La comparecencia de los magistrados Manuel Horacio Cavazos López y Patricia Gudiño Rodríguez, en el Congreso de la Ciudad de México, mostró una radiografía de cómo se juzga en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la capital: sin conciencia de qué es la violencia de género, con tráfico de influencias y ejerciendo violencia institucional.
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En opinión de Laura Martínez Rodríguez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), organización con 30 años de experiencia en atención y acompañamiento de casos, los dichos de los funcionarios dejan ver que magistrados y jueces juzgan sin escuchar a las niñas y niños víctimas de violación sexual.
El 5 de febrero Cavazos López –quien tienen una denuncia penal por violación sexual contra sus hijas de 5 y 7 años de edad– y Gudiño Rodríguez, comparecieron ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, como parte del proceso para ser ratificados en el cargo que han ocupado desde 2014.
Durante la comparecencia, Cavazos López, adscrito a la Segunda Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales de la capital, aseguró que su caso era una falsa denuncia y que sus hijas eran objeto de un “aleccionamiento inducido”. Además, agregó que su situación no era aislada.
“Hago patente que, desgraciadamente, mi caso no es un hecho aislado en cuanto a la relación que existe entre la presentación de falsas denuncias por delitos sexuales y las disputas por la custodia de los hijos después de un divorcio”, afirmó.
Por su parte, la magistrada Gudiño Rodríguez, adscrita a la Primera Sala Familiar, hizo una exposición en la que defendió la figura de “alienación parental”, un concepto que en opinión de la funcionaria reconoce que las mujeres orquestan campañas de “denigración” hacia los hombres que son padres, a quienes acusan con “absurdas razones” como ejercer violencia sexual contra sus hijas e hijos.
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Al respecto, en entrevista con Cimacnoticias, la psicóloga y especialista en Estudios de la Mujer y quien ha realizado peritajes a niñas y niños víctimas de violencia sexual, Laura Martínez Rodríguez, aseguró que independientemente de que el magistrado Cavazos López tenga una denuncia por violencia, los dichos de ambos funcionarios son un indicador de lo que está pasando en el TSJ.
“Ahí es donde ves que los juzgadores no están teniendo una concepción de lo que es la violencia, no están juzgando con perspectiva de género y mucho menos de derechos. Los discursos de Cavazos y de Gudiño son prepotentes en su forma de hablar y autoritarios, se sienten con todo el poder y no importa lo que digan los demás”.
A decir de la experta, quien ha acompañado casos de niñas y niños ante los tribunales, cuando las madres o padres descubren que sus hijas o hijos fueron victimas de violencia sexual por parte de su pareja, entre las primeras acciones legales que hacen es pedir el divorcio y denunciar la violencia sexual.
Sin embargo, jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia no escuchan las narraciones de la niñez y se enfocan en el proceso de divorcio. Para los juzgadores, explica Martínez Rodríguez, estos casos son pleitos entre adultos, entre la pareja, por tanto no ven que niñas y niños son víctimas y quienes tienen las principales afectaciones.
En ocasiones, explicó la psicóloga, los jueces llegan a citar a los menores de edad en los cubículos donde despachan, pero ni así dan importancia a los testimonios. “Les dicen: dinos qué pasó y los niños les dicen todo lo que les hicieron, lo que pasaron, lo que vivieron. (Los jueces) lo registran en la actuación (investigación) que se está dando en ese momento y no pasa nada, ni siquiera le dan aviso a la Procuraduría”.
La siguiente práctica recurrente en el personal que juzga los casos, en experiencia de Adivac, es obligar a niñas y niños a convivir con el presunto agresor sexual en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada del TSJ, alegando que la niñez tiene el derecho de convivencia. En caso de que las madres o tutores de los menores se nieguen a cumplir con esta orden, pueden ser sancionados.
“Porque (dicen que) eso es lo que dice la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es cierto, ahí dice, en uno de los artículos que los niños tienen derecho a convivir en familia, con su mamá y su papá, pero ahí no dice que si tu mamá o tu papá, o la pareja de alguno de ellos, te tocaron el cuerpo, que estás obligado a verlo”.
Para la psicóloga, estas medidas de convivencia hacen que los menores de edad entren en contradicción porque una vez que logran describir cómo fueron agredidos, las personas adultas retroalimentan la violencia.
“Es una situación en donde las niñas y los niños siguen siendo invisibles, no son escuchados, ni siquiera ven (los juzgadores) que tiene afectaciones emocionales muy fuertes, que muchos de ellos tienen intentos de suicidio”.
