Elección Judicial 2025. ¿Qué está en juego y cómo debemos votar?

 Escrito por Wendy Rayón Garay 

.-Ciudad de México.- A menos de un mes para que las mexicanas y mexicanos salgan a las calles a las urnas en una elección extraordinaria, aún persisten dudas sobre lo que se está eligiendo y cómo participar correctamente en un nuevo proceso inédito. Por eso, aquí te traemos una guía explicativa para que puedas emitir un voto informado el próximo 1 de junio en la elección judicial 2025.

En un recuento de los acontecimientos, la Reforma al Poder Judicial fue una propuesta del expresidente Andrés Manuel López Obrando cuando el pasado 5 de febrero del 2023 presentó al Congreso de la Unión 20 reformas constitucionales. Esta fue discutida hasta su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de septiembre de 2024.

Desde ese momento, diversas trabajadoras del Poder Judicial comenzaron una lucha por el respecto a sus carreras judiciales, ya que para llegar a esos cargos se tomaba en cuenta su experiencia, así como un examen sobre su capacidad de estar o no en estos espacios de poder. Por lo que, una reforma de golpe no solo frustró el tiempo invertido en su preparación, sino que las dejó sin empleo volviendo el acceso para ellas más difícil.

Fue a través de diversas manifestaciones y paros laborales que trabajadoras del Poder Judicial e incluso las estudiantes de la carrera de Derecho de diversas universidades que por dos meses se adueñaron de las calles para frenar la aplicación de la Reforma Judicial, siendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación el último chance que tuvieron cuando se discutió un proyecto alterno del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Este cual no dio efectos y el 5 de noviembre de 2024 la votación en la Sala Superior de la Corte dio fin a la lucha. Hoy ya es una realidad y por ello, el primer tema que se debe poner sobre la mesa es: ¿Qué tiene qué ver conmigo esta elección? La respuesta es el futuro sobre el acceso a la justicia.

Última Hora. Llega a su fin lucha de trabajadoras del Poder Judicial. Reforma va – cimacnoticias.com.mx

El Poder Judicial es uno de las tres entidades en el que descansa el poder, junto al Ejecutivo (Presidencia) y el Legislativo (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores), haciendo un contra peso entre los tres. Su función principal es que se hagan cumplir las leyes y resolver conflictos entre personas, empresas, e incluso con el gobierno. De esta manera, se garantiza que ninguna figura se coloque por encima de la ley.

Reforma al poder judicial no garantizará justicia a mujeres: Fátima Gamboa – cimacnoticias.com.mx

En total, estas votaciones la ciudadanía elegirá 881 cargos del Poder Judicial, entre ellos se encuentran 386 Personas Juzgadoras, 464 Magistraturas de Circuito, 5 Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial de Distrito, 15 Magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 2 Magistraturas de las Salas Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Paralelamente, el 1 de junio de 2025, los estados de Durango y Veracruz llevarán a cabo su Jornada Electoral para elegir 1,458 cargos: en el primero se elegirán 39 presidencias, 39 sindicaturas y 326 Regidurías; mientras que en el segundo 212 presidencias, 212 sindicaturas y 630 regidurías.

¿Para qué sirve cada uno de los cargos?

Comenzando con las Ministras y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son el máximo tribunal constitucional que vigila que las leyes y el actuar de la autoridad sigan lo dictaminado en la Constitución y no vulnere los Derechos Humanos de las personas.

Mientras que las Magistraturas de las Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelven las controversias a diversos cargos de elección popular presentadas por la ciudadanía, personas candidatas, partidos y actores políticos, así como realizar el cómputo final de la elección presidencial de México.

En el caso de los Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), quienes lo conformen podrán investigar y sancionar prácticas contrarias a los establecido por la Constitución y la Ley cometidas las juezas y jueces, magistradas y magistrados, así como las ministras y los ministros.

Respecto a las Magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), su tarea es resolver problemas que surjan gracias a los procesos electorales para que confirmen o invaliden las decisiones de los Tribunales Locales (a excepción de las gubernaturas). También resuelven conflictos de las elecciones estatales que llegan a las Salas Regionales.

Las Magistraturas de Circuito revisan aquellas inconformidades contra las decisiones de los juzgados de distrito u órganos judiciales locales, sus fallos ayudan establecer precedentes para casos futuros y fortalecen los derechos y libertades de las personas.

Finalmente, las Personas Juzgadoras, se encargan de resolver conflictos entre personas y autoridades en materia civil (herencias o contratos), penal (cuando se comete un delito), laboral (problemas en el trabajo) o cuestiones administrativas (trámites con el gobierno). Además, aquí se puede emplear la figura del Juicio de Amparo cuando sientas que alguna ley o decisión te está dañando o violando tus derechos humanos.

¿Cómo conocer a las personas candidatas?

Según información del Instituto Nacional Electoral (INE) actualmente hay 626 mujeres y 729 hombres postulados por el poder ejecutivo, 623 mujeres y 708 hombres desde el legislativo, 389 mujeres y 493 desde el judicial y 113 mujeres y 242 hombres que actualmente están en funciones.

Registro por cargo	Candidatas	Candidatos	Puestos
Ministras y ministros de la SCJN	32	30	9
Magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial	20	18	5
Magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPJF	6	9	2
Magistradas y magistrados de la Sala Regional del TEPJF	51	39	15
Magistradas y magistrados de Circuito	664	913	464
Juezas y jueces de Distrito	619	855	386

Elaborado con información del INE

Para conocerlos puedes seguir tres pasos en la página del INE en donde podrás consultar información sobre la identidad, perfil e información curricular de las personas candidatas. Para ello puedes filtrar la información de tres formas: por entidad y sección electoral, sexo o poder de la unión.

Aunque debes recordar que todas y todos podrán votar por las mismas personas candidatas (Ministras y los Ministros de la SCJN, Magistraturas de las Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial), siendo que los únicos que varían son las Magistraturas de Circuito y las Personas Juzgadoras que dependen de tu lugar de residencia.

Una vez que puedas acceder a las listas de cada candidata y candidato podrás conocer su número en la lista, que poder lo postula (Ejecutivo, Legislativo o Judicial), su nombre completo y una ficha informativa con datos personales e información sobre sus motivos para ocupar el cargo, su visión jurisdiccional, propuestas iniciales, currículo vitae, trayectoria académica, estudios y cursos complementarios.

Captura de pantalla del INE

Captura de pantalla del INE

¿Cómo serán las boletas y de qué manera debes votar en ellas?

Para estas elecciones extraordinarias, el INE desarrolló un nuevo modelo de boletas para los seis tipos de cargos que se elegirán en donde debes votar por 5 ministras y 4 ministros, 3 magistradas y 2 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 1 magistrada y 1 magistrado del Sala Superior del TEPJF, 2 magistradas y 1 magistrado respecto a la Sala Regional a la que correspondas, así como 5 magistradas y 5 magistrados de Circuito, y las 5 juezas y 5 jueces de Distrito.

En resumen, cada boleta se desprende de un talón foliado y en el encabezado podrás identificar el proceso electoral, el tipo de elección y tu lugar de residencia. Cada una de las boletas cuenta con las instrucciones de votación, pero en cada una de ellas debes de rellenar dos casillas con los dos dígitos correspondientes al número identificador de las personas candidatas registradas.

Respecto a las boletas de magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito pueden generarte confusión por la cantidad de personas candidatas que veras registradas y el diseño de la boleta. Prácticamente escogerás a una mujer y un hombre por cada especialidad que están identificadas por colores (administrativa-naranja, civil-rosa, mixto-azul, penal- y de trabajo-amarillo).

De esta manera, para hacer tu selección final deberás escribir en las casillas los dos dígitos correspondientes al número identificador de las personas candidatas registradas que correspondan con el color de su especialidad.

Si sientes confusión, puedes consultar los siguientes videos del INE que te explicaran como se ven los seis distintos tipos de boletas y la manera en que debes llenarlas:

Boleta para Ministras y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Boleta Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina

Boleta Magistradas y Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Boleta Magistradas y Magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Boleta Magistradas y Magistrados

de Circuito

Boleta Juezas y Jueces

de Distrito

El INE también construyó un simulador que puedes usar para practicar tu voto. Una vez que conozcas la trayectoria y el perfil curricular de las personas candidatas, entra el simulador y selecciona tu entidad y sección los cuales vienen en tu credencial para votar y posteriormente sigue las indicaciones de la plataforma.

A partir del 15 de mayo podrás conocer la casilla en la que podrás votar el 1 de junio, para ello deberás ingresar al sistema del INE y proporcionar tu sección electoral en el apartado «Ubica tu casilla», la cual interactúa con Google Maps para que conozcas el camino a seguir para llegar a ella.

