«Nos aseguraremos que no puedan tener hijos». La violencia sexual como genocidio en Etiopia

 Escrito por Paola Piña 

Crédito: Edgar Gutiérrez.- Ciudad de México.- La guerra estalla, somete a la sociedad entera y la violencia sexual contra las mujeres se convierte en una de las principales armas para controlar a quienes se opongan, así es la realidad de las mujeres en Etiopía, quienes desde hace cinco años sufren las consecuencias de una guerra civil que busca infligir dolor a comunidades enteras, a través de sus cuerpos.

Frente a este escenario, la Organización para la Justicia y la Rendición de Cuentas en el Cuerno de África (OJAH) y Médicos por los Derechos Humanos (PHR) publicaron en julio de 2025 el informe “Nunca podrás dar a luz: Violencia sexual y reproductiva relacionada con el conflicto en Etiopía”, que documenta actos de lesa humanidad cometidos contra las mujeres etíopes.

Es importante señalar que este mecanismo de control mediante la violencia sexual no es exclusivo de Etiopía. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este tipo de delitos, que usan los cuerpos de las mujeres como botín de guerra, han incrementado en diversos conflictos armados alrededor del mundo, siendo una estrategia común para infundir terror.

Las mujeres y las niñas en tiempos de guerra son tratadas muchas veces como “botín”. La violación es una táctica utilizada como estrategia de terror y como forma de tortura. Las consecuencias físicas y mentales de estas agresiones dejan huellas emocionales y físicas imborrables. Esta forma de agresión también puede ser utilizada como parte de una limpieza étnica, tal y como se vio con las violaciones sistemáticas y los embarazos forzosos de la antigua Yugoslavia en los años noventa. Las violaciones, la esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual cometidas en el contexto de un conflicto armado son crímenes de guerra. Mireya Cidón, Amnistía Internacional España

El conflicto armado en Etiopía empezó desde 2020, tras una escalada de tensiones entre el gobierno federal etíope y el gobierno regional de Tigray, liderado por el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF). Ante esta situación se inició una ofensiva militar en la región de Tigray, a parti de este momento se comenzaron a  perpetrar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluida la violencia sexual a manos de las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía (ENDF), las Fuerzas de Defensa de Eritrea (EDF), las Fuerzas Especiales de Amhara (ASF) y las milicias de Amhara Fano.

Aunque los enfrentamientos en Tigray han disminuido, la violencia sexual persiste y se ha extendido a otras regiones como Amhara, donde desde 2023 se intensificó tras la orden de integrar a las fuerzas regionales en el Ejército Nacional, acción percibida como una consolidación del poder federal a costa de la autonomía local.

En este contexto, la OJAH y PHR realizaron entrevistas en centros médicos desde noviembre de 2020 hasta agosto de 2024, documentando tanto las experiencias de las sobrevivientes como el impacto del conflicto en el sistema de salud etíope, que enfrenta graves dificultades para atender a víctimas de violencia sexual y reproductiva.

En Tigray, la mayoría de las mujeres que sobrevivieron a violaciones reportaron haber sido atacadas por múltiples agresores. Algunas denunciaron abusos sexuales y diversas formas de humillación acompañadas de violencia física. La edad promedio de las víctimas registradas oscilaba entre los 18 y 25 años.

Uno de los casos más atroces ocurrió en 2020: una mujer, siete días después de haber dado a luz a gemelos, fue brutalmente agredida sexualmente en una localidad de la zona oriental de Tigray. Su historial médico señala que fue violada por siete agresores durante cuatro días, identificados como soldados eritreos por sus uniformes y el idioma que hablaban.

Aunque buscó atención médica inmediatamente, fue hasta 2023 que llegó a un centro integral. Presentaba dolor abdominal persistente y flujo vaginal fétido. Durante la revisión, los médicos encontraron abundante secreción en el cuello uterino y cuerpos extraños visibles.  Durante el procedimiento se hallaron: ocho tornillos metálicos, escombros, tierra y una nota envuelta en plástico.

La nota, traducida, decía: “Nosotros, los hijos de Eritrea, somos valientes. Esto es lo que hacemos y seguiremos haciéndolo. Nos aseguraremos de que las mujeres de Tigray no puedan tener hijos. ¡Nos vengaremos de 1990! Seguiremos por ese camino.”

La violencia sexual se utilizó como instrumento de genocidio y humillación: los agresores buscaban infertilizar a las mujeres tigrayanas introduciendo objetos en sus cuerpos, al tiempo que las amenazaban y les decían que nunca podrían volver a dar a luz.

Hay muchas sobrevivientes con material extraño insertado en la vagina, no solo violencia sexual. Esto se hizo para detener el órgano reproductivo de las mujeres y detener la natalidad de la etnia tigray, para disminuir la población, y su objetivo final es extinguir al pueblo de Tigray. Insertaron metal, clavos y otros materiales. Hay muchas mujeres aquí cuyo útero ha perdido su función.

En Tigray, el 69% de las sobrevivientes que accedieron a servicios médicos reportaron violaciones grupales. Personal de salud documentó múltiples casos donde las víctimas fueron obligadas a presenciar agresiones sexuales contra familiares o fueron violadas simultáneamente con ellos. También relataron casos en los que se forzó a mujeres a sufrir abusos por parte de familiares o incluso a tener contacto sexual con los cuerpos de sus parientes asesinados.

El personal médico advirtió que muchos agresores buscaban infectar deliberadamente a las mujeres con ITS, incluido el VIH. Un profesional relató que una paciente escuchó a su atacante decir:“Te convertiré en paciente de VIH/SIDA.”

Niñas también fueron víctimas: muchas eran capturadas al intentar huir de zonas de conflicto, trasladadas a campamentos militares y sometidas a violaciones y embarazos forzados, en ocasiones dando a luz mientras permanecían en cautiverio.

Además, las mujeres y niñas sobrevivientes que daban a luz, se enfrentaban a los estigmas sociales por por tener hijos nacidos de una violación cuyos padres eran desconocidos o no eran sus cónyuges

Algunas niñas denunciaron haber sido arrojadas contra espinas de cactus y golpeadas con culatas de armas. Otras sufrieron fracturas en los brazos por ataques físicos. En

algunos casos los reportes señalan que la violencia física fue incluso más grave que la violencia sexual

El impacto de estos brutales actos ha traído consecuencias atroces, en muchos casos irreparables como: lesiones en los órganos reproductivos, complicaciones infecciosas

por VIH, hepatitis e infecciones del tracto urinario, además de lesiones físicas que van desde lesiones como abrasiones, hematomas hasta amputaciones.

Las secuelas no solo se quedan en lo físico, pues las sobrevivientes de violencia sexual en Tigray que acudieron a recibir atención médica presentaron graves consecuencias para su salud mental. El personal sanitario informó que las pacientes presentaban síntomas de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático (TEPT), ideación suicida y consumo de sustancia

Cinco años después del inicio del conflicto en Etiopía, los actos de lesa humanidad contra mujeres y niñas continúan. La crueldad parece haberse institucionalizado en un país donde los cuerpos de las mujeres son tratados como armas de guerra, en lugar de reconocer su dignidad humana.

Romper el silencio estadístico: relanzan el Observatorio de Igualdad de Género para AL y Caribe

 Escrito por Arlette Monserrath Valencia Ángeles 

Arlette Monserrath Valencia Angeles.-Ciudad de México- Al cierre del primer día de mesas de trabajo de la XVI Conferencia Regional, se relanzó el Observatorio de Igualdad de Género, en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, herramienta creada hace 18 años por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En entrevista para Cimacnoticias, la Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujeres de Costa Rica, Yerlin Zuiñiga, encargada de moderar el evento, agradeció este Observatorio en un momento en que la región avanza hacia una sociedad de cuidados  y reconoció que pese a esta nueva actualización, existen retos que dan pauta al perfeccionamiento de esta herramienta, para proporcionar cada vez datos más reales y más cercanos.

Desde su experiencia, afirmó ue el reto más grande es contar con mayor infraestructura para llevar los centros de cuidado a la ruralidad, aunado a la informalidad de empleo que enfrentan las mujeres en Costa Rica, el cual es uno de los indicadores mencionados en el relanzamiento, donde se recordó que es un hecho que las mujeres trabajan y por mucho más tiempo, pero de forma no remunerada y si lo es, con grandes desventajas “Por un tema de sobrevivencia, se pierde de vista el autocuidado y el cuidado de las personas dependientes”. 

