.- Ciudad
de México.- La mutilación genital femenina (MGF) es una de las
violaciones a los derechos humanos que ha violentado a más de 230
millones de niñas, adolescentes y mujeres en el mundo quienes fueron
víctimas de esta práctica, según reportó la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y hoy en el Día Internacional de Tolerancia Cero, es vital
reclamar que esta práctica sigue vigente.
El día de hoy en algunos
países del mundo, nacer mujer conlleva vivir la extirpación parcial o
total de sus genitales externos, aunque también involucra todo tipo de
lesiones causadas en esta área ¿Los motivos? No son médicos. Se trata de
una violación a derechos humanos impulsado por creencias culturales y
sociales en donde impera la mirada machista y patriarcal sobre nuestras
cuerpas.
De acuerdo con el texto ‘La mutilación genital femenina y los derechos humanos’ de Amnistía Internacional, cada año 2 millones de niñas, adolescentes y mujeres corren el riesgo de que les realicen una MGF, lo que se traduce en 6 mil casos al día.
La
población más propensa son las mujeres africanas, pero hay rastro en
comunidades inmigrantes de zonas como Asia, Pacifico, América del Norte,
Latinoamérica y Europa.
Las consecuencias
De manera inmediata hay una afectación física. En el momento en el que se hace la MGF,
pueden presentarse dolores, conmoción, hemorragias y daños en los
órganos que rodean al clítoris y los labios. Después puede haber
retención de la orina y en algunas situaciones, infecciones graves
debido a diversos factores como la utilización del mismo instrumental en
varias mujeres.
El primer acto sexual sólo
puede realizarse después de la dilatación gradual y dolorosa de la
apertura que ha quedado. Además, esta puede ser dolorosa o peligrosa.
También hay que señalar que llegar a la satisfacción sexual es
complicado debido a que durante la mutilación se extrae una parte del
clítoris.
Si hablamos del parto, el tejido
donde queda la cicatriz se desgarra. Y cuando surge un problema médico,
se le atribuye a una supuesta “promiscuidad” de las mujeres,
invisibilizando la responsabilidad de la persona que hizo la
mutilación.
Los estragos psicológicos son más
profundos. Los relatos revelan que las mujeres han sentido ansiedad,
terror, humillación y traición. A pesar de los traumas presentados, su
mayor temor es la aceptación por la sociedad.
Entre otras problemáticas que pueden desarrollar las mujeres se encuentran:
Problemas urinarios como micción dolorosa e infecciones del tracto urinario.
Problemas vaginales entre las que están leucorrea, prurito, vaginosis bacteriana y otras infecciones
Problemas menstruales desde dolor y menor satisfacción.
Problemas sexuales como coito doloroso y menor o nula satisfacción.
Mayor riesgo de complicaciones en el parto (parto difícil, hemorragia, cesaría, necesidad de reanimación del bebé).
Intervenciones quirúrgicas.
Trastornos psicológicos como depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y escasa autoestima
Un sistema patriarcal, raíz de la mutilación femenina
Existen diferentes creencias sobre las razones de la MGF femenina como la identidad cultural, sexual, salud, higiene, estética y religión, pero todas apuntan a un sistema patriarcal que dictamina cómo debemos de comportarnos, pensar, sentir, hacer y lucir.
Desde la identidad cultural, la mutilación define quién pertenece a un grupo o comunidad y marca el inicio de la etapa adulta, incluso si siguen siendo niñas. En el ámbito sexual, se estima que la MGF es
un control para mitigar el deseo sexual de las mujeres antes del
matrimonio, ya que se pone en duda su capacidad de no contraer
relaciones sexuales por su voluntad. Asimismo, ninguna religión ha
ordenado interponer esta práctica a las mujeres.
Dentro de otras creencias que se mantienen vigentes en nuestros días, pero que carecen de sustento se resumen en pensar que la MGF es
sinónimo de limpieza e higiene; que los genitales femeninos pueden
crecer hasta ser incómodos para ellas; que el clítoris es peligroso para
el pene o que, si la cabeza de un recién nacido toca este órgano,
entonces morirá.
Para la Doctora María José Díaz Alonso, médica
general y activista en derechos sexuales y reproductivos, desde el mundo
de la estética, las labioplastias se han colocado como una forma de mutilación genital.
El procedimiento quirúrgico consiste en remover una porción de labios
menores hipertróficos (cuando son más grandes de lo normal), la cual
cada año aumenta el número de mujeres que lo realizan bajo la promesa de
verse mejores.
.-“Aprendimos
a susurrar casi sin hacer ruido”, comienza ‘El cuento de la criada’ de
Margaret Atwood, una novela de un futuro que parece cada vez más cercano
y nos alerta de los atentados a los derechos ganados con tanto esfuerzo
por nuestras ancestras.
Gilead parece haber iniciado con un
contexto similar al que atravesamos, con avances de grupos antiderechos
que de a poco alcanzan gran impulso para establecerse. Como la llegada
de Javier Milei a la presidencia de Argentina el 10 de diciembre de 2023
con su avanzada contra los medios de comunicación y las agencias para
la defensa de los derechos de las mujeres.
“La vida de una mujer
no vale más que la de un hombre”, señaló Milei al anunciar que su
gobierno impulsará la eliminación de la figura del feminicidio en
Argentina.
No señor. No vale más, pero tampoco menos y las
feministas, Diana Russell y Marcela Lagarde, han dedicado gran parte de
su labor a explicar el concepto feminicidio. Mostrar que el feminicidio
es la expresión extrema de la violencia que vivimos las mujeres derivada
de la desigualdad basada en el género. No somos desiguales por ser
mujeres, a partir de la diferencia sexual se construyó la desigualdad
social.
La violencia a feminicida se reproduce gracias a la
permisividad social y a la impunidad. Se trata de muertes evitables, es
decir, que no deben suceder pero que, suceden, porque la vida de los
hombres tiene un valor mayor en una sociedad profundamente misógina.
El
mundo que describe Atwood también tiene cabida frente a la segunda
elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.
Un
agresor sexual cínico e impune, abiertamente machista y racista. Que ha
atentado con la posibilidad del aborto legal a nivel federal al
fortalecer una Corte conservadora. Además de las amenazas permanentes a
la población de la diversidad sexual.
Argentina y EEUU son solo
dos ejemplos de la avanzada derecha en este continente, norte y sur.
Pero hay muestras de retroceso en India, Japón, Kenia, Sudáfrica,
Italia, Rusia y en todo el mundo.
En
el centro del mundo, México se presenta como una gran esperanza. No
solo por la igualdad entre mujeres y hombres aprobada en la ley en
noviembre pasado, sino por su implementación en diferentes rubros para
la hacerse una realidad en la vida de las mujeres.
Muestra
de ello, es el avance de la despenalización del aborto en Chihuahua y
Nayarit que en este 2025 ya sumó 20 entidades federativas y el anunció
de la autorización para realizarse en el ISSSTE.
Se suman la
inclusión de las mujeres indígenas en la constitución y el derecho a una
vida libre de violencia como parte del artículo 4 constitucional que ya
incluía el derecho a decidir.
Claro que hay retos para su
implementación y la eliminación del aborto del Código Penal Federal,
pero estas son buenas noticias mexicanas frente a la adversidad mundial.
Nos
negamos a susurrar. Nos negamos a la negación de nuestras vidas y la
explotación de nuestros cuerpos. Por eso nos alistamos para salir a las
calles a gritar el próximo 8M en todo el mundo “Ni un paso atrás”.
.-Ciudad
de México.- En este 2025 se estarían cumpliendo 18 años de la tortura
sexual y feminicidio de Ernestina Ascencio a manos del ejército mexicano
y este caso que ha llegado ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CoIDH), para juzgar al Estado mexicano, pondrá en evidencia si
el lema de la presidenta de México, Sheinbaum Pardo «llegamos todas»,
será una realidad y más en el año en que ella declaró como el de la
mujer indígena.
En estos 18 años la familia de Ernestina ha
sostenido una lucha por la justicia y no repetición; años de una tajante
respuesta del Estado mexicano que pretende desligarse de
responsabilidad, aún, cuando se ha documentado su articulación local y
federal, hoy es un episodio que deja huella y que revira en un momento
cumbre de nuestro país.
Desde la muerte de Ernestina Ascencio, han
transitado 3 diferentes gobiernos -el cuarto con Claudia Sheinbaum-; se
ha visto la caída del PAN, el ascenso del PRI y la victoria aplastante
de Morena con López Obrador. Un ir y venir de neoliberalismo y posturas
de izquierda que se han pasado la misma batuta a lo largo del tiempo:
Negar su responsabilidad y defender la violencia cometida a manos del
Ejército mexicano.
Asuntos medulares que fueron cuestionados en la
audiencia del 30 de enero ante la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos bajo un lema sencillo: ¿Hasta dónde el Estado mexicano es capaz
de llegar con tal de defender al Ejército?
Ese día se celebró la
histórica audiencia de alegatos orales en donde, en representación de la
presunta víctima, abogó Carmen Herrera y Elvia Duque del Instituto
Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Patricia Torres
Sandoval de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Angelita
Baeyens de la Fundación Robert Kennedy Human Rights.
Al día
siguiente, es decir, el 31 de enero, en el Centro Prodh, las defensoras
realizaron algunos apuntes en el caso, por ejemplo, la importancia de
consultar la audiencia, de difundir lo mencionado en la Corte, seguir de
cerca el proceso y por supuesto, cuestionar viejas prácticas.
Norma
Don Juan, de la defensoría de la familia Ascencio apuntó a una verdad
inequívoca: Los esfuerzos de todos los gobiernos en turno para contener
la violencia en contra de las mujeres no sólo ha sido escueta, sino,
además desentendida como un fallo sistémico del Estado mexicano.
La
defensora apuntó a que, si bien se han desarrollado comisiones,
fiscalías especializadas o las Alertas de Violencia de Género, las
mujeres siguen sin estar verdaderamente en el foco público y esto no es
un señalamiento sin fundamento, por el contrario, es palpable en el caso
Ernestina Ascencio; el caso es emblemático, no sólo por la verdad y la
justicia en su memoria, sino también, porque estos 18 años de impunidad
ha tenido una repercusión directa en la vida de las mujeres indígenas.
