Violencia sexual sufrida durante niñez o adolescencia es imprescriptible: Suprema Corte

 Escrito por Lizbeth Ortiz Acevedo 

Cimac Foto y @SashaSokol.-Ciudad de México.- Esta tarde, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió una acción histórica que determinó que la responsabilidad por daños provenientes del abuso sexual a niñas, niños o adolescentes es imprescriptible, esto fue debido a uno de los casos más conocidos en México en los últimos años que involucra a figuras públicas del espectáculo pero la resistencia de la víctima hoy, deja un precedente en nuestro país.

Con esta sentencia se abre el camino para otras víctimas que se mantuvieron en silencio debido al plazo que la ley le imponía y dictaminaba que el hecho prescribía, lo cual les negaba justicia y dignidad. Ahora las víctimas de abuso sexual infantil podrán demandar por vía civil sin que haya un plazo que caduque el hecho.

Además, esta sentencia es histórica porque de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es primer lugar en el mundo en abuso infantil.

Este caso se ha dado a conocer por la cantante Sasha, la víctima que interpuso el recurso ante Tribunales de la Ciudad de México, quien inició un juicio civil el cual la favoreció, no obstante Luis de Llano, el agresor, impugnó y el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero esta tarde le negó un amparo. Esta sentencia fue clara: es culpable.

La violencia sexual ejercida contra niñas, niños y adolescentes es una problemática que pone en vulnerabilidad sus derechos humanos, pues afecta su integridad física, psicológica, y desarrollo integral. De acuerdo con el Balance Anual de REDIM, indica que en 2023 se registraron 9,802 casos de personas de 1 a 17 años atendidas en hospitales por violencia sexual, de las cuales el 92.3% correspondían a mujeres

REDIM denuncia que este tipo de violencia afecta con mayor desproporcionalidad a las niñas y adolescentes, debido a que nos encontramos en un contexto nacional de violencia sexista y adulto centrista. Sin embargo, también hace énfasis en visibilizar los efectos de la violencia sexual ejercida contra los niños, pues a menudo quedan invisibilizados por estigmas

El documento reporta que durante el periodo de 2010 a 2023 se ha contabilizado un incremento del 1,139.2% en la incidencia de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes (de 791 a 9 mil 802 casos). En 2023, los estados con mayores cifras fueron el Estado de México, Jalisco y Veracruz, mientras que Coahuila, Veracruz y Chihuahua presentaron los mayores aumentos.

Sin embargo, las cifras oficiales no dimensionan en su totalidad la gravedad del problema, ya que persiste una cifra oculta, debido a la ausencia de mecanismos que permitan a las infancias denunciar, sin enfrentar revictimizaciones. Además, cabe destacar que de aquellos casos que logran trascender a instancias jurídicas, se enfrentan la falta de investigaciones eficaces y una ausencia de reparación integral para las víctimas, por lo que se sigue perpetuando la no erradicación de este problema

https://x.com/SashaSokol/status/1898390568767762862

Cabe señalar que el hoy agresor, aducía una relación sentimental consensuada con la víctima, no obstante ella tenía 14 años de edad cuando sucedió esta supuesta relación y el imputado era un hombre mayor de 40 y aunque ya han pasado décadas, era fundamental para la víctima considerar que debía ser imprescriptible.

En su fallo, la Sala reflexionó que, si bien el Alto Tribunal ha sostenido en precedentes una interpretación conforme del artículo 1934 del Código Civil para la Ciudad de México, para consideran 10 años el plazo genérico para que prescriba el delito, no obstante determinaron que:

«Esa interpretación no puede aplicarse de forma estricta tratándose de daños provenientes de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes pues, con ello, se violentarían los derechos de acceso a la justicia y justa indemnización de las víctimas que sufrieron violencia sexual cuando eran menores de edad».

Esto, debido a las particularidades de las víctimas que sufren el abuso en la infancia o en la adolescencia, ya que éstas no sólo deben comprender que son víctimas, sino que deben tomar conciencia del daño sufrido, sobreponerse y tener la fortaleza psicoemocional para revelar dicho abuso, lo cual se conoce como el derecho al tiempo con el que deben contar las víctimas para comprender, asimilar y verbalizar su experiencia, compartirla y eventualmente, cuando estén en condiciones de hacerlo, poder denunciar a quienes les violentaron.

De manera que, incluso el plazo genérico de diez años puede traducirse en una barrera en el acceso a la justicia y, por ende, a recibir una justa indemnización, toda vez que resulta incompatible con la naturaleza de los daños que genera la violencia sexual cometida en contra de personas menores de edad.

Afirmó esta sentencia que no se puede determinar un tiempo en específico porque se trata de víctimas de violencia sexual sobre hechos que acontecieron cuando eran menores de edad y que causaron secuelas «»gravísimas en sus mentes que no terminan de desarrollarse o entender hasta que pasa el tiempo y cuentan con madurez, redes de apoyo o cualquier situación que les permita comprender lo que sucedió.

Asimismo, de aplicarse la prescripción en los términos expuestos previamente, se sancionaría y, por ende, revictimizaría a quien padeció el abuso, por no haber tenido el “valor” de demandar en un plazo determinado, lo que se sumaría a todas las complicaciones que en sí mismo lleva ese evento traumático.

Así, la Sala concluyó que cualquier término de prescripción vulneraría los derechos de acceso a la justicia de las personas que sufrieron violencia sexual cuando eran menores de edad, lo que adicionalmente contravendría el derecho a la libertad y seguridad sexual, a vivir una vida libre de violencia y a la integridad personal; por ello, debe considerarse que para estos casos no debe operar la prescripción.

Sostener una postura inversa, implicaría que la persona juzgadora analizara —en cada caso— el momento en que la persona que sufrió la violencia sexual se reconoció como víctima; cuándo tomó conciencia del daño sufrido, así como determinar el momento a partir del cual debe considerarse que tuvo la posibilidad de demandar, lo que resulta sumamente complejo; no sólo porque la valoración que tendría que realizar la juzgadora se reduciría a aspectos meramente subjetivos, sino por todo lo que ello implicaría para la víctima.

Finalmente, la Primera Sala deliberó que, aun en materia civil, cuando se reclama el daño con motivo de hechos constitutivos de violencia sexual en contra de personas menores de edad, no se puede exigir que se detallen pormenorizadamente los hechos con los que se sustenta la demanda. Lo contrario sería violatorio al derecho de tutela judicial efectiva y terminaría por revictimizar a quien padeció el abuso, al obligarle a revivir con nivel de detalle lo sucedido.

Insuficiencia de presupuesto anual 

Para 2025 el presupuesto destinado a la infancia y adolescencia es de 1.018 billones de pesos, lo cual representa el 10.9% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), lo que se traduce en un incremento mínimo respecto al 10.8% de 2024. Sin embargo, pese a que REDIM señala que es positivo que no existan decrementos presupuestarios, recalca que el aumento designado para este año, aún nos mantiene por debajo de los niveles históricos.

Además, se advierte que este presupuesto no logrará enfrentar y erradicar las necesidades crecientes de la niñez y adolescencia. Por lo que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomendó este año a México: asignar un presupuesto específico para la infancia en todos los estados, reflejar adecuadamente los objetivos relacionados con la niñez en los lineamientos presupuestarios y separar la información sobre el gasto público por edad y tipo de derecho para medir el impacto público 

Recomendaciones para el desarrollo integral infantil  

La Red por los Derechos de la Infancia en México proporcionó una serie de recomendaciones con el propósito de proteger y garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en México, pues pese a que en los últimos años han existido avances significativos, aún persisten graves desigualdades que necesitan ser atendidas  

● Incorporar el enfoque de niñez en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, tomando como guía las recomendaciones a México del Comité de los Derechos del Niño de la ONU progresivamente todo el sexenio, orientando los recursos hacia los grupos de niñez 

● Mejorar la asignación presupuestaria en 2025 y sostener esta meta y adolescencia en mayor vulnerabilidad, con un enfoque interseccional

● Incrementar la prevención de la violencia sexual, mejorando la información, los contenidos de educación sexual integral y extendiendo las políticas de cero tolerancias, especialmente en escuelas y centros de asistencia social. Asimismo, impulsar mecanismos de denuncia obligada, promover la atención integral de las víctimas y garantizar tanto su acceso a una justicia

● Resolver con urgencia la crisis de desapariciones, atendiendo a niñez y adolescencias desaparecidas con enfoque de género e infancias, tanto en la búsqueda inmediata y coordinada, como en la ubicación y erradicación de las causas y violencias que la provocan.

