La Jornada
En la Conferencia de
Seguridad de Centroamérica (Centsec 2017), realizada ayer en Cozumel con
el patrocinio de las secretarías mexicanas de la Defensa Nacional y de
Marina y de los comandos Norte y Sur de Estados Unidos, que reunió a
ministros, mandos militares y funcionarios de seguridad de México,
Centroamérica y Panamá, el general guatemalteco Juan Manuel Pérez
Ramírez, jefe del Estado Mayor de su país, dijo que las fuerzas armadas
de México y Guatemala, con el apoyo del Comando Sur, proyectan integrar
una fuerza de tarea conjunta para efectuar patrullajes terrestres y
aéreos en la frontera común, con el propósito de intercambiar
información e inteligencia, a fin de combatir a la delincuencia
organizada. El proyecto, indicó, se ha venido elaborando desde hace
cinco años y contará con una base operativa en el departamento del
Petén, fronterizo con México.
Lo que allí se dijo resulta sumamente preocupante, por cuanto exhibe
el punto al que los países situados al sur del río Bravo han llegado en
materia de cesión de soberanía ante Estados Unidos y el rezago
intelectual de los responsables de defensa y seguridad, quienes insisten
en un modelo de combate a las drogas impuesto hace décadas por
Washington, que –como han señalado múltiples voces políticas, sociales e
institucionales en el mundo– resulta manifiestamente obsoleto y
contraproducente.
Sobre el primer punto resulta exasperante que la sociedad mexicana se
entere por boca de un militar extranjero –el general Pérez Ramírez– que
efectivos castrenses estadunidenses se aprestan a operar en el
territorio nacional, una situación que resulta claramente contraria a
las consideraciones más elementales de soberanía.
De ser cierto ese dato, ha de concluirse que el Estado
mexicano se encuentra en proceso de una renuncia progresiva de
facultades esenciales en materia de preservación de la independencia y
la integridad territorial: si en el sexenio pasado se permitió la
operación de funcionarios civiles de Washington en tareas de combate al
narcotráfico y de persecución de migrantes centroamericanos, en éste se
habría autorizado a militares del vecino país del norte a integrarse en
la lucha contra la delincuencia organizada.
El asunto amerita una explicación puntual de las máximas autoridades
civiles y militares nacionales y, en su caso, una rectificación, a la
espera de que semejante alteración de los lineamientos históricos del
Estado sea sometida a debate público y consulta nacional.
En otro sentido, llama la atención y alarma la insistencia de algunos
participantes en el encuentro de Cozumel en normalizar la participación
de fuerzas armadas en el combate a la criminalidad, algunos de ellos en
forma tan desinformada como la del ministro salvadoreño de Defensa,
general David Munguía, quien opinó que los militares mexicanos
intervienen en esa actividad
con respeto a su marco legal vigente, sin saber que ese marco no existe y que en estos momentos se desarrolla en el país un intenso debate sobre la conveniencia de establecerlo, en el contexto de la proyectada ley de seguridad interior.
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