7/26/2025

Las mujeres, principales defensoras y cuidadoras en el sistema penitenciario: CDHMX

 Escrito por Wendy Rayón Garay 

.-Ciudad de México.– Las mujeres, tanto al interior como al exterior de los centros de reclusión se convierten en las principales gestoras de cuidados, así como las principales defensoras de derechos a pesar de seguir siendo minoría en el sistema penitenciario, lo que se traduce en una extensión de su trabajo de cuidados, así como lo señaló Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).

Los cuidados deben ser entendidos como

«Todos los recursos y las actividades que les permiten a las personas alimentarse, educarse, estar sanas y desarrollarse en ámbitos propicios- nos entraman como sociedad y ordenan el sistema social y productivo de un país: podemos crecer y desarrollarnos porque alguien nos cuida; podemos salir a trabajar porque hay alguien cuidando de nuestros hijas e hijos en nuestras casas; instituciones educativas o comunitarias; podemos trabajar mejor, con seguridad y tranquilidad, si existen escuelas, clubes, jardines y otros espacios de cuidado en nuestros barrios y en nuestros espacios laborales. En definitiva, el sistema del cuidado es la base y el sostén de la vida de una sociedad; y para garantizar su funcionamiento, se necesita de infraestructura», así lo determina ONU Mujeres en La perspectiva de género en las infraestructuras.

Son las mujeres del exterior, madres, parejas, hermanas o hijas de hombres en situación de reclusión, quienes asumen el cuidado de los hombres privados de su libertad. Ellas llevan alimentos, ropa limpia, medicamentos, realizan recargas telefónicas y otros insumos básicos. También se encargan de trámites legales, solicitudes médicas, acompañamiento emocional (por medio de llamadas y cartas), e incluso interceden ante las autoridades en casos de traslado, aislamiento o enfermedad. Muchas detectan síntomas o alertas de salud en los internos antes de que ellos mismos lo reconozcan o lo soliciten.

Cuando un hombre es encarcelado, el impacto en las redes de cuidado suele ser menor que cuando lo es una mujer. Dentro de los penales varoniles, el cuidado mutuo es limitado: no suele haber una organización sostenida para atender necesidades colectivas, más allá de apoyos puntuales entre internos. Algunos hombres cuidan animales dentro del penal como una forma de canalizar afecto y sentido de responsabilidad, pero las prácticas de autocuidado y de atención comunitaria siguen siendo débiles.

En contraste, las mujeres en prisión suelen crear activamente redes de apoyo dentro de los centros. Cuidan de compañeras enfermas, comparten productos de higiene, alimentos y se hacen cargo del cuidado de hijas e hijos que conviven en los penales. Enseñan a leer, escribir y estudiar a otras internas, generando procesos de cuidado educativo. Se organizan para mantener espacios limpios, gestionar áreas comunes y brindar contención emocional. También promueven actividades culturales y recreativas que fortalecen la salud mental colectiva.

Pese al abandono frecuente por parte de sus familias y parejas, las mujeres continúan cuidando desde el encierro: realizan llamadas para coordinar tareas domésticas o escolares, gestionan atención para familiares enfermos, y muchas participan en actividades productivas para enviar dinero a sus hogares.

En cuanto a quién cuida a las mujeres privadas de su libertad, son principalmente redes de tras mujeres externas como amigas, hermanas o madres quienes proveen afecto, visitas constantes y apoyo material. Además, organizaciones civiles y la propia CDHCM han implementado estrategias de cuidado institucional mediante talleres, asesorías jurídicas, acompañamiento psicosocial y espacios para el ejercicio de derechos.

Las mujeres en situación de reclusión también protagonizan prácticas de autocuidado con gran capacidad organizativa. Ellas mismas solicitan atención médica, exigen el cumplimiento de sus derechos, cocinan alimentos balanceados adaptados a sus necesidades de salud, y crean remedios caseros para enfrentar carencias en los servicios médicos. Se organizan para gestionar colectivamente la higiene menstrual, compartiendo productos y creando soluciones improvisadas.

Además, transforman los espacios con murales, decoraciones o jardines como actos de cuidado simbólico e identidad. El cuidado estético mutuo (peinarse, maquillarse o prestarse ropa) fortalece la autoestima y preserva la dignidad. Muchas mantienen rutinas de ejercicio, meditación o yoga para cuidar su salud física y emocional, y han creado farmacias comunitarias donde comparten medicamentos entre quienes los necesitan.

En suma, mientras los hombres en prisión siguen siendo cuidados mayoritariamente por mujeres externas, las mujeres privadas de la libertad despliegan estrategias profundas de cuidado hacia otras, hacia sí mismas y hacia quienes están fuera, sosteniendo vínculos que muchas veces no les son devueltos. Esta doble carga, cuidar dentro y desde el encierro, pone en evidencia la urgencia de repensar el cuidado dentro del sistema penitenciario, con perspectiva de género y justicia social.

Ramírez Hernández señaló que, de acuerdo con datos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario capitalina, actualmente existen 27 mil personas privadas de la libertad, de las cuales 25 mil 800 son hombres y mil 200 mujeres, lo que representa el 4.4%.

También destacó que se han abierto 164 expedientes relacionados con centros femeniles y mil 88 en centros varoniles donde la mayoría de las solicitudes, incluidas las que benefician a hombres, son tramitadas por mujeres, con porcentajes que oscilan entre el 55% y el 78%, lo que revela que ellas son las principales defensoras de derechos humanos en los penales como una extensión del trabajo de cuidados.

Durante la conferencia magistral “Cuidados y personas privadas de la libertad” Ramírez señaló que el trabajo de cuidados dentro del sistema penitenciario, tanto en centros femeniles como varoniles, recae mayoritariamente en las mujeres gracias a la feminización histórica de las tareas de cuidado, incluso en contextos de encierro. El derecho al cuidado dentro de las prisiones está atravesado por estructuras sociales y de género que determinan quién cuida, quién recibe cuidados y quién tiene la capacidad de cuidarse a sí mismo.

Cuando se habla del sistema penitenciario, la discusión pública suele centrarse en estadísticas de población, tipos de delitos o infraestructura, dejando de lado las dinámicas de cuidado, especialmente cuando las mujeres son quienes se encuentran privadas de la libertad. Según el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2024, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay 233 mil 173 personas privadas de su libertad. De ellas, 13 mil 163 son mujeres, equivalente al 5.7%, y de ese total, el 46.2% aún no cuenta con una sentencia definitiva.

Aunado a esto, muchas mujeres se encuentran en prisión preventiva, sin que se haya acreditado que representan un riesgo (para el proceso penal y personas involucradas) o después de agotar otras medidas alternativas menos lesivas. Esto es relevante porque son mayoritariamente mujeres quienes se encuentran en este estado: entre 2019 y 2024 el número de hombres en prisión preventiva aumentó 13.1% y el de mujeres alcanzó un crecimiento de 33.1%, lo que evidencia que esta medida es usada principalmente contra las mujeres.

Su encarcelamiento implica una ruptura profunda en las redes familiares y comunitarias que sostenían tareas esenciales como la crianza de hijos e hijas o la atención a personas mayores y enfermas. Muchas de ellas son privadas de su libertad por delitos relacionados con el cuidado como el robo de alimentos para sus hijas e hijos, pero incluso estando encerradas deben continuar con el trabajo de cuidados y de los derechos.

Cuidados en México

En México 19.5 millones de mujeres, entre madres, hijas y abuelas, son quienes continúan realizando principalmente las labores de cuidado no remuneradas dedicando 38.9 horas a la semana, mientras que los hombres únicamente destinan 30.6 horas en el mismo lapso de tiempo. Lo anterior provoca que ellas no puedan acceder a empleos remunerados y desencadena una serie de afectaciones físicas y emocionales que representan un obstáculo para el ejercicio pleno de sus derechos, así lo reveló la primera edición de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  

En nuestro país un total de 58.3 millones de personas son susceptibles a recibir cuidados, es decir, 45.2 por ciento del total de la población de México. Esta cifra representa al total de la población de Italia, lo cual permite dimensionar las necesidades que enfrentan un sector de la sociedad, ya que por primera vez en la República Mexicana se tiene un instrumento que mide esta labor que es realizada principalmente por mujeres.

La primera edición de la ENASIC arrojó que hay 31.7 millones de personas de 15 años y más que han brindado cuidados a personas en su hogar, de estas 22.5 millones son cuidadoras principales. 

Si desglosamos la cifra anterior 19.5 millones de cuidadoras principales son mujeres, mientras que únicamente 3 millones de hombres realizan esta labor no remunerada.  

Esta labor que limita la independencia económica de las mujeres es llevada a cabo principalmente por aquellas de 30 a 39 años de edad (31.9%), seguida de las mujeres de 15 a 29 años (25.9%) y aquellas en el rango de 40 a 49 años (22.4%).