Así se propaga la misoginia en la machosfera. Espacios digitales en alerta

     Escrito por Wendy Rayón Garay 20 junio, 2025

Crédito: Unsplash.-Ciudad de México.- De acuerdo con ONU Mujeres, los espacios digitales -que congregan a más de 5 mil 550 millones de personas de todo el mundo- se ha transformado en escenarios donde prolifera el discurso de odio, el acoso y la misoginia hacia las mujeres y estos lugares han sido identificados como la manosfera donde comunidades articulan ideologías antifeministas para anteponer narrativas patriarcales y excluyentes.

La manosfera también es conocida como la «machoesfera», ya que se trata de un término híbrido que convina la palabra man (hombre) y esfera. Se trata de una red creciente de comunidades digitales que, bajo la apariencia de abordar problemáticas masculinas como la paternidad, la salud mental, las relaciones efectivas o la autoestima, en realidad difunde discursos violentos contra las mujeres.

El informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra mujeres y niñas, señala que estos espacios surgen como una reacción directa del avance feminista para señalarse a sí mismo como «víctimas» ante los cambios sociales orientados a la igualdad de género. Esto lo hacen a través de foros, podcast, canales de video, videojuegos o redes sociales, de esta manera, la manosfera atrae a jóvenes hombres ofreciendo respuestas a sus inseguridades personales o frustraciones sociales.

El contenido que ahí articula, en lugar de fomentar la masculinidad reflexiva o positiva, perpetua estereotipos de género que equiparan el valor masculino con la dominación, el control emocional, las fuerzas físicas, el éxito económico y la subordinación de las mujeres. Datos de la Fundación Movember señalan que dos tercios de los jóvenes interactuar regularmente con influencers de la manosfera, lo que revela la creciente influencia de estas narrativas en la construcción de identidades masculinas contemporáneas.

La ONU Mujeres apunta que el lenguaje extremo y polarizante que prolifera en estas comunidades no solo legitima la violencia contra las mujeres y niñas, sino también puede actuar como una puerta de entrada a procesos de radicalización ideológica. Muchos de estos grupos enseñan que «ser hombre» implica ejercer poder sobre otros, alimentando conductas agresivas, actitudes discriminantes y un rechazo frontal a cualquier iniciativa sobre la equidad de género.

Una respuesta de la cuarta ola del feminismo

De acuerdo con el articulo «Jóvenes en la manosfera. Influencia de la misoginia digital en la percepción que tienen los hombres jóvenes de la violencia sexual», el desarrollo y la potencialización de las culturas misóginas que navegan en la manosfera, es una contra respuesta de la cuarta ola del feminismo, la cual se caracteriza por denunciar la violencia de género, especialmente la violencia sexual, desde el entorno digital.

Movimientos como el #MeToo, han visibilizado las experiencias de las mujeres en el espacio público y privado, generando una movilización global que trasciende fronteras. Este comenzó en 2006 con la activista Tarana Burke cuando utilizaba esta frase en la red social MySpace para mostrar empatía a mujeres de que habían sido abusadas sexualmente. En 2017 fue retomado por Alyssa Milano tras la exposición de las acusaciones sobre el cineasta Harvey Weinstein.

A través de las redes sociales, el feminismo ha logrado democratizar el acceso a la información, crear redes de apoyo y fomentar una conciencia colectiva en torno a las desigualdades de género, consolidándose como un movimiento interseccional y transnacional que interpela tanto a las instituciones como a las prácticas culturales cotidianas.

Sin embargo, paralelamente al avance del movimiento feminista, han surgido respuestas antifeministas promovidas desde la extrema derecha e impulsando un discurso que niega la existencia de la violencia de género y la presenta como un mecanismo para criminalizar a los hombres. Este negacionismo ha penetrado en la esfera pública, especialmente en hombres jóvenes.

Por ello, la manosfera actúa como un espacio desde donde se construye la identidad masculina. Dentro de este entorno, los hombres encuentran respuestas y validación frente a la confusión que sienten por los cambios en los roles de género y el avance del feminismo. Comparten experiencias, frustraciones y consejos alineados a una visión hegemónica y tradicional.

¿Cómo se representa a las mujeres desde la manosfera?

Aunque los distintos grupos que conforman la manosfera no son homogéneos, en sus ideas, comparten un núcleo común: el rechazo a las mujeres y al feminismo. En estos entornos, las mujeres sueles ser representadas como manipuladoras, interesadas o como una amenaza para el desarrollo masculino, por lo que se vuelven objeto de burlas, cosificación y desprecio.

Entre las principales corrientes se encuentran los incels  o célibes involuntarios son una cultura del internet en la actualidad donde se culpabiliza a las mujeres por no poder acceder a relaciones sexuales. Usuarios y usuarias, navegan ahí, en lo que se le conoce como la manosfera, un rincón violento más del internet, para intimidar, castigar y amenazar a las mujeres y los ataques y agresiones digitales ya han traspasado al mundo real.

De acuerdo con la investigación “Celibes Involuntarios: ¿terroristas? Análisis cualitativo del fenómeno Incel y discusión conceptual sobre el terrorismo”, su ideología es altamente machista y sigue los pasos de la masculinidad hegemónica tradicional en el que se busca perpetuar la dominación social masculina, la cual describen que «está en riesgo» gracias a los cambios sociales y económicos en el mundo.

Por lo general son varones jóvenes, solitarios, con dificultades sociales, violentos y con ideas violentas contra las mujeres en el que expresan un deseo y odio por su frustración sexual. Por ello, odian, violentan y se sienten superiores a las mujeres y a los hombres hegemónicamente atractivos. Particularmente, en ellos se puede encontrar las siguientes características:

• Determinismo biológico: creen que los factores biológicos relacionados con la apariencia son inmutables y estos determinan el éxito romántico y sexual. Por ejemplo, nacer blanco, delgado, alto, entre otras características.
• Jerarquía basada en el atractivo: aceptar la jerarquía social masculina por la capacidad de atraer parejas sexuales. Entre más alejados estén del hombre hegemónico, menos oportunidades tendrán con las mujeres.
• Hipergamia femenina: sostienen que las mujeres buscan una pareja dependiendo del estatus socioeconómico que puedan obtener y del atractivo físico.
• Desesperanza aprendida: perciben que su posición en la jerarquía masculina es inamovible, generan patrones de pensamiento fatalistas.

La cultura Incel en la manosfera. El machismo digital que mata – cimacnoticias.com.mx

Sin embargo, existen otros grupos como el Movimiento por los Derechos de los Hombres (MRA), el cual sostiene que el feminismo ha perjudicado a los hombres, y que la sociedad favorece desmedidamente a las mujeres. De esta forma defienden la idea de sistema «ginocéntrco» en el que las necesidades masculinas son ignoradas.

Tambien se encuentran los PUAs o Artistas de la Seducción que promueven tácticas de manipulación emocional y psicológica para lograr relaciones sexuales con mujeres, muchas veces minimizando o negando la importancia del consentimiento. Estos espacios suelen ridiculizar la empatía y promueven la deshumanización femenina.

Y los MGTOW (Hombres que Siguen su Propio Camino), quienes proponen la retirada voluntaria de toda relación con mujeres y, en algunos casos, de la sociedad en general. Alegan que el entorno social y legal actual está diseñado para perjudicar a los hombres, por lo que su estrategia es el aislamiento y la autosuficiencia total.

Entre los discursos de odio que promueven se encuentran:

• La ideología de la pastilla roja, o tomar la pastilla roja: significa tomar conciencia de la realidad, una en la que el mundo favorece a las mujeres por sobre los hombres. Con base en la película The Matrix, sugiere que las personas que contradicen esta realidad han tomado la pastilla azul.
• ‘Todas las Mujeres son Iguales’ (AWALT, por sus siglas en inglés): acrónimo empleado para estereotipar a las mujeres.
• Femoide (FHO, por sus siglas en inglés): “organismo humanoide femenino” es un término despectivo que sugiere que las mujeres no son solo menos que los hombres, sino menos que los seres humanos.
• Hipergamia: término empleado de manera despectiva para hacer referencia a las mujeres obsesionadas con casarse con hombres de mayor estatus, atractivos físicamente y económicamente exitosos.

Los peligros del pensamiento de la manosfera

De acuerdo con ONU Mujeres, la manosfera no solo daña a las mujeres; también perjudica profundamente a los propios hombres. Lejos de ser espacios de apoyo o crecimiento, estas comunidades digitales reproducen estereotipos rígidos sobre la masculinidad que alimentan comportamientos destructivos, impiden el desarrollo emocional y contribuyen a la perpetuación de la desigualdad de género. Como lo demuestran estudios recientes de Fundación Movember, los hombres que adoptan actitudes tradicionales y restrictivas sobre el género tienen mayores probabilidades de involucrarse en conductas de riesgo, abusar de sustancias, padecer depresión o experimentar pensamientos suicidas.