Recordemos que fue durante este formo donde se presentó la actualización del Observatorio de Igualdad de Género, que incluye nuevos indicadores, tecnología avanzada y un diseño renovado, con mapas georeferenciados que reflejan con mayor precisión las realidades de las mujeres en toda la región.

Es importante mencionar que la actualización del Observatorio responde a un escenario regional complejo, donde se agudizan las desigualdades por género, clase, raza y territorio, mientras avanzan discursos conservadores que buscan deslegitimar el feminismo, negando la existencia misma de estas brechas y provocando retrocesos de años de lucha.

A ello se suma el impacto de múltiples crisis —económica, climática, migratoria y de cuidados— que afectan de forma desproporcionada a las mujeres, especialmente a las más empobrecidas. 

Al presentar esta nueva etapa, la directora de asuntos de género de la CEPAL, Ana Güezmes, señaló que el Observatorio es una “herramienta tributaria” para enfrentar los cuatro nudos estructurales de la desigualdad de género.

El primero es la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza en un modelo de crecimiento excluyente, ya que en la región hay 121 mujeres en situación de pobreza por cada 100 hombres. El segundo es la permanencia de patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos, y el predominio de una cultura del privilegio: solo en 2023, al menos 11 mujeres por día fueron asesinadas por razones de género en América Latina y el Caribe.

El tercero es la rígida división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado, donde las mujeres asumen más de dos tercios del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Finalmente, el cuarto nudo es la concentración del poder y las relaciones jerárquicas en el ámbito público, reflejado en que las mujeres solo ocupan el 36 por ciento de los escaños en los parlamentos nacionales.

Durante el foro se presentó un video ilustrativo, donde explicaron las nuevas actualizaciones del Observatorio y cómo navegar por sus distintas secciones: indicadores, normativa, políticas de igualdad, región/países, así como publicaciones elaboradas por la CEPAL y organismos socios como ONU Mujeres, UNICEF, OIT y la Cooperación Española.

Cada sección integra estadísticas acompañadas de marcos conceptuales fundamentales, disponibles en inglés y español. Una de las incorporaciones clave es la pestaña de perfil estadístico por país, que permite observar de forma clara la evolución de cada nación en materia de igualdad de género.

Los contenidos incluyen información primordial como el de la autonomía, pues dichos organismos consideran que avanzar hacia una sociedad del cuidado como derecho requiere, necesariamente, garantizar la autonomía plena de las mujeres. Por eso, este enfoque no puede estar desligado del Observatorio.

Además, se incorporaron nuevos filtros interactivos que permiten desagregar la información por país, tema, fecha y tipo de autonomía, facilitando el acceso a los datos de forma precisa. Esta actualización consolida al Observatorio como una herramienta más accesible, eficiente, ágil y segura para el seguimiento de políticas de igualdad en la región. 

Una mejora destacada es la integración de indicadores alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030, lo que permite cruzar información entre compromisos globales y avances regionales. Esto refuerza el papel del Observatorio como una plataforma técnica y política al servicio de los derechos de las mujeres. Asimismo, se han sumado indicadores nuevos que reflejan los desafíos actuales, como la sobrecarga de cuidados, la pobreza de tiempo y la desigualdad en el acceso a oportunidades para jóvenes y niñas.

Un ejemplo revelador de estos nuevos datos es el siguiente: el 23 por ciento de las mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años no estudian ni trabajan, más del doble que en el caso de los hombres del mismo grupo etario. La principal razón no es desinterés, sino la falta de oportunidades, al invertir su tiempo en el trabajo de cuidado. Este tipo de información evidencia cómo las brechas de género se perpetúan desde edades tempranas y refuerza la urgencia de políticas públicas centradas en el reconocimiento, redistribución y reducción del trabajo de cuidados.

No se trata de percepciones o intuiciones: la desigualdad se mide, se vive y se enfrenta con evidencia, así es como son necesarias las alianzas y es lo que representa este observatorio que permiten el diálogo técnico y político, pues sólo la ciencia que no olvide a la mitad de la población puede ofrecer un futuro justo y digno para todas las niñas, adolescentes y niñas  “Lo que no se mide no existe y lo que no existe no se transforma” expresó Cristina Hérnandez Martín Directora del Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad de España.   

Su creación

Y es que este observatorio no nació por casualidad. Fue creado en 2007, pero en 2017, durante la X Conferencia Regional celebrada en Ecuador, se dio un paso fundamental: se solicitó a los Estados miembros colaborar activamente para hacer posible el seguimiento puntual de los acuerdos alcanzados en cada conferencia.

Esta articulación no sólo sostiene el trabajo técnico de los organismos que producen estadísticas con enfoque de género, sino que permite algo clave: medir en el tiempo. Gracias a esta estructura comparativa, es posible dimensionar si como sociedad, avanzamos o retrocedemos en nuestros compromisos, y cuánto nos estamos acercando —o alejando— de una verdadera igualdad.

Como bien lo señaló Ana Güezmes, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, el reto es “romper el silencio estadístico y documentar las brechas de desigualdad”; sólo así será posible exigir políticas que respondan con eficacia y justicia a las realidades de las mujeres en la región.   

Finalmente durante el cierre del evento, la coordinadora de la iniciativa ISOQuito -otra herramienta de medición que demanda datos-  de la articulación feminista Macrosur, Lucy Garrido, recordó que pese a la existencia de datos de la sociedad civil, quienes desde su espacio han trabajado “datos muy buenos” el observatorio funge como la fuente oficial y formal para que no pueden desacreditarnos a las mujeres. 

Estos datos deben ser utilizados como herramientas políticas. “Cuando estén acá, no mientan, no se equivoquen, digan la verdad”, sentenció Lucy Garrido frente a una sala casi vacía, en alusión directa a las parlamentarias ausentes. Recordó que ellas representan a la colectividad de mujeres que las esperan en cada país, porque su realidad y su futuro están en sus manos. Una advertencia poderosa en un evento que, irónicamente, careció de espectadoras.

Lo que Occidente no comprende: las mujeres musulmanas no necesitan ser salvadas, y cuando realmente sí lo necesitan, ¿dónde está?

 Por Jared Bell 

Fuentes: Rebelión

Traducido del inglés para Rebelión por Jesica Safa.- Lo que me motivó a escribir este artículo fue el relato persistente y reduccionista que resurgió tras el reciente bombardeo estadounidense-israelí a Irán. Como era de esperar, la cobertura de los medios y las publicaciones en las redes sociales reciclaron rápidamente este viejo cliché: las mujeres musulmanas necesitan ser rescatadas, rescatadas de su religión, su cultura y sus hombres. A esto se sumó la peligrosa sugerencia de que otra intervención militar al estilo occidental podría de alguna manera iniciar el cambio de régimen y la liberación de las mujeres iraníes, un relato que recuerda perturbadoramente a las justificaciones utilizadas para las intervenciones en Irak y Afganistán. Si bien es innegable que la República Islámica de Irán es represiva, en particular en su trato a las mujeres, como lo demuestra el desgarrador caso de Mahsa Amini, este marco solo cuenta una parte de la historia.

A pesar de las restricciones reales, las mujeres iraníes están lejos de ser débiles y sometidas. De hecho, están entre las más educadas de la región y en muchos casos más educadas que los hombres iraníes. Según datos de la UNESCO y el Banco Mundial, en los últimos años más del 60% de los estudiantes universitarios iraníes son mujeres y la inscripción de mujeres en la universidad alcanzó un máximo del 70-75% a principios de 2010. Hoy en día la mayoría de los graduados en medicina, ingeniería y otros campos STEM (siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) son mujeres y la alfabetización femenina supera el 98%. Estos no son signos de una población a la espera de ser salvada, son signos de una sociedad en la que las mujeres, a pesar de las restricciones legales y culturales, han creado poderosos espacios para la acción, el conocimiento y la resistencia. Las mujeres iraníes han estado durante décadas a la vanguardia de las protestas políticas, los movimientos estudiantiles y la vida intelectual. No necesitan ejércitos occidentales que las «liberen». Lo que necesitan es una solidaridad global que respete su voz y su autonomía, no ataques aéreos formulados como intervenciones feministas.

Este relato de rescate no solo ignora esas realidades, sino que las distorsiona. Aplana las vidas de las mujeres musulmanas hasta reducirlas a una sola historia estática de opresión, borra su agencia, sus logros y su resistencia. Y lo que es peor, a menudo se convierte en un pretexto moral para las decisiones de política exterior tomadas en nombre de la liberación, pero que se llevan a cabo por medio de la violencia.

