios
rurales…
Federación de Mujeres Progresistas, organización no
gubernamental constituida por asociaciones, federaciones regionales y
provinciales y colectivos de mujeres progresistas, conformando un tejido
asociativo cercano a las 23.000 personas. Desarrolla su actividad en
ámbitos como la prevención de la violencia de género, promoción y
capacitación para el empleo o asesoramiento para planes de igualdad,
entre otros.
Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas.
Organización pionera en España en la lucha contra los malos tratos a
mujeres. A principios de 1974 la Asociación de Mujeres Separadas creó el
primer gabinete de atención psicológica a las víctimas. En 1991 la
Federación inaugura el primer Centro de Recuperación Integral para
Mujeres, Niñas y Niños víctimas de la violencia machista donde se
atiende a mujeres de todo el Estado. El asesoramiento jurídico, la
atención psicológica y la atención integral son los campos de trabajo de
la Federación.
Asociación Española de Feministas Socialistas (FeMeS).
Organización que se orienta a proteger los derechos humanos de las
mujeres en el ámbito nacional e internacional, defender el cumplimiento
de la agenda abolicionista feminista, asegurar la libertad de expresión
del ideario feminista y contribuir a que el movimiento feminista sea
interlocutor directo con las administraciones públicas, los partidos
políticos y con todos los actores socio-económicos relevantes para
producir cambios sociales.
Lobby Europeo de Mujeres en España- LEM España.
Plataforma de más de 50 asociaciones de mujeres cuyo objetivo
prioritario es promover el empoderamiento de las mujeres en toda su
diversidad, para avanzar en la igualdad de género y luchar contra todas
las formas de discriminación y violencia contra la mujer. La plataforma
hace posible una representación eficaz de las mujeres españolas en el
Lobby Europeo de Mujeres.
Mujeres para la Salud. Organización en defensa de la
salud y los derechos de las mujeres y por la erradicación de las
múltiples formas de violencia de género. Desarrollan diversas
actividades, como un espacio terapéutico especializado en mujeres,
un espacio de formación profesional y personal, además de
diversas acciones de sensibilización y divulgacion.
Clásicas y Modernas. Asociación de mujeres
profesionales de la literatura, el periodismo, la música, el teatro, el
cine… en sus distintas facetas (creación, gestión, investigación,
crítica, teoría, enseñanza…) convencidas de que la cultura es un
instrumento decisivo para lograr la igualdad o por el contrario,
perpetuar la desigualdad entre mujeres y hombres. Clásicas, para dar
visibilidad a las creadoras borradas del pasado; Modernas, para
reivindicar la herencia de las llamadas “modernas” de la generación de
la República.
Fórum de Política Feminista. Asociación de ámbito
estatal cuyos fines son la consecución de la igualdad de derechos y
oportunidades de las mujeres así como la mejora de su calidad de vida a
través de acciones como la participación en las políticas públicas de
promoción de la igualdad, la formación para el acceso al empleo o la
educación en la no violencia y la igualdad entre mujeres y hombres.
Activistas
en contra del cambio climático bloquearon el 24 de abril las entradas
de la sede mundial de Citigroup en Manhattan para exigir que el banco
deje de financiar compañías de carbón, petróleo y gas. Las protestas se
producen después de una audiencia del Día de la Tierra, la primera de su
tipo, donde activistas ambientales de todo el mundo se reunieron en
Nueva York para condenar lo que describen como racismo ambiental de
Citigroup. El banco Citibank es el segundo mayor financiador en el mundo
de proyectos de carbón, petróleo y gas.
Hablamos con Olivia Bisa Tirko, presidenta del Gobierno Territorial
Autónomo de la Nación Chapra en Perú, quien se encuentra en Nueva York
para participar en las protestas. La dirigente indígena denuncia que ha
recibido amenazas por enfrentarse a Citigroup y a la industria
extractivista en la Amazonía peruana.
Transcripción
Esta transcripción es un borrador que puede estar sujeto a cambios.
AMYGOODMAN: Esto es Democracy Now!, democracynow.org, el informativo de guerra y paz. Soy Amy Goodman.
Activistas en contra del cambio climático bloquearon el 24 de abril
las entradas de la sede mundial de Citigroup en Manhattan para exigir
que el banco deje de financiar compañías de carbón, petróleo y gas. Las
protestas se producen después de una audiencia del Día de la Tierra, la
primera de su tipo, donde activistas ambientales de todo el mundo se
reunieron en Nueva York para condenar lo que describen como racismo
ambiental de Citigroup. El banco Citibank es el segundo mayor
financiador en el mundo de proyectos de carbón, petróleo y gas.
Para más nos acompaña Olivia Bisa Tirko, presidenta del Gobierno
Territorial Autónomo de la Nación Chapra en Perú. Bienvenida a Democracy
Now! Es un placer tenerla con nosotros. ¿Puede comenzar diciéndonos
dónde está la Nación Chapra en Perú?
