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Muy interesante / Las mujeres afectadas podrán solicitar una
compensación de 300 mil coronas danesas a partir de abril de 2027
Entre las afectadas había adolescentes e incluso niñas de 12 años o menos.
El gobierno deDinamarca anunció una compensación económica para miles de mujeres y niñas inuit de Groenlandia que fueron sometidas a métodos anticonceptivos
sin su consentimiento entre 1960 y 1991, como parte de una política que
ha sido señalada por sus graves consecuencias físicas y psicológicas.
De acuerdo con información de la agencia Associated Press (AP), retomada por medios como PBS y The Hill, el Ministerio de Salud de Dinamarca informó que las mujeres afectadas podrán solicitar un pago individual de 300 mil coronas danesas, equivalentes a aproximadamente 46 mil dólares.
El mecanismo de compensación comenzará en abril de 2027 y las solicitudes podrán presentarse hasta junio de 2028.
Se estima que alrededor de 4 mil 500 mujeres
podrían beneficiarse de esta medida. Las afectadas son mujeres inuit
que actualmente viven en Groenlandia, territorio autónomo perteneciente
al Reino de Dinamarca.
Mujeres y niñas fueron sometidas a anticoncepción sin consentimiento
Entre 1960 y 1991, autoridades sanitarias danesas colocaron a mujeres y niñas inuit dispositivos intrauterinos (DIU),
conocidos también como espirales, o les administraron métodos
hormonales anticonceptivos sin que conocieran plenamente el
procedimiento o sin haber otorgado su consentimiento.
Entre las afectadas había adolescentes y niñas.
Una
investigación independiente sobre el caso documentó testimonios de
cientos de mujeres y niñas que denunciaron haber sido sometidas a estos
métodos anticonceptivos. Algunas de las víctimas tenían 12 años o menos cuando fueron intervenidas.
Aunque
más de 350 mujeres y niñas han reportado directamente haber sido
sometidas a estas prácticas, las autoridades y las investigaciones
estiman que más de 4 mil mujeres y niñas pudieron haber sido afectadas.
El caso ha sido conocido públicamente como el “caso del DIU”
y generó cuestionamientos sobre las políticas implementadas por las
autoridades danesas en Groenlandia, particularmente por tratarse de una
población indígena.
Dinamarca reconoce el daño causado
La ministra de Salud de Dinamarca, Sophie Løhde,
reconoció la gravedad de lo ocurrido y calificó el caso como un
capítulo oscuro de la historia compartida entre Dinamarca y Groenlandia.
La
funcionaria señaló que las prácticas tuvieron consecuencias tanto
físicas como psicológicas para las mujeres groenlandesas afectadas.
“Desafortunadamente,
no podemos eliminar el dolor de las mujeres, pero la compensación ayuda
a reconocer y disculparse por las experiencias que han atravesado”, afirmó la ministra.
La
medida económica representa así un reconocimiento institucional del
daño sufrido por las víctimas, aunque no elimina las consecuencias que
estas prácticas tuvieron sobre sus cuerpos y sus vidas.
Una investigación que comenzó tras las denuncias de las víctimas
Las mujeres afectadas habían solicitado una investigación independiente para esclarecer lo ocurrido. El proceso comenzó en junio de 2023 y permitió documentar testimonios sobre la colocación de DIU y otros métodos anticonceptivos sin consentimiento.
Para
las víctimas, el pago económico no representa el olvido de lo ocurrido,
sino un reconocimiento de una práctica que durante décadas afectó su
autonomía corporal y reproductiva.
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Especial Político MX / Las mujeres enfrentan distintas formas de
violencia y discriminación durante su paso por el sistema de justicia
penal en México.-El documento ofrece herramientas para identificar prácticas discriminatorias y violencias en mujeres denunciantes, imputadas y privadas de la libertad.
Casi
la mitad de las mujeres privadas de la libertad en México permanecía
sin sentencia hasta abril de 2025, una situación que evidencia las
desigualdades que atraviesan a las mujeres dentro del sistema penal y
que organizaciones feministas buscan visibilizar mediante una nueva guía
para identificar y atender la violencia institucional.
La Red Feminista por el Acceso a la Justicia, integrada por siete organizaciones, elaboró laGuía
de actuación para visibilizar y atender las violencias y prácticas
discriminatorias que ejercen las personas operadoras del sistema de
justicia penal en México, a partir de un diagnóstico
construido con testimonios de mujeres denunciantes e imputadas de Ciudad
de México, Estado de México y Jalisco.
El documento identifica como patrones comunes la revictimización, la falta de perspectiva de género, el descrédito de los testimonios de las mujeres y los obstáculos para acceder a la justicia.
Las organizaciones advierten que estas prácticas no constituyen hechos
aislados, sino expresiones de problemas estructurales dentro del sistema
penal.
Mujeres enfrentan una mayor proporción de procesos sin sentencia
De acuerdo con cifras de Prevención y Reinserción Social del Gobierno de México citadas en el diagnóstico, 49.4 por ciento de las mujeres privadas de la libertad estaba sin sentencia en abril de 2025, frente a 38 por ciento de los hombres.
Aunque las mujeres representan alrededor de 5 por ciento de la población penitenciaria,
con 14 mil 28 mujeres privadas de la libertad para ese mismo periodo,
su experiencia dentro del sistema penal está marcada por necesidades
específicas que no siempre son atendidas por las instituciones.
La
problemática comienza incluso antes del ingreso a un centro
penitenciario. Datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la
Libertad (ENPOL) 2021 retomados por el diagnóstico muestran que 64.4 por ciento de las mujeres encarceladas había sufrido violencia psicológica antes de ser presentada ante una autoridad.
Además,
29.9 por ciento reportó amenazas contra su familia y 27.5 por ciento
señaló haber sido presionada para declarar. Durante su reclusión, 15 por
ciento experimentó violencia sexual.
La violencia también ocurre dentro de las cárceles
Las
organizaciones señalan que las mujeres privadas de la libertad
enfrentan distintas formas de violencia institucional y de género
durante su paso por el sistema penal.
Entre las problemáticas documentadas se encuentran la tortura psicológica y física, la violencia sexual, la discriminación y el abandono de necesidades básicas, entre ellas las relacionadas con la salud y la higiene menstrual.
La
falta de productos de higiene menstrual y de ropa íntima es una de las
situaciones señaladas por las organizaciones, lo que muestra cómo las
necesidades específicas de las mujeres pueden quedar relegadas dentro de
los centros penitenciarios.
La propia
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha documentado que las mujeres
privadas de la libertad enfrentan un impacto diferenciado de la
reclusión por razones de género, así como problemas relacionados con el
acceso a salud, alimentación, agua potable, violencia institucional y
sexual y malos tratos.
Una guía para identificar prácticas discriminatorias
El diagnóstico que sustenta la guía recoge 12 testimonios de mujeres,
entre denunciantes e imputadas, y busca ofrecer herramientas para
identificar las prácticas que vulneran sus derechos a lo largo de las
distintas etapas del proceso penal.
Las
organizaciones plantean que reconocer estas formas de violencia es
necesario para avanzar hacia un sistema de justicia que incorpore perspectiva de género, derechos humanos y medidas que eviten la revictimización.
La
violencia institucional ocurre cuando las propias instituciones que
deberían garantizar el acceso a la justicia terminan reproduciendo
desigualdades, discriminación u obstáculos para el ejercicio de los
derechos de las mujeres. La legislación mexicana reconoce esta modalidad
de violencia cuando actos u omisiones de personas servidoras públicas
buscan discriminar, dilatar u obstaculizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
Para
las organizaciones feministas, atender estas prácticas implica dejar de
considerar las experiencias de las mujeres privadas de la libertad como
casos individuales y reconocer las condiciones estructurales que
permiten que la violencia se reproduzca dentro del sistema de justicia
penal.
.-Ciudad de México.- Cimacnoticias
ha documentado la situación de violencia, tortura así como tratos
crueles e inhumanos contra las mujeres internas del Centro Federal de
Rehabilitación Social n.º 16 (CEFERESO 16) y la Organización de las
Naciones Unidas, criticó a esta prisión por violar los derechos de 22
mujeres detenidas, según determinó el Comité de las Naciones Unidas para
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Les
temas en los que se pronunció la CEDAW son: uso desproporcionado de la
prisión preventiva oficiosa (automática), falta de contacto de mujeres
privadas de libertad, con sus familiares y falta de acceso a atención
médica para mujeres privadas de libertad.
Esta no es la primera
vez que un organismos de derechos humanos se pronuncia sobre el tema.
