Llega una llamada. Un mensaje que se escucha justo antes de que la realidad se convierta en una nebulosa. Mauricio ya no está. Son unas cuantas palabras pronunciadas del otro lado de la línea. Dos, tres palabras y se impone el silencio. Nunca más nos va a narrar sus aventuras de infancia en una casa llena de hermanos. Su amor por su hermanitapreferida a la que siempre protegió. Nunca más se va a echar su cámara al hombro. Nunca más va a hablar –con su voz vibrante– del cine de Truffaut o de Visconti. Nunca más
va a escribir un guion, ni a dirigir una obra de teatro. Ni a cocinar
esas pastas deliciosas, ni a levantar su copa de vino tinto para
brindar. Era un francófilo desatado, brindamos por París tantas veces.
“¿Qué es lo que más recuerdas? ¿Qué es lo que más extrañas?” Nunca más dirá ese diminutivo que inventó para su esposa. Esa manera en que la llamaba sólo él. “Yoryia”.
Qué tremendas pueden ser las palabras. Flotan irreales. Su imagen ocupa la casa.
Lo miro alejarse, así como caminaba: bamboleándose un poco como para
mantener el equilibrio. “Se equilibra entre el sueño y la realidad”, le
dije alguna vez a Yoryia. “Es que tiene su cabecita en las nubes”, me
dijo ella. Sí, como suele suceder con los artistas. Sabíamos que estaba
enfermo. Pero la esperanza es como una hiedra que se aferra. Se aferra y
florece contra toda racionalidad. Él también estaba lleno de
esperanzas. Hace dieciséis años venció al cáncer.
Emergió del túnel oscuro de los tratamientos, las idas y venidas de
emergencia al hospital. El miedo. El dolor físico. El dolor moral.
Entonces me dijo: “Yoryia me salvó la vida”. Derrotó el cáncer y escribió un libro. ¿Por qué no podía lograrlo una vez más? En aquella primera traición del cuerpo encontró –junto a sus hermanos– una forma de espiritualidad que lo llenaba de fuerza.
En
los últimos años regresó con Yoryia, vivían como si nunca hubieran
estado separados. Quizá de alguna manera, más allá de las geografías,
nunca estuvieron separados. Fue tan particular esa vida juntos y esa
vida separados y de nuevo juntos, que, en realidad, fue un
acompañamiento que duró 25 años. Regresó a vivir a los trópicos. Con
ella. Amaba Tabasco y su montón de verde y su montón de
agua. Esos últimos días que pasamos juntos, iban todas las tardes al
Tour de cine francés. Cineasta y cinéfilo. Los visitaba en su casa.
Nos reuníamos en una terraza para conversar. Él tomaba café, Yoryia
agua y yo una margarita. Conversamos mucho del pasado. Mi padre se
estaba muriendo, Mauricio nos acompañaba. Fueron tardes
larguísimas y memoriosas. Me quedo con la sensación de tanto que había
aun por conversar. Es inevitable. Ese dolor. El de todo lo no dicho. Lo
que ya no supimos. Lo que no nos dijo.
No alcanzaron a tener su casita en la playa de Miramar. Ni a regresar a la ciudad en donde se conocieron. Ni a visitar de nuevo Campeche, en donde se juraron que ésta segunda vez, sí se quedaban pegaditos, para siempre. La última imagen que Mauricio envió a sus amigos por WhatsApp:
plantitas silvestres y más allá, el sol que surge detrás de las
montañas. Un día que comienza. Miro la foto de su boda en un jardín
frente a la Laguna de las Ilusiones. En Tabasco. Están tan felices. Ese amor de Yoryia por Mauricio. Ese amor
que la sostuvo cada día desde que lo conoció. Esa manera en la que
pronunciaba su nombre: “Mauricito”. En aquellos años de su separación,
alguna vez le dije a ella que parecía un personaje del siglo XIX
suspirando por su amado. “Es mi mejor amigo. Vamos a volver a estar
juntos. Nunca ninguno de los dos va a encontrar un amigo más íntimo, más
amado. Es que no pasa dos veces en la vida, ¿me entiendes?” Y estaba en
lo cierto.
Me dijo por teléfono: “cuida a Yoryia. Cuídala mucho”.
“La vas a cuidar tú”. Y ahora amaneció ese segundo día en el que ya no
está. Cierro los ojos y paseamos a la orilla de la laguna de las
ilusiones, felices con nuestras paletas de coco. Cierro los ojos y Mauricio
llega a la escuela primaria de mi hijo mayor, con su documental del Día
de los Muertos para exhibirlo ante los niños. Llegaron cargados de
bolsas con juguetes y dulces mexicanos. Fue –para la escuela– “La gran
fiesta mexicana”. Las/los niñas/os a la salida – on sus estrellitas
doradas en la frente– corrían a mostrarle sus juguetes a sus mamás y a
sus papás. “Le Méxique, le Méxique”. Y narraban la película de las
calaveras y las flores y la música y las/los niñas/os mexicanas/os. Mauricio los miraba tan conmovido. “Este es el regalo de hacer cine”, me dijo. “Estas caritas emocionadas, este sentir que hay un mensaje y les llegó”. Cuántas películas quedaban por hacer. Cuánto futuro por vivir. Cuánto futuro.
Hasta volvernos a ver, Mauricio. Tú estabas seguro de que ese día existe. Acá no caben los olvidos.
Se intervendrán teléfonos de presuntos responsables de divulgar retratos de Ingrid
Ante la conmoción, indignación y enojo que generó
la publicación de imágenes del cuerpo de Ingrid Escamilla, víctima de
feminicidio, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
entregó al Congreso capitalino una iniciativa de reforma al Código Penal
que sanciona hasta con 16 años de cárcel a funcionarios de
corporaciones policiacas que graben o fotografíen y transmitan o
comercialicen imágenes de un crimen que contengan cuerpos de mujeres,
niñas o adolescentes.
La fiscal Ernestina Godoy Ramos, al entregar la iniciativa a la
presidenta de la mesa directiva del legislativo local, Isabela Rosales
Herrera, de Morena, hizo además un atento llamado a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad y no hacer negocio con el dolor de las víctimas.
En tanto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) instó en un pronunciamiento a aplicar una sanción inmediata
a los responsables de difundir las imágenes y pidió la colaboración de
la policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la
investigación.
Objeto de consumo
La vida de las mujeres no puede ser un botín ni la extrema violencia hacia ellas un objeto de consumo,
señaló el organismo que preside Nashieli Ramírez, y agregó que frente
al documentado y reiterado patrón de filtración de imágenes y la falta
de interés en desmontar los incentivos que generan el consumo de la
violencia feminicida, la CDHCM reconoce la indignación generalizada y
advierte sobre el peligro que representa para las mujeres la tolerancia
institucional y social a tales actos de violencia.
Godoy, en entrevista luego de entregar la iniciativa al Congreso,
señaló que los probables responsables (seis policías, seis peritos e
integrantes del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas) continúan
declarando y se solicitó a un juez de control intervenir sus teléfonos
de manera legal.
En cuanto a la iniciativa –primera con que la fiscalía capitalina
ejerce su facultad de organismo constitucional autónomo para proponer
reformas al Congreso local– añade el artículo 293 quater al apartado de delitos contra el adecuado desarrollo de la justicia cometidos por servidores públicos.
El artículo señala que al que indebidamente difunda, entregue,
revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe,
audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte,
intercambie o compare imágenes, audios o videos o documentos del lugar
de los hechos, o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos,
instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos
relacionados con un hecho que la ley señala como delito se le impondrá
prisión de dos a ocho años y multa de 500 a mil unidades de medida y
actualización, esto es, de 43 mil 440 a 86 mil 880 pesos.
