Legisladores, funcionarios y grupos no gubernamentales avanzan en el proyecto
Proponen penas hasta de 90 años de cárcel por desaparición forzada
Existen acuerdos con miras a la aprobación del decreto en el Senado la semana entrante
Una cifra de 31 mil personas
no localizadasgenera el apremio para el nuevo marco legal
Organizaciones no gubernamentales trabajan con legisladores para lograr acuerdos sobre la nueva ley de personas desaparecidas
Los servidores públicos o particulares que
incurran en el delito de desaparición de personas serán penalizados
hasta con 90 y 75 años de prisión, respectivamente. También habrá
fuertes sanciones para quienes oculten o destruyan restos humanos y para
todo aquel que sea cómplice u omiso ante este tipo de agresiones, según
el proyecto de decreto hacia una ley general de desaparición forzada de
personas y desaparición cometida por particulares.
La estructura para atajar y disminuir la tragedia estará a cargo de
una comisión nacional de búsqueda adscrita a la Secretaría de
Gobernación (SG). El titular de la comisión será designado y removido
por el Presidente de la República; no obstante, el nombramiento partirá
de una consulta pública con colectivos de víctimas y especialistas. La
pretendida restructuración para atender la problemática tendrá el apoyo
de un consejo ciudadano, integrado por expertos en el tema.
Después de un largo proceso de construcción y debate –el primer
borrador fue elaborado hace año y medio–, legisladores, funcionarios y
grupos no gubernamentales aceleraron los trabajos el viernes pasado y,
según fuentes consultadas por este diario, hay acuerdos sustanciales con
miras a la aprobación del decreto en el Senado la semana entrante,
prácticamente a marchas forzadas, en las últimas horas del actual
periodo ordinario de sesiones.
El apremio por generar un nuevo marco legal radica en que actualmente hay un registro de casi 31 mil personas
no localizadas, es creciente el hallazgo de fosas clandestinas y, sobre todo, grupos civiles nacionales e internacionales alertan del recrudecimiento de la corrupción e impunidad en el país ante estos crímenes.
Es así que en el proyecto se fijan penas hasta de 20 años de prisión
para quienes ejecuten o colaboren por acción u omisión en la destrucción
de restos humanos.
De aprobarse la ley en los términos de este proyecto, se fijarían las
máximas sanciones posibles para los involucrados en la desaparición de
personas, tanto en su calidad de autores materiales, intelectuales o
cómplices, con especial rigor para los servidores públicos (militares,
policías, agentes, etcétera).
Uno de los nuevos elementos plantea castigos a quienes no entreguen o
hagan daño a un bebé nacido de una víctima de desaparición forzada,
como los casos revelados en las dictaduras de los años 70 en América
Latina, cuando los militares daban en adopción a los niños de los
secuestrados.
En cuanto a las penas, el artículo 24 dice:
Se impondrá pena de 40 a 60 años y de 10 mil a 20 mil días de multaa funcionarios que incurran en el delito en mención. Luego, en el artículo 26 se detalla que las sanciones de este caso
pueden ser aumentadas hasta en una mitadcuando la víctima es asesinada o se trate de un menor de edad, mujer, persona con discapacidad, migrante, periodista o defensora de derechos humanos, entre otros.
También se prevén reducciones de la sanción cuando se libere al
secuestrado dentro de los primeros 10 días siguientes al hecho o se
proporciona información para la localización del cadáver.
En el caso de los particulares, la pena sería de entre 25 a 50 años,
igualmente con agravantes en los mismos términos de la cometida por
servidores públicos, quienes además de la sentencia penal serían
acreedores a inhabilitación del cargo.
El proyecto de decreto detalla, en 167 artículos y 22 transitorios,
la nueva estructura, cuya médula sería un sistema nacional, presidido
por el titular de Gobernación e integrado por otras dependencias
públicas y el mencionado consejo ciudadano.
La Comisión Nacional de Búsqueda (uno de los elementos que provocaron
desacuerdos entre los autores del proyecto) deberá presentar informes
trimestrales acerca del cumplimiento del programa y emitir los
protocolos para este fin, entre muchas otras funciones que, en los
hechos, convierten a Gobernación en la máxima responsable de solucionar
la crisis de desaparecidos en el país.
En el documento preliminar se determinan además las características
de la estructura de búsqueda de personas, tanto de grupos como de
fiscalías especializadas y estrategias de reacción inmediata, apenas se
denuncie el hecho, precisamente con el objetivo de terminar con la
burocracia e indolencia de funcionarios públicos que, a decir de los
colectivos de familiares, ha hecho perder horas valiosas para la
ubicación y rescate de un ser querido.
Foto Roberto García Ortiz Fabiola Martínez Periódico La Jornada
Domingo 23 de abril de 2017, p. 3
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