Por ejemplo, en 2023, tras el presunto suicidio de 12 mujeres internas
del Cefereso 16, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una
recomendación en la que se destacó la falta de medidas adecuadas para
garantizar el acceso a la salud en ese lugar.
En febrero del 2025 Cimacnoticias publicó la investigación Prisión feminicida mexicana,
ahí se relataron las violaciones a derechos humanos contra mujeres
reclusas del Centro Federal de Readaptación Social femenil número 16 en
el estado de Morelos, único centro penitenciario federal para mujeres en
México y es considerado uno de los más grandes en América Latina.
Según
datos del Gobierno de México del 9 de diciembre del 2024, la empresa
asociada al adjudicatario del Cefereso 16 es Capital Inbursa cuyo
propietario es el empresario Carlos Slim.
Hoy, la ONU señala contra este Cefereso
«El
uso obligatorio y prolongado de la prisión preventiva oficiosa
(automática) para determinados tipos de delitos en México, junto con la
falta de atención médica específica según su género y de garantías de
proximidad a las familias en la única prisión federal para mujeres del
país, violó los derechos de 22 mujeres detenidas».
El Comité hizo publico su dictamen tras examinar un caso presentado por 22 mujeres detenidas en prisión preventiva en el Cefereso 16, algunas de ellas desde 2009.
Los
cargos contra ellas están relacionados con el crimen organizado. Según
la Constitución mexicana, estos delitos requieren la prisión preventiva
oficiosa (automática) en la fase de imputación. Sin embargo, años
después, la mayoría de los procedimientos no han avanzado y no han
tenido audiencias relevantes en los tribunales federales, mientras que
tres de ellas fueron absueltas en 2023-24, más de 10 años después.
«Estas
mujeres han permanecido en prisión preventiva durante un período
excesivamente prolongado, algunas de ellas durante más de 15 años, sin
que se revisara adecuadamente la medida de detención y sin que se
evaluara, desde una perspectiva de género, su impacto desproporcionado
sobre ellas como mujeres», afirmó Erika Schläppi, miembro del Comité.
Según
la información presentada al Comité, el número de mujeres en prisión
preventiva oficiosa en México aumentó un 10,3 % en los primeros seis
meses de 2020, en comparación con el aumento del 1,9 % en el caso de los
hombres. En general, el 51,7 % de las mujeres detenidas se encontraban
en prisión preventiva oficiosa a nivel federal en 2020, en comparación
con el 41,34 % de los hombres.
En este mismo informe el organismo
señala que el Cefereso 16 carece de personal médico continuo y
permanente, incluidos médicos generales, ginecólogos, psiquiatras y
pediatras, necesarios para la atención de las mujeres detenidas.
Además,
confirmaron el aislamentio, porque determinar que la mayoría de las
mujeres detenidas no reciben visitas de sus familias, ya que estas viven
lejos y carecen de recursos económicos.
Víctimas
El Comité recibió testimonios escritos de las 22 peticionarias. Entre ellos, Patricia
Melo Tapia, quien, según sus familiares, fue puesta en prisión
preventiva oficiosa tras su detención en junio de 2011. Padecía
gastritis y colitis y solicitó un traslado que permitiera a su hija
visitarla más fácilmente, pero se le denegó.
A pesar de las
reiteradas peticiones de su abogado para que recibiera el tratamiento
médico adecuado, falleció en 2020 a causa de un shock séptico no
tratado, insuficiencia hepática aguda y un probable cáncer de ovario.
Ivonne
Hernández Carbajal, detenida en septiembre de 2012, alegó que ella y
sus dos hijos adolescentes fueron torturados en el momento de la
detención. Posteriormente, ambos hijos fueron internados en
instituciones y ella afirmó que no había recibido visitas durante ocho
años. También describió años de alergias e insomnio sin tratar.
En
sus conclusiones, el CEDAW sostuvo que la prisión preventiva oficiosa
en México en este caso era el resultado tanto de disposiciones legales
como de prácticas judiciales arraigadas que imponen la medida de forma
automática, sin evaluar las circunstancias individuales, lo que violaba
el principio de proporcionalidad y «excluía injustificadamente» a las
mujeres de medidas alternativas o atenuantes.
El Comité también
consideró que la prisión preventiva prolongada tenía efectos
desproporcionados en las mujeres, especialmente en lo que respecta a su
capacidad para mantener el contacto con sus familias. El Comité advirtió
además que las reformas constitucionales de 2024 y 2025 habían agravado
este problema estructural al ampliar los delitos sujetos a prisión
preventiva oficiosa y restringir la revisión judicial significativa de
su necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.
El Comité también
señaló que México no refutó las denuncias específicas de atención médica
inadecuada y consideró que el hecho de que los centros de detención no
atendieran las necesidades específicas de las mujeres constituía una
discriminación.
«Estas
mujeres detenidas se enfrentan a una discriminación estructural debido a
la falta de medidas alternativas atenuantes que tengan en cuenta las
cuestiones de género, como consecuencia de la incapacidad del Gobierno
para atender sus necesidades específicas y de la ausencia de mecanismos
eficaces con enfoque de género apara la revisión de las decisiones
relacionadas con las prisiones», afirmó Schläppi.
El Comité pidió que se concedieran reparaciones integrales y adecuadas, incluida una indemnización económica a las 22 víctimas.
Instó
a México a que, con carácter urgente, garantizara una atención médica y
psicológica especializada y adaptada a sus necesidades.
En consonancia con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez y otros contra México,
el Comité también pidió a México que modificara las disposiciones
constitucionales y legislativas y eliminara la prisión preventiva
oficiosa obligatoria, que tiene un efecto desproporcionado en las
mujeres, y que revisara las medidas cautelares de las demandantes desde
una perspectiva de género, incluidas las responsabilidades de cuidado,
con el fin de poner fin a la prisión preventiva oficiosa siempre que
fuera posible y sustituirla por alternativas no privativas de libertad.
También
instó al Estado parte a adoptar medidas urgentes para mitigar los daños
causados por la detención prolongada, entre otras cosas facilitando los
traslados a centros más cercanos a las familias, teniendo en cuenta las
consideraciones de género y el papel de las mujeres como principales
cuidadoras.
.-Washington, D.C.- El Comité
de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, “Convención de Belém do Pará” (MESECVI) expresó su profunda
preocupación y rechazo frente al Proyecto de Ley N°10342, actualmente en
trámite en el Congreso de la República del Perú, que propone eliminar
la figura penal del feminicidio y sustituirla por la de “asesinato de
pareja”.
Dicha iniciativa, de ser aprobada, comprometería el
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado peruano en
virtud de la Convención de Belém do Pará y de otros instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, afirmó el
organismo.
Hay que señalar que el Comité de Expertas es el órgano
técnico del MESECVI, responsable del análisis y evaluación del proceso
de implementación de la Convención de Belém do Pará. Está integrado por
Expertas independientes, designadas por cada uno de los Estados Parte
entre sus nacionales, quienes ejercen sus funciones a título personal.
Fueron
precisamente quienes señalaron que ha tenido conocimiento, a través de
la preocupación manifestada por organizaciones de la sociedad civil y
otras actorías relevantes, así como de información difundida por medios
de comunicación, de que la iniciativa en discusión propone una
redefinición sustancial del delito de feminicidio, al reemplazarlo por
una figura penal limitada a los asesinatos cometidos en el marco de
relaciones de pareja, eliminando la referencia a la muerte violenta de
mujeres por razones de género y excluyendo supuestos comprendidos en la
tipificación vigente.
Detallaron
que el CEVI observa con especial preocupación que los cambios
legislativos propuestos debilitarían las capacidades estatales para
prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar la muerte violenta de
mujeres y niñas.
Asimismo, afectarían o impedirían el acceso
efectivo a la justicia para las víctimas y sus familiares y podría
favorecer la impunidad de los responsables de actos de violencia contra
las mujeres. También comprometería la capacidad del Estado para producir
información especializada, formular políticas públicas basadas en
evidencia y desarrollar respuestas oportunas e integrales frente a la
violencia contra las mujeres.
En este sentido, el Comité recordó
que la Convención de Belém do Pará, de la cual el Perú es Estado Parte,
reconoce que la violencia contra las mujeres puede ocurrir tanto en el
ámbito privado como en el público y en cualquier relación interpersonal,
en la comunidad o incluso ser perpetrada o tolerada por el Estado.
De
igual modo, los artículos 7 y 8 obligan a los Estados a actuar con la
debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y erradicar todas
las formas de violencia contra las mujeres, así como a adoptar medidas
progresivas que eviten retrocesos en su protección.
