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10/31/2026

Violencia digital con IA, cuando se fabrican imágenes íntimas sin consentimiento

 

Una imagen compartida en redes sociales puede convertirse en contenido íntimo que nunca existió. Para ello, no es necesario que la persona retratada haya participado ni autorizado su creación: basta con que alguien utilice herramientas de inteligencia artificial (IA) para fabricar imágenes sexuales falsas. Aunque el contenido sea manipulado, la violencia y sus consecuencias son reales.

Los llamados deepfakes son imágenes, audios o videos creados o alterados mediante inteligencia artificial para representar situaciones que no ocurrieron. Cuando estas herramientas se utilizan para generar contenido sexual de mujeres sin su consentimiento, se convierten en un instrumento de violencia digital que vulnera su privacidad, intimidad y autonomía.

La facilidad para producir y difundir estas imágenes ha convertido el fenómeno en un problema que va más allá de la tecnología. El debate también involucra el derecho de las mujeres a decidir sobre su propia imagen y a establecer límites que deben respetarse tanto dentro como fuera de internet.

De acuerdo con información difundida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre 90 y 95 por ciento de los deepfakes que circulan en línea corresponden a imágenes pornográficas no consentidas y alrededor de 90 por ciento de estas representan a mujeres. Los datos, retomados de investigaciones de Sensity AI, evidencian la dimensión de género de esta forma de violencia digital.

En México, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) también muestran el impacto diferenciado del ciberacoso. De acuerdo con los resultados del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2024, 22.2 por ciento de las mujeres usuarias de internet de 12 años o más experimentó alguna situación de ciberacoso. Entre quienes fueron víctimas, 34.5 por ciento manifestó haber sentido miedo.

Aunque el ciberacoso comprende distintas formas de agresión y no exclusivamente la creación de imágenes mediante IA, estas cifras permiten dimensionar el contexto de violencia al que se enfrentan las mujeres en los entornos digitales.

Detrás de estos datos hay niñas y mujeres que pueden experimentar exposición, acoso e intimidación. La creación y difusión de imágenes íntimas sin consentimiento puede afectar sus relaciones personales, su vida social y profesional, además de restringir su libertad para participar en espacios digitales sin temor a que su imagen sea utilizada para agredirlas.

El consentimiento también debe respetarse en internet

“Que una imagen haya sido creada con inteligencia artificial no significa que el daño sea artificial o menos real. El consentimiento también es digital y no desaparece cuando entramos a internet. Una fotografía pública no es una autorización para utilizarla de forma violenta y, mucho menos, para crear contenido sexual. Todas y todos tenemos derecho a decidir cómo se utiliza nuestra imagen, dentro y fuera de las pantallas”, explicó Angie Contreras, vocera de Mujeres Vivas, Mujeres Libres.

La respuesta frente a estas agresiones no puede consistir en restringir la libertad de las mujeres ni en responsabilizarlas por las fotografías que publican. El problema está en quienes utilizan herramientas digitales para crear, difundir o comercializar contenido sexual sin consentimiento, así como en quienes lo emplean para amenazar, humillar o ridiculizar a las personas representadas.

También corresponde a las plataformas digitales establecer mecanismos efectivos para prevenir y atender estas agresiones, responder ante la difusión de contenido íntimo no consentido y evitar que sus herramientas se utilicen para vulnerar los derechos de las mujeres. A su vez, las instituciones deben garantizar vías accesibles de denuncia y protección.

Lo que está en juego no es solamente la privacidad, sino también la autonomía de las mujeres: su libertad para decidir sobre su cuerpo, su intimidad y su imagen, establecer límites y exigir que sean respetados en los espacios digitales.

“Nos han enseñado a tener cuidado con lo que compartimos, con lo que publicamos y hasta con las fotografías que nos tomamos. Pero ¿por qué la responsabilidad siempre termina recayendo en nosotras? No deberíamos tener que limitar nuestra libertad para evitar que alguien más vulnere nuestros derechos. El consentimiento también significa que nuestras decisiones y nuestros límites sean respetados”, señaló Lizeth Mejorada, portavoz de Mujeres Vivas, Mujeres Libres.

Prevenir la violencia digital sin limitar la libertad de las mujeres

Enfrentar la violencia digital requiere medidas concretas: información accesible, mecanismos efectivos de prevención y protección, herramientas para denunciar y responsabilidades claras para quienes desarrollan, ofrecen y utilizan estas tecnologías.

La creación de imágenes sexuales falsas sin consentimiento no deja de ser una agresión porque el contenido no corresponda a un hecho real. Su impacto depende también de la exposición, el hostigamiento y el uso que otras personas hagan de esas imágenes.

La inteligencia artificial puede fabricar imágenes, pero no consentimiento. Que algo pueda crearse no significa que exista el derecho a hacerlo.

10/17/2026

Mujeres indígenas defensoras enfrentan violencia digital por defender sus territorios

 

La violencia contra quienes defienden el territorio también ocurre en los espacios digitales. Campañas de desprestigio, amenazas, difusión de información personal y mensajes que criminalizan su labor forman parte de las agresiones que enfrentan personas defensoras indígenas en México y otros países, de acuerdo con una investigación internacional presentada por la organización Voces del Territorio.

El estudio Resistencia y Resiliencia: Respuestas colectivas a ataques digitales en contra de personas defensoras, desarrollado junto con la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) y la Iniciativa de Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRI), documentó durante tres años las distintas formas de violencia digital contra personas defensoras de Brasil, Filipinas, Kenia y México.

Entre sus hallazgos, la investigación advierte que las agresiones tienen impactos diferenciados para las mujeres defensoras, quienes enfrentan campañas dirigidas contra su reputación y sus liderazgos. Además, señala que estos ataques no afectan únicamente a las víctimas directas, sino también a sus familias, organizaciones y comunidades.

Ante este escenario, las organizaciones llamaron al Estado mexicano a reconocer la violencia digital como una dimensión de las agresiones contra personas defensoras ambientales, prevenirla, investigarla y sancionarla, así como desarrollar políticas de protección que incorporen las perspectivas de género e interculturalidad.

Agresiones digitales buscan debilitar la defensa del territorio

En México, las agresiones digitales se suman a los riesgos que enfrentan quienes defienden el medio ambiente y sus territorios. Voces del Territorio recuerda que, en 2022, Global Witness ubicó al país en el tercer lugar mundial por agresiones letales contra personas defensoras ambientales y del territorio. De acuerdo con el documento, al menos la mitad de las víctimas eran personas indígenas.

La investigación contó con la participación de tres pueblos indígenas en México: el zapoteco de Puente Madera, Oaxaca; el purépecha de Cherán K’eri, Michoacán, y el yaqui de Loma de Bácum, Sonora.

Entre las agresiones identificadas se encuentran la desinformación, las campañas de desprestigio, la creación de perfiles falsos, las amenazas, la exposición de información personal y la difusión de narrativas que estigmatizan y criminalizan a quienes defienden sus territorios.

El estudio advierte que estos ataques no deben entenderse como incidentes aislados ni como simples conflictos en redes sociales. Forman parte de estrategias de presión que pueden buscar intimidar a las personas defensoras y debilitar los procesos colectivos de organización.

La violencia digital también tiene consecuencias fuera de internet: puede generar miedo, afectar las relaciones familiares, deteriorar la confianza dentro de las comunidades y dejar secuelas físicas y emocionales tanto en las víctimas directas como en su entorno.

Esto ocurre porque la defensa del territorio no es una actividad individual, sino una labor vinculada con la vida comunitaria, la cultura y los medios de subsistencia. Por ello, cuando una persona defensora es atacada, las consecuencias pueden extenderse al conjunto de la comunidad.

