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9/26/2026

Feminicidio de Karla Margarita evidencia falta de seguimiento a Alerta de Género en Jalisco

 

El feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años localizada sin vida en Zapopan, Jalisco, volvió a poner bajo la lupa las medidas de prevención y protección para las mujeres en la entidad y el seguimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) señaló que el caso evidencia la necesidad de evaluar qué medidas de prevención están funcionando en Jalisco, particularmente en los municipios incluidos en la alerta, y exigió a las autoridades estatales y federales reactivar el mecanismo de seguimiento.

Karla Margarita fue reportada como desaparecida el 14 de septiembre y localizada sin vida dos días después en un sembradío cercano al Centro Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara, en Zapopan.

La Fiscalía del Estado de Jalisco investiga el caso como feminicidio y este viernes 18 de septiembre informó sobre la detención de un hombre señalado como presunto responsable.

Para el OCNF, sin embargo, el caso no debe limitarse a la investigación y eventual sanción de quien resulte responsable, sino que también obliga a revisar las condiciones de seguridad y las medidas institucionales destinadas a prevenir la violencia contra las mujeres.

Jalisco tiene una Alerta de Violencia de Género desde 2018

Jalisco cuenta con una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres desde noviembre de 2018. Sin embargo, de acuerdo con el OCNF, el mecanismo de seguimiento no ha tenido continuidad desde 2024.

El segundo dictamen del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), emitido el 12 de noviembre de 2024, evaluó el cumplimiento de las medidas de la alerta entre enero de 2021 y agosto de 2024.

Desde entonces, señala el Observatorio, el GIM no ha vuelto a ser convocado para evaluar los avances y pendientes de la AVGM.

El OCNF consideró que la falta de seguimiento no puede normalizarse, pues las autoridades tienen la obligación de informar de manera periódica, pública y verificable sobre las acciones implementadas y sus resultados.

Zapopan, entre los municipios contemplados por la alerta

El feminicidio de Karla Margarita ocurrió en Zapopan, uno de los municipios comprendidos en la AVGM de Jalisco.

De acuerdo con el OCNF, la propia estrategia estatal contempla entre sus objetivos mejorar la debida diligencia en las investigaciones de feminicidio, fortalecer el Protocolo Alba y coordinar acciones con los municipios alertados.

El lugar donde fue localizada Karla también generó preocupación entre estudiantes del CUCBA, quienes denunciaron condiciones de inseguridad en los alrededores del campus.

Entre las problemáticas señaladas se encuentran la falta de iluminación, trayectos que deben realizarse prácticamente a oscuras, ausencia o insuficiencia de banquetas, poca vigilancia y dificultades para acceder a transporte seguro.

Estas condiciones adquieren relevancia ante el hecho de que por la zona transitan diariamente mujeres estudiantes y trabajadoras que se trasladan hacia sus centros de estudio, utilizan el transporte público o regresan a sus hogares.

Para el OCNF, las denuncias de la comunidad estudiantil deben ser atendidas como parte del contexto de violencia e inseguridad que enfrentan las mujeres en el municipio.

Jalisco registró 57 muertes violentas de mujeres en siete meses

La violencia feminicida en Jalisco no se limita al caso de Karla Margarita.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) citados por el OCNF, entre enero y julio de 2026 se registraron 57 muertes violentas de mujeres en Jalisco.

De ellas:

  • 15 fueron clasificadas como feminicidio.
  • 42 fueron clasificadas como homicidio doloso.

El Observatorio también señaló, con información de Red Lupa con corte a mayo de 2026, que 50.9 por ciento de las mujeres desaparecidas y no localizadas en Jalisco tienen entre 15 y 29 años.

Estos datos colocan las desapariciones y muertes violentas de mujeres jóvenes como otro de los problemas que requieren atención de las autoridades estatales.

La organización pidió a la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal convocar de manera inmediata al GIM y garantizar la participación de las organizaciones peticionarias y especialistas.

También demandó al Gobierno de Jalisco y a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres presentar y transparentar información actualizada sobre el cumplimiento de las medidas de la alerta, especialmente en los municipios considerados dentro del mecanismo.

OCNF exige investigación con perspectiva de género

Frente al feminicidio de Karla Margarita, el OCNF exigió a la Fiscalía del Estado de Jalisco realizar una investigación exhaustiva, con debida diligencia reforzada y perspectiva de género.

La organización pidió esclarecer las circunstancias de su desaparición y muerte, agotar todas las líneas de investigación y garantizar a su familia verdad, justicia y reparación integral.

También recordó que el año pasado sostuvo una reunión con el gobernador de Jalisco, quien, de acuerdo con el comunicado, se comprometió a dar seguimiento a la AVGM y convocar a organizaciones de la sociedad civil.

Para el Observatorio, ese compromiso continúa pendiente de cumplimiento.

“El feminicidio de Karla Margarita no puede reducirse a una carpeta de investigación ni a la detención de un presunto responsable”, sostuvo el OCNF en su posicionamiento.

9/19/2026

Feminicidio de Claudia se suma a tres asesinatos de estudiantes en Morelos durante 2026

 

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) exigió respuestas institucionales y acciones urgentes de prevención ante el asesinato de cuatro estudiantes mujeres registrado en Morelos durante 2026.

El organismo condenó el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que se encontraba en el estado como parte de un intercambio académico y fue asesinada con arma blanca en el municipio de Cuautla.

Su caso se suma a los asesinatos de Aylin Rodríguez, Kimberly Ramos y Karol Toledo, tres estudiantes mujeres asesinadas durante este año, cuyos casos provocaron indignación y movilización entre comunidades universitarias.

Para el OCNF, la muerte de cuatro estudiantes mujeres en un mismo año evidencia la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, protección y atención de las violencias contra las mujeres jóvenes y estudiantes.

Cuautla tiene Alerta de Violencia de Género desde 2015

El organismo recordó que Cuautla es uno de los ocho municipios de Morelos donde fue declarada la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) el 10 de agosto de 2015.

A más de una década de la declaratoria, el OCNF consideró necesario revisar los resultados de las medidas implementadas para prevenir la violencia feminicida en los municipios alertados.

De acuerdo con el comunicado, durante 2025 únicamente se realizaron dos sesiones de seguimiento de la AVGM, situación que, señaló el organismo, evidencia la necesidad de fortalecer la coordinación entre instituciones, el seguimiento de las medidas y la rendición de cuentas.

El OCNF también señaló que existe una falta de información pública suficiente sobre el cumplimiento de la Alerta, lo que dificulta evaluar su efectividad y conocer las acciones que realizan las instituciones para garantizar la seguridad y la vida de las mujeres.

Piden revisar los casos de las estudiantes asesinadas

Aunque la Fiscalía General del Estado de Morelos ha señalado que los cuatro casos son hechos aislados y que no existen elementos para establecer una relación entre ellos, el OCNF subrayó que corresponde a las autoridades determinar las circunstancias de cada investigación.

Sin embargo, consideró que el asesinato de cuatro estudiantes durante 2026 requiere reforzar las estrategias de prevención y revisar las condiciones que permiten que continúen las violencias contra las mujeres.

