7/25/2026

Ley Dafne: qué propone la iniciativa tras el feminicidio de la adolescente en Tamaulipas

 

A unos días del feminicidio de Dafne Zapata, adolescente de 13 años que murió tras participar en un campamento organizado por la Academia Militarizada Doenitz, legisladores de Tamaulipas y su familia impulsan la creación de la denominada Ley Dafne, una iniciativa que busca reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a prácticas violentas dentro de instituciones de formación militarizada y campamentos.

La propuesta surge en medio de la exigencia de justicia de Alejandra Quintoz, madre de la adolescente, quien ha denunciado públicamente que, pese al avance de las investigaciones, hasta ahora no existe ninguna persona detenida por la muerte de su hija.

«Todos están haciendo su trabajo, pero yo no veo resultados. Todos andan libres y mi hija está enterrada«, expresó la madre durante diversas entrevistas con medios de comunicación.

¿Qué propone la Ley Dafne?

El diputado local de Morena, Alberto Moctezuma Castillo, informó que ya trabaja en un paquete de reformas que será conocido como Ley Dafne, cuyo objetivo será establecer mayores mecanismos de prevención, supervisión y sanción cuando la negligencia o el incumplimiento de protocolos pongan en riesgo la vida de niñas, niños y adolescentes.

La propuesta contempla modificaciones a diversas disposiciones estatales, entre ellas:

  • Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
  • Ley de Protección Civil.
  • Ley de Salud.
  • Código Penal.

Además, la iniciativa plantea la creación de una Ley de Campamentos de Verano para Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de regular este tipo de actividades y garantizar condiciones seguras para las personas menores de edad.

Entre las medidas planteadas destacan:

  • Regular el funcionamiento de campamentos y actividades similares dirigidas a menores.
  • Crear un padrón estatal obligatorio de campamentos.
  • Establecer requisitos mínimos para su operación.
  • Exigir protocolos de seguridad y protección civil.
  • Implementar planes obligatorios de atención a emergencias.
  • Fortalecer los mecanismos de supervisión por parte de las autoridades.
  • Garantizar la protección de la integridad física y psicológica de niñas, niños y adolescentes.

La familia exige prohibir novatadas y castigos físicos

De manera paralela, la madre de Dafne impulsa una propuesta para prohibir cualquier práctica que vulnere los derechos de niñas, niños y adolescentes dentro de academias militarizadas o instituciones con esquemas de disciplina similares.

La iniciativa busca impedir prácticas como novatadas, castigos físicos, ejercicios extremos, pruebas de resistencia que comprometan la salud, actos de humillación y cualquier forma de tortura o maltrato.

Alejandra Quintoz sostiene que su hija fue víctima de violencia durante el campamento y ha solicitado que el caso sea investigado como feminicidio.

Aunque reconoció que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas continúa con las investigaciones, señaló que prefiere no revelar algunos detalles para no entorpecer las diligencias ministeriales.

La madre de la adolescente también rechazó los argumentos de algunas autoridades que han señalado no tener competencia para supervisar este tipo de instituciones y aseguró que continuará alzando la voz hasta obtener justicia.

«Agradezco el apoyo de la ciudadanía y de los medios de comunicación. Voy a seguir hablando porque no quiero que otra familia pase por esto», expresó.

El caso Dafne

De acuerdo con la información difundida por la familia, Dafne Zapata ingresó el pasado 13 de julio a un campamento organizado por la Academia Militarizada Doenitz.

Cuatro días después, personal de la institución notificó a su madre que la adolescente había fallecido presuntamente después de desvanecerse en un baño.

Sin embargo, la familia sostiene que la menor fue víctima de agresiones físicas durante su estancia en el campamento y ha denunciado presuntos actos de tortura y violencia, por lo que exige que las investigaciones se desarrollen con perspectiva de género y que el caso sea tratado como feminicidio.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con la muerte de la adolescente.

Feminicidios en México: una violencia que persiste

El caso de Dafne ocurre en un contexto de violencia feminicida que continúa afectando a mujeres, adolescentes y niñas en México.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2025 se registraron 721 presuntas víctimas de feminicidio en el país. No obstante, organizaciones civiles han advertido que la violencia letal contra las mujeres es mayor, ya que miles de asesinatos siguen siendo investigados como homicidios dolosos y no bajo el protocolo de feminicidio.

Especialistas también han señalado que niñas y adolescentes enfrentan riesgos particulares de violencia en espacios donde existen relaciones de poder, disciplina extrema o ausencia de mecanismos efectivos de supervisión.

En ese contexto, la propuesta de la Ley Dafne busca abrir el debate sobre la responsabilidad del Estado para garantizar que cualquier institución que tenga bajo su cuidado a personas menores de edad opere bajo estrictos estándares de seguridad, respeto a los derechos humanos y protección integral de la niñez, con el objetivo de que ninguna otra familia tenga que enfrentar una tragedia como la ocurrida con Dafne Zapata.

¿La ley de cuota femenina de India vuelve a dejar a las mujeres en desventaja?

 

Ranjana Kumari, fundadora del Centro de Investigación Social y una de las principales impulsoras del movimiento por la reserva de escaños legislativos para las mujeres en India. Imagen: Cortesía para IPS.-Kumkum Chadha

NUEVA DELHI – Decir que los hombres volvieron a imponerse sobre las mujeres sería quedarse corto. Afirmar que las mujeres perdieron y los hombres ganaron sería una simplificación excesiva. Y sostener que las maniobras políticas, las intrigas y el engaño terminaron superando a la mitad de la población de la India sería simplemente describir lo evidente.

Entonces, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la trama, con todos sus giros inesperados? ¿O cuál es el juego que las mujeres perdieron incluso antes de empezar a jugar?

Retrocedamos tres décadas, cuando las mujeres de la India despertaron a lo que hoy se presenta como el inicio de su empoderamiento político.

En ese contexto, hay un nombre que sobresale: el de la parlamentaria Geeta Mukherjee, quien presidió el Comité Parlamentario Conjunto encargado de examinar un proyecto de ley que proponía reservar escaños para las mujeres tanto en el parlamento nacional como en las legislaturas estatales. El porcentaje previsto era de 33 %.

Fue en 1996 cuando ese proyecto se presentó por primera vez en la Cámara Baja del Sansad, el nombre del parlamento indio.

Hoy es 2026 y las mujeres de la India siguen luchando por obtener un lugar legítimo en el poder político y reclamando, sin descanso, lo que les corresponde por derecho.

El proyecto de ley de cupo femenino fue presentado ante el Parlamento en varias oportunidades: cinco, para ser exactos.

Su historia, llena de avances y retrocesos, resulta reveladora. También lo son los interrogantes que surgieron a lo largo de ese accidentado recorrido. Pero, sobre todo, cabe preguntarse qué consecuencias tuvo este sueño incumplido para la dignidad de las mujeres de la democracia más grande del mundo.

