La tortura sigue siendo una práctica sistemática del Estado

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“El Estado tiene que seguir enfocando sus esfuerzos y recursos técnicos, humanos y presupuestales para combatir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes”. Foto: Bernat Armangue, AP

Por: Natalia Pérez Cordero*

El pasado 14 de noviembre las organizaciones[1] que integramos el Observatorio contra la Tortura presentamos, por segundo año consecutivo, el Informe de Hallazgos en materia de prevención y combate a la tortura de acuerdo con las obligaciones derivadas de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos y Penas, Crueles, Inhumanos y Degradantes (OTPCID).

El Observatorio contra la Tortura es una coalición de organizaciones que desde el año 2019 nos congregamos para monitorear la implementación de la ley especializada en la materia, por lo que gracias a la información obtenida a través de solicitudes de acceso a la información realizadas a las distintas dependencias obligadas se generaron indicadores que nos permiten observar en todos los estados del país y en el ámbito federal qué tanto se ha avanzado en la erradicación de esta grave violación a los derechos humanos.

Los indicadores están centrados en identificar los avances en cuanto al combate a la impunidad de los delitos sancionados por la Ley General. A partir de ellos podemos observar en el Informe el número de denuncias existentes frente al número de sentencias condenatorias; número de quejas frente a las recomendaciones emitidas; cuántos estados ya cuentan con una fiscalía especializada en la materia o cuántos peritos tiene cada entidad para dar respuesta a las solicitudes para practicar dictámenes médicos psicológicos, como una de las pruebas que permite acreditar la existencia de tortura en un determinado caso. Asimismo, el Observatorio ha monitoreado los avances y los pendientes en la implementación de las políticas públicas cuya creación está ordenada por la Ley para prevenir este delito, por lo que el Informe de Hallazgos 2023 nos muestra un amplio panorama de la actuación del Estado para combatir la tortura, pero también de las omisiones y de los pendientes en la materia.

• Principales hallazgos del año 2023:

La edición del Informe de Hallazgos 2023 permite ver una muestra comparativa de la incidencia del delito de tortura y OTPCID del año 2019 al 2023, temporalidad en la que se iniciaron 26,972 expedientes de investigación a nivel nacional, siendo el año 2019 y el 2022 los años donde mayores casos se reportaron, 7,525 y 6,211 respectivamente. Y aunque en el 2023 hubo una disminución del 25% del registro de casos (4,592) en relación con el 2022, los índices de impunidad siguen prácticamente igual, pues el número de judicialización sigue siendo extremadamente bajo en comparación con las denuncias interpuestas. En el 2023 a nivel nacional se inició un procedimiento ante un juzgado penal en sólo 18 expedientes (0.39%) mientras que en el 2022 fueron judicializadas 82 carpetas de investigación (1.31%).

A nivel estatal, a pesar de que en el 2023 las fiscalías fueron las más denunciadas (44%), no se identificó ningún caso judicializado en contra de personal adscrito a estas dependencias. En segundo y tercer lugar las autoridades que más fueron señaladas por cometer el delito de tortura son el personal de las Secretarías de Seguridad Pública Estatal seguido de elementos municipales a cargo de la seguridad pública. En el ámbito federal, la mayor incidencia en la comisión de esta grave violación a derechos humanos se cometió por agentes del Estado adscritos a la Secretaría de Defensa Nacional, incluida la Guardia Nacional, según información registrada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En relación con la emisión de sentencias penales en el año 2023 hubo ocho resoluciones condenatorias y una absolutoria, las cuales se dieron dos en el estado de Puebla, dos en Quintana Roo y cinco de ellas se emitieron en el ámbito Federal. De esta información facilitada por los poderes judiciales, se contabilizaron un total de 4 personas condenadas, dos de las cuales pertenecían a la policía municipal. Este bajo número indica que menos del 0.19% de los casos logran obtener una sentencia que condene los actos de tortura, haciendo de la impunidad la regla y de la justicia una excepción.

Por otro lado, en cuanto al acceso a las medidas de asistencia, ayuda y reparación integral del daño que proporcionan las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEAV), de los 4,592 casos registrados en el 2023, sólo 259 víctimas en todo el país pudieron obtener su registro ante estas comisiones, la gran mayoría fueron inscritas en la CEAV federal (188 víctimas), lo que refleja las dificultades a las que se enfrentan las víctimas para acceder a la asesoría jurídica gratuita, a las medidas de atención médica y psicológica, asistencia social y a las medidas de reparación integral que proporcionan estas comisiones.