Por ello, solicitó a la Secretaría de las Mujeres del Estado de Morelos convocar a una sesión extraordinaria del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) de la AVGM.

El objetivo, explicó, sería revisar los casos de las estudiantes asesinadas durante 2026, evaluar las medidas de prevención implementadas y determinar acciones urgentes para evitar nuevos hechos de violencia feminicida.

También pidió al Gobierno de Morelos informar públicamente sobre los avances de la AVGM, particularmente sobre las acciones realizadas en los municipios alertados, el grado de cumplimiento de las medidas y los resultados obtenidos.

El feminicidio ocurrió durante un operativo especial de seguridad

El OCNF destacó además que el feminicidio de Claudia ocurrió mientras Cuautla se encuentra bajo un operativo especial de seguridad denominado Plan Cuautla.

Ante este contexto, el organismo consideró indispensable que las estrategias de seguridad incorporen acciones específicas y permanentes para prevenir y atender las violencias contra las mujeres.

La organización también hizo un llamado a las instituciones de educación superior para fortalecer sus protocolos y mecanismos de prevención, atención y protección, así como la coordinación con las autoridades.

Esta responsabilidad, enfatizó, también debe contemplar a las estudiantes que llegan a Morelos mediante programas de intercambio y movilidad académica.

OCNF exige investigaciones con perspectiva de género

El OCNF exigió a la Fiscalía de Morelos que los feminicidios de las cuatro estudiantes sean investigados con debida diligencia reforzada, perspectiva de género y máxima rigurosidad.

Asimismo, pidió que se agoten todas las líneas de investigación y que las familias tengan acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y una participación digna durante los procesos.

En particular, llamó a las instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a fortalecer sus mecanismos de prevención, atención, protección y acompañamiento para las estudiantes, con protocolos efectivos y seguimiento institucional.

El organismo señaló que la nacionalidad de Claudia ha dado al caso una dimensión internacional, pero recordó que su vida tiene el mismo valor que la de todas las mujeres asesinadas en México.

Claudia tenía 21 años y derecho a estudiar, viajar, transitar libremente y regresar a casa. Ese derecho le fue arrebatado.

Por ello, el OCNF sostuvo que la prevención y la actuación oportuna deben ocupar un lugar central en las políticas de seguridad, justicia y educación, pues las instituciones tienen la responsabilidad de actuar antes de que una mujer sea asesinada.

Muerte de Claudia Tacoronte pone el foco en las mujeres extranjeras asesinadas en México

 

Claudia Tacorente Aguilera tenía 21 años y llevaba alrededor de un mes en México como parte de una estancia de intercambio académico. La estudiante española, originaria de Canarias y alumna de la Universidad de Granada, fue asesinada el sábado 12 de septiembre en Cuautla, Morelos.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde realizaba su intercambio, confirmó la muerte de la joven y condenó los hechos. La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que el caso se investiga inicialmente como feminicidio, conforme a los protocolos aplicables a las muertes violentas de mujeres.

El crimen ocurrió en la Casa de la Cultura de Cuautla. De acuerdo con información difundida por autoridades locales, la investigación busca establecer las circunstancias de la agresión y determinar si existieron razones de género.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, informó que las autoridades estatales establecieron contacto con el Consulado de España en México para brindar acompañamiento a la familia de Claudia.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya se encuentra trabajando con el Consulado de España para darle todo el apoyo a la familia de Claudia, además de que las investigaciones ya están en curso.

Su asesinato pone el foco no sólo en la violencia contra las mujeres en México, sino también en las mujeres extranjeras que son víctimas de violencia mientras se encuentran en el país.

Las mujeres extranjeras también están entre las víctimas de homicidio en México

Las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) permiten identificar las características de las personas que mueren por homicidio, entre ellas su sexo y nacionalidad.

La base de datos de Defunciones por homicidio del INEGI permite realizar consultas cruzando variables como año, sexo y nacionalidad. La estadística también incluye información sobre el lugar de ocurrencia y las características de la persona fallecida.

A partir de 2022, las EDR incorporaron una variable específica para identificar la nacionalidad extranjera de las personas fallecidas. El INEGI señala que la estadística capta información de defunciones registradas y ocurridas en México a partir de fuentes como el Registro Civil, los Servicios Médicos Forenses y las agencias del Ministerio Público.

Esto permite identificar a las mujeres extranjeras dentro de las estadísticas de homicidio, aunque el dato no aparece en los tabulados generales del INEGI como una cifra única de “mujeres extranjeras asesinadas”.

En otras palabras, para obtener ese universo es necesario cruzar sexo, nacionalidad y tipo de defunción dentro de la base de datos.

El Observatorio Interamericano de Seguridad, que concentra información oficial proporcionada por los países, reportó para México 59 ciudadanas extranjeras víctimas de homicidio intencional durante 2024. La misma fuente registra 3 mil 739 mujeres víctimas de homicidio intencional en el país durante ese año.

Homicidio y feminicidio aparecen separados en los registros estadísticos

Los registros de mortalidad y los registros de procuración de justicia utilizan unidades de observación diferentes.

Mientras las Estadísticas de Defunciones Registradas del INEGI contabilizan personas fallecidas, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal registra presuntos delitos y sus víctimas dentro de investigaciones ministeriales.

En 2024, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal registró 49 mil 653 presuntos delitos de homicidio, con 6 mil 556 víctimas mujeres, así como mil 459 presuntos delitos de feminicidio, todos con víctimas mujeres.

Las cifras no son directamente comparables con las 3 mil 739 mujeres que murieron por homicidio según las EDR, porque se refieren a fenómenos estadísticos distintos.

Pero juntas permiten observar una diferencia fundamental: la cantidad de mujeres que mueren violentamente y la cantidad de casos que las fiscalías registran como feminicidio no son necesariamente equivalentes.

Por eso, desde una perspectiva de género, es necesario mirar más allá de la clasificación inicial de una defunción y exigir investigaciones exhaustivas ante toda muerte violenta de una mujer, comenzando por que las muertes sean investigadas como feminicidio.

Claudia Tacorente estaba en México por un intercambio académico

Claudia cursaba el cuarto año de Educación Infantil en la Universidad de Granada y había llegado a Morelos como parte de un programa de movilidad académica con la UAEM.

La Universidad de Granada expresó su condena por el asesinato y convocó a un minuto de silencio en memoria de la estudiante. La institución también ofreció apoyo a la familia y a las autoridades consulares españolas.

El caso tiene una dimensión que trasciende la nacionalidad de la víctima: Claudia era una mujer joven que se encontraba temporalmente en México para estudiar cuando fue asesinada. La Universidad de Granada manifiesta su más firme repulsa y condena ante el asesinato de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera en México

9/12/2026

Una ley de feminicidio sin mujeres: Marcela Lagarde alerta del retroceso de la reforma de Sheinbaum

tribunafeminista.org

Redacción Tribuna

La iniciativa redefine «mujer» como «toda persona que se identifique como mujer». La antropóloga que acuñó en castellano el concepto de feminicidio advierte del riesgo de alterar la arquitectura jurídica construida para combatir la violencia contra las mujeres.