Mujeres defensoras enfrentan ataques contra su reputación y liderazgo

Uno de los hallazgos de la investigación es que las agresiones digitales no afectan de la misma manera a todas las personas defensoras. Las mujeres enfrentan formas específicas de violencia y campañas que buscan dañar su reputación y debilitar sus liderazgos.

Esta dimensión de género resulta relevante porque los ataques no se limitan a cuestionar la labor de defensa ambiental, sino que también pueden dirigirse contra el reconocimiento y la legitimidad de las mujeres dentro de sus comunidades y organizaciones.

Sin embargo, la investigación no detalla casos individuales ni desglosa cifras sobre la cantidad de mujeres afectadas. Su principal señalamiento es que las políticas de protección deben reconocer estos impactos diferenciados e incorporar una perspectiva de género.

La organización también subraya que las comunidades indígenas no son únicamente víctimas de estas agresiones. A lo largo del proceso han desarrollado estrategias propias de resistencia y resiliencia, entre ellas acuerdos comunitarios sobre el uso de redes sociales, mecanismos para contrarrestar la desinformación, medios de comunicación propios y participación de jóvenes.

Estas respuestas, sostiene la investigación, deben ser tomadas en cuenta al diseñar medidas de seguridad digital, en lugar de imponer soluciones que desconozcan las formas de organización y las decisiones colectivas de los pueblos.

Brecha digital también limita la protección de los pueblos indígenas

La posibilidad de utilizar tecnologías de manera segura está condicionada por las desigualdades en el acceso a internet, dispositivos, infraestructura y conocimientos digitales.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025 citados en el boletín, 86.1 por ciento de la población de seis años y más en México utilizó internet durante ese año, frente a 57.4 por ciento en 2015.

Entre las personas usuarias de internet, 26.6 por ciento se autoadscribió como indígena y 4.7 por ciento declaró hablar alguna lengua indígena.

Voces del Territorio advierte que las limitaciones de conectividad, electricidad, infraestructura, dispositivos y habilidades digitales afectan especialmente a las poblaciones de zonas marginadas. Estas desigualdades restringen el ejercicio de derechos y dificultan que las comunidades accedan a herramientas para prevenir y responder a las agresiones.

En este contexto, la tecnología puede utilizarse tanto para hostigar y exponer a las personas defensoras como para fortalecer sus procesos de organización, comunicación y resistencia. El desafío consiste en garantizar que las comunidades cuenten con condiciones para aprovechar estas herramientas sin quedar desprotegidas frente a los riesgos.

Exigen políticas de protección con perspectiva de género

Ante los hallazgos, Voces del Territorio y las organizaciones participantes plantearon una serie de responsabilidades para el Estado, las plataformas digitales y las organizaciones que acompañan a las comunidades.

Al Estado mexicano le corresponde reconocer los ataques digitales contra personas defensoras ambientales como una forma de violencia que debe prevenirse, investigarse y sancionarse. También debe desarrollar políticas de protección que contemplen la seguridad de las comunicaciones, la información y la identidad de quienes defienden el territorio, con enfoque intercultural y de género.

Las organizaciones llamaron además a reducir la brecha digital y garantizar a las comunidades indígenas acceso seguro a tecnologías, capacitación y herramientas de protección.

Por su parte, las plataformas digitales deben fortalecer sus mecanismos de respuesta ante campañas coordinadas de hostigamiento, amenazas y exposición de datos personales, tomando en cuenta los contextos específicos de las personas defensoras.

Finalmente, las organizaciones acompañantes deben escuchar a las comunidades y fortalecer sus propias estrategias de seguridad, sin imponer medidas que ignoren sus formas de organización o sus decisiones colectivas.

En el marco del Día de la Resistencia Indígena, conmemorado el 12 de octubre, y del Día Internacional de las Mujeres Rurales, el 15 de octubre, los resultados de la investigación colocan en el centro la necesidad de reconocer que la protección de quienes defienden el territorio también debe abarcar los espacios digitales.

4/11/2026

Organizaciones impulsan inclusión del acoso digital en el Código Penal

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TeleSurtv. Resumen Latinoamericano, 07 de abril de 2026

El 35% de los casos atendidos está vinculado a violencia sexual digital, con un 92% de víctimas mujeres, mientras que el 23% corresponde a acoso digital, donde el 91% de las denunciantes también son mujeres.

En Bolivia, diversas organizaciones impulsan la incorporación de delitos de acoso digital y violación de la intimidad en el Código Penal, en un contexto de creciente preocupación por este tipo de violencia. La iniciativa ya avanza en el trámite legislativo con el objetivo de lograr su aprobación en el corto plazo.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, advirtió que el 90 por ciento de los casos involucra la difusión no consentida de imágenes íntimas, principalmente de mujeres. Además, señaló que un 60 por ciento de los hechos corresponde a ciberacoso juvenil, donde niños y adolescentes resultan afectados a través de redes sociales.

Según los datos presentados, el 35 por ciento de los casos atendidos está vinculado a violencia sexual digital, con un 92 por ciento de víctimas mujeres, mientras que el 23 por ciento corresponde a acoso digital, donde el 91 por ciento de las denunciantes también son mujeres, aunque se aclaró que los hombres no están exentos de este tipo de delitos.

Las autoridades alertan que estas prácticas se intensificaron tras la pandemia de COVID-19, convirtiéndose en una amenaza constante. Entre los casos más notorios se encuentra el de grabaciones no autorizadas a modelos en Santa Cruz de la Sierra, donde se registraron actividades privadas sin consentimiento.

La exfiscal de Santa Cruz y actual viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, denunció que redes delictivas llegaron a comercializar este material a través de plataformas digitales, incluso mediante grupos privados donde se cobraba por acceder a las imágenes. Las investigaciones permitieron identificar a los responsables y confiscar equipos en los que se hallaron contenidos sensibles, incluidos registros de menores.

En uno de los casos, se detectó que los autores habían vulnerado sistemas de cámaras de seguridad domésticas, aprovechando la instalación de servicios de internet para acceder y grabar durante meses sin conocimiento de las víctimas.

“Instalaban tu cable de la cámara que vos habías comprado de seguridad y te ofrecían el servicio de internet de la cámara de seguridad instalada”, expresó.

Pese a que algunos responsables fueron llevados ante la justicia, las autoridades señalaron que la normativa vigente no contempla de forma específica estos delitos, lo que dificulta su sanción. Por ello, la propuesta legislativa busca incluir figuras como el acoso sexual digital y la violación de la intimidad, con penas que podrían alcanzar hasta 10 años de prisión.

3/14/2026

Exilio forzado: violencia digital contra la defensa de mujeres y niñas

La Jornada

En la última década, la violencia digital se ha convertido en una de las herramientas más eficaces para neutralizar la defensa de los derechos humanos. Lo que en apariencia comienza como ataques aislados en redes sociales, suele convertirse en campañas sistemáticas de difamación, desinformación y hostigamiento dirigidas a desacreditar a quienes representamos a víctimas de violencia de género y a comunidades históricamente excluidas.

Esta forma de agresión no es espontánea ni marginal. Se trata de un mecanismo contemporáneo de control que opera a través de plataformas digitales para construir narrativas destinadas a destruir reputaciones, intimidar y aislar a defensoras y defensores de derechos humanos. En particular, las mujeres abogadas que litigamos casos de violencia contra mujeres y niñas enfrentamos una violencia específica: campañas misóginas que buscan deslegitimar nuestra voz profesional y quebrar la confianza pública en nuestra labor.