No niego que la misoginia persista en gran parte del Medio Oriente, el norte de África y el sur de Asia. Desde la denegación de educación hasta el matrimonio forzado e incluso la represión política, la lucha por la igualdad de género está lejos de haber terminado. Pero lo que es preocupante es cómo Occidente se ha apropiado de estas luchas, no para elevar a las mujeres musulmanas, sino para utilizar su sufrimiento como prueba de que el islam es supuestamente retrógrado. Sin embargo, de la misma manera tampoco puedo pretender que la misoginia haya desaparecido de alguna manera en Occidente. Simplemente lleva una vestimenta diferente, desigualdades estructurales en la atención médica, muy pocas mujeres en puestos de liderazgo, niveles epidémicos de violencia de género y la constante mercantilización de los cuerpos de las mujeres. Los militaristas en Occidente pueden hablar el lenguaje de la liberación, pero su propia casa sigue siendo profundamente desigual.

Sin embargo, cuando las mujeres musulmanas realmente necesitan la solidaridad del mundo, cuando sus derechos y sus vidas están bajo asedio, la indignación moral a menudo se reduce, es tardía o está totalmente ausente. Esto es especialmente cierto cuando su sufrimiento se produce fuera de los abusos catalogados que se atribuyen a sus propias llamadas «sociedades patriarcales.» Cuando la violencia contra las mujeres musulmanas la cometen actores estatales, aliados o las llamadas democracias liberales, la respuesta rara vez es una solidaridad urgente, sino que es matizada, cautelosa y, con demasiada frecuencia, silenciosa.

Reflexiono sobre esto en el momento en que la comunidad internacional conmemoraba recientemente el 30 aniversario del genocidio de Srebrenica en el que miles de mujeres musulmanas fueron violadas sistemáticamente por las fuerzas serbias de Bosnia, una campaña de violencia sexual genocida cuyo objetivo era aterrorizar, humillar y, como sostienen algunos estudiosos, eliminar étnicamente a la población bosnia. Estas mujeres enterraron a sus hijos, maridos, padres y hermanos, mientras el mundo observaba y sin intervenir. El silencio no era solo complicidad, era una política.

Pero no necesitamos retroceder décadas para encontrar tales patrones. Veamos lo que ocurre hoy: según ONU Mujeres, más de 28.000 mujeres y niñas han sido asesinadas en Gaza desde que comenzó la guerra en octubre de 2023 (una muerte por hora aproximadamente). Miles más están ahora al borde de la inanición; más de 557.000 mujeres se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria, y las mujeres embarazadas y madres lactantes son las más afectadas.

Hay muchos otros ejemplos. Tomemos la difícil situación de los Rohingya en Myanmar, una de las campañas de limpieza étnica más atroces de la historia reciente. A pesar de los informes ampliamente difundidos sobre violaciones en masa, desplazamientos forzados y ataques deliberados contra mujeres y niños, la crisis nunca recibió la atención constante de los medios de comunicación ni la respuesta política que merecía. En 2022 Estados Unidos reconoció oficialmente que las atrocidades cometidas contra los rohingyas eran un genocidio. Sin embargo, ni siguiera esta calificación se ha traducido en una presión internacional constante, en exigencia de responsabilidades o en una fuerte protección para las mujeres que todavía sufren en los campamentos de refugiados y centros de detención.

Otro ejemplo llamativo es la difícil situación de las mujeres uigures en China. Los informes sobre esterilizaciones forzadas, abusos sexuales e internamientos masivos han circulado durante años. Los documentos del gobierno chino de 2019 muestran que las autoridades tenían el objetivo de esterilizar en dos condados al 14-34% de las mujeres uigures casadas y en algunas zonas rurales las tasas llegaron al 80%. Un fax filtrado de las autoridades de Xinjiang en septiembre de 2020 a CNN reveló que la tasa de natalidad de la región se había desplomado un 32,7% en solo un año y había caído de 15,88 nacimientos por 1.000 personas en 2017 a 10,69 en 2018. Aunque estas atrocidades están bien documentadas, no han provocado una condena global sostenida ni sanciones significativas. El mundo sigue comerciando con China y adquiriendo bienes de fábricas vinculadas al trabajo forzado uigur, y sigue siendo cómplice incluso cuando los cuerpos de las mujeres musulmanas se utilizan como herramientas de control político por medio de políticas coercitivas de control de natalidad y abusos sistemáticos.

Cuando las mujeres musulmanas sufren bajo las llamadas sociedades patriarcales «retrógradas», la indignación a menudo desencadena respuestas políticas rápidas y una condena generalizada. Pero cuando la violencia es infligida por aliados, democracias liberales o naciones con las que comerciamos, la respuesta se vuelve silenciosa, matizada y conveniente políticamente. En cualquier caso, la incoherencia saca a relucir una verdad inquietante: la falta de indignación pone de manifiesto la poca sinceridad de las afirmaciones sobre el «rescate» de mujeres musulmanas, porque si a los líderes occidentales de derechos humanos y a las voces feministas realmente les importara, la difícil situación de las mujeres musulmanas importaría independientemente de quién infligiera la violencia. La empatía selectiva no es solidaridad, es estrategia. Y si la indignación de una persona depende de quién comete la violencia y la opresión, entonces nunca tuvo que ver con las mujeres, sino con afirmar la superioridad cultural, algo falso y vacío.

Texto original: https://znetwork.org/znetarticle/what-the-west-got-wrong-muslim-women-dont-need-saving-and-when-they-do-where-are-you/

Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.  

Compromiso de Tlatelolco excluyó propuesta del movimiento abolicionista mexicano

 Escrito por Wendy Rayón Garay 

.-Ciudad de México.- Cimacnoticias consultó a la feminista Yndira Sandoval sobre si el Compromiso de Tlatelolco incluyó la propuesta del movimiento feminista abolicionista sobre la sociedad de cuidado que se recopiló en el Foro Alterno Feminista; sin embargo, de acuerdo con su testimonio, el documentó quedó fuera para la conformación de esta hoja de ruta que guiará a los países de América Latina y el Caribe en los próximos 10 años respecto a la creación de la sociedad de cuidados.

Hoy fue el último día de la VXI Conferencia Regional sobre las Mujeres en América Latina y el Caribe, el principal foro intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos de las mujeres. El tema central estará dedicado a las transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales para impulsar la sociedad del cuidado y la igualdad de género y el evento se llevó a cabo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco en la Ciudad de México durante el 12 y 15 de agosto.

Al término de la Conferencia, los Estados de la región firmaron el documento Compromiso de Tlatelolco: una década de acción para el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad de cuidados. Entre los compromisos destacados se encuentran: el reconocimiento del cuidado como un derecho; la modificación del nombre de la Conferencia nombrando a las mujeres en plural; el reconocimiento de los conocimientos ancestrales y contribuciones de las mujeres indígenas, afrodescendientes y rurales; la recuperación de derechos sexuales y reproductivos; y la creación de un marco de acción que permita rendir cuentas de la mano con la sociedad civil.

Publican «Compromiso de Tlatelolco» en Conferencia Regional CDMX. Colombia próxima sede – cimacnoticias.com.mx

No obstante, la propuesta del movimiento feminista abolicionista no fue incluida, siendo que esta propuso puntos claves como entender el cuidado implica tomar en cuenta el entorno de la guerra extractivista, capitalista, predadora y de3predadora de los recursos naturales y del tiempo de las mujeres, el cual es distinto al tiempo libre.

Otro punto clave es que, para la feminista Yndira Sandoval, la Conferencia Regional considere borrar a las mujeres como sujetas políticas, por lo que, desde el movimiento feminista abolicionista se hizo un extrañamiento hacia la Agenda Regional que propone regular el trabajo sexual e institucional la explotación sexual, el cual el 80% recae en las mujeres.

En adherencia, se planteó el seguimiento de la Ley 3 de 3 contra la violencia, la cual está relacionada con los deudores alimenticios donde en México actualmente existen 25 millones de hogares en donde las mujeres son jefas de familia y las únicas proveedoras en términos económicos. Para la feminista, esto lo convierte no solo en un asunto de transferencia financiera, sino que el tema de cuidados y educación (de personas enfermas, con discapacidad, de la tercera edad o menores de edad) los absorben las mujeres.

También se añadió el tema de la violencia sexual como un fenómeno que le ocurre mayormente a las niñas y niños en entornos familiares donde se vulneran sus derechos y que no ocurre de forma aislada, sino que es una de las consecuencias de la falta de guarderías e instancias infantiles frente al desmantelamiento de políticas públicas de un Estado corresponsable. Además, mencionó que la participación en política también se relaciona con la sociedad de cuidados, ya que se limitan los derechos políticos y electorales de las mujeres cuando el Estado, el mercado, la sociedad y todo el mundo no está cuidando.