Redacción Tribuna Feminista

Marcela Lagarde y de los Ríos ha vuelto a poner el foco sobre la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio impulsada por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Su preocupación central afecta al corazón mismo de la norma: si el feminicidio nació para identificar y combatir la violencia extrema ejercida contra las mujeres por razón de su sexo, ¿qué ocurre cuando la propia ley deja de utilizar una categoría objetiva para definir a las mujeres?

La cuestión no es retórica. La propuesta incorpora en su artículo 6 una definición según la cual «mujer» es «toda persona que se identifique como mujer». Tribuna Feminista ya advirtió el pasado 8 de agosto de que esta formulación desdibuja el sujeto político y jurídico cuya protección dio origen al feminicidio y puede terminar desvirtuando una figura creada precisamente para hacer visible el asesinato de mujeres en un contexto estructural de violencia sexista.

La advertencia adquiere una relevancia especial por quién la formula. Lagarde es una de las figuras fundamentales en la construcción del concepto de feminicidio en México. Antropóloga, feminista y exdiputada federal, impulsó la investigación sobre los asesinatos de mujeres y fue una de las figuras centrales en la construcción de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde 2007.

Fue también Lagarde quien acuñó y desarrolló en castellano la categoría «feminicidio» a partir del concepto femicide de Diana Russell y Jill Radford. La propia Lagarde ha explicado públicamente ese proceso conceptual: su aportación amplió la categoría para incorporar la impunidad, la responsabilidad institucional y el contexto social que permite que la violencia contra las mujeres llegue hasta el asesinato.

Ahora, en una entrevista con la periodista Sara Lovera en «El podcast de la Lovera», Lagarde vuelve sobre el riesgo de retroceso. El propio episodio, publicado el 1 de septiembre con el título «El feminicidio no desaparece si borramos su nombre», plantea expresamente que las reformas amenazan con borrar la palabra «mujeres» de la legislación.

La entrevista llega después de meses de críticas feministas a la iniciativa. Lagarde ya había advertido en mayo de que la legislación vigente es más amplia que la nueva propuesta y de que el desafío de México no consiste simplemente en crear más normas, sino en hacer funcionar y consolidar el sistema jurídico construido durante dos décadas.

El Senado mantiene la iniciativa en tramitación y ha anunciado su intención de aprobar la nueva Ley General contra el Feminicidio al inicio del periodo ordinario.

Ese es el núcleo del debate. Una ley creada para nombrar una violencia específica contra las mujeres incorpora ahora una definición que separa la categoría «mujer» del sexo. Para Tribuna Feminista, no se trata de un cambio terminológico menor: afecta a la identificación del sujeto protegido, a las estadísticas, a la investigación de los delitos y al sentido político que hizo necesario nombrar el feminicidio.

Que sea precisamente Marcela Lagarde —una de las mujeres que dio nombre, contenido político y traducción jurídica al feminicidio en México— quien alerte ahora sobre el retroceso convierte la discusión en algo difícil de minimizar: la reforma corre el riesgo de modificar aquello que la ley nació para proteger.

8/15/2026

“Ley Fátima Quintana”: buscan tipificar el feminicidio infantil con penas de hasta 80 años

 

El feminicidio infantil podría convertirse en un delito específico en México y alcanzar penas de hasta 80 años de prisión, de acuerdo con una iniciativa impulsada por el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que plantea reformar el Código Penal Federal, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley General de Víctimas.

La propuesta, denominada “Ley Fátima Quintana”, busca establecer una pena de entre 60 y 80 años de prisión, además de una multa de mil a cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), para quien prive de la vida, por razones de género, a una mujer menor de 18 años.

La iniciativa fue presentada ante la Cámara de Diputados y turnada a comisiones para su análisis. El registro legislativo consultado mantiene la propuesta dentro de los asuntos relacionados con la tipificación del feminicidio infantil.

¿Qué propone la “Ley Fátima Quintana”?

La propuesta plantea incorporar al Código Penal Federal el concepto de feminicidio infantil, entendido como el asesinato de una mujer menor de 18 años por razones de género.

Para determinar si existen razones de género, se aplicaría lo establecido actualmente en el artículo 325 del Código Penal Federal.

Además de elevar la sanción, el proyecto contempla que el delito sea imprescriptible, tanto en lo relacionado con la acción penal como con la pena.

Esto significa que el paso del tiempo no impediría que las autoridades investiguen y sancionen el feminicidio infantil.

La propuesta también establece que las personas condenadas por este delito no puedan acceder a beneficios como:

  • Reducción de pena.
  • Libertad anticipada.
  • Preliberación.
  • Sustitución de la pena.
  • Libertad condicionada.
  • Amnistía.

De esta manera, el proyecto pretende cerrar la posibilidad de que una persona sentenciada por feminicidio infantil obtenga beneficios durante la etapa de ejecución de la sentencia.

Reparación integral para las familias de las niñas víctimas

La iniciativa también plantea modificar la Ley General de Víctimas para incluir el feminicidio infantil entre los delitos que ameritan especial protección para las víctimas y sus familiares.

El proyecto establece que, cuando una persona sea declarada responsable de feminicidio infantil, el órgano jurisdiccional deberá condenarla al pago de la reparación integral del daño a favor de la víctima u ofendidos.

La propuesta retoma los estándares interamericanos de reparación integral, que contemplan medidas como la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

En la Ley Nacional de Ejecución Penal, en tanto, se incorporarían referencias al nuevo delito para impedir que quienes sean sentenciados por feminicidio infantil accedan a la libertad condicionada, libertad anticipada, sustitución de la pena o preliberación.

El caso de Fátima Quintana que da nombre a la iniciativa

La propuesta toma como referencia el caso de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, una niña de 12 años asesinada en 2015 en el municipio de Lerma, Estado de México.

De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, Fátima fue secuestrada, agredida sexualmente y asesinada por tres vecinos. Su caso se convirtió en un referente de la lucha de las familias de niñas víctimas de violencia feminicida y de las deficiencias que pueden enfrentar durante los procesos de justicia.

Una década después del feminicidio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo directo en revisión 5363/2023, en el que reconoció a los padres de Fátima como víctimas indirectas y estableció su derecho a una reparación integral.

La Corte también determinó que no podía aplicarse un tope máximo para limitar la indemnización por reparación del daño y ordenó considerar tanto las afectaciones materiales como las inmateriales sufridas por la familia.

La resolución de la SCJN se convirtió en un precedente para el reconocimiento de los familiares de niñas y adolescentes víctimas de feminicidio como víctimas indirectas dentro del proceso penal.

Feminicidio infantil: niñas y adolescentes siguen siendo víctimas

La violencia feminicida contra niñas y adolescentes no es un fenómeno aislado.

De acuerdo con cifras de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) recopiladas por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), entre 2015 y junio de 2025 se registraron 850 feminicidios de mujeres de entre 0 y 17 años.