En términos sencillos, quedaron atrapadas en una espera interminable, preguntándose una y otra vez si la ley finalmente se aprobará o no. Y, tal como se desarrollaron los acontecimientos, el futuro ofrece escasas razones para el optimismo.

Retrocedamos aún más, hasta la Asamblea Constituyente que aprobó la Constitución de la India en 1949. De sus 389 integrantes, apenas 15 eran mujeres. Ya entonces existían cuestionamientos, aunque de otra naturaleza.

Mientras una de las constituyentes temía que la reserva de escaños terminara restringiendo la participación femenina y excluyendo a las mujeres de los cargos de elección general, otro miembro planteó una pregunta directa: “¿Acaso las mujeres no se guiaban por el corazón y la política no era una cuestión de la mente?”. Así, el debate entre el corazón y la razón se prolongó sin que el problema encontrara una solución.

Casi 50 años después, en 1996, fue Sushma Swaraj, entonces diputada y más tarde ministra de Relaciones Exteriores de la India, quien volvió a instalar el tema en la agenda política. Ante el parlamento señaló que solo 6,5 % de los 543 integrantes de la Cámara Baja eran mujeres. Sin decirlo de manera explícita, dejó en claro que la situación era desalentadora y que el panorama futuro no invitaba al optimismo.

Sus palabras resultaron proféticas. Tres décadas después, las mujeres continúan luchando por un derecho que debería estar plenamente garantizado.

Cuando el proyecto se presentó en el Parlamento en 1996 y nuevamente en 1998 y 1999, los legisladores varones se alinearon para impedir que avanzara. En las tres ocasiones, la iniciativa perdió estado parlamentario al disolverse la Cámara Baja.

Sin embargo, en 2008 se optó por otra estrategia y el proyecto fue presentado en la Cámara Alta.

De ese modo se evitaba que caducara, ya que el Sansad indio está organizado de tal manera que la Cámara Baja tiene un mandato fijo de cinco años, mientras que la Cámara Alta es un órgano permanente que no se disuelve. A diferencia de los proyectos presentados en la Cámara Baja, los que ingresan por la Cámara Alta no pierden estatus parlamentario.

Aun así, su aprobación definitiva en la Cámara Baja sigue siendo una enorme incógnita que continúa interpelando a las mujeres de la India.

Todo este largo y complicado proceso dejó al descubierto, y sigue dejando al descubierto, el desprecio y la falta de consideración que muchos hombres sienten hacia las mujeres en esta parte del mundo. Y no se trata de hombres cualquiera, sino de dirigentes elegidos para velar por el bienestar de toda la población, hombres y mujeres por igual.

Por eso, cuando se expresan de manera despectiva sobre las mujeres, surge una pregunta inevitable: ¿la sociedad realmente avanzó o sigue siendo profundamente patriarcal y conservadora, donde los hombres, tanto en el ámbito público como dentro del hogar, padres, hermanos y esposos, continúan tomando todas las decisiones?

Aunque la respuesta parece evidente, resulta indignante para amplios sectores femeninos el recordar la forma en que numerosos legisladores atacaron a las mujeres durante los distintos debates sobre la reserva de 33 % de los escaños en el parlamento y en las legislaturas estatales.

Basta con un ejemplo. Durante un debate parlamentario celebrado en 1997, dos dirigentes pertenecientes a las castas consideradas socialmente desfavorecidas se opusieron al proyecto al tiempo que reclamaban lo que denominaron una “cuota dentro de la cuota”.

En otras palabras, sostenían que, dentro de 33 % reservado para las mujeres, debía garantizarse una representación específica para las Otras Castas Atrasadas, los dalits y las mujeres musulmanas.

En la India, los dalits son los integrantes de las antiguas castas consideradas “intocables”, mientras que las Otras Castas Atrasadas (OBC) agrupan a comunidades históricamente marginadas. La población musulmana constituye una de las principales minorías religiosas del país.

Pero volvamos al debate parlamentario. Amparándose en la supuesta defensa de las mujeres pertenecientes a las castas desfavorecidas y marginadas, estos dirigentes encabezaron una campaña contra la reserva de escaños.

Para desacreditar a las mujeres recurrieron a expresiones particularmente ofensivas, estableciendo una división entre las mujeres urbanas y con educación superior y aquellas provenientes de las zonas rurales.

El exministro Sharad Yadav, del estado de Bihar, llegó a calificarlas de par-kati mahilayen, una expresión que puede traducirse aproximadamente como “mujeres de pelo corto y pertenecientes a la élite”.

Incluso amenazó con ingerir veneno si el proyecto se aprobaba sin contemplar una representación adecuada para las distintas castas. Según sostenía, las mujeres privilegiadas, urbanas y pertenecientes a la élite eran incapaces de comprender las dificultades que enfrentaban sus pares de las zonas rurales más alejadas.

En sus propias palabras: “Al igual que Sócrates, que murió bebiendo veneno en defensa de sus principios, yo también estoy dispuesto a morir luchando por los míos”.

Dada la mentalidad patriarcal que predominaba, y que aún persiste, semejante declaración podía interpretarse como una advertencia: la reserva de escaños para las mujeres solo se aprobaría “sobre mi cadáver”.

El exjefe de gobierno del estado de Uttar Pradesh, Mulayam Singh Yadav, expresaba otra preocupación. En 2010 dijo a sus seguidores: “Miren el tipo de mujeres que llegarán al Parlamento… Las esposas e hijas de funcionarios y empresarios, esas a las que los muchachos les silban por la calle…”. También sostuvo que las mujeres rurales quedarían excluidas porque “no son tan atractivas”.

Otro dirigente, el exministro y exjefe de gobierno del estado de Bihar Lalu Prasad Yadav, afirmó que, dado que la India era una “sociedad dominada por los hombres”, las mujeres votaban siguiendo las instrucciones políticas de sus familias. En otras palabras, carecían de capacidad para pensar y decidir por sí mismas y actuaban simplemente como una extensión de la voluntad de sus esposos: “Mi propia esposa vota según lo que yo le digo”, declaró entonces.

Años más tarde, cuando fue encarcelado por un caso de corrupción relacionado con un fraude en la compra de forraje para ganado, designó a su esposa como sucesora política.

Según el expediente judicial, Lalu Prasad Yadav, quien había sido jefe de gobierno de Bihar y ministro del Gobierno nacional, fue condenado por desviar importantes sumas de dinero del Departamento de Ganadería.

Tras su renuncia, y sin intención de ceder el poder a alguien ajeno a su familia, eligió a su esposa, Rabri Devi, para reemplazarlo. El hecho de que ella no tuviera educación formal y ni siquiera supiera firmar su nombre no representó un obstáculo, ya que gobernaría, en los hechos, como representante de su marido.

Rabri Devi se convirtió en la primera mujer en gobernar el estado de Bihar y ocupó ese cargo en tres oportunidades.

