Plantea medidas para combatir la corrupción, el nepotismo y el acoso sexual
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, Arturo Zaldívar, presentó su propuesta de reforma al Poder
Judicial de la Federación (PJF) en la que, dijo, no plantea cambios
estructurales, pero sí medidas para detectar y combatir la corrupción,
el nepotismo y el acoso sexual.
Esta iniciativa incluye modificaciones a siete artículos
constitucionales (94, 97, 99, 100, 103, 105 y 107) que tienen que ver
directamente con la impartición de la justicia y el funcionamiento del
PJF.
Plantea admás la creación de una ley de carrera judicial, y reformas a
las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de Amparo,
Federal de Defensoría Pública, Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado, a la reglamentaria del artículo 105 constitucional y al
Código Federal de Procedimientos Civiles.
Por la mañana, durante la conferencia en Palacio Nacional, Zaldívar calificó a la reforma de
cambio de gran calado, que garantiza la autonomía del PJF.
Emprender ahora una reforma que modifique la estructura de la Corte o del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) podría atentar contra la independencia judicial y debilitar a la institución, cuando lo que se requiere es un Poder Judicial fuerte, independiente, legitimado y prestigiado, indicó.
La firma de la iniciativa elaborada por el PJF tuvo como testigo al
presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que hizo suya la
propuesta para presentarla ante el Senado y cumplir así con las
formalidades del proceso legislativo.
Al explicar brevemente los alcances de la misma, Zaldívar comentó que
se busca generar un nuevo perfil de juez, establecer una escuela que
permita
por primera vez una auténtica carrera judicial.
Precisó sobre el giro que se pretende dar al perfil de defensores públicos para que
se constituyan en verdaderos abogados de los pobres, para lograr llevar la justicia a los lugares más apartados y marginados del país,
a la gente más olvidada, discriminada, aquella que ha perdido la esperanza.
La propuesta tampoco modifica ninguno de los códigos penales que
fueron reformados en 2008 para dar paso al que fue conocido como Nuevo
Sistema de Justicia Penal, al que sus detractores han calificado de
puerta giratoria.
Más tarde, al presentar la propuesta antes senadores, el CJF y el
pleno de la SCJN, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio
Scherer, afirmó que esta reforma es urgente, pues
el aparato judicial ha sido pervertido por décadas, la institución del Ministerio Público ha tenido tarifas y existen jueces que terminan por convertirse en mercaderes.
Reconoció que no hay en la República entidad a salvo de la ilegalidad, y que esto ha provocado que
proyectemos ante el mundo una imagen de corrupción y abandono.
Por su parte, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación
Política del Senado, afirmó que la realidad demostró que el PJF no
podía resistir a los cambios y que debía prestar atención a los reclamos
de la sociedad.
Afirmó que los legisladores tienen la absoluta convicción de
construir una reforma que certifique la independencia del Poder
Judicial, y que el respeto y la garantía plena de los derechos humanos
no sean promesas vacías, sino realidades.
Se comprometió a que esta reforma será aprobada durante el primer
periodo de sesiones de este año, y para ello propuso la creación de una
mesa central de alto nivel, integrada por representantes del PJF, de la
CJEF, y senadores.
En los aspectos jurisdiccionales, la propuesta del PJF propone crear
un sistema de precedentes y cambiar el concepto de tesis, de modo que
cada una de las sentencias de la SJCN sirvan para conformar
jurisprudencia.
También se propone la creación de plenos regionales, que sirvan para
unificar los criterios de los tribunales colegiados, y de este modo
impedir que contradicciones de tesis tengan que ser resueltas por el
pleno de la SCJN, que ahora solo se encargaría de resolver asuntos que
impliquen temas novedosos en materia de análisis constitucional o de
derechos humanos.
Las reformas incluyen sancionar la corrupción, el nepotismo y el
acoso, que dejarán de ser sancionadas únicamente con medidas meramente
administrativas.
De igual manera, se integrarán la equidad de género, que constituirá
una política pública en aspectos como el desempate en los concursos para
ocupar algún puesto dentro del PJF, así como para la designación de
nombramientos.
Zaldívar terminó su discurso sosteniendo que el objetivo de estos cambios es hacer de la justicia una realidad:
una reforma judicial que genere, en la realidad y no en el discurso, una diferencia en la vida diaria de las personas que sufren abuso, atropellos y discriminación todos los días. Una justicia plena y completa que les devuelva la esperanza y la confianza.
Eduardo Murillo, Gustavo Castillo, Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
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