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2/14/2026

Industria indumentaria se sostiene de explotar mujeres trabajadoras: ProDESC

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE) indican que las mujeres conforman el 66% de la fuerza de trabajo en la industria de la confección de prendas de vestir y el 35% de la industria manufacturera en general.

Estas declaraciones fueron emitidas tras la publicación del informe:«La industria indumentaria en México: una mirada a la situación de derechos humanos laborales desde un enfoque interseccional y de rendición de cuentas empresarial», en el que se detalló que siete de cada diez personas que trabajan en la industria indumentaria en México no percibe un salario suficiente para superar la línea de pobreza y la precarización laboral afecta principalmente a las mujeres sobre todo aquellas que laboran en ramas feminizadas.

La industria indumentaria son todas las actividades económicas destinadas a fabricar prendas de vestir.

La investigación de ProDESC arrojó que en México existe una aportación de 95 mil millones de pesos al Producto Interno Bruto (PIB) derivados de esta industria, siendo uno de los sectores más lucrativos a nivel global y nacional; sin embargo, pese a que emplea a 1.2 millones de personas, opera bajo condiciones de precariedad.

Los datos del informe arrojan que el 66% del empleo es informal, es decir, sin contratos ni salarios dignos y solo 1 de cada 3 personas cuentan con seguridad social al tener un empleo formal. Para Mercedes Ramírez, integrante de la Coordinación de Análisis e Incidencia de ProDESC esto se debe a que la indumentaria en México se sostiene de esquemas de explotación laboral sistemática.

Dicho esquema está marcado por bajos salarios, jornadas extenuantes, hostigamiento, trabajo forzoso, violencia de género, trabajo infantil, contaminación ambiental, impactos en la salud, desplazamiento forzado y el uso intensivo de recursos naturales. Para la organización, el panorama se normaliza e invisibiliza mientras se inserta en las dinámicas de consumo.

Por otro lado, el informe puntualiza que las dinámicas de poder detrás del sistema de explotación responden bajo lógicas de producción y reproducción de un sistema patriarcal, racista y clasista, perpetuando así las desigualdades en función de la edad, orientación sexual, movilidad humana, discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas o afrodescendientes y del género.

CIMAC Foto

Gracias a los Diálogos Intergeneracionales de derechos humanos laborales del 2022 en Ciudad de México y del Diálogo Multiactor Hacia una articulación de agendas para la incidencia en pro de los derechos humanos laborales en la industria indumentaria desde una perspectiva de rendición de cuentas en 2023, ProDESC reunió las experiencias de mujeres trabajadores quienes confirmaron la existencia de abusos sistemáticos por parte de las empresas.

Actualmente, ellas enfrentan jornadas laborales completas incluso en el periodo de prueba sin retribución económica, así como rechazos sin explicación al intentar obtener el puesto ya sea por su condición de salud o antecedentes de inestabilidad laboral, lo cual afecta más a las mujeres quienes asumen el trabajo de cuidados. Estas prácticas contra las trabajadoras de la indumentaria fueron descritas como discriminatorias por la organización.

Cuando logran ser contratadas, muchas de ellas experimentan abusos que no denuncian ante el miedo de perder el sustento económico con el que ayudan en sus hogares lo que puede perpetuar otros escenarios como trabajo forzado, jornadas laborales excesivas cobro indebido del equipo de seguridad, incumplimiento de pago de horas extras, falta de garantías para ejercer la libertad de asociación y la negociación colectiva, y enfermedades recurrentes ligadas a las condiciones de trabajo.

De acuerdo con ProDESC, las vulnerabilidades se agravan en entornos de menos supervisión como talleres medianos o pequeños y en sistemas de trabajo a domicilio donde las posibilidades para obtener un empleo formal son reducidas. Bajo estas condiciones, las mujeres que necesitan horarios flexibles por su trabajo de cuidados, migrantes y con discapacidad suelen ser los perfiles que aceptan empleos en el sector informal.

«En estos espacios predomina la opacidad, la desinformación y una alta exposición a abusos laborales y violaciones de derechos humanos, sin una respuesta efectiva por parte del Estado ni del sector empresarial. En consecuencia, estas personas quedan atrapadas en condiciones de extrema vulnerabilidad.» – ProDESC.

Por otro lado, el informe “La situación de los contratos colectivos del trabajo en la industria de la indumentaria en México” del 2020 elaborado por las expertas en derechos laborales Inés González Nicolás, Andrea E. García y Gabino Jiménez Velasco, señala que el 54% de los contratos colectivos en la industria indumentaria en México no hace referencia a ninguna cuestión de género.

Respecto a los salarios, en algunos contratos se describió que solo una persona o un grupo reducido del personal podía obtener los salarios más altos, mientras que el resto conseguían los salarios más bajos, sobre todo en las ramas más feminizadas como la confección.

Para ProDESC es necesario la exigencia de rendición de cuentas y responsabilidad empresarial para que estén obligadas a cumplir con los marcos internacionales, nacionales y regionales, así como garantizar condiciones laborales y ambientales dignas a cada etapa de su cadena de valor. En adherencia, apuntaron la necesidad de transformar la estructura de poder y despojo que sostienen la industria

10/01/2022

Empresa encadenó la puerta de salida a su personal durante el sismo 19 de septiembre. Ex Trabajadora acusa violencia laboral

  

El pasado 19 de septiembre la tierra se volvió a cimbrar, como en aquel 1985 y en 2017. Y es que luego de un simulacro, un sismo se registró en la zona central de México. Decenas de personas se pusieron en alerta intentando resguardar su integridad. Sin embargo, esto no pudieron hacer las y los trabajadores de MTOP, quienes al intentar salir de sus oficinas ubicadas en el piso dos del edificio descubrieron que habían sido encerrados. 

En entrevista con Cimacnoticias, Adriana -como pidió ser llamada por temor a represalias- narró que esta situación no fue exclusiva del 19 de septiembre, pues sus empleadores llevaban ya un mes encerrando a las y los trabajadores. 

“Yo me doy cuenta porque empiezo a escuchar en mi oficina como truena el techo, empiezo a escuchar a las chicas como que empiezan a gritar que sí está temblando y que está sonando la alarma sísmica de la calle, porque dentro del piso no hay alarma como tal. Entonces cuando yo salgo de mi oficina veo que la puerta está cerrada con cadena. Un chavo logra botar la cadena, entonces fue cuando nosotros ya lo único que hicimos fue abrir las puertas y nos salimos”. 

Minutos después las y los trabajadores volvieron a la oficina, sin que Protección Civil realizara una revisión del edificio para conocer sus condiciones. Ya al interior, Adriana descubrió que nuevamente los habían encerrado. 

MTOP es una empresa de importación y exportación de productos de origen asiático, la cual está ubicada sobre la avenida Arcos de Belén, frente al Mercado de San Juan. La compañía recibe contenedores provenientes de China y posteriormente distribuye los productos, su mayor demanda proviene del Centro Histórico de la Ciudad de México

En este lugar Adriana laboró por casi un año y medio como diseñadora, actividad que incluía la toma de fotografías, edición y armado de catálogos para los clientes. Contó que la empresa no cuenta con área de recursos humanos y los directivos no hablan español, por lo que la comunicación es muy limitada. Cuando se quejó con su jefe sobre el encierro en que laboraban, él no dio motivos para dicha acción y la ignoró. 

“Yo le había dicho que eso no estaba bien y era ilegal que pusieran la cadena, pero evidentemente no le importó.  Entonces después pasa esta situación (el sismo) y yo decido renunciar”. 

Adriana describe su relación laboral como intrigante, ya que, en primer lugar, desconoce si MTOP sea un nombre verdadero ya que luego de una búsqueda exhaustiva, no pudo encontrar registro de la empresa. 

La mujer nunca contó con un contrato que acreditara su relación laboral con la compañía, tampoco obtuvo alguna factura para comprobar sus ingresos, pues recibía sus pagos en efectivo y firmaba en un cuaderno de recibido. 