Frente a ello,
el CEVI enfatizó que la protección de los derechos humanos en general y
en específico los derechos de las mujeres, es de carácter evolutivo;
retroceder en la tipificación del femicidio/feminicidio llevándolo al
ámbito privado, implica el incumplimiento de dicho carácter.
«Los
femicidios/feminicidios constituyen la manifestación más grave de
discriminación y violencia contra las mujeres y los definió como la
muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que ocurra en
el ámbito privado, en la comunidad o sea perpetrada o tolerada por el
Estado. Asimismo, ha sostenido que su reconocimiento jurídico constituye
una herramienta fundamental para visibilizar esta forma específica de
violencia, combatir la impunidad y garantizar el acceso a la justicia
para las mujeres y sus familias».
En la misma línea, la Ley
Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte
Violenta de Mujeres por Razones de Género (femicidio/feminicidio),
desarrollada por el Comité de Expertas, reconoce la importancia de
tipificar el feminicidio como parte de la respuesta integral frente a
esta forma de violencia. Asimismo, subraya que la tipificación penal no
resulta suficiente por sí sola, sino que debe ir acompañada de políticas
públicas y acciones estatales coordinadas e intersectoriales orientadas
a su prevención, atención, investigación, sanción y reparación.
Por
todo lo anterior, el Comité de Expertas hizo un llamado a las
autoridades del Estado peruano y, en particular, al Poder Legislativo, a
preservar y consolidar los avances alcanzados en materia de
tipificación del feminicidio y a continuar fortaleciendo las respuestas
integrales dirigidas a prevenir, atender, investigar, sancionar y
reparar esta forma de violencia que atenta contra los derechos humanos
de mujeres y niñas.
El Comité reafirma que la prevención y
erradicación del feminicidio requiere fortalecer las capacidades
estatales y los marcos normativos e institucionales desarrollados para
garantizar una respuesta efectiva frente a esta forma extrema de
violencia contra las mujeres.
Foto: César Martínez López.- Ciudad
de México.- En este 2026 se cumplen 20 años de la represión contra el
pueblo de San Salvador Atenco en el estado de México, hechos que
ocurrieron el 3 y 4 de mayo del 2006, tiempo en el que gobernaba el ex
presidente Enrique Peña Nieto, un hecho que generó violaciones
sistemáticas a derechos humanos contra ese pueblo de floricultores y un
caso emblemático conocido a nivel mundial el cual está a la espera de
justicia, verdad y dignidad para las 11 mujeres sobrevivientes de
tortura sexual durante aquel operativo y avances en el acuerdo
reparatorio.
Es necesario precisar que estos hechos no fueron
perpetrados solamente contra estas 11 mujeres, fueron casi 50 mujeres
quienes enfrentaron esta tortura sexual, pero decidieron no continuar
con la denuncia ante el Sistema Interamericano.
Quienes siguieron
el caso ante el Sistema Interamericano son: Mariana Selvas Gómez,
Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma
Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez
Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina
Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas
Jaramillo.
En este 2026, el Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), una de las organizaciones que
acompaña el caso, denunció «indolencia» del Estado mexicano y
estancamiento en el acuerdo reparatorio tras el fallo contra el Estado
mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el
cual fue hace ocho años.
Fue un 28 de noviembre de 2018, cuando la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaró la responsabilidad
del Estado mexicano por las graves violaciones a derechos humanos
cometidas contra las 11 mujeres, incluyendo detenciones arbitrarias;
tortura física, psicológica y sexual; y falta de acceso a la justicia.
La Corte
IDH ordenó al Estado mexicano investigar y sancionar a todos los
responsables de estos hechos a todos los niveles; fortalecer su
mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres y crear
un observatorio independiente de las fuerzas policiales a nivel federal y
del Estado de México, así como brindar medidas de atención y
rehabilitación a las mujeres. Acciones que tampoco han sido cumplidas.
Hasta
ahora las sobrevivientes no tienen acceso a la atención médica y
psicológica y la adecuada implementación de garantías de no repetición,
esto fue compartido ante una audiencia virtual de supervisión de
cumplimiento ante la Corte IDH.
Además de implementar las medidas
reparatorias, el Estado mexicano no ha coordinado a las instituciones
responsables de hacer cumplir la sentencia de la Corte IDH como la
Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la
Guardia Nacional.
Tras la sentencia de la Corte IDH, el caso
Atenco no cuenta con avances en la investigación. Frente a la falta de
trabajo de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las
Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), las sobrevivientes
interpusieron acciones legales en el fuero local y federal. Centro Prodh
señala que no hay un plan sobre el operativo en su conjunto que
investigue a toda la cadena de mando, por lo que la impunidad persiste.
Recordemos
que la Corte Interamericana también ordenó al Estado mexicano una
investigación para esclarecer los hechos en un «plazo razonable» y
sancionar los distintos grados de responsabilidad, pero han transcurrido
ocho años de esto.
A su vez, solicitó proporcionar medidas frente
a las omisiones de los funcionarios estatales que negaron justicia en
el caso y pedir la reparación integral a las sobrevivientes, fortalecer
un mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres,
crear un observatorio de las fuerzas policiales a nivel federal y en el
estado de México, así como brindar medidas de atención y rehabilitación.
A 20 años de la represión de Atenco el Estado mexicano no ha acatado las medidas de reparación y señalar a los responsables.
El
Centro Prodh explica que la implementación del observatorio de uso de
la fuerza se sigue negando, el fortalecimiento al Mecanismo de
Seguimiento de Casos de Tortura Sexual es «nulo» y que las medidas
individuales de atención y rehabilitación no se cumplieron cabalmente.
«El
Estado mexicano mantiene un paso lento en liquidar su deuda en uno de
los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos de las
mujeres, al tiempo que se mantienen vigentes las problemáticas que
derivaron en la sentencia: la persistencia de la tortura sexual, la
impunidad en la comisión de graves violaciones a derechos humanos y el
abuso de la fuerza.» -Centro Prodh.
Los hechos
Recordemos
que en aquel 2006 existía un conflicto entre el gobierno federal y
pobladores de Texcoco y San Salvador Atenco en el estado de México
quienes luchaban por evitar la construcción del aeropuerto alterno a la
Ciudad de México en esa zona.
La tensión escaló hasta el punto en
que 700 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y mil 815
agentes municipales y estatales implementaron un operativo contra
activistas y personas solidarias con el proceso social del Frente de
Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que apoyaban a los floristas
pero aquel 3 y 4 de mayo, las fuerzas del orden, irrumpieron con uso
excesivo de la fuerza en los poblados y comenzaron las detenciones
arbitrarias y las torturas.
Los mandos policiacos desplegados en
los operativos aprovecharon la detención de 47 mujeres para cometer
tortura sexual, físicas, amenazas contra ellas y sus familias. Un total
de 26 mujeres detenidas en el Centro de Prevención y Readaptación Social
(CERESO) Santiaguito de Almoloya de Juaréz denunciaron violencia al
ingresar al penal.
En dicho operativo de hace dos décadas, dos
jóvenes perdieron la vida: Francisco Javier Cortés Santiago de 14 años y
Ollin Alexis Benhumea de 20 años.
Organismos como la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Colectivo Contra la Tortura y
la Impunidad (CCTI) documentaron las denuncias. Del total de autoridades
desplegadas que participaron en los hechos, solo 21 policías estatales
fueron consignados por abuso de autoridad, pero los dejaron en libertad
junto con el policía condenado por delito no grave en contra de una de
las mujeres agredidas de forma sexual.
Sheinbaum
Durante
el 4 de mayo de este 2026, en la presentación del Plan de Justicia para
Atenco y la Montaña, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se
comprometió a «nunca más» repetir otro episodio de represión como el que
se vivió hace dos décadas en el estado de México.
Esta no es la
primera vez que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se postula sobre
los hecho de Atenco. Durante el 19° aniversario de la represión, se
comprometió a retomar el Plan de Justicia para San Salvador Atenco
propuesto en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Parte de su
estrategia consiste en la declarar el Área Natural Protegida para
Atenco, devolver 54 hectáreas de tierra y entregar de 54.5 hectáreas de
ejido a campesinas y campesinos.
Ante la magnitud de este episodio
con violaciones a derechos humanos, la presidenta Sheinbaum se
comprometió a que «nunca más» una policía o elemento de la Guardia
Nacional reprimiría al pueblo de México, pero de nueva cuenta dejó de
lado a las 11 mujeres que esperan que el Estado mexicano cumplan con las
medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH.
A
casi 20 años de los actos de tortura sexual en el caso Mujeres de
Atenco, las sobrevivientes denunciaron la indolencia del Estado en su
renuencia por cumplir con las medidas ordenadas por la Corte
Interamericana.