No obstante, es cierto que, en muchas regiones de la India, los hombres siguen indicando a sus esposas, madres, hermanas y demás mujeres de la familia cómo deben votar. Esa es una de las razones por las cuales el voto en bloque continúa siendo la norma más que la excepción entre las mujeres de las zonas rurales.

Sin embargo, hacia 2023 los partidos políticos comenzaron a comprender el peso del voto femenino, especialmente durante el gobierno del primer ministro Narendra Modi, cuya administración puso en marcha diversos programas sociales destinados a las mujeres.

Con la intención de consolidar su imagen como defensor de los derechos de las mujeres, el gobierno de Narendra Modi impulsó el proyecto de ley de reserva de escaños para las mujeres, que finalmente fue aprobado por la Cámara Baja del Parlamento, aunque no sin resistencias.

Sin embargo, ese avance fue solo parcial. Si bien la ley establecía una reserva del 33 % de los escaños para las mujeres, su entrada en vigor quedó supeditada a dos procesos futuros: la realización del próximo censo nacional y la posterior redistribución de las circunscripciones electorales, conocida en la India como delimitación.

A primera vista parecía un paso adelante, pero en la práctica se trataba de una promesa postergada.

Vincular la aplicación de la reserva de escaños al censo y al posterior proceso de delimitación significaba dejar su implementación en un futuro incierto, ya que no existía claridad sobre cuándo se realizaría el censo ni sobre la fecha en que entraría en vigor la nueva distribución de los distritos electorales. En consecuencia, la aprobación de la ley terminó siendo, en gran medida, una medida simbólica, válida sobre el papel pero sin efectos concretos.

Lo cierto es que los hombres siguen siendo reacios a ceder espacios de poder político a las mujeres. Al mismo tiempo, para cualquier partido político resulta contraproducente oponerse abiertamente a una reforma destinada a ampliar la participación femenina. Ninguna fuerza quiere ser vista como un obstáculo para el avance de los derechos de las mujeres ni correr el riesgo de ser catalogada como contraria a ellas.

Por eso, aunque todos los partidos manifiestan públicamente su apoyo a la iniciativa, la realidad es muy distinta: ninguno parece dispuesto a que la reserva de escaños se convierta en un hecho. La explicación es sencilla. Si el cupo de 33 % llegara a aplicarse, serían los hombres quienes tendrían que renunciar a parte de sus bancas para dar lugar a las mujeres. En una sociedad tan patriarcal como la india, esa posibilidad sigue pareciendo lejana.

Lo paradójico es que prácticamente todos los partidos incluyeron la reserva para las mujeres en sus plataformas electorales, pero ninguno avanzó de manera decidida para convertirla en realidad. Si algo hicieron a lo largo de los años fue, precisamente, obstaculizar su concreción.

Avancemos hasta 2026. Ese año, el gobierno del nacionalista Narendra Modi volvió a presentar el proyecto de ley durante una sesión especial del parlamento.

Esta vez, sin embargo, las verdaderas intenciones despertaron sospechas. La iniciativa apareció de manera sorpresiva en plena campaña para las elecciones en los estados, lo que llevó a muchos a pensar que respondía más a cálculos políticos que a un genuino compromiso con los derechos de las mujeres.

La situación se agravó cuando el gobierno decidió vincular el proyecto de reserva de escaños con otra iniciativa legislativa: la delimitación de las circunscripciones electorales.

Para quienes no están familiarizados con el sistema político indio, la delimitación consiste en redefinir los límites de las circunscripciones electorales. Ese proceso implica redistribuir los escaños parlamentarios y estatales de acuerdo con los datos del censo más reciente, un relevamiento que todavía no concluyó.

La decisión de tratar conjuntamente ambos proyectos fue duramente cuestionada. Los partidos de la oposición acusaron al gobierno de Modi de utilizar a las mujeres como instrumento para alcanzar objetivos políticos.

La diputada opositora Mahua Moitra resumió esa crítica con una frase que rápidamente ganó notoriedad: el proyecto era “la delimitación envuelta en un sari”. Con esa expresión quiso decir que el Gobierno estaba utilizando la causa de las mujeres para impulsar una reforma que, de otro modo, encontraría una fuerte resistencia en el Parlamento.

Cabe recordar que los estados gobernados por la oposición rechazan la delimitación porque consideran que reduciría su peso político. Al redistribuir los escaños en función de la población actual, aquellos estados con menor crecimiento demográfico perderían representación parlamentaria.

Consciente de que el proyecto de delimitación difícilmente obtendría los votos necesarios por sí solo, el Gobierno optó por asociarlo a la ley de reserva para las mujeres. La estrategia era clara: hacer que la delimitación avanzara de la mano de una iniciativa que ningún partido quisiera aparecer rechazando, dado el enorme peso electoral del voto femenino.

Sin embargo, los cálculos políticos no dieron resultado. La oposición cerró filas y votó en bloque contra el proyecto. El resultado fue que una iniciativa que parecía destinada a prosperar terminó naufragando.

Como explicó la diputada opositora Sushmita Dev: “No estamos en contra de la reserva de escaños para las mujeres. Lo que constituye una traición es que el Gobierno utilice a las mujeres para impulsar la delimitación. ¿Por qué vincular ambos proyectos? ¿Por qué convertir este tema en una disputa política? ¿Por qué imponer una agenda? ¿Por qué no otorgarles a las mujeres la dignidad que merecen?”.

Más allá de las disputas partidarias, las mujeres que llevan décadas luchando por el empoderamiento femenino consideran que este enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición representa una oportunidad perdida.

Así lo expresa Ranjana Kumari, fundadora del Centro de Investigación Social y una de las principales impulsoras del movimiento por la reserva de escaños para las mujeres en la India: “El rechazo del proyecto de ley de reserva de escaños para las mujeres en el parlamento obliga a reflexionar con mayor profundidad sobre el estado de la democracia india.

«Existe una brecha entre las intenciones y las acciones. Los partidos políticos deben asumir su responsabilidad y dejar atrás los gestos meramente simbólicos. En todo el mundo, las cuotas de género han demostrado que el cambio es posible cuando existe un compromiso político genuino y un diseño institucional claro. La India se encuentra hoy en una encrucijada similar”, añadió.

Kumari estuvo al frente del movimiento que durante años impulsó la aprobación de una legislación destinada a garantizar una mayor representación política de las mujeres.

Llegados a este punto, es inevitable hacerse una serie de preguntas. ¿Durante cuánto tiempo seguirán las mujeres de la India golpeando puertas para reclamar un derecho que les corresponde?, ¿Hasta cuándo los partidos políticos y sus dirigentes continuarán utilizándolas como chivos expiatorios para alcanzar sus propios objetivos?, ¿Por qué se les niega, una y otra vez, lo que les pertenece por derecho?, ¿Por qué siguen siendo víctimas de hombres que concentran el poder político?

