🗞 LA JORNADA
Llama Díaz -Canel a impedir "el crímen" en curso contra Cuba
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, llamó a la comunidad internacional a pronunciarse ante el crimen que Estados Unidos ejerce contra Cuba, que podría afectar “a cualquier otra nación del mundo”, al tiempo que el canciller, Bruno Rodríguez, fustigó el “ofrecimiento tardío, limitado y sobrepreciado” de ayuda humanitaria para la isla, por valor de seis millones de dólares, planteado por Washington.
“La comunidad internacional, tiene que definir si va a permitir que un crimen como éste, que se ejerce hoy contra Cuba, y que se puede ejercer contra cualquier otra nación en el mundo, sea lo que vamos a tener como futuro para la humanidad, o si realmente definimos que lo que hay que hacer es encabezar una lucha por la solidaridad, por la cooperación, por la soberanía, por el multilateralismo y por el respeto a los derechos de todos en el mundo”, declaró.
Por su parte Rodríguez aseveró que la ayuda estadunidense tiene “propósitos políticos” y un carácter “groseramente oportunista”.
“Lo que define la actitud del gobierno estadunidense hacia Cuba y nuestro pueblo es la guerra económica despiadada y prolongada que han experimentado varias generaciones de cubanos. Esa política de agresión y bloqueo debe cambiar”.
El canciller cubano denunció también que la renuencia por parte de Washington a renovar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START, por sus siglas en inglés) con Rusia muestra la estrategia belicista de ese país.
“Prefieren relanzar la carrera armamentista y el uso de la fuerza, antes que preservar la paz y seguridad internacionales”, acusó en una publicación en su cuenta de X.
Rodríguez reiteró el apoyo de Cuba hacia la universalización, el respeto y la aplicación del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN, 2017), el cual busca “garantizar la eliminación total de las armas nucleares de forma transparente, verificable e irreversible”.
Agregó que “es la única manera de garantizar que la humanidad no sufra nunca más su terrible impacto. Es una cuestión de supervivencia”.
🗞 CONTRAPORTADA
Contra Tren de Aragua, 103 denuncias por trata
La Fiscalía de Investigación de los Delitos de Trata de Personas ha abierto en dos años 103 carpetas de averiguación sobre ese delito en las que 27 por ciento se concentran en la alcaldía Cuauhtémoc, demarcación donde autoridades federales y locales han detectado el control total por parte de la organización criminal del Tren de Aragua.
En una revisión de datos de la incidencia delictiva de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), se halló que de 2023 a 2025 en esa demarcación se abrieron tan sólo 28 indagaciones por este ilícito, de los cuales los hechos constitutivos fueron perpetrados en sus calles bajo el yugo de este grupo criminal de escala internacional.
Se trata de las calles Mina, Juan Aldama, Antonio Caso y Sullivan, las cuales son el epicentro de la trata con fines de explotación sexual al que somete el Tren de Aragua a las mujeres que ingresan al país y llegan a la ciudad con una deuda de miles de dólares.
Los datos consultados también refieren que otras denuncias fueron interpuestas también en calles de las colonias Doctores, Obrera y Centro.
En una de las carpetas abiertas de las que la FGJ logró rescatar a la víctima, quedó establecido que la mujer fue comprada por la organización con la finalidad de que trabajara para ellos. La hacían trasladarse a diferentes lugares sin que supiera dónde, pues un vehículo pasaba por ella y luego la recogía.
Consta en los datos que en 2025 se abrieron 20 carpetas de investigación en toda la ciudad, de las cuales 10 estaba radicadas únicamente en la alcaldía Cuauhtémoc, una de ellas la calle de James Sullivan, así como Mosqueta y Mina, entre otras.
Durante 2024, las carpetas en esta fiscalía registraron los 33 expedientes abiertos, 11 de ellas radicadas en el primer cuadro de la capital. Sin embargo, 2023 fue el año en el que más se denunció este delito y por el cual se abrieron 50 expedientes, pero sólo siete en Cuauhtémoc.
🗞 EL UNIVERSAL
CIDE dió 42% de plazas docentes a la burocracia
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), bajo la gestión de José Antonio Romero Tellaeche, asignó el 42% de plazas que debían ser para profesores a personal administrativo, señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la última inspección de desempeño a esta institución, realizada en 2023. En entrevista, José Roldán Xopa, Secretario General del Sindicato del CIDE, asegura que la situación se mantuvo al menos hasta 2025.