Hambruna en Gaza desata presión internacional. Mujeres e infancias saturan hospitales y centros comunitarios

 

Los Ministros de Asuntos Exteriores de Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Grecia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza, expresaron por medio de un comunicado que el modelo de ayuda del gobierno israelí en el que se busca trasladar a los habitantes a una «ciudad humanitaria», dividiendo así al Estado de Palestina en dos partes, es peligroso.

El desplazamiento forzado permanente es una violación al derecho internacional humanitario, por lo que los gobiernos de las 29 naciones se opusieron a cualquier medida encaminada a un cambio territorial o demográfico en los territorios palestinos ocupados explicando que, de implementarse el plan anunciado por la Administración Civil de Israel, se asimilará a lo que ocurre en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, donde se han creado varios asentamientos y la violencia de colonos se ha disparado.

«Instamos a las partes y a la comunidad internacional a que se unan en un esfuerzo común para poner fin a este terrible conflicto mediante el cese al fuego inmediato, incondicional y permanente. Más derramamiento de sangre no sirve para nada (…) Estamos dispuestos a adoptar nuevas medidas para apoyar este dese y una vía política hacia la seguridad y la paz para los israelíes, los palestinos y toda la región» -29 países firmantes

La guerra entre ambas naciones es uno de los conflicto bélicos más prolongados y complejos del mundo. La principal disputa es la ocupación del territorio con una extensión de 365 kilómetros, en el cual persisten tres religiones: católica, musulmana y judía. En adherencia, es la Franja de Gaza, espacio donde se desata la guerra entre grupos militares de Israel y la organización Hamas. 

Este último, apoya el uso de violencia y fuerza para la creación de un Estado Islámico y previo al inicio de la guerra, el pasado 7 de octubre de 2023, se llevó a cabo la Operación Inundación de Al-Aqsa, con una serie de ataques coordinados por Hamas contra comunidades fronterizas en el que murieron mil 200 personas y 240 fueron secuestradas llevados a la Zona de Franja.

El ataque dio pie a que Israel declarara una guerra caracterizada por bombardeos en la Franja de Gaza que hasta el momento ya provocó la muerte de más de 45 mil personas, entre los que se estiman al menos 14 mil 500 quienes eran niñas y niños. En cuanto a las mujeres, se ha registrado que 10 mil mujeres han sido asesinadas, según se registró en el último informe de ONU Mujeres. 

Mujeres e infancias golpeados por la hambruna

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el bloqueo de ayuda humanitaria en Gaza ocurrió cuando la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) informaba sobre la mejora en la diversidad de la dieta durante el alto el fuego que se llevó a cabo el pasado 15 de enero gracias a que Palestina e Israel llegaron a un acuerdo para intercambiar rehenes, en el cual se liberaron a 3 ciudadanas israelíes, así como 90 palestinos, entre ellos 69 mujeres y 9 infantes.

Niñas y Mujeres son liberadas durante tregua entre Israel y Palestina – cimacnoticias.com.mx

Este periodo de paz permitió que las organizaciones civiles aumentaran la cantidad de suministros que necesitaba la población palestina en Gaza como alimentos, agua, vacunas para la inmunización rutinaria, suministros médicos desechables para hospitales y equipos especializados; sin embargo, la situación ya se invirtió y de nueva cuenta la destrucción afectó a 3 mil infantes y mil mujeres embarazadas o lactantes quienes fueron remitidas para recibir tratamiento contra la desnutrición aguda, según datos de la ONU.

El Hospital Especializado Al-Rantisi para Niño, uno de los pocos que aún resisten, recibe constantemente familias con niñez en estado de desnutrición extrema. No obstante, las madres también padecen la desnutrición, lo que provoca la disminución en la producción de leche materna afectando así la salud de sus hijas e hijos hasta que inevitablemente mueren.

«Junto a la cama de su bebé, la madre de la pequeña Sham Maqqat se encuentra impotente. No come lo suficiente para producir leche materna y no hay leche de fórmula disponible para salvar a su hija. “No hay leche, y no puedo amamantarla. Su salud está deteriorándose. Esperamos que se permita el ingreso de alimentos, leche y pañales para los niños. Vemos morir a nuestros hijos y no podemos hacer nada”, lamentó» -ONU en «Gaza se muere de hambre: Llamados de auxilio en medio del bloqueo».

«La madre de Hossam Al-Taramasi afirmó que la situación de su familia se ha deteriorado debido a la guerra, y muchas veces no tiene nada para alimentar a su hijo. “Es una hambruna. No puedo cubrir las necesidades de mi hijo. Entramos al hospital el viernes y desde entonces, mi hijo vive solo de suero, no puede caminar”, dijo.» –ONU en «Gaza se muere de hambre: Llamados de auxilio en medio del bloqueo».

Ante esta situación, las cocinas comunitarias se convirtieron en el único refugio para muchas familias donde se ofrece una comida diaria para calmar el hambre, ya que los mercados permanecen vacíos. De acuerdo con la OCHA, las ciudadanas y ciudadanos que buscan alimento arriesgan constantemente sus vidas e incluso las multitudes desesperadas son blancos de disparos diarios por parte de las fuerzas israelíes.

Datos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señalan que entre el 27 de mayo y 21 de julio, mil 54 personas palestinas murieron a manos del ejército israelí en Gaza mientras intentaban acceder a alimentos. De ellos, 766 murieron en las inmediaciones de los emplazamientos de la fundación privada GHF y 288 alrededor de los convoyes de la ONU y de otras organizaciones de ayuda.

Las consecuencias de la guerra para las palestinas

De acuerdo con el último informe de ONU Mujeres, publicado en abril de 2024, desde el comienzo del conflicto bélico, niñas y mujeres no han podido atender sus necesidades básicas como comer, beber agua, ir al baño, usar toallas sanitarias, ducharse o cambiarse de ropa. A este panorama se suma que algunas se están enfermando, deben hacer el trabajo de cuidados y han quedado en estado de viudez. 

De manera general, se han llevado a cabo desplazamientos internos, la mayoría vive en Rafah, al sur de la Franja de Gaza, sin tener un lugar seguro al cual ir. Las escuelas, instituciones gubernamentales y los refugios están abarrotados, limitando la capacidad para ofrecer servicios como agua y comida.

Refugios con capacidad de 2 mil lugares, están cuidando de hasta 20 mil personas y 650 tienen acceso a una letrina para ir al baño. También hay que contemplar que hay personas que habitan en tiendas de campaña sobre las calles de la zona.

Antes del 7 de octubre, el acceso al agua ya era limitado como resultado de décadas de la ocupación israelí, más de un millón de palestinos en Gaza no reciben servicios de agua y saneamiento, por lo que dependían de camiones para acceder a agua potable. Esta sustancia resulta vital para la vida humana, pero sobre todo para las niñas y mujeres quienes necesitan satisfacer sus necesidades de consumo y domésticas. 

Algunos datos encontrados en el informe respecto a las niñas y mujeres son:

  • 1,1 millones de mujeres necesitan el acceso al agua potable.
  • 337 mil 057 niñas y niños menores de cinco años corren un riesgo particular de contraer enfermedades transmitidas por el agua.
  • Más de 540 mil mujeres y niñas en Gaza están en edad reproductiva y necesitan acceso a artículos adecuados para apoyar la higiene, la salud, la dignidad y el bienestar.
  • Se necesitan 10 millones de compresas menstruales desechables cada mes para cubrir las necesidades y preservar la dignidad de las mujeres.
  • La privacidad para la gestión de la higiene menstrual de más de 690 mil mujeres y niñas en Gaza es limitada.
  • 107 mil mujeres y hombres de edad avanzada enfrentan riesgo a contraer hepatitis A.
  • Las niñas y mujeres están en riesgo de exponerse a enfermedades infecciosas mientras realizan el trabajo de cuidados con sus familiares enfermos.
  • Hay un desafío particular al ayudar a personas con discapacidad motoras y múltiples, ya que se requieren de herramientas, equipos e instalaciones especializadas para dar servicios necesarios.

Prensa en Gaza

Mientras Israel despliega estrategias para adueñarse de Palestina, la guerra junto con los bloqueos humanitarios ya provocó no solo problemas para encontrar alimentos en la población palestina, sino también en personas periodistas. El pasado 21 de julio, la agencia de noticias AFP denunció las afectaciones en la salud de sus colaboradores periodistas en la Franja de Gaza, entre ellos, un escritor independiente, tres fotógrafos y seis guionistas de video desde 2024, cuando la prensa internacional quedó vetada del territorio.

Uno de ellos es Bashar un hombre de 30 años quien trabaja para la agencia desde el 2010 como fotógrafo. Hace unos días atrás publicó en su red social Facebook que no tenía fuerzas para continuar ante la hambruna, la cual ya le provocó un cambio físico y la muerte de su hermano. Al igual de los gazatíes, el colaborador tiene que moverse de un campo de refugiados a otro según son bombardeados por Israel y tan solo en un año trabaja desde la indigencia, falta de higiene personal y con alto riesgo de morir.

