Escrito por Paola Piña
.- Ciudad
de México.– De cara a las elecciones de 2027, en el Congreso de San
Luis Potosí se presentó una reforma a la Ley Electoral estatal en
materia de paridad, denomina “ley esposa”, la cual ha sido cuestionada
por permitir la sucesión del poder político «exclusivamente a mujeres»,
sin embargo se ha podido evidenciar el coto de poder masculinizado que
estaría detrás de esta legislación, utilizada para extender brazos de
poder masculinizado haciendo uso de un logro feminista como es la
paridad o la igualdad sustantiva, con fines de nepotismo.
Esta «ley esposa, podría replicarse en estados como Nuevo León e Hidalgo.
Esta
reforma que también ha sido denominada «ley gobernadora», acusan, tiene
remitente: Mariana Rodríguez en Nuevo León y Ruth González, ambas con
un vínculo matrimonial con el gobernador de sus respectivas entidades,
sin embargo, el señalamiento está en los cotos de poder de Samuel García
y Ricardo Gallardo quienes estarían sentando las bases para extender su
poder utilizando el recurso político feminista.
Por eso es
importante analizar la «ley esposa», más allá de las apariencias. En
estos estados, supuestamente, se quiere romper con esas barreras
estructurales que históricamente han impedido que las mujeres accedan al
cargo de la gubernatura. En consecuencia, para 2027 los partidos
políticos, coaliciones y candidaturas independientes solo podrán
postular a mujeres para dicho puesto.
No obstante, la aprobación
exprés de la reforma generó señalamientos que sostienen que la medida no
tiene como objetivo reducir una desigualdad histórica, sino allanar el
camino para ampliar cotos de poder. Ejemplo de ello, está con la
senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo en San
Luis Potosí, quienes estarían incurriendo en nepotismo electoral e
ignorando, sobre todo, la importancia de la paridad de género y la
igualdad sustantiva.
Cabe señalar que actualmente que México ya
tiene una reforma constitucional de igualdad sustantiva. El 15 de
noviembre del 2024 la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó firmó el
decreto por el cual se garantiza la igualdad sustantiva para las mujeres
dentro de la Constitución Política.
«Es
un día histórico. Hoy se publica este decreto y lo resumiría diciendo:
Las mujeres ya estamos en la Constitución, nuestros derechos están
garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Hay un reconocimiento de la desigualdad histórica, de tal
manera que no solo es el acceso a la educación, a la salud, a todos los
derechos, sino también un reconocimiento de esa desigualdad histórica y
que, por lo tanto, tienen que ser abiertos todos los espacios para poder
resolver esa desigualdad histórica para las mujeres”,
Además,
México ya contaba con una reforma constitucional conocida como «paridad
en todo», la cual fue aprobada en el 2019 y con ello se ampliaron las
cuotas de participación política para asegurar que las mujeres tuvieran
acceso al 50% de los cargos en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial y a
nivel estatal, municipal y federal, lo que llevó a una ocupación de
cargos de elección popular por parte de mujeres.
Bajo este
precepto, para 2027 serán 17 las gubernaturas que estarán en juego en la
República Mexicana, por lo que el Instituto Nacional Electoral tiene la
obligación de que se postule la mitad de candidaturas para mujeres, más
una. En este caso, serían nueve mujeres contra ocho hombres.
Esta
reforma, ha permitido que las mujeres rompan techos de cristal en la
política e incidan en espacios de toma de decisiones, lo cual no fue un
logro alcanzado de forma rápida ni expedita, sino el resultado de un
esfuerzo de varias décadas para que las mujeres sean reconocidas como
sujetas políticas activas. Hoy, sin embargo, se señala que este avance
se ha utilizado para intereses políticos que buscan consagrar el
nepotismo.
Cabe recordar que este principio fue incorporado en la
Constitución mexicana en el año 2014, aplicable a las candidaturas a la
Cámara de Diputados, el Senado y los Congresos estatales. La primera vez
que se implementó esta reglamentación fue en el Proceso Electoral
2014-2015.
La integración de estas reformas fue, sin duda, un
logro feminista, pues hasta 2020 en México solo se habían elegido siete
mujeres como gobernadoras y dos más habían sido designadas para cubrir
ausencias de gobernadores o del jefe de Gobierno en la Ciudad de México.
En ese mismo periodo se habían elegido 350 hombres para gobernar las
distintas entidades federativas.
Actualmente, este panorama ha
mejorado, ya que actualmente, México cuenta con 13 mujeres gobernadoras
en funciones: Rocío Nahle (Veracruz), Libia Dennis (Guanajuato), Maru
Campos (Chihuahua), Tere Jiménez (Aguascalientes), Margarita González
(Morelos), Mara Lezama (Quintana Roo), Delfina Gómez (Estado de México),
Clara Brugada (Ciudad de México), Indira Vizcaíno (Colima), Marina del
Pilar (Baja California), Layda Sansores (Campeche), Lorena Cuéllar
(Tlaxcala) y Evelyn Salgado (Guerrero).