OLIVIABISATIRKO:OLIVIABISATIRKO:
Muy buenos días, muy agradecida por haberme recibido en este espacio.
Vengo desde muy lejos, desde la Amazonía norte del Perú. Mi nación está
ubicada en el departamento de Loreto, provincia Datem del Marañón,
distrito de Morona.
AMYGOODMAN: En el norte del Perú. ¿En el norte de la Amazonía?
OLIVIABISATIRKO: Sí, estamos vecinos al país del Ecuador.
AMYGOODMAN:
Hable sobre por qué ha venido dos semanas a Estados Unidos. El 24 de
abril bloquearon la entrada de Citigroup, uno de los bancos más grandes
del mundo.
OLIVIABISATIRKO:
En resumen, yo vine a participar en el Foro Permanente de Cuestiones
Indígenas de las Naciones Unidas, donde por primera vez, en 200 años que
existe la independencia del Perú, soy la primera mujer indígena chapra
del Gobierno Territorial que he venido a escuchar y también saber las
problemáticas que están sucediendo en todo el mundo con los pueblos
indígenas.
AMYGOODMAN:¿Qué
le están pidiendo a Citigroup en este momento? ¿De qué forma afectan
las acciones de este banco a los pueblos indígenas del Perú?
OLIVIABISATIRKO:
Yo quiero comunicar al mundo que como madres, hijas que somos, tomemos
conciencia. Porque Citibank está financiando a la empresa Petroperú en
Perú, teniendo una política que dice que respeta a los pueblos
indígenas, a su derecho a la libre determinación, a las autonomías; pero
sin embargo, su cliente, Petroperú, está violando todas estas políticas
que Citibank ha puesto. Por eso nosotros hemos venido desde tan lejos a
decirle a Citibank “ya no financien a Petroperú”, porque nos están
haciendo daño, no solamente contaminando nuestros territorios, también
está haciendo que nos enfrentemos entre pueblos, porque siempre usa
Petroperú tácticas divisionistas y discriminatorias. Desde el 2022 que
denuncié un derrame de petróleo en mi territorio, vengo siendo
perseguida, amenazada y denunciada seis veces por Petroperú.
Entonces nosotros queremos decirle a Citibank que Petroperú está
desesperado por explotar un lote que se llama Lote 64, que está ubicado
en el distrito de donde yo vengo. Pero para eso nosotros somos la puerta
de ingreso a este lote y esta puerta está cerrada. Nosotros tenemos un
vínculo muy fuerte con la naturaleza, porque es nuestra madre. Para
nosotros los chapras la madre no puede trabajar bien sin sangre. El
petróleo es la sangre de la tierra y cuando una madre no puede, está con
anemias, no puede dar a sus hijos atención adecuada para que sus hijos
crezcan sanos y salvos.
AMYGOODMAN:
¿Puede explicar más a fondo las amenazas en su contra? Como dijo, usted
es la primera mujer presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la
Nación Chapra. Explique exactamente lo que ha pasado y cuánto tiempo
lleva sucediendo.
OLIVIABISATIRKO:
Yo desde el 2022 empecé siendo denunciada seis veces. En el 2023
empezaron a llamarme, insultándome por ser la primera mujer presidenta,
insultándome, diciendo que soy una india, una chola y muchas palabras
que duelen a una mujer. Últimamente, en este mes… en este año, enero, me
empezaron a llamar diciendo que van a matar hasta a mis hijos. Yo tengo
dos hijos que son muy pequeños y realmente esto no nos da vida porque
mis hijos no pueden ni salir al parque a jugar. Ellos tienen todo el
derecho de vivir su infancia. Y yo pregunto: ¿Cuál es el delito que
nosotros cometemos como defensores de nuestra Madre Tierra para que nos
estén persiguiendo de esta manera? Citi, yo te pido de corazón, porque
sé que ustedes que trabajan en este banco son padres, son madres, no
financien más, porque si siguen financiando van a seguir matando a más
personas, a más padres y a más madres. Cómo van a quedar nuestros hijos?
Nosotros lo único que queremos es vivir en nuestro territorio, que
respeten la decisión que nosotros, las alianzas de las nueve autonomías,
hemos tenido y decir no más petróleo en nuestro territorio. El petróleo
para nosotros es muerte segura. Desde 1977 hasta 2022, Petroperú sufrió
139 derrames en sus oleoductos y tiene una deuda histórica, ambiental y
vulneración a los derechos humanos. Y aún así sigue. Entonces, nosotros
hemos hecho una alianza entre la costa y la Amazonía, ¡ya no más!,
porque son nuestros hijos quienes van a sufrir las consecuencias.
Estamos a punto de desaparecer a la Amazonía y nosotros estamos
defendiendo nuestros territorios porque están 100% intactos, con toda la
biodiversidad. Y no es justo que Citi quiera lavarse las manos haciendo
una política “que respeta los derechos de los pueblos indígenas”, “que
respeta la autonomía”, pero su cliente está haciendo todo lo contrario.