Una repercusión colectiva donde se esboza que, realmente, la
discriminación racial, la impunidad y la segregación son componentes que
se han mantenido a lo largo del tiempo.
Durante la audiencia
presentada ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos la
defensoría del Estado mexicano lanzó sus mejores argumentos para evitar
cargar con la responsabilidad absoluta, por lo que, si bien aceptó sus
obligaciones con la familia Ascencio y su falla al garantizar el acceso a
la salud, evitó, de manera reiterada incluir en su discurso a la
Secretaría de la Defensa Nacional y zanjó su defensoría aceptando sólo
«parcialmente» su responsabilidad.
Esto último, cuestionado por
las organizaciones civiles como el Robert Kennedy Human Rights quien
exigió en conferencia de prensa reconsiderar el hecho y, sobre todo,
dejar de omitir la responsabilidad del Ejército.
Por su parte,
Norma Don Juan realizó un férreo posicionamiento que sería clave para
poner la mira en las acciones del actual gobierno federal y cuestionar
qué tanto el sexenio de Sheinbaum dista de la época calderonista bajo 2
sencillas causales: El Ejército mexicano como brazo derecho del poder
ejecutivo en materia civil y respuestas confusas desconociendo su
responsabilidad.
«Siempre
hemos dicho que este caso es muy importante por la verdad y justicia,
pero también, tiene una repercusión en la vida de las mujeres indígenas.
El Estado dio discursos confusos como decir: No estamos de acuerdo con
Calderón, pero sí desconocieron los asuntos de fondo que les planteamos,
la narrativa [que manejaron los representantes del Estado] fue la
misma» (Norma Don Juan)
De
acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, se estima que de las
7 millones 364 mil 645 personas indígenas en México, el 51.4% son
mujeres. Además, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022 apunta
el siguiente panorama de discriminación contra este sector de la
sociedad, siendo las cifras de las mujeres más elevadas que la de los
hombres indígenas, pues el 40.8% de ellas opinó que, en nuestro país,
sus derechos humanos no se respetan.
Entre los principales motivos de discriminación a
las mujeres indígenas, se encuentran: forma de vestir (35.2%), peso o
estatura (33.2%), por ser mujer (29.4%), por ser indígena o
afrodescendiente (28.9%), creencias religiosas (28.3%), manera de hablar
(27.4%), clase social (22.6%), edad (21.5%), lugar donde viven (21.4%),
opiniones políticas (21.1%), tono de piel (17.1%), por ser huérfana o
adoptada (16.8), tener alguna enfermedad (9.5%), tener alguna
discapacidad (9.5%) y por su orientación sexual (6.2%).
El informe Bajo la Bota denuncia
que, entre los principales agresores de este sector se encuentran las
fuerzas armadas, siendo señaladas por cometer, con una alta incidencia,
las siguientes violencias:
Patadas, golpes y empujones
Vigilancia y seguimiento
Tocamientos y levantones de ropa
Abuso sexual e intento de abuso sexual
Estos hechos se articulan con un fenómeno sistémico que perpetúan sus quehaceres violentos: La impunidad. De acuerdo con una investigación impulsada por la Unesco y la ONEA,
de 33 mil 750 expedientes presentados a nivel federal ante el poder
judicial por tortura, homicidio, lesiones y abuso de autoridad, solo se
logró una sentencia condenatoria en 172 casos, una muestra mínima que
representa apenas el 0.5% y que deja al 99.5% en total impunidad.
Deshilando estructuras: Entre las deudas históricas y un gobierno feminista
La
audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos llega en un
momento coyuntural de nuestro país: El año de la mujer indígena. Uno de
los discursos políticos más sostenidos de Sheinbaum es zanjar las deudas
históricas que el Estado mexicano tiene con las mujeres indígenas y su
reconocimiento social, cultural y político.
De hecho, el pasado
23 de diciembre durante su mañanera rememoró la celebración del
aniversario 700 de la fundación de Tenochtitlán, por ello, en aras de
celebrar este importante acontecimiento en la historia nombraría el 2025
como el Año de la Mujer Indígena donde, a lo largo de los meses se
realizarían actividades y festejos por las culturas originarias.
Además,
se eligieron a 4 representaciones que serán emblema del gobierno a lo
largo de los 12 meses; Tecuichpo de la cultura mexica, la Reina Roja de
los mayas, la Señora seis monos de los mixtecas y Flor de la tierrita de
la cultura tolteca.
Precisamente, la presidenta reviró este 31
de enero (un día después de la audiencia contra el Estado mexicano donde
negó parcialmente de sus responsabilidades por la muerte de Ernestina
Ascencio) a una periodista quien le cuestiono el porqué el 2025 sería el
Año de la Mujer Indígena, a lo que la mandataria respondió:
«¿Por
qué no? La mujer indígena es una reivindicación del origen de México y
nunca se había reconocido a las mujeres indígenas como lo estamos
reconociendo ahora (…) tenemos que reconocer a la mujer indígena que
durante años quedó olvidada en nuestra historia»
Asimismo,
el 30 de septiembre del 2024 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se reformó el artículo 2° de la
Constitución Mexicana, en el que se reconocieron a los pueblos indígenas
como sujetos de derecho público que les da la capacidad de tener
propias formas de gobierno, así como preservar sus lenguas.
Las
acciones discursivas están presentes en la política del sexenio, sin
embargo, bajo el plano estricto de la acción, resulta imprescindible
reconocer que no puede celebrarse el Año de la Mujer Indígena cuando la
representación del Estado mexicano brinda oídos sordos y desestima los
argumentos de la familia de Ernestina Ascencio mientras defiende el
papel intachable del Ejército, un estatuto «de confianza y aprobación»
como dijo el propio Pablo Rocha, asesor jurídico de la Secretaría de
Relaciones Exteriores frente la CoIDH.
Pero el alegato por negar
las serias violaciones a los derechos humanos a manos de miembros de las
fuerzas castrenses no sólo ha nacido desde la defensoría del Estado
mexicano, sino también, de la propia titular del poder ejecutivo.
Fue
precisamente en septiembre (mismo mes en el que publicó los derechos de
las comunidades indígenas en el DOF), que se reunió en el Heroico
Colegio Militar con los más altos jerarcas de la Secretaría de la
Defensa Nacional; ese fue su primer discurso como presidenta electa.
Durante
el discurso, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró el trabajo de las fuerzas
armadas en «las nuevas tareas» que se les había encomendado, como la
construcción de obras y el desarrollo de tecnología de la nación.
Asimismo, citó al (entonces) General de la Sedena Luis Cresencio
Sandoval, refiriendo que esta extensión de confianza debía ser vista
como una oportunidad para la que se habían preparado «por bastante
tiempo».
Del otro lado de la moneda, para la población civil,
lanzó un mensaje en un intento de calmar las especulaciones sobre la
militarización y la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena: No
tengan miedo.
«Que
la sociedad no vea a un soldado en el aire o a un soldado de tierra con
temor porque trae un arma en la mano, sino que vea un soldado que ayude
a salir de alguna necesidad, es una manera diferente de servir a
nuestro país en la que las fuerzas armadas se han preparado también
durante mucho tiempo. (…) Les da a las fuerzas armadas mexicanas una
tradición civilista. Honrosamente, nuestras fuerzas armadas siempre han
obedecido al mando civil que establece la Constitución» (Claudia
Sheinbaum).
Este argumento se repitió, como una calca
ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos cuando el juez
Rodrigo Mudrovitsch cuestionó a los representantes del Estado qué tanto
se había hecho para evitar las violaciones a los derechos humanos a
manos del Ejército y qué protocolos existían para que los cuerpos
castrenses actuarán con debida diligencia en las zonas rurales,
indígenas y/o alejadas de áreas conurbadas.
Asimismo, el juez
mostró su preocupación ante la llegada de la Guardia Nacional y la
reforma que la unió a la Sedena, sin embargo, la defensoría del Estado
negó cualquier conexión entre la violencia y el Ejército, atajando que,
de hecho, la población mexicana se sentía optimista con esta acción,
pues la mayoría tiene plena confianza en el Ejército por lo que no hay
nada de qué temer.
Un
argumento que deviene directamente a las declaraciones hechas por la
propia hija de Ernestina, Martha Ascencio, quien durante la primera
parte de la audiencia acusó directamente al Ejército y refirió el miedo
constante que ha prevalecido entre las mujeres de su comunidad; narró
desde la experiencia del miedo cada vez que pasaba un miembro del
ejército y cómo ella, junto con otras mujeres, preferían encerrarse en
sus casas como método de supervivencia.
La agresión sexual, como
ya advertía Norma Don Juan, no sólo hirió irreparablemente a la familia
Ascencio, sino también, a toda una comunidad; trasgredió a las mujeres
de la región y dejó una marca imborrable deshilando todo el tejido
social de la comunidad, tal como apuntó la defensora Patricia Torres el
día de ayer durante la audiencia:
«Hablar
de violencia sexual sigue siendo un tabú en muchas comunidades de
México porque implica consecuencias sociales y culturales que tienen un
efecto en la esfera personal y familiar. Si agregamos el edadismo,
existe un reconocimiento de honorabilidad a las personas mayores en las
comunidades, es decir, al atacar a una mujer indígena mayor, también se
está atacando simbólicamente a una figura de honorabilidad que
representa un daño psicoemocional para su comunidad y la región de la
Sierra de Zongolica. Esto también es sobre la importancia de recuperar
el tejido social comunitario»
Bajo esta bandera que
defiende los quehaceres castrenses, el gobierno mexicano también se
cuelga la bandera del feminismo; un gobierno que tiene como emblema
apuntar a que «Llegamos todas» y que la República de las Mujeres está en
puerta con el segundo piso de la 4T.