En paralelo, la forma en que la machoesfera representa a las mujeres también produce graves consecuencias. La difusión de mitos sexistas y jerarquías de género limita el acceso de las mujeres a oportunidades y derechos. Según datos de una encuesta internacional en apoyo a HeForShe, la generación Z está más expuesta que nunca a la retórica machista en redes sociales. Además, los jóvenes actuales son más propensos a sostener ideas retrógradas sobre los roles de género que los hombres adultos, lo que representa una amenaza directa a los avances logrados en materia de igualdad.

Otro riesgo importante es la radicalización. Aunque no todos los usuarios de la machoesfera derivan en conductas extremistas, investigaciones del Instituto para el Diálogo Estratégico (ISD, por sus siglas en inglés) demuestran que los foros de estas comunidades pueden convertirse en puntos de entrada hacia ideologías violentas. Muchos de los hombres que llegan a estos espacios lo hacen desde el aislamiento social, sintiéndose ajenos a la sociedad y vulnerables a narrativas que prometen poder y pertenencia a cambio de odio.

¿Quién llenará de primaveras este enero?

 pikaramagazine.com

Irantzu Varela

Es casi imposible tener una relación de pareja en la que no haya alguna forma de poder. Porque una de las dos personas es más lista, o más manipuladora, o tiene más tiempo, o más dinero, o más capital social o más amigas o más seguidores. Pocas relaciones son, de hecho, horizontales. Y en el caso de las relaciones de pareja, que -habitualmente- implican el dinero, las relaciones sociales, el uso del tiempo, el trabajo, el sexo y la convivencia, entre muchos otros elementos atravesados por el poder, la búsqueda de la equidad es un trabajo constante.

Dicho esto, hay algunas formas de poder que se vuelven problemáticas y que rozan la violencia, especialmente cuando tienen a su favor las columnas que sostienen el sistema. Y el sistema se sostiene sobre la violencia.

En una pareja entre un hombre y una mujer, hay una relación de poder estructural que favorece la posición de poder del hombre. Siempre. En todas las culturas. Independientemente de todas las circunstancias y de las personalidades de una y del otro. Porque no hay ninguna relación al margen del poder patriarcal, que educa a los hombres en la creencia de que el mundo entero, especialmente las mujeres, están a su servicio. Por eso hay incels y feminicidios. Un poder patriarcal que educa a las mujeres para estar al servicio de todo el mundo, especialmente de los hombres. Por eso hacemos el 89 por ciento del trabajo doméstico gratuito y por eso las trabajadoras del hogar están fuera del convenio colectivo. Y por eso no es lo mismo “si es al revés”. No es lo mismo que un hombre grite a una mujer, que al revés. No es lo mismo que un hombre pegue a una mujer, que al revés. No es lo mismo que un hombre mate a una mujer, que al revés. Porque lo habitual es que los hombres sean quienes gritan, pegan, interrumpen, subestiman, cuestionan, violan y asesinan a las mujeres. Porque “no todos los hombres”, pero -casi- siempre un hombre. Y porque si a una mujer se le ocurre gritar, pegar o asesinar a un hombre, sabremos su nombre y sus apellidos décadas después y harán series y libros y análisis sobre lo mala que es. Y muchas veces lo habrá hecho por defenderse, defender o vengar a sus hijas e hijos. Por eso la estrategia de sobrevisibilizar la excepcionalidad -que también forma parte de los once principios de la propaganda de Goebbels, el community manager de Hitler, concretamente, el cuarto, principio de la exageración y la desfiguración: convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave- es una forma de perpetuar el poder de los hombres y la opresión de las mujeres.

Y ¿qué tiene que ver este mitin con Alejandro Sanz? Pues que arrastrados por el complejo de lacayos que tienen muchos de quienes perpetúan las normas (y la opresión es la norma, y viceversa) desde los medios de comunicación, las voces que ayer gritaban ¿por qué no hay un MeToo en España? se han puesto a señalar a Ivet Playà, la chavala que ha contado que se ha sentido “utilizada, humillada e incluso sucia”, como una zorra pesetera que no tiene de qué quejarse porque, como aclara el cantante, solo eran “dos personas adultas, compartiendo su cariño, siendo libres”.

Muchos hombres aprovechan su fama para romper con las barreras del consentimiento

Mira, si tú conoces a los 16 años a un cantante al que admiras -como se admira con 16 años- que ha ganado 24 Grammys latinos y 4 Grammys de los que tienen green card, y el cantante te hace caso, te crees que te va a bajar la luna para que juguéis y le entregas tus emociones. Si él tiene 45 cuando se fija en ti, y ha vendido 25 millones de discos, la cordura la tiene que poner él. Y cuando cumplas 18 y él 47, también. Porque una relación con una diferencia de edad de 29 años, pues puede ser sana, oye, si tú lo dices. O puede ser divertida, o puede cubrir los daddy issues de una o los mommy issues del otro, o encontraros en la vida en etapas complementarias o qué sabremos los demás. Pero si tú eres uno de los cantantes más famosos del mundo y eres rico y podrías ser su padre o un amigo de su abuelo, y ella acaba de cumplir la edad para sacarse el carné de conducir y no puede beber en Miami, pues estás abusando. No sé si de ella, pero sí de tu poder. 

Porque con la edad no pasa como con el género, que siempre está claro que un hombre parte de una posición de poder, que todo a su alrededor perpetúa. El tiempo, como la edad, y como dice la Mala Rodríguez, “es ridículo, relativo, chaquetero”. Y puede haber parejas con 20, 30 o hasta 40 años de diferencia que tú me dirás que son muy felices, y yo te diré que alguien se está saltando una etapa vital, pero, oye, que la disidencia con las etapas de la vida también puede molar. Pero si el mejor argumento que tienen quienes defienden al hombre-blanco-rico-famoso-con grammys es que “ella ya era mayor de edad”, evidentemente todo el mundo está viendo la relación de poder. Y el poder, cuando es mucho poder, se parece mucho a la violencia. 

¿Cuándo hemos pasado del “hermana, yo sí te creo”? ¿Cuánto de rico y de famoso tiene que ser un tío para que nos creamos que la mala es ella? Todas sabemos lo que es tener 18 años, todas sabemos lo que es tener delante a un hombre al que admiramos y sentirnos presionadas a la vez que fascinadas, porque a todas nos ha entrado un profesor, un jefe, un famoso, un famosete, un cliente, y todas hemos sentido que no queríamos, pero no sabíamos cómo decirlo. O lo hemos dicho y no se nos ha hecho caso. Como cuando estás en paro y te dicen que hay cola para aceptar lo que no quieres tú. Todas hemos dicho que sí, cuando era que no. Por miedo, por parálisis, por las consecuencias, por si acaso. Todas sabemos que muchos hombres aprovechan su fama para romper con las barreras del consentimiento. 

No hace falta ser Spiderman para entender que “un gran poder implica una gran responsabilidad”. Y un hombre que lleva subido a los escenarios desde antes de que Ivet naciera, entiende perfectamente lo que supone que haya miles de personas que considerarían el mejor día de su vida el hecho de conocerte y estar contigo unos segundos. Lo mismo que cualquiera que haya tenido un público enardecido delante sabe interpretar la mirada de absoluta admiración y entrega en los ojos de una fan, igual que sabe que es imposible devolver esa mirada y que no hay que aprovecharse de eso. Igual que todos los hombres saben que los que se relacionan con mujeres que podrían ser sus hijas lo que quieren de ellas es lo que nunca conseguirían con las adultas.

Sigue habiendo un debate podrido sobre si “el amor tiene edad”

Y eso lo saben todas las personas que defienden a Alejandro Sanz. Lo que también saben, aunque puede que no de manera consciente, es que el hecho de que algo sea legal no significa que esté bien. Y no es que yo sea muy del bien y el mal, que es una cosa muy católica (que justo en este tema no es que hayan hecho un gran papel) pero sí aspiro a que la gente que no piensa en el bien común lo pague, al menos con la pérdida de legitimidad. Las leyes no son más que normas que se han puesto históricamente los poderosos (en masculino no genérico) para protegerse de los daños que saben que son capaces de hacerse mutuamente. Por eso protegen la propiedad privada más que algunas vidas. Por eso es un argumento muy pobre (que hace la pelota a los ricos) el hecho de decir que “no hay delito” en lo que hizo Alejandro Sanz. Que, por cierto, en ningún momento ha negado que la relación se diera. Por eso se le exige a la chavala que denuncie, como si se pudiera ir a una comisaría a decir “hola, ¿qué tal?, vengo a denunciar a Alejando Sanz” y en ese mismo instante se abrieran las puertas del paraíso de la justicia y te convirtieras en Erin Brockovich.

