Gustavo Leal F*.
En conferencia matutina
(10/3/20) la doctora Gisela Lara, titular del Programa IMSS-B, exhibió
un cuadro con su cobertura: 12.3 millones de beneficiarios (4.5 en
comunidades indígenas), atendidos con 20 mil 335 médicos, enfermeras y
paramédicos, así como 318 mil 747 voluntarios de las comunidades.
También afirmó que cuenta con 15 mil 775 voluntarios rurales.
El programa activa un ejército de recursos humanos en 17 mil
localidades. De ellas, casi 3 mil 500 disponen de una Unidad Médico
Rural de primer nivel o alguno de sus 80 hospitales de segundo nivel.
Las localidades restantes atienden sus necesidades con el auxilio de los
voluntarios rurales de salud. Son, como consignó la doctora Lara, casi
16 mil, que en los pasados 18 años apenas recibieron capacitación. Ellos
atienden intervenciones sanitarias de baja complejidad. Pero carecen de
las facultades, entrenamiento y equipo mínimo para hacer frente a una
pandemia.
Los trabajadores de varias entidades del programa externan serias
inquietudes sobre algunas decisiones que sus autoridades podrían estar
evaluando para enfrentar el Covid-19. Ellos mencionan una
videoconferencia para activar el Plan de Intervención Covid-19
(celebrada el 30 de marzo 2020) en la que esas autoridades ordenan que
los voluntarios rurales de salud hagan búsquedas intencionadas de
sospechosos o enfermos, casa por casa, dentro de las localidades bajo su
responsabilidad. Según ese plan, cada uno de los 80 promotores
(presentes en los 80 hospitales rurales) deberían gestionar –con sus
respectivas presidencias municipales– una carpa para improvisar, con
ella, una sala de espera en la calle y, desde ahí, contener los posibles
casos detectados por los voluntarios rurales de salud, para
posteriormente, ser revisados en urgencias hospitalarias.
Ocurre, también, que la canti-dad de 15 mil 775 voluntarios rurales
de salud no es estática. Porque al movilizarse en cada localidad, ellos
activarán un determinado número de promotoras de salud y amas de casa
que, consuetudinariamente, participan en sus callesy barrios controlando
–cada una– al menos 13 familias.
Además, quienes operan desde abajo el programa indican que él debe su
éxito mucho más a la dinámica que despliegan las comunidades que por el
estilo decisorio de sus autoridades y responsables sexenales. Y que las
presuntas órdenes recibidas podrían contradecir la
Jornada Nacional de Sana Distancia, recomendada por las autoridades sanitarias federales. A decir de los operadores, se podría estar ordenando a los voluntarios rurales de salud salir a identificar posibles casos. Pero, lógicamente, se preguntan:
y, si alguno de ellos se contagia ¿quién resulta responsable? ¿Dónde quedarían las garantías de su derecho a la salud?Y concluyen: “con esas acciones no se estaría aplicando una
epidemiología simplificada. En suma: se podría estar enviando un valioso recurso humano a posibles contagios directos.
El problema de fondo consiste en que, con esas presuntas órdenes, las
autoridades del programa podrían estar transmitiendo un mensaje que
desborda las tareas cotidianas de promoción de la salud, y que además no
corresponden a la estrategia federal para enfrentar el Covid-19.
Lamentablemente, respecto a esta singular manera de tomar decisiones,
el PIB cuenta con un antecedente no precisamente ejemplar. Se trata de
aquella estrategia –implementada durante el calderonismo– para obligar a
las comunidades a hacerse cargo –ellas mismas– de embarazos y partos.
Así, las y los voluntarios rurales de salud recorrían –casa por casa–
levantando censo de embarazos, para, luego conducir a las mujeres hasta
donde recibirían atención de sus partos, lo cual ciertamente, distaría
mucho de tener las características deseables tal y como lo constató el Informe sobre Violencia Obstétrica (Inegi, 2017).
Hoy, de confirmarse las ya referidas órdenes, no se buscarían
embarazadas, sino eventualmente personas sospechosas o enfermos, para
evitar la propagación del Covid-19, a pesar de que la estrategia federal
es precisa:
quédese en casa.
En el contexto del modelo de atención Insabi (SSA, 2019 “APS-I Mx: la
propuesta metodológica y operativa“), la 4T debe urgentemente
transparentar el PIB, caracterizado, durante el entero periodo
neoliberal (1982-2018), por una singular estructura de mandos decisorios
que no siempre obró en favor de fortalecer el concepto de salud que le
dio origen:
Salud para Todos: la icónica declaración de Alma Ata, de la Organización Mundial de la Salud (1978). Consúltese al respecto: Sánchez, Leal, Escobar y León (2020). IMSS-Bienestar. 40 Años. Visiones operativas: ¿más salud o más medicalización?, por aparecer.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
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