¿Por qué la política termina imponiéndose sobre los derechos de las mujeres?, ¿Por qué su futuro depende de procesos legislativos cada vez más complejos?, ¿Por qué continúan siendo rehenes de los intereses y las maniobras del poder político?

Son demasiadas preguntas, pero la respuesta resulta para la autora de este análisis  tan directa como contundente: los hombres de la India, como ocurre en muchas otras partes del mundo, quieren que las mujeres sigan siendo subordinadas y ocupen un lugar de segunda categoría, aun cuando la mitad del cielo también les pertenece.

Violencia vicaria llega a la CIDH: mujeres mexicanas denunciarán al Estado por omisiones

 

La violencia vicaria en México será llevada por primera vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde tres mujeres mexicanas expondrán la utilización de hijas e hijos como mecanismo de violencia contra las madres y denunciarán la falta de acceso a la justicia que enfrentan en el país.

La audiencia temática se realizará el próximo 3 de agosto en Washington, convirtiéndose en la primera de carácter interamericano dedicada exclusivamente a esta forma de violencia de género. Su objetivo es colocar el tema en la agenda regional de derechos humanos y evidenciar las fallas institucionales que permiten la revictimización de las mujeres.

Las participantes serán Elisa María Zaldívar, Gabriela Pablos y Blanca Estela Paredes, quienes representan los tres primeros casos de violencia vicaria admitidos por la CIDH tras agotar las vías legales en México. Las mujeres estarán acompañadas por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C., organización que impulsó la admisión de sus expedientes.

Buscan que la violencia vicaria sea reconocida como una violación a derechos humanos

La coordinadora del Área de Defensa de las Mujeres de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, Ie Tze Rodríguez, explicó que uno de los principales objetivos de la audiencia es que el Estado mexicano reconozca la violencia vicaria como una forma de violencia de género que vulnera derechos humanos.

Además, señaló que buscan que las autoridades asuman su responsabilidad para prevenirla, investigarla y sancionarla de manera efectiva, pues las víctimas continúan enfrentando obstáculos judiciales y procesos que terminan por profundizar la violencia.

Las organizaciones que acompañan los casos subrayan que las infancias también resultan afectadas, ya que son utilizadas como instrumentos para ejercer violencia contra sus madres. Por ello, solicitarán a la CIDH que las niñas, niños y adolescentes sean reconocidos como víctimas directas de estas agresiones y que las políticas públicas incorporen medidas específicas para garantizar su protección y bienestar.

¿Qué es la violencia vicaria?

La violencia vicaria es una forma extrema de violencia de género en la que el agresor busca dañar a una mujer utilizando a sus hijas, hijos o personas con quienes mantiene un vínculo afectivo. El término fue acuñado por la psicóloga argentina-española Sonia Vaccaro, quien la definió como una violencia «por sustitución» (de ahí el término vicaria), en la que el agresor reemplaza el ataque directo hacia la mujer por el ataque a lo que ella más quiere.

¿Cómo se manifiesta?

Algunas de las formas más frecuentes de violencia vicaria son:

  • Amenazar con quitarle a la madre a sus hijas o hijos.
  • Retener, ocultar o sustraer a las niñas y niños para impedir el contacto con la madre.
  • Manipular a las infancias para que rechacen o teman a su madre.
  • Utilizar los juicios de custodia o convivencia para ejercer control y prolongar la violencia.
  • Incumplir acuerdos de convivencia como forma de castigo.
  • Amenazar con hacer daño a las hijas e hijos.

¿Por qué se considera violencia de género?

Porque esta violencia ocurre dentro de una relación de poder desigual y se dirige contra la mujer por el hecho de ser mujer. Las hijas e hijos son utilizados como un instrumento para continuar el control, la dominación y el castigo, incluso después de una separación o divorcio.

Además, las niñas y niños también son víctimas directas, ya que sufren afectaciones psicológicas, emocionales y, en algunos casos, físicas.

¿Qué dice la ley en México?

En los últimos años, varios estados han reformado sus leyes para reconocer la violencia vicaria como una modalidad de violencia contra las mujeres, entre ellos destacan Estado de México, Puebla, Colima, Hidalgo, Sinaloa y Yucatán. También se han incorporado medidas para proteger a las infancias y evitar que los procesos de guarda y custodia sean utilizados como mecanismos de agresión.

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido criterios para que jueces y juezas identifiquen cuando una persona utiliza recursos legales —como juicios de custodia, convivencias o amparos— con el propósito de continuar ejerciendo violencia contra una mujer, priorizando siempre el interés superior de la niñez.

Arely y la cercanía de la violencia

 

-Soy de raíz zacatecana, específicamente de El Chique, en el municipio de Tabasco, Zacatecas. Zacatecos y caxcanes fueron los principales pueblos chichimecas que habitaron esta región. 

Hoy Zacatecas también está marcado por otra historia. El gobierno morenista de David Monreal Ávila, en Zacatecas, la violencia feminicida y los delitos cometidos por grupos criminales permanecen silenciados. Para las y los zacatecanos esta realidad se pierde en la cotidianidad. Las comunidades se acostumbran al ir y venir de camionetas sospechosas, halcones y hombres armados en las fiestas patronales que ya son parte del paisaje.

El Chique, así como otros ranchos cercanos se caracterizan por la migración temporal de los hombres jóvenes y adultos con visa de trabajo para viajar a Estados Unidos a la pisca de fresa, arándanos, pepino y otros cultivos.

Así, los poblados quedan custodiados por hombres mayores, niñas, niños y mujeres jóvenes y adultas que esperan las fiestas patronales para la visita de todos esos que vienen del norte. Muchos no vuelven.

La ausencia masculina termina por formar parte de la vida cotidiana. Generaciones enteras de niñas y niños crecen entre despedidas, mientras las mujeres sostienen los hogares y las comunidades. La movilidad laboral y la presencia del crimen organizado han transformado profundamente el tejido social de esta región, hasta el punto de que aquello que antes habría provocado indignación hoy parece pasar inadvertido.

La complejidad de la movilidad en esta región y la presencia del crimen organizado han dejado de llamar la atención.

Recientemente, Zacatecas fue noticia. Arely, una niña de 10 años, fue víctima de violación y violencia física por parte de un adolescente de 13 años. Sobreviviente de violencia feminicida, debido a la gravedad de sus lesiones, Arely requirió traslado de emergencia, apoyo ventilatorio mecánico, cirugía maxilofacial y cuidados intensivos.

El de Arely no es un hecho aislado. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021), 7 de cada 10 mujeres viven violencia a lo largo de su vida, particularmente 3 de cada 10 zacatecanas viven violencia antes de cumplir los 15 años, principalmente violencia física, psicológica y sexual.

Es el espacio privado, donde las mujeres deberíamos vivir seguras, donde suceden la mayoría de las agresiones. Los agresores de las niñas son sus primos, tíos o algún conocido.