Todas hemos conocido a algún cantante, actor o aspirante a que actúa como si el mundo le debiera el cumplimiento de todos sus deseos. De hecho, muchos hombres admiran a otros solo porque “consiguen” lo que ellos, mindundis de la convencionalidad y el trabajo asalariado, solo pueden desear en silencio en sus casas o a gritos con sus amigos. Por eso sigue habiendo un debate podrido sobre si “el amor tiene edad” o acusaciones de que “las estamos infantilizando”, cuando estamos hablando de relaciones de abuso de poder. Por eso nosotras sentimos asco por los hombres que, sistemáticamente, esperan a que la realización de sus fantasías no sea un delito. Y por las mujeres que fingen que a ellas no les ha pasado.

Mira, si te gustan sistemáticamente las personas que están en una posición de vulnerabilidad con respecto a ti, eres una persona de mierda. Y si el género, el dinero y el capital social están de tu parte, quienes comen del pesebre que tú llenas dirán que está todo bien, pero quienes sabemos que el bien es el bien común sabremos lo que estás haciendo. No hay torres tan altas como para que no nos las carguemos quienes sabemos que muchos fueguitos juntos nunca son insignificantes.

Cuidado, porque después de algunas tormentas no llega la calma. 

Las mujeres en Afganistán se enfrentan a una falta total de autonomía

 

Una niña afgana estudia en su casa tras la prohibición talibán de que mujeres y niñas cursen estudios medios y secundarios. Imagen: Amin Meerzad / Unicef

NACIONES UNIDAS – Hace casi cuatro años, los talibanes retomaron el control de Afganistán y emitieron una serie de edictos que restringían significativamente los derechos de las mujeres en todo el país. Esto ha traído como consecuencia una crisis humanitaria multifacética, caracterizada por un notable deterioro de las libertades civiles, el estancamiento del desarrollo nacional y la falta generalizada de servicios básicos.

El 17 de junio, ONU Mujeres publicó su Índice de Género en Afganistán 2024, un informe exhaustivo que detalla las disparidades de género y el empeoramiento de las condiciones humanitarias de las mujeres y las niñas en el país del sur de Asia.

Según la investigación de la agencia de la ONU dedicada a proteger los derechos de las mujeres, los edictos promulgados por los talibanes han restringido los derechos de las mujeres hasta tal punto que tanto ellas como las niñas afganas se encuentran muy por debajo de los parámetros mundiales de desarrollo humano.

«Desde 2021, cuando los talibanes retomaron Kabul, «hemos sido testigos de un ataque deliberado y sin precedentes contra los derechos, la dignidad y la propia existencia de las mujeres y niñas afganas», afirmó Sofia Calltorp, jefa de Acción Humanitaria de ONU Mujeres.

Sin embargo, añadió, «a pesar de las restricciones casi totales a sus vidas, las mujeres afganas perseveran».

«La cuestión de la desigualdad de género en Afganistán no comenzó con los talibanes. Su discriminación institucionalizada se suma a barreras profundamente arraigadas que también frenan a las mujeres», destacó Calltorp.

Se estima que las mujeres en Afganistán tienen 76 % menos de derechos que los hombres en ámbitos como la salud, la educación, la independencia financiera y la toma de decisiones. Además, las mujeres afganas disfrutan, en promedio, de 17 % de sus derechos, mientras que las mujeres de todo el mundo alcanzan actualmente 60,7 %.

Se prevé que esta disparidad se acentúe aún más tras la prohibición talibán de que las mujeres ocupen puestos en el sector sanitario, lo que supone la eliminación de uno de los últimos bastiones de la autonomía femenina en Afganistán.

En la actualidad, aproximadamente 78 % de las mujeres afganas carecen de acceso a cualquier forma de educación formal, empleo o formación, casi cuatro veces más que los hombres afganos.

ONU Mujeres prevé que la tasa de finalización de la enseñanza secundaria de las niñas pronto se reducirá a 0 %.

Además, Afganistán tiene una de las mayores brechas de género en la población activa del mundo, con 89 % de los hombres con un empleo, frente a 24 % de las mujeres.

Las mujeres tienden a desempeñar tareas domésticas y tienen empleos peor remunerados y más precarios. Además, no hay ninguna mujer que ocupe un cargo en los órganos de toma de decisiones nacionales o locales, lo que las excluye por completo de la posibilidad de hacer oír su voz a nivel gubernamental.

«El mayor recurso de Afganistán son sus mujeres y niñas», afirmó la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous.

Subrayó que «su potencial sigue sin explotarse, pero ellas perseveran. Las mujeres afganas se apoyan mutuamente, dirigen empresas, prestan ayuda humanitaria y alzan la voz contra la injusticia».

«Su valentía y liderazgo están transformando sus comunidades, incluso ante restricciones inmensas», destacó Bahous.

La exclusión de todas las mujeres afganas de la población activa ha tenido importantes repercusiones en la economía del país.

Según el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, desde 2021 la economía de Afganistán ha registrado pérdidas de hasta 1000 millones de dólares al año, lo que representa aproximadamente  5 % de su producto interno bruto. Esto ha provocado un aumento general de los niveles de pobreza y la inseguridad alimentaria.

«Las crisis económicas, políticas y humanitarias, todas ellas con los derechos de las mujeres en el centro, han llevado a muchos hogares al límite. En respuesta, a menudo por pura necesidad, más mujeres se están incorporando a la población activa», afirmó Calltorp.

Además, las mujeres en Afganistán carecen de cualquier forma de independencia económica.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

ONU Mujeres estima que solo 6,8 % de las mujeres tienen acceso a recursos financieros básicos, como cuentas bancarias y servicios móviles de dinero. Los edictos que impiden a las mujeres acceder a la independencia financiera dejarán a la gran mayoría de las mujeres afganas sin los medios necesarios para un futuro autosostenible.

Afganistán también ha experimentado un aumento significativo de las tasas de violencia de género desde el retorno al poder del régimen talibán, tras haber controlado el país entre 1996 y 2001.

Según el informe, las mujeres afganas están expuestas a tasas de violencia de pareja íntima casi tres veces superiores a la media mundial.

Otras prácticas, como los matrimonios forzados y infantiles y los asesinatos por honor, agravan los niveles nacionales de desigualdad de género.

Amnistía Internacional afirma que el incumplimiento suele dar lugar a represalias por parte de los talibanes, y las mujeres y las niñas se enfrentan a detenciones, violaciones y torturas.

En noviembre de 2023, el Ministerio de Salud Pública de facto de Afganistán prohibió el acceso de las mujeres a los servicios de apoyo psicosocial, lo que dejó a la gran mayoría de las víctimas de violencia de género sin los recursos adecuados para recuperarse, mientras que los autores gozan de impunidad.

Además, la eliminación de la atención sanitaria para las mujeres, incluido el acceso a los servicios de salud reproductiva y educación, ha dificultado que muchas mujeres puedan recibir atención básica.

Debido a estos retos, ONU Mujeres cree que las mujeres afganas tienen menos probabilidades que los hombres de vivir la mayor parte de su vida con buena salud. Se estima que la esperanza de vida de las mujeres afganas es muy inferior a la media mundial y se prevé que empeore en los próximos años.

Según Civicus, la alianza internacional de la sociedad civil, las condiciones actuales del espacio cívico en Afganistán se califican como «cerradas», lo que representa uno de los peores entornos para las libertades cívicas en el mundo.

Josef Benedict, investigador de Civicus para Asia, afirma que la situación de los derechos de las mujeres en Afganistán se ha deteriorado hasta tal punto que se asemeja a un «apartheid de género».

«Las mujeres y las niñas afganas han sufrido una severa represión y una discriminación sistémica por motivos de género bajo el régimen talibán. Las mujeres y las niñas están siendo sistemáticamente excluidas de la vida pública y se les niegan derechos humanos fundamentales, como el acceso al empleo, la educación y las oportunidades de participación política y social», aseguró Benedict.

A su juicio, «la comunidad internacional debe hacer más para prestar apoyo a las mujeres y las niñas de Afganistán».

Con ese fin, dijo, se debe «exigir el desmantelamiento del sistema institucionalizado de opresión de género, garantizando la participación representativa, igualitaria, significativa y segura de las mujeres afganas en todos los debates sobre el futuro del país y apoyando las iniciativas comunitarias que promueven la igualdad de género y los derechos de las mujeres».

Benedict recordó que no solo las mujeres son víctimas del sistema opresor talibán.