El efecto que se produce no es únicamente personal. La violencia digital genera un profundo efecto inhibidor en la abogacía. Cuando una defensora es atacada de manera sistemática, lo que realmente se intenta es anular la representación legal de las víctimas y desalentar a otras personas a asumir casos que desafían intereses de poder. Así, el hostigamiento digital se convierte en una forma indirecta de impedir el acceso a la justicia.

Mi experiencia profesional en México ilustra con claridad este fenómeno. Durante años he representado a mujeres y niñas víctimas de violencia, así como a comunidades vulnerables que históricamente han enfrentado enormes barreras para acceder a la justicia. Sin embargo, esa labor también me colocó en el centro de campañas coordinadas de difamación digital que durante más de un año buscaron desacreditar mi trabajo y destruir mi credibilidad profesional.

Estas agresiones no se limitaron al ámbito virtual. Las narrativas construidas en redes sociales derivaron en amenazas directas y en un clima de hostilidad constante que terminó afectando tanto mi seguridad personal como la continuidad de mi trabajo. Finalmente, me vi obligada a suspender mi práctica en México y continuar mi labor desde Madrid. Mi salida del país no fue una decisión profesional voluntaria, sino la consecuencia directa de una violencia sistemática que convirtió el ejercicio de la defensa en un riesgo permanente.

Este fenómeno revela una realidad preocupante: la violencia digital se ha convertido en una forma de violencia institucional indirecta. A través de la desinformación y el hostigamiento coordinado se logra aquello que en otros contextos requeriría mecanismos más visibles de represión: silenciar voces incómodas y debilitar la defensa de los derechos humanos.

Las consecuencias trascienden a la persona atacada. Cuando una defensora es desplazada o silenciada, también se debilita la posibilidad de que las víctimas encuentren representación legal efectiva. El mensaje que se envía es claro: quien desafíe estructuras de poder puede ser destruido públicamente sin que existan mecanismos suficientes de protección.

Frente a este escenario, los estados tienen la responsabilidad de reconocer que la independencia de la abogacía y la libertad de defensa son pilares esenciales de cualquier sistema democrático. Proteger a quienes ejercen la defensa de derechos humanos no es una concesión: es una condición indispensable para garantizar el acceso a la justicia.

Si la violencia digital continúa siendo tolerada como una forma de hostigamiento sin consecuencias, el resultado será la erosión silenciosa del estado de derecho. Defender a quienes defienden no es solo un deber institucional: es una garantía mínima para que la justicia siga siendo posible.

Sheinbaum firma acuerdo con Google, Meta y TikTok para combatir violencia digital contra mujeres

 

Ciudad de México.- En el marco de las acciones por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de México, dio a conocer el acuerdo de colaboración para prevenir, atender, la violencia digital en el espacio virtual que incluyo a las principales plataformas y redes sociales: Google, Meta y TikTok.

Este acuerdo llega en un contexto del incremento de violencia digital contra mujeres en México, ya que el pasado 25 de noviembre en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ONU Mujeres informó que más de 10 millones de mexicanas han enfrentado agresiones en entornos digitales, esto lo señaló durante el lanzamiento de la campaña “Es Real #EsViolenciaDigital”.

De las personas usuarias 18.1 millones manifiestan haber tenido algún tipo de violencia o ciberacoso en el espacio digital: 10 millones de ellas mujeres y 8 millones hombres.

Resaltó que en el caso de las mujeres, el 57.7 por ciento son menores de 29 años quienes vivieron ciberacoso. Dicha violencia incremente en edades más tempranas y se manifiestan con: insinuaciones y propuestas sexuales; recibir contenido sexual, suplantación de identidad; rastreo de cuentas o sitios web; críticas por la apariencia o por la clase social; publicación o envío de información personal como fotos o videos; publicación o venta de imágenes o videos de contenido sexual.

También mencionó que en los últimos 4 años ha ido aumentando la violencia en el espacio digital.

La Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, reconoció el activismo de mujeres en México que ponen este tema como pioneras en varios mecanismos regionales como lo fue la Ley Olimpia, ejemplo para combatir la violencia digital, impulsada por la defensora Olimpia Coral Melo y las Defensoras Digitales.

El acuerdo

Citlalli Hernández recalcó que el acuerdo entre el Gobierno de México y las plataformas y redes sociales de Google, Meta y TikTok se basa en nueve acciones en materia de prevención y siete acciones en materia de atención que se detallan de la siguiente manera:

Para prevenir:

1.- Las y los firmantes de acuerdo tendrán una mesa para poder seguir revisando estas normas que ya existen para fortalecerlas.

2.- Difundirán conjuntamente la Cartilla de Seguridad Digital para difundir las normas de convivencia que deben normalizarse cada vez más, lejos del odio y de la violencia.

3.- Las plataformas realizarán campañas para posicionar más mensajes educativos y formativos dirigidos a la buena convivencia. Y cada 25 de mes, todas las plataformas van a generar difusión de estos contenidos que abonen a una cultura digital mucho más pacífica y armónica.

4.- Las plataformas incentivarán la denuncia ante hechos de violencia y que ocupen las herramientas de reporte.

5.- Campañas informativas en el espacio digital, para generar la convivencia libre de violencia, para fomentar mayor denuncia, para proteger a las mujeres contra contenido y contactos no deseados. Para notificar a las personas usuarias que, si incurren en alguna violación de estas normas, puede haber consecuencias no solo como usuarios en las plataformas, sino incluso vinculada a alguna autoridad.

Campañas también que provean fuentes de información confiables, es decir, contra las fake news.

6.-El fortalecimiento de todas estas herramientas derivado de la revisión para prevenir mejor y atender estas violencias.

7.- Educar el ecosistema de personas creadoras, este es un compromiso de las plataformas. Tienen vínculo con varios creadores de contenido, y lo que han planteado es, justamente, fomentar que estos generadores de contenido ligado a varias plataformas generen contenidos que fomenten un entorno digital seguro.

8.- Generar información accesible para hablar del uso responsable de la tecnología.

9.- Fortalecer las estrategias de prevención en una mesa de diálogo constante con las autoridades del Gobierno de México.

Acciones de atención:

1.- Se activarán medidas inmediatas para atender casos de violencia a través de la definición conjunta. Fortalecerán política y restricciones con la prohibición de publicaciones con material de abuso y explotación sexual para que exista una actuación inmediata por parte de las plataformas, sobre todo cuando se trata de menores de edad con información que alerte a usuarios sobre las consecuencias por el delito.

Implementarán y difundirán herramientas, controles de seguridad y privacidad que permitan a una víctima bloquear la cuenta de la persona agresora y restringir comentarios, como parte de una medida cautelar.

Implementar políticas y procedimientos internos para dar respuesta a las medidas de protección y otras solicitudes de cumplimiento de la ley. A veces todavía hay una distancia entre lo que se decide en el espacio jurídico cuando una mujer denuncia y lo que pasa en el espacio virtual, y lo que pretenden es que se actúe de manera rápida coordinada.

2.- Crearán una guía para que las y los usuarios sepan cómo reportar contenidos, cómo usar las herramientas que ya existen y las fortalecerán para combatir las violencias.

3.- Generarán mejores mecanismos de reporte y de denuncia a perfiles que a veces ya son muy conocidos, que difunden contenidos sexuales o que han sido constantemente reportados por violar estas normas en las redes sociales.

4.- Vincularán todos estos mecanismos de reporte de la violencia habilitados, a la línea 079 opción 1, para que haya un primer auxilio emocional y canalizar a alguna autoridad de inmediato.

