Por Ailynn Torres. Rebelión. Resumen Latioamericano, 30 de junio de 2026
Bajo el Gobierno de Noboa, Ecuador
registra niveles inéditos de violencia contra mujeres, niñas y
disidencias. Ese proceso no es un efecto colateral del narco: es una
dimensión constitutiva del régimen.
El Gobierno de Daniel Noboa, en Ecuador, es parte cabal de las
ultraderechas contemporáneas latinoamericanas. Ubicarle ahí no es usual.
Los procesos de radicalización y cambios cualitativos de las derechas
regionales generalmente refieren a gobiernos y figuras como Javier Milei
en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador o,
más recientemente, José Antonio Kast en Chile. Sin embargo, Noboa es
parte no solo por la centralidad de la seguridad en su agenda o su
énfasis en el militarismo, sino por el modo específico en que articula
autoritarismo político, racionalidad empresarial del Estado y
conservadurismo moral. Estos elementos de conjunto, han producido un
nítido y acelerado giro brutalista (en términos de Achile Mbembe), que
se trama en formas narcopolíticas de hondas consecuencias para el país y
la región.
El Gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa expresa una forma de
reorganización del poder que combina excepcionalidad permanente,
debilitamiento de las mediaciones democráticas, desplazamiento del
conflicto social hacia abajo y despliegue necropolítico. En ese
contexto, Ecuador es hoy un laboratorio de las ultraderechas regionales
por la forma y la velocidad en que esa reorganización ha tenido lugar.
Además, la política de ultraderechas ecuatoriana, que se ha amparado en
la «guerra contra las drogas», debe entenderse en relación con la guerra
contras las mujeres y de —contra el — género. Solo en esa nuda,
considero que es posible comprender la racionalidad política y moral
noboísta y avanzar hacia un entendimiento más integral de las
ultraderechas.
La radicalización hacia la ultraderecha en Ecuador puede leerse como
parte de la crisis del neoliberalismo como modo de dominación política
basado históricamente en la coerción mercantil y en la despolitización
del antagonismo social. En ese argumento, allí donde la disciplina del
mercado deja de producir obediencia y consenso, el Estado reaparece como
mediador directo del conflicto, pero no para integrar demandas ni
recomponer hegemonía, sino para repolitizar autoritariamente la lucha de
clases. En Ecuador esta repolitización se produce en un marco de
«guerra contra las drogas» que, en su operativa, es una guerra contra
determinados sectores sociales, territorios y cuerpos.
En general, el despliegue del Gobierno de Noboa combina dos registros
que operan simultáneamente. Por un lado, el brutalismo estatal,
entendido como el uso explícito, espectacular y ejemplarizante de la
violencia — militarización del territorio, intervención de cárceles,
normalización del uso letal de la fuerza. Por otro, la radicalización de
la coacción muda del capital —en el sentido desarrollado por Søren
Mau—, que opera a través de la precarización de la vida, la dependencia
económica, el retiro del Estado social y la ausencia de alternativas
reales, obligando a aceptar condiciones de existencia crecientemente
violentas. Este doble registro —violencia abierta y coacción silenciosa—
permite comprender cómo la ultraderecha autoritaria ecuatoriana ha
vaciado de contenido las mediaciones democráticas sin suspender
formalmente la democracia.
En lo que sigue propongo profundizar en ese panorama desde una
perspectiva feminista que observa un proceso particular: la
sincronización y anudamiento entre la política de guerra contra las
drogas y las guerras contra las mujeres y contra el género.