El “Tiempo de mujeres” solo arriba
cuando se combate la impunidad y se erradican todas las formas de
violencia contra las mujeres, incluída la tortura sexual.
Ciudad
de México.- A casi 20 años de los hechos de represión el 3 y 4 de mayo
del 2006, que derivó en detenciones arbitrarias, tortura y tortura
sexual en Atenco, y tras 8 años de que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH) emitiera su sentencia en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México,
las sobrevivientes participaron en una audiencia virtual de supervisión
de cumplimiento y denunciaron que prevalece la impunidad en el caso,
indolencia en su garantía de acceso a la atención médica, psicológica,
así como una inadecuada implementación de garantías de no repetición.
En
un comunicado emitido por las sobrevivientes señalaron que esta
situación habilita la prevalencia de la práctica de la tortura sexual y
otras violaciones graves a derechos humanos.
A casi 20 años de los
hechos de represión en San Salvador Atenco, en el estado de México,
donde se cometieron graves violaciones a Derechos Humanos contra mujeres
de esa comunidad, al ser sometidas a tortura sexual por parte de
agentes de seguridad estatal y federal el caso se mantiene en impunidad y
al agotar todas las instancias legales en el país, las sobrevivientes
buscaron al Sistema Interamericano para buscar verdad y justicia.
Los hechos
En
2006, San Salvador Atenco fue el escenario de la lucha del Frente de
Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes se oponían a la expropiación de
sus tierras para la construcción del Aeropuerto de la Ciudad de México
en Texcoco. El conflicto escaló.
Fue el 3 de mayo cuando inició una disputa entrevendedores de flores deSan Salvador Atencoy
policías municipales. El conflicto escaló hasta la ejecución de
un operativo conformado por mil 815 policías estatales y 628 elementos
de la Policía Federal Preventiva (PFP), quienes enviados por el entonces
gobernador, Enrique Peña Nieto, buscaban ponerle fin al movimiento de
protesta. Durante el operativo se detuvieron arbitrariamente a más
de 200 personas.
De las mujeres aprehendidas declararon haber
sido torturadas sexualmente por parte de elementos policiales al momento
de su detención y traslado; 11 de ellas iniciaron un proceso ante el
Sistema Interamericano que concluyó con la sentencia emitida por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de noviembre de 2018.
El caso de Atenco, consolida a México como un país que tortura mujeres privadas de su libertad, a través de agentes del Estado.
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), dio a conocer el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometido contra Mujeres Privadas de Libertad en México.
A partir de las mil 280 entrevistas realizadas en el estudio a mujeres
privadas de la libertad en 66 penales del país, el documento revela
que siete de cada 10 mujeres fueron víctimas de violencia en algún
momento de su proceso judicial.
Se debe recalcar que este
Diagnóstico forma parte del resolutivo emitido por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia emitida el 28 de
noviembre de 2018 contra el Estado mexicano por las 11 mujeres
sobrevivientes víctimas de tortura sexual en el caso de San Salvador
Atenco, estado de México.
En este diagnóstico se informó que 7 de
cada 10 mujeres vivieron algún tipo de violencia, incluida la tortura
sexual en diferentes etapas de su proceso: ya sea en su arresto,
traslado, puesta a disposición ante el ministerio público, arraigo,
estancia en centro de reclusión o la etapa de juicio.
La audiencia ante la Corte
La
audiencia fue convocada por el Tribunal Interamericano para escuchar de
las víctimas, sus representantes y el Estado mexicano para conocer cuál
es el nivel de cumplimiento de las medidas ordenadas como reparación.
Como
señalaron las mujeres, acompañadas por el Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y
el Derecho Internacional (CEJIL), persisten omisiones y obstáculos para
la implementación de las reparaciones, adicionalmente existe falta de
coordinación entre las instituciones responsables de cumplir con la
sentencia, particularmente entre la Fiscalía General de la República
(FGR), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la
Secretaría de Gobernación (SEGOB), así como la falta de colaboración de
la Guardia Nacional.
Recordaron que si bien en 2019 se instaló una mesa de alto nivel para cumplir con el fallo, esta no se sostuvo en el tiempo.
A
detalle sobre las medidas incumplidas, las mujeres expusieron ante las
juezas y jueces que a la fecha no ha habido avances en la investigación a
cargo de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las
Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).
Las sobrevivientes
tuvieron que interponer acciones legales frente a la fragmentación de
las investigaciones en el fuero local y federal, sin que a la par la
fiscalía federal generara un plan de investigación integral que abordara
el operativo en su conjunto e investigara la cadena de mando, por lo
que la impunidad estructural persiste.
Además, resaltaron las
omisiones de la FEVIMTRA en garantizarles su derecho a participar y ser
informadas sobre la investigación, que se suman a su actuación
deficiente al presentar en reiteradas ocasiones solicitudes de órdenes
de aprehensión con múltiples falencias y que no atienden el marco
fáctico constatado por la Corte IDH, al no incluir la responsabilidad de
mandos superiores.
«El
Estado no ha cumplido con su responsabilidad de investigar y juzgar a
los responsables y el caso permanece en impunidad. Nunca nos ha
presentado un plan de investigación pese a que lo hemos solicitado de
manera reiterada. No ha garantizado la información y nuestro derecho a
coadyuvar. Las acusaciones por la Fevimtra presentan errores, los cuales
hemos señalado. Ustedes escucharán supuestos avances, pero esto no es
así. Es importante que haga una resolución que tome en cuenta las
exigencias y se marque el camino a seguir para su cumplimento”, expresó
Edith Rosales, una de las mujeres sobrevivientes, durante su
intervención.
Las sobrevivientes también evidenciaron la
indolencia y negligencia que han tenido que enfrentar para recibir un
tratamiento médico y psicológico a cargo de la CEAV, apuntando múltiples
eventos de revictimización, especialmente por la falta de coordinación
interinstitucional, el acceso oportuno a medicamentos y complejidades en
los procesos administrativos, que no ponen al centro las necesidades de
las víctimas sino de las instituciones, generando una carga para ellas,
y que cuestionan la verdadera garantía de un servicio prioritario y
gratuito, como fue ordenado por el Tribunal regional.
“Al
recibir la sentencia de la Corte estábamos convencidas que sería una
oportunidad para abrir un camino de justicia no sólo para nosotras, sino
para otras mujeres que permanecen en prisión, sin acceso a
acompañamiento, justicia o atención médica y psicológica (…). El Estado
ha tenido 20 años para esclarecer lo ocurrido, determinar
responsabilidades, generar mecanismos para evitar la repetición de los
hechos a múltiples escalas (…). Después de 20 años seguimos pidiendo
algo que debería ser una certeza para todas las mujeres: seguridad, un
trato digno y una vida libre de violencia para todas las mujeres”,
añadió Norma Jiménez durante la audiencia virtual.
En cuanto a
las garantías de no repetición, las mujeres y las organizaciones
acompañantes expusieron que si bien se han registrado acciones en torno
al mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual, el mismo no ha
logrado modelos de actuación para el seguimiento y atención a los casos
que se le presentan.
Se destacó que la próxima emisión de un
segundo Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual en el país será de la
mayor relevancia para conocer más sobre la persistencia de la práctica y
las acciones de las instituciones respecto de la misma.
Por Laura Rosso. Latfem. Resumen Latinoamericano, 11 de abril de 2026
Con el cuerpo como campo de batalla y la
escritura como herramienta de denuncia, esta investigación recorre los
testimonios de mujeres rurales que sobrevivieron al plan de ligaduras
sin consentimiento en el Perú de los 90. Bajo el gobierno de Alberto
Fujimori, cerca de 300.000 mujeres peruanas —en su mayoría campesinas e
indígenas— fueron sometidas a esterilizaciones forzadas. Tras años de un
silencio impuesto por el trauma y el desprecio sistémico, hoy se
organizan en una red de resistencia para transformar sus cicatrices en
un reclamo colectivo de verdad, justicia y reparación.
¿Qué es un cuerpo? Un cuerpo es más que sólo un cuerpo. En él, late
la curiosidad de la vida y respiran también las huellas del olvido y la
violencia. El cuerpo guarda las memorias más íntimas, los pesares más
profundos. Los lazos ancestrales anidan ahí. Es lugar para el encuentro
con otres y a la vez campo de batalla del sistema patriarcal. Pero
además, y sobre todo, un cuerpo es motivo de escritura.