5.- Cooperación permanente con las autoridades para la investigación y atención a víctimas a través de enlaces y contactos directos entre las empresas de plataformas digitales, las Fiscalías, Ministerios Públicos o las Policías Cibernéticas.

6.- Colaboración estratégica para retirar contenidos violentos o íntimos, con nuevas herramientas y políticas accesibles que permitan atender de manera mucho más efectiva el acoso y otras conductas de abuso y odio que afectan a las mujeres.

7.- Iniciarán mesas de trabajo para establecer una ruta de cooperación entre autoridades, instituciones académicas expertas en derechos digitales y organizaciones sociales, que fomentan los derechos digitales y combatan la violencia digital.

Por su parte, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el acuerdo tiene como objetivo prevenir y atender la violencia digital en contra de mujeres y niñas a través de una colaboración voluntaria con las plataformas.

“Es un primer acuerdo, es voluntario, pero nos permite que la Secretaría de la Mujer o de las Mujeres esté en contacto permanente con las plataformas. Ustedes saben que hay distintas formas de violencia en las plataformas digitales contra las mujeres y el objetivo es ir atendiendo, y que las plataformas, a través de estos protocolos, vayan bajando imágenes o publicaciones que tengan que ver con violentar a una mujer. Entonces, es un primer acuerdo; es muy bueno para el país y es muy bueno para las mujeres mexicanas”, resaltó Sheinbaum Pardo.

La Jefa del Ejecutivo Federal indicó que, para erradicar la violencia contra las mujeres, la estrategia se enfoca en atender las causas a través de la educación en igualdad y campañas, así como el indispensable reconocimiento del papel de las mujeres en la historia de México y en todos los ámbitos de la vida pública, aunado a la cero impunidad para sancionar delitos penales como el abuso sexual, el acoso y el feminicidio.

Las normales actuales

Citlalli Hernández, Secretaria de las Mujeres, dijo que Google, Meta y TikTok ya realizan algunas acciones como: normas comunitarias que manifiestan estar en contra de algún tipo de violencia o intimidación; han desarrollado guías especializadas para prevenir las violencias y el uso de algunas herramientas; ofrecen herramientas y recursos para apoyar a víctimas de violencias, ofreciendo líneas de ayuda o algunas otras acciones que nos han mostrado en las plataformas; las usuarias pueden reportar fácilmente conductas o contenidos que violen las normas. Acciones que pidió fueran fortalecidas.

Las Defensoras Digitales señalaron que durante años las plataformas ya cuentan con herramientas de seguridad, pero estas siguen siendo poco conocidas por las personas usuarias lo que limitan su efectividad por lo que instaron a la difusión y accesibilidad de estos mecanismos como una demanda central.

También advirtieron que actualmente existen barreras institucionales que impiden a las víctimas acceder a la justicia como sistemas probatorios insuficientes, falta de capacidades de peritaje forense digital y obstáculos para obtener información de las propias plataformas. Sobre este último, apuntaron que la investigación y la reparación integral dependen, en gran medida, de la cooperación de estas empresas quienes por años asumieron un papel neutro, pero permitiendo la automatización, amplificación y monetización de la violencia sexual en internet.

«Reconocemos este acuerdo como un primer paso importante, especialmente porque desde Defensoras Digitales fuimos de las primeras en exigir que las plataformas asumieran responsabilidad frente a la violencia digital. Sin embargo, también lo decimos con claridad: si todo se queda en acuerdos voluntarios, la justicia para las víctimas nunca llegará plenamente. El debate que viene es más profundo.» -Defensoras Digitales.

1/17/2026

Shareting, práctica de subir infancias a redes sociales que las expone a violencia sexual digital

 

El concepto de sharenting proviene de dos palabras en inglés: share (compartir) y parenting (parentalidad). Esta práctica ha ganado mayor terreno en la actualidad, pues de acuerdo con la investigación “Sharenting, ética digital, privacidad y educación familiar”, se estima que alrededor del 75% de las y los progenitores usuarios de redes sociales publican información que podría afectar a sus hijas e hijos.

Ante ello, las consecuencias esta práctica son inminentes. Según la colectiva feminista La Juntaza, exponer a las niñas en internet implica colocar su cuerpo, su rostro y su vida en un espacio que no comprenden, que no pueden controlar y del cual no pueden defenderse. Esto porque internet no solo es un lugar de circulación de imágenes, sino también “un archivo permanente y un territorio donde la violencia sexual encuentra terreno fértil”.

Como lo señala la colectiva, publicar de forma constante videos y fotografías de niñas implica exponerlas a pederastas que se encuentran inmersos en redes sociales y se apropian del contenido publicado sobre las infancias. Es importante recordar que, en diciembre de 2025, fue denunciado un grupo de hombres pedófilos que compartían imágenes de niñas y adolescentes con fines sexuales a través de Facebook.

Los agresores sexuales no se limitan a una red social, pues plataformas como WhatsApp y Telegram también son utilizadas para distribuir contenido sin restricciones, ni controles efectivos.

De acuerdo con el Observatorio de Ciberseguridad, Telegram, en particular, fue identificada como una de las plataformas más peligrosas. Sus funciones como chats secretos, mensajes que se autodestruyen, búsqueda por nombre de usuario y grupos privados sin moderación, facilitan el intercambio clandestino de material y representan un riesgo para infancias y adolescencias.

Recientemente el colectivo DLR documentó un caso que involucra a esta red social, pues se identificó a un grupo de más de 300 integrantes en Telegram donde se compartían imágenes de niñas. Gracias al análisis de las publicaciones, se determinó que varios de los participantes radicaban en Oaxaca.

Además del riesgo de violencia sexual digital, la forma en que están diseñadas las plataformas da pie a otros tipos de violencia. Retomando la investigación citada, la gran cantidad de información almacenada en Facebook incrementa el riesgo de crear una huella digital que afecta la identidad de las y los menores.

Plataformas como YouTube y TikTok presentan dilemas éticos, con una protección insuficiente de la privacidad infantil. Por su parte, X (antes Twitter) delega en la comunidad la responsabilidad de hacer un uso adecuado de la información, mientras que Instagram permite que las imágenes publicadas puedan ser robadas y reutilizadas sin consentimiento.

Por ello, exponer contenido de infantes no solo implica un riesgo, sino que también se agrava cuando se permite que niñas y niños tengan redes sociales a temprana edad. Existen casos como el capping, que consiste en el uso de la manipulación para que un agresor obligue a realizar actos sexuales en vivo a niñas, niños y adolescentes, los cuales son grabados y posteriormente difundidos en línea a un público más amplio, incluso en sitios bloqueados a los que se puede acceder mediante pago.

Sin embargo, la detección de este delito se ha vuelto cada vez más compleja, pues los moderadores de las plataformas digitales, encargados de supervisar el contenido, enfrentan importantes limitaciones para revisar los volúmenes masivos de información e interacciones que circulan diariamente.

Plataformas digitales sin responsabilidad

De acuerdo con la investigación, estas prácticas son frecuentes porque muchas familias tienen una falsa sensación de seguridad creada por las ambiguas configuraciones de privacidad que ofrecen las redes sociales; no obstante, las plataformas suelen omitir que, una vez publicada, la información en internet deja de estar bajo su control.

Además, en los casos mencionados se encontró que las plataformas digitales no han logrado sancionar adecuadamente a las personas involucradas. Incluso cuando se cierran los espacios donde se perpetúan los delitos, estos vuelven a abrirse. Para ONU Mujeres, existe una débil regulación del sector tecnológico, ausencia de responsabilidad por parte de las plataformas y anonimato de los agresores, factores que dificultan la obtención de justicia.