También los activistas y disidentes son castigados habitualmente por los talibanes y se enfrentan a acoso, intimidación y violencia. Igualmente, los periodistas son a menudo blanco de ataques, lo que pone de relieve los riesgos de alzar la voz contra un gobierno represivo en un entorno cada vez más inestable.

La represión de la libertad de prensa resulta un indicador en continuo crecimiento,  afirmó Benedict.

Casi cuatro años después de la restauración del régimen talibán, «los gobiernos no han logrado garantizar una respuesta internacional firme y unida para contrarrestar la represión extrema de los talibanes, tomar medidas para que estos rindan cuentas o apoyar eficazmente a los activistas afganos en el país y en el exilio», lamentó.

Esterilizaciones forzadas en Perú: un caso abre la ruta a la justicia

 

Activistas de derechos humanos en la Plaza San Martín, en el centro de Lima, la capital de Perú, durante una protesta contra el indulto a Alberto Fujimori (fallecido en setiembre del 2024) y en demanda de justicia para las víctimas de esterilizaciones forzadas, vulneradas en sus derechos por una política estatal durante su mandato. Imagen: Walter Hupiu / IPS

LIMA – A casi 30 años del inicio de la política estatal que en Perú esterilizó sin su consentimiento a miles de mujeres en situación de pobreza y ruralidad, la mayoría indígenas, se abre una nueva ruta para romper el cerco de impunidad que hasta la fecha impide sancionar a los responsables de este crimen considerado de lesa humanidad.

“Buscamos que se conozca la verdad en el caso de Celia Ramos, que se haga justicia y el Estado asuma su responsabilidad. A mamá ya no la van a devolver, pero tiene que haber justicia y una reparación acorde a la afectación que tuvimos”, sostuvo Marisela Monzón ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 22 de mayo, durante su 176 periodo ordinario de sesiones, celebrado en Ciudad de Guatemala.

Monzón es hija de Celia Ramos, una de las 18 víctimas mortales del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que se aplicó entre los años 1996 y 2000 en Perú por orden del entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien ejercía su segundo mandato con el control autoritario de los diferentes poderes del Estado.

Fujimori no cumplió la totalidad de su condena por corrupción y graves violaciones a los derechos humanos. Salió de prisión en diciembre del 2023 gracias a un cuestionado indulto humanitario de la presidenta Dina Boluarte desacatando el mandato de la Corte IDH de no hacerlo dado los delitos de lesa humanidad cometidos por el exmandatario. Este murió en libertad 10 meses después.

“El Misterio Público (fiscalía) ha sido bastante renuente a considerar los delitos contra la libertad personal, indolente y discriminador al no incluir los delitos de coacción y secuestro que las mujeres denuncian; ser acosadas, hostigadas amenazadas no es violencia para ellos: María Ysabel Cedano.

“Esperamos la verdad de lo que pasó, que se haga una investigación de verdad”, pidió Monzón a la inapelable corte interamericana, presidida por la jueza costarricense Nancy Hernández, sobre la muerte de su madre el 22 de julio de 1997.

La de Ciudad de Guatemala fue la primera audiencia en la Corte supranacional de justicia de un caso de esterilización forzada ocurrido en el Perú.

Celia Ramos falleció tras permanecer 19 días en coma producto de la práctica inadecuada de ligadura de trompas en un precario establecimiento público de salud en el caserío La Legua, una zona rural empobrecida de la región norcostera de Piura, luego de ser presionada y coactada por el personal de salud. Dejó huérfanas de madre a Marisela de 10 años, Emilia de ocho y Marcia de cinco.

Marisela Monzón, hija de Celia Ramos, una de las 18 víctimas mortales de la política de esterilización 

forzada aplicada en Perú entre 1996-2000, que tuvo como víctimas a mujeres pobres y rurales en

 medio de un conflicto armado interno. Su muerte dejó huérfanas de madre a Marisela, entonces de 

10 años, Emilia de ocho y Marcia de cinco. En la imagen durante su presentación el 22 de mayo en 

la audiencia del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Imagen: CDR

Su caso no es el único. En el marco de la política fujimorista, cerca de 300 000 personas, la gran mayoría mujeres, fueron sometidas a un método anticonceptivo irreversible sin garantizarles su derecho al consentimiento libre, previo e informado.

“En la audiencia quedó claro que si yo le digo ‘usted corre grave peligro si no se somete a lo que le estoy sugiriendo’, es una forma de coaccionarla a aceptar el procedimiento médico”, explicó a IPS desde la ciudad de Bogotá Lucía Hernández, asesora legal de la oficina regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, una de las tres organizaciones que defiende el caso.

En un diálogo telefónico, detalló que a Celia Ramos se le insistió de manera reiterada y que se hicieron varias visitas a su domicilio pese a que ella había hecho explícita su negativa.

“Además, se minimizaron los riesgos en lugar de darle información completa sobre lo que implicaba el procedimiento médico, le dijeron: eso va a ser como sacarse una muela”, agregó.

Hernández deploró la posición de representantes del Estado en la audiencia del 22 de mayo.

“Fue negacionista, irrespetuosa e invalidante con las víctimas, buscando defender lo indefendible, desconociendo además que el año 2003 suscribió un Acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en que ya reconoció los derechos vulnerados de Mamérita Mestanza, otra víctima de las esterilizaciones forzadas”, dijo.

La Comisión y la Corte conforman el sistema interamericano de defensa de los derechos humanos, como órganos independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Representación simbólica en una movilización en las calles de Lima, por la vulneración del derecho 

de las mujeres peruanas a decidir sobre su reproducción como resultado de la aplicación compulsiva

del método irreversible de las ligaduras de trompas en zonas rurales y empobrecidas del país, con 

 población indígena, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Imagen: Walter Hupiu / IPS

El vulnerado derecho de libre consentimiento

Entender la gravedad de la política fujimorista implica remontarse al contexto peruano de los años 90 en que se vivía un conflicto armado interno y la militarización interna, que afectó a la población más pobre del país, centroandina y quechuahablante sobre todo.

El Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar buscaba reducir la pobreza en el Perú a través del control de la natalidad, por lo que puso énfasis en la promoción de la anticoncepción quirúrgica, pero no dirigiéndola a toda la población femenina, sino a la de zonas rurales, indígenas andinas y amazónicas, populares, caracterizadas por la pobreza.

En esa realidad, no se garantizó a las mujeres su derecho a la libertad personal y al consentimiento libre e informado como remarcó en diálogo con IPS la abogada María Ysabel Cedano de la institución peruana Demus, que también acompaña el caso.

“El Misterio Público (fiscalía) ha sido bastante renuente a considerar los delitos contra la libertad personal, indolente y discriminador al no incluir los delitos de coacción y secuestro que las mujeres denuncian; ser acosadas, hostigadas amenazadas no es violencia para ellos”, cuestionó.

Añadió que tampoco lo es que les digan que si no se ligan las trompa no recibirán alimentos ni ayuda social, que irían a la cárcel por tener más de cinco hijos o que podían morir si tenía un embarazo más como en el caso de Celia Ramos.

“Para ellos no representa amenaza ni violencia porque no han tomado en cuenta el contexto de los hechos”, refirió.

Cedano sostuvo que no existían garantías en los centros de salud para que las mujeres pudieran ejercer el consentimiento libre e informado respecto de una posible ligadura de trompas.

“En zonas rurales el personal de salud representaba al Estado, más aún si estaba acompañado de militares como ocurría en las zonas de conflicto armado interno; su vida dependía de aceptar el procedimiento, no había garantías para elegir”, subrayó.

Internamente, el caso ha seguido un camino lleno de obstáculos para romper la impunidad. De los exministros de salud denunciados por esta política uno de ellos, Alejandro Aguinaga es un congresista del fujimorismo que siempre ha rechazado las denuncias.

Tras la persistente lucha de las víctimas, en 2018, luego de 16 años de investigación fiscal y varios archivamientos de la investigación, el Ministerio Público denunció al expresidente Fujimori y a los exministros de Salud Aguinaga, Eduardo Yong y Marino Costa por varios delitos entre ellos lesiones graves, y lesiones graves seguidas de muerte.

En 2024 sin embargo el caso volvió a foja cero pues debía adecuarse al Nuevo Código Procesal Penal. Desde entonces, la fiscalía a cargo lleva ya nueve meses sin que aún haya reabierto la investigación.

“Nos ha informado que se están subsanando algunas irregularidades en los documentos y le hemos planteado que cuando formule la denuncia incorpore los delitos contra la libertad personal por la vulneración del consentimiento libre e informado”, precisó Cedano.

Además, el Estado no cumple hasta ahora con otorgar reparaciones integrales a las personas inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo): 6982 mujeres y 189 hombres, en total 7171 personas reconocidas como víctimas hasta  febrero de este año.

