3/16/2025

Prensa México domingo 16 de marzo de 2025


LA JORNADA
En manos de solo 36 personas, 40 mil hectáreas de ejidos

Sólo 36 personas poseen más de 39 mil hectáreas en alrededor de 63 mil ejidos de propiedad social que se encuentran en zonas turísticas de alto valor comercial, bosques y selvas, así como áreas naturales protegidas del país, terrenos que son destinados al mercado inmobiliario para construir fraccionamientos y viviendas de alta plusvalía o proyectos mineros, de acuerdo con una investigación del Registro Agrario Nacional.

Se trata de "un expolio de la propiedad social", define el documento de 160 páginas, el cual se enfocó “a los grandes acaparadores de tierra de propiedad social… Lo que distingue a los mayores acaparadores es la cercanía con fuentes de financiamiento… Ese poder económico casi siempre está ligado al poder político local, y en algunos casos al nacional. No se puede entender la actuación impune si no existió algún tipo de colusión con quienes pueden tener acceso a los trámites”.

Entre estos terratenientes figuran políticos, ex funcionarios y empresarios, quienes a partir de la falsificación de documentos, "contratos leoninos", prestanombres, "cooptación y amenazas" a las asambleas ejidales y la complicidad de funcionarios de los tres niveles de gobierno han acaparado grandes extensiones de tierra aprovechando la tendencia privatizadora salinista de 1992 en el campo. Estos personajes incluso han sido "acusados en procesos jurídicos de despojo", señala el estudio.

El documento –con datos a 2024– indica que mientras 18 personas poseen 31 mil 473.8 hectáreas en 21 mil 695 parcelas, que son terrenos útiles para las actividades agropecuaria o forestal, otros 18 concentran 7 mil 529.9 hectáreas en 41 mil 385 predios, cuyo destino es para la urbanización y construcción de vivienda.

El Registro Agrario Nacional concluye que los sujetos responsables de estas actividades pueden realizarlas individualmente o en grupo, y que "es tal la sofisticación con que actúan y el grado de cinismo", que se amparan. "El fenómeno del acaparamiento de grandes superficies en ejidos del país es el principal factor de afectación y disminución de la propiedad social", advierte.

El estudio del RAN destaca los casos de Antonino Almazán Arteaga, ex funcionario de esta institución, quien posee 5 mil 145 parcelas en 12 núcleos agrarios, con 3 mil 63 hectáreas, ubicadas en 10 municipios de los estados de Yucatán, Quintana Roo, Jalisco y Campeche, cuyo valor es superior a mil 200 millones de pesos.

CONTRAPORTADA
Planea 68% de adultos mayores cubrir gastos con programas sociales

Cuatro de cada seis adultos mayores en México planean cubrir sus gastos del retiro con apoyos del gobierno federal, reveló la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024.

De acuerdo con la quinta edición de la ENIF, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de los medios que las personas utilizarían para cubrir sus gastos en la vejez, 68.2 por ciento mencionaron los apoyos del gobierno y 67.3 por ciento aventuraron que continuarían trabajando.

La población en México que esperaría recibir apoyos del gobierno en la vejez aumentó 11 puntos porcentuales en 2024 frente a los datos de 2021. Y entre los que consideraron seguir trabajando se observó una disminución de 4.1 puntos porcentuales en el periodo de referencia.

Según la encuesta de 2021, cubrirían sus gastos con trabajo 71.4 por ciento y con apoyos del gobierno 57.2 por ciento. Tres años después, se modificó el orden: 68.2 por ciento piensa financiar su vejez con apoyos del gobierno y 67 por ciento con su trabajo.

En cuanto a la opción de una pensión o jubilación, 51.2 por ciento de la población pensaba que cubriría sus gastos en la vejez con dichos recursos en 2021; para 2024, el porcentaje se redujo a 50.3 por ciento.

Los apoyos del gobierno han empoderado a las personas mayores, pues el dinero de familiares representó una caída de 5.9 puntos porcentuales en 2024 frente al 2021. Vender o rentar activos pasó de un porcentaje de la población de 28.9 por ciento en 2021 a 25.3 por ciento en 2024.