Conectar a las ultraderechas con las «guerras de género» no es una
novedad. Al menos desde 2013, los feminismos han advertido que las
ultraderechas regionales y globales adelantan guerras de —contra el—
género y que ello debe entenderse como un conflicto político estratégico
mediante el cual reorganizan el sentido común, canalizan malestares
sociales materiales hacia disputas morales y neutralizan el antagonismo
social, reforzando jerarquías y produciendo adhesión afectiva a
proyectos autoritarios. En ese proceso, se producen articulaciones entre
actores políticos y neoconservadores religiosos e intelectuales
orgánicos de esos campos. Cristina Vega sostiene
que Ecuador fue un laboratorio temprano de las guerras de género en
América Latina y que allí las ofensivas antigénero precedieron al auge
de las ultraderechas, en procesos donde confluyeron neoliberalización
del Estado, centralidad de la familia como amortiguador social,
conservadurismo religioso (católico y evangélico), y una politización
selectiva de la moral sexual y reproductiva. Con el giro a la derecha
local desde 2017, y luego a la ultraderecha, ese proceso se agravó.
Por otro lado, los feminismos han reflexionado sobre cómo el
capitalismo produce una guerra contra las mujeres —con sus cuerpos como
escenario privilegiado para la reinscripción del poder patriarcal en
contextos de guerra criminal y extractivismo armado— y contra la
reproducción social. Con eso último se nombra un campo ampliado de lo
bélico en el que se articulan la deuda, la violencia estatal, la
precarización de las economías populares y la privatización del cuidado,
todo lo cual ataca no solo a los cuerpos, sino también a los tiempos,
espacios y afectos que permiten sostener la vida. También contamos con
abundante literatura que informa la relación entre guerra contra las
drogas y criminalización de las mujeres, y de la guerra contra las
drogas como una política de clase, raza y género.
En Ecuador, la llegada de Noboa al Gobierno, y su instauración del lenguaje de la guerra y del ethos militar como política del gobierno sugirió
un desplazamiento en el primer plano político de la «guerra de género»
hacia la «guerra hacia las mujeres», que integra una guerra hacia abajo,
hacia sectores empobrecidos y jóvenes racializados. Ese desplazamiento
podría explicarse por cómo la crueldad gore del giro brutalista
ha pasado a ocuparlo todo. El país se ha convertido en un inmenso
cuartel, la violencia ha alcanzado niveles inusitados y el patrón de
aniquilamiento de los cuerpos y los territorios no ha hecho sino
agravarse.
Sin embargo, en este trabajo propongo una lectura distinta a la del
desplazamiento: la crisis del modelo de dominación política y moral
neoliberal y la radicalización autoritaria y brutalista de la
ultraderecha no desplaza la «guerra de género» sino que la sincroniza
con la guerra contra las mujeres. Así como la coacción muda no reemplaza
al brutalismo, sino que lo acompaña y lo hace gobernable, la guerra
contra las mujeres —material, cotidiana, estructural— convive con la
guerra contra el género —cultural, moral y simbólica— como parte de un
mismo ensamblaje. Desarrollar esta articulación permite caracterizar de
forma más adecuada al Gobierno de Noboa como una experiencia radical de
brutalismo capitalista y patriarcal de ultraderechas.
Ecuador: ultraderecha, guerra y aceleración de la violencia
En los últimos cinco años, en Ecuador se han intensificado
dramáticamente las violencias. Desde 2020, el número de homicidios se ha
incrementado exponencialmente, y aunque en 2024 se registró un leve
descenso, 2025 cerró como el año más violento de la historia del país. En 2023 llegó a ser el país más violento de la región, puesto que conserva hasta hoy.
Con el narcotráfico como eje, se han expandido delitos conexos como el
tráfico de armas, hidrocarburos, lavado de activos y corrupción.
El proceso debe entenderse como parte de una mutación del capitalismo
contemporáneo, que combina el vaciamiento o erosión profunda de las
mediaciones democráticas con la exhibición descarnada de la crueldad. En
Ecuador, esta dinámica se ha desplegado con una velocidad inusitada y
de la mano de la derechización de la política local.