La pena se incrementará hasta en una tercera parte cuando contenga
imágenes de cadáveres, hasta una mitad cuando los cuerpos sean de
mujeres, niñas o adolescentes y cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de alguna institución policía se incrementarán hasta en otra mitad.
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Colectivos feministas marcharon ayer en varios puntos de la Ciudad de
México y protestaron frente a algunos medios de comunicación, en repudio
a la publicación de imágenes del asesinato de Ingrid Escamilla,
perpetrado por su pareja el domingo pasado, y en exigencia de que las
autoridades atiendan el problema. La fiscalía capitalina entregó al
Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal que sancionará
hasta con 16 años de cárcel a los servidores públicos que filtren
imágenes de escenas de crímenes de mujeres, niñas o adolescentes.
Durante las protestas, agentes accionaron extintores por lanzamiento de
gases (imagen).
Las mujeres de la
Ciudad de México realizaron ayer una jornada de protesta para exigir que
se ponga fin a la violencia de género. Con actos que iniciaron desde la
mañana y se extendieron por el centro capitalino bajo un chubasco por
la tarde, miles de mujeres hicieron patente su rabia ante todas las
formas de agresión y discriminación que padecen en sus vidas cotidianas,
en particular por el alarmante crecimiento del más extremo de estos
ataques: el feminicidio, así como por el manejo amarillista de ese
flagelo por algunos medios de comunicación.
Se trata de un reclamo plenamente fundado. Desde hace varias semanas,
en este espacio se ha reiterado que existe un deterioro inocultable en
la situación de inseguridad que enfrentan las mujeres de todo el país:
con 976 episodios, 2019 ha sido el año con más feminicidios desde que se
inició el registro de estos crímenes en 2015, cuando se tomó nota de
411. El incremento de 137 por ciento en apenas cuatro años maquilla
realidades incluso más atroces, como la de Ciudad Juárez, Chihuahua,
donde los feminicidios se quintuplicaron de 2017 a 2018.
Las cifras son apenas un elemento del contexto en el que se ha
gestado la rabia mostrada por las mujeres ayer y en anteriores
expresiones de protesta. Entre muchos otros factores que contribuyen a
la exasperación de los colectivos feministas y sus simpatizantes, deben
señalarse la indolencia de las autoridades de todos los ámbitos y todos
los niveles ante los casos de violencia suscitados en la esfera de sus
competencias, y la consecuente impunidad con que se salda la mayoría de
los actos de agresión machista, así como la insensibilidad y la falta de
empatía con que amplios sectores de la sociedad responden ante las
denuncias, una de cuyas manifestaciones más graves es la deficiente
cobertura por los medios de comunicación que hacen de la violencia un
espectáculo.
Ante tal escenario, se han cuestionado los métodos de lucha
desplegados durante las protestas. Hay quienes los consideran
inadecuados, cuando no abiertamente repudiables, porque generan
animadversión a una causa justa y alejan a posibles participantes. Tales
desacuerdos de ninguna forma deben poner en duda la exigencia de
justicia y la urgencia de sus reclamos.
Por último, es claro que dichos métodos son un enorme ¡ya basta!
ante una realidad intolerable, y que la mejor manera de poner fin a
formas de protesta consideradas poco deseables consiste en acabar con
las agresiones que obligan a las mujeres a hacerse escuchar.
En una columna publicada en NYTimes
titulada “mi gestante americana”, Lesly Tai cuenta cómo conoció a
“Qiqi”, en 2015, cuando negociaron el precio de sus óvulos (su valor se
disparó cuando le dijo que había asistido a Stanford). En ese momento,
Qiqi, que es China, era una emprendedora de “hoteles de maternidad” en California, dentro del negocio reproductivo clandestino. “Hoteles” preparados para albergar a mujeres extranjeras embarazadas, “turistas biológicas” las llaman, con el fin de dar a luz en EEUU y beneficiarse de la ciudadanía estadounidense.
El negocio clandestino de “hoteles de maternidad” para “turistas biológicas”
se le quedaba corto a Qiqi, y decidió entrar de lleno en la industria
fructífera de los vientres de alquiler como intermediaria, el negocio es
el negocio, también para clientes chinos que buscan no solo tener
bebés, sino alquilar a gestantes estadounidenses, o sudamericanas, “más fuertes, grandes y adecuadas que las orientales, para dar a luz”.
Resida en Nueva York, en California…
durante 90 días y disfrute de nuestras vistas y deleites, ya le
buscamos nosotros una mujer vulnerable que ponga en peligro su salud,
fertilidad, incluso su vida, para darle un precioso hijo que cumpla con
todos los controles de calidad, listo para retirarlo de su madre
inmediatamente después del nacimiento. O: “Importe su propia ‘gestante’
desde cualquier lugar del mundo, y nosotros le brindaremos el mejor
servicio en nuestros hoteles, clínicas y hospitales de fertilidad de
primera clase, para que pueda llevarse a su hijo soñado a casa”.
Un viaje de ensueño
Si
es una persona ocupada nosotros podemos ocuparnos de todo. ¿Cuántos
viajes debo hacer al país de destino en la gestación subrogada? Sólo es
imprescindible realizar un viaje:
para recoger a vuestro hijo o hija de primera calidad. Nosotros nos
encargamos de todo lo demás. El material genético puede transportarse
congelado a cualquier lugar del mundo.
– Pero nosotros no podemos a aportar material genético.
– Entonces no se preocupen, disponemos de catálogos de donantes y de “gestantes” que colmarán todas sus necesidades.
Estos “hoteles de maternidad” se
encuentran en numerosos países donde se trasladan a mujeres embarazadas
en su último trimestre con el fin de beneficiar a los compradores a
través de un probable fraude de ley. Claro que a diferencia de las
fábricas o granjas de bebés de países pobres, estas son factorías
modernas, de lujo, incluso son piscina.
El mercado de la maternidad subrogada en Ucrania es dos tercios ilegal según Sergey Antonov. Las autoridades ucranianas descubrieron más de 1.000 casos irregulares de vientres de alquiler en la Unión Europea. Es un ‘salvaje este’ cercano, de los vientres de alquiler, inmerso en un conflicto armado, al que acuden familias a hacer turismo reproductivo low cost, a un precio muy competitivo.
No
tendría nada de particular practicar el llamado “turismo de alto
riesgo” salvo por la particularidad de que en este caso, los “turistas”
no se juegan la vida, sino que son las mujeres ucranianas, muchas de
ellas viudas y con hijos, o con maridos en se encuentran luchando en la
frontera, las que ponen en riesgo su vida por sobrevivir, por llevar
algo para sus casas, para mantener a sus otros hijos, las que malviven
en un país débil, con graves problemas de corrupción, pobreza y al borde
de bancarrota.
Podría parecer que
dramatizamos, pero la realidad va mucho más allá de la ficción. A los
dos meses de firmar con la agencia española, unos clientes españoles
hicieron su primer viaje. Por aquellas fechas, las noticias que llegaban
a través de los medios era que Rusia seguía avanzando por el país y que
se había anexionado Crimea.
