Desde la primera quincena de marzo, el gobierno federal hizo un
llamado enfático a todo el país para “Quedarse en casa”; el
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López- Gatell
Ramírez, incluso dijo que ésa era la última oportunidad para evitar una
escalada rápida de contagios que rebasara los de por sí insuficientes
servicios hospitalarios del país.
Sin embargo, en el Estado de México, dos trabajadoras que venden
servicio de internet de casa en casa recibieron un mensaje totalmente
contrario. Por oficio con fecha del 2 de abril, la empresa Totalplay
Telecomunicaciones S.A de C.V (perteneciente a Grupo Salinas) les
informó lo siguiente: “es indispensable que toda la estructura de
Totalplay continúe operando, incluyendo los puntos de venta al público,
por lo que se exhorta a las autoridades a no restringir o limitar la
operación de la empresa, a efecto de garantizar a la población el
derecho fundamental de acceso al servicio público de
telecomunicaciones”.
El oficio, firmado por Alejandro Enrique Rodríguez Sánchez como representante legal, se ampara en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo, que
establece entre las actividades esenciales el de telecomunicaciones.
Este decreto no es exhaustivo en la descripción del tipo de actividades
de telecomunicaciones que deben mantenerse en funcionamiento; sin
embargo, sin las promotoras, Totalplay podría seguir ofreciendo vía
telefónica sus servicios que, aunque la empresa asegura que son un
derecho, no son gratuitos.
El pasado 10 de abril, las dos trabajadoras, ambas jefas de familia a
cargo de cuatro hijos, y una hija respectivamente, relataron su
situación a Cimacnoticias mientras tocaban el timbre de los hogares en
Nezahualcóyotl, identificado como el municipio con mayor número de
contagios en el Edomex. Hasta el 15 de abril se tenían 105 casos
diagnosticados en este municipio.
Las empleadas no tienen para su protección más que una botella de 30
mililitros de gel antibacterial que debe servirles para una jornada de
trabajo de 9 horas seguidas de tocar timbres, hablar con decenas de
personas e intercambiar objetos como plumas y hojas. También les dieron
unos guantes y un cubrebocas que prefieren no usar porque les irrita la
cara, les impide hacer su trabajo y no son útiles para evitar contagio,
de acuerdo con lo que el propio Gatell ha dicho en sus conferencias
vespertinas.
Las trabajadoras aseguraron que pidieron hacer cuarentena para
protegerse del nuevo virus pero sus jefas superiores les dijeron que era
orden directa de Ricardo Salinas Pliego, director de Grupo Salinas.
“Que el señor dijo que no, que nos íbamos a morir de hambre y no de
coronavirus. Nos dijeron: o trabajas o te quedas en casa y no percibes
nada. Entonces preferimos trabajar”, relataron.
Las mujeres deben garantizar un mínimo de siete servicios instalados
para recibir mil 700 pesos semanales. Sus jefas inmediatas les dijeron
que en caso de presentar malestares no les dijeron si la empresa les va a
respaldar o a pagar más.
Obreras, las más afectadas
Esta situación no es exclusiva del sector de telecomunicaciones, pues
en las entidades del norte del país al menos 15 trabajadoras de
maquilas de diferentes industrias han fallecido a causa del COVID-19,
esto con base en reportes de prensa revisados por esta agencia de
noticias.
Por ejemplo, el pasado 14 de abril, el jefe de prestaciones médicas
del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Chihuahua, informó que de
las 16 personas que han fallecido en el estado de Chihuahua a causa del
coronavirus (COVID-19), 13 eran empleadas de una maquiladora en Ciudad
Juárez. La empleada pertenecía a Lear Corporation, que fabrica asientos y
sistemas eléctricos para automóviles, los cuales no son considerados
productos esenciales.
El mismo día, la Revista Proceso publicó que dos trabajadoras de la
industria maquiladora Plamex, SA de CV (Plantronics INC), ubicada en
Tijuana, fallecieron contagiadas de COVID-19, y una más se encuentra
grave, razón por la cual el gobierno del estado ordenó su cierre hasta
el 30 de abril.
El sector de la maquila en México es uno de los más feminizados en el
país, ya que según datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía Inegi, más del 50 por ciento de las personas que se emplean en
las líneas de producción son mujeres.
La abogada laborista Susana Prieto Terrazas, asesora jurídica del
movimiento obrero matamorense 2032 y defensora de los Derechos Humanos
laborales en Chihuahua, explicó en entrevista con Cimacnoticias que ha
recibido denuncias por parte de trabajadoras y trabajadores contra
maquilas en Matamoros, Reynosa, y Ciudad Juárez, Chihuahua, ya que
violaron el decreto nacional que se emitió el 30 de marzo al aglomerar a
miles de personas en cada turno laboral.
Pero estos no fueron los únicos abusos, de acuerdo con la abogada. En
el caso de mujeres embarazadas, adultas mayores y con otros factores de
riesgo, los empleadores las obligaron a tomar sus vacaciones y días de
descanso como parte de la cuarentena; en otro caso, se les orilló a
firmar convenios sin goce de sueldo o con salarios disminuidos. Hay
casos en Parral, Chihuahua, en los que familias de obreras y obreros
llevan hasta cuatro semanas viviendo con 45 pesos semanales.
Susana Prieto aseguró que también ha asesorado casos de mujeres
embarazadas o en periodos de lactancia, a quienes se les ha impedido ir a
su casa bajo engaños. Uno de los argumentos que más se les ha dado es
que con su trabajo, se elaboran los cables que van dentro de unas
máquinas que se ocupan en los hospitales de Esatdos Unidos.
La abogada también acompañó el caso de una trabajadora en periodo de
lactancia, a quien inicialmente se le impidió ir a su casa a pesar de
presentar síntomas de contagio. Luego de insistir mucho y de que su hijo
enfermara, la mujer consiguió que el IMSS le concediera una licencia de
incapacidad de 11 días pero con un sueldo disminuido.
Pese a estos abusos, Susana Prieto denunció que hasta el pasado 14 de
abril no se había clausurado a ninguna maquila en Chihuahua; por el
contrario, la pandemia causó un vacío de poder, pues las autoridades
laborales locales emitieron oficios para avisar que suspendían funciones
hasta el 5 de mayo de 2020.
Entre las empresas que más han denunciado violaciones laborales por
despidos masivos o por no frenar laborales, de acuerdo con la abogada,
está Electrocomponentes de México y Electroluz, que fabrican bandas de
electrodomésticos, considerados no esenciales durante esta emergencia.
La abogada explicó que en el norte del país la mano de obra femenina
sigue siendo más barata, no más de 390 pesos, lo que profundiza sus
condiciones de vulnerabilidad durante esta pandemia. Otra característica
de ese sector, es que miles de obreras son migrantes, quienes llegan a
trabajar a Chihuahua sin una familia o solas con sus hijos. Aunque se
ordenó a nivel federal que las estancias infantiles permanecieran
abiertas, de acuerdo con la defensora de los derechos laborales, todas
las guarderías en esa entidad permanecen cerradas.
El pasado 11 de abril, López-Gatell llamó a los gobernadores del país
a implementar los operativos necesarios para garantizar que empresas
que realizan actividades no esenciales no sigan operando. Como parte de
este llamado, el gobierno federal incluso hizo públicos los nombres de
las empresas que han violado los derechos laborales de las personas
durante la pandemia. Sin embargo, los cierres forzados de las maquilas
iniciaron días después de la muerte de las trabajadoras.
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Ciudad de México.
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