Cuando Noboa gana en 2023, tras la convocatoria anticipada a
elecciones derivada de la «muerte cruzada» decretada por el entonces
presidente Guillermo Lasso, quien enfrentaba un juicio político, ya se
había producido un giro político a la derecha, que empezó en 2017. En
2025, fue reelecto para un mandato completo hasta 2029. Su inscripción
en el mapa de las ultraderechas no estuvo clara desde el inicio. Noboa
no construyó inicialmente una campaña explícitamente de ultraderecha ni
se definió dentro de ese campo político (su coalición, Acción
Democrática Nacional, se autodenominó de centroizquierda). Su proyección
fue la de una figura joven, moderada y dialogante, que desbordaba la
polarización correísmo/anticorreísmo que ha estructurado la política
ecuatoriana durante casi dos décadas. La trayectoria política efectiva
de su Gobierno ha sido otra.
En las elecciones de 2023, los principales partidos de derecha
respaldaron a Noboa en la segunda vuelta. El presidente proviene de una
de las familias más poderosas del país, con fuerte gravitación económica
y política, que ha funcionado como soporte estructural de su gestión.
Su entonces vicepresidenta, Verónica Abad —con quien luego mantendría un
enfrentamiento abierto—, fue identificada como militante «provida» y
miembro del Foro Liberal de América Latina. Asimismo, los primeros
gabinetes y los cuadros que han ocupado cargos estratégicos exhiben un
patrón consistente de vínculos empresariales y financieros, replicado en
las sucesivas designaciones. A nivel internacional, Noboa ha buscado un
alineamiento explícito con las ultraderechas globales, particularmente
con el entorno de Donald Trump.
En el plano institucional, el Gobierno de Noboa ha mostrado límpidos
rasgos autoritarios. Desde la irrupción de fuerzas policiales y
militares en 2024 en la embajada de México en Quito para capturar a
Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa que se encontraba asilado,
hasta la presión del Ejecutivo a los organismos electorales para
inhabilitar candidaturas consideradas amenazantes para su base política,
la línea ha sido consistente. A ello se añade que se mantuvo en
funciones durante la campaña, acumulando denuncias por uso de recursos
públicos que fueron desestimadas por el Tribunal Contencioso Electoral.
Ha tenido confrontaciones abiertas con la Corte Constitucional e
intentos sistemáticos de hostigamiento y censura a la prensa y
cooptación de medios. Todo ello ha asegurado concentración del Poder
Ejecutivo y debilitamiento de los contrapesos democráticos, una
característica de las ultraderechas contemporáneas.
El núcleo articulador del proyecto político de Noboa ha sido la
agenda de seguridad. Frente a la escalada de la violencia, su apuesta ha
sido por la «mano dura». El Gobierno ha recurrido de manera sistemática
al estado de excepción, convirtiendo una medida extraordinaria en una
condición permanente en varias provincias. Estas disposiciones habilitan
allanamientos sin orden judicial, restringen la movilidad y limitan el
derecho a la reunión. El punto de quiebre se produjo el 9 de enero de
2024, cuando, tras una serie de hechos espectaculares de violencia
criminal — incluida la toma de un canal de televisión—, el Ejecutivo
declaró la existencia de un «conflicto armado no internacional»,
catalogando a 22 grupos criminales como organizaciones terroristas, declaratoria que fue ratificada y extendida posteriormente.
Esta decisión consolidó un alineamiento creciente entre poder
político y poder militar, relanzando la histórica política de «guerra
contra las drogas» en la que Ecuador participa desde la década de 1990.
Las consecuencias han sido devastadoras: masacres carcelarias
recurrentes —cinco solo en 2025, con al menos 82 personas asesinadas—,
desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y
violaciones sistemáticas de derechos humanos, entre ellas el caso
emblemático de cuatro niños de Las Malvinas (Guayaquil) que fueron detenidos, desaparecidos, torturados y asesinados.
Desde el punto de vista de la seguridad, los resultados han sido
exiguos, como lo confirman evaluaciones comparadas de esta política en
la región. Desde el punto de vista político, en cambio, la estrategia ha
sido eficaz: ha naturalizado el lenguaje de la guerra, militarizado la
vida cotidiana y convertido al país en lo que Córdova-Alarcón describe
como «un gigantesco cuartel».