Su caso también obliga a formular preguntas incómodas. ¿Cómo aprenden los niños a ejercer la violencia? ¿Qué experiencias, discursos y modelos permiten que un adolescente de trece años agreda con tal brutalidad a una niña? ¿Qué ocurre dentro de su hogar? ¿Qué referentes construyen su idea de masculinidad? ¿Qué consumen en redes sociales, en la televisión o en los videojuegos? ¿Qué papel desempeñan la familia, la escuela, la comunidad y el Estado en la formación de esas conductas?

La justicia para Arely es indispensable, pero no será suficiente si su historia se convierte únicamente en un expediente judicial. Ninguna sentencia, por ejemplar que sea, reparará el daño ni evitará que otra niña viva el mismo horror. La prevención comienza mucho antes de que intervengan las fiscalías: empieza en escuelas que eduquen en la igualdad, en comunidades que no guarden silencio y en instituciones capaces de proteger a las niñas antes de que sean víctimas.

La violencia contra las niñas no nace de un día para otro. Se aprende, se tolera y se reproduce cuando el machismo, la impunidad y el abandono institucional encuentran terreno fértil. Por eso, prevenirla exige mucho más que castigar: implica transformar la cultura que sigue enseñando a los hombres que pueden ejercer poder sobre los cuerpos de las mujeres y las niñas.

Arely nació en la misma tierra que vio nacer a mi madre y a mis ancestras. Es una niña de mi pueblo, pero también es una niña de México. Mientras existan niñas que no puedan crecer libres de miedo, ninguna comunidad podrá decir que vive en paz. La verdadera deuda del Estado no termina cuando un agresor es procesado; comienza cuando garantiza que ninguna otra niña tenga que sobrevivir para que el país vuelva a mirar hacia ellas.

Elecciones en Estados Unidos: mujeres alcanzan cifra histórica de candidaturas y disputan más gubernaturas

 

Las mujeres estadounidenses marcaron un nuevo hito en la política al registrar la mayor participación de candidatas en unas elecciones intermedias, un avance que refleja su creciente presencia en la disputa por gubernaturas y espacios en la Cámara de Representantes, de acuerdo con datos del Center for American Women and Politics (CAWP) del Eagleton Institute of Politics de la Universidad de Rutgers.

El organismo especializado señala que el número de mujeres contendiendo por cargos de elección popular alcanzó un nivel histórico, con una presencia destacada de candidatas demócratas en las gubernaturas, tendencia que podría fortalecerse conforme avancen los procesos electorales en distintas entidades del país.

Aunque republicanas y demócratas participan en esta contienda, son estas últimas quienes concentran el mayor crecimiento en las candidaturas a gobiernos estatales, reflejando una transformación gradual en la representación política femenina.

Texas, un estado clave para el voto de las mujeres y la comunidad latina

Uno de los casos que concentra la atención es el de Texas, donde la demócrata Gina Hinojosa busca convertirse en una figura histórica al disputar la gubernatura frente al republicano Greg Abbott, quien gobierna el estado desde 2015.

De origen mexicoamericano, Hinojosa ha centrado su campaña en la defensa de las personas migrantes, el combate a los abusos gubernamentales y el fortalecimiento de la relación entre las instituciones y las comunidades latinas.

La candidata enfrenta además una marcada desigualdad en el financiamiento electoral. Mientras Abbott cuenta con recursos que oscilan entre 87 y 100 millones de dólares, Hinojosa dispone de un presupuesto considerablemente menor, estimado en alrededor de seis millones de dólares, por lo que su estrategia apuesta a movilizar principalmente el voto de las mujeres, la juventud y la población latina.

Houston, Dallas, San Antonio y Austin son consideradas ciudades estratégicas para ambos proyectos políticos debido a la concentración de votantes latinos, un sector que podría resultar decisivo para definir la elección.

Matrimonio infantil persiste en México pese a su prohibición; iniciativa busca cerrar vacíos legales

 

Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de niñas y adolescentes, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de prohibir de manera expresa el matrimonio infantil, las uniones de hecho y el concubinato entre personas menores de edad, así como impedir que adolescentes trabajadores realicen jornadas laborales extraordinarias.

La propuesta contempla modificaciones a los artículos 45 y 47 de dicha ley para reforzar el interés superior de la niñez frente a prácticas que continúan vulnerando sus derechos y que, advirtió la legisladora, pueden provocar consecuencias físicas, psicológicas y sociales permanentes.

Buscan cerrar vacíos legales que permiten las uniones infantiles

Pese a que esta práctica está prohibida en todo el país, el matrimonio infantil continúa registrándose en diversas regiones, principalmente en comunidades rurales y zonas con altos niveles de marginación.

Estas uniones ocurren bajo figuras distintas al matrimonio formal, como el concubinato o las llamadas «uniones de hecho», lo que permite evadir la prohibición legal vigente y dificulta la protección efectiva de niñas y adolescentes.

Por ello, la iniciativa plantea que la legislación prohíba expresamente no solo el matrimonio infantil, sino también cualquier institución equivalente o similar, independientemente de usos, costumbres o prácticas culturales.

La senadora Corona Nakamura señaló que las reformas buscan consolidar los avances alcanzados en la erradicación del matrimonio infantil, incorporando herramientas legales que permitan a las autoridades prevenir estas prácticas y sancionar las violaciones a los derechos de niñas y adolescentes.

La senadora sostuvo que el propósito es fortalecer la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar el interés superior de la niñez y brindar mayores condiciones de protección a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad desde edades tempranas.

Las «uniones de hecho» mantienen vigente el matrimonio infantil en México

Aunque el matrimonio infantil está prohibido en México, organizaciones de derechos humanos han advertido que miles de niñas y adolescentes continúan siendo obligadas a unirse con hombres adultos mediante figuras como el concubinato o las llamadas «uniones de hecho», prácticas que permiten eludir la legislación vigente y perpetúan distintas formas de violencia.

De acuerdo con la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC), estas uniones suelen estar vinculadas con violencia sexual, embarazos forzados, abandono escolar, pobreza y explotación, además de reproducir patrones de desigualdad de género. La organización sostiene que, pese a los compromisos internacionales asumidos por México, el país mantiene una deuda pendiente en la erradicación de estas prácticas.

Incluso, un informe presentado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) señala que alrededor de un millón 420 mil niñas y adolescentes en México viven casadas o unidas antes de cumplir los 18 años, mientras que en regiones como la Montaña de Guerrero, Chiapas y Oaxaca persisten matrimonios y uniones forzadas justificadas bajo «usos y costumbres», donde las menores son privadas de su derecho a la educación, la salud y una vida libre de violencia.

El trabajo adolescente también pone en riesgo el derecho a la educación y al descanso

Dentro de la iniciativa de la senadora, Corona Nakamura señaló que también busca consolidar los avances alcanzados en la erradicación del trabajo que afecta principalmente a adolescentes. Aunque en México la edad mínima legal para trabajar es de 15 años, muchas chicas y chicos adolescentes continúan realizando jornadas extraordinarias, pese a que aún son menores de edad.