En un breve recorrido, se rememora el evento «Con Claudia llegamos
todas» que se gestó en el Claustro de Sor Juana y a donde asistieron
diversas figuras de la política y activistas. En este espacio la
presidenta se reconoció como feminista; habló de del Sistema Nacional de
Cuidados, de su compromiso con las mujeres indígenas y de la maquila,
de frenar la violencia y por supuesto, aseveró, entre aplausos, que con
ella se ponía fin a «los falsos feminismos» de administraciones pasadas.
Concretamente,
su sello consta de que su feminismo no sería discursivo, sino más bien,
una verdadera política donde las mujeres irían al centro; apunte
necesario para dimensionar el alcance del compromiso bajo una agenda
feminista y el duro contrapeso que hace con el caso Ernestina Ascencio
vs México.
El tercer eje, como advirtió la defensora Norma Don
Juan en conferencia de prensa, es la manera en que aún queda un trecho
largo para ajusticiar, verdaderamente, a las mujeres indígenas y todas
las interseccionalidades que se cruzan sobre ellas.
Han pasado 18
años desde el feminicidio de Ernestina; mujer adulta mayor, monolingüe e
indígena, casi dos décadas y 4 gobiernos en las que no se han producido
las condiciones necesarias para asegurar la no repetición y tampoco, se
ha realizado la documentación y segregación informativa de otros casos
similares para atender los causales y abolir el feminicidio de mujeres
adultas mayores.
Fuente: Cimac Foto
Este
hecho quedó grabado el día de ayer, cuando el juez Diego Moreno
Rodríguez cuestionó cuál es el actuar del Gobierno Federal para contener
la violencia feminicida, además, pidió información precisa sobre el
plan de acción y también, exigió a los representantes del Estado que se
agregara en su informe final información sobre el feminicidio en mujeres
adultas mayores; datos que no están segregados, pues el feminicidio en
la vejez es uno de los fenómenos no contabilizados en nuestro país por
el encuentro de dos opresiones: El edadismo y la misoginia.
Según
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020
había ocho millones 139 mil 94 mujeres adultas mayores en el país; la
mayoría de ellas sufrió algún tipo de maltrato que se acrecentó con los
años. Esto último lo reafirma la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de
las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, la cual señala que las
mujeres de 60 años o más, en comparación con la misma encuesta realizada
en 2016, sufrieron mayor violencia física, emocional, económica o
sexual en este año.
«Toda
la defensa del Estado ha negado la violencia sexual (…) las denuncias
de violencia sexual por parte de mujeres mayores se encuentran con
incredulidad y escepticismo debido a posiciones edadistas y sexistas. A
ello se suma el componente indígena y monolingüe, en estos casos de
violencia sexual, dada la naturaleza, no se puede esperar la existencia
de pruebas gráficas o documentales, por ello, el testimonio de la mujer
sostenido en pruebas médicas es determinante» (Erick Acuña,
representante de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos»
Las contradicciones esenciales: El Calderonismo y el Ejército
Resulta
necesario referir que las obligaciones del Estado se mantienen a través
del tiempo y no están relacionadas al partido en turno, es decir, la
responsabilidad por atender y reconocer el fallo sistémico en el caso de
Ernestina es una obligación de quien tenga la batuta del poder
ejecutivo; el peso es el mismo tanto para Felipe Calderón, como para
Enrique Peña Nieto, López Obrador y ahora, Claudia Sheinbaum; no se
trata de la individualización de autores o de una responsabilidad penal
individual, dice la CIDH, sino de la responsabilidad de un Estado que
debe ser cuestionado sobre qué actos cometió y qué no ha hecho para
prevenir, sancionar y erradicar todo acto de violación a los derechos
humanos,.
El fondo esencial es que la defensoría (compuesta por
asesores legales de diversas secretarías como la Sedena o la Secretaría
de Relaciones Exteriores) ha mantenido, por orden del Estado, la misma
narrativa que rechaza la violencia sexual -de hecho, ni siquiera fue
mencionada durante el discurso del Estado ante la CoIDH- y sólo pretende
hacerse cargo de algunas responsabilidades como el acceso a la salud y
el derecho a la vida, produciendo contradicciones y ensalzando el pobre
actuar de las autoridades judiciales que no sólo manipularon,
violentaron y amedrentaron a la familia Ascencio, sino además,
ejercieron actos de discriminación al nunca entregarles documentos de la
carpeta de investigación en náhuatl.
El caso de Ernestina
Ascencio aconteció durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón
Hinojosa (2006-2012), mismo periodo en el que su mano derecha,
secretario de Seguridad Pública, fue Genaro García Luna.
En 2007,
los responsables de la seguridad de las y los mexicanos declararon la
Guerra contra el narcotráfico, el cual ha sido descrito como de los más
violentos para las mujeres, así lo documentó ONU Mujeres en su informe,
La violencia feminicida en México: aproximaciones y tendencias de 2007
al 2012, 12 mil 429 mujeres fueron víctimas de homicidio.
En este
informe se detalla que con la llegada de Calderón y la guerra contra el
narcotráfico que emprendió los casos de feminicidio se incrementaron
sustancialmente en el espacio público, el caso de Ernestina aconteció en
este contexto social; uno donde se emprendía una lucha en contra de las
células del narcotráfico más violentas y donde se «soltaron» a 400 mil
miembros del Ejército mexicano para que comenzaran a ocupar el espacio
civil con el objeto de contener, prevenir y enfrentar al narco. El
resultado: Abuso sexual, tortura y desapariciones forzadas en contra de
la población vulnerable.
Fuente: Cimac Foto
Tal como lo documenta el informe de Human Rights Watch
«Impunidad uniformada: Uso indebido de la justicia militar», el
despliegue de las fuerzas armadas sólo trae consigo abusos aberrantes
que siempre quedan, sistémicamente, impunes. Recordando el caso de la
zona 21 militar, cuando cuatro mujeres indígenas menores de 18 años,
pertenecientes a Carácuaro y Huetamo, Michoacán, fueron detenidas
durante más de 20 horas.
Durante ese tiempo, fueron violentadas
sexualmente de manera reiterada por parte de los soldados. Se burlaron
de los derechos humanos diciendo que «no existían» y que, si querían,
las aventarían al mar. Asimismo, fueron víctimas de tratos crueles e
inhumanos, cuando se le arrebató, a una de ellas, una estampilla de la
virgen mientras rezaba por su vida; uno de los soldados la arrugó y
posteriormente, se la introdujo vía anal. Las cuatro menores denunciaron
haber contraído infecciones de transmisión sexual. Sobre este caso,
nunca hubo detenidos y la Sedena se desligó del hecho diciendo que ya
había investigado los actos, aún, cuando nunca llamó a declarar a las 4
víctimas.
En aquel entonces, el presidente Felipe Calderón lanzó
comentarios reiterados que buscaban desestimar los abusos, atajando que
su gobierno estaba seriamente comprometido con la defensa de los
derechos humanos y que no había manera de comprobarle «ni un sólo caso»
en el que el Ejército haya violado los derechos humanos y que, en caso
de hacerlo, no había manera que su gobierno haya investigado y castigado
a los miembros castrenses responsables de cualquier acto.
Hoy, si
bien la narrativa no es la misma, sí persigue la misma razón de
defender el despliegue de las fuerzas armadas y realizar
pronunciamientos públicos sobre la honorabilidad del Ejército mexicano
(y la reciente Guardia Nacional). Durante el discurso frente al Heroico
Colegio Militar, Sheinbaum sí reconoció que «desgraciadamente» sí habían
existido ocasiones en que el mando no había actuado de manera correcta,
sin embargo, ese fue todo su argumento relacionado al papel de las
fuerzas armadas con la violación a los derechos humanos.
«Sepan
que vamos a ser un gobierno honesto e íntegro que dará orgullo y de algo
pueden estar seguro, por el profundo respeto que tengo a nuestras
fuerzas armadas nunca emitiré una orden que vulnere los derechos humanos
de nuestro pueblo.
Es
necesario referir que la violación a los derechos de las mujeres a
manos del Ejército ha sido un fenómeno sostenido el tiempo; si bien
recrudecido por la guerra contra el narcotráfico, este episodio sólo fue
un parteaguas, pues desde entonces, las fuerzas castrenses han
desarrollado modus operandi para ejercer el secuestro de mujeres y
cometer tortura sexual en total impunidad.
Esto abona a la
narrativa para cuestionar cómo, lo sucedido con Ernestina Ascencio no
representó un acto aislado, sino un fenómeno sistémico que las fuerzas
armadas han cometido en nuestro país desde hace años sin importar el
partido que presida el poder ejecutivo. Ni el PAN calderonista, ni el
PRI de Peña Nieto, tampoco la llegada de la 4T ha garantizado políticas
públicas de no repetición y tampoco, considerado las dimensiones de lo
que representó la muerte de Ernestina Ascencio para diseñar políticas
públicas que, verdaderamente, garanticen la no repetición.
Por el
contrario, en 18 años el Estado mantiene firme su defensa y rechaza
adjudicarse la responsabilidad completa, aún cuando se presumió frente a
la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que México tenía a la
primera mujer presidenta y que existía una agenda feminista.
De
acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
(Centro Prodh), la organización tiene registro de 29 mujeres que, entre
2006 y 2015, enfrentaron un modus operandi; secuestro exprés, tortura
sexual y posteriormente, forzarlas a firmar un documento -a cambio de su
libertad- donde culpaban al crimen organizado de la región y juraban
nunca señalar al Ejército.
Ernestina Ascencio: Línea del tiempo a 18 años sin justicia
En
el transcurso de 18 años, Cimacnoticias ha seguido de cerca el caso de
Ernestina Ascencio y evidenciado las violencias sistémicas que la
familia ha tenido que enfrentar, desde la manipulación de pruebas
periciales, discriminación institucional, desestimación de sus
testimonios, hasta un actuar pobre de la Comisión de los Derechos
Humanos que intentó amedrentar a la familia pidiéndoles detener su
lucha. Hoy, a casi dos décadas del suceso, llegó a una audiencia oral en
la CoIDH; una victoria necesaria, que se vuelve agridulce con la
postura del Estado que pretende no ser señalado de responsable, pues
sólo aceptó sus obligaciones de manera parcial.