Ante este panorama, especialistas observan un problema: no hay garantía de que estos apoyos sean sostenibles en el tiempo. Con una población envejeciendo y recursos limitados.

Y es que la planeación y ejecución del gasto público son necesarios para la sostenibilidad fiscal, lo cual es de suma importancia para proveer bienes y servicios públicos, financiar las actividades del gobierno y los programas sociales presentes y del pasado. Además, para poder crear fondos y fideicomisos que favorezcan la justicia intergeneracional.

EL UNIVERSAL
"El dolor nos unió"
 
Colectivos de familiares de desaparecidos de todo el país, acompañados por miles de ciudadanos, se manifestaron ayer sábado en las plazas de 40 ciudades en más de 20 estados, para sumarse a la Jornada de luto nacional y vigilia por los desaparecidos, a raíz del hallazgo del campo de exterminio en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

Las madres expresaron que el dolor que les provoca la barbarie en Teuchitlán une a todas las buscadoras del país para gritar: “¡Ya basta!”.

De Tijuana a Cancún, los manifestantes repudiaron el hallazgo de crematorios clandestinos y restos humanos en Teuchitlán, y exigieron justicia para los miles de desaparecidos en todo el país.

Con veladoras, zapatos y carteles con las imágenes de sus familiares, madres, padres, hermanas, hijos y amigos recordaron a sus desaparecidos y expresaron su preocupación de ver que esta tragedia se extiende a diario en todo el país.

“Soy madre y no sé qué haría si me pasara esto”, confesó una madre de San Luis Potosí.

Zapatos, ropa, veladoras y fotografías de personas desaparecidas fueron cercando poco a poco la entrada principal del Palacio de Gobierno en Guadalajara; a voz en cuello más de 2 mil personas recordaron que en Jalisco han desaparecido más de 15 mil, que siguen sin ser localizadas, y aseguraron que las autoridades son cómplices.

Lo ocurrido en el rancho Izaguirre volvió a tocar los hilos que activaron la indignación y el enojo de muchos; los gritos que daban cuenta de la ignominia lograron sacudir la indiferencia de algunos.

Se elevó la voz de una madre buscadora: “Teuchitlán se ha convertido en un territorio marcado por el horror. Los recientes hallazgos de crematorios clandestinos evidencian la crisis humanitaria y de desapariciones que azota a Jalisco, el estado con mayor número de personas desaparecidas en el país. Este hallazgo, que debía ser producto de una investigación oficial, fue descubierto gracias al incansable esfuerzo de los colectivos. Nosotros hemos tenido que hacer el trabajo que el estado se niega a realizar”, expresó.

MILENIO ( fin de semana)
ONU: "perturbador", que Jalisco no hallara restos

La ONU tachó el viernes de "perturbador" el hecho de que las autoridades de Jalisco, en el noroeste de México, inspeccionaran en septiembre de 2024 la finca donde se encontraron huesos calcinados y no detectaran "pruebas cruciales" de delitos cometidos en el lugar.

    "El reciente descubrimiento en México de restos humanos calcinados y cientos de objetos personales, como zapatos y ropa, en un rancho presuntamente operado por un cártel de drogas, es un recordatorio profundamente perturbador del trauma de las desapariciones vinculadas al crimen organizado en el país", subrayó Elizabeth Throssell, vocera del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un comunicado.

    ​"El descubrimiento resulta aún más perturbador dado que el rancho había sido previamente allanado en septiembre de 2024 por autoridades de Jalisco, sin que se detectaran pruebas cruciales", añadió.

La ONU tomó nota del compromiso de las autoridades federales y estatales "de examinar las posibles omisiones en la realización de la operación de búsqueda inicial".

El centro clandestino, situado en el municipio jalisciense de Teuchitlán, fue hallado el 5 de marzo por familiares de desaparecidos.

El lugar habría sido utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para formar a jóvenes reclutados a la fuerza mediante ofertas falsas de empleo.

    "Eran sometidos a tratos brutales y aquellos que mostraban resistencia o no cumplían con los requisitos del cártel eran asesinados, lo que concuerda con la presencia de fragmentos óseos y restos humanos carbonizados en el lugar", añadió Throssell.