Ello pese a que el Estado es parte del Acuerdo de Solución Amistosa con la CIDH, en que se compromete a cumplir las reparaciones establecidas. Además, un fallo judicial ordena  al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a garantizar esas reparaciones y otras medidas a favor de las víctimas de las esterilizaciones forzadas.

María Ysabel Cedano, la primera a la izquierda, en una manifestación en la capital peruana, en 

favor del acceso a justicia y reparación para las víctimas de esterilizaciones forzadas en el país. 

Cedano es abogada de Demus, una de las tres organizaciones que representa a la afectada Cecilia 

Ramos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Imagen: Walter Hupiu / IPS

Declarar al Estado peruano responsable

Gisela de León, directora jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que también representa a las víctimas, afirmó a IPS que se espera que la Corte IDH declare la responsabilidad del Estado peruano por la violación de los derechos de Celia Ramos al consentimiento informado, a la vida y la integridad personal.

En declaraciones desde San José de Costa Rica, donde tiene su sede la Corte, puntualizó que también están pidiendo que se declare la violación del derecho de su familia de acceder a justicia, porque hasta el momento los hechos están impunes.

Precisó que estas demandas están dentro del contexto de aplicación de la política fujimorista que privó de su capacidad reproductiva y del derecho de decidir tener hijos a miles de mujeres.

De León manifestó que además se busca que la Corte IDH repare el daño causado a Marisela Monzón, quien quedó huérfana siendo niña junto con sus dos hermanas

“Para mí es admirable cómo la búsqueda de justicia se ha ido heredando a través de los años, al inicio era su hermano, el tío de las hijas, y ahora son ellas quienes han retomado el caso”, indicó.

Tras los alegatos finales a entregar por parte del Estado y las tres instituciones defensoras del caso, la Corte IDH debe emitir su sentencia. Aunque no hay un plazo establecido, pero se espera que pueda conocerse en el máximo de un año, o incluso eventualmente antes.

Sea cuando sea, la sentencia sobre el caso Celia Ramos tendrá incidencia directa en el logro de justicia para todas las víctimas de esterilizaciones forzadas por la política fujimorista.

Ser mujer y trabajadora del Poder Judicial CDMX. El paro alcanza 3 semanas

 Escrito por Wendy Rayón Garay 

.-Ciudad de México.- A tres semanas del inicio de paro de labores del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), diversos casos judiciales de mujeres están a la espera de su reprogramación, lo cual retrasa su acceso a la justicia pero también esta situación forma parte de la resistencia de mujeres trabajadores quienes siguen en una lucha por dignidad laboral, hoy ellas también se vuelven un coto de resistencia ante la Reforma Judicial que enfrenta el país.

De acuerdo con una fuente que labora en el PJCDMX, el paro de labores comenzó tras la agresión que tuvo una trabajadora, cuya identidad se desconoce hasta el momento, en un Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), por lo que se hizo un llamado para solicitar a las autoridades mejorar las condiciones de trabajo para las trabajadoras y trabajadores.

Cabe señalar que trabajadoras del Poder Judicial CDMX han puesto en evidencia con este paro de labores no solo las precarias condiciones laborales en las que trabajan, sino los problemas estructurales a los que se enfrentan las mujeres quienes piden justicia ante estos tribunales.

Hay que recordar que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, días antes de abandonar su cargo, el 15 de septiembre del 2024, firmó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que generaba una Reforma Judicial, la cual prosiguió la actual presidenta de México, Sheinbaum Pardo.

Con ese hecho, la Reforma Judicial se convirtió en una norma oficial del país. Ahora, se espera que juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros; sustituyan en septiembre de este año al Consejo de la Judicatura Federal por un Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración; la modificación en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y nuevas reglas procesales. 

La lucha a lo largo de estos meses fue intensa, a nivel federal estuvieron en manifestaciones constantes.

Recordemos que trabajadoras del poder judicial comenzaron su resistencia contra la Reforma obradorista donde hicieron visibles sus peticiones en las que señalaron que durante años, han tenido que sacrificar aspectos fundamentales de sus vidas, incluso renunciado a la maternidad, a tener una familia o incluso a su paz personal en la lucha por un lugar digno en este poder federal que las dejaba ahora sin una carrera para consolidar. Para otras, ese sacrificio, dijeron, había implicado formar una familia y equilibrar el peso de la responsabilidad, de ser madres, hijas, esposas, jefas de hogar, mientras cumplen con el deber de la impartición de justicia.

Incluso señalaron que a lo largo de su carrera no se han rendido y habían desafiado el machismo y las estructuras opresivas de este poder.

Por ejemplo, Mujeres de la Asociación Mexicana de Trabajadoras del Poder Judicial de la Federación, en noviembre del 2024, tenían su propia manifestación afuera del edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para externar su descontento con la reforma judicial por el atropello a sus derechos laborales, porque esta iniciativa, dijeron entonces: «las está haciendo retroceder décadas en los logros alcanzados».

Ellas señalaron que la resolución de la SCJN debía reafirmar que las trabajadoras del Poder Judicial:

«Podemos y debemos acceder a la judicatura por mérito, por nuestra entrega y trabajo constante, y no ser desplazadas o ver truncados nuestros sueños por políticas que no consideran nuestra realidad».

No obstante la Reforma Judicial y la exposición de las violencias a las que han enfrentado pasaron sobre ellas hasta el punto en que debieron desistir a nivel federal de la lucha, pero en CDMX, aún siguen intentando transformar la situación.

Última Hora. Llega a su fin lucha de trabajadoras del Poder Judicial. Reforma va

El paro

Además de la agresión contra una trabajadora del Poder Judicial CDMX, se sumó la solicitud del aumento del salario al 5% y de las prestaciones al 2% firmada por el sindicato mayoritario y otros cinco sindicatos; sin embargo, fue rechazada por las y los trabajadores acordando que se requería un aumento del 10% y 5% respectivamente.

Adicionalmente, se habían denunciado una serie de condiciones laborales precarias como adeudos de vales desde diciembre del 2020, falta de materiales para hacer el trabajo, equipo de trabajo obsoleto, así como la falta de una red de internet adecuada, ya que incluso están trabajando con equipos sin licencia, según denunciaron varias trabajadoras y trabajadores del PJCDMX.

Las condiciones precarias los han orillado no solo al freno de actividades, sino a salir a las calles. El pasado 23 de septiembre, se reunieron en 5 puntos de la capital: Ciudad Judicial, Juzgados Familiares, Juzgados Civiles, Juzgados Laborales y en las Oficinas del Tribunal Superior de Justicia para hacer plantones y protestas. También se realizó una mesa de diálogo el 24 de junio para llegar a un acuerdo y levantar el paro, pero no dio resultados.

La serie de denuncias y quejas del PJCDMX responden a todos los recortes presupuestales que han enfrentado tras la entrada del magistrado Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 2019 hasta 2021. Aunado a esto, también se presenta como una consecuencia de la Ley de Austeridad Republicada implementada por orden de Andrés Manuel López Obrador en el que se ha recortado en el presupuesto federal repartido para este poder.

Ser mujer y trabajadora del poder judicial

¿Cómo ha afectado la precariedad laboral a las mujeres trabajadores del poder judicial de la Ciudad de México? Una trabajadora, cuya identidad se resguardará por temor a represalias, comentó en entrevista con Cimacnoticias que los problemas que ha enfrentado en su espacio laboral dentro una sala civil han sido, principalmente, ganarse los espacios en ambientes creados por y para hombres.

A esto se suma la doble carga de trabajo al fungir en el rol de cuidadora y proveedora siendo que en diversas ocasiones tiene que trabajar fuera del horario laboral: «Es difícil para nosotras estar trabajando porque no cubrimos un horario de 9 a 3 de la tarde, tenemos que quedarnos muchísimo más tiempo a laborar y más cuando no hay insumos, no tenemos cómo cumplir con nuestra tarea». Además, en los 13 años en los que ha desarrollado su cargo actual, no ha tenido un aumento de salario siendo que la canasta básica va aumentando año con año y ella es madre autónoma.

Asimismo, puso en relevancia la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que, en resumidas cuentas, unifica todos los códigos a nivel nacional de procedimientos civiles y familiares. Dentro de una de sus propuestas es plantear la implementación de la oralidad en los juicios, buscando hacerlos más eficientes y rápidos; sin embargo, el PJCDMX planean llevarlos en línea, siendo que persisten fallas con el internet y, más importante, es un cambio abrupto para el personal.