En 2007,
Cimacnoticias documentó que, apenas transcurridas 24 horas del deceso de
doña Ernestina, como consecuencia de las lesiones que le provocaron la
violación y maltrato que le habría infringido un grupo de militares el
25 de febrero, la promesa de apoyos materiales y económicos del
gobernador Fidel Herrera intentaba evitar la violencia de más de 3 mil
indígenas nahuas que, indignados, exigían justicia.
El propio
procurador de Justicia del Estado de Veracruz, Emeterio López Márquez,
había ordenado horas antes el descenso de la Sierra de Zongolica de
cuatro soldados escoltados por dos camiones militares. Aparentemente
eran los responsables.
Inicialmente, el examen médico practicado a
doña Ernestina y los dos peritajes de la Procuraduría veracruzana
indicaron que había fallecido de una fractura craneoencefálica y
cervical. Además, decían que su cuerpo presentaba desgarros en la parte
vaginal y anal, así como equimosis en el cuerpo producto de una
agresión, lo cual coincidía con lo que ella dijo a su hija respecto a lo
que le había sucedido.
Pero 48 horas después del suceso y sin ser
requeridos arribaron los visitadores de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) Ricardo Coronado, Raúl Neri, Francisco Plata y
Pedro Armendáriz, al tiempo que el gobierno estatal cumplió su promesa
de distribuir en Tetlacinga miles de despensas y cientos de bicicletas.
Al
inicio de las investigaciones, los cuatro soldados, a quienes bajaron
de la sierra escoltados, fueron presentados ante la Agencia
Especializada en Delitos Sexuales, aunque siete más eran investigados
por su coparticipación.
Sin embargo, en su boletín 019, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) exculpó al Ejército.
Supuestamente,
la Sedena se defendió refiriendo que el acto había sido perpetrado por
delincuentes que utilizaban uniforme militar y que pretendían generar la
rabia colectiva en la comunidad para que expulsaran al batallón que
habitaba en la Sierra y así, poder ejerciendo actividades delictivas.
En
el mismo comunicado, la Sedena aceptó la violación de la mujer, pues
informaba que se continúan realizando exámenes de investigación policial
y criminalística de campo. Peritos especialistas, llevan a cabo el
dictamen pericial en materia forense, consistente en comparar el líquido
seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa, con muestras de sangre
que se tomen del personal militar.
El propio secretario de la
Defensa Nacional, Guillermo Galván, anunció que 20 días más tarde
contaría con los resultados de los exámenes y aclaró que no hay
elementos detenidos, únicamente están 93 elementos acuartelados, pues
son sometidos a interrogatorios, y se les aplica exámenes de ADN para
verificar su responsabilidad en el caso.
Todo terminó dando un
giro vertiginoso cuando, en una entrevista para La Jornada, el
-entonces- presidente, Felipe Calderón refiriera que había estado
pendiente del caso y que, accediendo extraoficialmente a la necropsia,
se encontró que Ernestina había muerto a causa de gastritis y que no
existía rastros de violación. Este sería el pináculo que desataría un
acuerdo interinstitucional, en donde todos los agentes y cuerpos del
Estado perseguirían la misma versión, amagando a la familia Inés
Ascencio para hacerles retroceder y poniendo en entredicho su versión,
aún, cuando existió documentación oficial y forense que sí reconoció
haber encontrado líquido seminal de, al menos, 3 individuos en el cuerpo
de Ernestina.
Tras la declaración de Calderón, la CNDH acudió al
hospital Regional de Río Blanco -nosocomio al que llegó Ernestina luego
de 10 horas y donde perdió la vida- a investigar un caso de negligencia
médica cometido en contra de la mujer, interrogando a la ginecóloga
María Elena Rodríguez Cabrera, el cirujano Eric Maya y el cardiólogo
Isidro Mendoza, quienes la habían atendido.
Tras la visita, la
versión médica sobre el grave estado en que llegó Ernestina, con
perforación de órganos internos producto de una agresión con un objeto
contundente, fuertes hemorragias, y fracturas, luxaciones en diversas
partes del cuerpo y la creciente inflamación del vientre por la
perforación de intestino y, en consecuencia, la infección de su cuerpo
con heces fecales fue modificada.
A partir de entonces, la causa
de muerte, según las autoridades del Hospital Regional de Río Blanco
fue: enfermedades gástricas, no había ya indicios de violación ni
fracturas.
La hipótesis de una muerte natural, no violenta, mucho
menos resultado de una violación sexual, que delineó Calderón y abonó
José Luis Soberanes, se fue colocando en los medios de comunicación.
Con
todo un escenario montado, un Calderón negando la verdad y una CNDH
solapando el hecho, la Sedena tomó ventaja y volvió a lanzar un
posicionamiento. Esta vez, desconocía todo ataque sexual, ahora, el
encargado del área de comunicación de la Secretaría, Lucio González
Cortés, contradecía lo sostenido por la dependencia antes de los dichos
de Calderón y Soberanes: La Secretaría de la Defensa Nacional no cuenta
con muestra alguna de líquido seminal supuestamente encontrado en el
cuerpo de la señora Ernestina Ascencio Rosario, y jamás lo ha tenido.
Cimacnoticias documentó a través de su corresponsal, Laura Castro Medina:
«Las
y los hijos de doña Ernestina rechazaron la versión de Calderón, CNDH y
PGJE. Aseguraron que su madre era una mujer muy sana, que se alimentaba
bien y nunca acusó dolor. Además, reiteraron que su madre había sido
golpeada, torturada y agredida sexualmente.
Sin embargo, hoy las
autoridades estatales aseguran que ellos aceptan el dictamen de una
muerte natural y no culpan a nadie de la muerte de Ernestina. Es más,
según el Gobernador de Veracruz, doña Ernestina nunca habló.»
Esta
primera parte, fue sostenida por la hija de Ernestina, Martha Inés
Ascencio, 18 años después, quien por primera vez en la lucha por la
justicia declaró ante la CoIDH y pronunció las mismas palabras: Mi mamá
era una mujer muy sana.
Para que no hubiera duda de su nueva
posición ante el caso Ascencio, Fidel Herrera dijo por su parte: Junto a
la solidaridad expresa del pueblo y gobierno de Veracruz está también
la del Glorioso Ejército Mexicano, comprometido con nosotros a
investigar y aplicar todo el peso de la ley de la jurisdicción del fuero
común y de la jurisdicción castrense a quien resulte responsable de
este insensato y estúpido crimen.
El 24 de abril, Herrera se
reunió con José Luis Soberanes. Dos días más tarde afirmó: Ningún
integrante del Ejército Mexicano tiene ninguna acción que ver con lo que
ocurrió. Tengo la certeza de que esto, por el bien de las
instituciones, de la ley y de los veracruzanos y de los indígenas y de
todo lo que esto implica, tiene que concluir, y muy bien, por el bien
del país.
Así, el caso quedó zanjado y no existieron más líneas de
investigación, dando paso, a la apertura del recurso de apelación donde
se cometió uno de los actos articulados más evidentes: Alejar a la
familia de su comunidad para evitar la impugnación. Los Inés Ascencio
estuvieron fuera por 12 días y al momento de regresar a casa, se les
notificó que su plazo para apelar había terminado y con ello, el caso
fue cerrado un 23 de mayo.
El 30 de abril, Martha, Carmen, Juana,
Julio y Francisco Inés Ascencio fueron trasladados junto con sus hijos y
nietos a la ciudad de Xalapa para conocer el dictamen de las
investigaciones de la PGJE. Y, sin notificar a sus vecinos, se
trasladaron a bordo de un autobús de turismo a Tampico. Posteriormente
permanecieron durante algunos días en Ixtapan y finalmente se
trasladaron a la Ciudad de México para visitar la basílica de Guadalupe.
De
acuerdo a versiones de René Huerta, «representante» de la familia, el
viaje fue financiado por la Fundación Cordobesa del Golfo, la cual es
presidida precisamente por Vicente Montiel, colaborador personal del
gobernador Fidel Herrera Beltrán.
En mayo del 2007 (mismo mes en
el que se cerró el caso), se entregó a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) una carpeta con el informe y la valoración del
proceso de investigación que hizo la Procuraduría de Veracruz y el de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Valentina
Batres Guadarrama, integrante de la Comisión de Equidad y Género del
órgano legislativo, aseveró que la muerte de Ernestina por la presunta
violación de elementos del Ejército Mexicano no se quiso investigar a
fondo, sino más bien fue una investigación simulada, tanto por el
gobierno del estado como por la CNDH.
Para el 6 de julio, el
Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) reveló que Felipe
Calderón carecía de pruebas y elementos para dictaminar como natural la
muerte de la señora nahua Ernestina Ascencio Rosario, organizaciones
civiles de Veracruz exigen la reapertura del caso a nivel internacional,
mientras el gobierno federal, se encontraba argumentando ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) antes de que ésta
emita un pronunciamiento al respecto.
Cimacnoticias documentó el 3
de septiembre del 2007 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) ratificó su versión de que la señora Ernestina Ascencio,
falleció a causa de una anemia aguda por sangrado de tubo digestivo
secundario a úlceras gástricas pépticas agudas y exoneró a los elementos
del Ejército Mexicano involucrados en el hecho, al afirmar que la
indígena náhuatl «no fue víctima de una violación ni de un ataque».
Para
la CNDH, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) actuó
irregularmente al instalar el campamento militar en la comunidad donde
vivía la señora Ascencio Rosario, de manera contraria a la legislación
castrense; y diversos militares se negaron a colaborar con las
investigaciones del Ministerio Público, sin recibir sanción.
«El
único propósito de Soberanes era encubrir las constantes violaciones de
derechos humanos en las comunidades indígenas que el Ejército ha venido
realizando impunemente, con esa recomendación se protege a los
violadores de los derechos humanos y no a los que la padecen», se
pronunció la -entonces- la perredista Valentina Batres Guadarrama.
Durante
este proceso, se documentó una serie de acosos y hostigamientos
cometidos en contra de periodistas que habían documentado el caso, de
hecho, la Procuraduría del estado citó a comparecer a Rodrigo Vera,
reportero de Proceso, y mantiene un cerco informativo a la corresponsal
en Veracruz, Regina Martínez, que cubrieron el caso para esa revista.