• Retos y pendientes para la actual administración:

El gran pendiente sigue siendo la publicación e implementación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura (PNT), que es la política pública que busca impulsar la coordinación interinstitucional para el combate a la tortura en sus distintos contextos. y pese a que se interpuso un amparo en contra de la omisión de su implementación, el cual aún se encuentra en trámite, a la fecha no se ha publicado dicho Programa. Aun cuando existe una Estrategia Nacional contra la Tortura que se intentó impulsar desde la Secretaría de Gobernación en el año 2023, dicho programa no cuenta con los estándares internacionales exigidos por la ley y por la normativa internacional; por lo que puede ser una oportunidad para esta nueva administración retomar los trabajos previos que existen para la creación del PNT y construir una política integral, que visibilice y trabaje en todos los contextos donde se producen prácticas o entornos torturantes y que pueda contar con la participación de la sociedad civil y las víctimas que han sido afectadas por esta grave violación a derechos humanos.

Por otro lado, si bien el Registro Nacional de Víctimas de Tortura, contabiliza las denuncias en materia de tortura y OTPCID, también busca identificar patrones de actuación en la comisión de estos delitos a fin de establecer políticas de prevención; sin embargo, no es claro de qué manera dicha información  se está usando como una herramienta de investigación, de contexto y de prevención del delito, por lo que, hace falta reforzar esta política para que pueda cumplir con los objetivos establecidos en la Ley General contra la Tortura.

Atendiendo al contexto actual, vislumbramos dos grandes retos, el primero tiene que ver con un posible retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas ante la inminente desaparición de los órganos autónomos como el INAI, que gracias a dicha dependencia el Observatorio ha podido tener acceso a la información en poder de los estados y la federación para evaluar el cumplimiento de sus obligaciones legales.

El otro gran reto que identificamos es la reforma judicial y los impactos que podría tener en cuanto a un atraso mayor en el acceso a la justicia de aquellos casos que podrían estar en condiciones de judicializarse o de emitir una sentencia. En particular, aquellos en los que se ha recurrido al juicio de amparo como una medida para resguardar sus derechos dentro de las investigaciones penales o ante la negativa de las autoridades ministeriales de judicializar los casos, o en sus intentos por cerrar las investigaciones sin una investigación diligente de por medio, lo que puede profundizar el ya de por sí bajo número de judicializaciones y sentencias acusatorias, que mantiene en impunidad a la gran mayoría de los casos.

Finalmente, aunque reconocemos que ha habido avances en cuanto a la implementación de la Ley General contra la Tortura, el número de denuncias sostenidas anualmente reflejan que sigue siendo una práctica sistemática cometida por autoridades de todos los ámbitos de gobierno, que la impunidad impera para algunas instituciones más que para otras, que grupos en situaciones de vulnerabilidad también son víctimas de esta grave violación a derechos humanos y que, mientras no se erradique de manera definitiva, el Estado tiene que seguir enfocando sus esfuerzos y recursos técnicos, humanos y presupuestales para combatir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes y reparar integralmente a las víctimas que han sufrido este crimen de Estado.

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* Natalia es investigadora en el programa de Derechos Humanos y lucha contra la Impunidad de @FundarMexico

[1] Las organizaciones integrantes del Observatorio son Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Pro), Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD), Documenta- Análisis y Acción para la Justicia A.C. (Documenta) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C. (Fundar), con el acompañamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Para más información consultar: https://sintortura.org/

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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La Revolución mexicana y la recuperación del nacionalismo

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Héctor Alejandro Quintanar

El nacionalismo es un fenómeno complejo que, si bien está asociado al conservadurismo, es producto de la modernidad. La construcción de la figura del Estado Nación en Europa, que se consolida tras el desplazamiento del orden feudal y tiene que ver con la estructuración de un cuerpo taxativo, pero ideológicamente tiene un fundamento relativamente progresista: la creación de una identidad colectiva basada ya no en los linajes nobiliarios sino algo menos elitista, como la lengua común y otros factores culturales.

Esa construcción tendría sus bemoles, y uno de ellos fue el ascenso de una vertiente nacionalista que se constituyó no en arropar lo nacional sino en excluir al distinto. En el Siglo XIX, con el fantasma de la posrevolución francesa y el comunismo internacionalista recorriendo Europa, muchos prejuicios e interpretaciones paranoicas afianzaron en los sectores conservadores la idea excluyente de Nación.