El aire en el local de la Confederación Campesina del Perú se sentía
distinto. Era un lunes de febrero en 2016, cuando esas mujeres se
miraron a los ojos y se tomaron de las manos. Sudaban de emoción. Así
empezaron a acompañarse. Venían de Cusco, de Piura, de Ayacucho,
abrigadas en sus ponchos y faldas con rastros de polvo de la montaña,
barro de las acequias y el silencio de años. Un silencio que se había
instalado en sus cuerpos. La primera en romperlo fue una mujer de
Cajamarca, con el rostro curtido por el sol. “A mí me dijeron que era
por mi bien”, soltó con un nudo en la garganta. Luego las lágrimas se le
escaparon. El salón se llenó de murmullos. “A mí me engañaron”, “A mí
me obligaron”, “Yo sentí que me moría”. Juntas tejían una voz colectiva
cuya urdimbre tramaba una red de escucha y empatía: el miedo que habían
conocido solas se disolvió en ese espacio del salón que compartían. En
los ojos de las otras veían sus propias heridas, también sus biografías.
Se reconocieron como sobrevivientes. Se abrazaron. Estaban unidas por
una historia que había marcado sus cuerpos, de ahí nacía la urgencia por
contar la verdad enmudecida. Aquel día fundaron la Asociación de
Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF),
una lucha forjada en el encuentro, la escucha y la resistencia
colectiva. Venían de hacerlo solas y en esa ronda que las enlazaba se
unieron para abrirse al mundo.
Verdad, justicia, reparación. Tres palabras que signaron el camino.
Tres palabras que se oyen en quienes testimonian la violencia política
vivida durante el gobierno de Alberto Fujimori, que fue presidente de
Perú entre el 28 de julio de 1990 hasta su destitución por el Congreso
el 21 de noviembre de 2000. Un gobierno que derivó en una dictadura
cívico-militar tras el autogolpe de Estado que él mismo lideró en 1992.
Verdad, justicia, reparación. Tres palabras que empujan el dolor y lo
transforman en resistencia, que unen lo vivido por mujeres de múltiples
lenguas y mundos. Verdad, justicia, reparación. Tres palabras que se
extienden como un manto sobre el cual caminar en las noches sin luna.
Palabras que titilan y son respiro que orienta el recorrido de sus
vidas, desde el grito hasta el abrazo.
Verdad, justicia, reparación, repiten juntas como un mantra que las calma.
“A mí me engañaron”, “A mí me obligaron”, “Yo sentí que me moría”.
Juntas tejían una voz colectiva cuya urdimbre tramaba una red de escucha
y empatía: el miedo que habían conocido solas se disolvió en ese
espacio del salón que compartían. En los ojos de las otras veían sus
propias heridas, también sus biografías.
¿Quiénes son estas mujeres que vienen de lejos con sus ropas de
colores, sus cabellos largos, negros y trenzados debajo de sus
sombreros? Traen sus nombres: Josefina, Esperanza, Demetria, Hilaria,
Hermelinda, Maximiliana, Francisca, Gregoria. Nombres que nadie conocía.
Traen sus rostros, de ojos oscuros y rasgados, que nadie había mirado.
Traen los cielos de cada territorio donde sembraron y cosecharon sus
alimentos. Son tantas, tantas más.
Josefina vivía con sus cinco hijos en el campo, en una casa de
paredes de adobe, donde el frío de la mañana, aún hoy, se cuela por la
puerta de chapa que queda entreabierta. Una mesa enclenque con alimentos
de la tierra, maíz morado y papa amarilla, cacharros para el mate de
coca y sillas de madera para el descanso de la tarde, cuando termina la
faena en la chacra. Toda la familia cumple un rol en las labores. Los
más pequeños aprenden. Afuera, el rebaño pastorea en el corral hecho de
piedra, cerca del lugar donde las abuelas cultivan sus plantas
medicinales, como la menta y el laurel. Cuando el sol indica que falta
poco para el mediodía se cocina el almuerzo a través de un horno hecho
en la tierra misma, donde las papas enterradas se calientan.
El día que se llevaron a Josefina había amanecido con sol. El camión
llegó a la comunidad con las puertas cerradas. Al abrirse, se bajaron
médicos y enfermeras. Prometían atención gratuita. Eran los “bata
blanca” de los que se había oído hablar en la comunidad. ¿Venían a
ayudarlas? ¿A revisarlas?
Josefina quiso saber. Pero enseguida la empujaron por la espalda, la
agarraron de los brazos y la llevaron hasta la sala de un centro de
salud improvisado. “¡¿Cuántos hijos tiene?!”, le gritó alguien.
“Tengo cinco”, respondió.
“¿Hasta cuándo vas a parir? ¡Como un chancho, como una cuy estás pariendo!”, se burló otro.
Las palabras crudas la confundieron. ¿Le hablaban a ella? No llegaba a
comprender todo lo que le decían. Después la arrojaron sobre una
camilla. Sintió el frío de la superficie y el pinchazo de una inyección
en el brazo. La última imagen que recuerda es la del techo de esa
clínica precaria. Despertó con un dolor que le quemaba el vientre. “¿Qué
cosa me han hecho?”, preguntó. Nadie respondió. Desde una sala cercana
escuchó el llanto de otras mujeres, eco del mismo miedo. “Nos han
cortado nuestras barrigas”, decían. Casi de inmediato, el médico la
obligó a caminar de regreso a su casa, con el cuerpo partido y el alma
desdibujada. Josefina no era la excepción. Era el plan. Un plan con
metas anuales, anotadas en registros nacionales, y cuotas asignadas a
las personas encargadas de realizar la tarea.
Otra mujer quechua de la provincia de Anta lloraba junto a su marido.
“¿Cómo me han hecho esto? ¿Y si me pongo mal?” El marido preguntó qué
hacer si eso sucedía. “¡Ja!, agradece más bien esta ayuda para que no
siga pariendo sin medida”, respondió la enfermera.
Foto:Pierre Yves Ginet.
Fueron casi 300.000 mujeres, número que estalla en una imaginación
política que pretende alcanzar, nombrar, traducir cada una de esas
existencias. Hay numerosas imágenes de ellas, quizás el modo más
transparente de decir sus vidas. Sentadas en el frente de sus chacras,
con sus vestidos, sus polleras, sus sombreros tejidos y aguayos, sus
pieles marrones y arrugadas por el sol, el trabajo y la edad. Sus
cabellos largos. Ellas, le entregan a la fotografía sus cuerpos como
testimonio de la violencia vivida. Un cuerpo diferente. ¿Qué se inscribe
en esos cuerpos? ¿Qué se escribe sobre ellos?
“Al comienzo me dijeron: ‘Te llevaré hoy mismo a Limatambo para
hacerte operar’. Yo no acepté, me escapé con el pretexto de salir a
buscar dinero. Luego, cuando tuve que ir a llevar a mi hijo al médico,
me riñeron: ‘Ajá mañosa, ¿dónde estabas qué volviste?’” A su esposo lo
amenazaron y tuvo que firmar. “Desde ese día estoy mal, estoy inválida.
Ya no sirvo para hacer ninguna fuerza”.
A Esperanza, de Huancabamba, Piura, le ligaron las trompas en el
momento de dar a luz, sin su consentimiento. Como con sus hijos
anteriores, deseaba parir en su casa, pero la placenta se atascó y tuvo
que acudir al centro de salud. Estaba vulnerable y dolorida. “Muchas
cometimos el error de confiar en los bata blanca que nos atendían”,
recuerda Esperanza. “A otras se lo hicieron cuando iban a la posta con
sus niños. Ahí nos decían que paríamos como animales y nos preguntaban
si eso no nos daba vergüenza”.
El camión llegó a la comunidad con las puertas cerradas. Al abrirse,
se bajaron médicos y enfermeras. Prometían atención gratuita. Eran los
“bata blanca” de los que se había oído hablar en la comunidad. ¿Venían a
ayudarlas? ¿A revisarlas?
Sangre en las batas, sangre en el piso, sangre en las sábanas. Y
confusión después de la anestesia. Un frío que cala los cuerpos
dolientes. Todas imágenes y sensaciones que permanecen en la memoria.
Al tiempo de estos hechos, María Esther Mogollón, una de las
fundadoras del Movimiento Amplio de Mujeres, recibió en sus manos una
carta en la cual mujeres rurales e indígenas expresaban con preocupación
e incertidumbre las cirugías que les hacían. La carta estaba firmada
con sus nombres o sus huellas digitales. Escribían desde los bordes del
dolor. El texto decía: “Necesitamos ayuda, algo nos están haciendo en el
cuerpo”. Así fue como lo supo. En ciertas poblaciones importantes de
Perú, como Cusco, por ejemplo, pero también en todo el país, como
Ayacucho y Huancavelica, mujeres campesinas e indígenas estaban siendo
esterilizadas sin consentimiento. Una amalgama de tragedias atravesaba
el territorio y convertía el lento caminar por el campo en una
coreografía del horror que hacía crujir los cuerpos.