Pese a que los periodistas de AFP reciben un salario mensual, no existen víveres para comprar y los que existen están en precios exorbitantes. Asimismo, el sistema bancario desapareció, y quienes intercambian dinero entre cuentas bancarias en línea y efectivo cobran una comisión de casi el 40%, reportó la agencia. Tampoco cuentan con un vehículo para desplazarse ante la falta de combustible y la posibilidad de ser un blanco de la fuerza aérea de Israel.

«Vemos que su situación empeora. Son jóvenes y les fallan las fuerzas. La mayoría ya no tiene la capacidad física para desplazarse por el enclave y realizar sus trabajos (…) en los últimos días hemos entendido por sus breves mensajes que sus vidas ya no dependen de gran cosa y que su valentía, dedicada durante muchos meses a informar al mundo entero, no les ayudará a sobrevivir» -Agencia AFP

Organizaciones llevan a CIDH diagnóstico del impacto del crimen organizado en derechos humanos

 

.-Ciudad de México- El pasado 23 de julio, 18 organizaciones de la sociedad civil de América Latina presentaron, en una audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un diagnóstico sobre el impacto del crimen organizado en los derechos humanos, entre las que se incluyeron estrategias impulsadas desde los territorios para hacer frente a este fenómeno, el cual profundiza la violencia contra las mujeres y niñas.

De acuerdo con el informe «La violencia contra las mujeres y niñas en contextos de crimen organizado» de Iniciativa Spotlight, los cárteles y organizaciones criminales tienen una larga trayectoria en los países de América Latina. Por ejemplo, los carteles mexicanos se establecieron en áreas estratégicas del país y fueron dirigidos por familias locales. En 1990, hubo un proceso de transformación con un nuevo modus operandi en la búsqueda de control del territorio (plazas) y de la población (piso).

La violencia contra mujeres por parte del crimen organizado puede darse bajo diferentes contextos, ya sea porque participan activamente; viven o transitan en territorios donde estos operan; están en situación de vulnerabilidad por su vulnerables por su nivel económico, social o étnico; por ser pareja o familiar de un hombre vinculado a grupos criminales; o cuando se trata de mujeres defensoras de derechos humanos, periodistas o activistas, y cuyas actividades son percibidas como una amenaza. La vulnerabilidad de las mujeres en contextos de crimen organizado radica en la proximidad (territorio, afectivo, laboral o social) que entrelaza la violencia en niveles múltiples.

Gráfica elaborada por Iniciativa Spotlight

Poco a poco, transportar drogas se volvió insuficiente, por lo que expandieron sus actividades en la extorsión y el cobro de piso. En 2006, se desataron diversas disputas por el control de plazas con otras organizaciones criminales, sobre todo en zonas rurales donde se lleva a cabo el transporte de drogas. De acuerdo con International Crisis Group, 2019 fue el año más violento en la historia mexicana gracias a la escalada de enfrentamientos del crimen organizado.

La «guerra contra el narcotráfico» emprendida en el gobierno de Felipe Caldearon para buscar combatir el crimen organizado no hizo más que dividir aun más la lucha por el control del territorio y ahora, existen dificultades para contabilizar el total de grupos criminales que existen en México. El informe de International Crisis Group encontró alrededor de 463 grupos criminales (135 cárteles) que operan en México entre 2009 y 2019 y concluyó que cuando aumentan estos grupos, la violencia también lo hace.

En este contexto, las mujeres corren mayor riesgo de sufrir violencia por el crimen organizado basado en la discriminación de género que es visible de diferentes formas como presiones, amenazas y acoso hasta que son asesinadas. En los territorios gobernados por el crimen organizado disminuye la probabilidad de que los familiares denuncian los feminicidios de las mujeres.

«En estos territorios, la violencia contra las mujeres y el feminicidio ganan el estatus de una “exhibición de capacidad de dominio que debe ser reeditada con cierta regularidad” y el poder de los grupos crimina se les condiciona a que den “muestra pública dramatizada a menudo en un acto predatorio del cuerpo femenino”» -Iniciativa Spotlight, en «La violencia contra las mujeres y niñas en contextos de crimen organizado».

La audiencia fue solicitada por: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia; Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA); Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos “Defendemos Derechos” de Ecuador; Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY); Cristosal; Fundación Heinrich Böll México y Centroamérica; Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); Justicia Transicional en México (JTMX); Laboratorio de Justicia y Política Criminal; Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, promotora de la Red ALAS-América Latina Alternativa Social; Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ); Programa “Somos Defensorxs” de Colombia; Proyecto Crime-Lab de la Fundación Panamericana para el Desarrollo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT); Sinodar; Transparencia Venezuela; y el Working Group for Research on Illicit Networks in Latin America.

El diagnostico de las organizaciones


Durante la audiencia «Desafíos de los sistemas de justicia en investigaciones de delincuencia organizada y estrategias innovadoras desde la ciudad civil», las organizaciones alertaron sobre la expansión y transformación del crimen organizado en América Latina como un fenómeno en el que el narcotráfico abarca diversas actividades económicas ilícitas como la trata de personas, la minería ilegal, el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro, la desaparición forzada y el lavado de activos.

Asimismo, apuntaron que el crimen organizado no opera solo, sino en redes complejas, flexibles y transnacionales en donde se involucran actores estatales, empresariales y financieros: “la delincuencia organizada no sólo genera violencia física, sino que corroe la legitimidad democrática, socava el Estado de derecho y limita gravemente el ejercicio de los derechos humanos en amplios sectores del territorio latinoamericano” expuso una de las organizaciones.

Además de visibilizar los impactos graves y sostenidos sobre los derechos humanos, la información presentada por las organizaciones peticionarias busca contribuir al proceso de elaboración de la próxima resolución temática de la CIDH sobre crimen organizado y derechos humanos. Las organizaciones subrayaron que estas redes ilícitas no solo ejercen violencia directa sobre comunidades enteras, sino que han penetrado estructuras estatales, capturado instituciones de justicia y profundizado la desigualdad y la impunidad.

Entre las experiencias y propuestas se encuentran la producción de conocimiento independiente, investigación de redes criminales, protección integral de personas defensoras y el uso social de los bienes decomisados a organizaciones delictivas, esto con un enfoque de derechos humanos. Estas estrategias ya han sido impulsadas anteriormente por las organizaciones ante la inacción del Estado, convirtiese en herramientas clave para el monitore, denuncia reparación y prevención de la violencia.

Por ello, las principales recomendaciones que hicieron ante la CIDH y a los Estados de la región fueron fortalecer la investigación penal estratégica de los Ministerios Públicos con enfoques de análisis de redes, contexto y economía criminal; garantizar acceso público e interconectado a datos claves; reconocer y proteger a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y líderes y lideresas comunitarias; impulsar normativas que permitan la reutilización social de bienes decomisados; y establecer canales sostenidos de diálogo y participación efectiva con la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de políticas frente al crimen organizado.

Para las organizaciones, sin la participación activa de la sociedad civil, así como respuestas articuladas, los Estados enfrentaran el crimen organizado sin herramientas suficientes, por lo que es indispensable generar conocimiento colectivo en acciones concretas que garanticen justicia, verdad y reparación para las víctimas, así como condiciones de vida digna para las comunidades afectadas.

Mujeres periodistas centroamericanas frente al exilio: obstáculos y resiliencia

 

.-Ciudad de México.– Violencia sexual, psicológica, amenazas de muerte e intimidación han orillado a decenas de mujeres periodistas centroamericanas al desplazamiento forzado, como única vía para salvaguardar su integridad y la de sus familias, así lo confirma el informe La mochila invisible: desafíos y resiliencia de periodistas centroamericanas en el exilio, quien expone 13 testimonios de nicaraguenses, hondureñas, guatemaltecas y salvadoreñas, quienes relatan los desafíos que implica vivir el exilio ante la nula protección por parte del Estado.

Ser mujer y periodista en territorio centroamericano implica enfrentar un doble riesgo y discriminación: por ser mujeres y por ser periodistas. De acuerdo con una coalición de organizaciones de promoción y defensa de la libertad de expresión, las agresiones contra mujeres periodistas constituyen el 20% del total registrado durante el primer semestre de 2024, en territorios centroamericanos.

Esta situación responde a un exilio masivo documentado en El Salvador, Cimacnoticias reportó el pasado 18 de julio de este 2025 que tras 25 años de operaciones, Cristosal, una de las principales organizaciones dedicadas a denunciar la corrupción y las violaciones a los derechos humanos en ese país anunció la suspensión de sus labores y el abandono de su territorio, ante la creciente criminalización contra defensoras de derechos bajo el régimen del gobierno de Nayib Bukele, señalado por diversas organizaciones de silenciar sistemáticamente a quienes critican su régimen y además exigen la liberación de la defensora Ruth López.

Uno de los casos más representativos de esta represión es el de Ruth López, directora anticorrupción de Cristosal, detenida el 18 de mayo por presunto enriquecimiento ilícito. Tanto ella como la organización han negado las acusaciones, denunciando que se trata de una venganza política debido a sus investigaciones y a su voz crítica frente a un gobierno que presume un aparente progreso.