Sheinbaum retoma Plan de Justicia para Atenco a 19 años de impunidad en el caso

 Escrito por Wendy Rayón Garay

 

CIMAC Foto.- Ciudad de México.- Durante la inauguración del Hospital General “Francisco Altamirano Núñez” del IMSS Bienestar en el estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que retomará el Plan de Justicia para Atenco, un evento que aconteció hace 19 años en donde alrededor de 11 mujeres fueron víctimas de tortura y violencia sexual por parte de policías durante una protesta, un caso que continua impune.

Dicho Plan fue iniciado en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) para resarcir la deuda histórica con el pueblo de Atenco cuando sufrió represión por parte del Estado. La presidenta comentó que el seguimiento estará a cargo de la titular de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González.

Es importante señalar que el Gobierno de México a cargo de Sheinbaum Pardo, no dio detalles de cómo resarcirán lo vivido por mujeres y hombres del pueblo de San Salvador Atenco.

El caso Atenco se ha posicionado como un ejemplo paradigmático de cómo la violencia sexual es utilizada por agentes del Estado como una forma de tortura y control social sobre las mujeres, sobre todo en contextos de represión política.

Además, evidencia dos aspectos: la violencia sexual siendo una herramienta de represión con fines de castigo, intimidación y control especifico contra las mujeres para quebrar su resistencia y la impunidad institucional en donde las autoridades mexicanas no investigaron adecuadamente a los responsables incluso después de una sentencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Datos del informe ‘Mujeres con la frente en alto’ del Centro Prodh señalan que, a partir de su documentación, 29 mujeres fueron privadas de su libertad en un contexto de tortura. En el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual cometida contra mujeres Privadas de la Libertad en México se encontró que 7 de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo de violencia en alguna etapa de su proceso legal, las cuales son:

• 64.4% sufrió violencia en su detención y durante su traslado al Ministerio Público;
• más del 70% fue amenazada a su persona o a familiares;
• En el caso de mujeres detenidas en presencia de sus hijas e hijos, se emplearon amenazas a los mismos para conseguir una confesión o formar documentos inculpatorios;
• Las autoridades señaladas como principales responsables en denuncias por actos de tortura son la Policía Federal con el 28%, seguida de la Policía Ministerial Estatal con 16%.

“El 3 de mayo 2006, no se olvida. Hace 19 años las flores fueron el pretexto para desatar una barbarie en estos pueblos (Texcoco y Atenco)” mencionó en el evento, el integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle Medina. También recordó que, la noche del 3 de mayo los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) de Texcoco se reunieron para asestar el golpe el movimiento social que se formó.

«No pudieron soportar que el pueblo organizado fuera capaz de echar abajo su gran negocio aeroportuario (…) Están libres, gozan de toda impunidad. Algunos siguen siendo servidores públicos, pero jamás gozarán de lo olvido o de la comodidad de nuestro silencio» -integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle Medina.

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Caso Atenco

Durante la administración estatal de Enrique Peña Nieto (2005-2011), agentes de la policía municipal impidieron que un grupo de comerciantes vendiera flores en el mercado de Texcoco. Debido a esta decisión arbitraria, los floristas convocaron una protesta con ayuda de activistas de la comunidad de San Salvador Atenco y bloquearon la carretera a Texcoco.

En respuesta se desplegaron 700 elementos de la Policía Federal Preventiva (PEP) y mil 815 agentes municipales y estatales para dar inicio a un operativo en los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México contra personal solidarias con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que apoyaron a los floristas.

El saldo de ese enfrentamiento que duró dos días fue la muerte de Francisco Javier Cortés Santiago y Ollin Alexis Benhumea; así como la detención de 217 personas (integrantes del FPDT, solidarias y 10 menores de edad), dentro de los que estaban 47 mujeres. La mayoría de ellas sufrieron tortura sexual por los policías al interior de los vehículos usados para trasladar a los detenidos a un centro de reclusión.

«Allanamientos brutales, torturas sexuales contra decenas de mujeres, cacería de activistas en sus propias casas y en las de sus familias, un extranjero, hombre y cuatro extranjeras mujeres deportadas, no sin antes ser torturadas sexualmente, un artefacto de gas lacrimógeno que destrozó la cabeza de Alexis Benumea» -integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle Medina.

En el Centro de Prevención y Readaptación Social (CEFERESO) Santiaguito de Almoloya de Juárez, 26 mujeres reportaron agresiones cuando fueron ingresadas a esta instancia y sus denuncias no fueron atendidas adecuadamente. Además, la mayoría de las personas detenidas estuvieron incomunicadas y se emitieron sentencias que oscilaron entre los 30 a los 112 años de prisión.

La búsqueda de justicia

Desde el primer instante, se contó con la intervención y documentación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) logrando que 21 policías estatales fueran consignados por abuso a la autoridad, siendo este un delito menor, y un policía estatal fue condenado por el delito no grave de actos libidinosos contra una de las víctimas de agresión sexual y más tarde fue absuelto.

Ante esta decisión, 11 de las mujeres acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual recomendó al Estado mexicano una investigación penal efectiva (con debida diligencia y dentro de un plazo razonable) para esclarecer los hechos de forma integral e identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad: material, intelectual y el encubrimiento en las investigaciones posteriores.

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El 17 de septiembre de 2016, diez años después, la CIDH envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) cuando se identificó falta de avance en el cumplimiento de las recomendaciones. Para el 28 de noviembre de 2018, la Corte IDH.emitió una sentencia en la que declaró culpable al Estado mexicano por violaciones a derechos humanos contra las 11 mujeres, que incluyó detención arbitraria; tortura física, psicológica y sexual; y falta de acceso a la justicia

También se ordenó sancionar a las partes responsables, fortalecer el mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres y crear un observatorio independiente de fuerzas policiales (federal y del Estado de México), brindar medidas de atención y rehabilitación a las 11 mujeres.

Después de la sentencia todo sigue igual

Esta sentencia fue ordenada el 21 de diciembre de 2018, no obstante, a 7 años de ser emitida permanece incumplida. En 2023, Centro Prodh reportó que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito resolvió el amparo interpuesto por las Mujeres de Atenco, ordenando a la FGJEM remitir la averiguación previa del caso Atenco a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), la cual ahora tendrá la obligación de continuar la investigación, bajo los parámetros ordenados por la Corte IDH.

Sin embargo, las medidas estructurales como la implementación del observatorio de uso de la fuerza se siguieron negando, el fortalecimiento al Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual ha sido casi nulo, y las medidas individuales de atención y rehabilitación no han sido cumplidas cabalmente.

«El Estado mexicano mantiene un paso lento en liquidar su deuda en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos de las mujeres, al tiempo que se mantienen vigentes las problemáticas que derivaron en la sentencia: la persistencia de la tortura sexual, la impunidad en la comisión de graves violaciones a derechos humanos y el abuso de la fuerza» -Centro Prodh

En 2024, la organización apuntó que, las autoridades no han incluido a las sobrevivientes a las investigaciones y estas no se han conducido siguiendo las líneas establecidas de la Corte IDH. Después de que el expediente se remitió a la FEVIMTRA no hubo avances sustantivos, sino que la instancia no ha investigado los hechos en su totalidad.

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Por otro lado, aún no existe la creación del observatorio para monitorear el uso de fuerza de la Guardia Nacional como lo establece la sentencia de la Corte IDH para garantizar la no repetición; el Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual no ha sesionado desde su emisión en marzo de 2023, así como también se desconoce las acciones a implementar para incluir las recomendaciones del Diagnóstico en la materia publicado en 2022 por la Secretaría de Gobernación.

«En este memorial de los hechos, reiteramos la exigencia de las mujeres sobrevivientes a que el Estado mexicano salde la deuda que ya tres administraciones federales han venido arrastrando, y que las autoridades se aseguren de que todos los responsables, incluyendo la cadena de mando involucrada en la planificación e implementación del operativo del 3 y 4 de mayo de 2006, sean debidamente juzgados y sancionados» -Centro Prodh

Amnistía Internacional alerta nueva era para los derechos humanos en reciente informe

 Escrito por Wendy Rayón Garay

 

CIMAC Foto.-Ciudad de México.- De acuerdo con la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Ana Piquer, los eventos mundiales en 2024 evidenciaron una especial alarma respecto a los futuros de los derechos humanos en el mundo gracias a una cruzada religiosa, racial y patriarcal que intenta imponer un orden económico basado en la desigualdad, que expusieron en su nuevo informe «La situación de los derechos humanos en el mundo».

