266 mil millones de pesos, el negocio de las cárceles privadas de García Luna

Entre las empresas beneficiadas en los contratos de prisiones privadas está Black Rock y compañías de Carlos Slim, Olegario Vázquez y Jerónimo Marcos Gerard, cuñado de Carlos Salinas. El presidente advierte que buscará cancelar los contratos por los que todavía el gobierno debe pagar 190 mil millones de pesos, con o sin internos en los penales

Texto: Daniela Pastrana y Reyna Haydee Ramírez

Foto: Saúl López Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de Felipe Calderón otorgó contratos por adjudicación directa a 6 empresas privadas para la administración de 9 reclusorios. Estos contratos, que suman más de 266 mil millones de pesos, obligan al gobierno a pagar a las empresas por un periodo de 20 años, al término de los cuales éstas mantendrían el control de los penales, “con o sin personas privadas de su libertad”.

Las empresas beneficiadas con los centros de reclusión son: Exi Quiantium, SA de CV (Sonora y Guanajuato); Gia, SA de CV (Oaxaca); DIP Concesionaria Duranguense de Infraestructura Penitenciaria SA de CV (Durango); Capital Inbursa, SA de CV (Chiapas y centro Femenil Morelos); Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán SA de CV (Michoacán), y Black Rock, SA de CV (Guanajuato).

En la información que reveló la titular de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), Rosa Icela Rodríguez, se aprecia que los contratos sin licitar se entregaron en el sexenio de Felipe Calderón, a través de la Secretaría de Seguridad Pública que entonces presidía Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos.

Las cláusulas amparan contratos hasta por 22 años, el último de ellos terminaría hasta el año 2037.

Rodríguez explicó que, en los últimos 9 años, el gobierno ha pagado más de 75 mil 665 millones de pesos, que representan el 36 por ciento del monto pactado entre el gobierno federal y particulares por la construcción de los reclusorios en Sonora, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Durango, Guanajuato, Chiapas y Morelos. Eso significa que aún están pendientes de pagar 190 mil 658 millones de pesos, con un costo final proyectado de 266 mil 300 millones de pesos, para terminar de pagar en el año 2035.

Sólo en 2020, el pago destinado a estas empresas alcanzó los 16 mil millones de pesos, equivalente a la mitad de lo que el gobierno mexicano destinará a las vacunas contra la covid-19.

“Por eso no avanzaba México, por eso cada vez más pobreza. ¿Cuándo va a alcanzar el presupuesto? Miren, 16 mil millones de pesos es la mitad de lo que nos van a costar las vacunas ¿Cuánto tenemos disponible para las vacunas? Treinta y dos mil millones”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los beneficiarios y los firmantes

Las empresas que en 2010 y 2011 recibieron ventajosos contratos para administrar al menos ocho de los 17 penales federales que hay en México tienen como propietarios, entre otros, a Carlos Slim, Olegario Vázquez y Jerónimo Marcos Gerard, este último cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari,

A través de empresas gestoras de inversión, crearon fideicomisos para administrar, y prácticamente convertir en privados, los penales federales de Sonora, Michoacán, Durango, Oaxaca, Chiapas, Morelos y dos en Guanajuato.

Los penales de Sonora y uno de Guanajuato en un principio fueron operados por dos fiduciarias distintas que tenían como cabeza principal a ICA Constructora. Actualmente están a cargo de la empresa Exi Quantium S. A. de C. V., que hoy preside Andrés Alija Guerrero, quien hizo su carrera en empresas de Carlos Slim.

El cefereso de Oaxaca se entregó al fideicomiso creado por GIA S. A. de C. V. en marzo de 2011. Esta empresa se atribuye a Jerónimo Marcos Gerard Rivero, Igual que aparece como ejecutivo clave de Black Rock México, que también tiene bajo su administración un penal en Guanajuato.

Un penal más es también parte de este tipo de fideicomisos, aunque no fue mencionado en la conferencia del presidente, se trata del Centro Federal de Readaptación Social Varonil en Ramos Arizpe, Coahuila, con capacidad para 2 mil 520 internos. De acuerdo con el sitio oficial del gobierno de México, es administrado por BlackRock México Infraestructura I, S. de R.L. de C.V., de Jéronimo Gerard, Juan Alberto Leautaud Sunderland y José María Zertuche Treviño.