Hasta el momento, la mayoría de los Estados no ha buscado frenar de manera efectiva los riesgos que implica la presencia de infancias en la web. Solo Australia ha implementado, a partir de diciembre de 2025, una ley que prohíbe a menores de 16 años tener cuentas en redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook, X y YouTube, obligando a las plataformas a bloquear o eliminar perfiles por debajo de esa edad para protegerles.

Ante estos vacíos legales por parte de las redes sociales y los Estados, las familias pueden contribuir a reducir los riesgos derivados de la exposición de las infancias en plataformas digitales. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), un primer paso es revisar lo que ya se ha publicado en el pasado y eliminar todo lo posible. Asimismo, algunas plataformas permiten enviar solicitudes para la eliminación de imágenes cuando estas no pueden borrarse directamente.

UNICEF también recomienda reflexionar sobre el público con el que se comparte la información (revisar configuraciones de privacidad, conocer a las personas agregadas como amigas o seguidoras), el volumen de datos compartidos (como ubicaciones o elementos identificables, por ejemplo, el logotipo de la escuela) y valorar si la información pudiera resultar embarazosa o perjudicial para sus hijas e hijos ahora o en el futuro.

1/03/2026

Violencia digital contra las mujeres: América Latina y el Caribe tiene su Ley Modelo de prevención

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Por Maby Sosa. Tiempo Argentino. Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2025

El Comité de Expertas de la Convención de Belem do Pará, que se realizó en Fortaleza, Brasil, desarrolló una herramienta modelo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia digital sobre mujeres, adolescentes y niñas.

El encuentro regional del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) que se realizó en Fortaleza, Brasil, puso su foco en adoptar una herramienta de protección contra la violencia digital en mujeres, adolescentes y niñas. Entre otras cosas, se establecen obligaciones para los Estados, deberes para los intermediarios de internet y principios de gobernanza para entornos digitales libres de violencia.

“En un contexto global marcado por el avance sostenido de la violencia digital contra las mujeres por razones de género y la necesidad de herramientas para un abordaje integral, el MESECVI culminó este 10 de diciembre el proceso de adopción de la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres Basada en Género, un instrumento que posiciona a la región a la vanguardia de la respuesta frente a estas formas de violencia que impactan desproporcionadamente a mujeres, adolescente y niñas”, explica el comunicado emitido por el organismo.

Este trabajo tuvo lugar en el encuentro regional que reúne en Fortaleza, Brasil, a ministras y autoridades nacionales de América Latina y el Caribe, además del Comité de Expertas del MESECVI y organizaciones de la sociedad civil, en ocasión de la XXII Reunión del Comité de Expertas (CEVI) y la X Conferencia de Estados Parte (CEP) del Mecanismo, órgano de la Organización de Estados Americanos.

Por qué una ley

“La digitalización acelerada de la vida pública y privada ha multiplicado los escenarios en los que se reproducen las violencias por razones de género, amplificando su alcance, frecuencia y gravedad”, señala el comunicado de Mesecvi.

“Amenazas, hostigamiento, vigilancia, suplantación de identidad, discursos de odio, deepfakes, difusión no consentida de contenidos íntimos, extorsión digital y campañas de desinformación con sesgo de género son algunas de las formas que adoptan estas violencias, cuyas consecuencias físicas, psicológicas, económicas, sociales y simbólicas afectan profundamente la integridad, la autonomía y los derechos de mujeres, adolescentes y niñas en toda su diversidad”.

Es frente a este panorama que se genera la Ley Modelo Interamericana, una herramienta que, dado su alto nivel técnico y político permite “orientar la adecuación legislativa, fortalecer las capacidades institucionales y promover una respuesta integral, normativa y multiactor ante uno de los desafíos más urgentes de la era digital”.

En primer lugar, desde un enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad, el instrumento define la violencia digital. Se trata, dice, de cualquier acción, conducta u omisión basada en género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o político y que sea cometida o agravada mediante tecnologías digitales. Reconoce además los impactos diferenciados que enfrentan mujeres históricamente discriminadas por razones de edad, identidad de género, orientación sexual, etnia, situación socioeconómica o discapacidad.

Los aportes

El contenido de la ley se desarrolla en el marco de la Convención de Belém do Pará y otros instrumentos de derechos humanos, está dirigido tanto a entidades de gobierno y poderes legislativos, como a los sistemas de justicia, plataformas digitales, sociedad civil, organismos multilaterales, agencias de cooperación y organizaciones de mujeres y sociedad civil.

Uno de sus aportes más innovadores es el establecimiento de obligaciones claras para plataformas digitales e intermediarios de internet, incluyendo medidas de transparencia, preservación de evidencia, cooperación con las autoridades y remoción oportuna de contenidos violentos o no consentidos. Además, promueve el cierre de la brecha digital de género, la formación obligatoria de operadores de justicia y la articulación interinstitucional para garantizar el acceso efectivo a la justicia, libre de estigmas y barreras.

El Comité de Expertas subraya en su exposición de motivos el papel clave que han desempeñado las organizaciones de mujeres y movimientos feministas de la región para visibilizar, nombrar y enfrentar la violencia digital, cuya labor ha sido determinante para desarrollar marcos jurídicos innovadores en varios países.

En este sentido, el nuevo instrumento interamericano busca consolidar y acompañar este impulso regional, respondiendo a la necesidad de respuestas normativas integrales que reconozcan tanto la magnitud del daño como la urgencia de la protección, la retirada oportuna del contenido, la sanción adecuada y la reparación integral.

“La adopción de esta Ley Modelo en Fortaleza, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, reafirma el compromiso hemisférico político e institucional con la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia también en los entornos digitales. Este hito marca el inicio de una nueva etapa de trabajo colectivo para fortalecer marcos normativos, rutas de acceso a la justicia, mecanismos de protección y políticas públicas integrales con enfoque de género e interseccionalidad y pertinencia cultural”, dice el comunicado del organismo.

Y aclara, este proceso plural y regional fue posible gracias al apoyo de la República de Italia, del Programa ACTUEMOS para poner fin a la violencia contra las mujeres, una alianza entre ONU Mujeres y la Unión Europea, así como de Equality Now, y de una amplia coalición de gobiernos, organizaciones de mujeres, instituciones académicas, agencias de cooperación y especialistas en derechos digitales.

En 2025, 70% de defensoras y periodistas enfrentaron violencia digital por su labor: ONU Mujeres

 

Frente a esta realidad, Sandra Hendricks, directora de la División de Políticas, Programas e Intergubernamental de ONU Mujeres, explicó que aquellas que defienden los derechos humanos, informan sobre noticias o lideran movimientos sociales, están siendo objeto de abusos destinados a avergonzarlas, silenciarlas y expulsarlas del debate público; además, advirtió que estos abusos ya no se limitan al mundo virtual, sino que se trasladan hasta llegar incluso a sus viviendas.

Además, cada vez es más preocupante cómo el acoso en línea que puede traducirse en daño en la vida real, pue en una encuesta global de 2020 publicada por la UNESCO, el 20% de las periodistas decía que los ataques en línea estaban relacionados con agresiones fuera del mundo digital; mientras que en la nueva encuesta de 2025, este porcentaje se ha duplicado, llegando al 42% entre periodistas y trabajadores de medios de comunicación.