Manifestantes queman hogueras y se enfrentan a policías antidisturbios. Parlamento en Kiev (Ucrania), 16 enero 2018. EFE/ Stepan Franko
Pasaron miedo y preocupación como relatan personalmente en la web de Malas Madres: “la
gente por la calle se les veía con tristeza, pues sus hijos, hermanos,
amigos o simplemente conocidos estaban unos kilómetros más al este en
pleno conflicto bélico y muriendo por su país.“
Ellos se habían gastado los ahorros de
su vida y todo lo demás pasaba a segundo plano. Cuando volvieron a
España, reconocieron que las sensaciones era raras porque “habíamos dejado un país en guerra para llegar a la comodidad del nuestro“.*
La pobreza y la demanda
de países como China, alimentan el negocio de vientres de alquiler
ilegal de Camboya, y otros países colindantes, y el llamado crossborder,
es decir, mujeres trasladadas de un país a otro. Y el asunto no solo se
limita al tráfico de mujeres y bebés, sino también al tráfico de embriones. Una cultura de la muerte disfrazada como una práctica que da vida.
En la zona asiática, las madres
gestantes se han convertido en un negocio transfronterizo a consecuencia
de los cambios de legislación de algunos países. Las medidas
drásticas contra los vientres de alquiler en Camboya, Tailandia, Nepal e
India han llevado a la aparición de operaciones complejas que ponen a
las mujeres pobres y a sus criaturas, en un gran riesgo. La
falta de regulación internacional que prohiba esta práctica, implica el
fraude de ley, la explotación y la trata transnacional. Además, ser reclutador es muy tentador, pueden llegar a ganar una comisión por “mujer captada y bebé nacido y entregado”de cinco veces el salario anual de un trabajador de la confección, suficiente incluso para construirse una nueva casa. De la propia investigación
de la antropóloga Sheela Saravanan, se saca como conclusión que el 49%
de que las mujeres son convencidas para ser madres de alquiler a través
del trabajo de campo de agentes intermediarios, de clínicas, médicos y
enfermeras y el 42%, obligadas por sus maridos.
El asunto de los embriones daría para otra columna. En Estados Unidos, cientos de embriones congelados en los tanques de almacenamiento son abandonados enun limbo por sus propietarios. Las clínicas de fertilidad se enfrentan al dilema (creciente) de quién
debería asumir su propiedad y qué hacer con ellos. Todo ello mientras
se estimula la donación de gametos para los vientres de alquiler.
Las razones por las cuales los pacientes eligen abandonar sus embriones
congelados varían, pero una de las principales es la económica, las
tarifas de almacenamiento generalmente oscilan entre 500 y 1.000$ al
año, y puede ser más caro dependiendo de la clínica.
Un dilema que está causando preocupación
entre los bioeticistas, abogados, grupos religiosos y la comunidad
médica. El dilema polaco es distinto, el gobierno ha dado orden deretiener indefinidamente los embriones de mujeres lesbianas hasta que no encuentren “un hombre” que se haga cargo.
El fraude de ley
Europa
tiene mucho que ver en este negocio, con la compra y venta de niños,
del que se alimentan clientes de todos los países, incluido España, por
lo atractivo de sus precios y la facilidad para sortear la ley. En Grecia, un país que tiene legalizada esta práctica, fue desmantelada una red de tráfico de óvulos, adopción ilegal y blanqueo de vientres de alquiler que actuaba desde 2016. La banda criminal traficaba con gametos, mujeres y bebés. El origen de las mujeres traficadas: Rumanía, Georgia y Rusia. El coste era muy atractivo, recién nacidos por 25.000 y 28.000€.
En Bulgaria (y Grecia), ya en 2011 se denunciaba la corrupción que hacía crecer el tráfico de bebés. En julio de 2009, una abogada presentó una demanda
ante la justicia y solicitó tener acceso a los documentos de las
instituciones públicas. Un bebé costaba entonces entre 15.000 a 25.000€.
La madre, cobraba 3.000€, viajaba a Alemania a dar a luz en un hospital, donde el comprador reclamaba la paternidad de la criatura y ella renunciaba a sus derechos sobre el bebé. Irrevocable, bajo amenaza de agresiones. Ya entonces explicaban que recuperar a niños vendidos era muy complicado porque son adoptados legalmente. Es innegable la contribución de los países en desarrollo en fomentar esta nueva forma de trata.
Ejemplos existen tantos como necesidades: Contratar a una “gestante” ucraniana
para todos los modelos de la familia” que desean comprar un hijo, si su
país lo prohibe. Realizar la fecundación con donación de óvulos y la
transferencia en una clínica de Chipre (lado griego), la mujer contratada volvería a Ucrania para llevar el embarazo hasta el mes siete. Después viajaría a la República Checa para quedarse hasta el parto y dar a luz. Si la pareja es heterosexual, entonces el nacimiento se puede realizar en Ucrania, con una reducción de 4.000 dólares.
O bien otra alternativa a menor coste sería realizar la fecundación de una “gestante” ucraniana con donante de óvulos y transferencia en una clínica de Chipre del Norte (lado turco), que luego volvería a Ucrania para el embarazo hasta el mes siete y dar a luz, pero si es pareja gay, la embarazada puede entonces “viajar a República Checa, a Praga, para quedarse allí hasta el parto, ya que en Ucrania tienen vetado el mercado las parejas homosexuales.
Kenia por ejemplo, que carece de legislación que permita o prohiba los vientres de alquiler, se ha convertido en otro
punto de acceso low cost para occidentales, además de la explotación y
trata de mujeres para vientres de alquiler, la desigualdad y el estigma,
permiten prácticas como el
“nyumba mboke”, una costumbre que autoriza uniones concertadas de “madre
de intención” con “madre sustituta”, a pesar de que el matrimonio
homosexual está criminalizado. Mujeres infértiles abandonadas por sus maridos, viudas, que para tener hijos a toda costa, y cumplir con las expectativas sociales, esclavizan a otras mujeres más jóvenes y fértiles.
A veces es el mismo padre es el que obliga a casar a su hija
adolescente con una mujer que necesita hijos. El matrimonio concertado
entre mujeres es culturalmente aceptado para evitar la deshonra de la
comunidad. El turismo reproductivo y el sur global Fraude
de ley aprovechando la diferencia de criterios éticos y legales, en
países que lo prohiben, lo ignoran o lo permiten en según qué
condiciones.
El caso canadiense demuestra claras contradicciones entre la
legislación y la política que se promulga para prohibir la llamada
gestación subrogada comercial dentro del país, ya que sanciona implícitamente la maternidad subrogada comercial, mientras que por otro lado concede la provisión directa de ciudadanía a los niños nacidos de tales arreglos en el extranjero. Las bases éticas de la prohibición de Canadá radican en “la
explotación reproductiva de las madres y las criaturas que impiden la
igualdad de género”, toda vez que se violan esas mismas bases,
al aceptar a los niños nacidos por vientre de alquiler transnacional,
como ciudadanos.
Y nosotras nos preguntamos, ¿”La igualdad de género” no afecta a las madres y las criaturas del sur global? ¿Sólo a las canadienses?. Por
lo tanto, los “discursos éticos” son de aplicación solo a las
ciudadanas canadienses dentro de la geografía canadiense. Lo que en sí
mismo es una contradicción y una hipocresía como se analiza en este documento de Science & Medicine Transnational surrogacy: Canada’s contradictions“.
Mientras, los lobbys, presionan a las
altas instituciones, a La Haya, al Tribunal de Derechos Humanos, a la
ONU, a los gobiernos, con el fin de que se regule una industria que en
cualquiera de sus versiones, es una terrible forma de trata y
mercantilización humana.
En 2020, la comunidad mundial celebrará
el vigésimo quinto aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer y la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
(1995). Y el sexagésimo cuarto período de sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer en la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York del 9 al 20 de marzo de 2020. #CSW64 / Beijing+25. Es imprescindible alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de cara a la Agenda 2030, y trabajar en los mecanismos para alcanzar una igualdad real y para el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, en el mundo. Consideramos imprescindible
que se aborde urgentemente y se trabaje en convenciones internacionales
para que la llamada maternidad subrogada se analice desde una
perspectiva global y sea abolida. Se creen políticas de
reconciliación social y económica y se luche para que las mujeres no
sean consideradas mercancías, por falta de recursos.