En relación, mencionó el tema de la seguridad donde se quiere vender la idea de la militarización como una medida para sustituir el cuidado comunitario: «Se han vendido la idea que tenemos que estar en toque de guerra en un conflicto armado, no internacional configurado en nuestro país, pretendiendo el tema de que la política de seguridad debe estar con base en las armas y no es así» afirmó Yndira.

Desde una visión abolicionista, se pretende que en el tema de cuidados de despatriarcalicen y desfeminizar la idea de que es un monopolio exclusivo para las mujeres, según compartió Yndira. Además, compartió que una sociedad cuidadora es aquella democrática, igualitaria y justa, pero que también procura una vida libre de violencia, la sustentabilidad, la corresponsabilidad, la participación política, entre otros.

La exclusión del movimiento feminista abolicionista

Pese a sus propuestas, durante su visita al Centro Cultural Universitario Tlatelolco el pasado martes 12 de agosto, Yndira mencionó que se enfrentaron a tres realidades «la institucionalización del borrado de las mujeres, donde se le permite a un hombre que se auto percibe mujer leer los postulados; a la exclusión institucional y formalizada evidenciada a través de los micrófonos de Naciones Unidas; y a la violencia política sistemática eh e institucional contra las mujeres por el hecho de ser y nacer mujeres».

Esto sucedió porque durante el primer día de actividades de la Conferencia Regional la participación de Yndira al dar las conclusiones del Foro Alterno Feminista, fue cancelada por la secretaria de las Mujeres Citlali Hernández bajo el argumento de que la participación de la ponente no estaba registrada en el orden del día del evento. La mandataria señaló que la Secretaría de las Mujeres no tenía injerencia en la organización, la inclusión ni la declaratoria del Foro Feminista, por lo que insistió en que no se trató de un acto de censura, sino de que “no era el momento para dar dicha declaración”.

En respuesta, Yndira apuntó que, en realidad, nunca hubo una intención de dejarlas participar en ningún espacio de la Conferencia Regional, siendo que ellas no interrumpieron el evento, ya que presentaron el momento exacto donde los diversos foros exponían las conclusiones y propuestas de sus espacios: «No tomamos el micrófono de manera indebida, como dijo la presidenta de la Comisión Regional, jefa de la delegación mexicana y secretaria de las mujeres. Esa esa acreditación que yo tuve para entrar, ella me la otorgó como jefa de la delegación. Yo no era una intrusa ni una infiltrada», mencionó.

Impiden lectura de resolutivos del Foro Feminista Alterno abolicionista en Conferencia Regional CDMX – cimacnoticias.com.mx

Cabe mencionar que, a una semana de que se realizara la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en la Ciudad de México, diferentes colectivas feministas y organizaciones denunciaron «censura ideológica» y su exclusión del Foro Feminista, ya que se estableció una cláusula qude contraviene a lo establecido por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en ingles) en su sexto articulo: «Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer«.

Para las colectivas feministas y organizaciones denunciantes, dicha acción constituye un acto de «censura ideológica y vulneración al derecho a la participación en espacios de deliberación internacional». A esto se suma que, en 2019 la entonces directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka (agosto 2013-agosto 2021), informó por medio de una carta que la organización no estaba a favor o en contra de la despenalización o legalización de la explotación sexual referida como «trabajo sexual», después de una petición mundial de más de 4 mil organizaciones, defensoras de derechos humanos y sobrevivientes de la trata e industria del sexo.

Feministas abolicionistas acusan «censura ideológica» de CEPAL-ONU al excluirlas del Foro Feminista – cimacnoticias.com.mx

En consecuencia, el movimiento abolicionista tuvo que crear su propio espacio para poner en el centro sus propuestas sobre el tema de cuidados. El evento se realizó en la Cámara de Diputados el pasado lunes 10 de agosto al mismo tiempo en que se llevó a cabo el Foro Parlamentario, en la misma Cámara y el Foro Feminista en el Palacio de Mineria.

Respecto al Compromiso de Tlatelolco, Yndira apuntó que fue un pacto patriarcal, capitalista y excluyente:

«Que quede muy claro que las mujeres son las más excluidas y borradas de sus propios espacios para que revisemos qué tanto terreno va ganando el patriarcado y sus normas porque hay quienes le cuidan hablando de cuidados, los intereses a estos personajes que con capitales institucionales se han encargado de menoscabar los derechos humanos de las mujeres, pero habemos voces que tenemos claro que se nace mujer y por serlo se nos discrimina y la y Naciones Unidas hoy deja claro de que la gusta y no es de las mujeres» -Yndira Sandoval

Cada 20 segundos una adolescente se convierte en madre en AL y el Caribe

 Escrito por Paola Piña 

CIMAC FOTO.- Ciudad de México.– Cada 20 segundos, una adolescente se convierte en madre en América Latina y el Caribe, esto significa que cada año, 1.6 millones de jóvenes paren en la región, esto de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) lo que denota que la educación sexual integral y acceso al aborto siguen siendo derechos no garantizados, por lo que se trata de una conversación necesaria dentro de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

América Latina y el Caribe registran la segunda tasa más alta de fecundidad adolescente en el mundo, solo por debajo del África Subsahariana, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el embarazo adolescente está estrechamente vinculado a uniones tempranas y a la violencia sexual, especialmente en menores de 15 años.

Las mujeres que se embarazan en la adolescencia tienen menos probabilidades de continuar sus estudios que aquellas que son madres después de los 20 años. Quienes ejercen la maternidad en la adultez tienen tres veces más posibilidades de completar su formación académica y, en consecuencia, triplican la probabilidad de obtener mejores ingresos en el mercado laboral.

Aquellas mujeres que optan por no continuar con su embarazo siguen enfrentándose a la criminalización al buscar la interrupción del mismo. En la región, hay cinco países donde el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia: Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

En Costa Rica, Venezuela, Guatemala, Paraguay y Perú, el aborto solo es legal cuando la vida o la salud de las mujeres corre riesgo. Brasil y Chile permiten, además, la interrupción en casos de violación o cuando existen problemas graves que impedirían el desarrollo adecuado del feto.

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional la penalización absoluta del aborto. Sin embargo, en 8 de sus 32 estados aún es ilegal interrumpir un embarazo, y en las 24 entidades donde está despenalizado no se garantiza un acceso pleno y seguro, ya que persisten la criminalización, la falta de medicamentos, el estigma y la discriminación.

En América Latina y el Caribe, siete países han despenalizado el aborto en su totalidad: Cuba, Argentina, Colombia, Uruguay, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico. No obstante, casos como el de México demuestran que la despenalización a nivel federal no garantiza por si misma un acceso real y seguro.

CIMAC: César Martínez López

En América Latina y el Caribe, la mortalidad materna figura entre las tres principales causas de muerte en adolescentes de 15 a 19 años. Para las menores de 15, el riesgo de morir por complicaciones relacionadas con el embarazo es hasta tres veces mayor que en mujeres mayores de 20. A esta cifra se suma un dato alarmante: cada año, unas 670 mil adolescentes de entre 15 y 19 años se someten a abortos inseguros en la región.

Cabe destacar que en la región, la legislación en cuanto a derechos sexuales y reproductivos es mínima. El acceso a la anticoncepción está consagrado a nivel constitucional únicamente en seis países: Bolivia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay y Venezuela.

Asimismo, solo siete países de la región incluyen en sus constituciones una referencia explícita al deber del Estado de garantizar la salud sexual y reproductiva: México (desde la reforma constitucional de 1974 y en reformas posteriores), Colombia (1991), Paraguay (1992), Venezuela (1999), Ecuador (2008), Bolivia (2009) y Cuba (2019).

¿Hemos avanzado en educación sexual integral?

Pese a este panorama, el informe La educación integral de la sexualidad en América Latina y el Caribe: Un llamado a la acción en contextos de incertidumbre, publicado por la UNFPA, señala que la educación integral en sexualidad (EIS) en escuelas y otros espacios educativos sigue siendo desigual y enfrenta grandes desafíos en calidad, cobertura y enfoque.

Menos de la mitad de los países de la región han hecho obligatorios todos los contenidos de la EIS. En muchos casos, los programas están condicionados por enfoques moralistas o puramente biologicistas, que omiten temas esenciales como derechos sexuales y reproductivos, perspectiva de género, diversidad sexual, placer y conductas sexuales responsables.