Jalisco es el estado mexicano con más desaparecidos: casi 15 mil de los 124 mil registrados oficialmente, la mayoría desde 2006 cuando se declaró la guerra al narco.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU abogó por investigaciones "exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes" sobre los delitos cometidos en el lugar.

EXCÉLSIOR
Por 5 mil pesos enseñan a jueces a hacer campaña 

Aprender a hacer una campaña electoral como los políticos tradicionales le cuesta a los jueces, magistrados y ministros desde cinco mil hasta 45 mil pesos.

Con cursos, talleres y asesorías personalizadas, los candidatos a la elección judicial se instruyen sobre cómo construir una imagen, adoptar una narrativa y conocer a qué público dirigirse para obtener el voto ciudadano el próximo 1 de junio.

Excélsior documentó que, por ejemplo, despachos y consultoras especializadas en marketing político ofrecen desde cinco mil pesos más IVA cursos básicos en línea que enseñan las reglas del proceso, sus plazos, el papel de las autoridades y cómo construir una propuesta.

También hay talleres para crear una imagen física, visual y no verbal, además de capacitación para aprender storytelling o construir una base social de apoyo.

Un poco más, siete mil 500 pesos, cuestan las consultorías para elaborar el manual de identidad gráfica y, si se quiere una asesoría en estrategia, los candidatos deben desembolsar 17 mil 400 pesos por dos horas. Otros talleres de planeación, con cuatro horas de duración, cuestan 45 mil pesos.

La próxima semana, el INE se alista a aprobar nuevos topes de campaña para la elección judicial, que irían desde 220 mil pesos para un aspirante a juez de distrito hasta 1.4 millones de pesos para quien busca un lugar en la Suprema Corte.
Ofertan marketing político a juzgadores
despachos y consultora especializadas ofrecen a candidatos al Poder Judicial cursos, talleres y asesorías personalizadas desde 5 mil hasta 45 mil pesos

Para que candidatos a un cargo dentro del Poder Judicial maximicen lo poquito que pueden hacer durante las campañas, despachos y consultoras especializadas en marketing político y de campañas ofrecen a las personas candidatas cursos, talleres y asesorías personalizadas desde 5 mil y hasta 45 mil pesos.

EL HERALDO
UNAM adopta austeridad estilo 4T

Acorde a los principios de la Cuarta Transformación, por convicción, la UNAM, implementa el Programa de Racionalidad Presupuestaria 2025, de aplicación obligatoria para todas las entidades y dependencias universitarias.

La máxima casa de estudios indicó que el plan es consecuente con las medidas de austeridad promovidas por el Gobierno de México, y está basado en la política institucional de transparencia y rendición de cuentas que la UNAM lleva a cabo hace más de dos décadas.

Entre las medidas está el no autorizar la creación de plazas laborales, con excepción de las necesarias para nuevos proyectos académicos y proyectos estratégicos.

Se reducen 30%, las partidas presupuestales de viáticos para el personal; pasajes aéreos, así como gastos por reuniones de trabajo y combustibles; y se prohíbe contratar nuevas líneas de telefonía, a excepción de las entidades o dependencias de nueva creación o proyectos prioritarios.

Los funcionarios universitarios, particularmente de Rectoría, no recibirán incremento salariales; se hará una revisión de la estructura tabular para adecuarla a las disposiciones legales federales vigentes; y los viajes al extranjero y al interior del país serán disminuidos al mínimo necesario y se impulsará el uso de formatos digitales de participación.

Además, remodelaciones o rehabilitaciones sólo se autorizarán en aulas, laboratorios, talleres y espacios donde se realicen actividades académicas y de investigación, especialmente las enfocadas en aumentar la matrícula estudiantil.

EL SOL DE MÉXICO 
Detectan más puntos ciegos en frontera sur

Autoridades de Belice y Guatemala identificaron 300 zonas donde el crimen organizado trafica migrantes, mercancías y drogas

En la última década se triplicaron los puntos ciegos (zonas donde las autoridades no llega) en la frontera sur de nuestro país, según información de los gobiernos de Belice y Guatemala.