Cada año, Amnistía Internacional pone en relieve los temas claves respecto a los derechos humanos. Después del análisis del 2024, la organización identificó que el mundo se enfrenta a una crisis de derechos humanos que se agrava cada día, existe una tendencia regresiva desde hace unos años, pero que comienza a acelerarse.

Comenzando por la violación al derecho internacional en conflictos armados, el informe de AI señala que la población civil fue víctima de crímenes de guerra en distintos países y de genocidio durante el último año, especialmente en los conflictos de Gaza, Ucrania, Sudán y Myanmar. Además, se identificó que se cometieron ataques directos e indiscrimintorios contra civiles como violencia sexual sistemática, desplazamiento formado y tortura.

El informe denuncia el uso del veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear medidas urgentes (como el caso de Estados Unidos e Israel), y la insuficiencia de respuestas. Si bien la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de detención contra líderes de Israel, Hamás y Myanmar, varios países no han cooperado con su ejecución. Asimismo, las exportaciones irresponsables de armas continúan, ignorando el riesgo de facilitar violaciones graves de derechos humanos.

Sobre la represión de la disidencia, se documentó un aumento en prácticas autoritarias en todo el mundo. Gobiernos de distintos países utilizaron leyes y normativas para restringir las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica con el objetivo de silenciar a defensores de derechos humanos, periodistas, activistas, estudiantes y sectores críticos.

Por ejemplo, en países como Argentina, Georgia, Nicaragua, Pakistán y Perú se impusieron nuevas restricciones al derecho de protestar. Otros como Turquía aplicaron prohibiciones generales contra las manifestaciones. En Blangadesh se utilizó a las fuerzas de seguridad para reprimir protestas con violencia y detenciones masivas causando la muerte de muchas personas. De manera general, quienes manifestaron solidaridad con Palestina y pidieron el fin de la guerra en Gaza, fueron blanco de hostigamiento, detención arbitraria y violencia, incluso en países como Alemania, Canadá, Egipto, Estados Unidos, India e Italia.

En 2024, distintos gobiernos perpetuaron y profundizaron desigualdades estructurales contra comunidades racializadas, minorías, étnicas, pueblos indígenas, mujeres, personas LGBTIQ+ y migrantes por medios de medidas discriminatorias.

Se denunciaron políticas y prácticas migratorias marcadas por el racismo, detenciones arbitrarias y deportación masiva de personas refugiadas sudanesas desde Egipto, o afganas desde Pakistán, exposición de solicitantes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos, utilización de terceros Estados para externalizar su responsabilidad migratoria en Europa y la aplicación de medidas restrictivas en varias fronteras.

La violencia de género y criminalización de los derechos sexuales y reproductivos se amplificaron. En Afganistán, las mujeres fueron excluidas de la vida pública por completo, en Argentina se reportó un feminicidio cada 33 horas e Irán endureció el castigo por no portar el velo obligatorio. En redes sociales surgió un movimiento anti-derechos que impulsó la limitación del acceso a información sobre el aborto.

AI también identificó injusticia económica y climática, la cual se intensificó en 2024 y afectó especialmente a las poblaciones empobrecidas y vulnerables en el mundo. Apuntaron que, los Estados han fallado de forma sistemática en proteger los derechos humanos ante el cambio climático y la crisis económica global, además continúan financiando industrias contaminantes y negando recursos esenciales.

En el plano ambiental, la temperatura medio global se elevó por primera vez respecto a los niveles preindustriales provocando desastres climáticos como inundaciones masivas en India y Blangadesh, incendios en el Amazonas, sequías e inundaciones en África y desplazamientos forzados a gran escala. Respecto a la transición energética, se impulsó la demanda de «minerales críticos» sin una regulación adecuada generando abusos ambientales.

En lo económico, el informe destaca que diferentes países de bajos recursos enfrentaron grandes niveles de deuda que superan sus presupuestos de salud y educación, siendo que los sistemas fiscales injustos, la evasión fiscal de las grandes empresas y la falta de regulación global agravaron la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria a causa de la crisis climática y el conflicto armado.

Finalmente, sobre la tecnología y los derechos humanos, AI documentó el uso extendido de las tecnologías como la vigilancia masiva, el reconocimiento facial, los programas espía y la inteligencia artificial para reprimir derechos fundamentales. Gobiernos de todo el mundo, como en México, se emplearon estas herramientas para vigilar protestas, intimidar a activistas y silenciar la disidencia, violando el derecho a la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de reunión.

Al mismo tiempo, empresas tecnológicas como Meta y TikTok censuraron contenidos sobre derechos reproductivos y permitieron la difusión de discursos de odio, sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Además, la implementación de sistemas automatizados en sectores públicos como migración, asistencia social o justicia profundizó desigualdades ya existentes, afectando desproporcionadamente a grupos marginados.

Panorama en México

En México la situación no es muy diferente, según señaló Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, el informe de este año señala que en el país persiste la violencia e impunidad, por ejemplo, algunos datos alarmantes son los siguientes:

• Las elecciones de 2024 fueron las más violentas que se han tenido en el país, al menos 41 personas candidatas a ejercer un cargo público fueron asesinadas.
• En junio de 2024 se promulgaron reformas de las leyes sobre amnistía y amparo que permiten a la presidencia conceder la amnistía sin restricciones a toda persona que proporcione información para investigaciones.
• En septiembre el Congreso aprobó una reforma constitucional para adscribir a la Guardia Nacional al control de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, que es el ejército mexicano. Con lo que la seguridad pública quedó militarizada.
• En septiembre, se promulgó una reforma constitucional que permite la elección popular de los cargos judiciales a todos los niveles y posibilita la creación de los denominados jueces en rostro para los casos de delincuencia organizada.
• En junio próximo será la primera elección judicial desde el desconocimiento del proceso de elección y de las personas candidatas.
• El 31 de octubre se aprobó una reforma constitucional que impide, incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impugnar modificaciones constitucionales futuras.
• En noviembre se aprobó una reforma constitucional para abolir diversos organismos autónomos por mandato constitucional entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
• Durante el año pasado, defensores y defensoras de derechos humanos periodistas y manifestantes fueron objeto de prácticas de estigmatización, represión y criminalización. Al menos nueve personas defensoras de derechos humanos y cuatro periodistas fueron asesinadas durante 2024.
• La libertad de reunión pacífica también continuó siendo violada, especialmente en el caso de las personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente y de las mujeres feministas.
• Activistas y medios de comunicación recopilaron información sobre uso excesivo de la fuerza en protestas feministas en Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Zacatecas.
• Durante 2024 las fuerzas militares continuaron cometiendo violaciones de derechos humanos, incluso actos que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
• En 2024 se cumplió el décimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. y seguimos sin saber dónde están. El gobierno mexicano se negó a proporcionar 800 documentos militares a las familias.
• Durante 2024 fueron asesinadas más de 3400 mujeres y cerca de 830 de estos asesinatos están siendo investigados como feminicidios. Las autoridades mexicanas continúan promoviendo legislación para reconocer los derechos de las mujeres y las niñas.
• El año pasado entró en vigor el decreto para modificar la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y también hubo modificaciones constitucionales para reconocer la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, peo persisten problemas en la práctica.
• 2024 fue un año complejo para las personas migrantes y refugiadas. Las autoridades mexicanas siguen colaborando con Estados Unidos en la aplicación de políticas que menoscaban el derecho a solicitar asilo y el principio de no devolución.
• Hasta el 28 de abril de este año estaban registradas 127 mil 485 personas desaparecidas y no localizadas. Solo en abril de este año han desaparecido ya mil 50 personas.
• Han sido asesinadas 29 familiares de personas de desaparecidas solo entre 2011 y 2025.

«La transformación en México tiene que poner en el centro a las personas, tiene que poner en centro la vigencia y respeto de los derechos humanos de todas las personas. Estamos todavía a tiempo de cambiar las estructuras y las prácticas que permiten que autoridades y agentes del estado de todos los niveles violen de manera sistemática y generalizada los derechos de las personas» -Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México

Acoso sexual en el metrobús de la CDMX: Cuando viajar en asientos rosas no es suficiente

Escrito por Arantza Díaz 7Ç

.-Ciudad de México.- Siendo mediodía en la línea verde del metrobús Tenayuca – Balderas, al norte de la Ciudad de México, el espacio se percibe calmo; las mujeres viajan en la zona exclusiva, la mayoría, adultas mayores que descienden en la zona de clínicas del IMSS al sur de Cien Metros. Las armas se bajan y con la certeza de que los asientos rosas son un blindaje que nos aleja de todos los males del acoso sexual, la realidad golpea en la cara cuando te conviertes en víctima, no sólo de tocamientos, de humillación pública, sino también, de la falta de protocolos al interior de uno de los sistemas de transporte capitalinos que presume de mayor seguridad y vigilancia.