Así se ha configurado un Estado autoritario posdemocrático:
transformando el modo de dominación política en una «guerra hacia
abajo». En su marco, la violencia estatal y criminal se concentran
territorial y socialmente sobre barrios populares, poblaciones
empobrecidas, jóvenes racializados y personas privadas de libertad. En
este proceso la guerra narcopolítica se ha anudado con una guerra contra
mujeres, niñas y disidencias sexuales. La advertencia feminista de que
los cuerpos de las mujeres se convierten en botín, se ha visto
trágicamente confirmada.
La guerra contra las mujeres y personas racializadas: violencia estructural y reproducción social en crisis
La radicalización autoritaria del Gobierno de Daniel Noboa ha tenido
efectos materiales claramente identificables sobre mujeres, niñas y
personas racializadas. Se ha tratado, junto al aumento general de la
violencia, de una reconfiguración específica de los patrones del daño,
que permite hablar de una guerra contra la vida cotidiana y contra las
formas y posibilidades de reproducción social. Esta guerra no opera solo
a través de la represión directa, sino mediante una combinación de
militarización, abandono institucional y normalización de la violencia,
cuyos impactos recaen de manera diferencial sobre ciertos cuerpos y
territorios.
Uno de los indicadores más alarmantes de este proceso es el
incremento sostenido de las desapariciones de niñas y adolescentes,
particularmente en provincias costeras y en zonas atravesadas por la
expansión de economías criminales y por la intervención militar. Estas
desapariciones se inscriben en un contexto estructural marcado por la
desprotección estatal, la precarización de la vida y el debilitamiento
de los sistemas de cuidado, que expone de manera desproporcionada a
niñas y jóvenes de sectores empobrecidos y racializados. Cuando a
alguien se le desaparece, se pone en juego una tecnología de poder, un
castigo opaco (no dejan cuerpo), un mensaje difuso (cualquiera puede ser
la siguiente) y una pedagogía del terror que reconfigura movilidad, horarios, trabajo y vida comunitaria.
En 2025, en Ecuador la CIDH adoptó medidas cautelares frente
a la solicitud de proteger a 26 personas desaparecidas (incluidos seis
niños) que habrían sido detenidas por miembros de las Fuerzas Armadas, a
sus familiares y a seis mujeres buscadoras que estaban siendo
hostigadas. Pero, además, el patrón de las desapariciones está
generizado y privilegia a las infancias. Desde 2002, se registra un
aumento drástico de las desapariciones de niños, niñas y adolescentes
(NNA): 78 en 2022, 171 en 2023 y 322 en 2024. El 71% de los NNA que continúan desaparecidos son niñas,
dado que los grupos criminales buscan explotarlas sexualmente. Esta
cifra y proporción revelan que ellas han pasado a ser un foco
privilegiado de la crueldad gore. Asimismo, las desapariciones de NNA,
si bien suceden en todo el país, son más agudas en las «zonas de
sacrificio» mencionadas antes.
Desde una perspectiva feminista, las desapariciones constituyen una
forma extrema de violencia contra la reproducción de la vida.
Interrumpen trayectorias vitales, y producen un daño extendido sobre
madres, abuelas y redes familiares, que asumen en soledad la búsqueda,
el acompañamiento del duelo y la supervivencia cotidiana. La ausencia de
respuestas estatales eficaces —investigación oportuna, acompañamiento
integral, reparación— refuerza un régimen de impunidad que vuelve a
ciertos cuerpos socialmente prescindibles.
En paralelo, se observan transformaciones significativas en los
patrones de los (trans)feminicidios. La violencia extrema contra las
mujeres ya no se concentra prioritariamente en el ámbito doméstico ni
responde únicamente a relaciones mediadas por vínculos afectivos. Cada
vez con mayor frecuencia en el país, los feminicidios se articulan con
dinámicas territoriales, economías criminales y contextos militarizados,
lo que desborda las categorías tradicionales de análisis y dificulta su
abordaje institucional.