La legisladora recordó que la Ley Federal del Trabajo ya prohíbe las horas extraordinarias para personas menores de 18 años; sin embargo, consideró necesario incorporar esta protección de forma explícita en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y sanción por parte de las autoridades.

Organizaciones piden a la ONU investigar presunto informe falso de ONU Mujeres

 

Organizaciones de mujeres, académicas y defensoras de derechos humanos de América Latina y el Caribe solicitaron al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, investigar la elaboración y difusión de un documento que atribuyen a la oficina regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, al considerar que contiene información falsa sobre las visitas realizadas por la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, a México, Brasil y Colombia.

En una carta dirigida al titular de Naciones Unidas, las firmantes pidieron una intervención inmediata para preservar la integridad de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. También solicitaron que se investigue el caso mediante los procedimientos internos de la organización y que se determine si existieron irregularidades en la elaboración y distribución del documento.

En la misiva, las firmantes expresaron su respaldo a Reem Alsalem y afirmaron que su labor ha abordado temas complejos relacionados con la violencia contra las mujeres y las niñas, así como otros asuntos que, señalan, han enfrentado resistencia en distintos países.

Cuestionan contenido del informe

De acuerdo con la denuncia, el documento habría sido distribuido entre distintas oficinas regionales de ONU Mujeres y contiene observaciones sobre las visitas que Alsalem realizó a Brasil, Colombia y México durante febrero y marzo de este año. Las organizaciones consideran que el contenido del informe tergiversa el carácter de dichos encuentros y cuestiona injustificadamente el ejercicio del mandato de la relatora.

Asimismo, señalaron que el informe atribuye a la relatora la promoción de una agenda conservadora y la vincula con un supuesto movimiento «antigénero», integrado por organizaciones religiosas y actores políticos de extrema derecha, mientras omite que durante sus visitas sostuvo reuniones con académicas, especialistas y organizaciones de mujeres interesadas en contribuir a su mandato.

Respecto al «ataque» que, aseguran, ha sufrido la relatora Reem Alsalem por parte de ONU Mujeres, las firmantes explican que Bibiana Aído envió a las direcciones regionales de ONU Mujeres, por sugerencia de Adriana Quiñones, directora de Derechos Humanos y Desarrollo de ONU Mujeres, y de Catarina Carvalho, directora general de Apoyo Intergubernamental de ONU Mujeres Brasil, un informe que plantea diversas advertencias sobre las visitas de la relatora a Brasil, Colombia y México, realizadas entre febrero y marzo de 2026.

Las firmantes también expresaron preocupación porque, de confirmarse los hechos denunciados, podrían haberse vulnerado principios que rigen el servicio internacional de Naciones Unidas, como la imparcialidad, la veracidad, la honradez y la integridad institucional.

Finalmente, informaron que anexaron documentación relacionada con los casos de México, Brasil y Colombia para sustentar su denuncia y solicitaron que Naciones Unidas actúe de manera inmediata para esclarecer los hechos y garantizar el respeto a los mecanismos internacionales encargados de proteger los derechos humanos de las mujeres.

Dado que los hechos denunciados trascienden el ámbito de una oficina regional y afectan a la credibilidad de los mecanismos internacionales creados para proteger los derechos humanos de las mujeres, la carta enviada a Antonio Guterres se remitirá también a la Junta Ejecutiva de ONU Mujeres, al Comité CEDAW, a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), al Consejo de Derechos Humanos, al ECOSOC, a las Misiones Permanentes acreditadas ante Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra y a los Estados miembros de la Asamblea General.

Ser cuidadora aumenta la desigualdad y limita las oportunidades de las mujeres en México

 

En México, las labores de cuidado no solo sostienen la vida cotidiana de millones de familias; también perpetúan la pobreza y reducen las oportunidades de las mujeres para estudiar, acceder a mejores empleos y mejorar sus condiciones económicas, advirtió el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

En el marco del Día Internacional del Trabajo Doméstico, que se conmemora cada 22 de julio, el organismo llamó a acelerar la creación de un Sistema Nacional de Cuidados y garantizar el acceso de las personas cuidadoras a la seguridad social, al considerar que el cuidado es uno de los principales factores que frenan la movilidad social en México.

De acuerdo con el informe Movilidad social y cuidados: un vínculo inseparable, la organización social del cuidado determina buena parte de las oportunidades de vida. Las responsabilidades de cuidado afectan el tiempo disponible, el acceso al empleo, la educación, los ingresos y el bienestar físico y emocional de quienes las realizan, una carga que continúa recayendo principalmente sobre las mujeres.

Mónica Orozco Corona, investigadora asociada externa del CEEY y directora de GENDERS, explicó que por cada hora destinada al trabajo remunerado es necesaria otra hora de trabajo doméstico y de cuidados dentro de los hogares, una realidad que suele permanecer invisible para la economía, aunque resulta indispensable para que el resto de las actividades productivas funcionen.

Las cuidadoras tienen menos posibilidades de salir de la pobreza

Los hallazgos del CEEY muestran que las personas que asumen tareas de cuidado enfrentan mayores obstáculos para mejorar su situación económica.

Entre quienes nacieron en los hogares con menos recursos económicos, 73% de las personas cuidadoras permanece en los dos estratos más bajos de ingresos, mientras que entre quienes no realizan estas labores la proporción disminuye a 64%. Apenas 3% de las personas cuidadoras logra alcanzar el nivel económico más alto.

Además, la desigualdad de oportunidades pesa más sobre quienes cuidan. El estudio estima que al menos 44% de la desigualdad en los ingresos responde a circunstancias fuera del control de las personas y que ser cuidadora aporta alrededor de 9% a esa desigualdad. Entre quienes realizan cuidados, las condiciones de origen explican 52% de la desigualdad de ingresos, frente a 37% entre quienes no cuidan.

El trabajo de cuidados también limita la educación y el empleo

La investigación revela que las responsabilidades de cuidado reducen las posibilidades de continuar estudiando y participar en el mercado laboral.

Las personas cuidadoras cuyos padres solo cursaron la primaria tienen menores probabilidades de alcanzar estudios profesionales que quienes no realizan labores de cuidado. Asimismo, las responsabilidades de cuidado disminuyen la participación laboral, especialmente cuando se trata del cuidado de personas adultas mayores o cuando la persona es la cuidadora principal.

La situación afecta principalmente a las mujeres. El informe identifica que 76% de las personas cuidadoras actuales son mujeres, mientras que casi la mitad de ellas se encuentra fuera del mercado laboral.

Además, los roles de género continúan reproduciéndose entre generaciones: 37% de las hijas de mujeres dedicadas al trabajo de cuidados no remunerado terminan realizando la misma actividad, mientras que entre los hombres esta proporción apenas alcanza 0.4%.