La situación es aún más crítica en comunidades históricamente marginadas: las adolescentes afrodescendientes tienen un 50% más probabilidades de ser madres que otras jóvenes. Si bien se han impulsado proyectos de EIS enfocados en poblaciones vulnerables, como adolescentes fuera de la escuela, comunidades indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad y población LGBTI+, la cobertura y sostenibilidad de estas iniciativas siguen siendo insuficientes.

A esto se suma que el presupuesto destinado a desarrollar EIS es mínimo o inexistente, y que los mecanismos de monitoreo y evaluación, incluidos los resultados de aprendizaje del estudiantado, son limitados o nulos.

“La igualdad es una inversión, no un gasto”: mujeres en XVI Conferencia Regional

 Escrito por Wendy Rayón Garay

 

CIMAC Foto.-Ciudad de Mexico.- De acuerdo con Sonia Brucke, viceministra de Igualdad y No Discriminación del Ministerio de la Mujer del Paraguay, son seis los ejes de atención que los países de America Latina y el Caribe deben dar prioridad para el financiamiento de una sociedad de cuidados: contar con indicadores claros, incorporar la perspectiva de género en las instituciones financieras, incluir a las mujeres en la creación de las políticas públicas, reducir la desigualdad, superar las prioridades nacionales, así como reconocer que la igualdad es una inversión y no un gasto.

Una de las barreras para conformar una sociedad de cuidados, así como para alcanzar derechos para las mujeres, es la económica. Por ello, durante el segundo día de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer en America Latina y el Caribe, celebrada entre el 12 al 15 de agosto en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Ciudad de México; se llevó a cabo una discusión sobre el financiamiento para la igualdad de género en donde varias representantes de diversos países recalcaron los vacíos que existen en diferentes Estados de la Región. 

El debate estuvo dirigido por Mayra Jiménez, ministra de la Mujer en República Dominicana; Mario Mariel, ministro de Hacienda de Chile; Alejandra Claros Borda, secretaría general del Banco de Desarrollo de America Latina y el Caribe (CAF); Ana María Alonso Giganto, embajadora en Misión Especial para la Política Exterior Feminista del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en España; Ayesha Constable, coordinadora de GirlsCARE; Verónica Serafini, especialista en Género y Macroeconomía de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD); y Sonia Brucke, viceministra de Igualdad y No Discriminación del Ministerio de la Mujer del Paraguay.

Para Sonia Brucke se debe contar con indicadores claros y medibles que permitan sustentar las políticas públicas con datos concretos. Estos indicadores, señaló, son fundamentales para formular argumentos sólidos que impulsen acciones efectivas. Asimismo, planteó la importancia de incorporar la perspectiva de género en las intimidades financieras y económicas. Para ello, propuso que los bancos de desarrollo, centrales, organismos de cooperación y ministerios de economía adopten una política económica y fiscal feminista que incluya esta visión en su funcionamiento interno.

La viceministra también destacó la participación activa de las mujeres en la construcción de políticas públicas como una clave fundamental. Esto porque no basta con presentar solicitudes a los gobiernos, sino que es necesario formar parte de las mesas de trabajo del diseño mismo de las políticas. Por otro lado, hizo un llamado a reducir las desigualdades que afectan al liderazgo y la igualdad de género, garantizando así oportunidades para las mujeres.

Otra propuesta que se manejó en el foro, es superar las prioridades nacionales para abordar los desafíos globales. Según afirmó Sonia Brucke, la igualdad de género y la justicia social trascienden fronteras y requieren de cooperación internacional para ser efectivas. Finalmente, sostuvo que la igualdad debe entenderse como una inversión y no como un gasto. Explicó que si recursos destinados a este objetivo fortalecen el desarrollo, mejorando así la calidad de vida de muchas mujeres.

La apuesta financiera

Desde República Dominicana, se está apostando por el aumento de la inversión pública y la incorporación de la política de cuidados en la Ley de Presupuesto General del Estado, según mencionó Mayra Jiménez, ministra de la Mujer en el país. 

Por ello, para visibilizar el impacto de la política nacional se realizó un estudio que reveló una posible generación de 127 mil y 370 mil empleos, así como reducir la pobreza monetaria general entre un 1.9% y un 6.6% con mayor incidencia positiva en las mujeres como una consecuencia de sus acciones a implementar. 

La mandataria indicó que invertir en cuidados es contribuir a la igualdad social y de género, uno de los pilares del desarrollo económico y social del país. El estudio también demuestra que esta política es fiscalmente viable y tiene un gran potencia,como motor económico, generador de empleos y promotor de capacidades y autonomía para las personas, incluyendo a quienes brindan cuidados. De esta manera, se prevé que se podrá redistribuir la responsabilidad del trabajo de cuidados de una manera más justa.

En Chile, el ministro de Hacienda Mario Mariel explicó que existe una urgencia de fortalecer el sistema de cuidados, porque tienen una población de 20 millones de habitantes y al menos 1.5 millones viven en situación de dependencia severa, afectando de manera desproporcionada a las mujeres quienes asumen las taras del cuidado fuera del mercado laboral formal y en condiciones precarias. 

Mencionó que durante la pandemia, muchas mujeres abandonaron sus empleos para dedicarse al cuidado no remunerado profundizando así las brechas de género y la desigualdad en el acceso a ingresos y seguridad social. Ante este escenario, el gobierno actual está impulsando un programa nacional de sistemas de cuidado con un aumento del caso 30% en el presupuesto destinado a este sector en 2025 y para 2034 se prevé una proyección superior al 40%. 

Por otro lado, en el país se presentó un proyecto de ley sobre cuidados que se encuentra en el Congreso Nacional. Esta propuesta, busca estructurar y coordinar una red nacional e cuidados, integrando a municipios para garantizar atención a niñez, personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia. El financiamiento a este sistema se ha reconocido como parte del pacto fiscal que busca aumentar los ingresos del Estado y repartirlos de manera prioritaria a áreas sociales como salud y los cuidados. 

En los últimos diez años, Chile logró reducir la informalidad laboral del 28% al 26%, pero persiste una alta concentración de trabajos precarios en el sector de cuidados. El fortalecimiento del sistema, junto con programas de capacitación y la asignación sostenible de recursos, busca no solo mejorar la calidad de vida de las personas que requieren cuidados, sino también garantizar que quienes los brindan cuenten con mejores condiciones laborales y acceso a derechos sociales.

Pese a estos ejemplos, Alejandra Claros Borda, secretaría general del Banco de Desarrollo de America Latina y el Caribe (CAF), señaló que las ciudades con menor acceso a recursos necesitan que se les destinen presupuestos e inversiones para que puedan vivir con dignidad y libertad. 

Algunas cifras que muestran el otro lado de la región señalan que el 99% de los ministros de economía y finanzas en America Latina y el Caribe son hombres, lo que limita la inclusión de las perspectiva de género en la toma de desiciones presupuestarias. Alejandra Claros Borda también agregó que en muchos países, los informes nacionales a las naciones unidas muestran solo un pequeño porcentaje de los presupuéstalos que están destinados a iniciativas que favorecen la igualdad lo que revela que las prioridades aún no se orientan hacia políticas inclusivas.

Importancia del financiamiento 

Actualmente, las mujeres representan la mayoría de las personas empleadas en sectores como el trabajo doméstico y de cuidados, muchas veces en condiciones precarias y sin acceso a derechos plenos. Por lo que, la secretaría Alejandra Claros Borda determinó la necesidad de un análisis financiero sobre una re orientación del gasto público que reconozca el valor económico y social del trabajo de las mujeres, asegurando salarios justos, condiciones dignas y oportunidades de desarrollo profesional.  

Finalmente, afirmó que la construcción de un sistema económico más justo requiere la participación activa de las mujeres en todos los niveles de decisión y la transformación de las estructuras que perpetúan la desigualdad. Para la oradora, invertir en la igualdad de género no es solo un acto de justicia social, sino una estrategia de desarrollo que libera el potencial de las personas y fortalece a las comunidades en su conjunto.

Asimismo, Verónica Serafini, especialista en Género y Macroeconomía de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD), apuntó la necesidad de contar con liderazgos en políticas educativas, ya que existen millones de mujeres insertas en los sistemas educativos y cuya participación es clave para impulsar el desarrollo inclusivo.

Sin embargo, advirtió que la región sigue siendo profundamente desigual y que es necesaria una mejor distribución del tiempo y de las oportunidades laborales para cerrar las brechas persistentes. Asimismo, subrayó que el acceso de las mujeres al capital y a los sectores estratégicos debe verse como un motor de crecimiento, aunque actualmente se avance de manera lenta y con rezagos.

