Sinaloa encabezó la lista de entidades con más casos, al contabilizar 69 casos, cuando en 2024 ocupaba la duodécima posición con 26. El estado de México se ubicó en segundo lugar con 56, lo que representa una reducción respecto al año anterior. Le siguieron Chihuahua (49), Ciudad de México (44) y Veracruz (43). En conjunto, estas cinco entidades concentraron el 36.2 por ciento del total nacional.
Anteriormente, Cimacnoticias documentó que el repunte en Sinaloa pudo deberse al incremento de violencia asociada al inicio de la guerra interna del crimen organizado registrada desde principios de septiembre de 2024 entre las facciones conocidas como “los mayitos” y “los chapitos”, ambos grupos fundados por Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán Loera, quienes actualmente se encuentran presos en Estados Unidos.
Sinaloa, el estado más letal para mujeres en 2025. Feminicidios aumentan 142% – cimacnoticias.com.mx
En el ámbito municipal, el norte del país volvió a concentrar los mayores registros: Culiacán (Sinaloa), Ciudad Juárez y Chihuahua (Chihuahua), Tijuana (Baja California) y Reynosa (Tamaulipas) fueron los municipios con más casos de feminicidio. En la capital del país, la alcaldía con mayor incidencia fue Iztapalapa.
Por grupo de edad, las mujeres mayores de 18 años representaron la mayoría de las víctimas, con 610 casos; Sinaloa y Chihuahua reportaron las cifras más altas en este sector. En el caso de niñas y adolescentes de 0 a 17 años se contabilizaron 63 víctimas, principalmente en el Estado de México y Jalisco. Además, en 48 expedientes no se especificó la edad.
En cuanto a homicidio doloso de mujeres, durante 2025 se registraron 2 mil 74 víctimas. Guanajuato (327), Baja California (189), estado de México (172) y Michoacán (141) concentraron alrededor del 40 por ciento de estos delitos.
Los problemas en los registros de feminicidios
Aunque las estadísticas oficiales apuntan a una reducción del feminicidio, diversas organizaciones han cuestionado esa interpretación. Anteriormente, María de la Luz Estrada Mendoza, directora del OCNF, ha señalado que persisten deficiencias en la correcta tipificación del delito, lo que distorsiona los datos.
Desde 2007, el OCNF ha documentado y sistematizado información sobre violencia contra las mujeres, monitorea la actuación de las autoridades en la procuración e impartición de justicia, brinda acompañamiento jurídico a familiares de víctimas e incide en la implementación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La sentencia del caso Mariana Buendía, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en marzo de 2015, estableció que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse bajo el protocolo de feminicidio. Sin embargo, aún se registran asesinatos clasificados como homicidios dolosos o incluso suicidios.
Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado fallas en las investigaciones, entre ellas la pérdida o manejo inadecuado de evidencias, inspecciones deficientes del lugar de los hechos y diligencias periciales realizadas de manera tardía. También han advertido que las fiscalías no siempre agotan todas las líneas de investigación ni actúan con la debida perspectiva de género, lo que deriva en la omisión de indicios de violencia sexual o en la incorrecta clasificación de los casos.
A ello se suma la deficiente implementación de medidas de protección. Aunque existen mecanismos judiciales, como órdenes y medidas cautelares, la falta de coordinación entre autoridades y los retrasos administrativos obstaculizan su aplicación oportuna.
A inicios de 2025, la titular del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, aseguró que el feminicidio había disminuido 26 por ciento durante los primeros 100 días del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No obstante, María de la Luz Estrada sostuvo que, por el contrario, se registró un incremento del 5 por ciento.
En su informe sombra presentado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), titulado Informe al Comité CEDAW ante la Décima Evaluación al Estado mexicano, el OCNF documentó que entre 2015 y abril de 2025 fueron asesinadas 34 mil 715 mujeres en el país, y sólo el 24.6 por ciento de esos casos se investigaron como feminicidio.
La estimación se acerca a la de Causa Común quien en su informe «Incidencia delictiva y algunas anomalías» expuso que las víctimas de feminicidio representan el 24% y que ocho de cada diez asesinatos de mujeres no son investigados como feminicidios, aunque hay variaciones dentro de los estados como Guanajuato, siendo el que mayores registros presenta con 249 casos de homicidio doloso, de los cuales solo el 4% se investiga como feminicidio.
Causa Común advirtió que las cifras son proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), pero la organización encontró que varios delitos se reclasifican o se diluye su número debido a la metodología que han utilizado para obtener dichos resultados. Particularmente, especificaron que ambas instituciones utilizan diferentes metodologías, criterios y definiciones para construir sus reportes.
Mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, emplea las carpetas de investigación abiertas en fiscalías, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, utiliza actas de defunción expedidos por servicios médicos del país. La primera institución diferencia a las víctimas de homicidio doloso y las de violencia feminicida, mientras que la segunda no lo hace, sino que contabiliza muertes accidentales, suicidios y una cuarta subcategoría llamada «eventos de intención no determinada».
La organización también apuntó que la falta de homologación del delito de feminicidio en los códigos penales de las entidades ocasiona que no todas cataloguen el asesinato de una mujer como feminicidio. Esto es apoyado en el informe sombra «Tipificación y protocolo de feminicidio. Un abismo de la ley a su aplicación y el caso de la medida correctiva 33 en la AVGM de Zacatecas» el cual establece que es la falta de uniformidad lo que genera confusión jurídica y desigualdad en la procuración de justicia, lo que obstaculiza la recopilación estadística y la construcción de políticas públicas nacionales.