Luego de esta serie de irregularidades Adriana decidió renunciar y declaró que emprenderá acciones contra las autoridades correspondientes por la forma en que actuó la empresa durante el tiempo que ella laboró. Sin embargo, antes de iniciar este proceso se mantiene a la espera de su liquidación, mientras tanto sus compañeras y compañeros continúan enfrentando las mismas condiciones.

Derecho a un trabajo digno

La magnitud del sismo no representó daños mayores para dicho edificio ubicado en la CDMX; sin embargo, recordemos que la negligencia patronal le ha arrebatado la vida a decenas de personas, entre ellas mujeres. Tal es el caso de las costureras que laboraban en el predio ubicado en Simón Bolívar y Chimalpopoca, alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, quienes perdieron la vida luego del sismo del 19 de septiembre de 2017. 

El predio de cuatro pisos se derrumbó, provocando la muerte de 21 personas que trabajaban como costureras y personal operativo en dicho espacio, el cual tenía permiso para funcionar como oficina, pero en realidad albergaba las empresas textiles: Línea Moda Joven, S.A. de C.V; ABC Toys Company S.A de C.V; Dashcam System, Regalomex; Comercializadora Mextoy, S.A. de C.V.; Florina y Seo Young Internacional S.a. de C.V.

PODRÍA INTERESARTE: Costureras de 1985 y 2017: víctimas de un sistema que las sepultó bajo escombros tras los sismos

Ese 19 de septiembre de 2017 maquinarias y herramientas fueron rescatadas antes que las mujeres atrapadas y a cinco años de lo ocurrido, siguen sin obtener justicia.

Lo anterior aún cuando, de acuerdo con el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), un trabajo digno es aquel que “respeta los derechos fundamentales de la persona humana, así como los derechos de los trabajadores en lo relativo a condiciones de seguridad laboral y remuneración”. 

En ese sentido, la Ley Federal del Trabajo dispone, en su artículo segundo, que el empleador debe brindar condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. Además, señala que el trabajo digno o decente también “incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores”. 

Por lo que si enfrentas algún problema en el que se vea en riesgo tu salud e integridad, puedes presentar una queja ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), instancia que tiene competencia a nivel federal.

6/27/2020

Mujeres frente a la pandemia.

Mujeres frente a la pandemia: Serie de conversaciones con mujeres que están al frente de las luchas claves en tiempos de coronavirus. 

Los hombres y mujeres empleados en las procesadoras de carne en Estados Unidos, son trabajadores esenciales y estan muriendo. Más de cien personas de plantas en varios estados han perdido la vida por Covid-19, y se calcula que por lo menos 22 mil, han contraído el virus. Mujeres, afro-americanos, migrantes, refugiados de América Latina y África laboran en condiciones inhumanas y ahora enfrentan el riesgo de contagio, sin equipo de protección ni prestaciones adecuadas.

En este programa hablamos con Martha Ojeda, organizadora con Interfaith Justice Worker, una coalición de 63 grupos de fe y centros de trabajo en Estados Unidos sobre la situación de miles de trabajadoras y trabajadores en la industria de carne, y su lucha por la salud y un trabajo digno. 

Conductora: Laura Carlsen. ¡Acompáñanos!


6/17/2020

Suspende México el envío de trabajadores agrícolas a Canadá

Pandemia
Ya murieron dos; uno laboraba en una granja bajo contrato irregular

Un anuncio en Internet llevó a Rogelio, un mexicano de 24 años, hasta Leamington, en Ontario, Canadá, con el fin de sumarse a los trabajos en la granja GreenHill Produce. En marzo, fue contratado por la empresa en términos irregulares, ya que no formaba parte del programa bilateral de trabajadores agrícolas temporales, lo que lo excluía de derechos, entre ellos el de seguridad social. En gran medida, eso lo condujo a la muerte por Covid-19 el pasado 5 de junio.
Rogelio es uno de los dos mexicanos que han fallecido tras infectarse en los campos agrícolas canadienses, donde, de acuerdo con información oficial, se ha reportado el contagio del virus en 302 connacionales, de los cuales murieron dos.
Esto llevó a que el gobierno de México decretara la suspensión provisional del envío de trabajadores agrícolas a las granjas canadienses en las que se han reportado brotes de Covid-19, hasta que se garanticen las condiciones para proteger su salud y se tenga claridad de las razones de las dos muertes.
Además, la embajada de México en Ottawa solicitó una investigación, en la cual –de acuerdo con fuentes de la sede diplomática– se considere tanto a la empresa como al contratista. Esto sucede a unos días de la entrada en vigor del T-MEC.
Ambas naciones establecieron el programa de trabajadores agrícolas temporales en 1974 y debido a los riesgos en algunas granjas, ésta es la primera ocasión en 46 años que no se enviarán trabajadores, aunque es sólo en las que se presenten brotes de la enfermedad.
El lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, tuvieron una conversación telefónica y dialogaron sobre el brote de Covid-19 entre trabajadores agrícolas mexicanos.
Los dos connacionales que perdieron la vida por Covid-19 son Bonifacio Eugenio Romero y Rogelio Muñoz Santos, de 31 y 24 años, respectivamente.
Familiares de Rogelio, originario de Monte Alegre, municipio de Tecpactan, Chiapas, narraron a La Jornada que llegó a Toronto en febrero de 2020 como turista. Un día, en Facebook encontró un anuncio donde se ofrecía trabajo por 60 horas a la semana, con pago de 12 dólares canadienses por hora, más alojamiento, comida y transporte.
El joven y dos compañeros recorrieron 355 kilómetros hasta Leamington para aprovechar la oportunidad. Pero el empresario no cumplió y les dijo que para ser contratados debían pagar 270 dólares a la semana por alimentación, transporte y una habitación de hotel que compartirían entre cuatro. Decidieron quedarse, el salario seguía siendo atractivo, aunque no se les consideró dentro del programa

Periódico La Jornada

5/03/2020

Activistas en BC: criminal, que se avale reabrir 35 empresas


Mexicali, BC., Representantes de trabajadores y activistas sociales protestaron en el Centro Cívico de Mexicali por la decisión del gobierno de Baja California de autorizar la reapertura de unas 35 maquiladoras a partir del lunes 4 de mayo, justo en la fase crítica del Covid-19. Los manifestantes exigieron a la Federación filtros sanitarios en la frontera con California, antes de que se colapse el sistema de salud de la entidad mexicana.
Ignacio Gastélum, maestro integrante del movimiento de Resistencias Unidas, se pronunció porque los trabajadores se queden en sus casas hasta controlar la pandemia y criticó la reapertura de las empresas manufactureras con el pretexto de formar parte de la cadena de suministro de insumos de productos esenciales.
En un manifiesto, el Congreso del Trabajo, los Comités de las colonias Independencia y Cerro Prieto 2, Diálogo de Trabajadores y Jóvenes y la comunidad Baja California Resiste, acusaron a los empresarios, en particular a los propietarios de las maquiladoras, de resistirse a dejar que sus trabajadores respeten la cuarentena, a pesar de la inminencia del pico de la epidemia.
En especial las fábricas que producen para empresas estadunidenses con el argumento de que son esenciales para mantener las cadenas de valor. Para ellos primero es la ganancia y no la vida de las y los trabajadores, señala el texto.
Apuntaron que el gobernador Jaime Bonilla y el secretario de Economía Sustentable, Mario Escobedo, “tomaron una decisión criminal al permitir la reactivación de al menos 35 compañías, con el argumento de que los trabajadores están más seguros dentro de las empresas.
Carlos Maya Quevedo, presidente del Congreso del Trabajo y dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Issstecali, recordó que hace dos meses Estados Unidos cerró sus fronteras a los turistas y sólo permite el paso por las garitas internacionales por cuestiones de trabajo y salud.
El médico traumatólogo advirtió que aún es tiempo de instalar filtros sanitarios, pues Baja California está en la fase crítica de la pandemia y se ubica en los primeros lugares de muertes y contagios de Covid-19.
En los 190 kilómetros de frontera de México con California hay seis garitas internacionales en las que solo se permite el acceso a ciudadanos estadunidenses residentes en California o a turistas en casos especiales y justificados. Incluso las operaciones nocturnas de tres garitas están cerradas. Pero hacia BC los puertos fronterizos están abiertos.