Sin embargo, es importante
precisar que, para lograr este decreto constitucional que permitió a
las mujeres acceder a puestos de poder, la periodista Lucía Lagunes
Huerta señala en su columna “Volvimos a ganar la Paridad” que
estos avances han sido resultado, en gran medida, de “las ciudadanas
organizadas, de las consejeras y magistradas no solo convencidas de la
igualdad entre mujeres y hombres, sino con la capacidad y los argumentos
para defender el derecho de todas”.
Logro feminista utilizado con fines de nepotismo
Tal
como se vislumbró con anterioridad, el aumento de la participación de
mujeres en la política no fue un proceso sencillo, hecho que ha sido
ignorado por actores políticos que detentan el poder y que han buscado
convertir este avance en una estrategia para transferirlo a sus esposas,
no por mérito o capacidad, sino por cercanía, utilizando discursos
feministas con fines individuales.
Cabe señalar que el gobierno de
Claudia Sheinbaum lanzó la Reforma Antinepotismo, una iniciativa
constitucional para prohibir el nepotismo en cargos de elección popular y
la reelección consecutiva, con el objetivo de evitar que familiares
sucedan a funcionarios en puestos de poder; no obstante, su
implementación se pospone hasta 2030.
Ante este vacío legal que
aún persiste en México, que no prohíbe la sucesión de cargos a
familiares, estados como Nuevo León han planteado seguir el mismo camino
que San Luis Potosí. En esta entidad, el Congreso local analiza una
iniciativa presentada en septiembre por el partido Movimiento Ciudadano,
al que pertenece el gobernador Samuel García, la cual propone reformas a
la Constitución estatal y a la legislación electoral en materia de
paridad de género.
En caso de aprobarse, se prevé que estas
modificaciones sean aplicadas para el proceso electoral de 2027. Al
igual que ocurrió en San Luis Potosí, estas iniciativas han sido
criticadas, pues se ha advertido que podrían tener como propósito
facilitar la sucesión del cargo a Mariana Rodríguez, esposa del actual
gobernador de Nuevo León.
Sin embargo el partido político ha
apelado que tiene como objetivo establecer reglas específicas para los
cargos de elección popular, entre ellos la gubernatura, bajo el
argumento de regular la postulación paritaria de candidaturas, al
señalar que el marco normativo vigente carece de disposiciones claras
para este tipo de cargos.
Asimismo, en Hidalgo se presentó una
iniciativa de reforma constitucional para establecer una contienda a la
gubernatura exclusiva para mujeres y ampliar el periodo a cinco años.
Sin embargo, esta fue suspendida y no se discutirá en el actual periodo
legislativo, aunque podría retomarse posteriormente.
Ante esta
serie de proyectos de reforma promovidas bajo la aparente bandera de la
paridad de género, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que
dichas modificaciones a la ley deben evaluarse para determinar si
proceden jurídicamente o si realmente tienen como finalidad beneficiar a
las mujeres.
De igual forma, Luisa María Alcalde, dirigente
nacional de MORENA, indicó que el partido planea interponer una acción
de inconstitucionalidad contra la reforma aprobada en San Luis Potosí,
con el objetivo de evitar que familiares de gobernadores sean llevados a
las boletas electorales.
Reformas creadas para mujeres utilizadas con fines políticos
Esta
no es la primera vez que una reforma constitucional es utilizada con
fines políticos e individuales, alejados de su objetivo original de
garantizar la igualdad para las mujeres. Un ejemplo claro es la reforma
en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género
(VPEG), creada para nombrar, visibilizar y sancionar la violencia
ejercida contra mujeres candidatas o en funciones por el simple hecho de
ser mujeres. Actualmente, esta figura ha sido utilizada en algunos
casos como una herramienta para censurar a la ciudadanía,
particularmente a periodistas, desde las propias esferas del poder.
Acoso judicial contra periodistas aumenta 143% en 2025: Artículo 19
Un
caso ilustrativo ocurrió el 19 de febrero de 2025, cuando la periodista
independiente Ruby Soriano recibió una notificación del Instituto
Estatal Electoral de Puebla (IEE), en la que se le solicitaba
contextualizar una publicación realizada en X, antes Twitter. En dicha
publicación, Soriano señalaba que Elvira Graciela Palomares, diputada de
la LXIII Legislatura del Congreso de Puebla, había formado parte de
distintos partidos y alianzas políticas a lo largo de su trayectoria.
Aunque
la periodista respondió que su publicación se limitaba a describir la
carrera política de una funcionaria pública, el 25 de febrero el INE
ordenó eliminar todas las publicaciones relacionadas con el tema como
medida cautelar. Posteriormente, el 8 de marzo, Soriano fue citada para
el desahogo de pruebas y alegatos, aun cuando la propia institución
reconoció que no se había ejercido directamente violencia política en
razón de género, sino que existían comentarios de terceros dentro de la
publicación, por los cuales se le responsabilizó.
La llamada “ley
esposa”, junto con el uso indebido de la VPEG, evidencia que, pese a los
múltiples logros feministas alcanzados para frenar las violencias y
desigualdades dentro de los espacios políticos, estas herramientas han
sido utilizadas de manera distorsionada por hombres desde el poder y
empleadas para beneficios individuales, quebrantando e ignorando los
esfuerzos colectivos que durante años se llevaron a cabo para alcanzar
una mayor igualdad sustantiva.