Durante ese periodo, 140 casos ocurrieron en el Estado de México, 67 en Veracruz y 62 en Jalisco. En conjunto, estas tres entidades concentraron alrededor de tres de cada 10 feminicidios de niñas y adolescentes registrados en el país.

Para el cierre de 2025, REDIM reportó 63 feminicidios de niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años, frente a 79 registrados durante 2024. Es decir, aunque hubo una disminución respecto al año anterior, una niña o adolescente fue víctima de feminicidio aproximadamente cada cinco días y medio durante 2025.

El SESNSP señala que sus cifras de incidencia delictiva provienen de las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías y procuradurías de las 32 entidades federativas, por lo que se trata de registros de casos investigados bajo esta clasificación.

Casos de feminicidio de niñas que conmocionaron a México

El caso de Fátima Quintana no es el único que ha evidenciado la violencia extrema contra niñas en México.

En marzo de 2024, Camila Gómez Ortega, de ocho años, fue secuestrada y asesinada en Taxco, Guerrero. La Fiscalía General del Estado investigó el caso como feminicidio. La niña había salido de su domicilio para jugar y posteriormente fue localizada sin vida.

El caso generó indignación nacional y derivó incluso en el linchamiento de una mujer señalada como presunta participante en el crimen. Posteriormente, el gobierno de Guerrero anunció la intención de impulsar una iniciativa denominada “Ley Camila”, con el objetivo de incrementar las penas cuando delitos como secuestro, feminicidio y violación fueran cometidos contra niñas y niños.

Ese mismo mes, Arlette, de siete años, fue asesinada en Tarímbaro, Michoacán. La Fiscalía estatal informó que la menor había sido reportada como desaparecida y posteriormente localizada sin vida; un hombre fue detenido y vinculado a proceso por feminicidio.

Más recientemente, en febrero de 2026, la Fiscalía General del Estado de Tabasco informó sobre la investigación por el feminicidio de una niña de ocho años. La dependencia señaló que la escena había sido manipulada para aparentar un suicidio y que los dictámenes determinaron que la muerte fue provocada por asfixia; también reportó indicios de violencia sexual. Dos personas fueron imputadas y quedaron en prisión preventiva.

Estos casos muestran que la violencia feminicida contra niñas puede estar acompañada de desaparición, violencia sexual y otras formas de agresión, además de revelar las dificultades que enfrentan las familias para acceder a justicia y reparación.

Condenan a 67 años al feminicida de Leuteria Reyes en Guerrero

 Escrito por Georgina Monroy Vázquez 

A casi 19 meses del feminicidio de Leuteria Reyes Benito, una mujer indígena na savi y agente de Tránsito municipal en Alcozauca, Guerrero, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Morelos, La Montaña y Zaragoza condenó este martes 11 de agosto a 67 años y seis meses de prisión a Herminio, expolicía municipal y responsable del asesinato.

El juez unitario Juan Carlos Martínez Marchan dictó la sentencia durante la audiencia de individualización de sanciones, después de valorar las pruebas presentadas durante el juicio oral y los argumentos de las partes.

La asesoría jurídica de la familia, encabezada por el abogado Baldomero Díaz, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, sostuvo que la gravedad del feminicidio ameritaba la pena máxima.

En el juicio se presentaron 27 pruebas: 13 testimoniales y 14 peritajes, elementos que, de acuerdo con la representación de la familia, fueron determinantes para acreditar la responsabilidad de Herminio.

Leuteria fue asesinada con 33 lesiones

Leuteria Reyes Benito fue asesinada el 5 de enero de 2025, alrededor de las 18:48 horas, en Alcozauca, en la región de La Montaña de Guerrero.

De acuerdo con la información, Leuteria era originaria de la comunidad na savi de Cruz Fandango, tenía 31 años y era madre de cuatro hijos.

La agresión ocurrió cuando Herminio la atacó con un arma punzocortante. En la audiencia de individualización se estableció que la víctima sufrió 33 lesiones en cuello y tórax, provocadas con el cuchillo.

Tras la agresión, otros policías municipales auxiliaron a Leuteria y la trasladaron al Hospital Comunitario de Alcozauca. Según los antecedentes documentados, la mujer señaló ante quienes la auxiliaron que Herminio había sido quien la atacó. El agresor fue visto todavía con el arma y sangre de la víctima.

Leuteria fue trasladada posteriormente a Tlapa y después a Chilpancingo, pero murió durante el traslado. Su familia denunció el feminicidio el 7 de enero de 2025.

Antes del feminicidio hubo violencia y acoso laboral

El asesinato de Leuteria no ocurrió de manera aislada. Antes de ser asesinada, había atravesado distintas formas de violencia.

En marzo de 2024 Leuteria se separó de su esposo debido a la violencia que vivía. También buscó obtener la guarda y custodia de sus cuatro hijos, pero no se la concedieron porque no contaba con una vivienda propia.

Con la intención de trabajar y construir una casa donde pudiera vivir con sus hijos, consiguió empleo como policía municipal en julio de 2024. Sin embargo, en su nuevo espacio laboral comenzó a sufrir discriminación y hostigamiento por parte de compañeros hombres.

Herminio era uno de sus principales agresores y le decía que las mujeres no podían desempeñarse como policías y que sólo servían para estar en casa. Posteriormente, el acoso aumentó: el organismo documentó que Herminio llegó a amenazarla con despedirla si no accedía a tener relaciones sexuales.

Leuteria pidió que la cambiaran de área. Finalmente comenzó a trabajar como agente de Tránsito municipal en diciembre de 2024, pero el hostigamiento continuó. Tlachinollan señaló que Herminio incluso comenzó a seguirla hasta el lugar donde vivía.

Así, la violencia que antecedió al feminicidio atravesó el ámbito familiar, laboral y comunitario.

Un policía que tenía la obligación de protegerla

Durante la audiencia de individualización, el juez consideró especialmente grave que Herminio fuera integrante de la Policía Municipal de Alcozauca.

Su función implicaba proteger a la población y salvaguardar la vida y la integridad de las personas. Sin embargo, utilizó su posición y sus conocimientos para ejercer violencia contra una compañera de trabajo hasta privarla de la vida.

La sentencia también tomó en cuenta la relación que existía entre ambos, la violencia previa y la forma en que ocurrió el feminicidio.

Para la representación de la familia, el comportamiento de Herminio estuvo atravesado por el machismo y el abuso de poder: desde que Leuteria comenzó a trabajar como policía municipal fue objeto de comentarios y agresiones por ser mujer.

Herminio huyó después del feminicidio

Otro de los elementos considerados por el juez fue que Herminio evadió la justicia después de atacar a Leuteria.

El expolicía fue detenido posteriormente en cumplimiento de una orden de aprehensión y el 14 de enero de 2025 fue vinculado a proceso por feminicidio. En aquella audiencia, el juez de control consideró que los datos de prueba aportados por la Fiscalía acreditaban la existencia de violencia de género y agresiones verbales previas en el ámbito laboral.

La investigación avanzó hasta llegar al juicio oral, que comenzó el 28 de enero de 2026. En esa etapa se desahogaron las pruebas de la Fiscalía para acreditar tanto el feminicidio como la responsabilidad de Herminio.