En este sentido, señaló que la justicia social implica no solo garantizar igualdad de condiciones, sino también revertir prácticas discriminatorias que afectan a las mujeres en distintos ámbitos, desde el acceso a servicios de calidad hasta su participación en espacios políticos y económicos.

En muchos contextos, las mujeres son relegadas a posiciones menos visibles o menos valoradas, y que esto se traduce en una exclusión sistemática que va desde lo simbólico hasta lo económico. Por lo que, la especialista en género advirtió que estas prácticas perpetúan la desigualdad y obstaculizan el desarrollo integral de las comunidades.

Acuerdo de Escazú, el primer tratado que protege a defensoras ambientales

 Escrito por Wendy Rayón Garay 

Crédito: Pexels.-Ciudad de México.- En América Latina y el Caribe, el Acuerdo Escazú funciona como un instrumento internacional que reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, pero también reconoce la defensa de las personas defensoras ambientales, en quienes recae la labor de la protección de los territorios y los recursos, una tarea que recae en las mujeres gracias a la preservación de sus conocimientos ancestrales.

Fue firmado el 4 de marzo de 2018 derivado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) en 2012. Desde entonces alrededor de 16 países de los 33 de la región lo han firmado, entre ellos se encuentran Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información Ambiental, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en América Latina y el Caribe (también conocidos como Acuerdo de Escazú) es el primer acuerdo en el mundo que establece disposiciones especificas para promover, proteger y defender a las personas defensoras de derechos humanos en temas ambientales.

En América Latina y el Caribe se producen diferentes agresiones contra este sector de la población, sobre todo en contextos mineros, turísticos, hidroeléctricos y agroindustriales donde se realizan proyectos sin la consulta y consentimiento comunitario previo a su construcción. Son las mujeres, pueblos indígenas y personas afrodescendientes quienes se posicionan como defensoras ambientales enfrentando amenazas como la criminalización de su trabajo, violencia de género, intimidación, campañas de desprestigio e incluso asesinato.

Datos de Parlamentarios para la Acción Global (PGA, por sus siglas en inglés) señalan que, el 6% de la población mundial gestionan poco más de una cuarta parte de la tierra salvaguardando el 80% de la biodiversidad. En cambio, mas de un tercio de los ataques mortales están dirigidos a pueblos indígenas. También señalan que, en la región de América Latina y el Caribe, estos sectores mantienen 400 millones de hectáreas de tierra y albergan el 40% de los bosques naturales.

De acuerdo con ONU Mujeres, la región es una de las zonas mas afectadas por asesinatos a mujeres defensoras. Uno de cada cinco ocurre en la selva amazónica donde se ejerce violencia, tortura y amenazas. En 2023, alrededor de 126 defensoras ambientales fueres asesinadas en América Latina (Colombia, Honduras, Brasil y México).

Las mujeres son quienes ocupan un rol primordial en la gestión de los recursos naturales, ya que no solo lideran la protección de los territorios y ecosistemas, sino que actúan como agentes de cambio gracias a sus saberes ancestrales y comunitarios, que priorizan el cuidado y preservación de la tierra, según apuntó ONU Mujeres.

Acuerdo de Escazú y sus implicaciones

Uno de sus antecedentes fue el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la Cumbre de la Tierra de Naciones Unidas en 1992 y el Acuerdo de Aarhus de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa en 1998. A partir de la creación del Acuerdo de Escazú, los Estados firmantes se comprometieron a elaborar un acuerdo regional para implementar los derechos propuestos.

Otras obligaciones que asumen los Estados son reconocer el derecho de todos a un ambiente sano y equilibrado; tomar medidas para garantizar la implementación de los tres derechos: acceso a información pública, toma de decisiones y justicia ambiental; ayudar a grupos vulnerables y en sus derechos ambientales; y crear un entorno para el trabajo de personas defensoras que promuevan la protección del medio ambiente con reconocimiento y protección.

De acuerdo con el Acuerdo de Escazú, en cuanto al derecho al acceso a la información ambiental, se establecen cuáles son los requisitos para su accesibilidad y las disposiciones que regulan el deber estatal de generar, recopilar y difundir la información ambiental relevante de forma oportuna, comprensibles y actualizada.

Entre sus disposiciones, ordena implementar sistemas de información ambiental; crear un registro de emisiones y transferencias contaminantes; publicar, al menos cada cinco años, un informe nacional sobre el estado del medio ambiente; realizar evaluaciones independientes del impacto de las políticas ambientales; proporcionar a consumidores y usuarios datos oficiales, claros y pertinentes sobre el impacto ambiental y en la salud; mantener y actualizar los sistemas de archivo y gestión documental en materia ambiental; e incentivar que empresas públicas y privadas elaboren informes de sostenibilidad.

Sobre el derecho a la participación pública en la toma de decisiones ambientales, el tratado advierte que, esta debe darse desde las primeras etapas de los procesos. Además debe desarrollarse en plazos razonables, de manera informada y con la consideración de opiniones recibidas. Para que sea efectiva, deben tomarse en cuenta características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género de las comunidades involucradas.

Impone al Estado firmante la obligación de garantizar que la participación sea abierta e inclusiva. Esto significa que las personas deben tener la oportunidad de intervenir en la toma de decisiones, así como en las revisiones o actualizaciones de proyectos, actividades y otros procedimientos de autorización que tengan un impacto ambiental significativo.

Asimismo, el Estado debe promover la participación pública en procesos más amplios, como la planificación del territorio, y la formulación de políticas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos que puedan generar consecuencias relevantes para el medio ambiente. Con ello, el Acuerdo busca que la ciudadanía no solo este informada, sino que pueda incidir de manera real en la gestión y protección ambiental desde el inicio.

Finalmente, contempla que para garantizar el derecho a la justicia social (judicial y administrativo) en el medio ambiente, se deben cumplir con garantías del debido proceso ambiental, lo que implica que las decisiones se tomen respetando la ley y asegurando la participación y defensa de las partes involucradas. Para lograrlo, cada país debe contar con instituciones competentes que tengan conocimientos especializados en materia ambiental. Además. los procedimientos deben ser efectivos, rápidos, públicos, transparentes, imparciales y no tener costo.

De la misma manera, contempla que la ciudadanía tenga un recursos para presentar demandas, así como solicitar medidas cautelares provisionales para prevenir daños mientras se resuelve un caso. También establece facilidades para demostrar el daño ambiental.

Este acuerdo va de la mano del objetivo 16 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el cual busca promover sociedades libres de miedo y violencia, en donde se garantice el acceso a la justicia. Por ello, el tratado reconoce la interrelación e interdependencia entre los tres derechos del acuerdo para hacer efectivos otros derechos humanos como la salud, alimentación, agua potable, saneamiento, vivienda y paz.

Mujeres indígenas, las cuidadoras y defensoras de la tierra a pesar de múltiples amenazas que enfrentan

 Escrito por Paola Piña 5

Foto: Julieta Regina León Marín.-Ciudad de México.– En la mesa “Lineamientos para políticas de cuidado desde una perspectiva de género, territorial e interseccional”, realizada en el marco de la XVI Conferencia Regional, se subrayó que la crisis climática tiene un impacto desigual, afectando con mayor dureza a las mujeres en comunidades indígenas, donde el despojo territorial y el desplazamiento forzado se suman a los riesgos que enfrentan quienes defienden la tierra y los recursos naturales.

Tarcila Rivera Zea, defensora en el reconocimiento de las culturas y los pueblos indígenas de Perú, señaló que son principalmente las mujeres indígenas quienes asumen las labores de cuidado y la defensa de la madre tierra, aplicando tanto sus conocimientos y prácticas ancestrales como sus innovaciones, a pesar de las múltiples amenazas que enfrentan.

Cabe destacar que las mujeres defensoras de la tierra enfrentan un triple riesgo: por ser mujeres, por pertenecer a comunidades indígenas y por su labor como defensoras. De acuerdo con IM-Defensoras, entre 2012 y 2024 se documentaron 9 mil 629 agresiones contra defensoras y organizaciones que protegen la tierra, el territorio y el medio ambiente en Mesoamérica, periodo en el que fueron asesinadas 35 mujeres defensoras ambientales.

Esto se da ante un escenario de crisis climática que genera impactos devastadores en todo el planeta, afectando especialmente a los territorios y pueblos indígenas, donde las mujeres y niñas son las más vulnerables. Explicó que esta crisis es consecuencia de un modelo económico basado en la sobreexplotación de los recursos naturales, que se ve agravado por amenazas como la invasión de industrias extractivas, los agronegocios sustentados en monocultivos, el uso de agrotóxicos, semillas transgénicas y variedades resistentes artificiales, así como la deforestación, la contaminación, el narcotráfico y el tráfico de tierras.