Corresponsal
Periódico La Jornada

4/28/2020

Violación sistemática de Derechos laborales de trabajadoras durante pandemia

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Ciudad de México. Sin amparo gubernamental y con los tribunales de justicia paralizados, trabajadoras mexicanas de los sectores laborales más precarios del país enfrentan despidos, abusos, explotación y hasta muerte por exposición al COVID-19.
Trabajadoras de limpieza, obreras de maquilas, jornaleras, personal médico y promotoras de internet, son sólo algunas de quienes enfrentan las peores condiciones de vida y de trabajo durante la pandemia por COVID-19, sin que el gobierno federal, en particular la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y los Tribunales de Justicia, protejan sus derechos.
Las trabajadoras afectadas no pueden hacer justiciables sus derechos laborales porque los Tribunales y Juntas especializadas en esta materia permanecen cerradas, señalaron en entrevistas por separado, las abogadas Edith Ramírez, que preside la Secretaría de Equidad de Género de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), y Angélica González Vega, integrante de la “Campaña Trabajo Digno Derecho de las Mujeres”.
Ambas especialistas coincidieron en que durante la pandemia se ha registrado una violación sistemática a los Derechos Humanos laborales a través de despidos injustificados, suspensión temporal del trabajo sin el salario y prestaciones y bajas ante el seguro social. Sin embargo, dijeron ambas, las mujeres insertas en trabajos informales, autoempleadas, las empleadas en condiciones mínimas de seguridad social o prestaciones, o trabajadoras de las maquilas, son las más afectadas.
Ramírez y González criticaron que hasta ahora no existe una política en materia laboral y de programas sociales a favor de las mujeres durante la contingencia, lo que se traducirá en un escenario “devastador” para las mujeres, pues la ausencia del empleo y protección a estos derechos sociales podría incrementar la violencia contra ellas y la presión de las jefas de familia para llevar el sustento a su hogar.
Frente a este escenario, las declaratorias de la STyP resultan insuficientes, señalaron, pues los exhortos a los patrones para no disminuir el salario o despidos no funcionan si no se garantiza una adecuada supervisión y una sanción fuerte. Se requiere una política nacional con perspectiva de género en la que se atienda particularmente la situación laboral de las mujeres en sectores más precarios, y juntas especiales para revisar sus demandas laborales, dijeron.
La STyPS sólo ha habilitado un mecanismo digital de recolección de denuncias, lo que impide que las mujeres accedan de forma inmediata y rápida a la restitución de sus derechos laborales violados.
En entrevista, dos promotoras de internet de Totalplay, dijeron que fueron obligadas por sus jefes inmediatos a continuar trabajando bajo la amenaza de que se iban “a morir de hambre y no de coronavirus”. Ambas son jefas de familia, se les amenazó con no pagarles si no asistían a trabajar, pero no tienen medidas de protección.
Otro caso es el sector de la maquila. De acuerdo con el Inegi, emplea más del 50 por ciento en las líneas de producción a mujeres. En el norte del país, al menos 15 trabajadoras de maquilas de diferentes industrias han fallecido a causa del COVID-19, con base en reportes de prensa.
Al respecto, la abogada laborista Susana Prieto Terrazas explicó que ha recibido denuncias de trabajadoras porque maquilas en Matamoros, Reynosa, y Ciudad Juárez, Chihuahua, aglomeran a miles de personas en cada turno laboral durante la pandemia.
En el caso de embarazadas, adultas mayores y con otros factores de riesgo, los empleadores las obligaron a tomar sus vacaciones y días de descanso como parte de la cuarentena y, en otros casos, se les orilló a firmar convenios sin goce de sueldo o con salarios disminuidos.
Las trabajadoras del hogar, quienes reciben pagos al día que van de 30 hasta 200 pesos y muchas no tienen Seguridad Social, por lo que pidieron a la STyPS, el IMSS y la Secretaría de Bienestar un programa especial para atender las necesidades de alimentación y salud para ellas y sus familias durante la pandemia, pero nunca pasó.
La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleros Agrícolas también alertó que durante la pandemia la población jornalera es más vulnerable pues trabajan por día o temporada; migran a otras ciudades; viven marginación y pobreza; no tienen seguridad social ni acceso a atención médica; y no están recibiendo información de sus empleadores para tomar medidas de precaución. Exigieron al gobierno federal un protocolo que los incluya en procesos migratorios; y brigadas informativas y preventivas de salud a domicilios y campos agrícolas, pero a la fecha, no existe.
En el caso de personal de salud, conformado 70 por ciento por mujeres, dos médicas denunciaron en entrevista la ausencia de equipo especializado que les proteja de contagios, la falta de capacitación adecuada al personal y la ausencia de inspecciones para revisar las condiciones de trabajo.
El IMSS reportó que hasta el 10 de abril había 329 médicos y enfermeras contagiados de Covid-19, entre quienes ya se registran muertes, a ello se suman las agresiones contra el personal de salud.
Pese a esta realidad, hasta ahora toda la información publicada por la STyPS carece de perspectiva de género. La dependencia federal dijo que del 13 de marzo al 6 de abril se perdieron 346 mil 878 empleo en el país por el COVID-19. Cimacnoticias solicitó a comunicación social datos desagregados que permitan evidenciar cuántas mujeres integran esa base de datos, pero hasta ahora no ha habido respuesta.

4/25/2020

24 Horas de Solidaridad Feminista Contra las Empresas Transnacionales


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Con Leticia Paranhos, coordinadora de Justicia Económica - Amigos de la Tierra Internacional, recordamos el crimen en Rana Plaza.

 
  Leticia Paranhos. Foto: E. Mattioli/RMR.                
El 24 de abril de 2013, el edificio en Savar (Bangladesh) de la fábrica textil “Rana Plaza” colapsó y se derrumbó. Murieron 1127 personas que trabajaban allí -en su mayoría eran mujeres-, otras 2437 resultaron heridas y con secuelas físicas y psicológicas.
Entre los escombros quedaban al descubierto las condiciones inhumanas en que estas trabajadoras realizaban sus tareas a cambio de un salario miserable, lo que generó un movimiento internacional para exigir la reparación de la víctimas por los daños ocasionados.
El debate se actualiza cada año con trabajos precarios o en la informalidad, como las maquilas en Ciudad Juárez, las actividades mineras en Minas Gerais, la cadena del agronegocio explotando a jornaleras en Huelva e incluso explotándolas sexualmente, los atropellos -literales y en sus derechos laborales- que sufren quienes hacen rodar bicicletas en cualquier capital del mundo cargando una mochila y comida caliente para llevar.
Desde 2015, la Marcha Mundial de Mujeres recuerda el crimen cometido en Rana Plaza y llama a la acción cada 24 de Abril como Día de Solidaridad Feminista Contra las Empresas Transnacionales. Este año serán 24 Horas de Solidaridad a través de diversas actividades y conversatorios virtuales, para reflexionar sobre el trabajo de las mujeres en las dinámicas de la economía mundial, en especial sobre el papel de las transnacionales en la precarización laboral y en los abusos a la clase trabajadora.
La federación ecologista Amigos de la Tierra Internacional (ATI) se suma a estas horas de solidaridad, como parte de su lucha contra la impunidad con la que actúan las empresas transnacionales en todo el mundo, y para acompañar la agenda de la Quinta Acción Internacional de la Marcha Mundial de Mujeres.
Con Leticia Paranhos, coordinadora del programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de ATI, hablamos sobre cómo se suma la federación a este día de lucha, desde las bases hasta a nivel internacional con una perspectiva antipatriarcal.
«Para Amigos de la Tierra Internacional es muy importante movilizarnos a nivel global y denunciar la perversidad de las transnacionales que causan muertes en su afán de no ‘parar’ la economía”, dijo Paranhos recordando “cuando representantes de este sector, o incluso a jefes de Estado capturados por este sector, dicen que algunas vidas son ‘desechables’, que lo que importa es la economía capitalista, que la acción del capital no puede parar… eso demuestra mucho la perversidad de este sistema y de sus actores centrales”.
Paranhos también recordó la participación de ATI en las negociaciones para garantizar un tratado jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas: “Las empresas tienen mecanismos para juzgar a los Estados [si entienden que perjudican sus proyectos]. Por eso necesitamos un cambio radical del sistema, que regule a las empresas transnacionales y blindar los derechos de personas afectadas por los proyectos y acciones de las ETN en diversos países del mundo. Hoy las empresas no se responsabilizan por nada de lo que hacen y actúan con impunidad”.
(CC) 2020 Radio Mundo Real