El pasado 5 de agosto, el Tribunal declaró culpable a Herminio. Una semana después, este martes 12 de agosto, se determinó la pena: 67 años y seis meses de prisión.

Una sentencia que llega a la Montaña de Guerrero

El caso de Leuteria generó movilizaciones desde los primeros días posteriores a su asesinato. El 11 de enero de 2025, familiares, mujeres, niñas, niños, vecinas y habitantes de Alcozauca marcharon para exigir justicia y reclamar a las autoridades medidas efectivas para proteger a las mujeres.

Para la familia y las organizaciones que acompañaron el caso, la condena representa un paso hacia la justicia para Leuteria y sus cuatro hijos, pero también evidencia la necesidad de que las instituciones actúen antes de que la violencia contra las mujeres escale hasta el feminicidio.

La historia de Leuteria muestra además los riesgos que enfrentan las mujeres indígenas cuando buscan incorporarse a espacios laborales tradicionalmente ocupados por hombres. En su caso, conseguir un empleo para sostener a sus hijos significó enfrentarse a discriminación, acoso y violencia en el ámbito laboral, mientras las instituciones no lograron garantizar su seguridad.

La condena de 67 años y seis meses de prisión marca ahora el cierre de una parte del proceso judicial. Para las mujeres de la Montaña de Guerrero y las organizaciones que acompañaron a la familia, el desafío permanece: que la violencia feminicida no vuelva a ser el destino de otras mujeres indígenas que, como Leuteria, buscaban trabajar y construir una vida digna para sus hijas e hijos.

Feminicidio de Dominga Pérez: la mataron a los 83 años en Puebla

 

Dominga Pérez Comisario tenía 83 años. El 4 de agosto salió a trabajar como acostumbraba: vendió cemitas en San Salvador Chachapa, Amozoc, Puebla. Ese día también cumplía años.

Cuando regresaba a su casa, un hombre la interceptó. De acuerdo con las primeras versiones difundidas sobre el caso, la agresión ocurrió durante un presunto asalto y el agresor le habría robado 90 pesos, dinero que había obtenido durante su jornada de trabajo.

Dominga fue localizada gravemente herida y posteriormente murió a consecuencia de las lesiones provocadas por la agresión.

Aunque hasta ahora la autoridad no ha confirmado que se trate de un feminicidio, el caso puede ser abordado desde una perspectiva de género y de violencia contra las mujeres adultas mayores. Colectivos han pedido precisamente que la investigación considere esta perspectiva.

Dominga fue asesinada cuando regresaba de trabajar

Dominga era conocida en su comunidad por vender cemitas. A pesar de sus 83 años, continuaba trabajando y regresaba a casa después de terminar su jornada cuando fue atacada.

Los reportes periodísticos señalan que cámaras de videovigilancia registraron los momentos previos a la agresión. En las imágenes se observa a un hombre siguiendo a Dominga; el ataque ocurrió fuera del ángulo de las cámaras.

La información difundida por diversos medios de comunicación señala que la mujer fue golpeada con una piedra y que el agresor tomó los 90 pesos que llevaba consigo. La necropsia estableció que sufrió un traumatismo craneoencefálico que derivó en su muerte.

El asesinato ocurrió precisamente el día en que Dominga cumplía 83 años.

La mujer fue despedida el viernes 7 de agosto por familiares, amistades, vecinos y personas que la conocían como comerciante. Su familia ha exigido que se haga justicia por el crimen.

¿Por qué hablar de un posible feminicidio?

La Fiscalía de Puebla todavía no ha confirmado públicamente que el asesinato de Dominga sea investigado o clasificado como feminicidio.

Sin embargo, desde una perspectiva feminista resulta necesario preguntarse por las circunstancias que rodearon su muerte y evitar que la violencia contra una mujer adulta mayor quede reducida únicamente a la narrativa de un robo.

La violencia feminicida no se limita a los casos en los que existe una relación de pareja entre víctima y agresor. Las investigaciones sobre muertes violentas de mujeres requieren considerar las circunstancias particulares del crimen y posibles razones de género.

En el caso de Dominga, además, se cruzan dos condiciones que pueden incrementar la vulnerabilidad: ser mujer y ser una persona adulta mayor.

La investigación deberá determinar quién la asesinó, cuál fue el móvil y si existieron elementos relacionados con su condición de mujer que permitan acreditar el delito de feminicidio.

Hasta que eso ocurra, hablar de un posible feminicidio permite mantener la perspectiva de género sin afirmar una clasificación jurídica que todavía no ha sido determinada por las autoridades.

Mujeres adultas mayores también son víctimas de violencia en México

El caso de Dominga también permite mirar una violencia que suele quedar fuera de la conversación pública: la que enfrentan las mujeres adultas mayores.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) reconoce distintas formas de violencia contra este sector, entre ellas la violencia física, psicológica, económica, patrimonial, sexual, así como el abandono y la negligencia.

Estas violencias pueden ocurrir tanto en el ámbito familiar como en espacios institucionales y pueden agravarse cuando se combinan el edadismo y la desigualdad de género.

El abandono también constituye una forma de maltrato. No se limita a que una persona sea dejada físicamente sola: puede incluir la falta de atención a sus necesidades, la negligencia en sus cuidados, la privación de recursos económicos o la omisión de atención médica.

En el caso de las mujeres, además, las desigualdades acumuladas durante el curso de vida pueden traducirse en una mayor dependencia económica, menor acceso a recursos y redes de apoyo más reducidas durante la vejez.

En México, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportó que 11.6% de las mujeres de 60 años y más identificó el maltrato y abandono como una de las principales problemáticas que enfrenta este grupo, frente a 8.5% de los hombres.

El porcentaje no significa que 11.6% haya reportado haber sufrido violencia, sino que esa proporción señaló el maltrato y abandono como una problemática relevante para las personas adultas mayores. Aun así, la diferencia entre mujeres y hombres muestra una mayor preocupación entre ellas.

La falta de denuncia también representa un obstáculo para dimensionar el problema. La ENADIS 2022 estimó que 88.9% de las personas adultas mayores a quienes les fue negado alguno de sus derechos en los últimos cinco años no informó el hecho ante una autoridad o instancia. Entre quienes no lo hicieron, 46.1% consideró que no le harían caso o que denunciar sería una pérdida de tiempo.

¿Qué han dicho las autoridades de Puebla sobre el caso?

La investigación está a cargo de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Hasta ahora, los reportes públicos señalan que las autoridades realizan las diligencias para esclarecer el asesinato y localizar al responsable. La investigación considera como una de las principales hipótesis el robo de los 90 pesos que Dominga llevaba consigo.

También se ha informado que las autoridades analizan las imágenes de las cámaras de vigilancia para identificar al hombre que siguió a Dominga antes de la agresión.

Hasta el momento, no existe una confirmación pública de que el caso haya sido tipificado como feminicidio.

Por ello, uno de los principales pendientes de la investigación es determinar si existen razones de género y si estas deben conducir a que el asesinato de Dominga sea investigado y eventualmente judicializado como feminicidio.