De
igual forma, a Andrés Timoteo Morales, corresponsal del periódico La
Jornada y uno de los primeros en investigar la violación y el asesinato
de Ernestina, fue objeto de robos de documentos y equipo de trabajo.
La
criminalización no paró ahí, pues el Estado también se encargó de
perseguir a las y los profesionistas que habían dado fe del abuso sexual
cometido en contra de Ernestina Ascencio.
En abril del 2008,
María Catalina Rodríguez, Ignacio Gutiérrez Vázquez y Juan Pablo
Mendizábal, peritos veracruzanos, fueron suspendidos y puestos bajo
investigación tras su participación en la autopsia de Ernestina donde
determinaron abuso sexual. Esta acción se desprendió de las
aseveraciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) donde afirmó que la mujer originaria de Tetlazinga, municipio de
Soledad Atzompa, de la sierra de Zongolica, no murió por lesiones
derivadas de abuso sexual, sino por muerte natural.
De resultar
responsables, advirtió la CNDH, la médica y los dos médicos serían
sancionados conforme a la Ley de Responsabilidades de los funcionarios
públicos del estado de Veracruz; Juan Pablo Mendizábal y Catalina
Rodríguez sostuvieron, hasta el último momento, su versión de haber
encontrado signos de abuso sexual en el cuerpo de Ernestina; 18 años
después, su palabra y documentos fueron clave durante la audiencia de la
Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
«La química
forense coincide con los datos clínicos corroborados de laboratorio,
pero la CNDH intervino y en lugar de defender los derechos de la mujer
indígena vino a dar al traste con la investigación. Estoy dispuesto a
sostener lo dicho en el dictamen pericial, Ernestina murió por violación
sexual y golpes» (Pablo Mendizábal, 2010)
El 13 de enero de 2011,
el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara Litigio Estratégico,
la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de
Zongolica, y Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos
presentaron el caso ante el la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos, bajo el argumento de que Ernestina fue víctima de violencia
sexual e institucional de las autoridades que no esclarecieron los
hechos, toda vez que el Estado mexicano no le brindó protección
judicial, y porque la sociedad mexicana tiene derecho a conocer la
verdad de lo ocurrido.
En conferencia de prensa, Carmen Herrera y
Julia Suárez, integrantes de Abogadas y Abogados para la Justicia y los
Derechos Humanos, dijeron que en noviembre de 2013 recibieron una
notificación de la CIDH respecto a que el caso está en etapa de admisión
y que consultará al gobierno mexicano para que dé observaciones, pero
no fue hasta febrero del 2014 que se notificó que se analizaría el caso
por presunta violación sexual cometida por militares y omisión por parte
del Estado.
Para el 2017, es decir, 10 años después de la muerte
de Ernestina Ascencio, se notificó la entrada del caso a la CIDH y tres
años después, en 2020 cuando se realizó la primera audiencia virtual
donde representantes del Estado mexicano y las organizaciones civiles
expondrían el caso. En ese encuentro, el director general de Derechos
Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
Cristopher Ballinas Valdés; el Fiscal General de Veracruz, Hernán
Cortés; y el Secretario Ejecutivo del Instituto Veracruzano de Acceso a
la Información, Daniel Pereida, aseguraron que en el caso de Ernestina
el Estado no cometió violaciones a Derechos Humanos toda vez que llevó a
cabo todas las diligencias correspondientes, se actuó bajo derecho y se
protegieron en todo momento los derechos de la víctima y su familia.
Concretamente:
Luego de 13 años de la declaración hecha por Felipe Calderón donde
negaba el abuso sexual, los representantes del Estado (cuando ya
gobernaba López Obrador) sostuvieron firmemente esta versión y negaron
categóricamente que México haya violado los derechos humanos de
Ernestina Ascencio.
«Lamentando seriamente la posición que el
Estado ha venido a traer a esta audiencia. Solamente se confirma esa
verdad histórica como se acostumbra en México construir para la
impunidad, para la opacidad. No escuchamos ninguna explicación
convincente o satisfacción del derecho a la verdad. Vemos un profundo
desdén hacia este caso, las peticionarias y las víctimas», dijo Carmen
Herrera durante esa audiencia.
Días más tarde, el 10 de
diciembre, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
Alejandro Encinas declaró que la FGJ de Veracruz, bajo la coordinación
de la Segob, abriría de nuevo las indagatorias por el caso Ernestina
Ascencio, un hecho que movería a las colectividades feministas y a la
defensoría de la familia, quienes cuestionaron la opacidad de la
Fiscalía veracruzana y exigieron que las debidas diligencias fueran
llevadas por un órgano externo para evitar manipulación o
tergiversaciones en la investigación.
En respuesta, Encinas
reviró: «La posición sostenida en la reunión de trabajo de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos no representa la posición del Estado
mexicano, las políticas en materia de protección y garantía en materia
de DH y no representa las instrucciones que nos ha dado el presidente de
la República”
Así, en 2021 con la CIDH encima y los
cuestionamientos a López Obrador, quien se comprometió a no dar
«carpetazo» al caso Ernestina, la CNDH reconoció fallas identificadas en
su actuar en el 2007 y ordenó, bajo la -aún titular- Rosario Piedra
Ibarra, iniciar una revisión bajo los estándares más altos de
perspectiva de género, etaria, étnica y multicultural.
Y aunque
esto fue una victoria importante, las organizaciones civiles
consideraron insuficiente el hecho, pues nunca establecieron contacto
con la familia Inés Ascencio y tampoco se comunicaron con ellas, quienes
estuvieron acompañando el caso desde el 2007. Además, de que este
reconocimiento se dio 14 años después de sus constantes violaciones y
solapamientos al Estado y sus fuerzas armadas.
Ese mismo año, la
CNDH reculó su postura y reconoció, por primera vez, que Ernestina había
sido agredida sexualmente por parte de elementos del 63 batallón de
infantería del ejército y que funcionarios de distintos niveles habían
sido presionados por autoridades federales para modificar la versión de
los hechos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
presentó este 4 de noviembre el Informe de la Recomendación 34/2007:
Memoria, verdad, justicia y reparación, en el que analizó las acciones y
omisiones realizadas por las dependencias y organismos que
intervinieron en la investigación del caso de la señora Ernestina
Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl de 73 años, que falleció en
febrero de 2007 a causa de una serie de agresiones cometidas en su
contra y por la falta de atención médica adecuada y oportuna.
“En
el cuerpo de la señora Ernestina Ascencio están impresas las marcas de
una sociedad que silencia a las víctimas, de un Estado que ha sido
incapaz de hacer justicia, y de un manto de señalamiento, vergüenza y
culpa que impide que hasta el día de hoy se reconozca la verdad sobre lo
sucedido”, reconoció la CNDH.
En su Informe de Fondo
No. 400/21 la Comisión determinó que la señora Ascencio Rosario fue
víctima de violación sexual por parte de miembros de las fuerzas armadas
del ejército mexicano, la cual reúne los elementos de tortura.
Particularmente, la Comisión notó que la violación causó un maltrato
intencional, que ocasionó un sufrimiento intenso físico y mental y que
la situación resultó especialmente grave teniendo en cuenta la
pluralidad de agresores, la edad avanzada de la víctima, y el hecho que
se tratara de agentes estatales. Aunado a esto, consideró que el fin o
propósito fue el hacer daño a la víctima en un aspecto íntimo como es su
sexualidad e intimidad.
En este sentido, la Comisión concluyó que
el Estado mexicano violó los derechos a la integridad personal, honor,
dignidad y el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en
perjuicio de la señora Ernestina Ascencio Rosario. Todo lo anterior, en
incumplimiento de las obligaciones que derivan de los artículos 5 y 11
de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma.
Asimismo, en vista de la violación sexual y tortura de la que fue
objeto la señora Ernestina Ascencio Rosario, el Estado mexicano violó el
artículo 7 de la Convención Belém Do Pará.
Dos años después, para
agosto del 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
sometió el 11 de junio de 2023 a la Corte Interamericana el Caso 13.425
sobre la violación sexual de Ernestina Ascencio Rosario por parte de
miembros del Ejército en 2007 y su subsecuente muerte por falta de
atención médica, así como por la impunidad de los hechos.
En consecuencia, la Comisión recomendó al Estado las siguientes medidas de reparación:
Reparar
integralmente las violaciones declaradas en el informe, de manera
individual y colectiva, con un enfoque de género y etnicidad.
Iniciar una investigación penal exhaustiva y rápida para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.
Entregar
a Julia Marcela Suárez Cabrera (abogada de la familia) una copia simple
de la versión pública del expediente de investigación, protegiendo
datos personales.
Garantizar la seguridad de los familiares y personas que han participado en las investigaciones y el proceso.
Adoptar
medidas para prevenir en el futuro hechos similares, implementando
programas de formación en derechos humanos y previniendo la
discriminación de género y etnia en las investigaciones. También se
enfatizó la importancia de garantizar el acceso a intérpretes en los
sistemas de salud y justicia para las lenguas indígenas.
Ahora,
tras 18 años y el reconocimiento de la CIDH de que, efectivamente, el
Estado mexicano es responsable de la muerte de Ernestina,
obstaculización a la justicia y reparación integral del daño a la
familia Inés Ascencio, el caso llega a las manos de las y los jueces de
la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde, tras una lucha
tan extenuante, se esperaría una apertura más laxa por parte de los
representantes del Estado mexicano, especialmente, porque su primer
anuncio fue celebrar la llegada de una mujer presidenta, sin embargo, al
igual que hace 5 años cuando se dio la primera audiencia, la defensa
del Ejército y el evitar hablar del abuso sexual habla, no sólo de una
discordancia entre la política feminista de Sheinbaum, sino también, de
que el Estado no está garantizando la no repetición, pero sí,
perpetuando las mismas narrativas que la familia Inés Ascencio ha
combatido de manera insistente desde el sexenio calderonista.
Lee aquí, un resumen de todo lo que sucedió en la audiencia oral del 30 de enero.