Al hablar de cuidados, explicó Rivera, no solo se debe pensar en los que se brindan a las familias y comunidades, sino también en aquellos orientados a la defensa, protección, gestión y recuperación del territorio: los ecosistemas terrestres y marinos, los ríos, los nacimientos de agua, las semillas y la biodiversidad.

Esta situación, sumada a la pobreza ambiental, acelera la pérdida de la diversidad biológica y cultural, afectando negativamente la economía, la seguridad y la soberanía alimentaria, así como el acceso al agua y a tierras cultivables. También repercute gravemente en la salud física y mental de las mujeres campesinas e indígenas, tanto en zonas urbanas como rurales.

Pese a este panorama y a las supuestas medidas contra la crisis climática, se denunció que algunos Estados imponen o permiten acciones que limitan el acceso a áreas de conservación, negocian proyectos de créditos de carbono y energías renovables en territorios indígenas sin el consentimiento de las comunidades.

¿Qué se está haciendo en la región? 

Los países de América Latina y el Caribe han desarrollado una herramienta pionera en el ámbito de la protección ambiental y los derechos humanos, que refleja la ambición, las prioridades y las particularidades de la región. El Acuerdo de Escazú constituye un avance fundamental para garantizar el derecho de todas las personas a acceder a la información y participar en políticas, proyectos y decisiones en asuntos ambientales que afectan directamente a la población, con un énfasis especial en las mujeres.

No obstante, la crisis climática continúa impactando de manera devastadora a múltiples territorios de la región. La Delegación de Colombia señaló que actualmente enfrenta una policrisis que combina cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación y precarización de los trabajos de cuidado.

Frente a este escenario, enfatizaron que las cuidadoras ambientales también deben ser consideradas sujetos y beneficiarias de las políticas de cuidado, mientras que el ambiente debe ser reconocido como un sujeto de cuidado. Por ello, las políticas de cuidado deben incluir dimensiones como el cuidado rural, ambiental, comunitario, del territorio, espiritual y ancestral, especialmente relevante para los pueblos indígenas y afrodescendientes.

En este contexto, la Delegación de Colombia destacó que la semana pasada se logró acordar con los pueblos indígenas la realización de la consulta previa, conforme al Convenio 169 de la OIT, para el Sistema Nacional de Cuidados. Este sistema será el primero en someterse a consulta previa con pueblos indígenas y afrodescendientes, con el objetivo de garantizar que incorpore de manera efectiva sus visiones, saberes y necesidades.

A la par, la Delegación de México coincidió en que las mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales y jóvenes han sido históricamente guardianas de la vida y la naturaleza, pero enfrentan una doble carga: realizan hasta tres veces más trabajo no remunerado que los hombres y, al mismo tiempo, lideran la defensa de territorios, la gestión del agua, la agricultura sostenible y la transmisión de saberes ancestrales frente a los efectos del cambio climático.

Además, subrayó que la crisis climática no es neutral, ya que profundiza las desigualdades, agrava la pobreza y multiplica las tareas de cuidado, especialmente en comunidades vulnerables. Por ello, México afirmó que construir sistemas de cuidado resilientes al cambio climático es clave para garantizar derechos y fortalecer comunidades, lo que requiere inversión suficiente, datos desagregados, participación plena de las mujeres en la toma de decisiones y cooperación regional para compartir conocimientos y buenas prácticas.

Asimismo, la Delegación de Guatemala, junto con autoridades y liderazgos sociales, destacó que dos derechos fundamentales, el derecho al cuidado y el cuidado de la tierra, no pueden separarse, ya que existe una sinergia entre ambos. Señalaron que, si no se protege el planeta, será imposible cuidar de las personas; y que, sin garantizar el derecho al cuidado, el tejido social que sostiene a las comunidades continuará debilitándose.

Para que este cambio sea real y sostenible, Guatemala considera indispensables ciertos aceleradores: marcos legales inclusivos, educación equitativa, políticas integradas que unan lo social y lo ambiental, innovación y, sobre todo, una movilización social que valore el cuidado en todas sus formas.

Tener un orgasmo y hablarlo, afirma el placer como un acto político: Mónica Mandujano

 Escrito por Arlette Monserrath Valencia Ángeles 

Foto de Kindel Media: https://www.pexels.com/es-es/foto/sonriente-sonriendo-enfoque-suave-perfil-lateral-7298651/

.-Ciudad de México- Tener un orgasmo y hablarlo posiciona la existencia como mujeres y afirma el placer como un acto político porque el buscar tu lugar y no dejar que te silencien -aunque ese sonido sea sexual- es un acto de hacerse presente y hacer que tu placer cuente, así lo señaló Mónica Mandujano, sexóloga, psicóloga, terapeuta de pareja y orientadora sexual.

Saber que el clítoris tiene como única función provocarnos excitación a las mujeres y que además el cerebro es un gestor fundamental para sentir placer, pone en la mesa información que nos han negado y que ahora que nos comienzan a tomar como sujetas en la historia, medicina y ciencia. Podemos conocer todos los beneficios psicológicos, mentales, hormonales y físicas que trae consigo el orgasmo.

Deconstruir la experiencia erótica desde la conmemoración al orgasmo femenino, nos permite preguntarnos con honestidad si el orgasmo es algo que realmente deseamos, o si simplemente hemos sido conducidas a valorarlo como una meta imprescindible. Solo desde esa libertad crítica podremos aceptar, sin culpa ni frustración, que tal vez no nos interese, y que eso también es válido en un camino de verdadera liberación sexual.

El orgasmo femenino no es solo una descarga fisiológica ni simplemente el punto climático del placer, es también una forma de expresión, un lenguaje del cuerpo que reclama nuestro deseo, autonomía y libertad. Por eso cada 8 de agosto, día internacional del orgasmo femenino suele ser el momento perfecto para retomar la conversación. 

Aunque esto resulta alentador en una sociedad que ha oprimido a las mujeres, la invitación a explorar nuestra sexualidad y masturbarse como una práctica natural y sana, se encuentra presa, enraizada en nuestras creencias, en el sentimiento de culpa y vergüenza. Por eso urge desaprender y despatriarcalizar.

Reclamar el propio deseo es rebelarse, afirmó la especialista. Es por eso que debemos dejar de responsabilizarnos del placer del otro y comenzar a atender y satisfacer el propio. Para esto la sexóloga considera fundamental desmitificar el sexo y acercarlo a la realidad femenina:

“Conocemos el sexo como un acto penetrativo, pero en el placer femenino es lo que menos funciona” explicó, pues el pene no es indispensable para el orgasmo femenino y podemos estimular el clítoris de otras formas incluso desde la individualidad “ponemos en riesgo el ego masculino” pues le quitamos poder en esta forma de control. 

Por otra parte, Mandujano menciona la existencia de algunas corrientes del feminismo que por la ruta histórica y de manera comprensible, anulan la posibilidad de reconocernos como seres sexuales, pues se puede interpretar como si continuáramos siendo parte de la agenda masculina como un instrumento.

Hemos normalizado llegar a etapas como la universidad y comenzar nuestra sexualidad en blanco ¿Por qué nos parece natural vivir llenas de dudas en silencio? Damos por sentado que tenemos autonomía y somos una sociedad con libertad sexual porque ya no se juzga el sexo fuera del matrimonio, sin embargo, tenerlo, no asegura el goce pleno de nuestra sexualidad. Mónica recuerda que la ruta adecuada para vivir esta experiencia de forma placentera, desde una genuina libertad es una: la ruta educativa.

El sistema educativo continúa basándose en poner la responsabilidad únicamente en las niñas, adolescentes y mujeres.

“Nos enseñan a decir que no. No te embaraces, no te enfermes, no digas que quieres tener sexo. Entonces, cuando estás con una persona en la que confías, con la que estás segura, con la que no te puedes enfermar y cuentas con las medidas para no embarazarte, esta idea que taladrada nuestra cabeza -decir que NO- hace que nos cueste mucho trabajo pedir cosas que sí nos gustan” enfatiza la sexóloga Mónica Mandujano. 

Aunado a esto, los sesgos educativos provocan el desconocimiento de órganos como la vulva. La especialista reconoce lo impresionante que resulta que consideren a las niñas demasiado pequeñas para saber dónde está el clítoris o la uretra, pero a la vez no considerarlas lo suficientemente pequeñas para obligarlas a memorizar toda una estructura cerebral o las partes internas de un órgano como el ojo que no está totalmente expuesto “Es un paralelismo: es cuerpo, es anatomía, es biología. Si sabes que tienes, sabes cómo cuidarlo”. 