Cabe señalar que desde su llegada al poder en 2019, Bukele comenzó a sentar las bases de un gobierno autoritario, que se consolidó en 2022 con la implementación del estado de excepción bajo el argumento de combatir a las pandillas. Sin embargo, esta medida provocó un recrudecimiento de violaciones a derechos humanos y casos de tortura por parte del Estado, denunciados por defensoras y periodistas, quienes han sido amenazadas, obligadas al exilio o incluso criminalizadas. De acuerdo con la Organización Mundial Contra la Tortura, al menos 34 personas defensoras de derechos humanos permanecen encarceladas en el país.

Para silenciar las voces críticas de las mujeres se utilizan agresiones diferenciadas como discursos misóginos centrados en menospreciar su apariencia física, su sexualidad y su rol de madres, aspectos que no suceden contra sus colegas hombres. Además, la violencia sexual se presenta como un arma recurrente de represión, utilizada para causar daño, lo cual deja secuelas irreparables.

Ante esta situación, las mujeres periodistas se ven obligadas a huir frente a este contexto que las pone en total peligro, no obstante,  a su llegada al territorio receptor, se encuentran con nuevos retos.

Un primer obstáculo que enfrentan las mujeres periodistas exiliadas es la regularización de su situación migratoria, pues de ello depende su estabilidad económica, su integración sociocultural en el país de destino, su salud física y mental y la posibilidad de seguir ejerciendo su profesión, según coinciden los testimonios de las trece periodistas nicaragüenses, salvadoreñas, guatemaltecas y hondureñas.

De acuerdo con los estándares internacionales sobre el refugio, las mujeres periodistas obligadas a salir de sus países por el ejercicio de su profesión tienen derecho a la protección internacional. Sin embargo, en la práctica se enfrentan a las políticas migratorias que establece cada país de forma discrecional.

La solicitud de asilo no es una opción sencilla para las periodistas, ya que, en un principio, implica no poder regresar a su país de origen en el corto plazo, lo cual puede aumentar las secuelas emocionales del desarraigo. Sin embargo, lo más complejo radica en adentrarse en un proceso burocrático que generalmente es tedioso y caro.

“Formalicé la solicitud de asilo en Estados Unidos en septiembre de 2022, pero mi proceso avanza a paso de tortuga, pues el equipo de abogados que contraté me está cobrando 15 mil dólares. Volví a tocar puertas con otras organizaciones, buscando apoyo económico, pero ninguna me respondió”, declaró Claudia, periodista salvadoreña.

Zahar, coordinadora para América Latina y el Caribe del CPJ, señaló que los trámites migratorios son procesos lentos, lo cual coloca a las mujeres periodistas desplazadas en una situación de extrema vulnerabilidad, puesto que, ante la falta de documentación, se limita su ejercicio de derechos básicos y su acceso a servicios básicos tanto para ellas como para sus hijos.

Precariedad económica

La falta de estabilidad económica y de documentos legales en sus países de acogida limita su acceso a sistemas de salud pública, dejándolas en una situación de vulnerabilidad donde la atención médica se convierte en un privilegio más que en un derecho. Algunas no pueden costear consultas privadas ni tratamientos específicos, lo que las expone a riesgos de salud no atendidos, especialmente en lo que respecta a controles ginecológicos, acceso a anticoncepción o seguimiento de enfermedades preexistentes.

Una periodista de Nicaragua relató que, durante dos años de resguardo dentro de su país debido a la persecución que sufrió por su labor, no pudo acceder a atención médica a pesar de tener derecho a ella. “Si vos estás en una casa de seguridad y estás tratando de pasar desapercibida, no puedes ir a un hospital a pasar una consulta porque queda un registro y una tiene el temor de que avisen a la policía”, explicó.

Tras salir de su país de origen y llegar a Costa Rica como periodista exiliada, la situación no mejoró, puesto que los precios de las consultas eran sumamente altos. Incluso declara que el poder costear una cita ginecológica se volvió impensable, ya que los precios se duplicaban o hasta triplicaban en comparación con Nicaragua.

El acceso a la salud y a otros servicios básicos se vuelve inaccesible debido a la precariedad económica a la que se enfrentan ante la falta de empleo tras su llegada a un país desconocido. Se ven obligadas a insertarse en cualquier tipo de trabajo, lo que las aleja de su carrera. Además, el desafío no radica únicamente en encontrar empleo, sino en conseguirlo en condiciones dignas. En ocasiones, el trabajo autónomo es la única alternativa existente, donde la inestabilidad financiera es un hecho constante.

Además, las restricciones migratorias impiden a las mujeres obtener permisos de trabajo, lo que las obliga a buscar alternativas en el sector informal. Una periodista declaró que se vio obligada a la venta de pasteles para sobrevivir, además de cuidar niñas y niños. No obstante, al no tener ningún empleo fijo, cada mes surge la ansiedad, el miedo y la incertidumbre de no saber si podrá pagar la manutención del hogar.

Ejercer el periodismo desde el exilio

Algunos testimonios argumentaron que se vuelve complejo ejercer su profesión dentro del exilio, debido a que tienen que recuperar y reconstruir las relaciones que se requieren para la profesión, es decir, tienen que empezar desde cero. El desplazamiento forzado acarrea el debilitamiento o la pérdida total de las relaciones con las fuentes de información en los países de origen, de modo que registrar, verificar y difundir hechos noticiosos a distancia no es una tarea sencilla.

Cabe resaltar que a las periodistas les cuesta más obtener reconocimiento público que a sus colegas hombres, de modo que la reconstrucción de su identidad profesional supondrá un reto todavía mayor. Lucía Lagunes Huerta, directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), subraya que muchas periodistas se enfrentan a la desestimación de sus capacidades intelectuales, además de ser catalogadas por sus agresores como “personas peligrosas”.

Asimismo, ante el nulo conocimiento de cómo funciona la agenda del país receptor, requieren por largos plazos comprender integralmente el funcionamiento de las instituciones y el desempeño de los actores políticos, económicos, sociales y culturales en los países de destino. Sumado a ello, si el país es de habla no hispana, la falta de dominio del idioma podría representar una barrera innegable para una comunicación eficaz.

Aunado a esto, hay periodistas que colocan resistencia a ello, por lo que han recurrido al trabajo independiente ofreciendo sus servicios a clientes o empresas sin estar vinculadas a estas. Un ejemplo de ello es Patricia, quien ha recurrido a esta opción, ahora vende sus notas informativas de migrantes guatemaltecos dentro del territorio estadounidense.

En esa misma línea, Diana, quien corre riesgo de encarcelamiento en El Salvador, ha aprovechado su situación para conseguir en el exterior fuentes de financiamiento que le permitan mantener y consolidar el medio feminista que fundó. Se ha propuesto ampliar la cobertura informativa a asuntos de interés en otros países de Centroamérica y México.

Viabilizar lo oculto

Dentro de los testimonios recopilados, las periodistas coincidieron en que falta darle mayor foco a esta situación de violencia que están enfrentando tanto dentro de su territorio como por fuera, pues existe un total desconocimiento de esta crisis de derechos, lo que impide que sean vistas y escuchadas con atención y empatía.

Ante esta situación, las salvadoreñas Claudia, Julieta y Diana han buscado, como modo estratégico de resistir y persistir en el ejercicio del periodismo, visibilizar su situación desde el exilio mediante su incorporación activa en acciones colectivas para poner de manifiesto el éxodo.

“Ni dentro ni fuera de El Salvador se habla lo suficiente sobre las implicaciones de la violencia de género y de por qué hay que incluir un componente de género en la resolución de este tipo de problemas”, afirma una de ellas. “Lo primero que hay que hacer es crear espacios para tomar conciencia de las fuentes de discriminación”, agregó.

Asimismo, otra forma de resistir ante el desplazamiento forzado que genera el debilitamiento del ejercicio de su profesión es mediante el apoyo colectivo entre el mismo gremio u organizaciones feministas. Periodistas como Casey Flores, de Nicaragua, se han resguardado en la red de PCIN para desarrollar proyectos periodísticos colaborativos y continuar ejerciendo la profesión. “Entonces, hay algo de luz”, expresa.

“Estas redes de solidaridad no solamente son gremiales, sino también hay que acercarlas con las mujeres feministas. La sororidad no se decreta, se teje”, declaró Lucía Lagunes Huerta, directora de CIMAC

Sin consultar a movimientos de mujeres, PRI busca legalizar el trabajo sexual en México

 

Hay que recodar que CEDAW emitió un documento de Observaciones finales sobre el décimo informe periódico de México al Estado mexicano el 7 de julio luego de su comparecencia el 17 y 18 de junio de este año donde presentaron el décimo informe periódico. Como puntos de preocupación externaron en el apartado 15 inciso a: «la fragmentación de la legislación penal a nivel federal y estatal, la aplicación inconsistente de protocolos sensibles al género y el uso de procedimientos penales abreviados en casos de violencia de género contra mujeres y niñas».

Zamora Gastélum plantea reconocer a las y los trabajadores sexuales como no asalariados y sujetos de derechos, por lo que considera en su iniciativa que las autoridades deberán garantizar sus derechos humanos, laborales, sociales y económicos.