Pedimos encarecidamente que respeten nuestra decisión, que respeten
nuestro derecho a la autonomía, porque nosotras somos madres, criamos.
Así como todas las madres del mundo necesitan criar a sus hijos y ver a
sus hijos crecer.
AMYGOODMAN:
Olivia Bisa Tirko, ¿puede hablar más sobre la biodiversidad en su área
del norte de la Amazonía y sobre qué es exactamente lo que está en
peligro?
OLIVIABISATIRKO:
La Amazonía norte está llena de biodiversidad. Yo les invito a que
conozcan la Amazonía, porque hasta ahora, desde miles de años que
existimos, tenemos toda la biodiversidad intacta. En las autonomías nos
hemos aliado para reservar más de 16 millones de hectáreas de monte
virgen y queremos que así como nosotros gozamos de la naturaleza, de los
animales y todo, también nuestros hijos hereden eso. Y cuando nosotros
protegemos nuestros bosques, no estamos protegiendo solamente nuestra
vida y la vida de nuestros hijos, también la vida de todos, porque todos
queremos oxígeno, todos queremos alimentos, todos queremos agua dulce,
pero con nuestras actitudes algunos están haciendo todo lo contrario.
Estamos a tiempo de que los bancos inviertan para rescatar el agua
dulce, para rescatar nuestros bosques. Porque cuando de una vez los
bosques desaparezcan, mis hijos y los hijos de ellos también van a
desaparecer.
AMYGOODMAN:
Usted está hablando de amenazas en su contra, contra su familia, contra
la biodiversidad de su región, la Amazonía, conocida como los pulmones
del planeta. También se ha reunido con bancos de inversión. Hasta el
momento, no ha hablado con Citibank, pero ¿puede hablar sobre cómo
responden estos bancos?
OLIVIABISATIRKO:
Nosotros hemos tenido reunión ayer con Goldman Sachs, un banco que le
ha prestado a la empresa Petroperú para hacer la Refinería Talara.
Entonces le hemos dicho bien claro que la refinería, para que funcione,
van a tener que sacar petróleo de la Amazonía y de otros lotes de la
costa marina. Y hemos dado nuestra posición de que nosotros no vamos a
permitir más actividad extractivista en nuestro territorio. Y eso es lo
más preocupante, porque al nosotros resistir va a haber más amenazas, va
a incrementar las amenazas, va a incrementar las muertes, va a
incrementar el disminuir el… Y más aún, yo soy la primera mujer
presidenta que está poniendo fuerza y está resistiendo, pero no quisiera
ser la única y la última, porque eso es lo que están queriendo hacer.
Fueron tres veces a mi casa a buscarme con armas a matar. Entonces no
permitamos eso.
AMYGOODMAN: ¿Y quiénes son las personas que quieren matarla?
OLIVIABISATIRKO:
Yo he denunciado ante la policía para poder saber quiénes son los
responsables. Pero lamentablemente, las leyes del Estado peruano,
algunos son cómplices y otros demoran demasiado y eso hace que nosotros
arriesguemos más nuestras vidas. La burocracia hace que recién
reaccionan cuando la defensora o el defensor esté muerto. Y la idea no
es esa. La idea es salvar al defensor y a la defensora antes de que los
maten.
AMYGOODMAN:
Estoy segura de que conoce la historia de la ambientalista hondureña,
también indígena del pueblo Lenca, Berta Cáceres, y lo que le sucedió a
ella. ¿Es esto algo que también le causa temor? ¿Cree que el asesinato
de Berta Cáceres fue un mensaje a todos los pueblos indígenas,
particularmente a las mujeres en América Latina?
OLIVIABISATIRKO:
A veces siempre decimos las mujeres somos las que más sufrimos cuando
desangran a nuestra Madre Tierra. Pero así mismo hay un dicho en mi
territorio que dice “la tierra me da vida y por la tierra moriré”. Hoy
día me matan, mañana me matan a mí, pero va a haber miles más de Olivias
que van a estar al frente protegiendo lo que para ellos es una vida.
AMYGOODMAN:
¿Puede hablar sobre los Principios de Ecuador, el hecho de que Citibank
abandonó recientemente estos principios y el impacto en los derechos
humanos?
OLIVIABISATIRKO:
Realmente, esto es muy preocupante, porque hablan de una política donde
quieren lavarse las manos diciendo que están muy de acuerdo con los
acuerdos de las Naciones Unidas y hacen todo lo contrario. Nosotros
tenemos una alianza con Ecuador para proteger nuestra Amazonía. Somos
una sola voz, Latinoamérica se está uniendo, se está uniendo para
defender a sus defensores y defensoras, se está uniendo para defender su
derecho a la libre determinación.
AMYGOODMAN:
Usted me ha entregado un informe de Citibank que dice: “Respetando los
derechos de los pueblos indígenas–Abril de 2024”. Su contenido está en
inglés, y habla del compromiso del banco ”con el respeto a los derechos
de los pueblos indígenas”. ¿Es cierto lo que dice este informe?