Pero la noción del nacionalismo nunca ha sido lineal. Pensemos por un momento en la cuna del fascismo, que es Italia, país que en el Siglo XIX, a través de un movimiento nacionalista progresista, el Risorgimento, que unificó diversas provincias y disolvió los guetos religiosos, para que todos los ahí vivientes tuvieran derechos plenos sin distingo por su credo.

Eso explicaría que el fascismo, construido poco tiempo después, tuviera en Italia un ingenuo apoyo de muchos italianos de origen judío, quienes pensaban que el exacerbado nacionalismo fascista era una especie de segunda faceta del Risorgimento, cuando en realidad se trataba de un movimiento reaccionario y violento para quienes las minorías eran fichas de apuesta desechables, como lo mostró el propio Mussolini, quien en la recta final de su dictadura asumió los delirios raciales de los nazis y también legalizó el antijudaísmo, con lo que fueron perseguidos incluso precursores históricos del fascismo como el banquero italiano de origen judío Éttore Ovazza, asesinado por las SS en 1943.

Ese tramo difícil de la historia ha hecho pensar que los nacionalismos necesariamente son conservadores y que preconizarlos conlleva necesariamente una especie de semilla fascista. Pero la historia marca lo contrario. Es obvio que todos los fascismos son nacionalistas pero no todos los nacionalismos son fascistas.

El politólogo Daniel Filc reseñó en su momento que había, en su origen, ciertos populismos y nacionalismos que no tenían un carácter conservador y podían incluso derivar en movimientos de izquierdas, y el factor central que los explicaba era que surgían en naciones con un pasado de colonización. En una especie de simplificación no tan injusta, podríamos decir que los nacionalismos progresistas no están en contra del diferente en sí, sino del imperialismo.

De ahí que hoy podamos aún hacer reflexiones sobre el proceso histórico de la Revolución Mexicana, un fenómeno que ha sido señalado, con cierta razón, de ser muy diferente de otras revoluciones de impacto mundial, como la Francesa y la Rusa, por no tener un proyecto ideológico claro, que éstas sí ostentaban tanto en el enciclopedismo como en el marxismo respectivamente.

Y es cierto, la Revolución mexicana fue un proceso complicado articulado en diversas reivindicaciones populares que se resumieron en la simple consigna de “sufragio efectivo, no reelección” y que sólo a posteriori, y ya con la posrevolución hecha gobierno, derivó en un sistema autoritario, cuyo sello ideológico era el “nacionalismo revolucionario”, que sin embargó blandió un proyecto reformista intermitente cuyo punto cúspide fue el gobierno de Lázaro Cárdenas.

Y esa singularidad cardenista se debió precisamente a una recuperación de los preceptos básicos del nacionalismo que dio vida a la Revolución Mexicana y que hicieron de artículos constitucionales como el 27 y 28 el eje rector de su agenda progresista. Bien recordaron la anécdota histórica Pastor Rouaix o Luis Javier Garrido, cuando el Constituyente de Querétaro en 1917 quedó inconforme en la argumentación jurídica que dio el intelectual Andrés Molina Enríquez para confeccionar esos artículos y se prefirió regresar a las tesis históricas de los grupos sociales en el movimiento revolucionario, cuestión que fue mal vista por los intereses extranjeros en México, especialmente petroleros.

En el México contemporáneo, el 20 de noviembre fue una fecha a la que poco a poco se le fue relegando su relevancia histórica. No era para menos, si no se olvida que en la docena infame del panismo, muchos sectores en el poder, los más fanatizados a la derecha, veían a la Revolución como un enemigo histórico y sus historiadores de cabecera la señalaron como un proceso violento más estorboso que constructivo en la historia de México, sin entender que se trató de la primera revolución armada del Siglo XX en el mundo y que, más allá de sus indudables taras, derivó en un proyecto constitucional innovador, donde los derechos sociales fueron institución.

Desde 2018, la reivindicación de la Revolución Mexicana es también una práctica anual, no sólo al afirmar un desfile el 20 de noviembre sino también al señalarla como un antecedente histórico del proyecto gobernante: la Tercera transformación. Hoy, sin embargo, la reivindicación de lo más valioso de la Revolución no debe estar en lo simbólico, sino en el proyecto soberanista que implica saber que México es parte del Mundo pero que debe saber apreciar sus recursos propios y su geopolítica. La soberanía y su defensa no es sólo una cuestión retórica. En un mundo complejo donde el discurso del mundo interconectado y global muchas veces ha disfrazado la ilegitima intención de apropiarse de recursos ajenos, no debemos olvidarlo.