4/20/2020

Trabajadoras de Totalplay, obligadas a trabajar durante contingencia


 

Pese al riesgo masivo de contagios por COVID-19, empresas de telecomunicaciones y maquiladoras de servicios no esenciales impiden que trabajadoras, con los sueldos más bajo
s de cada sector, se queden en sus casas.  
Desde la primera quincena de marzo, el gobierno federal hizo un llamado enfático a todo el país para “Quedarse en casa”; el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López- Gatell Ramírez, incluso dijo que ésa era la última oportunidad para evitar una escalada rápida de contagios que rebasara los de por sí insuficientes servicios hospitalarios del país. 
Sin embargo, en el Estado de México, dos trabajadoras que venden servicio de internet de casa en casa recibieron un mensaje totalmente contrario. Por oficio con fecha del 2 de abril, la empresa Totalplay Telecomunicaciones S.A de C.V (perteneciente a Grupo Salinas) les informó lo siguiente: “es indispensable que toda la estructura de Totalplay continúe operando, incluyendo los puntos de venta al público, por lo que se exhorta a las autoridades a no restringir o limitar la operación de la empresa, a efecto de garantizar a la población el derecho fundamental de acceso al servicio público de telecomunicaciones”. 
El oficio, firmado por Alejandro Enrique Rodríguez Sánchez como representante legal, se ampara en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo, que establece entre las actividades esenciales el de telecomunicaciones. Este decreto no es exhaustivo en la descripción del tipo de actividades de telecomunicaciones que deben mantenerse en funcionamiento; sin embargo, sin las promotoras, Totalplay podría seguir ofreciendo vía telefónica sus servicios que, aunque la empresa asegura que son un derecho, no son gratuitos. 
El pasado 10 de abril, las dos trabajadoras, ambas jefas de familia a cargo de cuatro hijos, y una hija respectivamente, relataron su situación a Cimacnoticias mientras tocaban el timbre de los hogares en Nezahualcóyotl, identificado como el municipio con mayor número de contagios en el Edomex. Hasta el 15 de abril se tenían 105 casos diagnosticados en este municipio.
Las empleadas no tienen para su protección más que una botella de 30 mililitros de gel antibacterial que debe servirles para una jornada de trabajo de 9 horas seguidas de tocar timbres, hablar con decenas de personas e intercambiar objetos como plumas y hojas. También les dieron unos guantes y un cubrebocas que prefieren no usar porque les irrita la cara, les impide hacer su trabajo y no son útiles para evitar contagio, de acuerdo con lo que el propio Gatell ha dicho en sus conferencias vespertinas.
Las trabajadoras aseguraron que pidieron hacer cuarentena para protegerse del nuevo virus pero sus jefas superiores les dijeron que era orden directa de Ricardo Salinas Pliego, director de Grupo Salinas. “Que el señor dijo que no, que nos íbamos a morir de hambre y no de coronavirus. Nos dijeron: o trabajas o te quedas en casa y no percibes nada. Entonces preferimos trabajar”, relataron. 
Las mujeres deben garantizar un mínimo de siete servicios instalados para recibir mil 700 pesos semanales. Sus jefas inmediatas les dijeron que en caso de presentar malestares no les dijeron si la empresa les va a respaldar o a pagar más.

Obreras, las más afectadas

Esta situación no es exclusiva del sector de telecomunicaciones, pues en las entidades del norte del país al menos 15 trabajadoras de maquilas de diferentes industrias han fallecido a causa del COVID-19, esto con base en reportes de prensa revisados por esta agencia de noticias. 
Por ejemplo, el pasado 14 de abril, el jefe de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Chihuahua, informó que de las 16 personas que han fallecido en el estado de Chihuahua a causa del coronavirus (COVID-19), 13 eran empleadas de una maquiladora en Ciudad Juárez. La empleada pertenecía a Lear Corporation, que fabrica asientos y sistemas eléctricos para automóviles, los cuales no son considerados productos esenciales. 
El mismo día, la Revista Proceso publicó que dos trabajadoras de la industria maquiladora Plamex, SA de CV (Plantronics INC), ubicada en Tijuana, fallecieron contagiadas de COVID-19, y una más se encuentra grave, razón por la cual el gobierno del estado ordenó su cierre hasta el 30 de abril.
El sector de la maquila en México es uno de los más feminizados en el país, ya que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi, más del 50 por ciento de las personas que se emplean en las líneas de producción son mujeres.
La abogada laborista Susana Prieto Terrazas, asesora jurídica del movimiento obrero matamorense 2032 y defensora de los Derechos Humanos laborales en Chihuahua, explicó en entrevista con Cimacnoticias que ha recibido denuncias por parte de trabajadoras y trabajadores contra maquilas en Matamoros, Reynosa, y Ciudad Juárez, Chihuahua, ya que  violaron el decreto nacional que se emitió el 30 de marzo al aglomerar a miles de personas en cada turno laboral.
Pero estos no fueron los únicos abusos, de acuerdo con la abogada. En el caso de mujeres embarazadas, adultas mayores y con otros factores de riesgo, los empleadores las obligaron a tomar sus vacaciones y días de descanso como parte de la cuarentena; en otro caso, se les orilló a firmar convenios sin goce de sueldo o con salarios disminuidos. Hay casos en Parral, Chihuahua, en los que familias de obreras y obreros llevan hasta cuatro semanas viviendo con 45 pesos semanales.
Susana Prieto aseguró que también ha asesorado casos de mujeres embarazadas o en periodos de lactancia, a quienes se les ha impedido ir a su casa bajo engaños. Uno de los argumentos que más se les ha dado es que con su trabajo, se elaboran los cables que van dentro de unas máquinas que se ocupan en los hospitales de Esatdos Unidos.
La abogada también acompañó el caso de una trabajadora en periodo de lactancia, a quien inicialmente se le impidió ir a su casa a pesar de presentar síntomas de contagio. Luego de insistir mucho y de que su hijo enfermara, la mujer consiguió que el IMSS le concediera una licencia de incapacidad de 11 días pero con un sueldo disminuido.  
Pese a estos abusos, Susana Prieto denunció que hasta el pasado 14 de abril no se había clausurado a ninguna maquila en Chihuahua; por el contrario, la pandemia causó un vacío de poder, pues las autoridades laborales locales emitieron oficios para avisar que suspendían funciones hasta el 5 de mayo de 2020. 
Entre las empresas que más han denunciado violaciones laborales por despidos masivos o por no frenar laborales, de acuerdo con la abogada, está Electrocomponentes de México y Electroluz, que fabrican bandas de electrodomésticos, considerados no esenciales durante esta emergencia. 
La abogada explicó que en el norte del país la mano de obra femenina sigue siendo más barata, no más de 390 pesos, lo que profundiza sus condiciones de vulnerabilidad durante esta pandemia. Otra característica de ese sector, es que miles de obreras son migrantes, quienes llegan a trabajar a Chihuahua sin una familia o solas con sus hijos. Aunque se ordenó a nivel federal que las estancias infantiles permanecieran abiertas, de acuerdo con la defensora de los derechos laborales, todas las guarderías en esa entidad permanecen cerradas. 
El pasado 11 de abril, López-Gatell llamó a los gobernadores del país a implementar los operativos necesarios para garantizar que empresas que realizan actividades no esenciales no sigan operando. Como parte de este llamado, el gobierno federal incluso hizo públicos los nombres de las empresas que han violado los derechos laborales de las personas durante la pandemia. Sin embargo, los cierres forzados de las maquilas iniciaron días después de la muerte de las trabajadoras. 