No puede existir ninguna sociedad
realmente democrática mientras se siga permitiendo cualquier forma de
explotación de nuestros cuerpos. Tenemos desde España una oportunidad
magnífica de liderar el camino hacia una sociedad más justa e
igualitaria, en especial en la lucha contra toda forma de explotación de
las mujeres. Sería una apuesta importante que nuestro
Presidente Pedro Sánchez se comprometiera a organizar en Nueva York, una
acción paralela contra la práctica de los vientres de alquiler en el
CSW64. Una petición que se hace desde el colectivo de asociaciones
nacionales e internacionales que aglutina la Coalición Internacional por la Abolición de la Gestatión por Sustitución.
“En nombre de
la igualdad y de la dignidad de todos los seres humanos, hacemos un
llamamiento a actuar con firmeza para abolir esta práctica a nivel
internacional, promoviendo para ello la convocatoria y la puesta en
marcha de una convención internacional para la abolición de la gestación
por sustitución.” CIAMS
Decía Cortázar que la humanidad
empezaría verdaderamente a merecer su nombre el día en que hubiera
cesado la explotación del ser humano, por el ser humano.
Teresa Domínguez “No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas”
El feminicidio
indignante de Ingrid Escamilla, se multiplicó ante una falta de reflexión y de
ética en el actuar de medios de comunicación, y la corrupción de las
autoridades.
Por ello hay que
detenernos, volver a llamar a la reflexión, para romper la normalización que
hemos hecho de esto desde hace años, y que hoy tiene una fisura hecha por las
ciudadanas quienes exigen un trato digno y respetuoso para las víctimas.
Me pregunto qué
pasaría si cualquiera de quienes leen estas líneas abriera un periódico,
consultara en línea su versión digital o visitara alguna red social y se
encontrara con la noticia que su hermana, prima, tía, sobrina o hija, es decir,
que una mujer de su familia, cercana a ella, querida por ella, fue asesinada.
Imaginemos el
impacto, si además, encuentra imágenes del cuerpo postmortem, lastimado
profundamente, si sobre éste se generan memes y supuestos chistes sobre ella y
la forma en que la mataron, si se le cuestiona por lo que hizo o por lo que no
hizo, por su vestimenta, su edad, su físico, sus formas de divertirse, los
horarios y un largo etcétera. ¿Qué dolor les quedaría? ¿qué sensación quedaría
para ustedes y su familia, sus amigos, su entorno?
Periodísticamente
hablando, cuando se coloca como noticia el parte policial del crimen, la imagen
del feminicidio tomada por una autoridad corrupta, los prejuicios sexistas ¿dónde
queda la investigación, la profundidad, el interés público, la responsabilidad
social, la ética periodística?
Como dice
Kapuscinski, cuando en periodismo se transmiten los prejuicios se aleja de la
realidad.
Y puede parecer
que es intrascendente pensar, problematizar sobre esto porque finalmente lo
hemos visto, lo hemos vivido durante cientos de años a tal grado que parece
normal, aunque nada de esto lo sea.
Se ha enseñado en
el periodismo tradicional que la violencia contra las mujeres se aborda como “un
parte de guerra”, donde las víctimas son las mujeres y los vencedores los
agresores.
Como dice Svetlana
Alexiévich,
periodista bielorusa, en su maravilloso libro la “Guerra no tiene rostro de
Mujer”, se narra a partir del poder desplegado, traducido en número de bajas,
en el tipo de armas usadas, en la dimensión del daño ocasionado.
Narrarlo así
deshumaniza la tragedia, tal cual se hace en el abordaje del feminicidio. El
trato al feminicidio de Ingrid Escamilla deshumanizó a la víctima y se
concentró en la dimensión del daño ocasionado, en el tipo de arma usada. Como
un parte de guerra que oculta el horror, que insensibiliza al resto de la
población, que normaliza los daños, que justifica la violencia y al violento. Y
con el detalle de la narración escabrosa, se construye pedagogía de la crueldad
hacia las mujeres.
La vida de las
mujeres debe ser tratada desde la paz de los Derechos Humanos. Es necesario que
los medios dejen de dar partes de guerra y que construyan un periodismo de paz,
que respeten la dignidad de las mujeres, que hablen desde la humanidad y sus
derechos.
Que se exija el rigor periodístico que ponga luz en los mecanismos
sociales, políticos, económicos y culturales, que reproducen y alimentan
el odio hacia las mujeres. Que detenga el regodeo de las mujeres
víctimas y la disculpa a los agresores. Que interpele al poder masculino
y la inoperancia del Estado.
Este mundo tiene
demasiado dolor y horror para que desde el periodismo se siga alimentando.
El periodismo de
paz para las mujeres implica garantizar
los controles necesarios para que dentro de la cadena de la producción
informativa, desde quien reportea, quien decide qué se cubre y cómo, hasta
donde se toman las decisiones de la jerarquía informativa, compartan el mismo
principio: el respeto de la dignidad de las mujeres.
Por justicia social y porque la sociedad está cambiando, si
los medios quieren superar su crisis, necesitan transformar su mundo.
En lugar de conocer posibles soluciones a problemáticas sociales con el reciente cambio de autoridades en el Ejecutivo y Legislativo en Guatemala, se informa de iniciativas encaminadas a limitar el respeto a derechos fundamentales como son los Estados de Prevención decretados en las últimas semanas, supuestamente como medida para combatir a la delincuencia.
Otra medida es incentivar el uso de armas mediante la ampliación del concepto de legítima defensa, con ello se puede violentar derechos como la presunción de inocencia y la inviolabilidad de vivienda. Una más es la modificación de un ordenamiento legal para tipificar de terroristas a pandilleros, lo que puede favorecer el hacinamiento en los centros de detención y criminalizar movimientos sociales bajo el supuesto que sus acciones transgreden la paz social.
Estas iniciativas gubernamentales podrían tener un contrapeso en el Congreso de la República, pero las bancadas mayoritarias se distinguen por sus planteamientos derechistas, por avalar medidas autoritarias y algunos de sus representantes ya manifestaron su apoyo a tales propuestas. El otro contrapeso sería la movilización ciudadana, pero se encuentra en pausa si se trata de reaccionar a las posturas de Alejandro Giammattei, quien asumió la presidencia el pasado 14 de enero.
Entonces, a partir de estos espacios es posible opinar sobre las repercusiones que puede tener la tipificación de terroristas a quienes provoquen “desorden social”, ya que ese término puede ser interpretado con diferentes enfoques y -por tanto- hacerlo manipulable, como igual lo son los supuestos de “transgredir la paz social o el orden público” como dice la Iniciativa de Ley 5692, presentada por el jefe del Ejecutivo.
En Guatemala, es especialmente peligroso incluir en un ordenamiento jurídico que la pertenencia a un grupo territorial es un crimen, ya que existen representantes empresariales, políticos y funcionarios públicos que sobresalen por sus posturas racistas o patriarcales y con frecuencia califican las protestas sociales como “desorden público”. Cabe destacar que el derecho a la libertad de asociación establece la prerrogativa de pertenecer a cualquier grupo.
Si el propósito es aplicar mayor severidad en las sentencias a “pandilleros”, tiene que ser porque se demuestren los ilícitos cometidos, nunca por formar parte de una pandilla. Es así que los empresarios o políticos que hoy están privados de libertad ha sido por los actos de corrupción cometidos, nunca por su pertenencia a cualquier asociación empresarial o partidaria.