El
3 de marzo del 2025 se entregará el informe final por parte del Estado
mexicano y de la defensoría de la familia, lo que implica que, con todos
estos elementos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos podrá
emitir una sentencia que, según apuntan las organizaciones civiles y
defensoras de los Ascencio, todo pinta a un fallo favorable para la
memoria de Ernestina Ascencio, sin embargo, aún se desconoce la fecha
exacta en la que la CoIDH ponga punto final a esta lucha que durante
casi dos décadas, pareció imbatible.
.-Ciudad
de México.- El Museo de Memoria y Tolerancia (MyT), ubicado en el
centro histórico de la Ciudad de México, en colaboración con la
Secretaría de Educación Pública,inauguraron la exposición Ana Frank: Notas de Esperanza,
para reconocer la importancia de los escritos de esta joven escritora y
para resaltar la importancia de integrar herramientas educativas que
fomenten valores como la tolerancia y el respeto a los derechos humanos
en las aulas.
Este tipo de exposiciones son fundamentales porque Annelies Marie Frank, mejor conocida como AnaFrank
es un emblema de resistencia literaria en un contexto de persecución y
opresión durante la Segunda Guerra Mundial y a partir de sus escritos,
se generó uno de los libros más importantes a nivel mundial, de los más
leídos y que se ha traducido a 70 idiomas.
No podemos dejar de
lado que Ana fue la escritora de un diario durante su estancia en el
escondite donde pudo documentar sus miedos, necesidades y todo aquello
que iban pasando día a día en el escondite que compartió con su familia
en la ocupación nazi.
En julio de 1942, la familia Frank se ocultó junto con la familia Van Pels en un escondite secreto ubicado en la avenida Prinsengracht 263.
La casa, situada detrás de las oficinas comerciales donde Otto Frank,
el padre de Ana, trabajaba como director de una empresa fue
acondicionada con la ayuda de amigos quienes les proporcionaban
alimentos y ropa, arriesgando sus propias vidas.
Ana sentía pasión
por volverse escritora y periodista por lo que su padre, tras la muerte
de toda su familia, incluida Ana Frank, encontró el diario y decidió
publicarlo el 25 de junio de 1947, Het Achterhuis (conocido en español como El Diario de Ana Frank).
De
acuerdo con la información de la fundación de Ana Frank, la entonces
joven escritora vivió con sus padres y su hermana mayor, Margot, en un
departamento en Frankfurt y cuando los nazis ascendieron al poder en
1933, Otto Frank, su padre, se vio obligado a huir a Ámsterdam, en
Países Bajos, donde tenía contactos comerciales.
Fue en 1942
cuando los alemanes iniciaron los preparativos para deportar a los
judíos de los Países Bajos a los campos de exterminio del este.
Los
judíos no holandeses fueron internados en el campo de tránsito de
Westerbork y posteriormente deportados a Auschwitz-Birkenau y Sobibor,
en la Polonia ocupada. Estas deportaciones y la intensificación de las
medidas antisemitas ponían en grave peligro la vida de los judíos en los
Países Bajos, incluida la familia Frank.
El 4 de agosto de 1944,
la policía alemana descubrió el escondite. El 8 de agosto, la Gestapo
trasladó a la familia Frank y a los otros escondidos al campo de
tránsito de Westerbork.
Un mes después, el 3 de septiembre de
1944, fueron deportados en el último transporte de Westerbork a
Auschwitz-Birkenau, en la Polonia ocupada.
A principios de
noviembre de 1944, Ana y su hermana Margot fueron trasladadas al campo
de concentración de Bergen-Belsen, en el norte de Alemania. Ana Frank
falleció en febrero o marzo de 1945, a los 15 años, poco antes de que
las tropas británicas liberaran Bergen-Belsen el 15 de abril de ese
mismo año.
El diario
Ana recibió
en 1942 un diario para su cumpleaños 13 y lo lleva consigo cuando se
esconde junto con su familia, lo escribió en neerlandés. Es una de las
primeras cosas que empaca.
Kitty es un personaje ficticio a quien,
finalmente, Ana escribe las cartas en su diario. El nombre Kitty
proviene de una serie de libros que Ana lee. Ésos libros fueron escritos
por la autora holandesa Cissy van Marxveldt. Esta serie se trata de una
joven que con su grupo de amigas viven todo tipo de aventuras.
Uno
de esos libros de esa serie de van Marxveldt está en parte escrito en
forma de una carta y eso le da la idea a Ana de abordarlo de esa manera.
Kitty Francken es uno de los personajes de ese grupo de amigas. Ana prefiere escribirle a «ella». Esa Kitty
en los libros de Cissy van Marxveldt es «inteligente», alegre y
divertida. Y es así, como Kitty se convierte en el personaje ficticio al
que Ana le confía sus secretos.
La última carta del diario de Ana es del 1 de agosto de 1944, tres días antes del arresto.
El pequeño escritorio en la habitación de Ana Frank y Fritz Pfeffer en la Casa de atrás. Reconstrucción, 1999.
Colección de fotos: Anne Frank Stichting, Ámsterdam/ fotógrafo: Allard Bovenberg
La exposición
La exposición Ana Frank: Notas de Esperanza,
presenta una réplica exacta del escondite donde Ana y su familia donde
permanecieron ocultos durante la ocupación nazi en Ámsterdam. La muestra
incluye más de 150 objetos, así como material fotográfico y
audiovisual, con el propósito de generar conciencia sobre la importancia
de la tolerancia y la dignidad humana.
Cortesía
Esta
exposición fue inaugurada en 2023 gracias a una alianza entre el Museo
Memoria y Tolerancia, la Casa de Ana Frank en Ámsterdam y el Centro Ana
Frank en Argentina para Latinoamérica, con el objetivo de conmemorar el
94 aniversario del natalicio de Ana Frank.
La muestra se compone
de 10 salas, cada una con elementos cuidadosamente seleccionados para
ofrecer una experiencia inmersiva. La primera sala, titulada “Hojas de
vuelo”, proyecta pensamientos de Ana Frank en las paredes, el techo y el
piso, permitiendo a los visitantes conocer su situación familiar y el
contexto histórico devastador que vivió.
A continuación, las y los
asistentes pueden recorrer una línea del tiempo que narra los capítulos
más importantes de su vida, desde su nacimiento hasta el momento en que
ella y su familia fueron capturados y enviados a un campo de
concentración.
“Ana Frank: Notas de Esperanza” estará disponible
hasta el segundo semestre de 2025 en el Museo Memoria y Tolerancia, en
la Ciudad de México. Podrá visitarse de martes a domingo.
Estas
agresiones no solo fueron físicas, sino también psicológicas, con el
objetivo de deshumanizarlas y desexualizarlas progresivamente.
El
proceso comenzaba con la separación de las madres de sus hijos,
destruyendo su rol materno y fragmentando el núcleo familiar.
Posteriormente, las mujeres eran sometidas a selecciones según sus
capacidades físicas para determinar su utilidad laboral en los campos.
Como
parte de su homogeneización, se les rasuraba el cabello y el cuerpo, lo
que marcaba el inicio de su desindividualización. Estos actos han sido
documentados en numerosos testimonios, como el de Micheline Maurel sobre
su llegada a Ravensbrück.
Además de la humillación de los exámenes físicos y los golpes para probar su resistencia, muchas mujeres desarrollaban amenorrea debido
al estrés, la malnutrición y la explotación. Aunque no fue una medida
intencional de las autoridades nazis, esta condición profundizaba su
sensación de pérdida de identidad femenina.
Otra forma de violencia extrema fue la esterilización forzada
bajo el pretexto de experimentos pseudocientíficos, lo que representó
la mutilación más severa de su feminidad con fines genocidas.
Asimismo, la explotación sexual
alcanzó su punto máximo con la creación de los Sonderbauten, burdeles
donde las prisioneras eran obligadas a prostituirse para los prisioneros
de alto rango. Las SS seleccionaban a mujeres jóvenes y sanas,
engañándolas con la promesa de ser liberadas tras seis meses.
Estos
actos de violencia sistemática no solo buscaban someter a las mujeres,
sino destruir su identidad y humanidad, convirtiéndolas en instrumentos
de un régimen basado en el terror y la opresión.
.-El
pasado 11 de septiembre por invitación de mi buen amigo Mario Pantaleón
me encontraba en la Cineteca Mexiquense, viendo el documental “20 días
en Mariupol”. Ahí estaba esa noche, con mis hijos, emocionada y lista
para platicar con Vasilisa Stêpanenko, una joven ucraniana de apenas 24
años quien a los 22 estaba trabajando como modelo y acababa de obtener
un trabajo como reportera en un canal local, cuando en 2022, – febrero
para ser más exactos – comenzó la invasión de las tropas rusas a su
país, así es como su carrera dio un vuelco, comenzando a trabajar como
productora de videos para la Agencia Associated Press, y desde entonces
no ha detenido su labor como productora incluyendo su trabajo en el
documental antes mencionado – “20 días de Mariupol” – obteniendo
reconocimiento mundial, pues dicho material visual ha obtenido los
siguientes premios:
Festival del Cine de Sundance, ganando el
concurso de documentales. Fue selecionada como la presentación de
Ucrania para los Óscares a Mejor Película Internacional, pero en su
lugar fue nominada a Mejor Largometraje documental, ganando en esa
categoría. Fue nominada a dos premios BAFTA y gano uno de ellos. Ha sido
nombrada una de las cinco mejores películas documentales del 2023 por
la National Board of Review y fue proyectada al inicio del 78° periodo
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Además
de obtener el Premio Pulitzer 2023, junto a dos compañeros periodistas
ucranianos, Mstyslav Chernov y Evgeniy Maloletka en conjunto con la
periodista Lori Hinnant, por su cobertura del asedio ruso de Mariúpol
para la agencia Associated Press.
Aquí lo que le pregunté y lo que me contó ese día…
Paloma Cuevas: Esta
tarde hemos visto “20 días de Mariupol”, cuéntanos quién eres y porqué
es importante que las personas sepan lo que ocurrió y sigue ocurriendo
en Ucrania en estos momentos.