Mientras tanto, familiares y habitantes de Amozoc mantienen el reclamo de justicia para Dominga y expresaron que en caso de no ser detenido el responsable van a tomar justicia por cuenta propia.

7/25/2026

Ley Dafne: qué propone la iniciativa tras el feminicidio de la adolescente en Tamaulipas

 

A unos días del feminicidio de Dafne Zapata, adolescente de 13 años que murió tras participar en un campamento organizado por la Academia Militarizada Doenitz, legisladores de Tamaulipas y su familia impulsan la creación de la denominada Ley Dafne, una iniciativa que busca reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a prácticas violentas dentro de instituciones de formación militarizada y campamentos.

La propuesta surge en medio de la exigencia de justicia de Alejandra Quintoz, madre de la adolescente, quien ha denunciado públicamente que, pese al avance de las investigaciones, hasta ahora no existe ninguna persona detenida por la muerte de su hija.

«Todos están haciendo su trabajo, pero yo no veo resultados. Todos andan libres y mi hija está enterrada«, expresó la madre durante diversas entrevistas con medios de comunicación.

¿Qué propone la Ley Dafne?

El diputado local de Morena, Alberto Moctezuma Castillo, informó que ya trabaja en un paquete de reformas que será conocido como Ley Dafne, cuyo objetivo será establecer mayores mecanismos de prevención, supervisión y sanción cuando la negligencia o el incumplimiento de protocolos pongan en riesgo la vida de niñas, niños y adolescentes.

La propuesta contempla modificaciones a diversas disposiciones estatales, entre ellas:

  • Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
  • Ley de Protección Civil.
  • Ley de Salud.
  • Código Penal.

Además, la iniciativa plantea la creación de una Ley de Campamentos de Verano para Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de regular este tipo de actividades y garantizar condiciones seguras para las personas menores de edad.

Entre las medidas planteadas destacan:

  • Regular el funcionamiento de campamentos y actividades similares dirigidas a menores.
  • Crear un padrón estatal obligatorio de campamentos.
  • Establecer requisitos mínimos para su operación.
  • Exigir protocolos de seguridad y protección civil.
  • Implementar planes obligatorios de atención a emergencias.
  • Fortalecer los mecanismos de supervisión por parte de las autoridades.
  • Garantizar la protección de la integridad física y psicológica de niñas, niños y adolescentes.

La familia exige prohibir novatadas y castigos físicos

De manera paralela, la madre de Dafne impulsa una propuesta para prohibir cualquier práctica que vulnere los derechos de niñas, niños y adolescentes dentro de academias militarizadas o instituciones con esquemas de disciplina similares.

La iniciativa busca impedir prácticas como novatadas, castigos físicos, ejercicios extremos, pruebas de resistencia que comprometan la salud, actos de humillación y cualquier forma de tortura o maltrato.

Alejandra Quintoz sostiene que su hija fue víctima de violencia durante el campamento y ha solicitado que el caso sea investigado como feminicidio.

Aunque reconoció que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas continúa con las investigaciones, señaló que prefiere no revelar algunos detalles para no entorpecer las diligencias ministeriales.

La madre de la adolescente también rechazó los argumentos de algunas autoridades que han señalado no tener competencia para supervisar este tipo de instituciones y aseguró que continuará alzando la voz hasta obtener justicia.

«Agradezco el apoyo de la ciudadanía y de los medios de comunicación. Voy a seguir hablando porque no quiero que otra familia pase por esto», expresó.

El caso Dafne

De acuerdo con la información difundida por la familia, Dafne Zapata ingresó el pasado 13 de julio a un campamento organizado por la Academia Militarizada Doenitz.

Cuatro días después, personal de la institución notificó a su madre que la adolescente había fallecido presuntamente después de desvanecerse en un baño.

Sin embargo, la familia sostiene que la menor fue víctima de agresiones físicas durante su estancia en el campamento y ha denunciado presuntos actos de tortura y violencia, por lo que exige que las investigaciones se desarrollen con perspectiva de género y que el caso sea tratado como feminicidio.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con la muerte de la adolescente.

Feminicidios en México: una violencia que persiste

El caso de Dafne ocurre en un contexto de violencia feminicida que continúa afectando a mujeres, adolescentes y niñas en México.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2025 se registraron 721 presuntas víctimas de feminicidio en el país. No obstante, organizaciones civiles han advertido que la violencia letal contra las mujeres es mayor, ya que miles de asesinatos siguen siendo investigados como homicidios dolosos y no bajo el protocolo de feminicidio.

Especialistas también han señalado que niñas y adolescentes enfrentan riesgos particulares de violencia en espacios donde existen relaciones de poder, disciplina extrema o ausencia de mecanismos efectivos de supervisión.

En ese contexto, la propuesta de la Ley Dafne busca abrir el debate sobre la responsabilidad del Estado para garantizar que cualquier institución que tenga bajo su cuidado a personas menores de edad opere bajo estrictos estándares de seguridad, respeto a los derechos humanos y protección integral de la niñez, con el objetivo de que ninguna otra familia tenga que enfrentar una tragedia como la ocurrida con Dafne Zapata.

7/04/2026

“El libro de los que no son”, un relato desgarrador sobre una mujer indocumentada, víctima de feminicidio

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Por Alexander Paéz. El otro país. Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2026

Alexander Páez es una firma conocida y celebrada por nuestros lectores. Fue el ganador de un reciente premio internacional con la historia de la periodista paraguaya asesinada Yamila Cantero, narrada con la excelencia de su estilo literario. Ahora nos ofrece un relato impresionante sobre una mujer hallada muerta y desmembrada en aguas del río Jejuí, en Kokueré, Departamento de San Pedro, en 2025, una mujer que había vivido su vida como un fantasma por carecer de documentos. “Es una narración extraña y muy sentida, nacida de un caso real, escrita desde un lugar poco habitual para mirar una vida”, nos dice el autor. Un relato de horror y de amor que nos convoca a reflexionar y a actuar ante la persistencia de los feminicidios.

La encontraron en marzo. El Jejuí la fue devolviendo por partes, con esa lentitud oscura de los ríos cuando el horror deja de sorprenderlos. Primero el torso. Después la cabeza, tres kilómetros más abajo. Un brazo no apareció nunca. Quizás quedó en el barro, entre raíces, botellas, ramas y esas cosas que el agua aprende a callar. El agua no devuelve de golpe. Dosifica. Administra.

Yo no me sorprendí. La esperaba.

No entre los camalotes. No en la orilla, donde los hombres se acercaron con esa mezcla de curiosidad y espanto con que se mira lo que nadie quiere nombrar. La esperaba en otro sitio, más seco y más antiguo: una oficina del Registro Civil de San Pedro del Ycuamandyyú; con un tomo de nacimientos, una página amarillenta donde la tinta había escrito a unos y había dejado intacto el lugar de ella.

Yo era ese lugar.

Un renglón en blanco.