De acuerdo con información oficial a la que El Sol de México tuvo acceso, los gobiernos de esos países tienen identificados unos 300 “puntos ciegos” a lo largo de los mil 240 kilómetros de frontera con México, por los que cruzan migrantes de manera irregular y son utilizados por el crimen organizado para el trasiego de droga hacia Estados Unidos.

Este aumento se lo atribuyen a la presencia de los cárteles mexicanos, principalmente el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Chiapas, donde pelean por las rutas de tráfico de personas y drogas desde centro y Sudamérica.

Guatemala responsabiliza al narcotráfico de abrir caminos de difícil acceso para el trasiego de precursores químicos, pero también para el contrabando de mercancías.

“Se ha constatado que del lado mexicano existen decenas de bodegas de productos ubicadas en las cercanías de la frontera desde donde los contrabandistas adquieren los productos para luego ingresarlos ilícitamente a Guatemala y Belice”, señaló Helver Belteton, quien fue jefe de la subdirección general de análisis e información antinarcóticos de la Policía Nacional Civil guatemalteca, durante el gobierno del presidente Alejandro Giammatei

En entrevista explicó que se trata de cruces peatonales, vehiculares y acuáticos no controlados por ninguna de las autoridades de los tres países. “Son evidentes las balsas cruzando con migrantes por el río Suchiate a plena luz del día, pero también hay pasos peatonales, diría yo cada vez más pasos peatonales, y por su puesto vehiculares, estos sobre todo en regiones con abundante vegetación como es Tecún-Uman, por ejemplo”, dijo.

PIE DE PÁGINA 
«Teuchitlán, nunca más»

Tras el hallazgo de un centro de reclutamiento del crimen organizado en Jalisco, donde se encontraron restos humanos e indicios de desaparición forzada, familias buscadoras convocaron una vigilia nacional para exigir justicia por las víctimas. A su llamado se sumaron jóvenes cansados de la violencia que azota al país

«¡Teuchitlán nunca más!» Bajo esta consigna, miles de jóvenes, familiares de desaparecidos y ciudadanos marcharon en múltiples estados de la República Mexicana en una jornada de luto nacional. La movilización honró a las víctimas del centro de reclutamiento descubierto por el colectivo Guerreros Buscadores en Jalisco, donde también se hallaron evidencias de crímenes atroces.

En la Ciudad de México, las organizaciones se congregaron en la plancha del Zócalo. Cientos de personas escucharon y respaldaron las demandas de los colectivos, quienes denunciaron que las desapariciones de jóvenes no son un fenómeno reciente. Subrayaron que se trata de «resabios de la Guerra Sucia y la Guerra contra el Narco, iniciada en el sexenio de Felipe Calderón». Además, criticaron que, pese a la Cuarta Transformación, «el fenómeno no se ha contenido. Al contrario, se ha generalizado, multiplicando el dolor en todos los estados y sectores sociales».
«¡No están solas!»

Como acto simbólico, las familias colocaron 400 pares de zapatos y 400 veladoras en alusión a los hallazgos en el Rancho Izaguirre, descrito por las familias como un sitio para «asesinar y desaparecer cuerpos con hornos no convencionales». El 13 de marzo, las autoridades de Jalisco negaron la existencia de crematorios clandestinos en el lugar, pero reconocieron que sí había infraestructura para sostener que el lugar era usado como un centro de entrenamiento. Sin embargo, tres sobrevivientes del rancho aseguran no tener confianza en dicha institución, por lo que esperan que la Fiscalía General de la República -que ya atrajo el caos- tome en cuenta sus testimonios.

Las declaraciones de las autoridades contrastan con el relato de las buscadoras. quienes relataron a los asistentes la brutalidad cometida en el rancho. Mientras escuchaban el horror, algunos jóvenes lloraban en silencio; otros movían la cabeza en señal de negación. Al final de cada testimonio, el grito «¡No están solas!» resonaba como un abrazo colectivo a su lucha.

Entre la multitud destacó Yael, un adolescente de 12 años con una pancarta que rezaba: «¿Qué cosecha un país que siembra muertos?». Y dijo:

    «Hoy exijo justicia por los desaparecidos. No es justo que solo hayan ido a buscar trabajo y terminaran asesinados».