Esta mutación afecta de manera particular a mujeres jóvenes,
empobrecidas y racializadas, cuyas muertes tienden a diluirse en
narrativas amplias de «inseguridad» o «criminalidad», contribuyendo a su
despolitización.
En 2025, la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA) registró un aumento drástico de feminicidios (411), cifra que incluye 13 transfeminicidios. La Asociación Silueta X documentó 30
asesinatos de personas LGTBI, el 65% de los cuales se produjeron en
situaciones relacionadas con los sistemas criminales. Los territorios con más feminicidios coinciden
con las provincias con mayores índices de homicidios y presencia de
economías ilegales: Guayas, El Oro, Los Ríos y Manabí. Así, los cuerpos
feminizados, empobrecidos y racializados pasan a formar parte de las
«zonas de sacrificio». Esta violencia no se produce «a pesar» del crimen
organizado, sino en y mediante los entramados que sostienen la economía
ilegal y el control territorial.
La militarización del territorio, presentada como respuesta a la
crisis de seguridad, no ha operado como un factor de protección para las
mujeres. Por el contrario, en barrios populares y zonas intervenidas se
intensifican prácticas de control, hostigamiento y violencia
institucional, que afectan de manera diferencial a jóvenes racializados y
a mujeres responsables de cuidados. La presencia armada interrumpe dinámicas comunitarias,
restringe la movilidad cotidiana y produce un clima de miedo permanente
que limita las posibilidades de denuncia, organización y autoprotección
colectiva.
Este escenario se agrava con el debilitamiento deliberado de la
institucionalidad de género. La desinstitucionalización del Ministerio
de la Mujer y Derechos Humanos —a través de recortes presupuestarios,
pérdida de autonomía y su subordinación a la lógica de la seguridad— ha
reducido de forma sustantiva la capacidad estatal para prevenir, atender
y reparar esas violencias. En un contexto de intensificación del daño,
el Estado retrae precisamente las políticas que podrían ofrecer algún
grado de protección, desplazando la gestión de la violencia hacia los
hogares y las redes informales de cuidado.
La combinación de ajuste, militarización y vaciamiento institucional
produce una sobrecarga extrema: cuidado en contextos violentos, gestión
del riesgo y el miedo, acompañamiento de procesos de desaparición y
duelo, y supervivencia económica en condiciones cada vez más precarias.
La guerra contra las mujeres y personas racializadas, entonces, es una
condición estructural del funcionamiento autoritario. Al descargar sobre
estos cuerpos los costos sociales de la crisis, el Estado puede
sostener un orden basado en la fuerza sin garantizar las condiciones
mínimas para la vida. La violencia se vuelve cotidiana, persistente y
administrada, mientras se erosionan las capacidades colectivas para
resistirla.
Pero la guerra contra las mujeres, para sostenerse políticamente,
requiere marcos simbólicos que legitimen el abandono, desplacen
responsabilidades y desactiven la indignación social. Es en ese registro
donde la guerra contra el género adquiere pleno sentido. Esa
articulación es la que se analiza a continuación.
La guerra contra el género: guerras culturales, metapolítica y dispositivos de control en Ecuador
Los análisis feministas del neoliberalismo han mostrado que la
retirada del Estado de la reproducción social se apoya en un proyecto
conservador de la familia, el género y la moral como dispositivos
centrales de Gobierno. Como ha señalado Melinda Cooper,
el neoliberalismo no desmantela la familia, sino que la reactiva como
infraestructura clave para absorber los costos del ajuste, privatizar el
cuidado y disciplinar subjetividades allí donde el Estado se retira.
Por eso, se ha argumentado que la tradicionalización de las relaciones
de género, y de la familia, ha funcionado como un modo de administrar el
daño social, desplazando la responsabilidad de la crisis hacia los
hogares y, dentro de ellos, hacia las mujeres.