Aún lamento no haber sabido nada de ella hasta el final. Todo lo que cuento me llegó tarde: cuando la familia empujó, cuando el pueblo gritó sobre el puente, cuando el expediente empezó a crecer alrededor de un cuerpo desmembrado y la Fiscalía tuvo que preguntar quién era, hasta terminar preguntándomelo a mí. Entonces me llenaron de golpe. Testimonios. Muestras de ADN. Resoluciones de urgencia. Lo que dijo la madre. Lo que dijo el hermano. Lo que dijeron los vecinos. Yo no era una conciencia. Era un papel obligado a enterarse. Volcaron sobre mí su versión de la vida, y me tocó ejercer ese oficio odioso: ordenar restos, administrar una existencia, ponerle burocracia a la piel.

Lo cuento desde esa vergüenza: la de haber permanecido vacío durante treinta y tres años y llenarme recién cuando ya no servía para nada.

María Enciso nació en Kokueré, donde el calor no cae sobre las cosas: entra en ellas. Se mete en la madera, en la ropa tendida, en el cuerpo de las mujeres, en los frascos donde la madre guardaba semillas. De aquella mañana no me llegó una firma ni un sello. Me llegaron, mucho después, restos de una escena: una madre doblada sobre sí misma, que se llamaba Rosa; una vecina que sabía de partos porque había visto demasiados; una palangana con agua tibia, un paño, un rancho de piso apisonado; olor a humo viejo bajo un cielo de azules intensos.

Todo eso existió.

Pero nadie la escribió.

Nadie hizo el viaje de polvo, barro y cansancio hasta la oficina donde yo aguardaba. No hubo dinero. No hubo tiempo. No hubo camino. Y, pensándolo ahora, yo tampoco fui hacia ellos: también estaba condenado a la inmovilidad, un pedazo de Estado con letra y polvo, incapaz de ir al encuentro de nadie, pero siempre listo para llegar tarde.

Hubo, como suele haber en el campo, esa costumbre de postergar lo imposible hasta que lo imposible termina pareciéndose al destino.

Así empezó todo.

No con el río.

Con la demora.

Los primeros años de María fueron los de tantas niñas del norte: tierra en los pies, humo en la ropa, guaraní en la boca, hambre a ciertas horas. Fue aprendiendo el mundo por señales pequeñas: el ruido de las ollas, la inclinación de la luz sobre el patio, la hora exacta en que el agua del arroyo todavía servía antes de que el sol la volviera amarga. Supo cuándo callar, cuándo apartarse, cuándo una casa está en paz y cuándo conviene no hacer preguntas. Y mientras barría, tarareaba bajito, como si en esa música mínima hubiera una forma de compañía.

Porque incluso allí, donde el Estado no llegaba o llegaba tarde, la vida encontraba cómo reunirse. Una mano alcanzaba mandioca, otra remedio, otra sombra. Las mujeres se llamaban de patio a patio. El tereré iba de boca en boca como una forma de confianza. Y en esa pobreza compartida, en esa intemperie que también sabía cobijar, se levantaba una belleza menor y verdadera: la de quienes, sin haber sido escritos por nadie, aprendían a sostenerse unos a otros.

No aprendió las letras.

Para entrar a la escuela hacía falta un certificado. El certificado exigía inscripción. Y para estar inscripta, alguien debía haber venido hasta mí. Nadie vino. Los años pasaron, y yo seguía en mi página, oyendo desde el estante el golpe seco del sello, el zumbido del ventilador, el llanto breve de los recién nacidos a quienes sí llevaban a inscribir. La tinta avanzaba sobre el papel. Los nombres caían uno tras otro, como si nacer fuera, para todos los demás, una costumbre sencilla.

Yo seguía vacío, guardándole a María un lugar al que no iba a llegar.

Creció. Se fue a San Pablo, que era pueblo si una venía de cualquier otra parte, y ciudad si una venía de Kokueré. Había calles cansadas, motocicletas que pasaban dejando un zumbido agrio, perros flacos echados contra la sombra mínima de los muros, y en los almacenes, ese olor dulzón del aceite recalentado que se pega a la ropa como una segunda intemperie. Allí vivió como viven los que no tienen archivo: enlazando trabajos sueltos, días medidos por la urgencia, una forma de presente tan frágil que casi no dejaba huella.

Hablaba guaraní con los vecinos, con esa naturalidad de las lenguas que no piden permiso. Compraba fiado en el almacén de don Alcides, que apuntaba las cuentas en un cuaderno de tapas vencidas y que nunca le pidió un papel. Volvía con bolsas de plástico que se le hundían en los dedos y le dejaban una marca roja, larga, como si también la compra quisiera recordar el peso de haber sido cargada. A veces llegaba con el pelo pegado a la nuca por el calor. Otras, se lo recogía con una cinta gastada, una de esas cintas que ya no sujetan del todo, pero insisten. Y cuando le tocaba esperar —en una fila, en una vereda, en el umbral de alguna oficina— buscaba con el pulgar la costura del vestido y la frotaba una y otra vez, como si en esa aspereza mínima hubiera algo firme, algo que no se movía.

Tenía un teléfono celular, pero no a su nombre: estaba a nombre de Gustavo. Hasta para que la llamaran hacía falta el nombre de otro.

Parió tres hijos. Los sostuvo contra el pecho cuando lloraban. Les bajó la fiebre con paños de agua. Les remendó la ropa bajo una luz pobre. Les reconoció el llanto desde otra pieza, aun dormida, aun rendida. Supo cuál tos era la del frío, cuál llanto venía del hambre, cuál silencio duraba demasiado. Pero no pudo inscribirlos. Lo hizo el padre, porque él sí tenía papeles, él sí estaba escrito. María podía poner el cuerpo, la leche, las noches partidas, el miedo, las manos. No podía, en cambio, dejar constancia legal de la vida que había sacado de sí misma.

Una mujer sin inscripción no puede inscribir a nadie.

La página en blanco también se hereda.

Hubo, casi seguro, una mañana de ventanilla. No sé el día. No sé el mes. Los días de María casi nunca quedaron en alguna parte. Pero la pobreza repite sus escenas con una exactitud cruel. Ella frente al vidrio. Un hijo tirándole de la mano. El ventilador de techo girando con esa desgana de las oficinas calientes. Del otro lado, una voz.

Documento.

Ella no tenía.

Acta de nacimiento.

Tampoco.

Entonces la voz empezó a enumerar: testigos, formularios, declaraciones, juicio, requisitos. Todo lo que hace falta para que una ficción con sellos y ventanillas acepte que una mujer de carne y hueso estuvo aquí antes que sus papeles.

María escuchó. No discutió. No lloró. Apretó la mano del hijo. Buscó con el pulgar la costura del vestido.

Después salió. Afuera el día seguía, y el día no se detiene porque una mujer no exista en los libros. Había que comprar algo. Volver. Cocinar. Lavar lo que se pudiera. Acostar a los hijos. Seguir.

Treinta y tres años caben en ese verbo.

La noche del viernes 7 de marzo, al teléfono de María —que en verdad estaba a nombre de Gustavo— entraron unas líneas firmadas por una voz conocida. Bastó eso para que María saliera de la casa y caminara hacia uno de sus últimos encuentros.