En un país donde las instituciones del Estado están dominadas por funcionarios que reproducen la ideología conservadora, por ejemplo, al apoyar la restricción de los Derechos Humanos, al desdibujar las exigencias sociales relativas a la corrupción y la impunidad, al exaltar sus creencias religiosas para sustentar consignas punitivas y antifeministas, es necesario promover el debate de la iniciativa de ley referida.
Mientras tanto, cabe destacar que a través de varias investigaciones se ha demostrado que el aumento de penas -incluso la condena a muerte- nunca ha sido disuasivo para disminuir la criminalidad, que extorsiones y asesinatos son planificados en los centros de detención, que grupos del crimen organizado se mantienen agrupados en prisión y con vínculos estrechos con personas libres: funcionarios públicos, políticos corruptos, jóvenes empobrecidos, hombres y mujeres amenazadas.
La sexualización temprana de las niñas en México inicia a partir de su primera menstruación, ese es probablemente el momento en el que da comienzo ese “contínuun” de violencia que se relaciona con el odio que la sociedad ejerce hacia las mujeres a lo largo de la vida de éstas y que está marcado por etapas de violencia familiar y comunitaria, hasta culminar en muchos casos, con la violencia feminicida.
Ese desprecio por la vida de las niñas es esa incapacidad política, institucional y de muchas personas especialistas para entender la urgencia que la violencia contra las mujeres entraña en México, suficiente como para exigir un tipo penal de feminicidio, suficiente para que nosotras, las defensoras, las feministas, las punitivas, exijamos prisión preventiva en muchos de los casos de violencia sexual y feminicida.
Suficiente para que nos haga preguntarnos ¿dónde subyace la causa de esa violencia en una sociedad que transita entre lo bipolar del amor a la madre al punto de divinizarla con la virgen? pero al mismo tiempo despreciar a las mujeres, a sus cuerpos; solo es posible entenderla si miramos un poco en los contextos sociales, en las costumbres y prácticas que han normalizado esa violencia.
Muchas de las violencias que se ejercen contra las mujeres tienen su origen en el núcleo familiar, es imposible no abordar ese tema, es imposible no hablar de la violencia sexual que muchas viven en su ámbito familiar y comunitario, y que esta violencia tiene una estrecha relación con la idea del imaginario colectivo en un gran sector de la población, principalmente en el ámbito rural, de que al menstruar las niñas ya son mujeres.
En algunas comunidades rurales e indígenas, se entremezcla esa visión de que las niñas se hacen mujeres cuando tienen su primer sangrado y esto es suficiente para que dejen de ser vistas como niñas y empiecen a ser vistas como mujeres. Y con ello viene todo el odio, el desprecio que conlleva la sexualización.
Y cuando hablo de sexualización no me refiero a ese proceso que inicia como un juego en las niñas en el ámbito urbano, cuando las visten como pequeñas mujeres, con corpiños y colores llamativos, con maquillaje o incluso cuando se les inscribe a concursos de belleza o se las pone a bailar música con alto contenido sexual.
La sexualización de las niñas tiene distintos matices dependiendo del lugar en el que viven y su contexto familiar y comunitario, así mientras para algunas es la ropa que llevan puesta, para otras pequeñas es el que a partir de su sexo se “piense” en ellas como monedas de cambio, pero también como cargas: una boca más que alimentar, improductiva, desvalorizada y cuyo único valor radica en lo que la familia pueda obtener a partir de su condición de “mujer”.
Aunque suene grotesco, lo que sucede en el ámbito rural y en muchas comunidades incluso en las grandes ciudades, es que se establece una desvalorización de las niñas porque son cargas a las que se debe alimentar, mantener y que ocupan un espacio; está relacionado con destinar la mejor comida a los varones, el espacio en la casa, y las niñas heredan todo usado o se las relega a espacios menos cómodos. Incluso en algunas comunidades se sabe de niñas que duermen fuera de la casa y la familia está a la espera de que ya “se case y se vaya”, esto las hace vulnerables a la trata, la explotación sexual, a matrimonios serviles, a la esclavitud sexual a manos de hombres adultos a los que son entregadas para que la familia se libre de su manutención.
Pero esa visión es alentada por la idea de que las niñas al menstruar se convierten en mujeres que “compiten” con la madre, en una idea perversa de que las mujeres compiten entre sí y que representan esa “manzana” podrida que todo lo pueden corromper, desde la relación de la madre con un hombre que no sea el padre, hasta ser sujetas de la violencia sexual de hermanos, padres, tíos o padrinos, incluso de los amigos de la familia, en la que ellas serán vistas como las responsables, “las provocadoras”.
Suena increíble, pero el desinterés que viven las niñas en sus hogares tiene muchas veces ese origen la violencia que la propia madre ejerce sobre ellas por este sistema social-patriarcal le ha dicho que su hija es su competencia, por esa idea de que “ya está suficientemente grande” y que ya es mujer, y que no se entienda su sexualidad como la etapa de una niña que está creciendo, sino como el salto de la noche a la mañana de ser niña a ser una adulta sexualizada.
Ese es el inicio del ciclo de la violencia que se convierte en el caldo de cultivo que las ubica en contextos de riesgo, y que se relacionan con la violencia de pareja, la trata y el feminicidio.
La fiscalía de la Ciudad de México y la Secretaría de
Seguridad Pública alimentan el negocio de la nota roja. A pesar de haber
diversas recomendaciones de derechos humanos, siguen filtrando. Y los
medios, continúan publicando. Ninguna sufre consecuencias
Texto: José Ignacio De Alba y María Ruiz
Fotos: Duilio Rodríguez
La fotografía del último feminicidio. Ingrid Escamilla, asesinada por
su pareja. El individuo mutiló el cadáver de forma abominable. La
fotografía en primer plano de lo que queda del cadáver. Y está en la
portada de dos diarios. Uno de ellos, el diario Pásala, publicó la
fotografía de Ingrid desollada con el título “La Culpa la Tuvo Cupido”,
en alusión al himno feminista de Las Tesis. En la misma portada se
exhibe una mujer en bikini.
Imágenes abiertas a todo público -entre ellos niños– desde los puestos de periódico, en redes sociales, en google.
“Muchas veces las filtraciones vienen del propio personal
de la Procuraduría”, explica Sayuri Herrera, abogada especialista en
feminicidios. “A veces, son los encargados de la carpeta, a veces los
peritos que tuvieron acceso o los policías de investigación que pueden
acceder a ellas. En ocasiones, se filtra la información a partir de
contactos e incluso se vende”.
¿Pueden los medios de comunicación ser acusados por esta decisión editorial?
“Por lo menos, si ameritaría una demanda por daño moral”, advierte
por su parte Verónica Bérber. “Podría proceder por hacer este tipo de
filtraciones contra la dignidad de Ingrid tanto como víctima, como con
la familia”.
Eso por lo que hace a medios de comunicación, “pero además las
responsabilidades administrativas e incluso penales en que incurrieron
los servidores públicos, tanto fiscalía como policía.”
¿Qué ganan al publicar sangre?
En el caso del feminicidio de Ingrid Escamilla, en el que se capturó
al presunto feminicida, la abogada Verónica Bérber menciona el único fin
de publicar tanto las fotografías como el video de la declaración es
alimentar el morbo.
“La filtración de estas imágenes, que eran absolutamente
innecesarias y morbosas, de ninguna manera abonan al esclarecimiento de
los hechos. Es únicamente morbo, alimentar el morbo de la sociedad. La
filtración del video del supuesto feminicida no tiene ninguna validez
legal para el proceso. Ni fue asesorado por un defensor ni estuvo
presente su defensor, por ende, no tiene ningún valor probatorio. Fue
para alimentar el morbo social, solamente para eso.”