Wendy Brown subraya que
la moral arraigada en la familia heteropatriarcal es parte vital del
buen orden y una unidad económica esencial: la familia tradicional
funciona como estabilizadora y controladora social. Isabela Kalil hizo
un análisis convergente para Brasil. Para Alabao, la centralidad de la familia tradicional trasciende
a los diferentes sectores —más o menos radicales— de la derecha, que
convergen en su insistencia en políticas centradas en la familia y hacen
un uso moralizante de la institución familiar para sus programas políticos.
Sin embargo, el caso ecuatoriano permite observar también el
itinerario inverso: cuando este modo de dominación moral entra en crisis
—cuando la familia ya no puede absorber la violencia, cuando la
precariedad desborda los marcos simbólicos que la legitiman—, el
conflicto reaparece en clave de repolitización autoritaria, relanzando
la violencia material contra mujeres y cuerpos feminizados. En este
sentido, la guerra contra el género no solo acompaña la guerra contra
las mujeres; también señala sus límites y prepara el terreno para su
intensificación. Decir que la guerra contra las mujeres se articula con
una guerra contra el género no es añadir un «ruido cultural» paralelo a
la crisis de seguridad. La guerra contra el género sigue funcionando
como tecnología política para reorganizar el sentido común, producir
legitimidad conservadora y desplazar el conflicto social hacia terrenos
morales. Se trata de una estrategia metapolítica orientada a disputar
los marcos culturales desde los cuales se interpreta la desigualdad y la
democracia. El Gobierno de Daniel Noboa ha continuado afirmando esa
línea, como lo han hecho otras fuerzas políticas de ultraderechas.
En primer lugar, durante la campaña de la segunda vuelta electoral de
2025, el presidente asumió compromisos explícitos contra la llamada
«ideología de género», cuando firmó un acuerdo público con la
organización Sociedad y Familia, que reúne a representantes de la
iglesias Católica, Ortodoxa y Evangélica y líderes indígenas
evangélicos. El acuerdo, que también fue firmado por la candidata del
partido de izquierda Revolución Ciudadana, prometió impedir la presencia
de la «ideología de género» en textos educativos y en instituciones del
Estado y garantizar el derecho de los padres de familia a
que eduquen a sus hijos conforme a su fe y convicciones. También
aseguró el compromiso por «defender la vida desde la concepción hasta la
muerte natural» y, en ese sentido, no aprobar «ninguna reforma que legalice o amplíe el aborto o la eutanasia».
Este compromiso fue reiterado en distintos momentos de coyuntura
política y amplificado en medios nacionales. Este tipo de promesas da
continuidad a la agenda de afirmar al Estado como garante de un orden
moral y producen una idea de amenaza interna asociada a agendas
feministas y de diversidades.
Asimismo, se observa una convergencia entre esta agenda y actores
antiderechos con capacidad de movilización y de incidencia. La discusión
pública sobre el «Compromiso por la Niñez y la Vida» y el señalamiento
de redes organizadas detrás de estas iniciativas muestran que la guerra
contra el género no se reduce a opinión presidencial, sino que se
estructura mediante alianzas políticas y sociales que buscan fijar límites normativos a la igualdad de género y a los derechos sexuales y reproductivos.
En segundo lugar, la ofensiva antigénero se anuda a un repertorio religioso y tradicionalista cuidadosamente escenificado. La participación de Noboa en
actos religiosos y celebraciones locales con mensajes de alto contenido
moral —presentados como defensa de tradiciones y valores— funciona como
una forma de identificación simbólica con sectores conservadores y como
señal de alineamiento con un proyecto cultural más ampliO. Este
repertorio no solo comunica pertenencia, construye autoridad moral en un
contexto de crisis social y violencia extendida.
Finalmente, la guerra cultural se ha alimentado de controversias que
operan como «eventos gatillo» para moralizar el espacio público. La
polémica desatada en Quito por la puesta en escena de una obra drag en una capilla desacralizada
del antiguo Hospital San Juan de Dios de Quito, hoy Museo de la Ciudad,
es muestra de ello. El hecho generó una fuerte polémica entre
defensores de los derechos LGTBIQ+, sectores conservadores de la Iglesia
católica y la institucionalidad municipal, e ilustra cómo el género y
las disidencias se convierten en un terreno privilegiado para la
producción de indignación pública, para la construcción de «enemigos
culturales» y para el llamado a respuestas punitivas o restrictivas.