Sistema de Cuidados, una política para romper el ciclo de desigualdad

El informe sostiene que la falta de servicios públicos de cuidado profundiza la desigualdad y mantiene atrapadas a las familias en condiciones de pobreza.

Las personas que viven en localidades donde existen servicios de cuidado tienen mayores probabilidades de mejorar su posición económica respecto de quienes habitan en comunidades sin esa infraestructura. Incluso, disponer de servicios para personas adultas mayores o con discapacidad incrementa en 53% la posibilidad de que las personas cuidadoras abandonen los estratos de menores ingresos.

Por ello, el CEEY concluye que construir un Sistema Nacional de Cuidados no solo representa una medida de justicia social para las mujeres, sino una estrategia indispensable para reducir la desigualdad, fortalecer la movilidad social y garantizar el derecho de todas las personas a cuidar, recibir cuidados y también autocuidarse.

MICGénero Tour 2026 llevará cine con perspectiva de género a 15 estados

 

La Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género (MICGénero) anunció las actividades de su Tour 2026, que se desarrollará del 6 de agosto al 10 de septiembre con una programación integrada por cine, conversatorios, clases magistrales y actividades de incidencia social que recorrerán 15 estados, 26 municipios y 42 sedes del país.

La inauguración se llevará a cabo el jueves 6 de agosto, a las 18:00 horas, en la Sala 7 de la Cineteca Nacional, en Xoco, con la proyección de Calle Málaga, dirigida por la cineasta marroquí Maryam Touzani. Como parte de la programación inicial, la Cineteca Nacional albergará funciones del festival del 6 al 12 de agosto.

En su decimoquinta edición, MICGénero reunirá una selección oficial de 16 largometrajes y 27 cortometrajes, provenientes de países como México, Argentina, Suecia, España, Francia y Alemania. De acuerdo con la organización, diez de los largometrajes fueron dirigidos por mujeres, mientras que 15 de los cortometrajes tienen dirección femenina y uno más fue realizado por una colectiva.

Además de las proyecciones, el Tour contempla más de 270 actividades entre mesas de diálogo, talleres, encuentros con realizadoras y espacios de reflexión en torno a los derechos humanos y la igualdad de género. Parte de la programación también podrá verse a través de algunos canales de televisión abierta.

Como en ediciones anteriores, la muestra abordará diversas problemáticas sociales mediante once ejes temáticos, entre ellos derechos sexuales y reproductivos, ecofeminismos, movilidad humana y migración, infancias y derechos humanos, cuerpo atlético, resiliencia, medios de comunicación y feminismos, diversidad sexual y de género, encierro y reclusión, relaciones intergeneracionales y minorías en foco.

MICGénero es un proyecto cultural que utiliza el cine como una herramienta para promover el análisis y el diálogo sobre género, diversidad y derechos humanos. Desde su creación ha impulsado la circulación de producciones audiovisuales que difícilmente encuentran espacios en la cartelera comercial, acompañadas de actividades académicas y de incidencia dirigidas a públicos diversos.

Bono de Género destinará 12 mil millones de pesos para fortalecer a las mujeres del campo mexicano

 

La quinta emisión del Bono Social de Género destinará 12 mil millones de pesos para impulsar el desarrollo económico de más de 11 millones de mujeres del campo mexicano, un sector que continúa enfrentando condiciones estructurales de rezago y mayores barreras para acceder a financiamiento, capacitación y recursos productivos.

El anuncio fue realizado durante un evento en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), donde autoridades financieras destacaron que esta estrategia busca fortalecer la participación de las mujeres rurales en la producción alimentaria del país mediante el acceso a mecanismos de financiamiento con perspectiva de género. La iniciativa es resultado de la colaboración entre BIVA y el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FIRA), programa que comenzó en 2018.

Mujeres rurales enfrentan mayores barreras para acceder al crédito

Durante su participación, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, señaló que persisten importantes desigualdades en el acceso a productos financieros entre mujeres y hombres.

Explicó que, a nivel general, el acceso de las mujeres a productos financieros alcanza el 73 por ciento, mientras que entre los hombres llega al 81 por ciento. Sin embargo, la brecha se amplía en las zonas rurales, donde únicamente el 35 por ciento de las mujeres tiene acceso al financiamiento, frente al 77 por ciento de los hombres.

La funcionaria explicó que esta desigualdad responde a diversos factores, entre ellos la falta de garantías para acceder a créditos, menores niveles de educación financiera y una oferta limitada de capacitación empresarial, condiciones que restringen el desarrollo de proyectos productivos encabezados por mujeres rurales.

La demanda de financiamiento superó las expectativas

Durante el evento también se informó que el Fondo de FIRA registró una demanda por 12 mil millones de pesos, monto que rebasó ampliamente la meta inicial, estimada entre cuatro y ocho mil millones de pesos, reflejando el interés y la necesidad de ampliar las opciones de financiamiento para las mujeres del sector agropecuario.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Columba López, afirmó que los desafíos que enfrenta el campo mexicano tienen un origen estructural, ya que la comercialización de los productos agropecuarios continúa concentrada en grandes empresas que fijan condiciones poco favorables para las personas productoras.

En tanto, el director de FIRA, Alan Elizondo, señaló que las mujeres rurales enfrentan múltiples condiciones de desigualdad relacionadas con la pobreza, la vivienda y el acceso a la educación, factores que terminan reflejándose en una menor disponibilidad de activos productivos en comparación con los hombres.

La ONU reconoce el papel de las mujeres agricultoras

El impulso al financiamiento para las mujeres del campo ocurre en un contexto internacional en el que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró 2026 como el Año Internacional de la Mujer Agricultora, con el objetivo de visibilizar las contribuciones de las mujeres rurales a los sistemas agroalimentarios y promover políticas que fortalezcan su participación en el desarrollo del campo.

Trabajo doméstico mantiene a mujeres sin derechos laborales ni autonomía económica

 

Aunque el trabajo doméstico sostiene diariamente a millones de hogares y representa una aportación fundamental para la economía mexicana, continúa siendo una de las labores más precarizadas y desigualmente distribuidas entre mujeres y hombres. En el marco del Día Internacional del Trabajo Doméstico, que se conmemora el 22 de julio, la organización Repara Lumea hizo un llamado a reconocer plenamente los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar y avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados con perspectiva de género.

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que en México existen alrededor de 2.5 millones de personas dedicadas al trabajo doméstico remunerado, de las cuales casi nueve de cada diez son mujeres. Además, 95 por ciento trabaja en condiciones de informalidad, 69.5 por ciento carece de prestaciones laborales y la mayoría no cuenta con un contrato por escrito.

A ello se suma el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, cuyo valor económico equivale a más de una cuarta parte del Producto Interno Bruto nacional, de acuerdo con la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares 2025 del INEGI. Sin embargo, son las mujeres quienes continúan realizando la mayor parte de estas actividades.

Para Flor Rodríguez, directora ejecutiva de Repara Lumea, estas cifras evidencian que el trabajo doméstico sigue siendo una expresión de la desigualdad estructural que enfrentan las mujeres.

