Escrito por Wendy Rayón Garay
-Ciudad
de México.- Este miércoles, concluyó el segundo y último día de la
audiencia que sostuvo el Estado mexicano ante la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW
por sus siglas en inglés), en la cual, una delegación de funcionarias
acudieron a Ginebra, Suiza para rendir cuentas rinde cuentas sobre el
avance y cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de
igualdad de género y de nueva cuenta, las mexicanas evadieron los
cuestionamientos, además, negaron problemáticas que violentan a las
mujeres, niñas y adolescentes en el país.
Esta negación
sistemática a lo largo de los dos días llevó a la determinación de no
concluir este examen hasta que el Estado mexicano entregue respuestas
por escrito las cuales fueron solicitadas por la CEDAW pero evadidas con
contundencia.
La segunda audiencia comenzó puntualmente a las 7
de la mañana hora de México) y 3 de la tarde, hora de Ginebra, con la
participación de la delegación mexicana quienes retomaron los temas
pendientes de la sesión anterior. A diferencia del día anterior, cuando
se destinó gran parte del tiempo a responder únicamente dos de los
cuestionamientos del Comité, esta vez las respuestas fueron más concisas
haciendo que la audiencia fuera más corta.
Durante la sesión, la
relatora para México del Comité CEDAW, Yamila González Ferrer, reconoció
la diversidad cultural y natural del país así como su importancia como
referente en América Latina y felicitó a México por la elección de una
mujer como presidenta por primera vez en su historia y destacó la
creación del Sistema Nacional de Cuidados.
Aunque
es importante recordar que fue la misma Citlalli Hernández, Secretaria
de las Mujeres quien informó el pasado 26 de noviembre del 2024 durante
el Encuentro Nacional: El Futuro de los cuidados en México,
organizado por extinto Instituto Nacional de las Mujeres, que este
sexenio México no tendrá un Sistema Nacional de Cuidados y con ello fue
la misma funcionaria quien despejó la incertidumbre por la promesa de
campaña que emitió la actual presidenta de México. En ese momento dijo:
«Difícilmente,
México gozará de éste en 2025, pues será un año crucial de trabajo,
diseño y estadística que permita poner las primeras piedras rumbo a
2026; configurar un Sistema Nacional de Cuidados requerirá de años de
planeación, políticos y recursos que, probablemente, no alcancen a estar
completamente cubiertos al cierre del sexenio.
Se cae promesa de Sheinbaum. En este sexenio no habrá Sistema Nacional de Cuidados
Hay
que recordar que México firmó la CEDAW el 17 de julio de 1980 y la
ratificó el 23 de marzo de 1981, por lo que está obligado a eliminar la
discriminacipon contra las mujeres en todas sus formas y adoptar medidas
legislativas, judiciales y administrativas para garantizar la igualdad
sustantiva.
En esta ocasión, México rindió cuentas ante su X
informe periódico en el que representantes del Estado mexicano viajaron a
Ginebra, Suiza, para sustentar el documento enviado en septiembre de
2024. México llegó con 209 recomendaciones de la CEDAW que ha
desobedecido desde 1998 y según compartió Azucena Enríquez, secretaria
académica de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM
(CUDH-UNAM) a Cimacnoticias, aproximadamente el 70% de las recomendaciones no han sido cumplidas de forma satisfactoria.
En
este contexto no cumplido, el Estado mexicano concluyó esta
comparecencia CEDAW 2025 donde las relatoras Ana Peláez Narváez, Patsilí
Toledo Vázquez, Jelena Pio Comella, Esther Eghobamen-Mshelia y Rangita
de Silva de Alwis cuestionaron la falta de cumplimiento de las
recomendaciones en lo que respecta a los artículos 8 al 16 de la
Convención -las cuales mencionan derechos en: migración, educación,
salud, trabajo, economía, condiciones jurídicas y discriminación en
contextos familiares y relaciones de pareja.
Pero en el turno para
responder de la delegación mexicana evadió los cuestionamientos, por
ejemplo, Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres,
destinó tiempo de las respuestas a enfatizar las acciones implementadas
desde la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de México y
de la narrativa oficialista de «es tiempo de mujeres», pero no dio
cifras de avances en migración, educación, salud, trabajo, economía,
condiciones jurídicas y discriminación en contextos familiares y
relaciones de pareja.
Hernández a lo largo de estos dos días
estuvo acompañada también de la senadora Martha Lucía Mícher; Jennifer
Feller, directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones
Exteriores; Sayuri Herrera, directora de Acceso a la Justicia para las
Mujeres de la Semujeres; Mónica Soto presidenta del Tribunal del Poder
Judicial de la Federación (TPJF); Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria
para una Vida Libre de Violencias de la Semujeres y la Janet del Rosario
Cruz, representante del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.
Así
transcurrieron las horas y los cuestionamiento pero la constante de la
delegación mexicana fue la evasión y evitar la presentación de datos
concretos sobre la disminución y de la violencia contra las mujeres que
permitieran evaluar si, efectivamente, existe una disminución.
Esta
omisión generó un vacío informativo en el diálogo ante la CEDAW al no
dar impacto real de las políticas públicas implementadas en este
sexenio. La falta de evidencia concreta debilitó la evaluación del
Estado mexicano.
Este escenario ya había sido advertido por
varias organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio
Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF), en la presentación del
informe sombra «Informe al Comité CEDAW ante la Décima Evaluación al
Estado mexicano», el pasado 17 de junio, en el que documentaron
retrocesos, omisiones graves y falta de voluntad política en la
protección de los derechos de las mujeres, evento donde también se
reiteró que la narrativa oficial del Estado mexicano no corresponde con
la realidad que enfrentan las mujeres en México, sobre todo aquellas en
situación de mayor vulnerabilidad.