Además de las plazas docentes asignadas a tareas burocráticas, el ente auditor encontró un desplome en la producción de investigaciones científicas de hasta un 92%.
De acuerdo con la auditoría de desempeño 2023-2-3890M-07-0043-2024, emitida por la ASF en 2023, “de las 176 plazas asignadas a profesores, 75 se usaron para desempeñar actividades administrativas”. Al respecto, Roldán Xopa explica que las plazas académicas se usaron en tareas distintas bajo el argumento de que no habían sido autorizadas plazas administrativas.
Según los catálogos y tabuladores de sueldos y salarios “del personal docente y/o de investigación” y “para el personal administrativo y de apoyo de confianza” emitidos el 1º de febrero de 2024 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un profesor investigador titular "C" en el CIDE, el nivel más alto en la escala académica, percibe un sueldo bruto base de 45 mil 504 pesos y un técnico auxiliar "A", gana 11 mil 110 pesos.
En contraste, un delegado administrativo, que ocupa el cargo de mayor jerarquía en el área burocrática, recibe un sueldo base de 23 mil 49 pesos, mientras que un archivista administrativo, 7 mil 253 pesos. Sin embargo, Roldán aclara que cada contratación es distinta y no se sabe con certeza quién percibe más sueldo.
Ante la observación de la ASF, la Dirección de Recursos Humanos del CIDE presentó en enero de 2025 una propuesta para solicitar plazas de acuerdo con la naturaleza de sus funciones, dividida en tres etapas: “la documentación y análisis de las plazas existentes, el diseño de posibles escenarios para un cambio de estructura y las gestiones necesarias ante la Administración Pública Federal”. Con la presentación de este diagnóstico, la ASF consideró solventada su observación.
La doctora en derecho, Catalina Pérez Correa, ex profesora-investigadora del CIDE asegura en entrevista que la administración de Romero Tellaeche “violó reiteradamente la normatividad interna para realizar contrataciones mediante designaciones directas”. El objetivo era evadir los canales institucionales diseñados para garantizar la excelencia académica y la trayectoria en investigación de los nuevos ingresos.
La abogada advierte que “se privilegiaron perfiles con afiliación política al partido oficialista por encima de las credenciales científicas”. Como ejemplo, menciona contrataciones en la sede de Aguascalientes de personas cuyo currículum destacaba su labor afiliando militantes para Morena.
Entre otras observaciones por el ente auditor, también se encontró una baja en la producción de investigaciones. Mientras que en 2018 la institución desarrollaba 134 proyectos de investigación y programas de educación continua con recursos externos y del Conahcyt, para 2023 la cifra se redujo a solo 16.
Lo mismo ocurrió con respecto a los proyectos de investigación científica, los cuales pasaron de 82 a apenas 6 en el mismo periodo, lo que representa una disminución del 92%. También se dio un descenso en los productos de investigación (artículos, capítulos de libros, y documentos de trabajo), de 447 a 224. Mientras que los programas de educación continua se redujeron, al pasar de 52 en 2018, a 10, en 2023.
🗞 EL SOL DE MÉXICO
la Rosilla el pueblo que resiste el frío extremo, pero no el abandono
En 1960, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registró 288 habitantes en esta comunidad de la sierra de Durango. Más de seis décadas después, la población se redujo casi a la mitad y el éxodo continúa. Sus habitantes están acostumbrados a temperaturas de hasta 17 grados bajo cero, pero enfrentan la falta de empleo, el aislamiento, la escasez de alimentos, la ausencia de servicios médicos y los apagones constantes
Llegar a La Rosilla nunca ha sido fácil. Desde la capital de Durango, el trayecto puede tomar hasta ocho horas para alcanzar este poblado enclavado a dos mil 717 metros sobre el nivel del mar, en la Sierra Madre Occidental. Pero el verdadero obstáculo en esta temporada del año no es la distancia, sino las condiciones del camino que separa a la cabecera municipal de Guanaceví del lugar más frío del país, azotado por la primera tormenta invernal del año, que ha dejado una capa de poco más de cinco centímetros de nieve.
Hace casi 70 años, cuando las carreteras aún no existían y el aislamiento era todavía mayor, Gabino Silva González llegó a este pueblo en busca de empleo.
Llegó atraído por la presencia de un aserradero que había en la zona y le daba trabajo no solo a los habitantes de La Rosilla, sino de toda la región.