No hacían falta muchas palabras. Bastaban unas pocas, puestas en el sitio exacto de su confianza. Bastaba la impostura mínima de una voz conocida. Bastaba ese pequeño fraude de la lengua para empujar un cuerpo hacia la noche.

Después se supo lo que ya estaba escrito en la trampa: que ese mensaje no lo había mandado quien lo firmaba. Alguien había escrito desde otro teléfono, usando el nombre de otro como se usa una llave robada. Primero borraron a quien firmaba. Después borraron a María.

Antes del cuchillo hubo una frase. Antes del río, una suplantación.

Cuando no volvió, Rosa no esperó. Fue a la comisaría el sábado por la tarde y denunció la desaparición de una hija que, en los papeles, no era hija de nadie. La escena tuvo algo de humillación antigua: para denunciar a una persona hay que nombrarla, y Rosa tuvo que jurar por una María que ningún sello certificaba. Los policías anotaron lo que pudieron: María Enciso, treinta y tres años, domicilio en San Pablo, sin documentos.

Así empezó a formarse el expediente.

Gustavo no durmió esa noche. Llamó a todos los números que tenía. Recorrió las casas de los conocidos. Golpeó puertas. Preguntó en patios todavía cargados de calor. Dijo el nombre de su hermana una y otra vez, como si al repetirlo pudiera impedir que se la tragara la oscuridad. La buscaron como buscan los pobres: sin protocolo, sin descanso, con la terquedad desnuda del afecto. Una linterna. Una motocicleta. Un vecino que acompaña. Una madre que no se sienta. Una casa donde nadie se acuesta, porque acostarse sería admitir que la noche ya decidió algo.

Al amanecer del domingo, cuando ya no quedaba nadie a quien preguntar y la Policía seguía diciendo que había que esperar, Gustavo fue a ver a una mujer que la gente consulta cuando alguien se pierde. No me llegó su cara. Me llegó una sola frase, repetida después como si fuera una dirección arrancada al misterio:

Ella está en tránsito por acá cerca.

Gustavo fue al río. Llevó a dos vecinos. Llevaron una canoa.

A la altura del puente, entre los camalotes, el Jejuí empezó a devolverla.

Primero el torso.

Lo subieron a la canoa con una delicadeza inexplicable, casi tierna, como si el cuidado todavía sirviera para algo. Después llegaron más vecinos. Después la comisaría. Después la Fiscalía. Después las cámaras. Después el país entero, con sus preguntas. Pero antes que todos ellos estuvieron Gustavo, la canoa y esa frase dicha en una cocina sin documentos, en un guaraní que ningún acta registra.

Entre todo lo que el río devolvió esa tarde hubo una señal pequeña y feroz. La pericia la anotó en su idioma seco. Dicho de otro modo: el pulgar de María estaba fuera de lugar.

Había peleado.

La mano con la que sostuvo a sus hijos. La mano que buscaba la costura del vestido frente a las ventanillas. La mano que lavaba, pelaba mandioca, apartaba el pelo de una frente con fiebre. Esa mano peleó hasta el final por seguir perteneciendo al mundo.

Al día siguiente, la Municipalidad de San Pablo declaró asueto. Los estudiantes dejaron las aulas. Los comercios bajaron las persianas. La gente fue llegando al puente sobre el Jejuí con cartulinas, botellas de agua, hijos de la mano, esa pena que en los pueblos no necesita ser anunciada porque se reconoce sola. Gritaron. Lloraron. Exigieron justicia. Una mujer dijo una frase que después repitieron los medios: no están solos.

Y no lo estaban.

Antes que las oficinas y sus sellos, antes que los laboratorios y su idioma tardío, estuvo el pueblo. Estuvieron los que la habían visto pasar. Los que sabían su nombre sin pedirle prueba. Los que la reconocían por la voz, por el modo de andar, por la costumbre de volver con las bolsas marcándole los dedos. La rodearon como se rodea lo propio cuando el daño ya ocurrió y, sin embargo, todavía queda algo por hacer: nombrarla en voz alta, sostenerla entre muchos, impedir que el río terminara de llevársela al silencio.

Solo después apareció el Estado. No donde había hecho falta, sino al final, cuando ya no quedaba nada por cuidar y todavía faltaban, sin embargo, sus permisos.

Para sepultarla hubo que inscribirla.

La frase conviene dejarla así, sin adorno, para que se oiga sola. Para sepultarla hubo que inscribirla. Como si la tierra pidiera constancia. Como si un cuerpo roto no bastara. Como si esa máquina de sellos, escritorios y formularios pudiera permitirse llegar tarde a una vida y a tiempo a sus trámites.

No había huellas previas. No había odontograma. No había registros médicos. No había partida de nacimiento sobre la cual abrir un acta de defunción. María había quedado fuera del archivo, y ahora el archivo alegaba no reconocerla sin pruebas. La fiscala tuvo que ordenar extracción de ADN y cotejo con muestras de Rosa y de Gustavo. Lo que el pueblo ya sabía por dolor, por memoria y por simple cercanía, tuvo que ser confirmado en otro idioma.

Se promovió un juicio de urgencia para inscribir a una mujer ya muerta y autorizar su entierro. Lo que no se hizo por ella en la vida se hizo en la muerte: no por amor ni por justicia, sino para que el expediente pudiera cerrarse sin tropiezos.

El juicio salió en días.

Entonces abrieron mi página vieja. Unos dedos pasaron sobre mi blancura intacta, esa blancura miserable que había durado más que la infancia de María, más que la paciencia de Rosa, más que la obligación del país de salir a buscarla cuando todavía estaba viva. Y por fin, me escribieron.

Escribieron: María Enciso.

Me escribieron tarde. Eso es lo que no puedo decir sin vergüenza.

Tarde, a la fuerza, por orden judicial, cuando lo único que faltaba ya no era el nacimiento, sino el entierro. Me abrieron para eso. Para destrabar la entrada de un cuerpo a la tierra. Y todavía hubo quien dijo que en ese gesto se le devolvía la dignidad, como si la dignidad hubiera estado aquí, esperándome, dormida entre sellos, tomos viejos y escritorios de fórmica.

Pero no.

Yo no tuve nada que ver con lo mejor de María.

No estuve en Rosa cuando la parió. No estuve en Gustavo cuando le prestó su nombre para un teléfono. No estuve en don Alcides cuando le fiaba sin pedirle nada. No estuve en los vecinos que salieron a buscarla con linternas y calor en los patios. No estuve en la canoa que la alzó del agua con una delicadeza que yo no conocí. No estuve en la mujer que, sobre el puente, dijo: no están solos.

Yo no estuve ahí.

Llegué después, cuando todo eso ya había ocurrido y un país entero necesitaba fingir que todavía era posible corregir algo.

No soy un certificado de nacimiento.

Soy una lápida.

La trajeron hasta mí cuando ya no quedaba nada por hacer con su vida.

Para existir en el papel, María Enciso tuvo que entrar muerta.

(*) La imagen que ilustra este relato ha sido realizada con la inteligencia artificial de Gemini.