«No es justo que una madre tenga que buscar a su hijo»

LA RAZÓN (fin de semana)
Crimen también “recluta” a jóvenes profesionistas, denuncian ONG

Asociaciones aseguran que desde el calderonismo, el narco atrae con mentiras a universitarios en busca de empleo; rector de Ibero Puebla llama a enfocar políticas públicas con jóvenes. Activista crea plataforma para identificar prendas de desaparecidos en rancho Izaguirre; líder de Colectivo Guerreras Buscadoras anuncia retiro: “ha sido muy difícil”. Presidenta pide no especular sobre caso Teuchitlán y pide pruebas científicas; ONU dice que hallazgos en rancho es “recordatorio perturbador” de desapariciones vinculadas con narco

Colectivos de búsqueda detectaron desde el 2024 que las organizaciones delictivas someten, además de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, a personas con conocimientos especializados para servir a su estructura, algunos con un señalado encargo en el procesamiento de las drogas, otros para su distribución y unos más para la atención médica de los propios criminales que, probablemente, resultan lesionados en su lucha contra grupos rivales y contra las propias autoridades. Para ello, cooptan principalmente a ingenieros, pilotos, médicos y enfermeras.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), una asociación civil con sede en la ciudad de Chihuahua, asentó que la violencia y las desapariciones se exacerbaron a partir de la llamada “guerra contra el narcotráfico” iniciada por el entonces presidente Felipe Calderón, en 2006, y es desde entonces que han detectado que las desapariciones de personas con alguna especialidad antes mencionada han ido en aumento.

REFORMA
Ofrece 42 bienes para evitar cárcel 

A cambio de evitar su captura, Ángel Martín Junquera Sepúlveda, ex apoderado de la Cooperativa La Cruz Azul, ofreció entregar 41 propiedades, varias de ellas en Miami, Santa Fe y Huixquilucan, así como un auto de carreras Shelby Cobra de colección, para pagar un daño calculado en al menos 2 mil 257.4 millones de pesos.

Acusado de administración fraudulenta en agravio de la cementera, Junquera firmó en 2021 un acuerdo reparatorio, cuyo contenido no era conocido hasta ahora.

Según el documento suscrito, al que REFORMA tuvo acceso, Junquera pactó transferir a la Cooperativa seis departamentos en Miami, incluyendo uno en la torre One Thousand Museum, icónico rascacielos de la arquitecta Zaha Hadid y en el que viven celebridades como Marc Anthony y los Beckman.

También incluyó en la oferta un departamento en el sexto piso del complejo turístico St. Regis Bal Harbour, donde el abogado Juan Collado tiene tres propiedades que presuntamente compró como prestanombres del ex líder priista Roberto Madrazo.

También uno en el tercer piso del Oceana Key Biscayne, dos más en los pisos 26 y 37 de la lujosa Torre Jade Signature, diseñada por los suizos Jacques Herzog y Pierre de Meuron, ganadores del Premio Pritzker en 2001.

Junquera también pactó la entrega de un carro de carreras Shelby Cobra CSX 4185 clásico, un vehículo de colección del que existen muy pocas unidades en el mundo y cuyo precio en la última subasta de 2013 fue de 2.5 millones de pesos.

En el caso de las propiedades que ofreció en la Ciudad de México, varias están ubicadas en Santa Fe, una finca en Lomas de Chapultepec y una casa en La Herradura.

UNOMASUNO 
Gobierno refinancia y compra deuda pública por 41.3 mil mdp 

El gobierno federal llevó a cabo una operación en el mercado local para refinanciar deuda pública que vencía este 2025 y en 2028 por un monto de ocho mil millones de pesos.

Asimismo, la dependencia informó que para ello, recompraron a inversionistas 33 mil 320 millones de pesos de diversos en Cetes, Bonos M y UDIBONOS de corto plazo que tenían en su poder.

Miranda de Wallace representa al criminal calderonismo

 sinembargo.mx

Héctor Alejandro Quintanar

Quienes tenemos el privilegio de contar con un espacio mediático para exponer nuestros análisis debemos ser muy responsables y ofrecer al público lo mejor de nosotros; nuestro conocimiento y especialización para tratar de clarificar el contexto político que vivimos, y aunque en ello vaya una percepción personal, siempre debemos evitar la primera persona. Debemos, pues, hablar de lo que sabemos, no de nosotros.