“Me puse a trabajar en el serrucho, luego en las calderas, era fogonero, ahí trabajé como unos 22 años o más”, contó el hombre de 91 años con una voz a veces imperceptible. Recordó el peligro al que se exponía continuamente y que finalmente lo obligó a dejar esa actividad.
Gabino Silva trabajaba en las calderas de vapor bajo condiciones mínimas de seguridad que se creía eran necesarias en aquella época. Su instinto le decía que eso podía terminar mal en algún momento. “Va a explotar una caldera y sabrá Dios”, describe levantando las manos en señal de lo que habría sido una catástrofe para las casi 300 personas que vivían en La Rosilla en los años 60. Nada de eso ocurrió, o al menos no hay evidencia en los archivos históricos de la comunidad.
🗞 EXCÉLSIOR
Cuba cierra hoteles por cerco de EU
El gobierno de Cuba inició una reestructuración forzada de su economía ante el desabasto de combustibles derivado del cerco impuesto por Estados Unidos.
Algunas de las medidas de emergencia afectan al turismo, uno de los motores de la isla, pues se cerrarán hoteles y los turistas serán trasladados a otras instalaciones, con el objetivo de concentrar el consumo energético.
· 1.8 millones de turistas tuvo Cuba el año pasado, su peor registro desde 2002, sin contar los años del covid-19
Al menos dos grandes complejos de playa en Cayo Coco cerraron y sus 200 huéspedes serán enviados a Sol Cayo Coco, a 50 kilómetros de distancia.
Otras acciones, aprobadas en una reunión del Consejo de Ministros y que buscan “proteger y asegurar los servicios básicos a la población”, son que a partir de mañana se acortará la semana laboral en las empresas estatales, de lunes a jueves. Otras de plano cerrarán y en otras se hará trabajo a distancia.
Se restringirá la venta de combustibles, de por sí acotada, y se reducirán las corridas entre provincias para autobuses y trenes. En materia educativa, se recortaron los horarios de estudio en las escuelas y las universidades aplicarán un sistema de clases semipresencial.
En México, los buques de la Marina Papaloapan e Isla Holbox estaban listos ayer para partir del puerto de Veracruz, donde en días pasados fueron cargados de ayuda humanitaria, con insumos como leche, carne, huevo y pan empaquetado.
Cierran hoteles y reducen venta de gasoline; medidas de emergencia
El gobierno de Cuba comenzó a aplicar decisiones drásticas en empresas ante la crisis energética por la presión de la Casa Blanca.
Cuba empezó ayer a cerrar hoteles y oficinas, y a limitar el servicio de transporte como parte del paquete de medidas de emergencia para afrontar el asedio petrolero que sufre la isla bajo la presión de Estados Unidos.
🗞 EL HERALDO
Aumenta 40% decomiso de cocaína
El trabajo coordinado en materia de seguridad que encabezan los gobiernos de México y de EU permitió aumentar en un 40 por ciento el aseguramiento de cocaína en la frontera, para evitar su llegada a las calles.
También aumentó la incautación de marihuana en un mes. Con la implementación de la Operación Frontera Norte se ha detenido en promedio a 30 personas al día
De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), el incremento de la incautación de narcóticos se registró durante el mes de enero de 2026 en comparación con diciembre de 2025.
La coordinación y el intercambio de información de ambos gobiernos también han llevado a un repunte en el decomiso de marihuana.
“Incautaciones de cocaína: 5,386 libras (2,443 kilos, un aumento del 40% respecto al mes pasado; 43% incautada a lo largo de la frontera suroeste). Incautaciones de marihuana: 17,639 libras (8,000 kilos, aumento de 22% respecto al mes pasado; 89% realizado por OFO —Oficina de Operaciones de Campo de CBP—)”, expone las cifras oficiales.
La OFO desempeña un papel fundamental en la protección de Estados Unidos, impidiendo la entrada de amenazas al país, realiza inspecciones de personas, vehículos y mercancías.
“En el primer año del presidente Trump (enero 2025-enero 2026) en el cargo, logramos la frontera más segura en la historia de Estados Unidos, y lo hicimos inmediatamente después de la peor crisis fronteriza de la historia”, declaró la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem.
También se registran récords de incautaciones de droga durante el mes de enero en fentanilo y metanfetaminas.
