Morena, Sinaloa y la soberanía
"Con el trabajo que ha hecho la 4T en desarrollo social, el reto de Montiel será mantener al partido como vanguardia de esa arista".
Como resultaba previsible, el fin de semana pasado en su Congreso Nacional Morena formalizó a Ariadna Montiel como dirigente del partido. Luego de participar con dos presidentes distintos en la Secretaría de Bienestar, su llegada supone una vivificación de una tesis fundacional morenista, labrada el 20 de noviembre de 2012, cuando se creó la cartera de Bienestar como una de las instancias operativas del movimiento, con el objetivo no sólo de darle identidad progresista, sino también de arrebatarle esa causa al entrante Gobierno de Peña Nieto, que en ese momento ya presumía a Rosario Robles como Secretaria de Desarrollo Social, en una decisión que el priista asumía como un giro progresista de su Gobierno y terminó en la Estafa Maestra.
Con ese antecedente, y con el trabajo sin precedentes que han hecho los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación en el rubro del desarrollo social, el reto de Montiel será mantener al partido como vanguardia de esa arista. Luego de ocho años de notables éxitos electorales de parte del partido, que no necesariamente han devenido en consolidación del proyecto a nivel local, la sustancia identitaria de Morena tendría que ser la prioridad, más allá de lo electoral.
El discurso de Montiel, sin embargo, se acotó a la coyuntura política, dominada por el caso de Rubén Rocha Moya como Gobernador con licencia, ante acusaciones de Estados Unidos, que en México encabezó el Embajador Ronald Johnson, de que se trata de un aliado del Cártel de Sinaloa, señalamiento contra él y contra otras nueve personas, donde destaca el Senador por la misma entidad Enrique Insunza, más el Alcalde de Culiacán y jefes policiacos en el estado.
La acusación contra Rocha no tiene precedentes, porque nunca se había anunciado un señalamiento así a un Gobernador en funciones y protegido por el fuero constitucional. Más allá de eso, tendría que acreditarse una imputación tan delicada. Nadie duda hoy que Rubén Rocha ha sido un Gobernador ineficiente en todo aspecto. Pero entre la ineptitud y la colusión con el crimen organizado hay una grieta que hoy tendría que solventar con pruebas el gobierno de Estados Unidos, que hasta el momento no ha expuesto más que banalidades. No se trata de exonerar o condenar a priori a Rocha Moya, pero sí de resaltar que una acusación como la expuesta necesita acreditarse con prontitud.
Dadas las escasas pruebas que ha presentado Estados Unidos -con el Embajador Johnson como punta de lanza-, es de suponer, como recordaba Mike Vigil recientemente en una entrevista en SinEmbargo, que detrás de la decisión no haya ningún intento de justicia ni ninguna ética antinarco, puesto que históricamente eso no le ha importado al gobierno de los Estados Unidos, cuyos paramilitares entrenados, por ejemplo, no tuvieron empacho en unirse a cárteles al fin de la Guerra Fría. Ni tampoco eso le ha importado a Donald Trump, personaje siniestro que incluso ha indultado a narcos comprobados, como el expresidente hondureño Orlando Hernández, con tal de vivificar a la derecha de ese país.
Pareciera, según plantea Vigil, un contragolpe político luego de la exhibición de que la CIA trabaja abiertamente con una Gobernadora panista, como la chihuahuense María Eugenia Campos, en un acto violatorio de la Constitución, como aceptó tácitamente el exfiscal de la entidad César Jáuregui en su demagógica carta de renuncia. Aquí, más allá de resaltar lo absurdo que sería una operación así para desmantelar un único laboratorio de narcóticos, que ni siquiera se ha acreditado como el gigantesco aparato de producción criminal que Ricardo Anaya presumía que era, vale recordar que esa operación no es sólo una violación a la soberanía.
Y es que parece que el panismo olvida qué es la CIA y cómo ha operado en el llamado Tercer Mundo en general y en América Latina en particular, donde ha sido gestora o acompañante de las peores realidades latinoamericanas de los últimos ochenta años. Desde la importación de estrategias terroristas de presunta contrainsurgencia, como fue la Operación Fénix en Vietnam, que en Sudamérica dio pie a la Operación Cóndor, hasta la manufactura o apoyo a los golpes de Estado de la región, no hay nada que los latinoamericanos le deban a la CIA en términos de democracia o de seguridad.
Con esos antecedentes, y un largo historial de adicción por desestabilizar lo que no les gusta a los gobiernos estadunidenses, ¿qué proyecto democrático y saludable podrían tener en común una instancia como la CIA y una Gobernadora como la señora Eugenia Campos? Sobre todo en el entendido de que su entidad destaca como una de las peores en términos de seguridad y de combate a los delitos más lacerantes contra la sociedad, como secuestro, extorsión y feminicidio, como ha expuesto con cifras contundentes el Senador y exgobernador chihuahuense Javier Corral en numerosos foros.
Más que una ayuda desesperada o una coordinación institucional, el vínculo del Gobierno chihuahuense con la CIA resalta por su tufo injerencista y por sus actividades sospechosas, todavía agravadas por el hecho de que la Gobernadora y el exfiscal Jáuregui señalan la responsabilidad de toda la operación a un funcionario que también falleció en el accidente, Oseguera Cervantes, como si se le tomara como chivo expiatorio de algo que es indebido.
La reacción del PAN, sin embargo, es muy reveladora en ese sentido, pues en vez de cuestionar a una compañera que cometió una arbitrariedad, como lo mandata el sentido común, y como, en los hechos, lo hace Morena al declarar que no meterá manos al fuego por nadie y exaltar los filtros anti-corrupción con miras a 2027 como señaló Ariadna Montiel en su primer discurso como dirigente morenista, hoy el PAN no sólo victimiza a Campos, sino que la glorifica, y hasta como posible candidata presidencial la expone.
Esa inercia destructiva de una derecha no leal es dañina no sólo para el país, sino para la oposición misma, que no detecta que el berrinche eterno y la ciega impugnación de todo ante su adversario puede implicar no sólo exhibir su alma entreguista ante los Estados Unidos, sino también un tiro en el pie, donde buscan santificar a quien tiene notables adeudos políticos con su propia entidad. Pero eso es la oposición partidista en México desde 2018, un cuerpo político que no ve problemático darle la espalda a sus electores, mientras le da la lengua, mediante lamidas de suela, a un país que históricamente ha sido abusivo con México, como Estados Unidos, y que particularmente con Trump, ha sido un reto brutal que pone en vilo no sólo al país, sino a América Latina. Esa apuesta del PAN, o de cualquiera, no puede ser sino fallida.