Ser víctima de acoso en este espacio implica el rompimiento de la burbuja; el quebramiento de saberte segura rodeada de otras mujeres. Y no porque eso te exima de ser víctima de cualquier otro delito –como el robo o las agresiones físicas-, sino porque las zonas reservadas del metrobús hacen bajar las manos. Son el producto de una lucha insistente por crear espacios seguros y que, parece, han comenzado a ser penetrados por otros frente a nuestros ojos.

A las 12:20, con apenas unas 20 mujeres viajando en la línea verde rumbo a Balderas, un hombre ocupó un asiento reservado; el asiento vacío junto a mí. Extendió sus piernas y arrinconó hacia la ventana, en ese primer contacto, rozó con su mano izquierda mi torso.

Con tantos años redactando guías feministas sobre autocuidado en el transporte público; artículos sobre cómo seguir el instinto y huir de espacios que te producen incomodidad, lo mejor que pudo hacer mi cuerpo -en lugar de levantarse-, fue quedarse inmóvil, arrinconado y pequeño.

El contacto se dio cuando el hombre -entre los 20 y los 25 años- pretendió entablar, lo que parecía, una conversación. Quería que sostuviera su botella de agua de jamaica, la destapó para mí y la acercó a mi rostro exigiéndome que bebiera.

Puse mi mano para evitar el contacto y como en toda enseñanza bien practicada de pasividad feminizada, no opté por la rabia de la que tantas veces he escrito, opté por sonreír y pedirle que no insistiera. Expliqué que yo tenía mi botella guardada en el bolso, en esta remembranza, resulta una obviedad cuestionar: ¿Por qué habría de darle explicaciones a un hombre que estaba completamente fuera de sí?

De igual forma las di. Y no porque disfrute de compartir información con desconocidos, sino porque era el mecanismo de protección más próximo, si no actuaba de forma reaccionaria, entonces, tal vez podría bajarme con tranquilidad a la siguiente estación. Fueron menos de 3 minutos de interacción, cuando el segundo intento de tocar mis piernas se dio.

Apretó el muslo derecho con fuerza y presencié, por primera vez, el tambaleo de mis rodillas que se golpeaban entre sí; temblaban de miedo y las respiraciones se volvían bruscas. Empujé su brazo con una fuerza débil y con una voz -que en mi cabeza resonó fuerte, y más bien fue apagada-, alcancé a esbozar: Suéltame. Me miró, soltó mi cuerpo y sin mediar nada más, dio un trago grande a su botella de agua y escupió con fuerza en todas direcciones.

Llevé mis brazos al rostro a fin de cubrirme, pero todo ya había terminado. Mi camisa blanca, mi pecho, mi cuello, mis manos y cabello goteaban. Lo miré y él se tapó los labios en un intento de contener la risa por lo que había hecho; ¿ese era el momento de pedir auxilio?, ¿de levantarme y gritar como aquellas mujeres valientes que tantas veces veo en el transporte público? Probablemente sí, pero en ese momento, no sentí la valentía correr, sólo unas inmensas ganas de volver a casa.

Fue una mujer quien se levantó rápidamente y dio aviso al chofer de la unidad. Para este momento, probablemente habrían pasado sólo 5 minutos desde que el hombre había ocupado su lugar junto a mí; fue sólo el cambio de una estación a otra, lo que le dio el tiempo suficiente para cometer un acto desdeñable.

El agresor sabía bien lo que había hecho, pues al llegar a la siguiente estación, me exigió algo darle dinero para que se fuera «en paz» y en cuanto notó que el policía apretaba el paso para llegar al camión, el hombre se levantó rápidamente y pretendió huir. Las puertas se cerraron y yo, con el agua goteando por el pecho, no bajé de la estación; el momento se sentía como algo ajeno, las mujeres a mi alrededor me miraban y sólo atiné a limpiar con mis manos las gotas de agua que corrían de mis brazos.

En ese tránsito hacia la siguiente estación no se dio más que la reflexión sobre lo vivido; sobre la culpa de no haber hecho más y la autoconsciencia de que, lo sucedido minutos antes, no sólo había sido un desencuentro cotidiano, sino constituía un acto más profundo. Un acto de violencia, de hostigamiento, de agresión sexual que, en su momento, no pude trasmutar a palabras, tras dos estaciones en un shock donde pretendía fingir que todo estaba bien y que, tal vez, mi reacción de profundo llanto era exagerada –y hasta vergonzosa-, opté por volver al lugar de los hechos y encontrarme con el agresor.

Sin pretensiones de que esto sea más extenso, la solución que brindó el área de seguridad del metrobús fue, única y exclusivamente, una disculpa. El agresor sólo habría sido escoltado hacia los torniquetes de salida, por lo que, aunque yo hubiese bajado a la siguiente estación, era imposible reencontrarlo.

«De cualquier forma, se le veía que estaba malito«, refirió un elemento de seguridad mientras se tocaba la cabeza cuando le pregunté sobre qué había sucedido con él. Me advirtió que, se le podría buscar sin problema entre los alrededores pues «por ahí andaba«, sin embargo, explicó que, derivado de que se trata de una persona en situación de vulnerabilidad y adicciones «el proceso es más difícil con esas personas«, pues, además, les resultaría prácticamente imposible privarlo de su libertad.

Pregunté sobre cuál era el protocolo de atención y qué solución se me podría otorgar, sin embargo, la respuesta fue escueta y sólo se me pidió que, cuando estas situaciones sucedan, se debe denunciar de forma inmediata y bajar junto al agresor. De otra forma, no se puede hacer nada, aún, cuando bajes a la siguiente estación, lo que apuntala a un debate serio sobre los juegos de la revictimización y cómo, al ser víctima de acoso sexual / agresiones, la autodefensa no es igual para todas las víctimas. A algunas víctimas nos hiere a un extremo de permanecer congeladas sin saber qué hacer; de no querer movernos de ese lugar porque la agresión aún está fresca. Hay miedo y mucha rabia contenida; me tomó cinco minutos espabilarme de ese trance y volver al lugar de los hechos, pero fue inútil. En cuanto los agresores son bajados del metrobús, son encaminados a la puerta de la estación.

¿Qué sucede con las mujeres que son agredidas y que no bajan junto a su agresor en las estaciones?, ¿qué sucede con esas adolescentes que viajan en la zona separatista y aun así son tocadas por hombres que irrumpen en estos lugares quedando petrificadas de miedo?, ¿el único protocolo vigente es cazar y salir junto a tu agresor –que cometió algún abuso apenas minuto antes-, para después, acusarlo con el policía de la estación?

Tras un buen rato de elementos de seguridad yendo y viniendo, mandando mensajes y prometiéndome un reporte. El asunto no llegó a ningún lado, cuestioné si existía algún registro de estas personas que agreden en el espacio público y los elementos me refirieron que sí, que contaban con una fotografía de mi agresor y que no me preocupara, pues quedaría un antecedente donde tendrían más cuidado con él. Sin saber si esto era o no mentira, no hubo más remedio; no desearon buscarlo por ser una persona en condiciones vulnerables y tampoco, emprender otra acción más contundente por haber tardado demasiado en hablar (menos de 10 minutos, sólo en lo que volví a esa estación).

Y desde la tranquilidad de un espacio seguro, tras una jornada que drenó emocionalmente, las reflexiones son múltiples y necesitan ser desmenuzadas.

Desde la idea clara de que, muchas mujeres y adolescentes que usan diariamente el metrobús de la CDMX consideran que, el acoso sexual se termina en cuanto bajan a su agresor de la unidad, hasta la urgente necesidad de abolir cualquier pensamiento que pretende suavizar estos hechos. Es decir, cuando esta tarde vi al policía aparecer y a mi agresor escapar rápidamente de la unidad, parecía que todo había terminado; era el final de lo que había vivido y tal vez, no necesitaba hacer una tormenta de eso, ni señalarlo. Me bastó con saber que ya no viajaba conmigo para quedarme callada y desde esta reflexión, se abre una puerta para reconocer: No es suficiente y tampoco resana el daño que nos hacen. Por esto, la política de que debes bajar con tu agresor al momento en que lo vives, no sólo es débil, sino también, dolorosa, esto sin mencionar que, entre las prisas laborales / académicas, no hay tregua, sólo la comodidad de nuestro silencio para quienes cometen el acoso al interior del metrobús.