El plan se concentraba en las mujeres más vulnerables. Muchas no
sabían leer ni escribir y no hablaban español, eran hablantes de lenguas
andinas, como el quechua y el aymará y de muchas otras de origen
amazónico. Un ataque a su autonomía reproductiva, una forma de violencia
machista y colonialista que buscaba controlar sus cuerpos. El
patriarcado se vestía de bata blanca.
Los hechos llegaron a oídos de otra mujer que utilizó la escucha, la
investigación y la escritura como arma de lucha. Su nombre es Giulia
Tamayo y fue una de las primeras activistas feministas en documentar
estos crímenes. En 1999, publicó el informe Nada personal, con
testimonios que revelaban la atrocidad: “Si levanto algo pesadito ya me
está doliendo, si camino lejitos inmediatamente se me adormecen y
entumecen mis piernas de la cintura para abajo”, “Al mes nomás me encogí
totalmente”. “Más de tres meses estuve sin poderme levantar de la cama,
sin poder estirar las manos para comer, dependiendo de otros para
alimentarme”.
La valentía que tuvo Giulia en contar lo sucedido le costó caro. En
el año 2000, tuvo que exiliarse de Perú para protegerse a sí misma y a
su pequeño hijo, después de que asaltaran su casa y robaran los archivos
de su investigación. Giulia, sin embargo, continuó acompañando el
proceso desde el exilio. Falleció en 2014, sin ver la justicia que
anhelaba.
Foto: Gentileza AMPAEF.
Las mujeres de AMPAEF no se rinden. Su búsqueda por la verdad y la
justicia se ha convertido en una lucha por la memoria histórica del
Perú. “Fujimori se murió sin pagar reparaciones, ni decir la verdad de
todo lo que él diseñó. Murió en total impunidad”, dijo Rute Zuniga,
cusqueña y presidenta de AMPAEF. “La justicia peruana tiene que actuar,
avanzar y responder. No puede seguir pasando el tiempo”.
La resistencia de estas campesinas es un faro, un recordatorio de que
la justicia es un derecho humano. El Comité de la ONU ha instado a Perú
a anular una ley de amnistía, a acelerar las investigaciones, a otorgar
compensaciones económicas y apoyo psicológico a todas ellas. Es un
llamado urgente a que el Estado peruano asuma su responsabilidad y
repare el daño producido.
Las mujeres peruanas obligadas a la esterilización exigen justicia
para que la historia no se repita. Para develar el maltrato y el olvido.
Sus voces se levantan por la verdad y por la dignidad de todas las
mujeres del mundo. Vestido con bata blanca o disfrazado de política de
Estado, el patriarcado no elimina ni desteje esta urdimbre feminista.
Algo de justicia se produjo el miércoles 30 de octubre de 2024. Tras
años de litigio y con el apoyo de la ONG chilena, Justicia y Reparación,
en coordinación con Rute Zuniga y María Esther Mogollón, se presentó el
caso ante el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (CEDAW). El fallo fue histórico. El
Comité de la ONU determinó que la política de esterilización forzada fue
una “forma de violencia basada en el sexo y discriminación
interseccional”. Reconoció que fue un ataque sistemático y generalizado
contra mujeres rurales e indígenas. Además recomendó al Estado peruano
la entrega de reparaciones integrales para los cinco casos estudiados, y
atención en salud mental para ellas y sus familias.
Las mujeres peruanas obligadas a la esterilización exigen justicia
para que la historia no se repita. Para develar el maltrato y el olvido.
Sus voces se levantan por la verdad y por la dignidad de todas las
mujeres del mundo.
Para las sobrevivientes, la noticia fue emocionante. No hubo palabras
hermosas. Hubo cuerpos que se abrazaban en un grito colectivo que les
devolvía su dignidad. Después de años de no ser escuchadas, un comité
internacional les daba la razón. Las lágrimas de frustración se
convirtieron en lágrimas de alivio. Era un impulso para seguir la lucha y
la certeza de que la unión colectiva y la escucha fortalecen sus
caminos, que los siguen andando junto a esas tres palabras: verdad,
justicia, reparación.
Otro logro llegó el miércoles 4 de marzo de 2026. Un fallo de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció en su sentencia que
esta política de esterilizaciones masivas se implementó “mediante
coerción y amenazas ejercidas por funcionarios públicos que recibían
incentivos del gobierno para captar mujeres y esterilizarlas, quienes
eran presionadas para someterse a procedimientos de anticoncepción
definitiva”. El fallo de este tribunal indica que se ha constatado “que
esta política fue organizada y dirigida desde los más altos niveles del
Estado” y ordena al Estado peruano que se juzgue a los responsables de
las esterilizaciones forzadas, un acto de perdón público y medidas de
reparación económicas.
Ellas acuñaron el compromiso. Nunca más el silencio.
Foto: Tlachinollan.- El
pasado 3 de abril de 2026 murió la joven nahua Petra Herrera Luna de 25
años a las 7:37 de la mañana por negligencia médica, después de una
cirugía para restaurar el tránsito intestinal en el Hospital Juárez de
México en la Ciudad de México. Fue el día más triste para sus padres,
Manuela y Camilo. A seis días no asimilan el vacío que dejó Petra.
El
1 de noviembre del 2000 Petra llegó al mundo con el nuevo milenio en la
comunidad Ahuatepec Pueblo, municipio de Tlapa, en la Montaña de
Guerrero. Su vida estuvo marcada por la pobreza y su discapacidad que le
impedía comunicarse. Su mamá Manuela aún recuerda los dolores de parto y
cuando se tuvo que trasladar con su esposo Camilo de inmediato a la
casa de la partera, su tía. Las horas se sentían una eternidad, pero por
fin nació Petra.
Dos semanas después regresaron a su casa de
adobe y lámina de cartón rojo, donde Petra creció con dificultades para
caminar y no podía hablar. Su mamá quería que estudiara y se animó a
inscribirla al preescolar, pero “cuando el director vio a mi hija le
negó la entrada porque había otros niños que podían empujarla o se podía
caer. No me puedo comprometer, dijo”.
No tuvo oportunidad de ir a
una escuela especial por falta de dinero. En la Montaña no hay escuelas
especiales. En los últimos años está el Teletón en Tlapa, pero no es
efectivo para las familias indígenas que viven al día con un plato de
frijol o sólo tacos de sal. Por eso Petra nunca salió de su comunidad.
Doña Manuela no dejaba que su hija fuera a la siembra de maíz o que
realizara actividades pesadas. Siempre la cuidó como una joya.
A
los 12 años en ocasiones se quedaba con su abuela paterna. “Algunas
personas me decían que moliera para las tortillas, pero no la dejaba. Lo
único en que me ayudaba era barriendo la casa, lavaba los trastes y
acarreaba agua con una cubeta de 12 litros cuando tenía 15 y 18 años”.
Siempre se quedaba con alguno de sus hermanos y hermanas cuando sus
papás salían a realizar sus actividades. Wiliam era el más cercano,
ahora que se enfermó estuvo ocho meses con ella.
El 20 de agosto
de 2025 Manuela y Camilo habían ido a sus trabajos al campo, pero Wiliam
les llamó por teléfono porque Petra se sentía mal. Cuando llegaron se
percataron de que tenía un leve dolor, pero comió bien. Petra se acostó a
las 7 de la noche. A las 12 de la noche empezó a vomitar. Su mamá pensó
que se había empachado, con su dedo señalaba donde le dolía. No se
imaginaron que sería algo complicado, así que fueron a traer un agua
mineral y un alka-seltzer. “Pasó un rato y la toqué. Estaba caliente. Le
dije: te duelen tus huesitos. Me dijo que no, solo cerca de la cintura.
Le dimos un paracetamol para que le calmara los dolores y con eso pudo
dormir un rato”, contó su mamá.
El 21 de agosto alrededor de las 2
de la tarde le dieron suero. Creció la preocupación cuando se levantó
para ir al baño porque caminaba doblada por el dolor. En ese rato doña
Manuela la llevó a la clínica de la comunidad, pero el doctor le dijo
que las fichas son en la mañana y que era tarde para atanderla. Además
iba a una reunión y entregar unos papeles. Con la esperanza entre los
dientes Petra con un sonido y con sus dedos apuntaba a la clínica porque
quería curarse y dejar el insoportable dolor.