Ciudad de México. 

2/02/2020

Suspenden labores 18 mil en maquilas de EU; les quitaron hasta 45% de ISR

Quienes ganan $1,435 semanales cobraron 566
Es asunto del SAT, señalan en plantas de Chihuahua, Zacatecas y Durango
Aptiv les descontó hasta 45% de sueldo, dijeron
Detienen labores 18 mil obreros de maquiladora de EU en tres estados
Es por cobro acumulado de ISR; por disposición de Hacienda cambió la deducción, según la empresa


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▲ Trabajadores de la maquiladora estadunidense APTIV, en Fresnillo, Zacatecas, detuvieron labores durante varias horas en protesta por el descuento que la empresa les aplicó en sus ingresos semanales.

Más de 18 mil trabajadores de las plantas maquiladoras de la compañía estadunidense Aptiv en Zacatecas, Durango y Chihuahua realizaron un paro general, luego de que la empresa les aplicó descuentos hasta de 45 por ciento en sus pagos semanales por el cobro acumulado de impuesto sobre la renta (ISR).
Según los obreros los patrones explicaron que “por disposición del Servicio de Administración Tributaria (SAT) cambiaron la deducción de impuestos de anual a mensual. Se supone que la reforma laboral era para mejorar las condiciones de los trabajadores, señaló uno de los paristas que esperaba alguna autoridad de Hacienda les explicara cómo se aplica el gravamen.
Aptiv es la fabricante de partes automotrices más grande del mundo y uno de los empleadores privados de mayor tamaño de México, con casi 67 mil empleados en alrededor de 40 ciudades de la República.
En el caso de Zacatecas, a las siete de la mañana, al inicio del primer turno, miles de trabajadores se enteraron que su pago de mil cien pesos semanales traía un descuento de 687 pesos por concepto de ISR.
De manera unánime, mujeres y hombres decidieron no iniciar labores y un grupo de ellos se movilizó hasta la sede del SAT en la plaza Futura de la capital de Zacatecas, para demandar una explicación del descuento. Un par de funcionarios los asesoraron a puerta cerrada y los comunicaron con los directivos de Aptiv.
Petra García, representante de los trabajadores de Aptiv, explicó a los reporteros que la esperaban fuera de la reunión: Nos (citaron) el próximo martes a ver con Hacienda por qué esta vez el impuesto fue mensual y no anual, porque se está quedando gente sin comer.
Los funcionarios del SAT “dicen que la empresa es la que nos cobró el impuesto anual, repartido en meses, pero ya les demostramos que no es verdad.
El acuerdo del SAT con Aptiv fue suspender el cobro del ISR y al mediodía de este mismo viernes se repuso, vía banca electrónica, a todos los trabajadores el dinero que se les había descontado. A esa misma hora concluyó la medida de los trabajadores. En la entidad, las cuatro plantas de la firma –dos en la ciudad de Guadalupe, conurbada a la capital de Zacatecas, y dos en Fresnillo– suman alrededor de 10 mil obreros y empleados.

Cobro ilegal, se abrirá una investigación
Abel Salas Vargas, responsable de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, señaló que el cobro fue ilegal y se abrirá una investigación, pues bajo ninguna circunstancia, el cobro de dicho impuesto debe ser superior a 50 por ciento de los ingresos de un trabajador.
En Durango, la medida se inició la noche del jueves en una de las dos maquiladoras Aptiv, pero la mañana del viernes se sumaron los de la segunda planta, lo que arrojó ya casi los 8 mil empleados.
Algunos revelaron que los más afectados con estos descuentos son los que hicieron horas extras durante la semana, como sucedió con un obrero que por ese concepto le correspondía mil 500 pesos y sólo le pagaron 300; los restantes mil 200, le dijeron, se fueron a pago de impuestos. Otra trabajadora que mostró su recibo de pago aparece con un sueldo semanal total de mil 435 pesos con 45 centavos, pero recibió deducciones totales por 868 pesos con 79 centavos, por lo que solo recibió de pago 566 pesos con 66 centavos.
Entre los impuestos que le descontaron están el subsidio al empleo pagado, el ISR, cuotas del IMSS, ISR ajuste regla SAT y ajuste al subsidio causado, además de los del IMSS e Infonavit.
Israel Soto Peña, titular de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social del Estado dijo que este descuento se debe a una nueva disposición fiscal que grava los ingresos, pero más los que trabajadores obtienen por horas extras.
Dijo saber que los directivos de la maquiladora ofrecieron regresar el descuento a los trabajadores y descontarlo en partes, pero la propuesta fue rechazada.
Más tarde la empresa hizo otra propuesta: absorber los descuentos por impuestos, lo que abre las puertas para llegar a un acuerdo y que regresen a trabajar, señaló Soto Peña. Sin embargo los trabajadores la rechazaron porque sólo cubrían el descuento de impuestos por única ocasión, pero el problema se mantendría para los siguientes meses.

Ahora resulta que todos salimos debiendo al SAT
En Chihuahua, las plantas de Ciudad Juárez y Parral detuvieron labores ayer. Nos quitaron dinero de nuestra nómina esta semana, ahora resulta que todos salimos debiendo al SAT. En Ciudad Juárez, una empleada señaló que gana mil 200 pesos y esta semana sólo le salieron 500 pesos, acusando que le redujeron al menos 700 pesos.
Directivos de la empresa se comprometieron a regresarles el dinero para esta tarde, aunque se los entregarían como préstamo y no como sueldo, lo que no será aceptado, dijo otro empleado que participó en la protesta.
Durante, el paro alrededor de 50 empleados lograron salir a protestar y el resto no pudo debido a que los guardias de seguridad les cerraron las puertas, pero todas las líneas de producción fueron paralizadas.
Hoy, desde las seis de la mañana dejaron de trabajar los operadores de la empresa Aptiv ubicada en la calle Feesnel, frente al Centro de Convenciones, donde guardias de seguridad les impidieron salir del inmueble.
Unos 300 trabajadores de la misma empresa maquiladora en Parral, al sur del estado, denunciaron ser víctimas de retenciones cercanas a 45 por ciento de su salario.
Según los trabajadores, hace unas semanas se les anunció un aumento salarial de más de cien pesos, lo cual se vio reflejado en la nómina de esta semana, pero se vio opacado con la disminución que recibieron.

Foto Alfredo Valadez
Corresponsales Periódico La Jornada

1/16/2020

Ofensiva oficial para acabar con el outsourcing ilegal

Cárcel hasta por 20 años a quienes recurran a esa práctica
Crea el gobierno federal grupo de trabajo contra esa subcontratación
STPS: en esa línea, 6 mil empresas; evadieron $21 mil millones al fisco
AMLO: 14 mil firmas despidieron a 60 mil empleados en diciembre
AMLO llama a empresarios a tener dimensión social
Se juzgará la subcontratación como delincuencia organizada

El gobierno crea coordinación con el fin de acabar con ese sistema ilegal
Se prevén penas hasta de 14 años de prisión a quien contrate y de 20 a los prestadores del servicio que pretendan eludir pagos a asalariados o al fisco

El gobierno federal estableció una coordinación institucional con el fin de acabar con la subcontratación laboral ilegal en el país. Aunque el también llamado outsourcing tiene opciones legales, quienes recurran a dicha práctica con el propósito de evadir pagos a trabajadores o al Servicio de Administración Tributaria zSAT) podrían ser juzgados como delincuencia organizada o por defraudación fiscal, con penas hasta de 20 años de prisión.

Al hacer el anuncio del grupo de trabajo contra este delito –en el que participan las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores– el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que más de 14 mil empresas despidieron a toda su nómina en diciembre, lo que representa 60 mil trabajadores, aunque en total fueron cesadas 380 mil personas ese mes.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador indicó que las irregularidades en contrataciones laborales tienen que ver "con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás para no reconocer los derechos de los trabajadores", e hizo un llamado a los empresarios a tener dimensión social, con la finalidad de cumplir con los derechos de los asalariados.