OLIVIABISATIRKO:
No es verdad ese reporte, porque si fuese verdad, no estaría
financiando a estas empresas petroleras que están vulnerando y están
violando justamente esos derechos que Citi está poniendo en su política.
Entonces nosotros ya no estamos en esta época donde nos engañaban con
simples palabras, porque somos nosotros que estamos viviendo en carne
propia cómo con la plata, con el financiamiento de Citi nos están
exterminando poco a poco.
AMYGOODMAN: Entre 2017 y 2021, las instituciones bancarias JPMorgan Chase, HSBC
Securities, Bank of America, Santander Investment, Citibank y Goldman
Sachs realizaron préstamos de más de 4,7 millones de dólares a Petroperú
para su plan de modernización de la refinería Talara, que procesa
petróleo en la Amazonía peruana, incluidos los lotes de petróleo 192 y
64. ¿Cuál es la importancia de estos proyectos y de estos lotes?
OLIVIABISATIRKO:
Nosotros el año pasado, una comisión de mis pueblos, porque acá estamos
nosotros tres autonomías, Nación Wampís, Nación Achuar, el año pasado
vinieron a decir eso, vinieron a advertir que no estén financiando a
Petroperú, porque nosotros como amazónicos y con la costa marina, no
vamos a permitir más la explotación de lotes petroleros en nuestro
territorio. Y les hemos dicho que los bancos están en riesgo de no tener
sus ganancias o no recuperar su dinero con que han hecho el
financiamiento en Talara. Le hemos dicho, le hemos advertido, hemos
fundamentado el por qué nosotros no queremos más explotación petrolera
en nuestro territorio. Poco o nada les interesó y ahorita nuevamente
estamos viniendo por segunda vez a decir a los bancos que no lo vamos a
permitir. Para la explotación del lote 64, Nación Chapra es la puerta
para que puedan ingresar y esta puerta está cerrada y estará cerrada por
siempre. Cada uno de nosotros como gobiernos autónomos, tenemos un
estatuto consuetudinario, establecido de acuerdo a nuestra cosmogonía,
usos y costumbres en nuestros territorios. Y está bien claro ahí en el
artículo 35, que no permitiremos ninguna empresa extractiva en nuestros
territorios.
AMYGOODMAN:
Olivia Bisa Tirko, usted es la primera mujer presidenta de la Nación
Chapra, en el norte de la Amazonía peruana. ¿Puede hablar de la
presidenta del Perú, Dina Boluarte?
OLIVIABISATIRKO:
Lamentablemente quiero decir que es una vergüenza para el Perú y es una
vergüenza para las mujeres. Nosotros teníamos la esperanza de que tener
una mujer presidenta iba a facilitar nuestro desarrollo como mujeres,
porque vivimos muchos años en el patriarcalismo, siempre vivimos en el
machismo y pensábamos que por medio de la presidenta Dina Boluarte
íbamos a tener este acceso a las oportunidades y a la libertad verdadera
de las mujeres. Pero sin embargo, es una de las que está impulsando el
exterminio, más vulneración de los derechos de las mujeres indígenas. Y
es más, está fomentando el etnocidio de los pueblos indígenas.
AMYGOODMAN: ¿A quién cree que representa la presidenta Boluarte?
OLIVIABISATIRKO:
La presidenta Dina Boluarte no representa a nadie. Solamente representa
sus propios intereses, porque nosotros, como peruanos, no nos sentimos
representados por ella.
AMYGOODMAN:
Usted está ahora aquí en Estados Unidos, ¿cuál es su mensaje final para
el pueblo estadounidense? ¿Qué significa para usted el activismo cuando
ve cómo muchas personas se unen a los líderes indígenas para proteger
los derechos de los pueblos originarios? ¿Cuál es su mensaje para el
mundo?
OLIVIABISATIRKO:
Agradecer, empezando a ti por estar acá, por la oportunidad. Agradecer a
todos nuestros aliados que se están juntando para salvar a los pueblos
indígenas. El mensaje que quiero dar es que los pueblos indígenas
existían miles de años antes de nuestros Estados y hemos prevalecido con
nuestra autonomía y nuestros bosques intactos. Si los pueblos indígenas
desaparecen, desaparecen nuestros bosques y nuestros territorios. El
mensaje claro que quiero dejar es: estamos a punto de no retornar,
nuestra Madre Tierra, pero seamos cómplices de una vida nueva que
podemos dar a nuestra Madre Tierra. Pero para eso tenemos que buscar un
buen futuro a los pueblos indígenas, porque solamente la biodiversidad
de la que tanto hablan no se hizo de la noche a la mañana. La
biodiversidad existe en el territorio de los pueblos indígenas, porque
ahí están ellos viviendo, cuidando, protegiéndolo. Si quieres un buen
futuro para el planeta, hay que asegurar primero el futuro de los
pueblos indígenas. Asegurando el futuro de los pueblos indígenas tenemos
seguro nuestro rescate a nuestra madre tierra.
