Pactos & Ineficacia política
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| Sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en España |
Cuando
en este luctuoso comienzo del año 2020 contamos ya con 8 asesinadas por
la violencia machista, observo que la reforma de la Ley de Violencia de
2004 no entra en los primeros propósitos del nuevo gobierno de
izquierdas. Desde que hace más de tres años se comenzaron los trabajos
parlamentarios de lo que debería ser el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género, en los que participaron los 13 grupos
parlamentarios de aquel momento, aconsejaron 90 expertos en sesiones que
duraron 9 meses y se acabó pariendo un texto ilegible de más de 200
artículos, nada ha variado en el siniestro panorama de la vida de las
mujeres maltratadas.
A
los femicidios hay que añadir que el Ministerio del Interior ofrece el
terrible dato de que entre enero y septiembre de 2019 se presentaron por
mujeres 32 denuncias diarias por abusos y agresiones sexuales, es decir
casi mil mensuales, lo que supone ratificar la hipótesis que siempre
mantuvimos en el Partido Feminista de que se producen unas 15.000
violaciones anuales, contando de manera muy prudente las que no se
denuncian.
150.000 son las que se presentan anualmente por maltrato, de las que
únicamente se condenan el 31%, y la mayoría de las sentencias son de
penas de prisión inferiores a 2 años que se canjean por servicios para
la comunidad, es decir: por nada.
En España una mujer maltratada sólo tiene el 6% de posibilidades de ver a su maltratador en la cárcel.
Podemos consolarnos, como los tontos, recordando que estas cifras no están muy lejos de las europeas.
Una
de cada tres mujeres en la UE ha sido víctima de violencia física o
sexual desde los 15 años; una de cada veinte mujeres ha sido violada;
más de la mitad (55 %) de las mujeres ha sufrido acoso sexual; una de
cada tres mujeres ha sufrido abuso psicológico por parte de una pareja;
una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual por un
adulto durante la infancia.
Para
acabar con esta masacre, que no padece ningún otro colectivo social,
Europa, - esa mujer que, en la mitología griega fue secuestrada por
Zeus- el paraíso de las libertades y de la democracia, ha aprobado lo
que llaman el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha
contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también
conocido como Convenio de Estambul o Convención de Estambul, que tiene
por objetivo la lucha contra la violencia contra mujeres y la violencia
doméstica. Se presentó en Estambul en 2011 y está en vigor en Europa
desde el 1 de agosto de 2014. A 2019 ya ha sido firmado por 46 países y
ratificado por 34.
Pero si en los demás países europeos sucede como en España, de poco
parece que ha servido ese publicitado Convenio para frenar la masacre de
mujeres. Y no puede servir porque no es más vinculante que según la
voluntad de los gobiernos y legisladores que rijan cada Estado, que como
ha sucedido en el nuestro, es poca. Pero además no crean que ese
Convenio resuelve definitivamente la indefensión en que se encuentran
las mujeres.
Esa
Carta Magna de la Violencia se limita a pedir que se contemplen como
delito todas las formas de violencia contra la mujer: la violencia
física, psicológica y sexual, incluida la violación; la mutilación
genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso, el aborto forzado y
la esterilización forzada.
Teniendo
en cuenta que todas esas actuaciones criminales de hombres contra
mujeres ya están contempladas en nuestra legislación penal, poca novedad
introduce ese Convenio en la protección de nuestras víctimas, excepto
en considerarlas a todas como tales, al margen de que se hallen o no
relacionadas sentimentalmente con el agresor, como establece tan
ridículamente la Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia
de género de 28 de diciembre de 2004.
Porque
desde hace 16 años en España unas víctimas son mujeres y otras son
género, y únicamente estas merecen la protección del Estado, lo que
resulta enormemente sospechoso en estos tiempos de la “autodeterminación
de género” y otras estrafalarias definiciones que nos están haciendo
desaparecer del lenguaje y del planeta donde vivimos.
Como
ni la famosa ley de violencia ni la de Enjuiciamiento Criminal
contemplan invertir la carga de la prueba como sucede en la legislación
laboral, para que no sea la víctima la que tiene que probar la comisión
del delito, que en esta figura delictiva se produce habitualmente en la
privacidad del hogar, la mayoría de los procesos acaban en
sobreseimiento o en absolución.