La violencia digital que llega a los espacios personales puede manifestarse en agresiones físicas, acoso, violencia verbal e incluso swatting, que consiste en hacer una denuncia falsa de un delito grave, poniendo en peligro a la víctima. Esta situación evidencia la necesidad urgente de medidas que protejan a las mujeres frente a los riesgos reales que la violencia en línea puede generar en su vida cotidiana.

Cabe señalar que la violencia contra las mujeres facilitada por la tecnología se define como cualquier acto cometido, asistido, agravado o amplificado mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación u otras herramientas digitales que resulte, o pueda resultar, en daños físicos, sexuales, psicológicos, sociales, políticos o económicos, u otras vulneraciones de derechos y libertades.

Si bien el informe no desglosa la información por región, se puede señalar que esta situación es especialmente preocupante para las periodistas mexicanas, pues tan solo durante la gestión de López Obrador en 2023, se documentaron 206 casos de agresiones contra periodistas, de los cuales el 79 % incluyó agresiones en línea, acoso digital y descalificación de su trabajo. Además, los estados con mayor incidencia fueron Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Coahuila y Jalisco, de acuerdo con el informe “Las formas del asedio: violencia contra mujeres periodistas en el sexenio de López Obrador”.

El aumento desproporcionado de este tipo de violencia, alerta ONU Mujeres, se debe a la débil regulación del sector tecnológico, a la falta de reconocimiento jurídico de la violencia digital en diversos países, a la ausencia de responsabilidad por parte de las plataformas digitales y al anonimato de quienes cometen estas agresiones, factores que dificultan la obtención de justicia.

“Estas cifras confirman que la violencia digital no es virtual, sino real, con consecuencias en el mundo real”, afirmó Sarah Hendricks, directora de la División de Políticas, Programas e Intergubernamental de ONU Mujeres.

Aumento de la IA

El aumento de la violencia digital también se ha visto impulsado por la incorporación de herramientas de inteligencia artificial generativa. Tras el lanzamiento de ChatGPT, se incrementaron los riesgos asociados a la violencia en línea que sufren las mujeres en la vida pública, ya que para los agresores resultó mucho más fácil y económico producir contenido abusivo más creíble, incluidos los deepfakes.

Según el informe, el 30% de las escritoras y otras comunicadoras públicas habían experimentado violencia en línea que involucraba tecnologías de inteligencia artificial, en comparación con el 28% de las defensoras y activistas de derechos humanos y el 19% de las mujeres periodistas y trabajadoras de los medios.

Cabe señalar que este tipo de imágenes y videos creados mediante IA, según ONU Mujeres, suelen distribuirse mucho más rápido gracias a algoritmos diseñados para amplificar el odio, la ira y la división, con el objetivo de maximizar las ganancias de las grandes empresas tecnológicas.

“Estos datos muestran que, en la era del abuso impulsado por la inteligencia artificial y el auge del autoritarismo, la violencia en línea contra las mujeres en la esfera pública está aumentando.”

Ante este escenario, ONU Mujeres señala que los datos proporcionados evidencian que las tecnologías de IA ya desempeñan un papel significativo en la violencia en línea dirigida a defensoras y activistas de derechos humanos, periodistas y trabajadoras de medios de comunicación, escritoras y otros comunicadores públicos.

Esto plantea un doble desafío urgente: la necesidad de desarrollar herramientas para identificar, monitorear, denunciar y repeler mejor la violencia en línea asistida por IA, y la necesidad de crear mecanismos legales y regulatorios que exijan a las grandes empresas tecnológicas impedir que sus tecnologías se implementen contra las mujeres en la esfera pública de maneras que socaven sus derechos a la igualdad de género, la participación democrática y la libertad de expresión.

Asimismo, la organización hace un llamado para sensibilizar sobre la violencia digital, reconocer la violencia contra las mujeres facilitada por la tecnología como una violación de los derechos humanos, establecer una regulación sólida y rendición de cuentas de las empresas tecnológicas, y garantizar protocolos de seguridad y sistemas de apoyo para defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas.

12/20/2025

En la era de la hipervigilancia, violencia digital en aumento

Escrito por Wendy Rayón Garay 

Frente a la aprobación de la Ley de la Guardia Nacional; Ley General en Materia de Desaparición Forzada; Ley para Eliminar los Trámites Burocráticos; y Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como sus leyes secundarias, que consolidaron la conformación de un Estado espía; en octubre de este año, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación 2026 que incluye una reforma al Código Fiscal de la Federación.

Se avecina un Estado espía. Leyes legalizan vigilancia masiva, sin controles ni transparencia – cimacnoticias.com.mx

Particularmente, el artículo 30-B del Código sostiene que las plataformas digitales deberán permitir a las autoridades fiscales el acceso en tiempo real sobre información que permita comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales o de lo contrario abría un bloqueo temporal del acceso de la plataforma. Además, las autoridades fiscales podrán trabajar de la mano de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para la gestión de los datos obtenidos y su análisis.

Dicha iniciativa fue presentada con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y ordena diferentes disposiciones a las plataformas que ofrecen servicios digitales como el acceso permanente a datos, las cuales organizaciones como Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advirtieron que las medidas son incompatibles con el derecho a la privacidad y la libertad de expresión en internet.

Mientras que las políticas públicas y las nuevas leyes utilizan a las plataformas digitales como herramientas de vigilancia y censura sobre la ciudadanía, estas no enfrentan cuestionamientos ni sanciones cuando se trata de frenar la violencia digital ejercida contra las mujeres. Esta contradicción evidencia una prioridad del Estado en el control social por encima de la protección de derechos fundamentales, especialmente de mujeres víctimas de agresiones en línea.

En entrevista para Cimacnoticias, Valeria Martínez Mondragón, abogada e integrante de las Defensoras Digitales, señaló que las plataformas digitales tienen una responsabilidad en cuanto a la violencia de género que se ejerce en internet. No obstante, existen diferentes obstáculos comenzando por el uso de «términos y condiciones» que no son claros con las usuarias y usuarios, pero que deben aceptar para acceder a los servicios.

La abogada también puntualizó que las plataformas digitales deberían ser un catalizador para ayudar en investigaciones relacionadas a delitos de género que ocurren en el espacio digital enviando informes cuando una mujer es víctima de violencia digital; sin embargo, resaltó que esto no ocurre, ya que la falta de regulación del Estado a las plataformas permite que, no solo se nieguen a colaborar, sino que se excusen bajo la regulación de leyes que pertenecen a otros países.

«Nos parece importante que las plataformas también colaboren en la investigación de delitos de género, porque ya tenemos una maquinaria que se va a mover, pero si al final se toca con las plataformas, pues de nada sirve que en México se esté regulando, si las plataformas nos van a decir: «Ah, bueno, pues sí, muy bonita tu ley, pero yo me regulo con las leyes en donde se encuentran mis servidores que son en un país nórdico.»» explicó Valeria Martínez Mondragón.

De acuerdo con el informe «Violencia digital contra las mujeres y las niñas» de ONU Mujeres, define necesario el compromiso del sector privado y las empresas intermediarias de internet como una de las acciones necesarias para impulsar el cambio. Entre ellas especifica que, se deben proveer criterios claros para atender casos de violencia digital, crear mecanismos de reporte y de solicitud para eliminar contenidos perjudiciales sencillos y sin tecnicismos, y colaborar con las víctimas y autoridades judiciales asegurando la entrega de información para su investigación.

La organización también resalta que es gracias al anonimato y alcance generalizado en los espacios en línea ha creado un marco para el aumento de violencia en los contextos digitales. A esto se suman otros factores como la escala, velocidad, facilidad de comunicación, asequibilidad, impunidad, responsabilidad limitada, falta de medidas preventivas, de respuesta y de denuncia lo que agrava la preferencia de plataformas digitales para cometer violencia contra las mujeres.