Algo que resonó muy fuerte, cuando el policía me apuntó que esto pasaba mucho: «Es que nunca se bajan con ellos y así no nos dan elementos«. ¿Y si es bien sabido que la mayoría de las mujeres guardan silencio cuando bajan a los agresores, entonces, por qué no se está produciendo un cambio?, ¿cuál es la verdadera cifra de mujeres acosadas sexualmente al interior de las unidades del metrobús?

Una mirada hacia el metrobús y el acoso en el transporte

Hay información vasta sobre el acoso que viven las mujeres diariamente al interior del metro; el transporte público más utilizado por personas usuarias del Valle de México. Sin embargo, nombrar el nexo entre el metrobús y el acoso sexual es un lugar sombreado; hay datos escasos y ninguna cifra pública exacta sobre cuál es la cantidad precisa de este fenómeno.

La información más próxima la ofrece Encuesta sobre Violencia Sexual en el Transporte y Otros Espacios Públicos en la Ciudad de México, de UnWomen, donde se vincula a cómo las mujeres suelen sentirse muy seguras en el metrobús, siendo este, uno de los que gozan de mayor vigilancia. Por ejemplo, sólo el 8.5% de un grupo de mujeres entrevistadas apuntó haber vivido acoso en las instalaciones del metrobús a diferencia del 72.9% del metro.

Además, sólo el 2.9% señaló sentir miedo en este transporte, mucho menos que otros espacios públicos. Por ejemplo, las mujeres suelen tener más temor en parques, plazas, paraderos, mercados o taxis, un dato importantísimo sobre la enorme brecha de confianza que se tiene en el transporte que goza de espacios separatistas, elementos de seguridad y cámaras, además de presumir en su sitio oficial de preparar a los policías con perspectiva de género. Sin embargo, queda una profunda insatisfacción de no saber con precisión cuántas mujeres han enfrentado en silencio el acoso en alguna unidad del metrobús; sin datos públicos, ni mujeres denunciando, no queda más que vacío informativo.

Hay que recordar que el acoso sexual en espacios públicos es una forma de violencia que conlleva abuso de poder respecto de la víctima, sin que medie relación alguna con la persona agresora. Se manifiesta a través de una conducta física o verbal de connotación sexual no consentida ejercida sobre una o varias personas, en espacios y medios de transporte públicos, cuya acción representa una vulneración a los derechos humanos.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, las agresiones contra las mujeres ocurridas en la calle son principalmente de tipo sexual, y 8 de cada 10 indicaron que la persona responsable de estas agresiones había sido un desconocido. Se desprende que la vía pública y el transporte público son los lugares donde las mujeres son frecuentemente violentadas.

Además, vulnera los derechos humanos de las mujeres, impide su libre desarrollo y tránsito en el espacio público, pues son forzadas a modificar de ruta hacia su casa o destino final, evitar ciertas áreas de la ciudad, cambiar de vestimenta, no salir de noche y cambiar de residencia, lo que incide negativamente en la posibilidad de acceder a mejores condiciones de vida y a vivir una vida libre de violencia.

Según, la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada en junio del 2024, el 68.3 % de las mujeres expresó sentir inseguridad en el transporte público, mientras que el 55.5 % de los hombres sintió esa preocupación.

Daniela Flores González (quien trabaja en la empresa WhereIsMyTransport, enfocada en el desarrollo de soluciones tecnológicas enfocadas en la movilidad), externó en conferencia de prensa el pasado junio del 2024 que, el 54 por ciento de los viajes realizados en transporte en la capital mexicana y la Zona Metropolitana son realizados por mujeres. De estos viajes, según datos del Banco de Desarrollo de América Latina, 3 de cada 10 están relacionados con labores de cuidado; también 3 de cada 10 tienen que ver con trabajos remunerados y 2 de cada 10 con el estudio.

Esto apunta a una diversificación de opciones de vida de las mujeres. No obstante, como estas opciones rompen con el rol que el patriarcado les asignó, la respuesta que muchas de ellas tienen de parte de los hombres es la violencia, y el principal rostro de estas agresiones es el del acoso sexual expresado a través de miradas, palabras y acercamientos físicos. De acuerdo con Daniela Flores, 6 de cada 10 mujeres en la Ciudad de México han experimentado acoso en el espacio público; la cifra para los hombres es de 6 de cada 100.

Del total de mujeres víctimas de esta violencia, el 55 por ciento ha sido agredida dentro del transporte público. El 37 por ciento ha vivido acoso en la calle, el 31 por ciento en paraderos o paradas de camiones y el 19 por ciento en alguna estación del Metro o del Metrobús. Esto quiere decir que el acoso permea todo el proceso de movilidad de las mujeres en la Ciudad de México y las coopta del libre tránsito.

Repunta sextorsión en niñas de 6 a 11 años en CDMX. Alertan modus operandi

 Escrito por Arantza Díaz 

.-Ciudad de México.- En México, las niñas, niños y adolescentes se han convertido el objetivo para cometer una de las agresiones sexuales digitales más violentas: La extorsión con contenido sexual. Un grupo etario contactado a través de aplicaciones, redes sociales y videojuegos, una práctica que hoy día, representa una de las vulneraciones más serias a su libertad y seguridad; los estragos en su salud mental y bienestar social pueden resultar irreparables si el foco no se coloca en su protección, el cuidado y la corresponsabilidad social, pues las infancias y particularmente las niñas, suelen vivir este fenómeno en silencio.

Según ha reportado el Consejo Ciudadano, existe un incremento sostenido en los reportes de sextorsión, no se trata más de un fenómeno aislado, sino una violencia cotidiana que atraviesa a múltiples infancias y adolescentes diariamente, lo que coloca al margen la necesidad de comenzar a producir información que apuntale a la prevención de estas agresiones.

Un hecho importante es el modus operandi y las distinciones que ejercen los agresores para acercarse a sus víctimas. Según a la persona que se dirijan, cambiarán la estrategia para entablar vínculos diversos.

El Consejo Ciudadano identificó que, cuando las víctimas son infancias de entre 6 y 11 años, los agresores intentan obtener contenido a través de actos de violencia verbal. El 77% de las víctimas son niñas a quienes se les pretende forzar a enviar contenido íntimo a través de amenazas y amedrentamiento.

Conforme el rango de edad de las víctimas es mayor, entonces, los agresores abandonan el plan de amedrentar, infundir miedo y amenazar, cambiando sus operaciones a estrategias más afables como fingir que son amigos cercanos.

Las adolescencias de entre 12 y 15 años, identificaron como su agresor a un supuesto amigo virtual (40.9%) quien llevó las conversaciones a terrenos sexuales «el sexting» para posteriormente, intentar chantajear con difundir esa información a cambio de recibir más material explícito como fotografías. 1 de cada 10 víctimas de este hecho, accedió y no sólo envió más contenido, sino, además, aceptó a pagar una suma de dinero a cambio de no difundir esa información.

Entre los 16 y los 17 años, el 40% de los agresores son presuntos amigos virtuales, seguido de desconocidos, personas a quienes habían buscado para entablar una relación sexo afectiva y finalmente, las exparejas. En este grupo, se tiende a dar con mayor incidencia el hackeo de redes sociales y la práctica de grabar encuentros sexuales sin consentimiento.

¿Quiénes denuncian y cuáles son las plataformas con más riesgo?

En el caso particular de las infancias (6 a 11 años), fueron los padres quienes realizaron las primeras denuncias ante el Consejo Ciudadano, en el 69.3% de los casos los padres intervinieron de forma temprana, siendo las alcaldías de Iztacalco y Tlalpan, las delegaciones que registraron los picos más altos de este delito en infancias.

La particularidad más preocupante de este grupo es que son las niñas el grupo más violentado; representan el 77% de los casos.

El fin de estas extorsiones es hacer que las infancias envíen contenido íntimo; no se les pide dinero, ni tampoco se les amenaza con difundir el contenido.

Tiktok y videojuegos: El 69.2% del contacto entre agresores e infancias de 6 a 11 años se dio en estas plataformas.

A la edad de 12 a 15 años -aproximadamente durante la educación secundaria-, el panorama es completamente distinto y son los adolescentes quienes piden ayuda por su cuenta. En el 71.9% de los casos, levantaron el reporte por su cuenta y un 16.4% por su madre, lo que pone también en el mapa el trabajo de confianza y acompañamiento que representan las madres, principales denunciadoras de la sextorsión de sus hijas e hijos.