«Durante décadas se nos enseñó que limpiar, cocinar o cuidar era una obligación natural de las mujeres. Hoy sabemos que no es una responsabilidad femenina, sino una responsabilidad social», señaló la activista.

Derechos laborales que siguen sin cumplirse

En entrevista con Cimacnoticias, Flor Rodríguez explicó que uno de los principales desafíos no recae únicamente en las autoridades, sino también en quienes emplean a personas trabajadoras del hogar.

Recordó que actualmente la legislación mexicana reconoce derechos como la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),vacaciones, aguinaldo y demás prestaciones previstas en la Ley Federal del Trabajo. No obstante, advirtió que el incumplimiento continúa siendo la regla.

«Ha habido muchos avances, pero hoy necesitamos concientizarnos como sociedad. Muchas personas saben que tienen obligaciones como empleadoras, pero no las cumplen. Garantizar las prestaciones laborales no es un favor; es un derecho», afirmó.

La directora de Repara Lumea sostuvo que dignificar el trabajo doméstico implica reconocer que se trata de una actividad laboral con los mismos derechos que cualquier otra ocupación y no de una extensión «natural» del rol asignado históricamente a las mujeres.

La precarización limita la autonomía económica

La organización advirtió que la desigual distribución del trabajo doméstico y de cuidados continúa restringiendo el acceso de las mujeres al empleo formal, disminuye sus ingresos, afecta su salud física y mental y limita sus oportunidades de desarrollo profesional.

Flor Rodríguez explicó que esta situación también tiene consecuencias directas sobre la autonomía económica femenina.

«El trabajo en el hogar es cien por ciento trabajo de cuidados y, sin embargo, sigue siendo uno de los peor remunerados. No se paga de manera justa el trabajo que realizan miles de mujeres y eso amplía las brechas de género«, expresó.

La activista añadió que la dependencia económica continúa siendo uno de los principales obstáculos para que muchas mujeres puedan salir de contextos de violencia.

«Muchas permanecen dentro del círculo de violencia porque no cuentan con independencia económica. Sin esa autonomía resulta mucho más difícil romper con esas relaciones.»

Sistema Nacional de Cuidados, una deuda pendiente

Ante este panorama, Flor Rodríguez insistió en la necesidad de consolidar un Sistema Nacional de Cuidados que incorpore plenamente a las personas trabajadoras del hogar y distribuya las responsabilidades entre el Estado, las familias, las empresas y la comunidad.

Para Flor Rodríguez, la formalización del trabajo doméstico permitiría ampliar el acceso de miles de mujeres no sólo a servicios de salud, sino también a créditos bancarios, seguridad social y otros derechos asociados al empleo formal.

«El Sistema Nacional de Cuidados debe entenderse como una política pública que contribuya a formalizar el trabajo doméstico y a reconocer plenamente los derechos laborales de quienes realizan estas labores», señaló.

Desfeminizar los cuidados

Uno de los principales planteamientos de Repara Lumea consiste en «desfeminizar» los cuidados, es decir, romper con la idea de que cuidar corresponde exclusivamente a las mujeres.

Rodríguez explicó que históricamente se ha asignado a las mujeres la responsabilidad de cuidar a niñas, niños, personas mayores y personas enfermas sin recibir remuneración ni reconocimiento.

«No necesitamos ponerle un género al cuidado. Cualquier persona puede cuidar. Lo que buscamos es que las tareas domésticas y de cuidados sean una responsabilidad compartida entre mujeres, hombres, familias, Estado y sociedad.»

Rodríguez sostuvo que sólo mediante una redistribución equitativa del trabajo doméstico será posible reducir las brechas de género, fortalecer la autonomía económica de las mujeres y avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

El retorno y la posibilidad de imaginar un nuevo proyecto de vida

 

Volver puede representar una ruptura importante. La reintegración al país suele implicar procesos de duelo migratorio, reconfiguración de la identidad y adaptación a nuevas condiciones sociales y económicas. Cuando las expectativas construidas durante la estancia en el extranjero no encuentran correspondencia con las oportunidades disponibles al regresar, pueden surgir sentimientos de pérdida, desconexión o incluso de movilidad social descendente.

Sin embargo, estas experiencias no pueden entenderse únicamente desde lo individual. La posibilidad de reconstruir un proyecto de vida también está determinada por factores estructurales, comunitarios y personales. Las políticas migratorias, el acceso a derechos, las redes de apoyo y los recursos con los que cuenta cada persona influyen directamente en las oportunidades de reintegración. En ese sentido, el retorno no es solo una experiencia personal, sino un proceso atravesado por condiciones sociales e institucionales.

Desde una perspectiva psicosocial, esas condiciones pueden limitar el ejercicio de sus derechos. Dificultades como la revalidación de estudios, el reconocimiento de habilidades, la precariedad laboral o la discriminación obstaculizan la reconstrucción de un proyecto de vida. En los casos de retorno forzado, estos obstáculos suelen intensificarse y pueden implicar separación familiar, estigmatización y ausencia de una planificación previa.

Aun así, el retorno también puede convertirse en una oportunidad para reconstruir el futuro. Diversos estudios muestran que muchas personas desarrollan estrategias de adaptación, fortalecen sus redes de apoyo y resignifican su experiencia migratoria para afrontar nuevos contextos. No obstante, estas capacidades no sustituyen la responsabilidad del Estado de generar condiciones que favorezcan una reintegración efectiva. Garantizar el acceso a empleo digno, educación, salud y documentación resulta indispensable para evitar que el regreso se traduzca en un proceso de exclusión prolongada.

Reconocer la diversidad de trayectorias también implica incorporar una perspectiva de interseccionalidad. El género, la edad, el nivel educativo, la pertenencia étnica, la situación familiar y el tiempo de estancia en el extranjero influyen en la forma en que se vive el retorno y en las posibilidades de reconstruir un proyecto de vida. No es lo mismo regresar después de algunos años de migración que hacerlo tras haber crecido o pasado gran parte de la vida en otro país.

El proyecto de vida no es una estructura fija, sino un proceso dinámico que se transforma a lo largo del tiempo. La posibilidad de imaginar un futuro depende tanto de los recursos personales como de las condiciones sociales que permiten construirlo y sostenerlo. Para quienes regresan, esa capacidad puede verse limitada cuando no existen condiciones suficientes de estabilidad, reconocimiento y sentido de pertenencia.

Fortalecer las redes comunitarias, garantizar el acceso a derechos y reconocer las trayectorias migratorias no debería entenderse como un complemento del retorno, sino como una condición indispensable para que el regreso abra nuevas oportunidades. El retorno no es únicamente un proceso individual de ajuste; también representa una responsabilidad colectiva. La manera en que una sociedad recibe a quienes regresan influye, en gran medida, en sus posibilidades de reconstruir un proyecto de vida e imaginar un nuevo futuro.