Sin esperar más
doña Manuela pidió prestados con su tía mil 500 pesos para llevar a
Petra al Hospital del IMSS Bienestar de Tlapa. Wiliam se preparó para
acompañar a su hermanita. Al nosocomio llegaron a las 7 de la tarde. El
trato de los doctores no fue el mejor. Realizaron los papeleos
engorrosos, pero una enfermera los mandó que le hicieran un ultrasonido
en una clínica privada porque en el Hospital ya no había servicio.
“Eran
las 8 de la noche cuando andábamos en el centro de Tlapa. La llevamos a
una clínica y nos dijeron que se trataba de su apéndice. Era urgente
una operación que costaba 25 mil pesos”. Sin suficiente dinero tuvieron
que regresar al Hospital para que le hicieran la cirugía. “Nos mandaron a
realizar otros estudios como a las 9 de la noche. Le sacaron sangre,
nos dijeron que en 30 minutos nos iban a entregar los resultados. Mi
niña estaba en la silla de ruedas, sentadita con el intenso dolor. Por
fin pudimos entrar a urgencias, donde estuvimos toda la noche hasta el
viernes en la mañana que llegaron para hacerle un ultrasonido. El médico
me dice tu niña tiene apendicitis y le vamos a hacer una cirugía, pero sería al final porque hay más personas esperando”.
La
espera fue larga y dolorosa para Petra porque hasta las 8 de la noche
la empezaron a preparar para operarla. El sábado a las 12 de la noche
salió del quirófano. Su familia la vio cuando la llevaron a un cuarto.
“Le pregunté ¿te duele? Yo pensaba que por la cirugía. Me contestó que
sí, y le dije que se le iba a pasar. A las 2 de la tarde me dijeron que
la bañara. Ahí me di cuenta que en la herida le salía mucha baba y no me
explicaba por qué si a mi tía le quitaron el apéndice y no pasó así.
¿Por qué mi niña sí? En ese rato le dije a la enfermera, pero me
contestó que no me preocupara porque era normal, que sólo era un
líquido”, comentó con mucha preocupación doña Manuela.
Las
enfermeras lavaron su herida y cambiaron las vendas. Más tarde dieron la
indicación que Petra caminara. Al levantarla doña Manuela se percató
que la bata estaba muy mojada a pesar de que recién le habían cambiado
las vendas. Nuevamente le avisaron a la enfermera, pero sólo volvió a
limpiar y cambiarle la venda.
El domingo la indicación fue que
otra vez caminara. “Como nació sorda no puede hablar, no me puede decir
si le duele. Yo levantaba a mi niña y ella hacía esfuerzo. Yo veía que
iba dejando un camino de esa baba, pero me decían que era pus. Yo me
preguntaba por qué se infectó luego si apenas va un día. El doctor me
dijo lo mismo, que era pus y que le iba a poner una inyección para que
no se infectara”. Le quitaron los puntos para que drenara. Sólo Petra
podía sentir el dolor.
La indicación del doctor es que a las 12 de
la noche tenía que caminar, pero la supuesta pus seguía saliendo. Tenía
diarrea y aunque quería comer todo lo vomitaba sin parar. El lunes en
la mañana doña Manuela levantó a su hija. Una doctora pasaba por el
pasillo y le preguntó si su hija estaba bien. Al ver la gravedad le
preguntó si estaba de acuerdo que le volvieran a realizar la cirugía
para lavar y quitar la pus. Manuela con la desesperación le dijo a la
doctora que hiciera todo lo posible para que su hija dejara de sufrir.
A
las 10 de la mañana la llevaron a urgencias para que “la cirujana la
abriera y viera si era pus, pero cuando abrió se dio cuenta que era
popó. Rápido me mandó a traer. Ahí me dijeron que estaba entre la vida y
la muerte. Empecé a llorar. Lo que más me duele es que traje bien a mi
niña. Me arrepiento mucho de haberla traído al Hospital, pensé que
sabían lo que hacen, que había especialistas para que le quitaran el
apéndice. Culpo al doctor que la operó la primera vez”, reclamó Manuela.
En
la segunda cirugía Petra se sentía mejor, pero después siguió delicada
su salud. En solo cinco días los gastos fueron muchos. El ultrasonido
costó mil pesos y los medicamentos de la operación fueron arriba de 2
mil 520 pesos. En el Hospital no tenían ni paracetamol. La familia
compró los materiales para la cirugía. Una prima les prestó 4 mil pesos y
una tía de Petra puso 3 mil pesos más. Los siguientes prestamos fueron
de 10, 15 y 20 mil pesos.
Durante ocho meses Petra estuvo en cama
con los dolores en su comunidad de Ahuatepec Pueblo. Le perforaron el
intestino grueso en la cirugía. Después de una nota en El Universal
sobre las complicaciones de su salud el director del Hospital fue a
verla. Era importante otra operación para la interconexión del
intestino, pero en Tlapa los doctores no quisieron y tampoco apoyaron a
la familia con los gastos. Finalmente se pudo trasladar a Petra a la
Ciudad de México. En el Hospital Juárez México llegaron en la mañana y
los atendieron hasta las 3 de la tarde. Estuvieron 8 días.
Tuvieron
que lavarle sus intestinos para poder operarla. Doña Manuela que padece
diabetes se desmayó por la preocupación. El jueves 2 de abril de 2026
se le realizó la última cirugía a Petra en el Hospital Juárez de México.
Sin embargo, a las 7:37 de la mañana del 3 de abril falleció por un
paro cardiaco. Los doctores le explicaron a la familia que posiblemente
fue porque estaba preocupada o tenía miedo. “Yo pienso que quizá cuando
le lavaron con jabón el intestino o por el líquido que le pusieron. Un
doctor me dijo que ahí estaban los mejores especialistas y las más caras
medicinas, y que no sabían qué le había pasado a mi niña. Se desangró”,
con lágrimas dijo Manuela.
En el acta de defunción que expidió el
Hospital Juárez de México señala que la causa de muerte fue choque
hipovolémico, acidosis metabólica y coagulación intravascular
diseminada. “Traje a mi niña viva, ahora voy a regresar a mi pueblo con
un ataúd. Sufrió mucho mi niña”. Doña Manuela pidió apoyo para trasladar
a su hija a su comunidad, pero solo le dijeron que tenía que sacarla.
No la ayudaron. Fue la “fundación de la Guadalupana” quien ayudó a la
familia.
El sábado 4 de abril llegó el cuerpo a la comunidad de
Ahuatepec Pueblo. Los familiares y vecinos se solidarizaron. Más de 30
personas hicieron la tumba. Otras más llevaron maíz, frijol, refresco
para ayudar en los gastos a Manuela y Camilo. El dolor se extendió al
pueblo en general. A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum
anuncie con bombos y platillos los avances en el sistema de salud, en la
Montaña se sigue padeciendo como si fuera un México desconocido, y
siempre discriminados por ser indígenas.
Las palabras de doña
Manuela resumen el drama de los pobres e indígenas en la Montaña: “A mi
hija le hicieron lo que quisieron porque no se podía comunicar. Los
doctores ahorita están contentos porque tienen sus familias, pero yo
perdí a mi hija porque no la operaron bien. Si la hubieran operado bien
ahorita estaría viva mi niña. El castigo para los doctores es lo mínimo
que pueden hacer porque ya nunca voy a poder abrazar a mi niña”.
Este
artículo forma parte de la cobertura de IPS sobre el Día Internacional
de la Mujer, que este año tiene como lema “Derechos, justicia y acción
por y para todas las mujeres y niñas”.
El
pañuelo rojo con el lema "Esterilizaciones forzadas nunca más", presidió
un acto de organizaciones de derechos humanos en Lima, con
participación de dos hijas de Celia Ramos, un día después del fallo de
la Corte Interamericana de Justicia. Simboliza la lucha por reparación
de las víctimas de la política fujimorista que afectó a miles de mujeres
peruanas en pobreza, indígenas y de zonas rurales. La sentencia también
las dignifica a ellas. Imagen: Cortesía de Connie France.- Corresponsal de IPS
El tribunal “declaró la responsabilidad internacional del Estado
peruano por la esterilización forzada y posterior muerte de Celia Edith
Ramos Durand”, leyó en su sentencia el 5 de marzo el juez Rodrigo
Mudrovitsch, presidente del tribunal de siete magistrados y magistradas.
La sentencia exige al Estado peruano
un acto de perdón público, medidas de reparación económicas, que se
inicie una investigación interna para esclarecer responsables y la
aprobación de un instrumento normativo sobre la obtención del
consentimiento libre e informado en materia de salud sexual y
reproductiva.
Con el fallo, emitido en San José de Costa Rica, donde tiene su sede
la corte, se reafirma la tendencia progresista de los tribunales
latinoamericanos que ya condenaron a Chile y Bolivia por casos
similares, en los que equipararon las esterilizaciones no consentidas al
crimen de tortura.