Se logró el aseguramiento de 816 libras (370 kilos), donde el 98 por ciento se incautó a lo largo de la frontera suroeste; y se alcanzó el decomiso de 12,241 libras de metanfetamina (5,552 kilos) y 93 por ciento se incautó en la frontera con México, y 97 por ciento lo realizaron los agentes de la OFO.
🗞 PIE DE PÁGINA
México en los archivos Epstein: vínculos, nombres y poder
La desclasificación de documentos del caso Jeffrey Epstein por el Departamento de Justicia de EE. UU. revela nombres de políticos y empresarios mexicanos en su red de contactos.
La justicia comenzó a investigar al financiero estadounidense Jeffrey Epstein por delitos sexuales relacionados con la explotación de menores a principios de la década de 2000. En 2008, un tribunal estadounidense lo sentenció tras un acuerdo judicial que le permitió evitar cargos federales. Las autoridades lo detuvieron nuevamente en 2019 por tráfico sexual de menores, y ese mismo año murió en una cárcel federal de Nueva York mientras esperaba juicio.
Las autoridades estadounidenses reunieron millones de documentos a partir de investigaciones penales, demandas civiles que las víctimas interpusieron y revisiones internas de agencias federales. Estos documentos incluyen correos electrónicos, agendas, registros de vuelos, testimonios, recortes de prensa y reportes oficiales. Los tribunales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos han liberado este conjunto de materiales, conocido públicamente como los archivos de Epstein, de forma gradual como parte de procesos de transparencia judicial.
La relevancia de estos documentos no radica únicamente en los delitos cometidos por Epstein, sino en la red de relaciones políticas, económicas y sociales que mantuvo durante décadas. Si bien la aparición de nombres en estos archivos no constituye una imputación penal, los registros permiten observar el alcance internacional de sus vínculos y el funcionamiento de círculos de poder que permanecieron, durante años, fuera del escrutinio público.
Es en este contexto que la reciente desclasificación de nuevos archivos ha puesto atención en México, luego de que nombres de políticos y empresarios mexicanos aparecieran dentro de estos registros oficiales.
Los archivos del caso Epstein y su vínculo con la élite mexicana
Políticos y empresarios mexicanos figuran en los más de 3 millones de documentos, imágenes y videos sobre el caso Epstein que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) liberó el pasado 30 de enero.
El público escruta los nexos de estos personajes con la élite mexicana porque aparecen en el caso del exfinanciero Jeffrey Epstein –quien las autoridades encarcelaron en 2008 por delitos sexuales y quien falleció en prisión en 2019–. Sin embargo, estos archivos no implican la culpabilidad ni la participación en ilícitos de estas personas, ya que Epstein mismo coleccionaba los recortes de prensa, correos de logística y agendas donde figuran sus nombres, y no existen acusaciones formales en su contra.
Los mexicanos señalados
De acuerdo con la información liberada por el Departamento de Justicia, el empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, aparece en correos electrónicos recuperados de los dispositivos de John Brockman (agente literario y conector de la élite científica/tecnológica) en marzo de 2011, en el folio EFTA01794970.
Una invitación para un evento exclusivo en Long Beach, donde también se convocaron a figuras como Elon Musk, incluye su nombre. Los archivos que el DOJ desclasificó y los reportes de la Associated Press consideraban a Salinas Pliego parte del círculo de «interés intelectual» de Epstein. Otros folios como el EFTA00881821 mencionan anécdotas que describen los altos niveles de seguridad privada del empresario mexicano durante una cena en 2014.
Otro de los nombres que destacan es el del magnate Carlos Slim Helú, quien aparece en registros de invitación y bases de datos de contactos de la red de Brockman y Epstein. Al igual que otros multimillonarios, su nombre aparece vinculado a foros de tecnología y ciencia (como los organizados por Edge Foundation). No hay testimonios en los documentos que lo ubiquen en la isla de Little St. James o en situaciones de índole sexual; su mención es estrictamente en el contexto de redes de contacto de alto nivel económico.
🗞 LA CRÓNICA
Municiones para ejército de EU terminan en manos del narco en México, alerta NYT
Los reporteros del ICIJ Ben Dooley e Isabella Cota reportaron desde Washington y Ciudad de México, respectivamente. El reportero del Times Emiliano Rodríguez Mega reportó desde Villa Unión y Ciudad de México.
En la mañana del 30 de noviembre de 2019, un convoy de camionetas que transportaban a hombres armados con una ametralladora pesada y potentes rifles calibre .50 entró en la localidad mexicana de Villa Unión y abrió fuego.