Vasilisa Stêpanenko: Mi
nombre es Vasilisa Stêpanenko, soy la productora de “20 días en
Mariupol”, yo estaba en Ucrania cuando todo ocurrió, con Mstyslav
Chernov y Evgeniy Maloletka. En esos momentos era una periodista para la
agencia Associated Press, cubriendo la guerra en Ucrania, y sabíamos
que era importante contar estas historias humanas que estaban
desarrollándose en ese momento al mundo.
Podíamos sentir que los ojos de los ucranianos y del mundo entero estaban ahí.
Este
documental cubre únicamente los primeros días de la guerra, pero es
importante recordar que la guerra continúa en este momento, mientras
estamos aquí la guerra continúa.
Vine a presentar el documental a México, pero tan pronto terminemos con las presentaciones yo regresaré a Ucrania.
Paloma Cuevas: ¿Continuarás reportando los hechos, cuando regreses a Ucrania?
Vasilisa Stêpanenko: Claro,
estoy reportando todo el tiempo. De hecho, cuando terminamos el trabajo
en Mariupol, continué con reportajes en algunas ciudades orientales, en
mi ciudad natal, en las líneas del frente de resistencia.
Paloma Cuevas: Hay una frase específicamente que se me quedó tatuada: “La guerra es como una radiografía, porque nos muestra lo que somos por dentro,” ¿cómo
fue para ti estar ahí mientras toda esa vorágine ocurría a tu
alrededor? ¿Por qué decidiste reportar al respecto? Podrías haberte ido
simplemente, ¿por qué quedarte?
Vasilisa Stêpanenko: La
guerra vino a mi casa y como periodista, no creo haber tenido otra
opción, solo necesitaba estar donde está mi gente, quedarme y darles
voz. Decidí que tenía que ser fuerte y continuar con mi trabajo, porque
hoy sé que es importante. Es mi servicio social para la gente, que no
tiene opción de ir a ningún otro lugar, y como periodistas nuestra labor
es contar y mostrar la verdad al mundo.
Paloma Cuevas: Tienes
mucha razón. Es tan fácil para los poderosos contar “su verdad” y hacer
que el mundo entero la crea. En algún momento se dijo que los hechos de
los bombardeos a los hospitales eran actuación y que era todo una
mentira. Sin embargo, las personas que están ahí, la gente que ha sido
asesinada, la gente que ha desaparecido, las familias que han sido
destrozadas son una verdad que debe ser contada. ¿Cómo lidias con el
miedo?
Vasilisa Stêpanenko: Mi mayor miedo es que
las historias podrían desaparecer, que nadie sepa que en este lugar
hubo personas asesinadas, que hubo niños asesinados, eso me daba miedo.
[Había
demasiado ruido en el espacio, y tuvimos que movernos hacia la entrada,
la conversación se había vuelto entrañable en este momento.]
Paloma Cuevas: La ciudad no estaba preparada para un bombardeo. Evidentemente la ciudad no estaba lista para una guerra.
Vasilisa Stêpanenko: Tienes
razón, yo creo que ni la ciudad, ni las personas, ni yo estábamos
listos para una guerra. Yo jamás esperé ser testigo de toda esta
brutalidad. El documental es apenas un pequeño porcentaje de todas las
historias que han sido vividas.
Creo que nunca nadie está listo para algo así.
Paloma Cuevas: El
documental muestra momentos inolvidables. Una familia atrapada en el
sótano del hermano de uno de ellos, y sin embargo la esperanza
permanece, mientras pareciera el fin del mundo hay bebés, naciendo en
todo ese caos provocado. Me recuerda el poema de Jean Cocteau, que dice:
“Mi casa se estaba quemando y sólo podía salvar una cosa.
Decidí salvar el fuego.
No tengo dónde vivir, pero el fuego vive en mí.
Y me defiende discretamente de todo lo impuro.
Mi futuro ya no es importante.
Sólo cuenta la intensidad del instante”
Si hubiera algo que salvar, ¿qué salvarías? ¿Cuáles son las cosas que hay que salvar de Ucrania?
Vasilisa Stêpanenko: Esa
es una pregunta muy interesante, personalmente, mi casa fue
bombardeada, mi escuela fue bombardeada, nada de mi historia en ese
sentido existe ya.
No había pensado en ello durante un tiempo.
Creo que hace tanto que no me detenía a pensar en algo así, tal vez
porque ahora entiendo que no existe ninguna cosa que tenga valor, lo más
valioso hoy es nuestra vida y si pudiera salvar algo serían las vidas
de las personas a mi alrededor.
Siento que esta guerra si algo nos ha enseñado es a respetar y valorar cada minuto de nuestra existencia como algo preciado.
Paloma Cuevas: Deseo
profundamente que tu familia y la gente que amas estén bien, y admiro
que hoy estés aquí, haciendo tanto por los demás, si hay algo que
podamos hacer para que esas historias sean conocidas, cuenta siempre con
ello.
Vasilisa Stêpanenko: El hecho de que hoy
estés aquí con tus hijos es maravilloso, todos ustedes han hecho ya
tanto por nosotros, descubrir la empatía y el entendimiento en sus ojos.
A fin de cuentas, somos humanos.
[Al final creo que
no existe salida de las cosas que nos lastiman más que atravesándolas y
haciéndonos uno con ellas, de este modo esta joven mujer a manera de
Valkiria da cuenta de los caídos en combate e impide que sean
olvidados.]
Paloma Cuevas: Ante la
devastación, ¿existe algo que pueda traer de nuevo alegría, orgullo y
paz al pueblo ucraniano? Algo que pueda decirles que no están solos y
que a pesar de la enorme distancia física y de la aparente
imposibilidad, estamos con ustedes.
Vasilisa Stêpanenko: (Aquí su voz se quiebra, y me dice) Gracias.
Paloma Cuevas: ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mostrarles que estamos con ustedes?
[Aquí
ambas lloramos, porque sabemos que la violencia carece de lógica y que
en muchas ocasiones nos encontramos impotentes ante ella, tan separadas
por los kilómetros y tan cercanas por el dolor]
*Vasilisa se acerca y me dice*
Vasilisa Stêpanenko:
¿Puedo abrazarte? – Ella tan lejos de casa, luchando en contra de algo
donde la razón no tiene cabida, con sus 24 años y su fe en que el mundo
puede ser un mejor lugar, por supuesto la abrazo.
Creo que es el primer momento en esta gira en que se da la oportunidad de ser frágil…
Me siento bendecida de ser el lugar donde se de permiso. Hoy soy un remanso.
.-Ciudad
de México.- Tras un fin de semana plagado de información sobre
aranceles en contra de México por parte de Estados Unidos, finalmente se
llegó a un acuerdo que le da al país 30 días para evitar esta situación
que representa un riesgo para los compromisos de género establecidos en el Tratado de Libre Comercio (T-MEC).
Además
de esto, se sumarían al menos otros dos compromisos del Estado
mexicano, los cuales se encaminan a romper brechas salariales y
laborales para mejorar la calidad de vida de mujeres, suscritos en la
Agenda 2030 y en los Objetivos del Milenio.
La afectación de esta decisión es un tema que ha quedado invisibilizado para las mujeres. Comenzando con que, en México la brecha salarial se mantiene como un problema vigente.
Por
tanto, de concretarse estos aranceles en un mes, el panorama se mira
complejo para las mujeres, porque se reducirían oportunidades de empleo
en sectores clave; aumentaría precarización laboral, así como las
desigualdades estructurales y el estancamiento del crecimiento económico
y laboral el cual se vería mermado de varias maneras por el
encarecimiento de productos y reducción de inversión.
Esta decisión no solo limitaría el ingreso de mujeres a empleos formales y mejor remunerados, sino que incentivaría la desigualdad de género al aumentar la precarización y reforzar su papel en el trabajo no remunerado y precarizado.
Los compromisos del Estado mexicano con mujeres
Recordemos
que el Estado mexicano tiene varios compromisos internacionales
firmados en los que está obligado a romper brechas salariales y
laborales destinadas a mejorar la calidad de vida de las mujeres.
El
mismo T-Mec que dio inicio en 1994 y fue evolucionando de Tratado de
Libre Comercio (TLC) y luego Tratado de Libre Comercio entre América del
Norte (TLCAN), el cual generó una región de libre comercio nunca antes
vista logró incorporar la perspectiva de género.
El 20 de julio de 2022
se anunció que México implementará la Iniciativa de Paridad de Género
(IPG) con el objetivo de acelerar la integración igualitaria de las
mujeres a los sectores económicos del país.
Esta iniciativa
consistiría en una alianza público–privada que permitirá la adopción de
políticas públicas y de prácticas empresariales inclusivas para cerrar
las brechas económicas de género en las posiciones de trabajo y en las
remuneraciones de los sectores esenciales para la economía, para lograr
una
mejor recuperación económica pospandemia.
De acuerdo con el análisis del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en
inglés),
el progreso actual a nivel mundial sólo ha permitido cerrar el 68.1% la
brecha de género, lo que significa que, a este ritmo, se requerirían
132 años para alcanzar la paridad de género.
Pero hoy, ese acuerdo
comercial llamado T-Mec con esos compromisos de género, junto con los
de la Agenda 2030 están en riesgo, así como los Objetivos del Milenio,
los cuales tienen apartados destinados también a mejorar la vida de las
mujeres.
Por ejemplo, México se suscribió en el 2000, a los “Objetivos del Milenio” y en su apartado tres señala el compromiso por “Promover la igualdad de los géneros y la autonomía de la mujer”.
Aunado a esto, México se adhirió a los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
y en su Meta 5, señala el impulso a la igualdad de género que debe
generar el país: «las mujeres y niñas constituyen la mitad de la
población mundial y, por tanto, también la mitad de su potencial. Pero
la desigualdad de género prevalece y estanca el progreso social».
De acuerdo con el Banco Mundial, si se avanzara en la liberación de los derechos laborales de las mujeres y se cerraran las brechas de empleo, se puede aumentar el producto interno mundial en un 20%. Por lo que, el compromiso de renegociación del acuerdo comercial (T-MEC) también buscaba romper estas barreras y convertirse en la oportunidad de resolver los problemas en materia de igualdad de género del país y de la región.