Tras informar acerca de la creación del grupo de trabajo contra la subcontratación ilegal, la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, estimó que hay 5 millones de personas bajo ese esquema.

Sin precisar cuántos trabajadores de esos 5 millones se estima que están contratados en el marco de la ley, la secretaria afirmó que se calcula que 6 mil empresas incurren en subcontratación "abusiva", lo que provoca una evasión de 21 mil millones de pesos anuales.

La diferencia radica en que mientras la ley permite que una empresa subcontrate a personal para un servicio especializado con el propósito de no distraerse de su actividad principal, la subcontratación ilegal se genera cuando traslada la plantilla laboral completa a un intermediario con el único fin de encubrir la relación laboral e incumplir obligaciones, explicó la funcionaria.

Zoé Robledo, director general del IMSS, explicó que ya fueron detectadas mediante operativos, entre septiembre y diciembre, mil 200 empresas con prácticas de subcontratación ilegal, que agrupan a 862 mil 489 trabajadores.

La Procuraduría Fiscal de la SHCP investigará los casos de este tipo con el fin de determinar si existe defraudación fiscal o delincuencia organizada.

La reforma penal fiscal más reciente –entró en vigor el primero de enero–, “precisamente va encaminada a castigar y perseguir como delincuencia organizada a todas esas empresas que dan el servicio de outsourcing ilegal; es decir, tres o más personas que en forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas, como en este caso es la defraudación fiscal”, indicó el titular de la dependencia, Carlos Romero.

Quien contrate servicios ilegales de este tipo podría ser sancionado hasta con 14 años de prisión; en tanto, quien preste el servicio ilegal, es decir, los outsourcing, podrían ser condenados hasta con 20 años.

Gobernadores deberán explicar rechazo al Insabi

Al ser interrogado acerca de la negativa de varios gobernadores del PAN a sumarse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el presidente López Obrador indicó que los mandatarios que no se incorporen deberán explicar en sus estados por qué seguirán cobrando cuotas de recuperación a la población no asegurada. Durante la comida que ofreció a los mandatarios estatales esta semana, aclaró, no se tocó el tema, ni hablaron de cuestiones presupuestales.

Néstor Jiménez y Alma E. Muñoz
Periódico La Jornada

12/16/2019

El outsourcing, mecanismo monumental de precarización del trabajo en México


Estados Unidos presiona al gobierno mexicano para que modifique y ajuste las leyes laborales a los requisitos y prerrogativas del T-MEC. Esta es una de las condiciones que exige la señora Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, para que su congreso se digne firmar el tratado comercial. En lo que escribimos estas líneas se mostró el entreguismo del régimen lopezobradorista a Estados Unidos, como se aprecia en el siguiente párrafo:
“Estados Unidos podrá realizar labores de vigilancia en México sobre el cumplimiento de la Ley laboral mexicana y pedir un panel de expertos cuando se viole la democracia sindical, según el protocolo modificatorio para ratificar el Tratado de Libre Comercio de México, EU y Canadá (T-MEC), firmado ayer en Palacio Nacional.
En la redacción solamente cambiaron la figura de “inspectores laborales” por “agregados laborales”.
Se manifiesta como no es necesario proclamarse como un gobierno neoliberal para ceder ante la política norteamericana reforzando la tradicional dependencia estructural de México con el imperialismo estadunidense que amenaza, además, con la construcción del muro de la ignominia en el área fronteriza de ambos países y mediante la imposición de la política migratoria de Estados Unidos al gobierno mexicano, tendiente a convertir a México —que en los hechos ya lo es— en un “tercer país seguro” en detrimento de miles de trabajadores indocumentados provenientes principalmente de Centroamérica.
A pesar de que el proyecto de reforma a la legislación laboral había sido aprobado por unanimidad en comisiones del Senado de la República, en atención a los intereses y peticiones de los empresarios, fue pospuesta su discusión hasta febrero de 2020 por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.
La Iniciativa de reforma original para regular y limitar el outsourcing fue del senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República apoyada por el Partido del Trabajo (PT) quien exige la desaparición del outsourcing “por ser una figura que se ha utilizado para evadir impuestos y precarizar el empleo“, además porque violenta los derechos de la clase trabajadora y constituye una práctica neoliberal.
El senador Urrutia denunció que los empresarios traicionaron y chantajear al gobierno para que se abriera una nueva fase de consultas con el fin de aplazar la reforma encaminada a regular la subcontratación y obligar a las empresas a pagar el salario mínimo profesional, reconocer la antigüedad de los trabajadores, cubrir las cuotas reales de Seguridad Social y Vivienda, cumplir las obligaciones tributarias y garantizar el derecho a la libre sindicalización y la negociación colectiva (véase La jornada, 6 de diciembre de 2019).
En su propuesta, el PT plantea derogar los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo, que desde el 2012 norman el outsourcing. Veamos en qué consisten estos artículos.
El Artículo 15-A plantea que:
“el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas.
Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones:
a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo.
b) Deberá justificarse por su carácter especializado.
c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante.
De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social”.
El Artículo 15-B plantea que:
El contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita los servicios y un contratista, deberá constar por escrito.
La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.
El Artículo 15-C estipula:
La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista, cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última.
Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales aplicables.
El Artículo 15-D señala que:
No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales; en este caso, se estará a lo dispuesto por el artículo 1004-C y siguientes de esta Ley.
El Consejo Coordinador Empresarial, como representante de una de las fracciones más fuertes de la lumpenburguesía mexicana, evidentemente demanda que no se modifique el régimen vigente de subcontratación. Incluso, se inclina porque sea liberado de toda traba o regulación que impida su libre funcionamiento a favor de sus intereses de clase. Por su parte el gobierno lopezobradorista, intentando asumir una especie de posición bonapartista que supuestamente beneficie tanto a los trabajadores como a los empresarios — cuestión imposible en el sistema capitalista — plantea cierta regulación, pero no la supresión de ese régimen de superexplotación del trabajo que es la subcontratación u outsourcing y que algunas estimaciones revelan que más de 8 millones de trabajadores mexicanos trabajan bajo esta modalidad, a la par que desnuda una de las formas más extremas de la flexibilidad laboral del capital que ha impuesto el neoliberalismo contra los trabajadores y otros segmentos sociales de las clases subalternas.
Si el gobierno de Mexico se presume “progresista” debería de implementar políticas laborales integrales que excluyan y supriman de nuestra legislación laboral el outsourcing o tercerización y que este sea sólo un recurso voluntario al que libremente puedan acudir, en situación excepcional, los trabajadores. 