Verónica Bérber
Pie
de foto: “ Las portadas de la chica que asesinaron eran horribles,
pero es lo que estos periódicos traen y pues si se venden ni modo, de
eso vivimos nosotros también”, comentó Don José, quien lleva 37 años en
la venta de periódicos en un puesto de la colonia Escandón, en la
Ciudad de México. Foto: Duilio Rodríguez
La filtración de las confesiones
A pesar del que el crimen sucedió el 9 de febrero por la noche, en
las redes sociales se pudo percibir la indignación por el feminicidio
después de las publicaciones. Al mismo tiempo se difundió un video donde
un policía de la Ciudad de México interroga al detenido dentro de una
patrulla y antes de llegar al Ministerio Público –hecho que podría armar
a la defensa del acusado-.
Práctica antigua, administración nueva
Desde administraciones atrás, un rasgo característico de la fiscalía capitalina ha sido la filtración a la prensa.
Por ejemplo, un de los casos más conocidos fue el del multihomicidio
de la Narvarte. En julio de 2015, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz
Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, la defensora de derechos
humanos Nadia Vera y el periodista Rubén Manuel Espinosa Becerril fueron
asesinados.
En ese entonces, muchos medios publicaron fotos y versiones de la
escena del multihumicidio. Incluso el diario Metro (perteneciente a
Grupo Reforma) difundió el nombre de un testigo clave de la
investigación. El diario La Razón publicó diversas versiones de los
hechos, todas falsas. Entre ellas, que los asesinatos sucedieron
mientras había una fiesta y que los perpetradores y las víctimas se
conocían. Acusando así a las víctimas de su propio asesinato.
Organizaciones como Artículo 19 señalaron que las la fiscalía
capitalina pretendía desviar la atención con información con las
filtraciones a la prensa. En 2017 la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México emitió la recomendación (4/2017).
Ese mismo año, Lesvy Berlín Rivera Osorio, una joven de 22 años, fue
asesinada por su novio en Ciudad Universitaria. De nuevo, hubo
filtraciones, revictimización. Y por supuesto, hubo protestas.
También sobre este caso la Comisiòn emitió una recomendaciòn (1/2018).
CDHDF recomendó castigar filtraciones
La comisión recomendó que “se aperturen investigaciones relativas a
responsabilidades administrativas y/o penales de personas
servidoras públicas por la filtración de información”.
La fiscalía aceptó la recomendación, pero sigue sin controlar la
filtración de fotografías y de información a la prensa de crímenes
cometidos en la capital mexicana.
Se acumulan escándalos… y recomendaciones
Uno de los casos más alarmantes es el señalado en la recomendación 09/2019
donde se señala a la Secretaría de Seguridad Pública y a la fiscalía
capitalina como responsables de violar los derechos de 57 mujeres
víctimas de la violencia entre los años 2016 y 2019 por parte de las
autoridades. En al menos 20 de esos casos hubo filtraciones a la
prensa.
De las 23 recomendaciones que emitió la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México durante el 2019, 18 tienen como destinataria a la
policía de la Ciudad de México y a la fiscalía local. En varios de los
casos el organismo señala la “falta de diligencia y aplicación de
perspectiva de genero”, además del “enfoque diferenciado en los casos de
crímenes contra mujeres”, “hostigamiento laboral” y “filtración de
información en casos de feminicidio”.
Impunidad es garantía de continuidad
La abogada Verónica Bérber, integrante del Círculo Feminista de
Análisis Jurídico, explica que mientras no haya sanciones las
filtraciones seguirán:
“Este tipo de casos no deben quedar impunes. Debe
mandarse un mensaje a estas autoridades que incurren en este tipo de
acciones de que son totalmente sancionables y reprochables”.
Verónica Bérber
La defensora añade que la capacitación a los funcionarios públicos
es esencial, tanto al primer respondiente como al propio Ministerio
Público encargado de la investigación. La capacitación debe llegar a
todo el aparato de justicia.
En 2019, la fiscalía otra vez
Durante agosto del 2019 una serie de manifestaciones estallaron en la
Ciudad de México. En distintos casos, dos adolescentes denunciaron
violación por parte de policías. Las autoridades, de nuevo, filtraron
sus datos a la prensa. Una de las demandas tras este caso fue parar las
filtraciones por parte de funcionarios públicos a medios. En esas
fechas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum se comprometió a
sancionarlas.
“El tema es la falta de cumplimiento en los compromisos. Ese es el
meollo. No es que no se haya planteado la problemática, más bien es la
falta de cumplimiento por parte de las autoridades”, responde la abogada
Bérber, especialista en derechos humanos.
Tenemos que hablar de la prensa
Ante el tratamiento mediático que se da, la abogada Verónica Bérber
cree importante que se visibilice este fenómeno. Que sí, es necesario
señalar que los feminicidios se cometen con una saña mucho mayor a la
que podría cometerse cualquier privación de la vida de un hombre. Pero
que las filtraciones son absolutamente innecesarias y denigrantes por lo
que pueden emprenderse acciones legales en contra de quienes vulneraron
así a Ingrid Escamilla y a su familia.
“La prensa debe tener esa ética profesional de saber qué no publicar y
cuándo no publicarlo y lo saben perfectamente. No es algo que estemos
cayendo en una novedad, muy por el contrario, lo hacen con todo el dolo
del mundo porque no ha habido consecuencias” declara la abogada.
Lo que viene, explica la integrante del Círculo Feminista de Análisis
Jurídico, es que se haga una investigación seria para proceder a la
sanción. Y resalta la importancia de esta consecuencia:
“La sanción manda un mensaje a la sociedad y a las autoridades de que
estas conductas no van a ser toleradas. Al final la fiscalía está
mandando un mensaje totalmente contrario a lo que se busca, es decir
vamos a privilegiar el mensaje político que es: verdad y justicia. “
No más MachiNews
En un comunicado, la colectiva de Periodistas Unidas Mexicanas (PUM)
hizo un llamado a la Fiscalía de la Ciudad de México a investigar, lo
más pronto posible, cómo se permitieron las filtraciones de Ingrid
Escamilla.
Además condenaron la publicación de fotografías en los medios ¡Pásala! y La Prensa del feminicidio de Ingrid Escamilla:
“Colegas, ¡ya basta! dejen de usar nuestros cuerpos desnudos, sexualizados y/o mutilados para sus contenidos.”
El mensaje no es inocente
Para las PUM la manera en la que los medios abordar la violencia de
género es relevante porque contribuye al entendimiento y al
posicionamiento de la sociedad respecto del problema, y también a la
creación de respuestas y soluciones:
“Si, por ejemplo, los medios fallan en nombrar
correctamente el fenómeno, es decir, usan los términos “crimen pasional”
o “problema doméstico” en lugar de feminicidio, entonces contribuyen a
la errónea percepción de que un feminicidio es un problema individual en
lugar de social, y a la creencia de que la violencia contra la mujer no
es un delito grave y que las mujeres son culpables o parcialmente
responsables de lo que les pase, por eso es tan importante la
perspectiva de género”.
PUM
PUM ve en los medios de comunicación actores principales para la
creación de una realidad a través de la producción de noticias. Estas
noticias tienen un peso en la percepción social del crimen y la
violencia, en los actores involucrados en dichos delitos (víctimas y
victimarios) y en las posibles soluciones a los problemas, ya sea el
presionar o no por una respuesta o solución.