Las brechas
De acuerdo con el Índice Global de Brecha de Género de 2024,
el país ocupa la posición 109 de 146 respecto a la participación y
oportunidades económicas donde solo el 46% de las mujeres participan en
la economía. Si hablamos de los ingresos por género, el país se
posiciona en el lugar 119, siendo este uno de sus mayores retos por
atender.
La brecha aumenta con la edad debido a factores como la maternidad o el trabajo de cuidados, al cual las mujeres destinan 37.9 horas a la semana, según datos de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022.
Esto limita su participación en los empleos provocando que algunas de
ellas laboren en el sector informal donde hay poca o nula protección
social, alta inseguridad y bajos salarios.
Al
mismo tiempo, se puede encontrar una distribución del 50% en ambos
géneros en el sector terciario: 52% sector de comercio y 60% en
restaurantes y alojamientos; sin embargo, en cuanto a transportes,
correos, almacenamiento, gobierno y organismos internacionales, su
participación es mucho menor.
En cuanto a los salarios,
de acuerdo con el colectivo ‘México cómo vamos’, en el primer trimestre
del 2024, el ingreso laboral fue de 9 mil 781 pesos, pero las mujeres
ganaban ocho mil 624 pesos frente a los 10 mil 555 pesos que ganaron los
hombres. Mientras que en la informalidad, ellas percibieron 5 mil 762
pesos y ellos 7 mil 743 pesos.
Este es el panorama en el que las
mujeres se insertan. Su participación es mayor en trabajos donde hay
menos ingresos, están a tiempo parcial y laboran en trabajos sin
remuneración dejándolas fuera del sistema de salud o con una baja
participación dentro de los sindicatos.
Sheinbaum reforzará militarización fronteriza
Tras
saberse el sábado 1 de febrero sobre la imposición de aranceles por
parte de Donald Trump a México, el gobierno mexicano se dio a la tarea
de detener momentáneamente este hecho, pero el gobierno de Sheinbaum
Pardo, se comprometió a reforzar la frontera con 10 mil elementos de la Guardia Nacional (GN) para frenar el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos.
No obstante, recordemos que esta institución tuvo mil 816 denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
entre 2020 y 2023 por violación a los derechos humanos. Aunado a esto,
se acordó por primera vez un trabajo en conjunto para evitar el tráfico
de armas hacia México.
Sostuvimos
una buena conversación con el presidente Trump con mucho respeto a
nuestra relación y la soberanía; llegamos a una serie de acuerdos:
1.México
reforzará la frontera norte con 10 mil elementos de la Guardia Nacional
de forma inmediata, para evitar el tráfico de drogas…
En
dicho tratado de comercio entre los tres países, se elaboró el capítulo
23 en el que se reconoció que el crecimiento económico debe ir
acompañado de una participación equitativa entre mujeres y hombres, así
como fortalecer derechos laborales, por ejemplo:
No discriminación en el empleo y la ocupación:
garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en
el empleo, prohibiendo cualquier forma de discriminación por género. Lo
anterior, de la mano de la eliminación de barreras que impidan la
participación de mujeres en sectores productivos que son dominados por
hombres.
Promoción de la igualdad de género en el trabajo:
los países firmantes deben desarrollar políticas laborales inclusivas
en el que se promueva la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo
y sectores estratégicos; programas de capacitación y formación
profesional diseñados para fomentar su acceso a mejores empleos y
condiciones laborales; y la negociación colectiva con perspectiva de
género en el que los sindicatos integren la igualdad en acuerdos
laborales.
Prevención y atención de la violencia y acoso laboral:
reconocer la violencia de género en el trabajo como una violación a los
derechos laborales; establecer medidas para que los países firmen y
ratifiquen convenios internacionales sobre la prevención del acosos y la
violencia en el ámbito laboral; la creación de mecanismos efectivos
para denunciar y sancionar casos de violencia en el trabajo garantizando
la protección a las víctimas.
Cooperación internacional para la equidad de género:
colaboración con organismos internacionales como la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) para mejorar las condiciones laborales
de las mujeres; promover iniciativas de intercambio de mejores prácticas
entre los países miembros en temas de equidad salarial, acceso a
empleos formales y políticas de conciliación entre trabajo y vida
personal; desarrollar estudios y estadísticas sobre la brecha de género
en el mercados laboral con el fin de diseñar mejores políticas públicas.
Aranceles, una herramienta de presión
En noviembre de 2024, Trump advirtió que en su primer día de gobierno interpondría aranceles a los productos mexicanos y canadienses exportados como medida de presión para detener el flujo migratorio y de drogas que llegaban a su país, pero esta amenaza estaría por volverse una realidad de no virar el rumbo.
El
1 de febrero de 2025, bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia
Internacional (IEEPA por sus siglas en inglés), se pretende interponer
estos aranceles del 25% a las importaciones de México y Canada y el 10% a las de China.
Porque
Trump apuntó que se han identificado rutas de tráfico de drogas a lo
largo de ambas fronteras lo que ha permitido que las organizaciones
criminales transnacionales operen libremente. Por otro lado, la falta de
regulación en la manufactura china creó un refugio seguro para los
cárteles que se dedican a la producción y tráfico de fentanilo y otras
sustancias. Así que determinó una «negligencia» en la crisis fronteriza
por parte de estas naciones.
Además, señaló que los aranceles interpuestos
«fomentan mayor seguridad al incentivar a estos países a tomar medidas
más estrictas», medida que, según declaró, administraciones anteriores a
la suya fracasaron al utilizar la posición económica de Estados Unidos
como una herramienta para asegurar las fronteras contra estos problemas
nacionales.
Para el 2 de febrero de 2024, Claudia Sheinbaum Pardo
respondió la amenaza de Trump en un contundente mensaje en el que
mencionó las consecuencias para México y Estados Unidos, sobre todo para
este último donde 12 millones de familias estadounidense se verán dañadas,
pues pagarán un monto adicional de 10 millones 427 de dólares causando
inflaciones, según explicó Marcelo Ebrard, secretario de Economía.
Aunque
se ha atribuido al Gobierno mexicano el revire de Trump, lo cierto es
que diversos sectores en Estados Unidos tuvieron una participación
activa este fin de semana para presionar y echar abajo esta medida.
Los primeros pronunciamientos en desacuerdo de los aranceles
Entre los primeros sectores que comenzaron a pronunciarse al respecto se encuentra la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, quien señaló que los impuestos amenazan con detener el progreso de las familias y los negocios del
estado como incrementar el costo de los comestibles, la gasolina, la
vivienda, así como industrias clave que emplean a miles de personas como
la manufactura de semiconductores, la agricultura y la economía de la
energía limpia.
A su postura se unieron los líderes de la Cámara
de Comercio e Industria de Arizona, la Asociación de Productos Frescos
de América, la Autoridad de Comercio de Arizona y el Consejo Económico
de Greater Phoenix (GPEC).
La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB) advirtió el problema de asequibilidad de las viviendas
en Estados Unidos, un problema que Trump reconoció al firmar una orden
ejecutiva para aumentar la oferta y accesibilidad para la obtención de
los hogares.
Por lo que, el impuesto arancelario a México y Canadá tendrá un efecto negativo a este problema debido a la dependencia de suministros de construcción como madera, acero, yeso y aluminio que aportan estos países, cuyos costos aumentaran con los aranceles.
Desde
México, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA),
Industria Nacional de Autopartes (INA), Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores (AMDA), y la Asociación Nacional de
Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) expresaron
que los aranceles tendrán un impacto negativo en toda Norte America, pero expresaron su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para buscar el dialogó con Donald Trump.
Esta
alternativa fue apoyada por Consejo Nacional de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y por el
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) quien explicó que
las tres naciones deberán apostar por la conversación para la apertura económica y no por el aislamiento.
«Debilitar
los principios del T-MEC no solo afecta al bloque económico más
importante del mundo y reduce su competitividad frente a otras regiones,
sino que también pone en riesgo empleos, interrumpe las cadenas de
suministro y frena el crecimiento económico. Además, los aranceles
afectarían negativamente el poder adquisitivo de los consumidores en los
tres países» -Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
La crisis migratoria
De acuerdo con la Doctora Dolores Paris Pombo, del Colegio de la Frontera Norte (Colef), hay una crisis migratoria
desde 2016 con la llegada de ciudadanos haitianos que se quedaron
varados en Tijuana y Baja California cuando Donald Trump asumió su
primera presidencia.
En los últimos años y sobre todo después de la pandemia, la población migrante se ha diversificado
tanto como su origen nacional, características y factores de movilidad
provenientes de Centroamerica, Sudamerica y desplazados mexicanos. Desde
este nuevo ángulo, es como el número de deportaciones aumentaran en las
siguientes semanas.
Aunado a esto, se recibirán a personas que
llevan meses esperando en las ciudades fronterizas o en todo el país una
cita y a quienes ya habían cruzado a Estados Unidos gracias a la
política migratoria ‘Quédate en México’ y la aplicación de CBP One. No
obstante, cuyas fronteras no están preparadas para recibirlas.
El
pasado lunes 27 de enero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum
Pardo informó que ya fueron recibidas 4 mil 94 personas migrantes
deportadas a México. Aunque también se registraron personas de otras
nacionalidades, las mexicanas y mexicanos llegaron a través de cuatro
aviones comerciales al Aeropuerto Felipe Ángeles.
La situación no
es diferente para otros países de Latinoamérica quienes se han visto
obligados a recibir a 7 mil 300 personas deportadas, según datos del
Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, todos bajo la amenaza arancelaria, una herramienta que siempre le ha funcionado al gobierno estadounidense.
.- Ciudad
de México.- La mutilación genital femenina (MGF) es una de las
violaciones a los derechos humanos que ha violentado a más de 230
millones de niñas, adolescentes y mujeres en el mundo quienes fueron
víctimas de esta práctica, según reportó la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y hoy en el Día Internacional de Tolerancia Cero, es vital
reclamar que esta práctica sigue vigente.