Hoy sin embargo, más que en un tono de articulista de opinión, quisiera hablar como un cronista, o como un testigo presencial de un hecho que, pese a haber ocurrido hace tiempo, aclara cuestiones de nuestro presente. Así, en este momento esta pluma corre como un ejercicio de memoria que testificó un hecho individual que, sin embargo, contiene resonancias públicas.

El 14 de enero de 2010, alrededor de las 12:00 del día, un comando de agentes de la aún existente Policía Federal irrumpió en nuestro domicilio en la entonces Delegación Iztapalapa, lo cual hicieron mediante un ariete y con un arsenal de armas largas en su haber. No contaban con ninguna orden judicial para tal acción, por lo que las dos personas que estábamos ahí, presenciamos un acto violento de allanamiento. Pero la pesadilla apenas empezaba.

Al vernos, los policías nos apuntaron con sus armas, mientras que, en un acto de desquicio, pateaban y destruían lo que podían de nuestro patio, mientras se disponían a romper una segunda puerta, la que daba al interior de la cocina, con el mismo ariete con que destruyeron la puerta hacia la calle. Nosotros -a pesar del azoro, sorpresa y temor- atinamos a levantar los brazos y a decir que, pese a lo ilegal del allanamiento, estábamos dispuestos a abrir la puerta interior, y preguntábamos de qué se trataba el problema.

Pero la policía no iba a resolver sino a intimidar. Pese a que ofrecimos facilidades para cualquiera que fuese la acción que ejecutaban, arremetieron para destruir la puerta interior mientras nos acercaban aún más las armas a nuestro rostro. Los agentes, así, blandían fusiles en nuestra cara con frases del estilo: “ya se los cargó la verga, putos”, expuestas a personas que pese a su indignación no oponían ninguna resistencia que entorpeciera a la policía. Expongo aquí una disculpa por repetir las palabras soeces de los federales, pero sirva ello para ejemplificar que, en todo momento, su acto era una barbarie autoritaria, no de trabajo policial. Mientras en nuestro patio una quincena de agentes hacía esa canallada, afuera decenas de ellos se movilizaban en un operativo donde, con bajezas y amenazas, intimidaban y empujaban a los sorprendidos vecinos y transeúntes, a quienes, en una acción kafkiana y estúpida, al mismo tiempo les exigían que se largaran y que no se movieran, en una orden contradictoria que incrementaba el estupor de las personas ahí presentes.

Cuando a los agentes del patio les repetíamos que podíamos abrir la puerta interna de la casa si así lo deseaban y, conteniendo la rabia, pedíamos serenidad, pasó lo afortunado y al mismo tiempo grotesco: un policía de afuera asomó la cabeza a nuestro domicilio y dijo, literalmente, “aquí no es güeyes, es al lado”.

Así, quedó expuesto un hecho demencial: los policías tenían como objetivo el domicilio vecino al nuestro y entraron por error a nuestra casa. Pese a ese grave yerro; pese a que explícitamente un policía reconoció el equívoco autoritario y pese a que era más que claro que nosotros éramos inocentes y no representábamos ninguna posibilidad de resistencia al ser dos civiles desarmados frente a una horda institucional de bestias blindadas y armadas, aun así continuaron amenazándonos y apuntándonos hacia el rostro, ahora con el paralelo a sus amenazas un añadido de expresiones de burla.

Con parsimonia salieron de nuestro domicilio, cuando nosotros, mediando entre la prudencia y la indignación, preguntamos quién se haría responsable del grave error cometido en nuestra contra. Por respuesta recibimos más amenazas de muerte, mofas donde se nos instaba a agradecer que no se nos había asesinado y gruñidos caninos de agentes que daban por hecho que su error no debía tener consecuencia alguna, mientras nosotros comenzamos a documentar mediante foto y video el crimen perpetrado en nuestra contra, lo que nos valió nuevos ladridos humanos de las bestias disfrazadas de policías y más amenazas de muerte, sobre todo de un policía blanco, de baja estatura y barbado que nos decía que “dejáramos de filmar o nos cargaría la chingada, a nombre de los muchos policías federales que habían muerto”.