AMYGOODMAN: Olivia Bisa Tirko, muchas gracias por acompañarnos. Presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra en Perú.
Puede hacer clic aquí
para ver la entrevista en inglés con Oliva Bisa Tirko. Esto es
Democracy Now! democracynow.org, el informativo de guerra y paz. Soy Amy
Goodman.
Producido por Democracy Now! y Democracy Now! en español.
.-Ciudad
de México.- Colectivas y organizaciones sociales marcharon el pasado
miércoles 17 de abril para exigir que se reactiven las mesas de trabajo y
discutir los resultados del informe del programa del presidente Andrés
Manuel López Obrador que presentó en 2019 para liberar personas presas
políticas por tanto, familiares de mujeres en esta situación se
congregaron para exigir sean liberadas y hacer visible la injusticia,
porque ser mujer presa de conciencia en México tiene una perspectiva que
aumenta las violencias y adquiere otra dimensión.
En un audio obtenido por Cimacnoticias de familiares de Kenia Hernández, presa política, ella afirmó que está «presa de conciencia pero no presa mi conciencia».
No
hay que olvidar que en el mundo, se considera presa política, a
cualquier persona que pertenezca a un partido político o sector
político, que se ponga bajo arresto, sin haber cometido un delito, más
bien porque sus ideas suponen un desafío o una amenaza para el sistema
político establecido.
La Coordinadora Internacional de Solidaridad
y por la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios del Mundo,
Diana Díaz hizo referencia a que el presidente de México propuso una Ley
de Amnistía, que se aprobó en 2020 pero el beneficio de esta ley no
llegó a las y los presos de conciencia.
En esta manifestación se
concentraron familiares de presas políticas: Kenia Hernández y Xóchitl
Ramírez. Dicha manifestación tenía la consigna de obtener una respuesta
del presidente de México, ya que no se obtenido ninguna respuesta, ni se
han dado informes oficiales sobre la liberación de presas y presos
políticos.
En
México, existen 12.5 mil mujeres privadas de la libertad en centros
penitenciarios federales y estatales, ellas representan el 5.4% de la
población total. El 53.5% de ellas se encuentra en centros femeniles,
45.8% en mixtos y 0.6% en varoniles.
Los delitos más recurrentes
por los que se les juzga son: participación en secuestros, homicidio
doloso y posesión de narcóticos con fines de comercio y suministro (INEGI, 2021).
El 92.9% de las mujeres no tenían antecedentes penales. Siete de cada diez tienen entre 18 y 39 años de edad.
Organizaciones
internacionales, como Amnistía Internacional, han acuñado el término
“preso de conciencia” para definir a personas que, sin haber usado la
violencia ni haber incitado a la misma, están sometidas a prisión u otra
restricción de su libertad, a causa de sus creencias, su origen étnico,
sexo u otros factores y hoy Kenia, está considerada como tal.
Al
unirnos a esta exigencia, abrimos un espacio de acción y acompañamiento
a una mujer que ha luchado por los derechos de otras mujeres, el
contingente saldrá a las 3 de la tarde del monumento a la Independencia
hasta la Secretaría de Gobernación, donde se exigirá la libertad de los
que hoy, como Xóchitl, están presos injustamente.
En su Recomendación General No. 3534,
la CEDAW reafirma que la “privación arbitraria de la libertad”
constituye una forma de violencia contra las mujeres. Esta Recomendación
General reconoce que la privación de la libertad puede tener un efecto
agravante negativo sobre la violencia contra las mujeres, al tiempo que
reconoce que las mujeres privadas de libertad pueden vivir la violencia
de distinta manera por razón de su encarcelamiento.
El Comité
reconoce también otros factores que pueden tener un efecto agravante
negativo sobre la violencia contra las mujeres, incluyendo el origen
étnico o la raza de la mujer, la condición de minoría o indígena, la
maternidad, la edad, y la condición de lesbiana, bisexual, transgénero o
intersexual, entre otros.
El acuerdo
Hay
que recordar que el 9 de enero del 2019 el presidente Andrés Manuel
López Obrador, anunció durante la conferencia matutina la liberación de
personas presas políticas, dijo, que la entonces secretaria de
Gobernación Olga Sánchez Cordero revisaría cada uno de los 368 casos de
los que se tenía conocimiento, con miras a la liberación y reparación
del daño.
Al
referir que su deseo era lograr que la Cuarta Transformación fuera
sinónimo de justicia y que no podía permitirse que la protesta social se
condenará y que se fabricaran delitos, refrendaba su postura ante el
tema, entonces dijo:
“El
objetivo principal es que no haya presos políticos, que ningún
ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar, por su
postura política, que no se utilice ninguna institución del Estado para
afectar a los ciudadanos de manera injusta. Que no se fabriquen delitos a
opositores, a adversarios como sucedía”, remarcó.