“En el caso de la violencia contra la mujer y el feminicidio, los
medios de comunicación ayuda a perpetuar la violencia de género porque
genera discursos misóginos o (son) una plataforma para difundir esos
discursos. El poder de los medios es tal que no sólo influye en la
opinión pública, sino que decide qué problemas sociales existen y cuáles
no”.
En cuanto a la perspectiva de género, PUM menciona que en la mayoría
de los medios no existe y por ende legitimizan las prácticas
discriminatorias en contra de la mujer al adoptar una visión
exclusivamente masculina:
“Para los medios, los hombres que son agresivos, dominantes y abusan
de sus parejas hacen simplemente lo que se espera de ellos. Mientras que
las mujeres que no encajan en el estereotipo de mujer buena y sumisa
son consideradas responsables de su propio abuso. Esto, a pesar de que
la llamada violencia de pareja es un problema de salud reconocido, y a
pesar de que el feminicidio es una causa persistente de muerte para las
mujeres”.
-¿Por qué siguen existiendo estas prácticas de vender la violencia y reírse de ella?
“La mayoría de los periódicos que informan sobre casos de
feminicidios lo hacen en sus secciones policiales. En dichas secciones,
los productos que se publican son los llamados artículos de nota roja.
Los artículos de nota roja se centran en eventos en los que hay
violencia implícita, pero que son inusuales o rompen con el código moral
de la sociedad o las leyes. Por tanto, esta sección está llena de
artículos de eventos como siniestros, accidentes, crímenes como robos,
violaciones y asesinatos. La nota roja es problemática porque su
objetivo es impresionar y entretener, no informar. No es el género
periodístico correcto para cubrir feminicidios, y nunca tendrá cabida
para la perspectiva de género. La razón por la que la nota roja funciona
para los medios es porque la información es vista como mercancía en
lugar de como un bien público, y explotar la crueldad es particularmente
rentable, responden”.
Conavim y el Inmujeres también reaccionan
Por su parte la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres (Conavim) publicó un comunicado en contra
de las publicaciones de las filtraciones en los medios.
El Instituto Nacional de las Mujeres hizo un llamado a “generar
contenidos y coberturas informativas éticas y responsables” y exhortó a
la prensa a trabajar con rigor y profesionalismo.
En su comunicado, el Instituto recordó a los medios de comunicación
que deben aplicar los compromisos asumidos en el Convenio por la
Igualdad de género y combate a la violencia contra las mujeres en los
medios de comunicación (firmado en 2016 por la Cámara Nacional de la
Industria de Radio y Televisión). Así como el Pacto de Medios de
Comunicación y Plataformas Digitales en México para Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres y las Niñas.
Por último convocaron a construir una estrategia para analizar y
reformular sanciones a los medios. “Cuando en el ejercicio mediático
atente atente contra los derechos, la dignidad y la integridad de las
personas, especialmente de las mujeres y las niñas”.
Recalcaron que estas medidas no atentan contra la libertad de
expresión. Por el contrario, son acciones que “pretenden garantizar la
protección jurídica de las víctimas y sus derechos humanos.”
Fue educado en escuelas católicas hasta que se volvió ateo. Es
huraño y trotamundos. Estudió periodismo y nunca se graduó. Suele tener
más fe en las viejas narrativas que en las nuevas. Le gusta escribir
historias.
Foránea siempre, lo suyo es lo audiovisual y el periodismo es la vía por donde conoce y cuestiona al mundo.
La Comisión de Igualdad
de Género de la Cámara de Diputados aprobó una "opinión favorable" para
el dictamen que despenaliza el aborto, ya que adiciona diversas
disposiciones de la Ley General de Salud en materia de Interrupción
legal del embarazo y salud sexual reproductiva.
Presentada por
las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, la
iniciativa adiciona la fracción V Bis al artículo 3; el párrafo cuarto
al artículo 10 Bis; el capítulo VI Bis "De la Interrupción Legal del
Embarazo" y el artículo 71 Bis de la Ley General de Salud, para que la
Secretaria de Salud reconozca y garantice el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres, incluida la Interrupción Legal
del Embarazo. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud a fin de
continuar con su análisis.
Las y los diputados iniciadores
consideran imprescindible asegurar y garantizar el ejercicio de los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres sin opugnar la libertad
de conciencia.
Por ello, proponen conciliar ambos derechos,
asegurando que las instituciones de salud garanticen la existencia de
personal que no oponga la objeción de conciencia para realizar los
procedimientos de interrupción legal del embarazo a las mujeres que así
lo soliciten.
Las y los legisladores del grupo parlamentario de
Morena consideran que todo ello coadyuvará decididamente a garantizar
un acceso efectivo de las mujeres a sus derechos sexuales y
reproductivos, así como a la no discriminación.
Sobre la
importancia de la despenalización del aborto en la protección amplia de
los derechos de las mujeres, las y los diputados iniciadores señalan
que, conforme a la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de
México, es importante considerar que de abril de 2007 a julio de 2019 se
realizaron 214.165 interrupciones legales de embarazo a mujeres
procedentes de todos los estados de la República, incluyendo a
extranjeras.
En la Iniciativa se establece que la Secretaría de
Salud por medio de personal capacitado para tales efectos, deberá
proceder a la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas y en
aquellos otros supuestos permitidos por la ley, en condiciones de
calidad, cuando la mujer interesada así lo solicite.
Para tales
efectos, a solicitud de la interesada, la Secretaría de Salud
proporcionará servicios de consejería médica y social con información
veraz y oportuna.
Asimismo, se establece que el personal médico
y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrá
ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la
prestación de servicios que establece esta Ley.
Las
instituciones públicas de atención médica deberán contar en todo momento
con personal no objetor de conciencia para los procedimientos médicos
que deben garantizar.
Antecedentes, Ciudad de México y Oaxaca
Esta
iniciativa toma como base la propuesta de reforma constitucional
presentada con anterioridad por el diputado Porfirio Muñoz Ledo en el
punto al derecho a la sexualidad, al libre desarrollo de la personalidad
y a la autonomía reproductiva, y es donde se cimienta la necesidad de
generar ejercicios democráticos de parlamento abierto a través de foros
nacionales en dicha materia.
Los foros de parlamento abierto
se realizaron en 22 ciudades de 20 estados de la República con la
participación de académicas, de personas de la función pública y
sociedad civil organizada, quienes tienen la experticia en la generación
de políticas públicas para garantizar los derechos que permitan
alcanzar la igualdad sustantiva.
La iniciativa fue presentada
por el Grupo Parlamentario de Morena el 31 de octubre de 2019 y se
turnó, en ese entonces, a la Comisión de Salud para dictamen y a la
Comisión de Igualdad de Género para opinión.
Con fines de
incluir todas las voces, consideraron la iniciativa ciudadana "Con
proyecto de decreto para la reforma del Código Penal Federal sobre el
aborto, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de
Salud, para despenalizar y legalizar el aborto en nuestro país" que fue
canalizada por la organización de mujeres Rosas Rojas.
Esta
iniciativa se presentó de manera pública a mujeres feministas
independientes y a los miles de mujeres que se han movilizado en todo el
país.
Igualmente, manifiestan que la iniciativa objeto de
opinión ha retomado elementos del debate normativo que se dio en torno a
la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, así como de
la reforma recién aprobada en la materia en el Código Penal para el
estado de Oaxaca.
En las consideraciones se destacó que la
desigualdad económica es un factor determinante en la vulneración de los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pues en condiciones
económicas favorables y contextos privilegiados ellas logran acceder a
la interrupción voluntaria del embarazo, mientras que las que están en
condiciones económicas precarias, contextos hostiles y lugares de
difícil acceso sufren una doble o hasta triple discriminación entre ser
mujer, ser jóvenes, ser indígenas y ser pobres.