Sin embargo, Zamora Gastélum no incorpora una perspectiva de los derechos humanos de las mujeres en esta iniciativa invisibilizando que una de las formas más comunes de la trata de personas con fines de explotación sexual está encubierta como prostitución consensuada, en donde 9 de cada 10 víctimas son mujeres, esto se debe a la manifestación de las desigualdades históricas que ha puesto a las mujeres en posiciones de subordinación ante los hombres.

De acuerdo con la definición que otorga el diputado Zamora Gastélum al trabajo sexual en su iniciativa la señala como:

«Toda actividad ejercida por una persona mayor de edad de manera libre, consensuada, independiente y sin ningún vicio del consentimiento, por medio de la cual preste servicios sexuales, eróticos o de acompañamiento de manera física, por medios impresos, electrónicos o digitales a personas mayores de edad y a cambio reciban una remuneración económica o en especie. Lo anterior, de conformidad con las condiciones de tiempo, modo y lugar establecidas de común acuerdo entre la persona prestadora del servicio y la persona contratante de manera verbal o escrita».

Cabe señalar que, de acuerdo con Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés), el abolicionismo de la prostitución es un punto de vista feminista y un modelo teórico-jurídico que considera que debe ser abolida, es decir, derogada sin vigencia legal, del sistema social como defensa de la dignidad de las mujeres. Por ese motivo propugna que, con el objetivo de erradicar esa actividad, carezca de reconocimiento en el mundo jurídico.​

La teórica feminista plantea que se piensa que al nombrar la explotación sexual de mujeres como prostitución, se dignifica a la persona para que pueda ejercerla con prestaciones sociales, reglamentaciones y sin ningún riesgo para su integridad física y psicológica. Sin embargo, la mal catalogada «la profesión más antigua del mundo», está cargada de violencia que se manifiesta en la explotación, la esclavitud y la violencia de género donde las mujeres han sido sometidas a la disposición sexual de los hombres.

Para el feminismo abolicionista, la prostitución debe ser abolida, es decir, erradicada, no prohibida, porque es una institución patriarcal basada en la desigualdad entre mujeres y varones. Esta corriente teórica considera que la explotación sexual y la prostitución son fenómenos inescindibles. Considera a la prostitución como un sistema de la opresión sexista, racista y clasista.

De acuerdo con el artículo «Estadísticas cuantitativas y cualitativas para medir el efecto de las nuevas formas de criminalidad violenta contra las mujeres: los delitos en materia de trata de mujeres, niñas y adolescentes y sus vínculos con la delincuencia armada» de la abogada feminista Teresa C. Ulloa Ziáurriz, la trata de personas y sus formas de esclavitud y explotación sexual son el segundo negocio ilícito más lucrativo a nivel mundial.

El diagnóstico «Agenda integral de política pública: Acceso a la justicia reparación del daño y restitución de derechos de las personas sobrevivientes a la trata de personas con fines de explotación sexual», indica que se desconoce la cifra exacta del número de víctimas de trata, ya que esta práctica ha operado desde la clandestinidad y normalización.

Algunas estimaciones muestran la existencia de 49.6 millones de personas que viven en estas condiciones: 30% se encuentran en América Latina y el Caribe, y alrededor de 270 mil en México. Además, son mayoritariamente las mujeres y menores de 18 años quienes quedan atrapadas bajo este sistema: 65% de las víctimas son mujeres y 35% hombres.

En México ya son varios intentos por legalizar esta violencia, sobre todo en la Ciudad de México. En 1986 se hizo un reordenamiento a través de credenciales, puntos tolerados y representantes; existe la recomendación 8/94 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre derechos humanos de trabajadoras sexuales; y se emitió el amparo 112/2013 que reconoce «el derecho de ser trabajadoras no asalariadas».

La propuesta del diputado Mario Zamora Gastélum especifica que, la «prestación de servicios sexuales» quedará expuesta como licita; sin embargo, se sancionará cuando no exista consentimiento o se atente contra la vida, libertad o dignidad de la persona. Añade que, deben existir condiciones de tiempo, modo y lugar establecidos de forma verbal o escrita entre ambas partes.

Esta distinción entre el consentimiento queda difusa, ya que existe todo un sistema que opera detrás de la prostitución y del que muchas mujeres no pueden salir. Durante la presentación de la agenda de trata en la Cámara de Diputados el pasado 6 de junio, documentada por Cimacnoticias, el académico tlaxcalteca Oscar Montiel y la doctora Alicia Mesa Bribiesca, señalaron que el sistema proxeneta es una organización compuesta por una tríada de actores primarios prostituidores, prostituyentes y mujeres en situación de prostitución:

Presentan agenda para reparar y restituir derechos de sobrevivientes de trata de personas con fines de explotación sexual – cimacnoticias.com.mx

ObjetivoLa esclavitud a fin de prostituir a mujeres y niñas
Los actores primariosProxenetas o prostituidores, no precisamente tienen que ser personas, pues en ocasiones, pueden ser entidades.
Actores secundariosPersonas cercanas a los primarios que permiten, encubren y se benefician de este sistema, pueden ser empleados de estos espacios o funcionarios que reciben retribuciones económicas a cambio de silencio.
Poderes de dominio Para reclutar, someter, trasladas y esclavizar
Tabla con información de «Agenda integral de política pública: Acceso a la justicia reparación del daño y restitución de derechos de las personas sobrevivientes a la trata de personas con fines de explotación sexual»

Por otra parte, al ser reconocidas como «personas trabajadoras no asalariadas», la iniciativa ordena al Estado garantizar derechos humanos, laborales, sociales y económicos como acceder a la seguridad social conforme al artículo 13° de la Ley del Seguro Social; tener servicio de salud gratuitos; ejercer en condiciones salubres, seguras y libres de violencia; y contar con servicios de procuración e impartición de justicia.

Asimismo, el articulo 357° del proyecto determina que la Secretaría del Trabajo y Prevención Social junto con la Autoridad Registral deberán crear un registro voluntario que tiene como objetivo crear políticas públicas sobre los delitos en materia de trata de personas; garantizar servicios de salud; impulsar el ejercicio del trabajo sexual y la creación zonas seguras; y finalmente diseñar protocolos y mecanismos de prevención y atención a las víctimas de violencia por el ejercicio del trabajo sexual.

Por lo que, la propuesta de legalizar la trata de personas con fines de explotación sexual pone en peligro a las mujeres quienes se encuentran atrapadas en la prostitución, ya que no se plantea cómo discernir en la práctica entre una mujer que está siendo obligada. A esto se suma, que se perpetúa la violencia contra las mujeres al reconocerlo como un trabajo.

Programa «Abogadas de Mujeres», solo operará con 5 litigantes por entidad

 

Este programa se suma a las 678 abogadas de los Centros Libre, los cuales están con miras a tener una orientadora jurídica en cada uno de ellas. En este día de inauguración, se supo que el Programa de Abogadas de las Mujeres, tendrá gestiones con gobernadoras y gobernadores de todo país para que sumen con presupuesto estatal y pueda contratarse más personal, como ya lo hizo la gobernadora Mara Lezama Espinosa de Quintana Roo, quien logró sumar 15 abogadas y 5 psicólogas al proyecto de su estado.

Sheinbaum Pardo explicó que este programa está respaldado gracias a las modificaciones legales aprobadas en la Constitución y es parte de un programa integral de atención que incluye a los Centros LIBRE, espacios de apoyo y servicios para mujeres, de los cuales se construirán 678 este año y cuya meta sexenal es tener uno en cada municipio.

Los Centros LIBRE son espacios dedicados a la atención de mujeres a nivel nacional con una inversión de 754 millones 538 mil 872 pesos, donde se cuenta con asesoría jurídica y psicológica para las víctimas de violencia de género.

Cabe señalar que los Centros LIBRE se presentaron sin una fecha establecida para conocer resultados reflejados en la vida de las mujeres, niñas y adolescentes, tampoco se habló de indicadores y cómo enfocarían su atención y las violencias que enfrentan sus mujeres.

En este punto, es necesario recordar que la Red Nacional de Refugios, consideró que el Gobierno de México ha priorizado la creación de los Centros LIBRE (Lucha, Igualdad, Bienestar, Respeto y Empoderamiento), y ha instalado 232 centros en al menos 15 estados acelerado su implementación en todo el país. No obstante, esta inversión no ha sido la misma para los Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia y en su caso sus hijas e hijos.

Las defensoras de la RNR, detallaron que esta diferencia no es solo técnica o presupuestal, «es profundamente política», porque mientras a los nuevos programas se les garantiza operación inmediata, los refugios —que han salvado vidas, prevenido feminicidios y acompañado procesos de autonomía— son precarizados.

Durante la presentación de las Abogadas de las Mujeres, las autoridades de nivel federal quienes estuvieron presentes no detallaron cómo lograrán combatir la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres al solo contar con 5 litigantes por estado. Por ejemplo, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en delitos de violencia familiar solo la Ciudad de México de enero a junio del 2025 suman 17 mil 182 casos y el estado de México, 12 mil 891.