En octubre de 2024 el Comité de las Naciones Unidas para la
Eliminación de Todas las Formas de la Discriminación contra la Mujer,
integrado por 24 personas expertas, asentó que “la esterilización
forzada generalizada o sistemática podría constituir un crimen de lesa
humanidad según el Estatuto de Roma”.
Ese Estatuto adoptado en la capital italiana en 998 estableció la
Corte Penal Internacional para juzgar cuatro delitos carentes de
prescripción: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y
el crimen de agresión, cuando los Estados no puedan o quieran hacerlo
por sí mismos.
En el caso de Perú, la Corte IDH recordó que los hechos del caso
ocurrieron en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y
Planificación Familiar (1996-2000) en Perú, que en teoría impulsaba la
anticoncepción quirúrgica voluntaria.
Sin embargo, derivó en más de 314 000 esterilizaciones de mujeres y
24 000 de hombres, muchas bajo coacción y sin consentimiento válido,
afectando principalmente a mujeres indígenas y en condición de pobreza o
pobreza extrema.
En este contexto, Ramos Durand, de 34 años, fue presionada por
personal de salud para someterse a una ligadura de trompas. El 3 de
julio de 1997 fue intervenida en el puesto de salud del Caserío La
Legua, en la norteña provincia de Piura, acondicionado provisionalmente
como sala de operaciones.
El establecimiento no contaba con los equipos ni medicamentos
necesarios para una adecuada evaluación de riesgos ni para enfrentar
emergencias, y Ramos Durand presentó una reacción alérgica severa.
Fue trasladada a una sala de recuperación con recursos limitados y,
30 minutos después, a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica San
Miguel de Piura, donde estuvo hospitalizada 19 días hasta su
fallecimiento el 22 de julio.
Su familia no recibió información clara sobre las complicaciones, no
se realizó una necropsia y el Estado asumió los gastos médicos y
funerarios.
El esposo de Ramos Durand denunció al personal médico por lesiones
graves seguidas de muerte, pero la Fiscalía archivó el caso al
considerarlo un hecho fortuito. Esta decisión fue cuestionada por la
Defensoría del Pueblo, que relacionó el deceso directamente con la
esterilización.
Como consecuencia de varias denuncias, en 2002 inició un proceso
contra los responsables del Programa Nacional de Salud Reproductiva y
Planificación Familiar, en el que se incluye el caso de la señora Ramos
Durand, el cual se archivó en varias oportunidades, pero continúa
abierto.
La Corte IDH concluyó que el programa fue organizado y dirigido desde
los más altos niveles del Estado, y se implementó mediante coerción y
amenazas ejercidas por funcionarios públicos que recibían incentivos por
captar mujeres rurales, indígenas y con bajos niveles de instrucción.
Ellas eran presionadas para someterse a procedimientos de
anticoncepción definitiva a cambio de beneficios, o mediante el uso de
información sobre presuntos riesgos a la salud que no estaban
acreditados.
La Corte IDH señaló que la violencia psicológica ejercida para
someter a una esterilización viola derechos humanos. Al ser un delito
que no prescribe, quienes resulten responsables no podrían sr
indultados.
Además, sus fallos son inapelables y de obligado acatamiento por los
países signatarios de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El año pasado Perú aprobó una ley que facilita la exoneración de
responsabilidades a los responsables de crímenes cometidos durante la
lucha entre fuerzas del Estado y las guerrillas izquierdistas en ese
país en las dos últimas décadas del siglo XX.
La
autora es una periodista afgana, formada con apoyo finlandés antes de la
toma del poder por los talibanes. IPS mantiene su identidad anónima por
razones de seguridad.
Una avenida céntrica de Kabul. Imagen: Learning Together.- Periodista de IPS
KABUL – En el gélido invierno afgano, a principios de este año
una mujer fue arrastrada a una plaza pública y azotada ante la gente por
un delito que tal vez cometió o tal vez no. Según la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo talibán, la mujer y el hombre acusados
conjuntamente de mantener una relación extramatrimonial recibieron 30
latigazos cada uno y una pena de prisión de un año, suspendida.
La sentencia se ejecutó en presencia de varios funcionarios locales y
residentes de una provincia cuyo nombre no se ha revelado para proteger
a la víctima.
Para Roya (nombre ficticio), una mujer cuya vida ya ha sido marcada
por años de angustia psicológica y emocional, los 30 latigazos del
castigo corporal suponen una dosis extra de sal en su herida. Perdió a
su marido hace seis años en un accidente de tráfico, lo que la dejó sola
para criar a sus cinco hijos.
Ante la pobreza aplastante, Roya ha trabajado como jornalera en
tierras ajenas, pero con la llegada del invierno y la escasez de trabajo
agrícola, emigró a la ciudad, donde limpiaba casas, lavaba ropa y cosía
a mano cuellos bordados para hombres bajo la tenue luz de una lámpara
por la noche.
Naqeeba (tampoco es su nombre real), una vecina que conoce a Roya
desde hace años, elogia su gran sentido de la dignidad. El dinero que
ganaba con este trabajo era poco, pero Roya nunca pidió ayuda a nadie,
cuenta.
Intentaba cubrir los gastos de subsistencia como podía y era la
necesidad constante de crear oportunidades para buscar trabajo mediante
frecuentes desplazamientos diarios lo que se tildó de relaciones
matrimoniales inapropiadas, lo que le acarreó un castigo en lugar de una
recompensa.
«Se convirtió en víctima de las circunstancias, no en una delincuente», dice Naqeeba, y añade: «La acusación era falsa».
Según Naqeeba, Roya ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse.
Estaba de camino a casa, cerca de su propia vivienda, cuando la
detuvieron «como si fuera una peligrosa delincuente», la metieron en un
vehículo y se la llevaron sin que nadie supiera adónde la trasladaban ni
de qué se le acusaba».
Una acusación que no merecía
«No fue un simple golpe. Fue un golpe que, mientras viva, le impedirá
volver a levantar la cabeza en este barrio», explica Naqueeba con voz
llena de ira y tristeza. Hace una pausa y continúa: «Durante una semana,
nadie supo si estaba viva o qué le había ocurrido hasta que se supo la
noticia de su flagelación pública».
Los repetidos castigos corporales públicos, especialmente contra las
mujeres, no solo han infundido miedo en la sociedad, sino que también
han planteado serias dudas sobre la justicia, la dignidad humana y la
situación de las mujeres en el Afganistán actual.
La historia de Roya no es solo la historia de una persona, sino que
refleja el sufrimiento de miles de mujeres que viven en silencio bajo el
peso de la pobreza, la soledad y las restricciones, y que son
castigadas simplemente por ser mujeres.
El día en que fue azotada se produjo el cuarto castigo corporal
público a mujeres en esa provincia en menos de dos meses, durante
diciembre y enero, una tendencia que ha alimentado oleadas de miedo,
ansiedad y silencio, especialmente entre las mujeres de la región.
Según un informe de Hasht e Subh Daily Media, en 2025, los talibanes
azotaron públicamente a 225 personas solo en Kabul. Esto significa que
se azotaba a personas al menos cada dos días en la capital. En otras
provincias se llevaron a cabo docenas de azotes públicos cada una.
El informe revela que las confesiones se obtenían a menudo bajo
presión. A los acusados se les negaba la asistencia letrada y un juicio
justo. Los talibanes recurren al castigo corporal y a las demostraciones
públicas de fuerza, lo que viola los derechos humanos y causa graves
consecuencias sociales y psicológicas a las víctimas.
Los talibanes abolieron la Fiscalía General y cerraron el Colegio de
Abogados Independiente de Afganistán en noviembre de 2021, pocos meses
después de retornar al poder en agosto de ese año, bloqueando así de
forma efectiva el camino hacia la defensa legal.
En 2025, Richard Bennett, relator especial de las Naciones Unidas
junto con otros expertos de la ONU sobre la situación de los derechos
humanos en Afganistán, condenó sistemáticamente el aumento del uso de
los azotes públicos y otras formas de castigo corporal por parte de los
talibanes, calificándolos de «inhumanos y crueles».
A lo largo del año, destacó el alarmante aumento de estas prácticas,
señalando que a menudo se producen sin las garantías procesales ni los
estándares de un juicio justo.
«Los talibanes deben poner fin de inmediato a la pena de muerte y a
todos los castigos corporales que constituyen tortura u otros tratos
crueles e inhumanos, y respetar los derechos y la dignidad de todos los
detenidos», subrayaron Bennett y otros expertos.