Y que el
reconocimiento jurídico de los derechos sexuales y reproductivos plenos
de las mujeres constituye acto de justicia social, que forma las bases
para que en todo el territorio mexicano se consolide el acceso universal
y seguro a la interrupción legal del embarazo.
Es necesario
realizar una reforma integral en materia de salud sexual, con la
finalidad de lograr una armonía entre las legislaciones y evitar una
"antinomia" jurídica.
Como resultado de las diversas propuestas
razonadas de los Parlamentos Abiertos se concluyó que, para alcanzar de
manera efectiva en el ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres, bajo una perspectiva de género, se debe:
Garantizar y hacer justiciable la interrupción legal del embarazo
conforme a los protocolos internacionales en la materia, estableciendo
un ejercicio de derecho comparado respecto de las formas y
especificaciones de practicar la interrupción del embarazo en los países
que ya tienen consolidada dicha práctica de salud pública.
Garantizar cuando en el legítimo uso de su derecho al libre desarrollo
de la personalidad, cuando lo soliciten voluntariamente ante la sanidad
pública, podrán ser intervenidas con el objeto de no volver a procrear.
Garantizar y hacer justiciable la autonomía reproductiva de las mujeres
quienes, en el legítimo uso de su derecho al libre desarrollo de la
personalidad, a través de políticas públicas de la más alta calidad en
materia de salud, contando en todo momento con el asesoramiento,
acompañamiento y finalización de los diversos tratamientos que esta
legislación señale, conforme a las políticas de inclusión social.
Se reconoció que existe un rezago a nivel nacional en la protección y
garantía de los derechos sexuales y reproductivos, así como a contar con
información clara y oportuna.
Por ello, es necesario
transformar la concepción que ve a las mujeres como sujetos de tutela,
para ser sujetos de derechos capaces de exigir y ejercer derechos y
libertades sobre nuestro cuerpo.
Considerar el embarazo
adolescente como un grave problema de salud pública, y es obligatorio
dar cumplimiento a la recomendación 31 de la Convención para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), consistente en la creación, aplicación y evaluación de
protocolos y políticas públicas para proteger y garantizar los derechos
reproductivos de las mujeres.
A pesar de que en muchos códigos
penales se prevén causales excluyentes del delito en casos de violación,
el personal médico, en muchas ocasiones, prefiere evadir la práctica,
lo cual significa una violación de los derechos de las mujeres a la
salud, la integridad física, psicológica y sexual y los derechos y
libertades reproductivas.
Para lograr la progresividad de los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, se necesita también
reeducar, sensibilizar y capacitar a las y los servidores públicos con
perspectiva de género respecto a la protección, respeto y garantía de
los derechos de las mujeres.
El 1 de febrero de 2020 en el paquete de reformas en materia de justicia penal que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se incluía una propuesta para eliminar el tipo penal de feminicidio.
El martes 4 de febrero la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado en el que señaló que no se busca eliminar el delito, pero que sí existe la intención de modificar el tipo penal en un Código Penal Nacional.
Aunque la FGR busca considerar el feminicidio como un agravante del homicidio cuando se trata del asesinato de una mujer, esta intención ya fue analizada y rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2014 (resolución del amparo directo en revisión 5267/2014) cuando declaró inconstitucional el primer párrafo del artículo 126 del Código Penal del estado de Chihuahua, sobre homicidio cometido por razones de género.
Este delito que en 2011 comenzó a introducirse en las leyes de los estados, referido en el artículo 325 del Código Penal Nacional especifica que la conducta delictiva se sanciona con 40 a 60 años de prisión y multa de 500 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
El Código Penal Federal señala que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género con los siguientes supuestos:
La víctima presente signos de violencia sexual
A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
El cuerpo de la víctima sea expuesto, exhibido, depositado o arrojado en un lugar público, y
Se agregaría:
Se acredite la existencia de una manifestación volitiva de odio, o intención de odio.
Como señala Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, existen discrepancias normativas en la tipificación del feminicidio en los estados, y resistencias para investigar como feminicidio tal como lo marca el estándar de la sentencia de la SCJN como sucedió en el caso de Mariana Lima Buendía, en el Estado de México, el cual fue investigado en un inicio como suicidio y posteriormente la SCJN ordenó que se reabriera y se investigara como feminicidio.
La propuesta, por supuesto causó la indignación del movimiento feminista.
El concepto que Marcela Lagarde definió claramente en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que creó en 2007, cuando fue diputada federal: “es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus Derechos Humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.
La especialista Lucía Melgar escribió para Cimacnoticias “El desarrollo del concepto “femicide”, por las teóricas feministas Russel y Caputi, y el de “feminicidio”… es un trabajo intelectual útil que ha permitido distinguir, hacer visible y explicar la violencia machista que se desata contra la vida y el cuerpo de las mujeres en un tipo de asesinato particular. “
La tipificación responde a los resolutivos de la sentencia de Campo Algodonero dictada contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y alude a la impunidad en que suele quedar este crimen; que conlleva responsabilidad del Estado negligente y omiso, dada la tolerancia hacia la violencia contra las mujeres.
En 2018, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), el órgano de personas expertas independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, reconoció como un avance en materia las reformas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para tipificar el feminicidio y se manifestó con preocupación por “la persistencia de los patrones de uso generalizado de la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas en México,… especialmente los feminicidios”;
Así, recomendó (recomendación general 35/2017) vele por que se tipifique como delito el feminicidio en todos los códigos penales estatales de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, normalice los protocolos de investigación policial del feminicidio en todo el Estado parte y garantice la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal sobre el feminicidio.
Hablar de feminicidio no solo visibiliza no solo las condiciones en que están siendo asesinadas las mujeres, dimensiona la construcción de género sobre la que se comete la violencia contra las mujeres, identifica la particularidad de los agresores, reconoce la responsabilidad del Estado y señala la tolerancia social y naturalización de la violencia.
La propuesta del fiscal es una burla para el movimiento feminista en defensa del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres desde los diferentes frentes.
Es negar la justicia para Lesvy Berlín Rivera Osorio en la Ciudad de México, Emma Gabriela Molina Canto en Yucatán y Alicia Díaz González en Nuevo León, Mariana Lima Buendía en Estado de México y todas las víctimas en cada colonia de todo el país.
Frente a las 35 mil 588 víctimas, durante 2019, de la cuales 34 mil fueron por homicidios dolosos y mil seis por crímenes de feminicidio, la postura de Gertz Manero, evidencia la falta de sensibilidad, la ausencia de perspectiva de género y cómo los asesinatos de 10 mujeres diarias en México no son una prioridad para las autoridades.
Por si fuese poco, intentar eliminarlo invisibiliza la profundidad estructural de la violencia contra las mujeres. Niega que se requieren cambios de fondo para prevenir la violencia, garantizar la no repetición, justicia para las víctimas y sus familias y erradicar la violencia.
El negocio clandestino de “hoteles de maternidad” para “turistas biológicas”
se le quedaba corto a Qiqi, y decidió entrar de lleno en la industria
fructífera de los vientres de alquiler como intermediaria, el negocio es
el negocio, también para clientes chinos que buscan no solo tener
bebés, sino alquilar a gestantes estadounidenses, o sudamericanas, “más fuertes, grandes y adecuadas que las orientales, para dar a luz”.
Manifestantes queman hogueras y se enfrentan a policías antidisturbios. Parlamento en Kiev (Ucrania), 16 enero 2018. EFE/ Stepan Franko
Fraude
de ley aprovechando la diferencia de criterios éticos y legales, en
países que lo prohiben, lo ignoran o lo permiten en según qué
condiciones.