Imagen del SESNSP

A esta presentación también acudieron Citlali Hernández titular de la Secretaría de las Mujeres; Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación; Ernestina Godoy Ramos, Consejera Jurídica de la Presidencia, Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Hay que resaltar que las Abogadas de las Mujeres, son parte de la Estrategia de Atención Integral (EAI) del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM), a través de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF).

Estas 838 abogadas brindarán asesoría legal integral gratuita a mujeres que soliciten el servicio, darán seguimiento a los casos; brindarán asesoría y acompañamiento jurídico especializado para el inicio de denuncias o carpetas de investigación, coordinando acciones para que se otorguen servicios integrales (médicos, psicológicos y  jurídicos especializados), incluido el trámite de medidas de protección y brindarán acompañamiento ante las fiscalías  especializadas o autoridad competente.

Con el propósito de dimensionar la situación de violencia contra las mujeres a nivel nacional, y de acuerdo con datos de la EncuestaNacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 (ENDIREH) publicada por el INEGI, de un total de 50.5 millones de mujeres de 15 años y más, que representan el 51.2% de la población de estas edades, el 70.1% ha experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida. 

La violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia (51.6 %), seguida de la violencia sexual (49.7 %), la violencia física (34.7 %) y la violencia económica, patrimonial y/o discriminación (27.4 %). Según el ámbito de ocurrencia,  es el ámbito comunitario donde las mujeres a lo  largo de su vida experimentan  más violencia (45.6%).

Asimismo, tomando los datos que arroja la estadística del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra  las Mujeres (BANAVIM), del periodo comprendido del 2008 a octubre del 2024, se tiene registro de más de 2.2 millones de casos de violencia contra las mujeres, de los cuales se ha podido identificar que un 90.7% de los casos en el ámbito familiar, 135 mil casos de violencia comunitaria; 77.6% de los registros corresponden a violencia psicológica; 916 mil 377 de los casos  se indicó la presencia de violencia física.

La mayoría de estas mujeres tienen una edad entre los 19 a los 40 años.

Recordemos que fue el pasasdo 28 de febrero de 2025, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Acuerdo por el que se emiten los lineamientos del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM), mediante el cual se emiten en su Anexo 1, las consideraciones para el diseño e implementación de la Estrategia de Atención Integral (EAI), que tiene como finalidad brindar servicios de atención dirigidos a las mujeres para promover sus derechos humanos, impulsar su autonomía económica, prevenir y atender las violencias, apoyar la consolidación de redes comunitarias y el cambio cultural.

Estos lineamientos del programa de atención integral para el bienestar de las mujeres para el ejercicio fiscal 2025, formaron parte de los 100 compromisos, asumidos por Sheinbuam como la creación de la Secretaría de las Mujeres, reconocimiento de derechos agrarios de las mujeres, la Cartilla de derechos para ellas y el establecimiento de un sistema nacional de cuidados en colaboración  con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).

De acuerdo con los lineamientos publicados uno de los elementos que ha demostrado mejores resultados y que contribuye a implementar la política de Igualdad Sustantiva y de prevención, así como atención de las violencias  contra las mujeres, es el apoyo  a los Mecanismos  para el Adelanto de lasMujeres (MAM) para que implementen medidas  especiales de carácter temporal que  generen y propicien beneficios directos a las mujeres.

En este sentido, la operación del Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres (PROABIM), así como del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, (PAIMEF) ha sido una respuesta específica del Gobierno de México para promover e impulsar a nivel local, el diseño e implementación de políticas públicas que favorezcan condiciones para el desarrollo humano, el ejercicio pleno de derechos, el empoderamiento, la inclusión social de las mujeres, así como el acceso a una vida libre de violencias.

La convocatoria

Este “programa insignia” del gobierno de Sheinbaum creó un equipo de abogadas de mujeres profesionistas en Derecho de las 32 Entidades Federativas del país que se registraron en un programa para ser evaluadas y seleccionadas.

La evaluación de las aspirantes incluyó conocimiento de temas como la Defensa de derechos humanos de las mujeres; manejo de casos prácticos relacionados a violencias de género, así como de la Ley General y local de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias; acompañamiento legal a víctimas de violencias de género; atención a mujeres víctimas de violencias; delitos de Género y proceso derecho penal, familiar, civil, constitucional o amparo.

Se les pidió que no contaran con algún impedimento o conflicto de interés para intervenir en litigios o realizar representación gratuita.; no ser titular, socia o pertenecer a un despacho jurídico privado al momento de la contratación. Tener obligatoriamente Licenciatura en Derecho con título y cédula profesional. Deseablemente maestría, especialidad, posgrado o afines en derecho. y deseable el dominio de alguna lengua indígena (en municipios con población indígena predominante).

El antecedente

El pasado lunes 4 de marzo del 2019, la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shenbuam Pardo, puso en marcha la estrategia “Abogadas de las Mujeres en el Ministerio Público” como respuesta  a la violencia de género, la cual consistió en que cada una de las 78 agencias del Ministerio Público de la ciudad estaría, al menos, una abogada que atendiera personalmente a las mujeres que se presentarab a levantar una denuncia de violencia por razones de género.

Este grupo de abogadas estuvo repartido a lo largo de las 16 alcaldías en todas las agencias del MP, y se ubicaron en puntos estratégicos de las oficinas de modo que sea muy visible su presencia para cualquier persona que se presente en dicho lugar y que pudiera requerir su ayuda.

Su trabajo consistió en responder a las solicitudes de mujeres ante situaciones de violencia; las abogadas estaban capacitadas para identificar situaciones de riesgo para las denunciantes, incluyendo violencia feminicida. Evaluarían el nivel de violencia presente en la denuncia a iniciar, y explicarían a las denunciantes qué opciones de protección y servicios tenían para ellas y sus familias, previo al proceso ante el Ministerio Público.

La Abogadas de las Mujeres CDMX; estarían en un horario de atención de 8 de la mañana a 9 de la noche, los 365 días del año. Por la noche, podrían acercarse a la Línea Mujeres: 56-58-11-11; de las 21:00  a las 08:00 hrs. para recibir vía telefónica orientación jurídica, ayuda emocional o atención a emergencias.

La estrategia nació en el marco del acuerdo firmado el pasado 1 de febrero para implemntar acciones que buscan proteger a las mujeres y a toda la ciudadanía, como:

  • -Ministerios Públicos Móviles en las estaciones del Metro.
  • -Reforzamiento de la vigilancia al interior y exterior del Metro con Policía Bancaria e Industrial.
  • -Recuperación y mejoramiento de luminarias al exterior de las estaciones del Metro y paraderos.
  • -Difusión del número telefónico 55-33-55-33 del Consejo Ciudadano, para recibir y canalizar a la PGJ denuncias por violencia de género.
  • -Reapertura de carpetas de investigación iniciados en la administración pasada, por las fiscalías de cada alcaldía, para revisar y corregir tipificaciones erróneas que oculten delitos de violencia de género.
  • -Revisión por parte de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) con mujeres denunciantes de reportes en redes sociales para identificar, analizar y recuperar información sobre casos de violencia de género y hacerla llegar a  la PGJ.
  • -Renovación e instalación de más cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) en puntos estratégicos señalados en denuncias ciudadanas.
Foto de archivo, durante la inauguración del programa en 2019

Ser mujer presidenta en tierra de machos

 

.-Por más que nos repitan que la Cuarta Transformación es paritaria, incluyente o feminista, los hechos revelan una cruda verdad: el poder real, ese que se ejerce en la sombra, sigue siendo profundamente masculino. Ser mujer en la política mexicana sigue siendo una hazaña, y ser mujer presidenta, en medio de un partido lleno de tribus machistas, es una batalla diaria contra la soledad política y los pactos patriarcales.

La presidenta Claudia Sheinbaum, carga no solo con las complejidades de gobernar un país profundamente desigual, sino con el peso de ser mujer en un espacio diseñado por y para los hombres. Y lo que es peor: los hombres de su partido, los mismos que fueron elevados por el discurso de la transformación, hoy le generan más conflictos que respaldo.

Resulta revelador cómo las militantes de Morena están dispuestas a cerrar filas en torno a hombres bajo sospecha —inactivos, corruptos o cercanos al crimen—, mientras su presidenta es dejada a la intemperie ¿Dónde están esas redes de sororidad cuando más se necesitan? ¿Dónde están las voces feministas que no solo hablen bonito, sino que actúen en consecuencia?

Primero fue Cuauhtémoc Blanco, figura impresentable del morenismo, que no legisla, pero sí cobra; luego, Adán Augusto López, símbolo de los privilegios patriarcales, ex gobernador de Tabasco y el favorito del expresidente López Obrador. A él se le aplaude con “no estás solo”, mientras que a ella le toca apagar fuegos.

Esa escena resume la desigualdad: al hombre cercano al poder se le protege; a la mujer que ostenta el poder se le exige sobrevivir sola.