En medio del pandemónium, uno de los comandantes a cargo, de apellido Zaragoza, al ver el flagrante error de sus agentes -que confundieron dos casas notoriamente separadas y notoriamente diferentes-, llegó de mala gana a presuntamente rectificar. Sin ofrecer disculpas, y aún con prepotencia y amenazas, dijo que “dejáramos que hicieran su trabajo” y al final vería cómo resolvían la equivocación, pero mantuvo la amenaza intimidatoria: “dejen de filmar y tomar fotos o no respondo”.

Pese a haber invadido nuestra casa y pese a que teníamos derecho a preguntar qué pasaba para saber si corríamos riesgo de permanecer ahí o no, nunca se nos explicó absolutamente nada, mientras el “operativo” continuaba en la casa vecina (en ese momento sin personas dentro), misma que destruían con el mismo furor prepotente con que irrumpieron en la nuestra.

El operativo consistía en que las decenas de agentes federales, junto con varios policías ministeriales, agentes de investigación y muchos obreros de la construcción, buscaban algo en la casa vecina, y tras algunas horas de cateo en el interior, comenzaron una excavación con trascabo en el patio. En ese devenir, al cabo de unas horas nos percatamos de que quien daba las órdenes tanto a federales como ministeriales y obreros era una civil. Y poco después, vimos que la persona de marras era Isabel Miranda de Wallace, quien encabezaba una presunta indagatoria para buscar ahí a su hijo desaparecido.

El hecho dantesco, así, era un acto de absoluta ilegalidad y autoritarismo, pues una civil sin el menor conocimiento policial llevaba las riendas de un grupo enorme del aparato institucional del Estado mexicano. La incompetencia y prepotencia aunaron aquel día, porque, como era predecible, en la casa objetivo -deshabitada desde hacía meses porque el dueño había fallecido- no encontraron absolutamente nada, mientras que la estructura de ese domicilio, con amplios ventanales, patio grande y sumamente visible desde la calle, hacía totalmente improbable, casi imposible, que se tratara de una casa de seguridad donde se pudiera ocultar cualquier actividad clandestina. Bastaba una inspección ocular mínima para dar cuenta de que no había ahí indicio alguno de que hubiera actividad -ni ilegal ni ninguna otra-, y sobraban signos fehacientes de que se trataba de un lugar deshabitado cuya estructura dejaba que a simple vista se analizara su interior.

Así, con una nula investigación y una prepotencia inenarrable, Isabel Miranda se apersonó ahí a hacer una pantomima autoritaria. En las doce horas que duró el operativo fallido, los agentes nunca depusieron la actitud amenazante contra todos, incluidas las personas que, por obligación, debían pasar por ahí a sus respectivas casas. Hacia nosotros, la responsabilidad se limitó a decir que, de mala gana, se pagarían los daños materiales, cosa que tramitó un policía ministerial, de nombre Braulio, quien en todo momento nos decía que “debíamos entender el operativo” y, en un lapsus delator, nos dijo que comprendiéramos que los agentes ahí “eran militares”, como si diera a entender que corrimos con suerte y debíamos agradecer por haber salido vivos de sus amenazas con armas largas y como si se nos dijera que aunque ellos sabían que éramos inocentes, si les daba la gana podrían haber abierto fuego contra nosotros, por el puro placer malsano de intimidar o asesinar.