La titular de
la dependencia, en ese entonces, Olga Sánchez Cordero, indicó que se
trataba de procesos federales que no han tenido sentencia, defensa
adecuada o debido proceso, y que estas acciones comenzaron en diciembre
de 2018 con la liberación de 16 personas.
Ante esta promesa
gubernamental y apunto de concluir su mandato presidencial, familiares
de estas mujeres y más presos políticos se congregaron en el centro de
la Ciudad de México donde también acudió César Hernández, vocero de la
movilización, quien señaló que entregarían un pliego petitorio a Luisa
María Alcalde, secretaria de Gobernación, para exigir la liberación de
cientos de personas presas políticas de diferentes estados de la
República.
«Va
a ser entregado un documento en el que se exige la libertad de todas y
todos nuestros presos políticos, queremos decir que son los presos
políticos de las organizaciones que nos encontramos aquí, queremos decir
que sabemos que existen más, pero solamente hoy traemos un puñado de
ellos a presentar aquí ante la autoridad», puntualizó.
Los
manifestación se llevó a cabo en conmemoración al Día Internacional por
la libertad de las presas y presos políticos, proclamado por diferentes
asociaciones en el 2004 donde sostuvieron a través de consignas que en
nuestro país, aún, existen personas presas por sus ideas políticas.
La manifestación en el centro de la Ciudad de México
Antes
de iniciar la marcha, en altavoces se expusieron los casos de Kenia
Hernández Montalván, encarcelada desde octubre de 2020, y de Tómas
Martinez Mandujano condenado a 54 años de prisión, así como el de
Xóchitl Ramírez.
«Las
y los presos políticos son el eslabón más débil de nuestros pueblos.
Están en esa condición por sus ideas, por haber luchado contra un
megaproyecto o por defender la democracia en su país», destacaban en los
altavoces, mientras que la marcha, se deslizaba lentamente.
Manifestantes
extendían mantas y cartulinas en las que cada uno de las personas,
realizaba peticiones para que las y los defensores de los derechos
humanos que se encuentran en prisión, sean liberados, el ritmo y el
ánimo se iban acelerando, bajo las consignas que lanzaban: “¡Presas
políticas, libertad”.
Entre las consignas lanzadas por los
altavoces, a medida que avanzaba la marcha, se alcanzaba a escuchar,
“queremos un país sin presas ni presos políticos, un país con
democracia, con pleno estado de derecho en donde no se criminalice, no
se persiga ni se aprese la libertad de pensamiento, opinión,
organización y manifestación en la lucha por los derechos fundamentales
de los pueblos”.
La amnistía es el instrumento mediante el cual se
concede el perdón por la realización de actos delictivos a aquellas
personas pertenecientes a grupos sociales en situación de
vulnerabilidad, que tiene como efecto la extinción de las acciones
penales y sanciones impuestas.
Por su parte, la activista Argelia
Betanzos, de Eloxochitlán, Oaxaca, afirmó que las organizaciones exigen
los resultados del informe del programa del presidente Andrés Manuel
López Obrador sobre presos políticos.
El espíritu de cuerpo y la
solidaridad vertida en la movilización, hace recordar, una canción
interpretada por Mercedes Sosa allá por la década de los 70s del siglo
pasado, que se coreaba en eventos masivos, para compartir con compañeras
de lucha: «¿Quién dijo que todo está perdido?… Yo vengo a ofrecer mi
corazón».
Y, así parece, que el corazón se desborda porque la
valentía y las proclamas de la marcha, son tan solo, las de no
criminalizar a sus a las y los defensores de los derechos humanos, que
lo mejor que han hecho con su vida, es servir a los demás y, mantener
cohesión de grupo.
Y bueno, ¿Cuál es el delito que cometieron? los
integrantes de sus comunidades, familiares y amigos, hablaron por ellos
en la marcha efectuada al filo de las 3 de una tarde de abril en la que
el sol caía a plomo, brindando fiel testimonio de que, en su
concepción, sus lideres sociales son inocentes de los delitos que se les
imputa.
Los dichos
El
22 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
la Ley de Amnistía Federal, que tenía entre sus objetivos beneficiar a
personas en condición de vulnerabilidad que hubiesen cometido un grupo
determinado de delitos.
No obstante lo anterior, el tema
específico de la liberación de presas y presos políticos, no se volvió a
mencionar públicamente. Es en ese sentido, que ahora durante esta
movilización se le está pidiendo al presidente de México que cumpla la
palabra vertida y, realice una efectiva liberación de presos políticos.
El
9 de enero del 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció
durante la conferencia matutina la liberación de presos políticos, dijo,
que la entonces secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero
revisaría cada uno de los 368 casos de los que se tenía conocimiento,
con miras a la liberación y reparación del daño.
Al referir que su
deseo era lograr que la Cuarta Transformación fuera sinónimo de
justicia y que no podía permitirse que la protesta social se condenará y
que se fabricaran delitos, refrendaba su postura ante el tema.