La cultura Incel en la manosfera. El machismo digital que mata – cimacnoticias.com.mx

«Los intermediarios de internet, los medios sociales y las empresas de medios de comunicación tradicionales tienen responsabilidades en materia de derechos humanos en virtud de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.» -ONU Mujeres

Para Valeria Martínez Mondragón, en México la violencia digital no se está reconociendo en todos los estados. Esto se debe a que se tiene una percepción sobre el concepto, pero no sus alcances y el impacto diferenciado contra las mujeres. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia identifica este delito con la definición:

Extracto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

A pesar de su definición y explicación en esta ley, su tipificación no está contemplada en todos los códigos penales estatales o es reconocido por las gobernadoras y gobernadores de los estados. Pese a que México cuenta con la Ley Olimpia, para denunciar y castigar la violencia sexual digital, se ha incluido de una forma diferenciada en cada entidad dejando sin protección a muchas mujeres.

«Por ejemplo, en la Ciudad de México está de una forma y en el Estado de México está de una forma totalmente diferente y para la protección de las mujeres en el estado de México no sirve, realmente no está protegiendo lo que debería. Entonces, creo que este es un problema muy grande e inicial.» describió Valeria Martínez Mondragón.

«Llamarse Olimpia», retrato documental de la defensora por los derechos digitales de mujeres – cimacnoticias.com.mx

Frente a este panorama, la defensora digital se ha encontrado diferentes obstáculos como la falta de perspectiva de género de quienes imparten justicia y quienes investigan debido a la falta de cursos especializados para el personal. Tampoco existe autoridades que les obliguen a emitir sentencias con perspectiva de género generando así falta de voluntad política.

Por otro lado, la falta de homologación penal que frena lograr avances en otras entidades y que no contemplan los escenarios reales y simulados en los casos, así como la falta de protocolos de investigación para acompañar a las víctimas de este delito se posicionan como otros obstáculos: «Mientras no haya un ABC de cómo juzgar, investigar o acompañar a víctimas de violencia digital, creo que no podemos avanzar. Es de las partes más importantes que nos hemos topado en el camino», mencionó la defensora digital.

En este contexto, la falta de regulación efectiva hacia las plataformas digitales y la ausencia de una política nacional homogénea con perspectiva de género dejan en vulnerabilidad a millones de mujeres en México. Aunque existen avances como la Ley Olimpia, la persistente impunidad, la falta de homologación jurídica y la desprotección ante tecnologías cada vez más invasivas reflejan un reto urgente: garantizar que los derechos digitales —incluyendo la privacidad, la libertad de expresión y una vida libre de violencia— sean protegidos con la misma fuerza con la que se regulan y vigilan los espacios virtuales.

9/13/2025

Olimpia Coral exige a Zacatecas investigar red de violencia sexual digital en Telegram y WhatsApp

 

.- Ciudad de México.- Olimpia Coral Melo, defensora por los derechos digitales, exigió a la Fiscalía General del Estado de Zacatecas investigar la red de más de 2 mil agresores sexuales que operan en grupos de Telegram y WhatsApp, desde donde difunden contenido íntimo sin consentimiento y ejercen posiblemente trata de personas con fines de explotación sexual.

Cimacnoticias documentó la existencia de estos grupos el pasado 1 de septiembre luego de que mujeres de Zacatecas salieran a manifestarse en contra de lo sucedido. La agencia de noticias documentó la protesta y, en entrevista con una de las organizadoras, esta señaló que, a pesar de que acudieron a la Fiscalía estatal para entregar pruebas incriminatorias, los funcionarios no procedieron con la investigación, argumentando que debían ser las víctimas quienes interpusieran la denuncia.

La manifestante explicó que ha logrado mantener comunicación con algunas de las jóvenes afectadas, quienes le confiaron sentir miedo incluso de salir de sus casas después de la difusión de su intimidad sin consentimiento. Una de ellas aseguró haber sido señalada por miembros de su propia familia al enterarse de que su intimidad circulaba en dichos grupos.

Frente a la violencia sexual digital que arremete contra las mujeres en Zacatecas, Olimpia Coral Melo recordó que estos hechos constituyen un delito tipificado por la Ley Olimpia y que deben ser sancionados conforme a la ley. “La responsabilidad es de los agresores y no de las víctimas”, enfatizó.

Lo que ocurre en Zacatecas no es un hecho aislado, sino una práctica que persiste: “Los agresores se siguen manteniendo activos; las violencias que cometen son una forma de demostrar el poder que creen tener sobre nuestros cuerpos e intimidad, validando un machismo que nos ve como objetos y no como sujetas de derechos”.

Tal y como advirtió Coral Melo, estos hechos recientes no son los únicos registrados. De acuerdo con el más reciente reporte anual Violencia sexual digital contra las mujeres en México, elaborado por el Frente Nacional para la Sororidad (FNS), en Zacatecas se habían contabilizado 463 carpetas de investigación por este delito.

La situación se replica en todo el país. Los estados con mayor número de casos son: Ciudad de México (2,682), Querétaro (2,556), Puebla (1,095), Aguascalientes (776), Quintana Roo (649), Guerrero (205), Campeche (145), Chiapas (127), Sonora (91), Nayarit (42) y Tlaxcala (10).

Violencia patriarcal en Zacatecas

Frente a estos hechos, Olimpia Coral Melo, en representación de las defensoras digitales, además de la exigencia al Gobierno del Estado de Zacatecas de investigar y actuar sin revictimizar, hizo un llamado a las instituciones públicas, privadas y educativas para que implementen verdaderas herramientas de prevención y orientación en educación digital. Subrayó que la mayoría de los agresores son jóvenes:

“No nacieron machistas, se hicieron machistas, y esa circunstancia puede revertirse”.

Sin embargo, también es importante subrayar que en Zacatecas son las mismas autoridades quienes ejercen violencia contra las mujeres. Un ejemplo fue la manifestación de 2024, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M), que concluyó con una represión violenta por parte de la policía estatal. En videos difundidos en redes sociales se observó a elementos antimotines agrediendo a las manifestantes con gas lacrimógeno.

Ante las acusaciones, los policías involucrados intentaron justificar sus acciones, asegurando que lo que aparecía en los videos no eran gases lacrimógenos, sino extintores usados para “defender” monumentos de actos de iconoclasia.

Las imágenes y testimonios, no dejaron duda de las agresiones físicas contra mujeres, muchas de ellas menores de edad, quienes fueron violentamente llevadas al callejón de Las Campanas, entre los edificios del Palacio de Gobierno, donde fueron despojadas de sus pertenencias y amedrentadas.

Violencia sexual digital

De acuerdo con el reporte anual Violencia sexual digital contra las mujeres en México, publicado por el Frente Nacional para la Sororidad (FNS) en septiembre de 2024, este tipo de violencia constituye una forma de violencia de género vinculada al ejercicio de la sexualidad mediante el uso de la tecnología. Es, en parte, consecuencia de la virtualidad, que ha transformado la manera en que las personas interactúan entre sí.

Las principales víctimas son niñas y mujeres, y las modalidades incluyen: producción no consentida de material íntimo sexual; difusión de contenido íntimo sin autorización; robo o usurpación de identidad con fines de explotación sexual; acoso digital; grooming; sextorsión; amenazas; acecho; ofrecimiento de servicios sexuales no autorizados; e incluso la alteración de imágenes con inteligencia artificial para su venta con fines sexuales.