Al poco tiempo, en abril de 2010, hicimos la denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para exponer el peligroso y autoritario actuar de la Policía Federal. Así, en el expediente CNDH/1/2010/427/Q, conforme al oficio 05448, acreditamos nuestros dichos con base en dos videos y varias fotografías –mismos que para obtener nos jugamos la vida, en medio de amenazas de muerte- y en ellos acreditamos la presencia de la policía en nuestro domicilio, porque alcanzamos a filmarlos dentro, con los signos de su corporación totalmente legibles, cuando ya se salían del patio tras su error, y también obtuvimos fotografías y videos claros de las patrullas federales rondando la zona y se leía con nitidez el nombre de “Zaragoza” en el pecho del comandante a cargo cuando hablaba con nosotros. Pese a esa acreditación contundente e incontestable, la CNDH se limitó a preguntarle a la Policía Federal si tenía registrado un operativo en esa fecha en ese domicilio. Cuando esa instancia respondió que no, nuestro caso quedó cerrado, a pesar de que probamos con evidencia irrefutable lo contrario. Tiempo después, afloró la verdad. El caso de Hugo Alberto Wallace es una ficción miserable, donde Isabel Miranda, con base en su cercanía con Felipe Calderón y su brazo derecho, el narcotraficante preso Genaro García Luna, dispuso de comandos policiales para, en una mojiganga autoritaria y con base en investigaciones sin rigor, se expusiera un montaje peligroso, y autoritario donde fingía buscar a su hijo y combatir el delito de secuestro.

Hoy, con base en lo documentado por los periodistas Guadalupe Lizárraga y Ricardo Raphael, sabemos que el caso completo es una ficción. Que a partir de una gota de sangre sembrada y con la cooperación de empleados o exempleados de Isabel Miranda y su empresa Showcase, hoy están presas personas inocentes que nunca tuvieron antecedentes penales, cosa que ella sí, por ser una empresaria chicanera y prepotente. Parte de las pruebas contra las personas inocentes se ha construido con base en tortura.

Ese 14 de enero de 2010, de no ser por el agente que, quizá sin proponérselo, dijo en voz alta que se habían equivocado de domicilio, quizá hoy nuestra suerte sería otra. Sin necesidad de hacer especulaciones victimistas, enfocarnos en lo que sí pasó en nuestro domicilio ese día es suficiente para saber que Miranda de Wallace es una montajista irresponsable y criminal que, con ayuda de lo peor de la política mexicana -el sanguinario narcocalderonismo- deshizo vidas y ha perjudicado a muchos inocentes.

Hoy, se sabe que ese personaje vil murió en días recientes. La muerte no la exculpa de nada. No faltará la voz necia que acuse que esta crónica atenta contra una mujer que ya no puede defenderse. Todo lo contrario: nosotros hicimos esta denuncia hace quince años ante la CNDH, y, cuando Miranda Wallace fue impuesta candidata del PAN al Gobierno de la Ciudad de México, el periodista Julio Hernández López dedicó su columna en el diario La Jornada del 19 de enero de 2012 a tratar nuestro caso, mismo que denuncié asimismo en columnas periodísticas y entrevistas tanto en 2019 como 2022, a la par de que increpé por redes sociodigitales a esa persona hasta que me bloqueó, sin nunca dar la cara por sus actos delincuenciales.

Así que no es ella la que no puede defenderse ante esta denuncia, por el contrario, somos nosotros, mi familia y yo, los que ya no podemos defendernos de su atropello, que quedará impune al ella haber muerto sin haber dado la cara y responsabilizarse por las muchas vidas que dañó.

Ese rostro de impunidad nos sirve para la reflexión: Isabel Miranda Wallace representa con nitidez al calderonismo, que no es otra cosa que haber convertido al país en fosa común y al debate público en fosa séptica. Ella contribuyó mediante sus montajes autoritarios e investigaciones fallidas de consecuencias dañinas y ejecución peligrosa y autoritaria, que mientras perjudicaba a muchos inocentes sin resolver nada, se construía una inmerecida imagen heroica ante los ingenuos y a los resabiados.

El día de hoy, ante el fallecimiento de ese personaje, se vuelve indispensable señalar que es necesario hacer un cerco sanitario contra el calderonismo y sus secuelas, entrañadas no sólo en una estrategia fallida, sino a las voces irresponsables que aún insisten en que esa manera histriónica y autoritaria de actuar es la vía correcta para construir la paz en México. Valgan estas líneas para argumentar lo contrario y asentemos que más que nunca, debemos desplazar para siempre al calderonismo y sus secuaces de la vida pública mexicana.

Héctor Alejandro Quintanar

Héctor Alejandro Quintanar es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctorante y profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Hradec Králové en la República Checa, autor del libro Las Raíces del Movimiento Regeneración Naciona

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