Este tipo de episodios forman parte de una dinámica más amplia de
militancia comunicacional, polarización y teorías conspirativas que
Alabao identifica como rasgos característicos de las guerras de género.
Lo decisivo, sin embargo, es cómo estos hechos funcionan
políticamente. La ofensiva antigénero opera como dispositivo de
traducción. Eso quiere decir que condensa malestares materiales
(precariedad, inseguridad, desgaste institucional) en conflictos
morales, y desplaza la responsabilidad del Estado hacia individuos y
familias. Al instalar la idea de que el problema social es cultural
—«valores», «ideología», «amenazas a la niñez»—, se desactiva la
posibilidad de nombrar la precarización y el daño estructural como
efectos de una forma de gobierno. En esa convergencia entre moralización
(guerra cultural) y punitivismo (guerra hacia abajo) se configura la
especificidad del ensamblaje autoritario de la ultraderecha patriarcal
ecuatoriana.
Moralización en crisis y relanzamiento autoritario de la violencia
El análisis del Ecuador bajo el Gobierno de Daniel Noboa permite
comprender cómo se ensamblan, en el presente, distintas dimensiones del
autoritarismo contemporáneo de ultraderecha. Su carácter no se explica
únicamente por su orientación económica, su perfil empresarial o su
énfasis securitario, sino por la forma específica en que articula
violencia material y restauración moral como estrategias complementarias
de gobierno.
La guerra contra las mujeres —expresada en el aumento de
desapariciones, la transformación de los patrones de feminicidio, la
militarización de territorios populares y la desinstitucionalización de
las políticas de igualdad— constituye una dimensión estructural del
régimen en curso. Esta guerra es una forma de gestionar la crisis de la
reproducción social descargando sus costos sobre cuerpos feminizados y
racializados.
Al mismo tiempo, la guerra contra el género opera como una ofensiva
metapolítica que reorganiza el sentido común, produce legitimidad
conservadora y neutraliza el conflicto social. A través de narrativas
sobre la familia, la infancia y la moral, esta guerra cultural busca
despolitizar la violencia estructural y privatizar sus efectos,
presentando el orden moral como solución allí donde el Estado se retira.
Sin embargo, el caso ecuatoriano muestra que este modo de dominación
moral neoliberal no es ilimitado. Cuando la violencia desborda la
capacidad de contención de la familia, cuando la precariedad ya no puede
ser absorbida por el trabajo invisible de las mujeres y cuando la
moralización deja de producir obediencia, el conflicto reaparece como
relanzando la violencia directa, del control territorial y del abandono
institucional.
Desde esta perspectiva, la guerra contra las mujeres y la guerra
contra el género no deben pensarse como alternativas ni como etapas
sucesivas, sino como dimensiones coexistentes y mutuamente condicionadas
del mismo proyecto. Así como la radicalización de la violencia estatal
convive con formas estructurales de daño silencioso, la ofensiva moral
convive con la exposición diferencial de ciertos cuerpos al riesgo, la
muerte y la crueldad. Cuando la primera ya no alcanza para gobernar la
crisis, la segunda se intensifica.
Esta convivencia —inestable, contradictoria y violenta— permite
comprender el carácter del autoritarismo contemporáneo en Ecuador. Se
trata, en definitiva, de un régimen que combina mercado, moral y fuerza
para sostener un orden social crecientemente inviable e invivible.
Pensar esta articulación desde una perspectiva feminista resulta
indispensable para imaginar formas de resistencia capaces de disputar, a
la vez, la violencia material y el orden moral que la legitima.
Fuente: https://jacobinlat.com/2026/06/ultraderecha-violencias-y-reaccion-patriarcal-en-el-ecuador-de-noboa/
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