A esta edad, la mayoría de los reportes se dieron fuera de la capital, particularmente en el estado de México y posteriormente Puebla; en CDMX, es Iztapalapa la alcaldía con mayor número de casos. Sin embargo, un asunto preocupante es que, al menos el 11.7% de las víctimas, accedieron a las exigencias del agresor (entrega de dinero).

Este grupo muestra la particularidad de que sus agresores provienen de aplicaciones para citas -incluso más que los adolescentes de más edad- y de espacios como Instagram donde el consumo de contenido explícito está a la orden del día. En este grupo, las mujeres siguen siendo las más afectadas, representando el 57.9% de los casos, sin embargo, los adolescentes tampoco quedan atrás y el 42.1% de los reportes corresponden a hombres.

A esta edad, la finalidad de las extorsiones muestra otros sesgos; no se les pide seguir enviando contenido íntimo, por el contrario, a partir de esta edad se comienza a exigir dinero, usar el material como manipulación para dañar su imagen, retomar una relación de pareja y forzar a un encuentro sexual.

Instagram y aplicaciones de citas: A la edad de 12 a 15 años, el 46.8% de los agresores se contactan en estas plataformas.

Las víctimas de 16 y 17 años también mantienen el margen de ser quienes levantan el reporte por su cuenta, siendo este grupo, el que tiende a denunciar con mayor incidencia (71.9%) lo que apunta a una cultura importante de pedir apoyo. Asimismo, las madres vuelven a ser la red de acompañamiento más importante al representar el 12% de quienes levantan el reporte y posteriormente, son las amistades de la víctima quienes dan aviso de que algo sucede.

En este grupo, los hombres y las mujeres presentan el mismo porcentaje de casos. Y muestran ciertas particularidades, siendo el principal objetivo de la extorsión el obtener dinero a cambio o chantajear con compartir el contenido.

Facebook y Whatsapp: El 29.5% del contacto con agresores se dio en estos espacios en las víctimas de entre 16 y 17 años.

Señales de alerta

El Consejo Ciudadano ha identificado los principales padecimientos psicológicos en las víctimas, van desde la ansiedad, hasta la ideación suicida.

• Miedo constante al no saber cómo hablar del tema con sus familias, esto se tiende a dar entre los 12 y los 17 años
• Ansiedad y estrés
• Culpa y verguenza que inhiben la denuncia
• Aislamiento y abandono de actividades cotidianas
• Ideación suicida, esto tiende a darse en los adolescentes de 16 y 17 años, experimentan altos niveles de angustia y desesperación.

En añadidura, se rescatan las herramientas principales sobre cómo actuar ante una situación de esta índole, siendo el discurso más importante, el denunciar, no replicar discursos de revictimización que intenten apuntar a la víctima como culpable y, sobre todo, dar un acompañamiento amoroso en todo momento.

Autodefensa:

• No enviar más contenido ni realizar pagos, sin importar la amenaza o presión.
  
• Evitar responder o interactuar, ya que eso fortalece el control del agresor.
  
• Resguardar evidencia
• Acudir a la Policía Cibernética o a Fiscalías Especializadas (delitos sexuales o cibernéticos).
  
• Reportar en la plataforma donde ocurrió el hecho (Instagram, TikTok, WhatsApp, etc.) para bloquear al agresor y solicitar eliminación del contenido.
• Proteger la privacidad digital
  
• Cambiar contraseñas y activar la verificación en dos pasos.
  
• Revisar configuraciones de privacidad y eliminar contenido sensible en redes.
  
• Bloquear y reportar cuentas sospechosas o agresores identificados.
• Buscar apoyo emocional y legal
• Hablar con una persona de confianza: madres, padres, docentes o amistades.
• Contactar al Consejo Ciudadano, que ofrece atención gratuita, confidencial y 24/7 a través de la Línea de Seguridad y Chat de Confianza: 555533-5533No ceder al agresor
• Reforzar el mensaje: no es tu culpa
• Conservar capturas de pantalla, mensajes, nombres de usuario y toda prueba digital relevante.
  
• Anotar fechas, horarios y plataformas usadas, incluyendo cualquier intento de hackeo o
  suplantación.
• La víctima nunca es responsable del delito.
  
• El culpable es quien manipula, amenaza y extorsiona.
  
• Sentir miedo o vergüenza es normal, pero no debe impedir pedir ayuda.

Se debe recordar que la extorsión es un delito atribuible al artículo 148 Quáter del Código Penal de la Ciudad de México y tiene como sanción de 10 a 15 años de prisión, en estos casos, al tratarse de menores de edad, la pena puede aumentar al doble.

Como apuntaban los datos, son las infancias a quienes se les extorsiona para mandar más contenido, lo que infiere en la red de propagación, difusión y venta de pornografía infantil, siendo este, un delito estipulado en el artículo 187 que implica hasta 14 años de prisión.

Chat de confianza y número telefónico para pedir apoyo: 55 55 33 55 33.

«Nos violaron a todas». La guerra civil en Sudán y los crímenes de lesa humanidad

 Escrito por Paola Piña 

.-Foto de Solomon Onyeagoro

Ciudad de México.- A dos años del inicio de la guerra civil en Sudán, la violencia sexual contra mujeres y niñas continúa siendo utilizada como un arma para humillar, controlar y desplazar comunidades. Ante este panorama, Amnistía Internacional emitió el informe titulado  “They raped all of us”. Sexual violence against women and girls in Sudan (“Nos violaron a todas”. Violencia sexual contra mujeres y niñas en Sudán), que da testimonio de la crisis de derechos humanos que existe contra las sudanesas.

La República del Sudán es un país geográficamente africano, pero con vínculos políticos y culturales con el Medio Oriente. Está ubicado en el noreste de África y su capital, Jartum, es el centro político, cultural y comercial del país. Con una población aproximada de 50 millones de personas, el inglés es su lengua oficial, aunque el árabe también es ampliamente utilizado, al igual que lenguas locales como el dinka, nuer, bari, zande y shilluk, entre otras.

Desde el 15 de abril de 2023, Sudán atraviesa una guerra civil provocada por el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). El conflicto inició en Jartum, pero pronto se extendió a otras regiones del país como Darfur, Kordofán del Norte y el estado de Gezira. Ambas facciones militares disputan el control del país tras el colapso del proceso de transición democrática.

Desde ese momento, asta guerra ha dejado miles de asesinatos, millones de desplazados y ha desencadenado una grave crisis humanitaria, caracterizada por asesinatos de civiles, violencia sexual y una escasez alarmante de alimentos y servicios básicos.

Uno de los aspectos más alarmantes de este conflicto es el aumento del riesgo de violencia sexual contra mujeres y niñas. A pocos días del inicio de los enfrentamientos, comenzaron a surgir informes sobre violaciones, esclavitud sexual y otras formas de violencia.

Sin embargo, los casos de violencia sexual aumentaron drásticamente en Sudán en diciembre de 2023, cuando las RSF tomaron el control de ciudades clave del estado de Gezira, como Madani y Hasahisa, y continuaron a medida que el conflicto se expandió por la región.

Entre 2023 y octubre de 2024,  Amnistía Internacional documentó al menos 36 casos de violación en cuatro estados sudaneses, incluyendo a niñas de apenas 15 años. La mayoría de las víctimas eran refugiadas o familiares de personas desplazadas en campos de Uganda. Todas identificaron a combatientes de las RSF como responsables de estos crímenes de lesa humanidad.

“Las agresiones de las RSF contra mujeres y niñas sudanesas son repulsivas, depravadas y tienen como objetivo infligir la máxima humillación. Las Fuerzas de Apoyo Rápido han atacado a civiles, especialmente mujeres y niñas, con una crueldad inimaginable durante esta guerra”, denunció Deprose Muchena, director general de Impacto Regional en Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

Las RSF han sometido a mujeres de Jartum a esclavitud sexual, reteniéndolas durante días o incluso semanas en casas aleatorias o cerca de puestos de control, donde eran violadas y maltratadas repetidamente.

Amnistía Internacional documentó dos casos particularmente graves de esclavitud sexual. Uno de ellos es el de “Mariam”, una mujer de 34 años y madre de cinco hijos, secuestrada de su casa en el barrio de Jabra, en Jartum, el 15 de mayo de 2023. Fue llevada a una vivienda en la zona de Riyad, donde fue retenida durante 30 días y violada diariamente por distintos soldados. Fue liberada únicamente cuando su salud comenzó a deteriorarse gravemente.

En otro caso, 24 mujeres y niñas fueron secuestradas por miembros de las RSF y llevadas a un hotel en Nyala, Darfur del Sur, donde permanecieron varios días en condiciones equivalentes a esclavitud sexual.