“El
objetivo principal es que no haya presos políticos, que ningún
ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar, por su
postura política, que no se utilice ninguna institución del Estado para
afectar a los ciudadanos de manera injusta. Que no se fabriquen delitos a
opositores, a adversarios como sucedía”, remarcó.
La titular de
la dependencia, en ese entonces, Olga Sánchez Cordero, indicó que se
trataba de procesos federales que no han tenido sentencia, defensa
adecuada o debido proceso, y que estas acciones comenzaron en diciembre
de 2018 con la liberación de 16 personas.
El 22 de abril de 2020,
se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Amnistía
Federal, que tenía entre sus objetivos beneficiar a personas en
condición de vulnerabilidad que hubiesen cometido un grupo determinado
de delitos.
Voces solidarias de Xóchitl
Xóchitl
Ramírez Velasco, mujer indígena Binnizá, zapoteca de 44 años, defensora
de los derechos humanos de las mujeres para una vida libre de
violencia, realizaba trabajo comunitario como parte de la organización
Atzin en Tlamacazapa, Guerrero.
Fue detenida el 3 de mayo del 2023
por la Fiscalía de Justicia del Estado de Morelos, al acusarla de un
supuesto secuestro sucedido en 2019.
David Alberto Ramírez, hermano de Xóchitl, participó en la marcha, y compartió su testimonio, dijo:
«A
mi hermana se le detuvo arbitrariamente en la vía pública en presencia
de una niña de 3 años, la detuvieron sin decirle el motivo, sin
presentar orden de aprehensión. La desaparecieron durante 8 horas y la
obligaron a firmar documentos en blanco».
«Fue hasta el día 4 de
mayo de 2023 en la audiencia inicial cuando se le notifica que fue
aprehendida por un delito de secuestro agravado, el día de los hechos,
mi hermana estaba en un poblado de la zona de la montaña en Guerrero que
se llama Tlamacazapa».
«Mi hermana tiene más de 20 años de
activismo, con la organización Atzin se dedica a dar capacitación en el
trabajo, la salud y en la educación».
«Ella apoyaba mucho a los
niños, en este poblado el agua está contaminada por las minas, por ello,
los niños nacen con discapacidades, entre ellos se encuentra su hijo,
mi sobrino que nació con discapacidad de sordera, no escucha
completamente».
David Alberto, señaló que su familia es originaria
de Oaxaca y que esta compuesta por 7 hermanos. Sin embargo, solo él
vivía cerca de su hermana, el día de la detención y, expresa: «hoy me
pongo a pensar que bueno que yo estaba ahí, porque quién sabe que
hubiera pasado con mi hermana, porque la tuvieron desaparecida».
Voces solidarias de Kenia
Kenia
Inés Hernández Montalván es una mujer abogada, indígena amuzga y
defensora de derechos humanos, defensora que ha insistido en la
necesidad de resolución por la libertad de presas y presos políticos,
derechos de los pueblos indígenas y la impartición de justicia para las
mujeres.
Fue aprehendida arbitrariamente el 18 de octubre de 2020,
acusada de robo con violencia armada, así como, ataques a las vías de
comunicación en pandilla, en perjuicio de Caminos y Puentes Federales,
CAPUFE. y Autovías Concesionaria Mexiquenses.
Durante la estancia
de la activista, en el penal de alta seguridad Cefereso 16 en el estado
de Morelos vivió bajo condiciones de hostigamiento judicial, siendo
víctima de violencia institucional y de género. Sin embargo, tras
múltiples presiones, consiguieron su traslado al Cereso “Sergio García
Ramírez” en Ecatepec en el estado de México.
Para Antonia Reyes, beneficiaria del activismo de Kenia Hernández, es imperativo que se libere a la activista, dijo:
«Kenia
Hernández es una presa política defensora de los derechos humanos, de
hecho, yo tengo un recuerdo muy firme y es que ella ayudó a salir a mi
hija del penal de Chiconautla siendo ella inocente».
«A mi hija la
acusaban de robo cuando quisieron violarla, tanto a ella como a mi otra
hija. Kenia es muy buena persona y pues ahorita le fabricaron muchas
carpetas de investigación. Yo pido libertad para Kenia, ella esta bien,
dentro de lo que cabe en prisión, sin embargo la ONU ya se pronunció por
su libertad y es Capufe quien no permite que salga de prisión»,
subrayó.
Otro de los amigos de Kenia, Sergio, platicó que ella se
encuentra en mejores condiciones, luego de su traslado al Cereso “Sergio
García Ramírez” en Ecatepec en el estado de México. Sin embargo, está
separada de sus hijos. Asimismo, compartió con Cimacnoticias un audio reciente del testimonio de Kenia en prisión, que dice:
El Estado tiene preso mi cuerpo, pero no mi conciencia…
Tres
años y medio: mil 278 días, y mi cuerpo se ha hecho más resistente, y
mi conciencia más fuerte… Quisieron doblegarme para que dejara de
luchar; aún desde la prisión he seguido luchando, y con resultados
evidentes.