En este tema, jueces y magistrados dicen seguir muy puntual lo que dice la ley, por lo que Martínez Rodríguez consideró que es necesario una reforma que indique que en casos de violencia familiar y sexual no se puede forzar a niñas y niños a convivir con el agresor.
La directora de Adivac señaló que los obstáculos para acceder a la justicia están enquistados en el TSJ, donde la sociedad civil no puede incidir sobre la importancia de juzgar con perspectiva de género y Derechos Humanos. “El Tribunal no se ha tocado, los jueces son intocables. Hemos tenido más acceso al ámbito penal. Ahora, en la Fiscalía General de la Ciudad de México hemos podido tener más injerencia, pero el Tribunal es intocable”.
Otro ejemplo es que, en este proceso de ratificación de siete magistrados, también se tenía prevista la comparecencia de Héctor Jiménez López, quien informó al Congreso que declinaba participar en el proceso. Este funcionario fue responsable de modificar la medida cautelar contra Juan Carlos García, ex esposo de Abril Pérez Sagaón.
Juan Carlos García amenazó de muerte a Abril y finalmente fue asesinada el 25 de noviembre de 2019. En este caso el magistrado Jiménez López desestimó la denuncia por intento de feminicidio que Abril hizo y decidió que sólo se trataba de violencia familiar.
Por si no fuera suficiente, la experta Laura Martínez Rodríguez, enfatizó que la propuesta que hizo la magistrada Patricia Gudiño Rodríguez ante el Congreso de la Ciudad de México, de incorporar la “alienación parental” como un delito, es no tener conciencia de lo que está viviendo la ciudadanía, ni de lo que es la violencia contra niñas, niños y mujeres. Además, es una falta de memoria histórica.
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En agosto de 2017, la entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de México derogó el concepto de alienación parental del Código Civil capitalino por ser una figura jurídica que entonces usaban los juzgadores para calificar a las mujeres como manipuladoras y a las niñas y niños que denuncian violencia o abuso y violación sexual como mentirosos.
La modificación a la ley fue consecuencia de lo sucedido a Mireya Agraz Cortés, mujer que por siete años denunció que dos de sus tres hijos fueron abusados sexualmente por su expareja. El 7 de junio de 2017 Mireya se quitó la vida junto con los tres menores de edad después de que una jueza dijo que los menores de edad mentían y eran víctimas de alienación parental.
En diciembre de 2010 Mireya detectó violencia sexual contra su hijo de 3 años de edad y después de confirmar la agresión con un peritaje médico, en junio de 2011 presentó una denuncia penal y la solicitud de divorcio.
En este caso la Jueza Décima de lo Familiar del TSJ, Cristina Espinoza Rosello, ordenó convivencias entre el padre y el niño. El proceso de denuncia continuó por años, tiempo durante el cual Mireya descubrió que sus hijas eran abusadas en los baños del Centro de Convivencia Familiar.
Finalmente, el hecho que llevó al suicidio de Mireya fue que en 2016 la Jueza Onceava de lo Familiar de la Ciudad de México, Silvia Araceli García Lara, omitiendo todos los peritajes que confirmaron la violencia sexual, otorgó la custodia de los menores de edad al padre.
Ahora la magistrada Patricia Gudiño Rodríguez retomó el tema de la supuesta manipulación que hacen las mujeres, al proponer que se legisle la alienación parental, pero como un delito a fin de encarcelar a las mujeres y retirarles definitivamente la patria potestad de sus hijas e hijos.
“Se propone, que por su carácter tan deleznable y por disponer mediante la manipulación de la voluntad de quien no tiene la capacidad cognoscitiva de autodeterminarse (niñas y niños), sea creada también como delito”, dijo la magistrada.
“Ve el discurso, nada mas de ver cómo hablan, ni siquiera tiene humildad por el trabajo que están haciendo y esa es la radiografía de que no están juzgando con perspectiva de género. Ese es el diagnostico, todo el Tribunal están actuando así”, consideró Laura Martínez Rodríguez.
Los diputados de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino aseguraron que en este proceso de ratificación se revisarán los dichos de los magistrados que comparecieron, pero la experta considera que es necesario hacer una reingeniería de los servidores públicos en general.
“¿Cómo les vas a cambiar una trayectoria de tantos años de impunidad?, porque eso es lo que hay en el Tribunal, hay impunidad, no se escucha a niños, niñas, a mujeres. Sigue habiendo una gran desigualdad en el acceso a la justicia”.
CIMACFoto: César Martínez López
Ciudad de México. –
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