Temas claves evadidos
Durante
la audiencia ante la CEDAW, las discrepancias señaladas se hicieron
evidentes. Temas como la violencia feminicida, la criminalización de las
mujeres que abortan, la militarización de la seguridad pública, la
falta de justicia en casos de desapariciones, la funcionalidad de los
órganos autónomos, fueron negados principalmente por Citlali Hernández.
Por ejemplo, la titular de la Semujeres declaró que la militarización de la seguridad
en el país no existe, pues argumentó que la Guardia Nacional es una
nueva figura policial nacional, que ha sido acompañada por la DEFENSA,
por lo que no implica una «militarización». Reconoció las violaciones a
derechos humanos cometidas por fuerzas armadas, pero atribuyó que este
problema había ocurrido en el pasado, sin tomar en cuenta las 219
denuncias por violación de derechos humanos ante la CNDH interpuestas
contra la Guardia Nacional desde el 2020 y las 4 mil quejas del mismo
tipo en contra de las fuerzas armadas en general.
Actualmente
existen diversas investigaciones que evidencian cómo los contextos de
militarización incrementan la violencia estructural que viven las
mujeres, volviendo sus cuerpos territorio de guerra y control. La
Investigación “Permiso para matar” publicada en 2024, señala que fue
posible identificar 222 mujeres que fueron víctimas de asesinatos y
desapariciones en México, desde el año 2006 y hasta 2022, a manos de
policías estatales, agentes federales, soldados y marinos, es decir,
integrantes de las corporaciones que ejercen sus funciones con amplia
discrecionalidad.
Por otro lado, la Secretaria de las Mujeres afirmó los efectos positivos de la elección judicial asegurando
que la reestructuración del personal del Poder Judicial podría ayudar a
mejorar el acceso efectivo a la justicia sin informar los señalamientos
y problemáticas que se tuvieron durante el proceso como la falta de
capacitación especializada para juzgar con perspectiva de género o la
cantidad de personas acusadas por violencia de género que se le
filtraron al INE para ser electos el pasado 2 de junio.
Es importante traer a cuenta a Fatima Gamboa, abogada y directora de Equis Justicia, quien señaló previamente para Cimacnoticias
que la celebración de una elección popular para elegir al Poder
Judicial no cuenta características que neutralicen la ineficiencia de la
impunidad o mejore la atención judicial para las mujeres desde sus
cimientos, pero sí se atañe un valor preocupante, que es el de permitir
un proceso electoral donde se ondeen banderas políticas.
Otro tema evadido fue la manera en que la Secretaría de las Mujeres, operará los programas que
ya manejaba el extinto Instituto de las Mujeres (Inmujeres) en conjunto
con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra
las Mujeres (CONAVIM) y que desaparecieron junto con éste como las
Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
También es necesario señalar que la Conavim,
surgió como dependencia federal en 2009, durante el mandato de Felipe
Calderón Hinojosa, en respuesta a las Convenciones sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus
siglas en inglés) y de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención Belem do
Pará), así como a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.
Al respecto, un informe sombra reveló que la
institución, refiriéndose a la Secretaría de las Mujeres, no ha sido
capaz de asumir la función de las AVGM ante la falta de estructura
administrativa y personal, por lo que la nueva reestructura se ha
traducido a un retroceso que ha debilitado la protección estatal de las
mujeres.
Pero Citlalli Hernández solo se limitó a reiterar que la
institución es nueva y, por lo tanto, aún falta un largo camino para
adaptarse y lograr cubrir todas las áreas de las que se encarga, sin
hacer mención del despido masivo a las antiguas trabajadoras que
operaban antes de la creación de la Secretaría de las Mujeres.
También, negó que en el país existieran mujeres encarceladas por el delito de aborto cuando datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) publicados en su informe «Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México»
muestran que de enero de 2012 a diciembre de 2022 hubo 12 mujeres en
prisión preventiva por el delito de aborto, en 412 ocasiones se ejerció
la acción penal por abortar (145 fueron mujeres) y se emitieron 142
sentencias (32 dirigidas a mujeres). Dichos datos fueron obtenidos a
través de solicitudes de información a las 32 entidades de la república
mexicana.
La
Secretaria de las Mujeres añadió la efectividad de la Ley de Amnistía
implementada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la cual
otorga «perdón» a cualquier persona sentenciada por el delito de aborto;
sin embargo, el informe del OCNF se señala que solo en 1 caso una mujer
ha podido salir en libertad de las 10 solicitudes que han demandado
esta ley.
También afirmó su confianza en las medidas implementadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para combatir la crisis de desapariciones
como consolidar la Clave Única de Registro de Personas (CURP), como
única fuente de identidad y crear una base nacional de identificación
humana, sin mencionar que estas propuestas ya existen en el país de
forma previa a la llegada del partido oficial Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA), mismo en el que milita Hernández, es decir, no hay
políticas nuevas para enfrentar la crisis de desaparecidas.
En
este tema el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ya lo
advertía, la iniciativa presentada por la presidenta de México, no
aborda la búsqueda inmediata y de campo, o las células de búsqueda
municipales. Tampoco reforma a las fiscalías, al Sistema Nacional de
Atención a Víctimas o ayuda a las Comisiones de Búsqueda, no fortalece
los mecanismos extraordinarios de identificación forense, del Centro
Nacional de Identificación Humana o los centros regionales de
identificación humana. No se destinan más recursos económicos del
presupuesto o la participación de familias en la creación de políticas
de búsqueda y en la misma reforma que está en procedimiento legislativo.