Numerosas sobrevivientes relataron que fueron violadas por ser consideradas sospechosas de estar vinculadas a las Fuerzas Armadas de Sudán. Personal médico también fue víctima de estos crímenes: algunas enfermeras fueron violadas si no lograban salvar a soldados heridos. En un caso documentado, una enfermera fue secuestrada por 13 soldados, obligada a tratar a combatientes heridos y luego violada en grupo hasta quedar inconsciente. En otro caso, una médica fue asesinada tras resistirse a una violación.

Sobrevivientes: una lucha contra los impactos de la violencia sexual

Amnistía Internacional denunció que ninguna de las sobrevivientes ha recibido atención médica o psicológica adecuada tras ser atacadas. Muchas no han podido denunciar estos crímenes por miedo a represalias, estigmatización o debido a la continuidad de los combates.

Las secuelas físicas y psicológicas son devastadoras. Algunas víctimas reportaron dificultades para caminar, dolores persistentes en los riñones y menstruaciones irregulares. Una de ellas sufrió una hemorragia grave cuando le fue abierta una herida de cesárea durante una violación, lo que desencadenó complicaciones médicas posteriores.

A pesar de la falta de apoyo estatal, algunas organizaciones dentro de Sudán han brindado asistencia médica a las víctimas. La organización SORD, por ejemplo, ayudó a mujeres que desarrollaron fístulas, contrajeron VIH o hepatitis B. También brindó atención prenatal a 41 niñas en la ciudad de Kassala.

“La experiencia de esos treinta días tuvo un impacto duradero en mi salud. Antes era fuerte y saludable; ahora estoy enferma casi todos los días. Necesito apoyo para ir a Kampala y recibir tratamiento médico adecuado”, relató Mariam, sobreviviente de Jartum.

A dos años del conflicto, las acciones siguen siendo insuficientes

A pesar del tiempo transcurrido, no se han tomado medidas significativas para apoyar a las víctimas de violencia sexual. Ante esta situación, Amnistía Internacional exige al gobierno sudanés que garantice atención médica, psicológica y humanitaria a las sobrevivientes, incluyendo servicios de salud sexual y reproductiva.

También exige investigaciones rápidas e imparciales sobre estos crímenes, que se enjuicie a los responsables en procesos justos, se otorguen reparaciones a las víctimas, y se refuerce la cooperación internacional para prevenir y atender la violencia sexual en el contexto del conflicto.

Finalmente, Amnistía Internacional hace un llamado a los socios internacionales de Sudán como la Unión Europea, Arabia Saudita, Reino Unido y Estados Unidos,  a que exijan el cese inmediato de la violencia sexual, aumenten la financiación humanitaria, prioricen la protección de mujeres y niñas en las negociaciones, aseguren el acceso humanitario y brinden vías seguras a quienes huyen del país, sin forzar su regreso.

Mujeres como botín de guerra

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), hay una preocupación por el incremento de este delito que usa a las mujeres como botín de guerra y que también ha sido una característica común en el conflicto armado del país.

Las mujeres y las niñas en tiempos de guerra son tratadas muchas veces como “botín”. La violación es una táctica utilizada como estrategia de terror y como forma de tortura. Las consecuencias físicas y mentales de estas agresiones dejan huellas emocionales y físicas imborrables.

Esta forma de agresión también puede ser utilizada como parte de una limpieza étnica, tal y como se vio con las violaciones sistemáticas y los embarazos forzosos de la antigua Yugoslavia en los años noventa.

Las violaciones, la esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual cometidas en el contexto de un conflicto armado son crímenes de guerra.

Mireya Cidón, Aminstía Internacional España

«Reynosa es un panteón clandestino»: Buscadoras exigen respuestas al alcalde Peña

 Escrito por Arantza Díaz 

.-Ciudad de México.- En la frontera norte, Tamaulipas se erige como una de las entidades donde la violencia y las desapariciones son un recordatorio incisivo del narcotráfico y el avance de los grupos delictivos, mismos que se han metido hasta la médula de una de sus ciudades más importantes: Reynosa. Territorio de constante disputa, de reclutamiento forzado, desapariciones disparadas y la lucha de las mujeres y familias buscadoras que ejercen trabajos de localización para hallar a sus familiares desaparecidos; realidad que Carlos Peña, actual alcalde, parece ignorar.

En entrevista con Cimacnoticias, Edith González, cabeza del colectivo Amor por los Desaparecidos, uno de los grupos más poderosos de la ciudad a quien se le atribuye algunos de los hallazgos más extensos y violentos de todo Tamaulipas, denuncia haber tocado más de una vez las puertas del equipo de Carlos Peña, mismo, que ha pasado de largo estas peticiones. Las buscadoras de Reynosa están inconformes con esta gestión municipal y exigen, ya no sólo respuestas, sino también su revocación y la intervención expedita de la propia presidenta, Claudia Sheinbaum.

En Reynosa, los Ortiz llevan las riendas desde hace casi una década y las buscadoras exigen transparencia, además de la apertura de un diálogo. En 2016, la panista Maki Ortiz se embolsó la presidencia del municipio al obtener poco más del 35% de los votos y al término de este ciclo, lanzó su reelección resultando victoriosa. Sucintamente, al final de su última gobernatura, abandonó la bancada del PAN y logró que avanzara su sucesor, el morenista: Carlos Peña, su hijo.

El punto de quiebre se da entre el avance del crimen organizado y un Estado que es omiso ante la crisis de desapariciones; dos estructuras violentas que convergen en Reynosa, donde habitan apenas 700 mil personas [Censo de Población y Vivienda, 2020]. Edith González refiere que, desde el momento en que se formó su colectivo, Maki Ortiz ya estaba al poder y si hay algo que ha distinguido a esta familia, es la falta de voluntad política para ayudar.

«La familia Ortiz tiene 3 periodo en el poder, pero lamentablemente, yo puedo decir que no ha existido ningún tipo de apoyo, empatía, interés, ni humanismo, menos voluntad para ayudar a los colectivos de Reynosa (…) no existe ninguna diferencia entre el gobierno de su madre y el de él [Carlos Peña], son gobiernos herméticos con relación a los desaparecidos, es un desinterés total de apoyarnos»

Como resultado de esta inconsistencia, las organizaciones de buscadoras y defensoras de derechos humanos han reunido firmas para exigir la revocación de mandato de Carlos Peña. El hastío del gobierno aparece, entre muchas otras cosas, a causa de la falta de atenciones a las buscadoras, pero también, por presunta opacidad en su administración y falta de acción ante crisis, como las inundaciones que el pasado 27 de marzo azotaron la ciudad sin ninguna respuesta municipal. Como resultado, se instalaron mesas para reunir firmas y paralelamente, se mantiene la búsqueda constante del gobernador morenista, Américo Villarreal, mismo, que incurre en las mismas acciones de omisión y negligencia con sus buscadoras.

En 2022, Morena llegó a Tamaulipas con su abanderado, Américo Villareal; un médico cirujano que entró a la política como senador de la República y que se convirtió en una de las promesas de cambio con el arribo del régimen morenista. Mientras Amor por los Desaparecidos realizaba su hallazgo, afuera, Villareal presentaba su informe de gobierno, por lo que los actos políticos de celebración se han mantenido presentes en el panorama político tamaulipeco.

Desde su arribo al poder, ha señalado que se trabaja por encontrar a las personas desaparecidas y ha reiterado sus compromisos cada 30 de agosto –Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas– por crear políticas y acciones que promuevan la verdad y la reparación, sin embargo, desde hace 3 años Amor Por los Desaparecidos le ha buscado la cara a Villarreal para evidenciar sus hallazgos, sin embargo, nunca han recibido respuesta.

«Cuando vino aquí [Américo Villarreal] a Reynosa le entregamos un oficio solicitándole una reunión y sí, nos recibió el oficio, pero fuimos ignoradas, jamás recibimos una respuesta. Le hemos pedido muchas reuniones con su secretario y nada.

Podemos decir que estamos peor porque ni siquiera nos permite un acercamiento con él y no hay ningún cambio, estoy decepcionada de haber pensado que realmente nos iban a escuchar, que nos iba a tomar en cuenta», dice Edith.

Sin posibilidad de obtener seguridad, protección y apoyo, ni de su municipalidad, y tampoco a manos del gobierno estatal, Edith González y sus compañeras de Amor por los Desaparecidos han intentado abrir las puertas del Palacio Nacional y estrechar alguna relación con la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, a pesar de los intentos de llegar durante la mañanera y permanecer a los pies del recinto, la colectiva no ha logrado colocar en el visor la crisis cruenta que atraviesa, no sólo a Reynosa, sino a todo Tamaulipas.