Héctor Alejandro Quintanar

Héctor Alejandro Quintanar es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctorante y profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Hradec Králové en la República Checa, autor del libro Las Raíces del Movimiento Regeneración Naciona

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CINE : ¡Ave, Ridley!

Leonardo García Tsao

▲ Fotograma de la película Gladiador II, del director británico Ridley Scott. En la imagen, el actor irlandés Paul Mescal, protagonista de la cinta

Han transcurrido 24 años desde que el británico Ridley Scott realizara Gladiador, elogiada por la crítica y premiada por la Academia. El cineasta se ha mantenido como un artífice de espectáculos costosos, filmados con óptima calidad artesanal, aunque no siempre el resultado ha sido afortunado. (Ahí tienen su tropezón el año pasado con Napoleón, por ejemplo).

Pero es necesario reconocerle al tío Ridley, a punto de cumplir los 87 años, que ningún otro director actual hace un cine a esa escala épica, nos guste o no. Y Gladiador II es una prueba fehaciente de ello. En esta ocasión el protagonista es Lucio (Paul Mescal), el hijo ya adulto del sacrificado Máximo (Russell Crowe, resucitado por flashbacks deslavados), quien ha sido exiliado a África con el nombre de Hanno, en la provincia norteña de Numidia. Su vida tranquila con su amada mujer Arishat (Yuval Gonen), es interrumpida por el ataque de barcos de guerra romanos, bajo el mando del general Marco Acacio (Pedro Pascal).

Los invasores ganan la feroz batallay Hanno, enviudado, es hecho prisionero a ser vendido a Macrino (Denzel Washington), el pérfido ex esclavo ahora convertido en próspero mercader de gladiadores. Hanno es llevado a Roma a luchar en el Coliseo, claro, donde su habilidad para el combate es apreciada por la multitud y por los emperadores gemelos Geta (Joseph Quinn) y Caracalla (Fred Hechinger), un par de degenerados. Y por ahí reaparece Lucilla (Connie Nielsen), la viuda de Máximo y ahora casada con Acacio, a punto de reconocer al que era su hijo, Lucio. Esos son los ingredientes (melo)dramáticos con los que el guionista David Scarpa (el mismo que trampeó con la historia francesa en Napoleón) cocina una trama llena de secuencias de acción espectaculares e intrigas cortesanas.

Lo primero es el mero mole de Scott. Ayudado por los efectos digitales que han progresado mucho desde 2000, el cineasta ha hecho una película de péplum absolutamente verosímil en términos visuales (pasemos por alto unos papiones lampiños, desconocidos para la zoología). Tan es así, que nos creemos a un temible gladiador montado en un rinoceronte, o una batalla marina con todo y tiburones.

Es en lo segundo donde Gladiador II flaquea. Muchos de los sentimientos en juego se antojan como un recalentado de la original. Y en la última media hora las cosas se precipitan para procurar un improbable final feliz. Por suerte, el personaje de Macrino, soberbiamente interpretado por Washington con una mezcla de malicia y picardía, es el sorpresivo villano que amenazaría con robarse la película, si Mescal no fuera un actor con la suficiente simpatía y gravitas para ser un héroe cabal.

Eso sí, olvídense del rigor histórico. Tanto a Scarpa como a Scott eso les importa un soberano sorbete. Con decirles que el verdadero Macrino que, en efecto fue nombrado emperador, no era ni siquiera negro. Y sí, Geta y Caracalla fueron asesinados, como solía sucederles a los tiranos en esa época, pero no de la manera ni en el tiempo descritos por la película.

Gladiador II ha resultado un éxito de taquilla y se lo merece. Sin embargo, no deja de ser una injusticia que El último duelo (2001), la mejor realización de Scott en los pasados años haya sido ignorada por el público en general.

Gladiador II

D: Ridley Scott / G: David Scarpa, basado en un argumento de Peter Craig y David Scarpa, a su vez basado en personajes creados por David Franzoni / F. en C: John Mathieson / M: Harry Gregson-Williams / Ed: Sam Restivo, Claire Simpson / Con: Paul Mescal, Connie Nielsen, Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn / P: Scott Free Productions, Red Wagon Films, Morocco Film Productions / Québec Production Services Tax Credit. Estados Unidos-Reino Unido-Marruecos-Canadá. 2024.

X: @walyder