Cuando el expresidente justificó el nombramiento de Adán Augusto como secretario de Gobernación, no habló de méritos feministas o del fortalecimiento institucional. Habló de confianza personal, de cercanía, de “tranquilidad” para él. Hoy, ese hombre es una carga para Sheinbaum, un lastre político que debe administrar con cautela para no tensar su relación con quien sigue moviendo los hilos desde Palenque.

No es menor recordar cómo desde esa misma trinchera se impuso la continuidad de Rosario Piedra en la CNDH, ignorando perfiles más calificados como el de Nashieli Ramírez. Porque así funciona el poder cuando es vertical y masculino: se impone, no se debate.

Ni siquiera otras mujeres con cargos relevantes dentro del partido, como Luisa María Alcalde, pueden ejercer plenamente su liderazgo. Porque también ellas libran sus propias batallas en un mar de complicidades patriarcales. Así, mientras el discurso presume avances históricos, la práctica política reproduce la obediencia y la simulación.

Ser feminista en política no es repetir consignas, ni usar palabras vacías en los discursos. Es construir un nuevo modo de ejercer el poder, desde la autonomía, la corresponsabilidad y la sororidad real. Y si Morena aspira a ser parte de esa transformación, sus mujeres deben dejar de mirar al liderazgo masculino en busca de dirección, y comenzar a tejer redes que sostengan a quien hoy lleva la mayor carga: la primera presidenta de México.

Porque si el poder compartido es apenas numérico y no sustantivo, lo que tenemos no es paridad, es espejismo. Y eso, los señores del poder, lo saben muy bien.

Necesario reconocer a lideresas afromexicanas quienes luchan cada día: Rosa María Castro Salinas

 

.-ciudad de México.- En el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, Rosa María Castro Salinas, mujer afromexicana originaria de Charco Redondo, Villa de Tututepec, Oaxaca, y actualmente diputada federal representante de los pueblos afromexicanos por acción afirmativa en el congreso, consideró que es importante fortalecer la identidad de las mujeres afros en todo el país y reconocer la labor de las lideresas del movimiento, desde las ancestras que lucharon cuando eran totalmente invisible, calladas y violentadas en los proceso de esclavitud, hasta las que luchan por la visibilidad y los derechos hoy en día.

En entrevista con Cimacnoticias, la diputada Castro Salinas, reconoció avances legislativos como la reforma que hizo al Artículo 2 constitucional en materia de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, porque, afirmó: favorece a las mujeres, niñas y juventudes afros al hacerlas sujetas de derecho público, a tener personalidad jurídica, a ser consultadas e incluidas en todos los proyectos del país, con personalidad empírica y las coloca donde los recursos lleguen directo a las comunidades afrodescendientes.

Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores de este artículo, a fin de garantizar su desarrollo e inclusión social, en los términos que establezca esta Constitución, así como su libre determinación que se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional.


Los pueblos y comunidades afromexicanas se integran por descendientes de personas originarias de poblaciones del continente africano trasladadas y asentadas en el territorio nacional desde la época colonial, con formas propias de organización social, económica, política y cultural, o parte de ellas, y afirman su existencia como colectividades culturalmente diferenciadas.

Inciso C, Artículo 2 constitucional

No obstante, dejó claro que en el país después de años de lucha por el reconocimiento de las mujeres afromexicanas, aún existen barreras sociales que impiden el desarrollo pleno de los derechos relacionadas con la violencia de género, el racismo, los lugares de marginación y pobreza donde viven pero también por las resistencias que se generan en los espacios de toma de decisiones para no incluirlas dentro de las agendas, así lo señaló Castro Salinas.

«Soy la primera Diputada que llega desde la lucha social, llego como diputada desde la cuota afromexicana, una cuota que es resultado de la lucha en la que hemos estado desde hace muchos años, reclamando que tenemos derecho a participar en los espacios de toma de decisión…es importante que las mujeres negras estemos en éstos lugares porque es ahí donde nosotras, desde nuestros conocimientos, saberes, experiencias y necesidades colocamos nuestra agenda política, social y cultural… aunque es un espacio que sigue estando ausente porque una diputada dentro de 500 diputadas y diputados es mínima representación».

Rosa María Castro Salinas

Las mujeres afrodescendientes han sido parte fundamental para la construcción del México que conocemos hoy, desde sus aportaciones históricas en la lucha de la Independencia y Revolución, como en la construcción cultural, social y gastronómica del país, por ejemplo fueron ellas quienes a partir de sus saberes ancestrales introdujeron métodos curativos con hierbas, aunque algunas eran acusadas de brujas y hechiceras.

Según información consultada por Cimacnoticias en el Archivo General de la Nación (AGN), como es el caso de María de Anton, «mulata de Xalapa», acusada por vecinos de hechicera en 1664. 

El Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, es una fecha que se estableció desde 1992 en un encuentro de mujeres afrodescendientes llevado a cabo en  Santo Domingo, República Dominicana con el fin de promover políticas públicas para la mejora de las condiciones de vida de las afrodescendientes de la región, pero fue hasta el 2019 cuando se reconoció la presencia de la población afromexicana dentro de la Constitución Política de los  Estados Unidos Mexicanos, pese a su llegada desde el siglo XVI en el país.

Para el 2023 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), estimó que 3.1 millones de personas en México se identificaron como afrodescendientes, 2.4 por ciento de la población total, del cual el 51 por ciento son mujeres. Los estados de la República con mayor porcentaje de población afromexicana fueron: Guerrero (9.5 %), Morelos (4.9 %), Colima (3.9 %) y Quintana Roo (3.9 %). 

«Para mi, ser diputada afromexicana es la punta que rompe con esa invisibilización… las mujeres afros somos mujeres valiosas con una voz poderosa, aportamos diariamente al país desde todas las trincheras, estoy segura que en el próximo periodo electoral habrá más compañeras en espacios de toma de decisión. Estoy haciendo lo que me toca, poner voz, no mi voz, sino las voces de todas las mujeres afromexicanas a las que represento y sobre todo buscar las formas de mejorar las condiciones de vida de las comunidades afromexicanas».

dice, Rosa María Castro

Por otro lado, el día 17 de mayo 2025 se emitió el Informe Sombra Mujeres Indígenas y Afrodescendientes por los 25 años de informes ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en México, en coordinación con Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México (AMICAM), Mujeres Unidas en torno al Género, la Equidad y la Reivindicación A. C., Observatorio de Violencia Contra las Mujeres (OVM), Centro Itinerante de Mujeres Afromexicanas, Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca, La Federación Mexicana de Universitarias y la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, describieron al situación de discriminación y desigualdad que viven.

En el documento se mencionó que las niñas indígenas y afromexicanas enfrentan condiciones estructurales de desigualdad que se manifiestan en el acceso limitado a derechos fundamentales como la educación, la salud y una vida libre de pobreza, consideran que la falta de información y datos desagregados contribuyen a la invisibilización de las desigualdades específicas que enfrentan las mujeres y niñas afrodescendientes, además al no estar garantizados sus derechos en México las coloca en situación de alta vulnerabilidad y desprotección en múltiples ámbitos: social, económico y político. Enfrentándose a diversas formas de violencia de género que se ejercen de manera sistemática y persistente.

Del mismo modo, proponen en temas de educación: desarrollar programas de capacitación desde un modelo intercultural bilingüe, que estén vinculados con las necesidades de las mujeres indígenas y afromexicanas e institucionalizar la capacitación para el trabajo desde el espacio comunitario, con enfoque intercultural, de genero e interseccional.

Leyes de nacionalidad discriminatorias por género alimentan pobreza y violencia contra las mujeres

 Este es un artículo de opinión de Maithreyi Kamalanathan, coordinadora mundial de Medios de Equality Now o Igualdad Ya.

Samira, una madre siria, visita un centro comunitario para solicitar asistencia jurídica en el registro del nacimiento de su hijo. Imagen: Qusai Alazroni / Acnur

NUEVA YORK – Alrededor de una cuarta parte de los países siguen teniendo leyes de nacionalidad que niegan a las mujeres los mismos derechos que a los hombres para adquirir, conservar o cambiar su ciudadanía, o para transmitirla a sus hijos o cónyuges extranjeros.

Estas desigualdades jurídicas exponen a las mujeres y a sIgualus familias a una amplia gama de perjuicios. Desde la separación familiar forzosa y la apatridia hasta la limitación del acceso a la educación, la atención sanitaria y el empleo, las consecuencias son graves y de gran alcance.

Si bien algunos países han adoptado medidas encomiables para reformar las leyes discriminatorias en materia de nacionalidad, muchos gobiernos aún no han tomado medidas significativas, lo que deja a millones de personas sin los mismos derechos para adquirir o conferir la nacionalidad.

Más allá del profundo impacto en las personas, esta discriminación conlleva profundos costos sociales y económicos.

Cuando se niega a las mujeres la igualdad de derechos en materia de nacionalidad, se frena el progreso de familias enteras, lo que limita su capacidad para contribuir plenamente a la sociedad y, en última instancia, frena el desarrollo nacional.