«Si antes teníamos 10 mil asuntos en un juzgado, pues nos van a llegar 30 mil y somos el mismo personal. (…) repercute en la forma de trabajar y no tanto ahorita que sea la oralidad, pero en tanto los jueces ya están resolviendo oralmente, nosotros estamos sufriendo un cambio en la estructura de la institución para meter una oralidad que todavía no tenemos ni las condiciones físicas, porque no hay áreas de oralidad ni tenemos las condiciones humanas ni materiales para dar este cambio», comentó la trabajadora.

Debido al cambio del personal por la Reforma Judicial y las elecciones del pasado 1 de junio, hay un ambiente de premura por sacar los pendientes, ya que muchos empleados se quedarán sin sus jefas y jefes para finales de agosto de 2025 y algunas personas que se implementarán no cuentan con experiencia judicial provocando que se espere un «caos».

Por ello, la trabajadora que conversó con Cimacnoticias, mencionó la urgencia de la dignificación de la impartición de justicia para que todas las trabajadoras y trabajadores puedan cumplir con su trabajo y prestar servicios la ciudadanía: «Esto no nada más impacta a los trabajadores o trabajadoras, nos impacta a toda la comunidad, a toda la Ciudad de México, a toda la población y es muy triste que no podamos seguir nosotros trabajando en condiciones, que no tengamos condiciones para estar dignificando la impartición de justicia».

Los problemas estructurales del poder judicial

El 21 de septiembre de 2024, Yan Kyung Jun Borrego, estudiante de psicología fue víctima de violencia feminicida por su expareja Jorge Humberto Martínez Cortés. Su muerte se hizo pasar por suicidio al ser descrito de esta manera por su feminicida, por lo que las autoridades no indagaron más al respecto y mantuvieron esa línea de investigación por varios años.

Gracias a la lucha de su madre, quien insistió a las autoridades que se trataba de un feminicidio, el caso fue reclasificado hasta 2021 por la Fiscalía de Feminicidios de la Ciudad de México logrando que, en 2023 Jorge Humberto Martínez Cortés fuera sentenciado a 52 años de cárcel. Asimismo, se le encontró responsable por el intento de feminicidio de Adriana Ramos en 2011 y el feminicidio de Campira Camorliga Alanís en 2016.

Aunque Yan Kyung ya había recibido una sentencia para su feminicida, el proceso se repuso gracias a una orden del Tribunal de Alzada en 2024 a 10 años de su feminicidio. A raíz de la reposición, se han generado dificultades para recopilar la información de las investigaciones y reunir a los peritos involucrados, según comentó a Cimacnoticias la abogada Ana Yeli Pérez Garrido del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), quien lleva el caso.

En las últimas audiencias se estaba esperando que se pudiera presentar a todos los peritos, a quienes se han tenido que traer desde otros estados tras varios trámites burocráticos; sin embargo, dicho proceso se vio interrumpido debido al paro de labores del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) que se levantó desde el pasado 29 de mayo.

Según denuncia Ana Yeli Perez Garrido el caso de Yan Kyung Jun Borrego que ha sido frenado por el paro del PJCDMX han sido un proceso lento. Entre las problemáticas que han enfrentado ha sido el aplazamiento de audiencias llegando al límite de 10 días que tienen el PJCDMX para responder, el cambio constante de personas juzgadoras que llevan el caso, personal que ha fallecido o ya no se encuentra laborando. Todo esto se suman a las causas que provocan procesos largos para las mujeres que buscan justicia.

Esto se traduce no solo en gastos económicos por parte de las familias de las víctimas, sino un ambiente de incertidumbre, así como revivir el duelo por la pérdida de sus mujeres y suspenderlo conforme avance el proceso penal al no tener respuestas concretas por el PJCDMX, y enfrentarse a la violencia institucional desde el momento de la investigación hasta la conclusión del juicio.

Más allá del paro laboral del PJCDMX y de las fallas dentro de este poder, México no ha transitado por completo a un sistema acusatorio como lo ordenó la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, en la cual se abandona el sistema inquisitivo mexicano, manejado desde hace un siglo, para implementen una serie de mejoras como el principio de oralidad, inmediación, publicidad, contradicción y continuidad, este último ordena que las audiencias no deben interrumpirse hasta su total conclusión, esto podría permitir empezar y terminar un juicio el mismo día.

«México no es el primer país que transita a un sistema acusatorio donde las audiencias se llevan de manera concentrada y particularmente la Ciudad de México ha llevado este sistema a sus límites (desde su implementación en 2016) siendo dilatorias, que siguen arrastrando prácticas del sistema del sistema mixto o del sistema tradicional, donde fijan las audiencias en el límite de la ley de lo que establece el Código Nacional que es hasta 10 días este hábiles» -Ana Yeli Pérez Garrido del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF).

De esta manera, la abogada explicó que el paro de labores no es el problema, sino la falta de justicia pronta y expeditas para las víctimas de violencia de género gracias a las prácticas estructurales del poder judicial que cae en responsabilidad de quienes operan y administran el sistema de justicia.

Asimismo, también señaló que las modificaciones del personal a raíz de la Reforma Judicial trajeron a colación otros cuestionamientos, por ejemplo, todo el recurso empleado para llevar a cabo la elección y el cambio de sujetos que se sentaran en las sillas de las juezas y jueces y el tiempo de espera de la curva de aprendizaje que llevara que puedan adaptarse.

«Como lo podemos ver ahora en el marco de esta de esta simulación de cambio donde evidentemente nada a cambiar, o sea, solamente es cambiar de sujetos, de personajes que al final tampoco es garantía, creo que incluso hay un retroceso» -Ana Yeli Pérez Garrido del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF).

Asimismo, señaló a los candidatos electos señalados por violencia de género o corrupción cuyas candidaturas resultaron electas pese a las denuncias de mujeres y organizaciones de la sociedad civil, mencionó que esta situación evidencia que no hay garantía de que el Poder Judicial se va a transformar realmente cuando los verdaderos problemas que rodean a este poder no se están atendiendo.

Para Ana Yeli Pérez Garrido, el paro del PJCDMX habla de las condiciones en las que las trabajadoras y trabajadores han tenido que laborar como una carga excesiva y precariedad laboral gracias a que no se pueden administrar los recursos correctamente: «Habla de esa precariedad hacia dentro, hacia la misma estructura, si esto sucede adentro ¿qué nos podemos esperar hacia fuera entonces?».

Tras prohibir aborto en EUA, mujeres continúan la práctica con envíos de medicamento por correo postal

 Escrito por Wendy Rayón Garay 

Crédito: Unsplash.-Ciudad de México.- De acuerdo con el último informe ‘WeCount’ de la Sociedad de Planificación Familiar (SFP por sus siglas en inglés), las mujeres en Estados Unidos han recurrido a la telesalud como una fuente para acceder al aborto, siendo que varios estados del país cuentan con restricciones totales o parciales que les impide mantener sus derechos sexuales y reproductivos tras la Ley Dobbs en 2022.

Las mujeres han tenido que buscar soluciones para interrumpir su embarazo ante las restricciones del Estado. Por ello, el informe de SFP reveló el uso de telesalud, es decir, la prestación de salud médica a distancia a través de internet y que implica el envió por correo de pastillas abortivas con medicamentos.

Hay que recordar que el 24 de junio, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el fallo Roe contra Wade, lo que puso fin al derecho constitucional a la interrupción legal del embarazo en el país. Con esto, se preveían graves afectaciones a los derechos sexuales y reproductivos de millones de mujeres.

Hay que recordar que Roe contra Wade fue un parteaguas para dejar de criminalizar la interrupción del embarazo en Estados Unidos. Este caso se dio en 1973, cuando Jane Roe –alias legal de Norma McCorvey–, una mujer de Texas, quiso detener su embarazo de manera segura y legal. Tras diversos alegatos, la corte decidió reconocer por primera vez que el derecho constitucional a la privacidad “es lo suficientemente amplio como para incluir la decisión de una mujer de interrumpir o no su embarazo”. Fue así como Roe fue reconocida por impulsar el caso que permitió legalizar el aborto en el país norteamericano.

Siguiendo los datos de SFP, el número de aborto en Estados Unidos desde noviembre de 2022 aumentó gradualmente hasta diciembre de 2024. De esta manera, la cifra final se colocó en 1.14 millones alcanzando la mayor cantidad en el país en los últimos años. El total mensual alcanzó su punto máximo en enero de 2024, superando los 102 mil abortos en un solo mes.

Por año, el número promedio mensual de abortos aumentó cada año: en 2022 fue de 79 mil 600, en 2023 alcanzó los 88 mil y en 2024 los 95 mil 200. Esto tomando en cuenta que en 2022 se comenzó a contar desde el mes de abril, ya que los meses de enero, febrero y marzo fueron anteriores a la Ley Dobbs que promulgó las prohibiciones del aborto.