Y
en consecuencia, cuando el peligro de agresión o incluso de muerte es
evidente, las víctimas deben huir de su casa, a veces con niños pequeños
a su cargo, que tienen que dejar de asistir a la escuela, perder sus
amigos y objetos queridos, para refugiarse en una Casa de Acogida.
Mientras el maltratador sigue amenazando a su mujer diariamente, e
incluso pudiendo prever la policía y el juez que intentará el asesinato,
continua en libertad, disfrutando de la vivienda común, asistiendo a su
trabajo y siendo respetado por la comunidad. El 30% de las asesinadas
tenían incluso orden de alejamiento o de protección contra su asesino.
Que como se ha visto, son completamente inoperantes.
En
definitiva, sólo en la violencia contra la mujer se da la monstruosa
injusticia de que sea la víctima la que tenga que esconderse y el
verdugo campe tranquilamente en libertad, sin amenaza alguna.
Pero en diciembre de 2016 se reunieron pomposamente, como se hace
siempre en España por parte de la clase política, para anunciar que
estudiarían arduamente las medidas a adoptar para acabar con la plaga
del maltrato a la mujer, y así, el resultado del intenso trabajo
realizado por parte de la Subcomisión creada al efecto dentro de la
Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, así como por parte
de la Ponencia creada dentro de la Comisión de Igualdad del Senado,
parieron unos documentos que contenían un total de 214 medidas en el
caso del Congreso y 267 en el caso del Senado a partir de los cuales se
desarrolla el Pacto de Estado contra la Violencia de Género cuya
aprobación culminó en diciembre de 2017 con los Acuerdos alcanzados
entre el Gobierno y el resto de Administraciones autonómicas y locales,
entidades y organismos intervinientes en el desarrollo del mismo.
Para
que ustedes se hagan una idea de la lucidez, claridad y eficacia del
texto que dieron a luz los eminentes diputados, senadores, consultores,
sindicatos, asociaciones y expertos, les reproduzco textualmente uno de
sus artículos, el 117: “Evitar los espacios de impunidad para los
maltratadores, que pueden derivarse de las disposiciones legales
vigentes en relación con el derecho de dispensa de la obligación de
declarar, a través de las modificaciones legales oportunas.”
Y
deberíamos dar un premio a quien sin ser jurista, y listo, haya
entendido semejante bodrio de disposición legal, que ni siquiera lo es,
puesto que el Pacto no es una ley, por lo que es preciso proceder
después “a las modificaciones legales oportunas”.
Si las víctimas no fueran tan desgraciadas y débiles y el Movimiento
Feminista tan inútil, se habría tenido que manifestar nuestra
indignación de forma contundente y eficaz ante semejante tomadura de
pelo. Por el contrario, un sector de ese sumiso MF se ha mostrado muy
satisfecho de semejante parto de los montes.
Pues bien, ya hemos alcanzado el 2020, ya hemos vivido expectantes y
angustiadas las dos últimas legislaturas, esperando tres años que el
gobierno al fin logrado con el difícil pacto de las izquierdas, se ponga
a trabajar, rápida y eficazmente para erradicar la violencia contra la
mujer. Y lo que estamos observando es que, de momento, las reformas
anheladas de la ya caduca e ineficaz Ley de Violencia ni se proponen ni
se las espera.
Mientras
tanto, se asesina a dos mujeres a la semana, se viola a miles de
mujeres, se maltrata a cientos de miles, y del mismo modo las denuncias
se siguen archivando como las condenas son harto leves y perversamente
argumentadas.
Si no cambia radicalmente tanto el criterio que han mantenido hasta
ahora los legisladores como los procedimientos que han utilizado desde
el derecho visigodo nuestros leguleyos, empiezo a temer que los nuevos
gobierno y Parlamento y Senado seguirán la senda de sus antecesores, y
se continuará engrosando la lista de maltratadas, violadas y asesinadas,
con el amparo del estúpido Pacto de Estado contra la Violencia de
Género.
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