Logramos que por primera vez en el federal femenil de
América Latina nos dejaran sembrar la tierra, y la madre Tierra nos
recompensó: comimos lo que sembramos, cosechamos de ella amor… Logramos
que nos dejaran vivir juntas a las indígenas, y juntas nos hicimos más
fuertes.
Ayudamos a nuestras hermanas a dar el primer paso para
desintoxicarse, para dejar las drogas, para dedicarse al trabajo, a eso
que nos reivindica como personas, a eso que es la base del progreso, a
eso en lo que creo: el trabajo y el estudio.
Y entonces Estado:
¿por qué me mantienes presa? ¿Qué mal he hecho a la sociedad? ¿Qué hace 4
y 5 años interrumpí el ingreso a tus arcas de millones de pesos?
Dime
para qué los ocupabas, si es que te atreves… para tus yates
millonarios, para tus noches de juergas de despilfarre multimillonario,
para tus aviones privados, para tu embriaguez, para tus vicios…porque
ahí está el informe del INAI: tan solo en el Estado de México, en las
casetas de peaje en tan solo un año se recaban 100mil millones de pesos,
y de esos, solo el 1% es para presupuesto, lo demás es para empresas
privadas. Así que: ¿tengo o no la razón?
Y yo te diré para qué los
ocupó el pueblo que iba conmigo: ese trabajador asalariado que ya no
pagaba los más de 100 pesos que tú le cobrabas gracias a que nosotras
estábamos ahí, los ocupaba para darle de comer a sus hijos, para
comprarle un libro a su hija, para pagar parte del alquiler de su casa,
para pagar la gasolina que está por las nubes y poder llegar al trabajo.
Y
los 5 o 10 pesos que nos cooperaban a nosotras, también te diré para
qué lo ocupábamos: para pagar las fianzas de los presos políticos, el
brazalete de la presa inocente, para calmar el hambre de la gente
extremadamente pobre de la Costa Chica y de la Montaña que iba conmigo,
para darle de comer a los hijos que quedaron huérfanos por un
feminicidio tuyo, México feminicida.
Y de paso, gracias a esas
manifestaciones en las casetas multimillonarias lográbamos, solo así,
que se sentaran los altos funcionarios para hacer caso a lo que les
pedíamos: presentación de nuestros desaparecidos, como nuestro camarada
Arnulfo Cerón Soriano, a quien el estado desapareció y asesinó porque
les estorbaba al organizar la lucha del pueblo de abajo por sus derechos
humanos.
México: me dueles. Tantas muertes, tanto crimen
organizado, tanta impunidad de los altos gobernantes, tanto delincuente
suelto y tanto inocente preso… tantas carpetas fabricadas, tantas niñas
abandonadas porque su madre está en prisión, tanto niño expuesto a que
lo copten las mafias, tanto periodista y defensor de derechos humanos
preso o asesinado.
¿Cómo no me vas a doler, México? ¿Y cómo
quedarme de brazos cruzados y de boca callada? Tantos árboles talados
por tus mega proyectos, tanta agua desperdiciada en los hoteles de lujo
mientras el pobre pasa 21 días sin agua para bañarse, y tiene que
comprar platos desechables porque no hay para lavarlos, y entonces
contamina más al planeta, y entonces todo es un círculo vicioso… ¿cómo
no dolerme? ¿Cómo quedarme sin hacer nada?
¿Que qué voy a hacer al
salir libre? Tomar a mis niños al hombro y de la mano, e ir por más
madres con sus hijas e hijos para que vayamos juntas a sembrar árboles,
para que vayamos juntas a trabajar la tierra, para que vayamos juntas a
hacer nuestras artesanías y nos las compren a precio justo, y entonces
vayamos con las presas y ayudarlas para que sus artesanías también se
vendan a precio justo, y ese dinero llegue a sus hijas y no tengan que
prostituirse para comer, y sus hijos no tengan que vender drogas para
vestir…
Y claro, luchar en los tribunales por la libertad de las
inocentes, luchar con los amparos para que los jueces se convenzan de
que es inocente la inocente… y a mi compañera que sí delinquió ayudarla a
reinsertarse a una sociedad justa, con lo que creo: con trabajo, con
estudio y con deporte. Eso, eso quiero hacer, eso voy a hacer.
¿Y
mientras? Mientras estudio, trabajo con mis hilos y mi chaquira, estudio
sentencias y reformas de leyes para ayudar mejor, hablo con mis hijos y
los educo por teléfono, trabajo duro para pagar sus pasajes de visitas
cada mes, también promuevo mejoras de condiciones de internamiento
preponderando el diálogo pacífico, aunque a veces me desespere por el
lento resultado… pero no me canso, no me rindo, no me vendo, ni
traiciono…
En pie de lucha…. Presa de conciencia, pero no presa mi conciencia…