Gráfica de WeCount sobre aumento de abortos desde Ley Dobbs

De esta manera, 1 de cada 4 abortos se realizó mediante este mecanismo, aumentando del 5% en abril al junio de 2022 al 25% a fines de diciembre de 2024. Además, varía la proporción de abortos proporcionados a través de telesalud varió según el estado siendo Delaware (40%), Montana (37%), Nevada (34%), Colorado (31%) y Hawaii (30%) en donde más se recurre.

Los abortos proporcionados por clínicas exclusivamente virtuales, que funcionan solo en línea y no tienen una clínica física, en los estados que permiten el aborto y el aborto por telesalud han proporcionado un número cada vez mayor de abortos desde 2022. Por otro lado, la atención del aborto en persona, que incluye tanto los abortos con procedimientos como las pastillas abortivas con medicamentos dispensadas en persona, disminuyó, aunque no significativamente.

Gráfica de WeCount sobre abortos practicados en diferentes modalidades

Asimismo, los abortos proporcionados bajo leyes de protección han aumentado desde que la telesalud se volvió disponible. Esto implica el envío por correo de pastillas abortivas con medicamentos a personas en estados con restricciones de telesalud, prohibiciones de seis semanas o prohibiciones totales del aborto. Esto fue posible desde que los proveedores comenzaron a ofrecer abortos bajo estas leyes en julio de 2023.

Parte del aumento en los estados con prohibiciones de seis semanas se debe al cambio de categoría de los estados, cuando pasaron de tener restricciones de telesalud a tener prohibiciones de seis semanas durante este período. Para diciembre de 2024, los abortos proporcionados bajo las leyes de protección ascendieron a casi 14 mil ese mes.

Gráfica de WeCount sobre abortos practicados bajo las leyes de protección

Siguiendo el informe, al desagregar los abortos presenciales y telesalud, y resumir la situación legal en los estados en 2024, se observaron marcadas diferencias

en la modalidad de prestación, con una mayor proporción de abortos por telesalud en cada categoría de restricción:

• En los estados donde se permitían el aborto y la telesalud, en promedio, el 15% de los abortos se realizaban por telesalud cada mes.
• En los estados donde el aborto estaba permitido pero la telesalud estaba restringida, en promedio, el 16% de los abortos se realizaban por telesalud cada mes.
• En los estados con prohibiciones de seis semanas de embarazo, en promedio, el 28% de los abortos se realizaban por telesalud cada mes.
• En los estados donde el aborto estaba totalmente prohibido, hubo un promedio mensual de solo 30 abortos presenciales, bajo las llamadas excepciones, y más del 99% de los abortos se realizaban por telesalud.
• En 2024, el promedio mensual de abortos realizados bajo leyes de protección fue de aproximadamente 10 mil al mes.
• Los abortos realizados bajo leyes de protección representaron el 49% de todos los abortos realizados por telesalud en 2024.

Estas cifras muestran que cuando el aborto está legalmente restringido o no, la probabilidad de que una mujer se realice este procedimiento es la misma. Su prohibición no se traduce en menos abortos y más natalidad. En cambio, penalizarlo conlleva a abortos inseguros y peligrosos que causan morbilidad o mortalidad al no contar con proveedores calificados y condiciones higiénicas adecuadas.

Restricción al aborto en Estados Unidos, un paso hacia atrás para las mujeres

En 1973, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió un fallo histórico en el caso Roe vs. Wade, el cual transformó radicalmente el acceso al aborto en ese país. El caso fue presentado por Norma McCorvey, bajo el seudónimo legal de Jane Roe, una mujer soltera que intentó acceder a un aborto en Texas, donde la ley estatal lo prohibía salvo en casos donde la vida de la madre estuviera en peligro. El fiscal de distrito del condado de Dallas, Henry Wade, defendía la legislación restrictiva, lo que llevó a una batalla legal que se extendió durante varios años.

El caso fue apelado hasta llegar a la Corte Suprema, donde se argumentó que la prohibición del aborto violaba el derecho constitucional a la privacidad, protegido por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El 22 de enero de 1973, con una votación de 7 a 2, la Corte falló a favor de Roe, determinando que el derecho al aborto era parte del derecho más amplio a la privacidad personal.

Este fallo no sólo legalizó el aborto en todo el país, sino que también estableció un marco legal para regularlo, dividiendo el embarazo en trimestres. En el primer trimestre, el aborto debía estar completamente despenalizado; en el segundo, los estados podían imponer regulaciones razonables relacionadas con la salud de la madre; y en el tercero, los estados podían restringir o prohibir el aborto, salvo cuando la vida o la salud de la mujer estuvieran en riesgo.

La decisión fue un parteaguas en la historia de los derechos reproductivos y sentó jurisprudencia para más de 30 casos relacionados que se resolvieron en las décadas siguientes. Además, impulsó la creación de una infraestructura de servicios médicos seguros, legales y accesibles, reduciendo drásticamente las muertes y complicaciones por abortos clandestinos. También fortaleció movimientos feministas y de derechos civiles que luchaban por la autonomía corporal y la igualdad de género.

Sin embargo, desde sus inicios, Roe vs. Wade fue un tema polarizante en la política y la sociedad estadounidense, siendo objeto de múltiples intentos de debilitamiento legislativo y judicial por parte de sectores conservadores y grupos religiosos. A lo largo de los años, distintos estados impusieron restricciones cada vez más estrictas, como periodos de espera obligatorios, consejería forzada, o requerimientos para que clínicas cumplieran con estándares hospitalarios imposibles de alcanzar.

Finalmente, en junio de 2022, casi 50 años después del fallo original, la Corte Suprema anuló Roe vs. Wade mediante el caso Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization. Esta decisión eliminó el reconocimiento federal del derecho al aborto y devolvió a los estados la potestad de legislar sobre el tema. Como resultado, más de la mitad de los estados adoptaron leyes que restringen o prohíben casi totalmente el aborto, incluso en casos de violación o incesto.

Esta revocación no sólo marcó un retroceso sin precedentes en los derechos reproductivos, sino que también generó una crisis sanitaria y legal para millones de mujeres, especialmente aquellas en condiciones de pobreza, sin acceso a transporte o atención médica adecuada, y pertenecientes a comunidades históricamente marginadas, como las afroamericanas, latinas e indígenas.

La arremetida de la ultraderecha

Esta decisión no se da en un contexto aislado, sino en el regreso de la ultraderecha en varias partes del mundo, siendo Estados Unidos una nación representativa. Esta ideología defiende una visión conservadora y promueve políticas que limitan derechos individuales a favor de un orden tradicional basado en la identidad nacional, la religión y la autoridad de Estado. Entre sus principales características se identifica el ultraliberalismo, ultraconservadurismo, patriotismo, racismo, xenofobia, negación al cambio climático y sobre todo su oposición a ideologías progresistas como los derechos de las mujeres.

Radiografía de la derecha conservadora en el mundo. En Alemania avanzó – cimacnoticias.com.mx

Se trata de una resistencia al cambio civilizatorio en donde hay mayor conciencia sobre los derechos humanos, el racismo, el clasismo y la violencia contra las mujeres. Es gracias a ese miedo ante el nuevo orden, en el cual se encuentran los avances de las mujeres, que resurge la ultraderecha para buscar regresar a «las buenas costumbres» rompiendo con las hegemonías que por muchos años gobernaron a la sociedad.

La ultraderecha podría incidir en la vida de miles de mujeres. Comenzando con el regreso de las narrativas sobre la «buena esposa» o las «tradwife«, se trata de mujeres que creen en las dinámicas de género donde el hombre es proveedor y la mujer cuidadora. Además, aceptan “el orden natural” para cumplir con los roles de género y la feminidad, se preocupan por la familia, su valor no reside en la producción de ingresos monetarios y ayudan a administrar los recursos materiales y económicos.

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Desde esta perspectiva de la ultraderecha, se pierde las autonomías en la vida de las mujeres como la corporal desde donde reside el derecho a decidir sobre sus cuerpos o incluso la autonomía económica para que ellas estudien, se profesionalicen y se integren al mercado laboral para generar sus propios recursos y no depender de otros, generalmente los hombres.

En este contexto, la negación de derechos es parte de una estrategia ideológica que busca preservar un modelo de sociedad jerárquico y desigual. Al limitar los derechos sexuales, reproductivos, económicos y educativos de las mujeres, la extrema derecha apunta a restablecer un orden tradicional donde los roles de género: el hombre como proveedor y figura de autoridad, y la mujer como cuidadora y figura subordinada en el ámbito privado.