Directrices modelo para las leyes de nacionalidad

Una nueva publicación, «Proyecto de artículos seleccionados sobre los derechos de nacionalidad para garantizar la igualdad de género», elaborada por Equality Now (Igualdad Ya) y la Campaña Global por la Igualdad de Derechos de Nacionalidad (GCENR, en inglés), ofrece directrices modelo para que los responsables políticos reformen y promulguen leyes de nacionalidad que garanticen a todos los ciudadanos, independientemente de su género, el acceso a la igualdad de derechos de ciudadanía.

La GCENR, con sede en la Comisión de Mujeres Refugiadas, es una coalición de activistas independientes, organismos asociados a las Naciones Unidas y organizaciones nacionales e internacionales que trabajan para poner fin a la discriminación de género en las leyes de nacionalidad. Equality Now es miembro fundador del comité directivo de la GCENR.

Catherine Harrington, directora de campaña de la GCENR, habló con Equality Now sobre por qué las leyes de nacionalidad que garantizan la igualdad de género son fundamentales para construir una sociedad inclusiva, próspera y floreciente para todos.

¿Cuáles son las consecuencias reales para las mujeres y las niñas cuando las leyes de nacionalidad no son igualitarias en materia de género?

La desigualdad de la mujer en la sociedad es la causa fundamental de la violencia de género. En un nivel fundamental, las leyes de nacionalidad discriminatorias crean un entorno propicio para la violencia de género. Por ejemplo, el hecho de que la nacionalidad de una mujer y sus hijos dependa de un cónyuge maltratador crea una barrera mayor para que puedan salir de una situación de violencia doméstica.

Catherine Harrington, directora de la Campaña Global por la Igualdad de Derechos de Nacionalidad. Imagen: Ava McLaughlin Gagliardi

La imposibilidad de conferir la nacionalidad a los hijos y a los cónyuges no ciudadanos inhibe el poder de las mujeres para elegir a sus parejas. Esto socava la igualdad en la familia y afecta a la autonomía de las mujeres y a su capacidad para formar una familia.

La apatridia también agrava ciertos riesgos. Por ejemplo, una niña nacida de madre libanesa y padre palestino apátrida en el Líbano quedaría apátrida. No puede obtener la ciudadanía libanesa a través de su madre, aunque viva allí, y no puede adquirir otra nacionalidad.

Esto la expone a un mayor riesgo de trata de personas y matrimonio infantil porque, lamentablemente, algunas familias ven el matrimonio precoz y forzado como una vía para obtener documentación o la ciudadanía.

Los riesgos se extienden al mundo laboral. La falta de empleo formal empuja a muchas mujeres afectadas a entornos de trabajo informal, lo que las hace más vulnerables a la explotación y los abusos, incluido el acoso y las agresiones sexuales por parte de los empleadores. Debido a su situación irregular, muchas no denuncian ni buscan justicia por la violencia que sufren.

¿Cuál es el objetivo de las directrices modelo publicadas por GCENR y Equality Now, y cómo pueden utilizarlas los responsables políticos?

La discriminación por motivos de género en las leyes de nacionalidad es la señal de alarma para la igualdad de género. Cuando las leyes de nacionalidad discriminan por motivos de género, atribuyen implícitamente a las mujeres una condición de segunda clase.

Las directrices examinan diferentes elementos de las leyes de nacionalidad y proponen cómo debería ser la ley para garantizar la igualdad de género en todos los ámbitos.

Proporcionan un contexto útil para los responsables políticos, ya que describen las obligaciones existentes de los países de respetar las leyes de nacionalidad que garantizan la igualdad de género a través de una serie de convenciones internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La buena noticia es que la reforma de las leyes de nacionalidad es bastante sencilla. Los países deben simplemente garantizar que las disposiciones relativas a la adquisición, el cambio, la conservación o la concesión de la nacionalidad, ya sea a un niño o a un cónyuge no nacional, respeten los derechos de todos los ciudadanos por igual.

Pueden lograrlo mediante un lenguaje neutro en cuanto al género, como referirse a todas las personas como «ciudadanos» o utilizar términos inclusivos como «padre» o «cónyuge». Si se utilizan términos de género, hay que asegurarse de que se incluyan ambos, como «madre y padre» o «esposa y esposo».

¿Cuáles son algunos de los obstáculos para la adopción de leyes de nacionalidad que garantizan la igualdad de género?

La xenofobia es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos en la mayoría de los países. Dondequiera que haya estado, ya sea en un país rico o pobre, a menudo escucho el mismo argumento de quienes se oponen a la reforma: «Nuestra situación es única. Y por eso debemos proteger a otras personas para que no obtengan nuestra ciudadanía».

Nepal, por ejemplo, comparte fronteras abiertas con dos grandes países, India y China. Algunas personas argumentan que «invaden el país a través del útero». El argumento económico de algunos países es que la ciudadanía conlleva muchos beneficios y no quieren gastar todos esos recursos en extranjeros.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

Independientemente del deseo de no permitir la entrada de otros, en la mayoría de los países, si un hombre se casa con una mujer de otro país, puede conferir la nacionalidad a su esposa. Sus hijos se convierten automáticamente en ciudadanos porque se considera un derecho natural del hombre.

Pero cuando se trata de las mujeres, se produce una intersección entre la xenofobia y las mentalidades patriarcales profundamente arraigadas y el sexismo. El deseo de dificultar la obtención de la ciudadanía a los demás se considera más importante que garantizar la igualdad de derechos para las mujeres.

La ironía es que las leyes discriminatorias en materia de nacionalidad inhiben el desarrollo sostenible y exacerban la pobreza. Socavan los compromisos de los países con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 5 sobre la igualdad de género, el ODS 10 sobre la reducción de las desigualdades y la meta 16.9 sobre garantizar la identidad jurídica para todos para 2030.

Cuando la apatridia se transmite de padres a hijos, se crea una pobreza multigeneracional. Toda una población infantil crecerá sin igualdad de acceso a la educación.

En la edad adulta, no tendrán acceso al empleo ni a la afiliación a sindicatos profesionales, requisitos necesarios en algunos países para ejercer determinadas profesiones, como el derecho, la ingeniería, la arquitectura o la medicina.

A nivel social, tendremos a todas estas personas con talento que realmente quieren contribuir económicamente a los países que consideran su hogar, pero que se ven impedidas de hacerlo.

¿Qué avances se han logrado para poner fin a la discriminación de género en las leyes de nacionalidad?

Desde el lanzamiento de nuestra campaña mundial sobre la nacionalidad, hemos observado avances en muchos países. Recientemente, la campaña nacional de nuestro miembro de la coalición Family Frontiers, liderada por madres afectadas, ha tenido una influencia notable en Malasia.

En 2024, ambas cámaras del Parlamento de Malasia aprobaron una enmienda constitucional para defender el derecho de las mujeres malasias a conferir la ciudadanía a sus hijos nacidos en el extranjero en igualdad de condiciones con los hombres, que se espera que entre en vigor este año.

Madagascar, Sierra Leona y Liberia han eliminado las leyes que negaban a las mujeres el derecho a transmitir la nacionalidad a sus hijos.

Si bien Lesoto, Benín y Níger ya habían eliminado las disposiciones que impedían a las mujeres transmitir la nacionalidad a sus hijos, ahora han dado el paso definitivo para modificar las leyes que prohíben a las mujeres transmitir la nacionalidad a su cónyuge en igualdad de condiciones con los hombres.

Esuatini es el único país del sur de África donde las mujeres aún no pueden transmitir la ciudadanía a sus hijos.

Durante la Reunión de Alto Nivel sobre la Apatridia de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el gobierno de Esuatini se comprometió a eliminar esta discriminación para 2024. Aunque esa reforma aún no se ha producido, el compromiso sigue siendo un importante paso adelante.

Hoy en día, el 90 % de los países defienden el derecho de las mujeres a transmitir la ciudadanía a sus hijos en igualdad de condiciones con los hombres, y tres cuartas partes han logrado la igualdad de género en sus leyes de nacionalidad.

Estos gobiernos modificaron sus leyes porque reconocieron que era lo más inteligente. Los países que aún no han promulgado reformas deben aprender de los buenos ejemplos y comprender que no es algo que deba temerse, sino una oportunidad para defender la igualdad y el desarrollo inclusivo de todos los ciudadanos.

Equality Now es una organización mundial de derechos humanos dedicada a garantizar el cambio legal y sistémico necesario para poner fin a la discriminación contra todas las mujeres y niñas.

Desde su creación en 1992, ha contribuido a la reforma de 120 leyes discriminatorias en todo el mundo, lo que ha tenido un impacto positivo en la vida de cientos de millones de mujeres y niñas, sus comunidades y naciones, tanto en la actualidad como para las generaciones futuras.

En colaboración con socios a nivel nacional, regional y mundial, Equality Now se basa en una profunda experiencia jurídica y en una amplia gama de perspectivas sociales, políticas y culturales para seguir liderando, orientando e impulsando el cambio necesario para lograr una igualdad de género duradera, en beneficio de todos.