Los hombres habían sido enviados en una misión para intimidar: planeaban prenderle fuego al ayuntamiento. Su superioridad armamentística inmovilizó a los agentes de policía estatales y locales mientras esperaban refuerzos militares. Los vecinos, aterrorizados, se apresuraron a buscar refugio de la lluvia de balas.
El olor a humo inundó las calles y los casquillos cubrían el suelo “como si fueran las hojas de los árboles”, dijo Luis Manzano, un periodista mexicano que llegó al pueblo en coche durante el tiroteo. Pero su recuerdo más vívido fue el estruendo de las armas calibre .50. “Hasta se cimbraba el piso”, cuando disparaban, dijo. “Nunca había vivido algo así”.
El ejército expulsó a los agresores. Al final, cuatro agentes de policía, dos civiles y 19 miembros del cártel resultaron muertos. Posteriormente, cuando los investigadores recopilaban pruebas en el lugar de los hechos, recogieron al menos 45 casquillos de calibre .50 con las iniciales “L.C.” grabadas.
Las letras correspondían a Lake City Army Ammunition Plant, una extensa instalación situada justo a las afueras de Kansas City, Misuri, que es propiedad del gobierno de Estados Unidos y es el mayor fabricante de la munición para rifles utilizada por el ejército estadounidense.
También ha sido un importante proveedor de munición para los consumidores estadounidenses, incluidos cartuchos calibre .50. Estos potentes proyectiles, del tamaño de un puro mediano y diseñadas para ser utilizadas por el ejército para destruir vehículos y aviones ligeros, están actualmente a la venta para civiles en todo Estados Unidos.
Millones de páginas de documentos judiciales, registros de incautaciones y datos gubernamentales obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y The New York Times muestran cómo los acuerdos entre el ejército y los contratistas privados que gestionan Lake City han permitido que municiones de calibre .50 y componentes fabricados en la planta lleguen a los mercados minoristas y caigan en manos de los cárteles mexicanos.
🗞 REFORMA
Detienen desde 2018 a 25 narco alcaldes
El crimen organizado apunta a los Gobiernos municipales, en algunos sitios ha logrado imponer a sus candidatos; a otros los ha logrado corromper y, en casos extremos, los asesina.
De 2018 a la fecha, al menos 25 Alcaldes o que recién habían dejado el cargo han sido detenidos por su presunto vínculo con el crimen organizado, el secuestro o incluso el asesinato, principalmente en Edomex y Puebla con seis casos cada uno, Chiapas, con cuatro, y Jalisco con dos, según un recuento de REFORMA.
La mayoría de los detenidos militaban en Morena, con 8 casos; en el PRI, 4; de MC, 4; PRD, 3; y del PAN, PT, PVEM, Pacto Social, Chiapas Unido y Fuerza por México uno cada uno.
El más reciente ha sido el morenista Diego Rivera Navarro, de Tequila, Jalisco, quien había asumido el cargo el 1 de octubre de 2024, y fue detenido este jueves por extorsión y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Las mayores acciones contra los ediles se realizaron mediante la "Operación Enjambre", de noviembre de 2024, que acabó con la detención de la Alcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles, y de Santo Tomás, María del Rosario Matías Esquivel, ambas del Estado de México, acusadas de nexos con el crimen organizado y otros delitos.
En el estudio "El crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México", publicado en 2024 por las organizaciones civiles Data Cívica y México Evalúa se advierte que el crimen organizado se alía o ataca a las autoridades municipales como parte de una estrategia para tener el control de la esfera política, regenerar arreglos de protección informal de agentes de gobierno, acceder a más y mayores recursos y regular el acceso al poder.
El estudio reporta, de 2018 a 2023, mil 373 eventos de violencia político criminal, 31 por ciento de ellos contra Alcaldes. El 60 por ciento de los ataques resultaron letales.
El 77 por ciento de todas las víctimas fueron del ámbito municipal.
Las cifras revelan que la violencia política se cuadruplicó, pues de 2006 a 2012 se registraron 311 ataques de este tipo, aunque entonces las víctimas también fueron principalmente Alcaldes y candidatos locales.
"A los Presidentes Municipales no les queda de otra que aliarse con el crimen", aseguró en entrevista el ex Alcalde de Tepalcatepec, Michoacán, Guillermo Valencia, quien en febrero de 2014 tuvo que huir del municipio por amenazas de los Caballeros Templarios.