12/06/2019

Outsourcing: fuente de incertidumbre y precariedad

La Jornada
Editorial


Pese a que el proyecto de reforma laboral que busca regular la subcontratación se aprobó por unanimidad en comisiones del Senado, la discusión de la iniciativa fue pospuesta hasta febrero por la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, encabezada por Ricardo Monreal Ávila. Las cúpulas empresariales aplaudieron el congelamiento de la reforma, mientras el senador Napoleón Gómez Urrutia, impulsor de la misma y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, lo denunció como un producto de las presiones, amenazas y chantajes del sector privado. De acuerdo con el también presidente de la Confederación Internacional de Trabajadores, al presionar para que se posponga la discusión de la iniciativa, los empresarios buscan ganar tiempo para utilizar a sus abogados, amigos y cómplices para el cabildeo.
Detrás de estas desavenencias en la cámara alta se encuentra el hecho de que el denominado outsourcing (consistente en que un trabajador se encuentra formalmente contratado por un empleador distinto de aquel para el que en realidad labora) es una práctica que se ha extendido de manera explosiva en las décadas recientes y que resulta profundamente nociva para los derechos laborales del personal empleado bajo este esquema, no por algún error en su aplicación, sino porque se encuentra expresamente diseñada para este propósito. En efecto, cuando un empleador recurre a un proveedor de servicios de outsourcing busca recortar sus costos a expensas de los derechos más elementales de los trabajadores, con lo que genera inseguridad, incertidumbre y una visible precarización de las mayorías que tiene como grotesca contrapartida las enormes fortunas amasadas por las empresas dedicadas a esta actividad.
Para colmo, las operaciones de subcontratación suponen un quebranto acumulado de 500 mil millones de pesos para el erario, toda vez que el esquema facilita eludir los pagos correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como emitir facturas falsas mediante las cuales se evaden responsabilidades fiscales.
En este escenario, la posposición del debate de la reforma laboral, y las subsiguientes declaraciones del senador Gómez Urrutia, indican que ya se encuentra en curso un intenso cabildeo por parte de los beneficiarios del outsourcing, es decir, tanto las empresas que contratan estos servicios como aquéllas que los ofrecen –cuyos dueños son en ocasiones los mismos, dato revelador del grado de simulación que implica esta práctica–. Es imperativo recalcar que, aunque el cabildeo sea una actividad legal, es sumamente ilegítima en la medida en que representa una distorsión de la democracia (en este caso, del ejercicio legislativo) en beneficio de los grandes intereses corporativos poseedores de la capacidad financiera para contratar cabilderos y traficar influencias.
Ante lo expuesto, resulta evidente la urgencia de regular esta práctica que en la actualidad ha cobrado dimensiones y modalidades francamente escandalosas, en particular en lo que se refiere a su uso por parte de las instituciones públicas.
Esto obliga a una última consideración, a saber, que para restringir la subcontratación existe una vía legislativa que debe transitarse, pero también una vía administrativa de igual importancia: la prohibición de que las entidades públicas contraten servicios de outsourcing, y de que al menos en este sector se restituya el auténtico sentido de la relación patronal-laboral, conformada por la responsabilidad y el compromiso recíprocos.

Chantajearon grandes empresas al Senado para frenar el outsourcing: Gómez Urrutia


En los próximos meses se sabrá quién fue el enemigo interno


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▲ La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Napoléon Gómez Urrutia, durante la primera asamblea de la CIT.
El senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), dijo que fueron las grandes empresas las que presionaron y chantajearon al Senado para abrir una nueva fase de consulta y con ello aplazar la reforma para regular la subcontratación (outsourcing).
Aunque el líder minero se manifestó dispuesto al diálogo y a una nueva discusión y negociación –habrá que hacerlo de la manera más constructiva posible, dijo–, también advirtió que así sean una o 10 consultas más, las cosas no cambiarán, respecto al dictamen aprobado esta semana en comisiones. Vamos a resistir, expresó durante la primera asamblea nacional de la CIT.
La verdad es que la razón y la justicia la tenemos los que hemos propuesto esta reforma en la Comisión de Trabajo (la cual preside), porque son muchísimos los abusos que se cometen al amparo de la subcontratación, en términos de evasión fiscal y pérdida de derechos de los trabajadores, sostuvo.
A esta sesión, en la cual se aprobó un punto de acuerdo en favor de la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social para regular esa práctica, asistieron como invitadas las secretarias de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y del Trabajo, Luisa María Alcalde.
Igualmente estuvieron en el podio el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Arturo Olivares; el senador Martí Batres; el empresario Jesús Vizcarra y la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, entre muchos más.
En la reunión, realizada en el Teatro 11 de Julio, difundieron videos con mensajes de aliento a la CIT de líderes de organizaciones internacionales, como la AFL-CIO, la central de trabajadores más grande de Estados Unidos, y el sindicato de trabajadores del acero (Steelworkers), tanto del país vecino como de Canadá.
Desde diversos ángulos, todos los invitados mostraron su apoyo a Gómez Urrutia como promotor de la CIT, la cual afilia a 217 gremios, 19 federaciones y medio millón de trabajadores, informó. No obstante, antes y después del encuentro el tema central fue el outsourcing.
Sánchez Cordero manifestó su respaldo a la regulación y, a la vez, tener este tipo de parlamento abierto, pero real, para alcanzar un acuerdo a partir del consenso y no de espaldas a alguno de los involucrados.
Es decir, indicó, que se expresen el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ha sido el más afectado; trabajadores, empresarios, patrones y sindicatos, porque “si el consenso general es regularlo, lo haremos, pero con reglas estrictas.
En su mensaje de apertura a la asamblea de la CIT –y más tarde ante la prensa–, Gómez Urrutia dijo que en lugar de debilitarnos, confundirnos, dividirnos, las resistencias al cambio nos fortalecen más.
Denunció que los empresarios echaron mano de sus abogados, amigos y cabilderos para ganar tiempo, aun cuando ya habían expuesto sus opiniones en el parlamento abierto de julio pasado, por lo que lamentó que las presiones hayan encontrado eco, a partir de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que presionaron a la Junta de Coordinación Política para evitar llevar el dictamen al pleno senatorial.
Siempre encuentran aliados en todas las fuerzas políticas, gente más tolerante o con otro tipo de intereses que a lo mejor resisten menos las presiones, dijo.
Al final, en conferencia de prensa, se le preguntó si hubo fuego amigo. En su respuesta citó una frase de Margaret Thatcher, dicha ante la huelga de los mineros en Gran Bretaña en los años ochenta.
El senador aseguró que como expresó entonces la primera ministra de Reino Unido, en los próximos meses se sabrá quién fue el enemigo interno.

Foto Yazmín Ortega Cortés

7/29/2019

Desde las minas de Taxco lanzan ultimátum

12 años en resistencia


Doce años después de que se colgaron las banderas rojinegras en las tres minas ubicadas en el municipio de Taxco de Alarcón: La Concha, Los Remedios y El Solar, pertenecientes a Grupo México y su filial Industrial Minera México, propiedad de Germán Larrea, los trabajadores siguen a la espera de que se solucione el conflicto.
El dirigente seccional de los mineros, Roberto Hernández Mojica, asegura: nunca, a ninguna de las pocas mesas de negociaciones que hemos tenido, se presentó algún representante de la empresa ni hubo autoridad alguna que la obligara a sentarse con los trabajadores.
Recuerda que “en tres ocasiones, desde que López Obrador promovía su candidatura a la Presidencia e incluso ya como abanderado, y luego como mandatario me hizo una promesa: ‘voy a traer a Napoleón (Gómez Urrutia) –líder nacional del sindicato– para resolver el conflicto’.
“Me dijo, ‘ya estudié el caso y tienen toda la razón del mundo’”, afirma Hernández Mojica. El problema, agrega, es que ya pasaron ocho meses desde que llegó a la Presidencia y seguimos en huelga”.
Por eso, advierte,estamos fijando como plazo al gobierno federal el 30 de julio para que resuelva las huelgas en Taxco y la sección 65, de Cananea, Sonora, y la 201, de Sombrerete, Zacatecas.
Menciona que hay un acuerdo entre dichas secciones sindicales. “El martes, comisiones de trabajadores de Guerrero y Zacatecas en huelga, apoyados por compañeros del resto del país, nos trasladaremos a la histórica mina de Cananea para tomar las instalaciones.
Prevemos que participarán más de 6 mil compañeros y miembros de organizaciones sociales solidarias de todo el país. El ultimátum vence el 30 y ya lo sabe la Secretaría del Trabajo. No vamos a dar marcha atrás, sabemos que nuestras vidas están en peligro, pero no nos dejaron otro camino, puntualiza.
Ese día, anticipa, “se realizará un foro y luego tomaremos la mina de Grupo México; los vamos a desalojar (a los trabajadores charros), para que el yacimiento esté en posesión de los auténticos mineros”.
Por ello, responsabiliza a las autoridades de los tres niveles de gobierno de cualquier acto de represión. Sabemos que se puede repetir lo sucedido en 1906 (el asesinato de 23 mineros en Cananea), pero no hay de otra; si no se resuelven las huelgas, se va a tomar la mina.
El líder minero en Taxco precisa que de los 400 trabajadores que colgaron las banderas rojinegras hace 12 años, sólo 140 continúan participando en el movimiento.
Señala que cuando concluya la huelga en la sección 17 se requerirían mil 500 personas, según Jorge Espinosa, gerente de Industrial Minera México Unidad Taxco.
Recuerda que se emplazó a huelga en marzo de 2007. Los puntos principales fueron la revisión del contrato colectivo de trabajo y la inseguridad por accidentes.
Ese año, “Fox desconoció a nuestro dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, e impuso por dedazo a Elías Morales Hernández. No lo reconocimos, sólo unos disidentes pagados por la empresa; también desconocimos al dueño de Grupo México, Germán Larrea.
Recuerda que en 2001, cuando se dijo que había crisis en la industria minera, le perdonamos a la empresa por dos años consecutivos que no nos otorgara aumento salarial. Pero los trabajadores desconocíamos qué tan rica era.