El 21 de marzo, Edith González entregó un oficio al Palacio Nacional donde solicitaba el apoyo de presidencia para atender lo que acontece en la entidad. Según reza el documento de respuesta expedido por la Dirección General de Atención Ciudadana, se podrá dar puntual seguimiento a la solicitud y se extiende el compromiso de que la presidenta dará atención a cada una de sus peticiones. Paralelamente, el colectivo Amor por los Desaparecidos sostuvo una reunión en la capital mexicana con la Comisión Nacional de Búsqueda para escuchar sus denunciar. Sin embargo, desde entonces, no ha existido ninguna otra intervención y la vida en Reynosa, se mantiene al margen, sobreviviendo entre el crimen organizado y la búsqueda sin recursos.

«Buscamos al gobernador para solicitar apoyo y recursos, queremos servicios primarios, protección civil, maquinaria como excavadoras para limpiezas, espacio donde se conmemora la verdad y la justicia para nuestros desaparecidos, sin embargo, no existe nada de humanismo en lo más mínimo para apoyo a los colectivos. El gobernador no nos ha dado ninguna respuesta, la última vez que vino a Reynosa quedó muy formal de comunicarse conmigo; no pasó. Tanto él, como su esposa, así como la propia presidenta quedaron muy formales de entablar comunicación con el colectivo y a la fecha, no ha sucedido», dice Edith.

Según recoge la Red Lupa, los casos de desaparición en Tamaulipas comenzaron a aumentar en el 2009, siendo el 2011 el año con la mayor concentración de casos, con 1303 personas que continúan desaparecidas. El total de personas desaparecidas permaneció alto hasta el 2020, año en el que disminuyó en un 50% el número de casos registrados de personas desaparecidas y se ha mantenido bajo desde entonces, en comparación con el registro de personas desaparecidas de la década pasada.

En Tamaulipas, el 43% de las personas desaparecidas tienen entre 20 y 34 años; las mujeres comienzan a ser desaparecidas con mayor incidencia desde los 15 hasta sus 19 años. Mapeando los municipios más importantes de la entidad, se encuentra que Reynosa representa el más violento en cuanto a desapariciones con 2 mil 655 personas no localizadas -en 2024-.

1. Reynosa: 2 mil 655
2. Matamoros: 2 mil 503
3. Nuevo Laredo: 2 mil 609
4. Victoria: 986
5. Tampico: 777

De ello que Red Lupa, nombre a este municipio con el nivel de urgencia más alto: Nivel extraordinario de gravedad.

«El contexto actual, todo Tamaulipas es un cementerio clandestino en donde quiera hay existencia de fosas clandestina, restos humanos sobre la superficie, cocinas clandestinas; Reynosa es un panteón. Las desapariciones van en aumento, los grupos criminales tienen el control de esta zona y realmente las autoridades se han quedado atrás con los trabajos que venimos haciendo como colectivo. Rebasamos su capacidad y la fiscalía pues ya no tiene la capacidad de responder ante esta crisis y el contexto actual es un municipio donde no existe un gobierno, es un lugar donde los grupos criminales, en las narices de las autoridades, cometen actos delictivos», denuncia Edith.

Desconocimiento de la realidad: Autoridades niegan campos de exterminio

En una entrevista con Luis Cárdenas para MVS, Jorge Cuéllar se defendió –y defendió al gobierno morenista de Américo Villareal-, señalando que «las personas desaparecidas son del pasado» y que los campos de exterminio no existen en la entidad, a pesar, de que Tamaulipas registró en 2021 uno de los episodios más cruentos con el hallazgo de La Bartolina; un campo de exterminio con un aproximado 500 kilogramos de restos humanos, se sospecha, buena parte pertenecía a personas migrantes y víctimas de la guerra contra el narcotráfico.

Esta versión que pretendía lavar la cara a la violencia tamaulipeca se articuló con un comunicado oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que entre tropiezos e información tergiversada pretendió desmeritar los hallazgos realizados por el colectivo Amor por los Desaparecidos. Señalando lo siguiente:

No existen elementos que permitan establecer la existencia de supuestos centros crematorios o de exterminio, ni mucho menos clandestinos como se ha difundido en los medios de comunicación

¿Qué sientes de que negaron la existencia de campos de exterminio?: Sentimos indignación, es una falta de respeto el pronunciamiento del vocero de seguridad, no sólo a nosotras las buscadoras y a nuestro trabajo, sino a la ciudadanía en general. Que diga que no existen campos de exterminio en Tamaulipas, es porque no tiene conocimiento de lo que está pasando, es completamente indignante, tenemos enojo y coraje, es totalmente inaceptable que negara la situación y creo que por eso también se desató el ruido porque obviamente nadie cree en lo que dijo. Uno de los más grandes campos de exterminio fue aquí en Tamaulipas, la Bartolina que ya tomó la FGR, ¡desconocía lo que era la Bartolina, como vocero de seguridad ni siquiera sabía qué era!, ¿cómo va a negar lo que pasa aquí?

Lo sucedido hace apenas 2 meses es la muestra contundente de la violencia estructural y la omisión del estado de Tamaulipas para reconocer, no sólo la crisis de desapariciones, sino también, el trabajo de las mujeres y familias buscadoras que, desde hace décadas -y recrudecido por la guerra contra el narcotráfico-, han puesto el cuerpo y el trabajo por localizar a sus seres queridos.

Una negligencia total que, como reitera Edith González en entrevista, ha dejado a Tamaulipas sumido en una fosa clandestina. Y esto, no es algo que nazca de los archivos y de datos; es el vivir cotidiano de Edith y sus compañeras, que localizan fosas y crematorios en las periferias, en las brechas abandonadas e incluso, al centro de las colonias populares.

La colectiva ha localizado en una colonia céntrica de Reynosa 16 fosas clandestinas con 29 cuerpos y también, 3 campos de exterminio que les ha tomado, en conjunto con las autoridades, hasta un año desmantelar.

Edith y sus compañeras encontraron la Brecha del Murillo que se encuentra a la salida de Reynosa, rumbo al municipio de Camargo (también conocido como Díaz Ordaz), el campo de exterminio extensivo más grande hallado por la colectiva, había una altísima cantidad de restos óseos y un total de 5 concentraciones; cocinas clandestinas donde quemaban los cuerpos. Tardaron un año en levantar cada uno de los restos.

Posteriormente, localizaron en la Brecha del Becerro una pileta marcada con el número 666 (un número que usa esa gente dice Edith), en su interior, había una cocina clandestina con múltiples restos humanos; tardaron 6 meses en recuperarlos todos.

El último de sus hallazgos, ellas lo nombrar «La casa del terror» que han terminado de levantarla recientemente en diciembre del 2024 luego de un trabajo exhaustivo de 8 meses. Era un vasto campo de exterminio que fue sumamente doloroso hallar, pues se encontraron «muchísimos, pero muchísimos cuerpos totalmente calcinados, otros semi calcinados y otros que no terminaron de ser calcinados, fue sanguinario y muy tremendo de ver», narra Edith.

Edith, en conjunto con sus compañeras, salen a campo totalmente solas en busca de nuevos hallazgos y recuerda que, las primeras veces, sentía un miedo profundo estar ahí. Reconoce que están expuestas y en riesgo en todo momento de que un grupo criminal pretenda amenazarlas, sin embargo, la buscadora explica que, muchas veces, cuando dan «positivo» a una fosa, pueden terminar hasta la 1:00 de la madrugada y se ha vuelto común que los grupos delictivos las tengan en la mira: «Nos observan», dice la buscadora.

«Estamos expuestas y en riesgo, sabemos que puede pasar cualquier atentado o agresión por grupos criminales, pero afortunadamente, no hemos tenido ninguna amenaza hasta ahorita, gracias a dios hemos realizado nuestras búsquedas con éxito. Pero cuando estamos en las brechas, somos vigiladas por los grupos criminales; nos observan»

Desde hace 2 años, la colectiva ha pedido estar dentro del mecanismo de protección para personas defensoras, pues su trabajo de campo implica un alto riesgo, sin embargo, no han obtenido respuestas y el panorama parece cada vez más opaco, no sólo por la omisión de las autoridades, sino ahora, por la clara colusión de negar la verdad de que los campos de exterminio existen y operan en la entidad desde el sexenio calderonista. Las buscadoras en Tamaulipas resisten por ser protegidas, reconocidas, pero también, libran una batalla diaria en contra de sus municipios que además de ser omisos, recrudecen la vulnerabilidad en la que estas familias buscan; implica buscar entre narcotráfico, abandono, sin recursos, ni sustento del Estado que las proteja de cualquier violencia.

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