La sexóloga, psicóloga, terapeuta de pareja y orientadora sexual hace énfasis en mirar el contexto actual, cómo invisibilizar el orgasmo alimenta problemáticas como el debate continuo sobre el derecho al aborto, es decir, el derecho al placer va muy de la mano al derecho de decidir sobre el propio cuerpo “Seguimos en un objetivo de placer masculino, donde la sexualidad femenina se limita a complacer a los hombres o a un acto reproductivo”. 

Pero el orgasmo sigue latente, en la cultura y sociedad que no solo lo niega, sino que además cuando lo nombra, lo ridiculiza.

Permitirse sentir y expresar el orgasmo con honestidad es, en sí mismo, un acto político en una cultura que históricamente ha reprimido y controlado el placer femenino, no sorprende, entonces, que el 80 por ciento de las mujeres en relaciones heterosexuales haya fingido un orgasmo, convirtiéndolo hasta hoy en una experiencia más performática que auténtica. 

Es común para las mujeres, caer en una constante contradicción al vivir en una sociedad supuestamente abierta pero que se incomoda ante una mujer que conoce su cuerpo, placer y abraza su deseo y que, al mismo tiempo, de no hacerlo en pleno 2025 se encuentra presionada y es señalada.

«Necesario reconocer a mujeres afrodescendientes como lideresas y socias»: Paola Yáñez

 Escrito por Dennisse Robles Ramírez y Arlette Monserrath Valencia Ángeles

Foto: Arlette Monserrath Valencia Angeles.-Ciudad de México.- En la vida, todas las personas requerimos cuidados y apoyo, sin embargo, no todas lo requieren en la misma forma y cantidad, por eso que en la XVI Conferencia Regional CDMX, se presentó el documento “Lineamientos para políticas desde una perspectiva de género, territorial e interseccional», donde se expuso un repositorio que contempla desigualdades y contexto con el fin de que existan políticas de un sistema de cuidados que no sólo sea justo, sino que pueda reparar años de exclusión a grupos históricamente discriminados. 

Paola Yañez, coordinadora general de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, señaló durante la presentación que “el documento no es sólo un informe técnico, es un mapa que demuestra las desigualdades que vivimos las mujeres, especialmente las racializadas, empobrecidas e inmigrantes de América Latina y el Caribe. Este nos propone una hoja de ruta para desmontar el colonialismo en los cuidados”.

Durante su intervención, Yañez recalcó la urgencia de aplicar una verdadera perspectiva interseccional en las políticas de cuidado. Señaló que no basta con hablar de “las mujeres” en términos generales, ya que las experiencias y barreras son profundamente distintas. “Una mujer afrodescendiente, migrante y con discapacidad en República Dominicana enfrenta barreras triples para acceder a los servicios de cuidado”, advirtió. “El enfoque interseccional no es una olimpiada de opresión —añadió—, sino una invitación a comprender en profundidad el mundo en que vivimos y a imaginar los países que queremos”. 

En cuanto a sus propuestas, destacó que experiencias como las “manzanas del cuidado” en Bogotá son un avance, pero deben incluir como socias activas a las lideresas afro que han sostenido históricamente comedores populares y guarderías informales “deben ser socias y no solo beneficiarias”.

También abogó por presupuestos con enfoque étnico-racial, con partidas específicas para cooperativas de mujeres negras. Finalmente, planteó un enfoque decolonial que respete los sistemas de cuidado ancestrales y repare siglos de exclusión, reconociendo a las mujeres afrodescendientes como lideresas y no solo como mano de obra barata.

En la región, abordar políticas de cuidado con enfoque de género, territorial e interseccional se impulsa a partir del reconocimiento de una realidad estructural: el trabajo de cuidado —tanto remunerado como no remunerado— es indispensable para el sostenimiento de la vida, pero ha sido históricamente invisibilizado, desvalorizado y feminizado.

La sobrecarga del cuidado recae principalmente en mujeres, pero no podemos llegar todas si solo hablamos de mujeres, pues necesitamos hablar de quienes han sido invisibilizadas: mujeres con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, rurales, migrantes o en situación de pobreza, quienes enfrentan mayores barreras para acceder a servicios, reconocimiento y condiciones dignas.

Ante este escenario se presentó un documento elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El origen de los “Lineamientos para políticas de cuidado desde una perspectiva de género, territorial e interseccional” nace como parte de los compromisos de Buenos Aires, Argentina, acordado en la XV Conferencia Regional sobre la Mujer en 2022.

Tiene especial relevancia porque ofrece un marco común para que los Estados adopten políticas de cuidado adaptadas a su realidad local, vinculando el cuidado con la economía, el empleo decente, el cambio climático y la reducción de desigualdades. Reconoce al cuidado como pilar de la igualdad de género, la cohesión social y el desarrollo sostenible, y propone mecanismos para cerrar brechas estructurales, garantizando derechos e integrando a todos los niveles de gobierno y actores sociales. 

La presentación estuvo a cargo de Ana Güezmes, directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y fue moderada por Wendy Pérez, directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y del Servicio de Despatriarcalización (SEPMUD) de Bolivia. Este repositorio reúne lineamientos clave para el diseño de políticas de cuidado con enfoque de género, territorial e interseccional, y busca convertirse en una herramienta estratégica para avanzar hacia sistemas de cuidado justos, sostenibles y transformadores en la región. 

En el eje de gobernanza, marco normativo e institucional, se plantea promover la corresponsabilidad social y de género, reconociendo el papel conjunto del Estado, las comunidades, el sector privado y las familias en las tareas de cuidado.

También se impulsa la articulación intersectorial y multinivel, con el fin de coordinar acciones entre distintos niveles de gobierno y sectores. Además, se enfatiza la necesidad de marcos normativos sólidos y estructuras institucionales que garanticen el derecho al cuidado, adaptándose a las particularidades de cada territorio y combatiendo las desigualdades estructurales que afectan especialmente a mujeres y poblaciones históricamente excluidas.

Los lineamientos además contextualizan el momento actual de la región, pues hoy en día América Latina enfrenta crisis multidimensionales que “amenazan con profundizar las desigualdades estructurales históricas”, menciona la CEPAL.

Estas crisis ocurren en una región que enfrenta tres grandes obstáculos para su desarrollo: una limitada capacidad de crecimiento económico; altos niveles de desigualdad acompañados de escasa movilidad social y débil cohesión social; y, por último, instituciones con capacidades reducidas y una gobernanza ineficaz. Frente a este escenario se vuelve urgente avanzar en el diseño y fortalecimiento de políticas de cuidado, entendidas como un pilar central para construir un modelo de desarrollo más inclusivo y sostenible.

Clara Brugada, jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, reiteró su compromiso con la creación de un Sistema Público de Cuidados, señaló que la capital podría convertirse en la primera ciudad de la región en implementarlo, con base en una reforma al artículo 9 de la Constitución local, que establecerá el derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado como un derecho humano universal, interdependiente e indispensable. Sin embargo, aunque recientemente impulsó una iniciativa de ley en esta materia, la propuesta aún no ha sido aprobada ni completamente presupuestada.

Recordemos que anteriormente Cimacnoticias documentó que esta ley se propuso por la presión externa de diversas organizaciones de la sociedad civil, ya que su creación estaba mandatado desde 2017.

Durante su participación en el evento, Brugada afirmó: “estos lineamientos son claramente una hoja de ruta y coincidimos con lo que se acaba de obtener”. También reconoció que los cambios sociales y tecnológicos han dejado en rezago el papel de las mujeres en las tareas de cuidado, lo que ha generado profundas desigualdades.

En entrevista con Cimacnoticias, al ser consultada sobre cómo su propuesta abordará el enfoque territorial e interseccional, respondió que el gobierno tiene la obligación de contemplar los territorios y las zonas más ruralizadas, aunque aún no se han definido acciones específicas.

Por otro lado, Arlene Tickener, Embajadora Itinerante para Asuntos de Género y Políticas Globales Feministas y Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, señaló la relevancia de incorporar el enfoque de cuidado de manera transversal en la mayor cantidad posible de debates multilaterales, más allá de los tradicionales.

Esto incluiría discusiones sobre democracia y derechos humanos, la medición del bienestar más allá del Producto Interno Bruto (PIB), la reforma de la arquitectura financiera internacional, la deuda, la sostenibilidad ambiental y, de forma prioritaria, la paz y la seguridad en espacios como el Consejo de Seguridad.