Corresponsal
Periódico La Jornada

7/24/2019

Con outsourcing, empresas evaden impuestos


Se requiere un marco normativo garante de derechos laborales y que castigue abusos, señala Gómez Urrutia


Más de 6 mil empresas, con 7.6 millones de trabajadores, recurren al outsourcing, al abuso de pagos exentos y a la subcontratación o subdeclaración, entre otros esquemas fraudulentos, para evadir impuestos en el país; estas prácticas deben ser desterradas, advirtió el senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia, al inaugurar las sesiones de parlamento abierto en las que se analizarán las modificaciones a la legislación laboral.
Anualmente las contribuciones que se pierden de manera individual a causa de la evasión fiscal oscilan entre los 6 mil y los 8 mil pesos por trabajador, resaltó, e hizo notar que la intención es incorporar –a la reciente reforma laboral en materia de libertad y democracia sindical– otros temas igualmente relevantes que no fueron contemplados, entre ellos el outsourcing.
El presidente de la Comisión de Trabajo del Senado precisó que se busca conocer las diversas posturas y opiniones de los representantes de la sociedad civil, empresarial, académica, sindical y gubernamental, con la finalidad de llevar a cabo una revisión integral de la reforma aprobada en abril pasado.
Por su parte, el presidente de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, Clemente Castañeda Hoeflich (Movimiento Ciudadano), destacó la sensibilidad y voluntad política de todos los grupos parlamentarios para realizar ese ejercicio de parlamento abierto y precisó que se han recibido cerca de 50 observaciones puntuales a la reforma, que serán tomadas en cuenta por las comisiones dictaminadoras.
Destacó, asimismo, que participarán cerca de 70 expertos distribuidos en ocho mesas de trabajo para discutir más a fondo las observaciones a la reforma laboral, con la convicción de que toda ley es perfectible y que sólo a través del diálogo y el análisis con quienes aplicarán estos ordenamientos podremos construir mejores andamiajes jurídicos.
El senador Gómez Urrutia precisó que la manera más adecuada de erradicar las malas prácticas es con un marco normativo efectivo y garante de los derechos de los trabajadores y punitivo para quienes pretenden ejercer abusos.
El también dirigente del sindicato minero expuso que a pesar de los esfuerzos gubernamentales persisten empresas que defraudan al Sistema de Administración Tributaria (SAT), al IMSS y al Infonavit, a través del abuso del outsourcing, que no se ha logrado frenar.
Por ello, las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo se enfocarán, insistió, en erradicar las prácticas de la subcontratación, entre ellas la simulación en los servicios prestados, dar de alta a los trabajadores ante el IMSS con un salario menor al que perciben y evadir al fisco, al Seguro Social y al Infonavit, al no pagar de manera correcta las contribuciones federales, locales y de seguridad social.
En la sesión de ayer del parlamento abierto se analizaron los temas de igualdad laboral para hombres y mujeres, así como discriminación y acoso laboral. Los trabajos se llevarán a cabo miércoles y jueves.

Periódico La Jornada

7/22/2019

Utilizan en obras fallidas dinero de los trabajadores

Oro negro, NAIM e ICA, planes fallidos
Trabajadores financian a la IP con uno de cada 3 pesos en las Afore


Uno de cada tres pesos del ahorro de los trabajadores en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) financia actividades productivas privadas, al alcanzar un billón 236 mil 930 millones, revelan informes de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
Las Afore han arriesgado esos recursos en inversiones fallidas y entre ellas destacan 500 millones de dólares que Sura y Citibanamex dieron a la perforadora Oro Negro, que el pasado 14 de junio se declaró en quiebra, con 66.7 por ciento de la empresa en manos de Grupo Axis, es decir, los ahorradores son inversionistas de casi dos partes de la firma.
La ley permite que parte de los 3 billones 700 mil 94 millones de pesos que administran las Afore, que equivalen a 15 por ciento del producto interno bruto, pueda usarse en productos de inversión privada. Para ello se tienen diversas vías: Fibras y Certificados de Capital de Desarrollo (CKD), entre otros.
También destacan los casos de Inbursa, Pensionissste, Profuturo, XXI-Banorte y Sura, que pusieron 17 mi 377 millones de pesos del ahorro en la Fibra E para el aeropuerto de Texcoco, dinero que, según Gerardo Ferrando Bravo, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, era innecesario cuando se adquirió la deuda. Tras la cancelación del proyecto, en octubre, se registró una minusvalía de 131 mil 649 millones de pesos en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). El regulador aseguró que de lo invertido por la Afore, ya se reintegró 99 por ciento.
También se encuentra la inyección de 21.5 millones de dólares en acciones de la constructora ICA, cuando éstas se desplomaron 50 por ciento a mediados de 2015. En diciembre la empresa se declaró en suspensión de pagos. Ello implicó que por cada peso que se invirtió de trabajadores afiliados a Pensionissste, al final terminaran valiendo un centavo.
Entre otras obras que se beneficiaron de los recursos de los trabajadores están la Torre Mayor –proyecto residencial y corporativo– y Mítikah –rascacielos privado, donde el metro cuadrado cuesta 85 mil 987 pesos–. De igual forma, las inyecciones de capital a la española OHL.
En el caso de Oro Negro, la firma fue sostenida con 500 millones de dólares del dinero de trabajadores que Sura y Citibanamex invirtieron en un CKD expedido por Axis Capital, propiedad de Gonzalo Gil White, hijo del ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz.
La compañía acusó confabulaciones en Petróleos Mexicanos, lo que “terminó subordinando los intereses de millones de trabajadores –cuyos ahorros estaban indirectamente invertidos en una empresa institucional que, por vez primera, democratizaba para ciudadanos comunes y corrientes el poder participar en el sector energético– para favorecer intereses particulares producto de componendas”, reprochaba hace un año. Actualmente dueño y directivos enfrentan órdenes de aprehensión.
A la fecha, la inversión en el SAR se reparte principalmente en tres rubros: 53.78 por ciento en deuda de gobierno, le sigue la privada nacional (financiamiento a empresas), con 18.26 por ciento, y en el mercado bursátil internacional se aplican 12.12 por ciento.
De acuerdo con el actual esquema de retiro, las Afore pueden invertir en los rubros público y privado y se regulan internamente para decidir en qué. Pese a que la ley contempla sanciones por manejar los recursos de manera riesgosa, ni el caso de la perforadora ni el de ICA ha sido castigados.
Abraham Vela, titular de la Consar, explicó que los trabajadores ya pagaron la quiebra de Oro Negro. “En realidad ya no es tema (…) el valor de mercado de este instrumento financiero ha sido prácticamente de cero”, expresó en el contexto de un foro convocado por Fitch Ratings. Fuera de ello, no se ha anunciado alguna investigación o sanción.
Sin embargo, se mantiene una minuta en el Senado que permite flexibilizar las inversiones, con lo cual se espera que la tasa de remplazo –lo que cobra de su salario el trabajador una vez que se retira– pase de 30 por ciento a un máximo de 35.
La comisión promedio que cobran las 10 empresas que concentran el mercado mexicano es de 0.98 por ciento del saldo, monto que está por arriba de los esquemas de Reino Unido, Perú, Australia, Colombia, Chile, Suecia y Estados Unidos.
Periódico La Jornada