El FNS advierte que las consecuencias para las víctimas no se limitan a la exposición de su intimidad. Pueden implicar pérdidas económicas y patrimoniales, además de exponerlas a otras formas de violencia. En el ámbito de la salud mental, son frecuentes los sentimientos de vergüenza, culpa y miedo, así como trastornos de ansiedad, depresión, paranoia, delirios de persecución e, incluso, ideación suicida.

¿Cómo actuar ante este tipo de violencia?

En su comunicado, Olimpia Coral Melo compartió una serie de recomendaciones en caso de detectar grupos donde se ejerza violencia sexual digital.

En primer lugar, señaló que es fundamental documentar toda evidencia: fotos, enlaces, conversaciones, URL, identidades de los agresores y cualquier dato que pueda servir a la investigación y denuncia.

También advirtió sobre la importancia de no interactuar con los agresores, ya que esto podría darles visibilidad, poner en riesgo las pruebas o exponer a las víctimas a otras formas de violencia digital, como el ciberacoso.

Finalmente, enfatizó que, en caso de conocer a alguna víctima, no se debe alarmarla ni asustarla. La información debe transmitirse con sensibilidad y cautela, ya que la violación a la intimidad sexual digital es un hecho muy delicado que causa estragos difíciles de procesar. “Violan tu cuerpo a través de estas imágenes sin siquiera tocarte. Y no tener tacto podría provocar en las víctimas un shock emocional”, concluyó la activista.

7/26/2025

Aumentan 86% los reportes de pornografía infantil en CDMX: Consejo Ciudadano

 

Cabe señalar que México tiene responsabilidad internacional ante el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía donde debe generar acciones para erradicar la venta de niñas y niños, prostitución infantil y la pornografía infantil. Este mismo protocolo define a la pornografía infantil como:

«Toda representación, por cualquier medio, de niña o niño, dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales con fines primordialmente sexuales».

Cabe señalar que la violencia sexual ejercida contra niñas, niños y adolescentes es una problemática que pone en vulnerabilidad sus derechos humanos, pues afecta su integridad física, psicológica, y desarrollo integral. De acuerdo con el Balance Anual de REDIM, indica que en 2023 se registraron 9 mil 802 casos de personas de 1 a 17 años atendidas en hospitales por violencia sexual, de las cuales el 92.3% correspondían a mujeres.

REDIM denunció a principios de este 2025 que este tipo de violencia afecta con mayor desproporcionalidad a las niñas y adolescentes, debido a que nos encontramos en un contexto nacional de violencia sexista y adultocentrista. Sin embargo, también hace énfasis en visibilizar los efectos de la violencia sexual ejercida contra los niños, pues a menudo quedan invisibilizados por estigmas.

Siguiendo los reportes sobre trata de personas del Consejo Ciudadano, el 62% corresponde a pornografía infantil, que en realidad se trata de abuso sexual contra infantes. Según declaró Clara Luz Álvarez, secretaria ejecutiva de la institución, la niñez sigue siendo la más afectada por la trata de personas y el modus operandi entre el mundo virtual y físico es distinto, por ejemplo, en el espacio digital los enganchadores son «supuestos» amigos virtuales y en la vida real las víctimas son captadas principalmente por familiares.

El informe del Consejo Ciudadano también revela las desigualdades de género como factores clave dentro de la trata para fines sexuales. Al menos en la Ciudad de México, del 62% de las mujeres víctimas tenían el 39% 18 a 38 años, el 9% de 39 a 59 años y el 2% mujeres de 69 años y más. María Elena Esparza Guevara, consejera en Género del Consejo Ciudadano apuntó que la trata es un delito con énfasis de género ya que las modalidades de trata están directamente ligadas a la cosificación del cuerpo y afectación de la autoestima, lo que es una señal de alerta de Feminicidio Emocional.

Las mujeres son más vulnerables porque generalmente se emplea violencia sexual y de género contra ellas, lo que evidencia que incluso en la trata, hay manifestaciones de machismo y discriminación de género en la ejecución del delito; mientras que los niños son más utilizados en actividades relacionadas con el tráfico, la venta de drogas y acciones violentas. 

Recientemente, durante la comparecencia del Estado mexicano ante la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en ingles), México fue cuestionado sobre las medidas específicas se están tomando para prevenir, investigar y sancionar la trata con fines de explotación sexual.

También se preguntó cuándo se implementará el programa nacional contra la trata para el periodo 2025-2030, y con qué recursos; cómo el Estado mexicano garantizará que las políticas no criminalicen ni limiten la libertad de las víctimas; qué agencias brindan protección internacional; qué programas de reparación integral existen (incluyendo atención psicológica y acceso a derechos); y qué acciones se toman para eliminar la criminalización y estigmatización de mujeres que se prostituyen voluntariamente. Sin embargo, la respuesta del Estado mexicano no respondió dichas preguntas.

CEDAW pone en jaque a Secretaría de las Mujeres. Nulos resultados presentados, la constante en la comparecencia – cimacnoticias.com.mx

Datos del informe señalan que entre enero de 2024 y junio de 2025 se recibieron 5 mil 170 reportes en la Línea Nacional contra la Trata (LNCTP), al hacer el desglose por edad y sexo se encontró que, de las víctimas de pornografía infantil, el 44% tenía entre 16 y 17 años, el 41% entre 12 y 15 años, y el 5% entre 6 y 11 años. Además, el 59% fueron mujeres y el 41% hombres.  

Las vías de enganche fueron principalmente a través de plataformas como Facebook (22%), Instagram (18%) y WhatsApp (15%). Las aplicaciones de citas y los juegos en línea también emergen como vías significativas de captación. Aunque en otras modalidades para atrapar a las niñas, niños y adolescentes fueron a través de ofertas de empleo (14%) y promesa de ayuda (9%).

Asimismo, el 38% restante de los reportes de trata de personas presentan ocho modalidades diversas, entre ellas se encuentran: prostitución ajena (43%), trabajo o servicios forzados (31%) y la explotación laboral (12%) los cuales conforman las principales reportadas.

La trata con fines sexuales

La explotación sexual infantil constituye una forma de victimización en la que existe un abuso o agresión y una explotación económica de las imágenes sexuales de una persona menor de edad. De esta manera, una persona abusadora llamada «cliente» logra obtener relaciones sexuales con el menor a través de un intercambio económico. Este fenómeno engloba la prostitución, pornografía, tráfico sexual, turismo sexual y matrimonios forzados como formas de lograr el acceso a las infancias. 

De acuerdo con el artículo «Estadísticas cuantitativas y cualitativas para medir el efecto de las nuevas formas de criminalidad violenta contra las mujeres: los delitos en materia de trata de mujeres, niñas y adolescentes y sus vínculos con la delincuencia armada» de la abogada feminista Teresa C. Ulloa Ziáurriz, la trata de personas y sus formas de esclavitud y explotación sexual son el segundo negocio ilícito más lucrativo a nivel mundial.

El diagnóstico «Agenda integral de política pública: Acceso a la justicia reparación del daño y restitución de derechos de las personas sobrevivientes a la trata de personas con fines de explotación sexual», indica que se desconoce la cifra exacta del número de víctimas de trata, ya que esta práctica ha operado desde la clandestinidad y normalización.

Algunas estimaciones muestran la existencia de 49.6 millones de personas que viven en estas condiciones: 30% se encuentran en América Latina y el Caribe, y alrededor de 270 mil en México. Además, son mayoritariamente las mujeres y menores de 18 años quienes quedan atrapadas bajo este sistema: 65% de las víctimas son mujeres y 35% hombres.