Los ceferesos de Michoacán y Durango se atribuyen a dos empresas filiales de Prodemex, del director general de Grupo Empresarial Ángele, Olegario Vázquez.

Recientemente Prodemex y Black Rock se asociaron para buscar sin éxito un contrato para construir un tramo del Tren Maya.

De acuerdo con la información presentada, los contratos fueron suscritos por Gonzalo Villarreal Guerra, excoordinador general de Centros Federales; Arturo Sosa Viderique, director de Administración de la ex Coordinación General de Centros Federales, y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, exdirector de adquisiciones de la misma.

El consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, expuso que los contratos fueron por adjudicación directa y los servicios que se estipulan son adquisición del terreno, equipamiento, desarrollo de la infraestructura y diseño del proyecto, así como el pago de la conservación, el mantenimiento de las instalaciones y equipos de laboratorio, limpieza, jardinería, alimentación, dotación de uniformes y artículos de higiene personal a los internos.

Cancelación de contratos

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la Consejería Jurídica de la Presidencia se pondrá en contacto con los empresarios beneficiarios para dar por terminado esos contratos en buenos términos. En caso de que no haya conciliación, se iniciará una denuncia para la cancelarlos.

“Hay una denuncia presentada en la Fiscalía General que tiene que ver con la situación del señor García Luna. He dado instrucciones al consejero jurídico para que se actúe en dos vertientes: que se hable con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo, porque consideramos que es un abuso, por decirlo amablemente, y que si tienen voluntad de que haya un arreglo, se debe de lograr un acuerdo en beneficio de la Hacienda Pública, se va hablar con cada uno de ellos. En paralelo, se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos si no se tiene un arreglo”, dijo López Obrador.

El mandatario se reservó los nombres de los empresarios beneficiados con los contratos, sólo dijo que son muy cercanos al poder en los pasados sexenios. “Salvo que me los pida el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos)”, dijo irónico, en relación con la polémica que ha surgido esta semana por su propuesta de reestructurar la administración pública y eliminar los órganos autónomos.

“Nos importa que haya castigo, nos importa mucho recuperar lo robado, la reparación del daño. Miren: en promedio, 3 mil 500 pesos diarios tener un recluso. Es lo que yo gano al mes, es un hotel de gran lujo, esto es lo que tenemos que enfrentar. Es un botón de muestra, esto se extendió durante todo el gobierno, se dedicaron a saquear, corrupción a estos extremos. Todavía no terminamos de limpiar, pero estamos convencidos y comprometidos a desterrar la corrupción del país. Teníamos que actuar porque ya estamos en falta, para cumplir con el contrato se pagó en el 2019 y se pagó en el 2020, como en el caso de Odebretch, contratos leoninos», insistió.

Los costos

Rosa Icela Rodríguez destacó que 72 por ciento de 22 mil millones que se ejercieron en 2021 fueron para las empresas privadas. Esto son 15 mil 562 millones. Luego, desglosó los gastos que representan al erario cada uno de los 12 mil internos de esos centros. Esta es la relación:Sonora. Población: mil 975 internos. Gasto anual por interno: 921 mil 102 pesos. Gasto diario por interno: 2 mil 558 pesos.

Guanajuato. Población: mil 912 internos. Gasto anual por interno: 946 mil 62 pesos. Gasto diario por interno: 2 mil 629 pesos.

Oaxaca. Población de mil 493 internos. Gasto anual por interno: un millón 186 mil 814 pesos. Gasto diario por interno: 3 mil 297 pesos.

Durango. Población: mil 817 internos. Gasto anual por interno: un millón 32 mil 331 pesos. Gasto diario por interno: 2 mil 867 pesos.

Chiapas. Población: de mil 310 internos. Gasto anual por interno: un millón 527 mil 516 pesos. Gasto diario por interno: 4 mil 243 pesos.

Femenil de Morelos. Población: 809internas. Gasto anual por interna: 2 millones 308 mil 181 pesos. Gasto diario por interna: 6 mil 411 pesos.

Michoacán. Población: mil 222 internos. Gasto anual por interno un millón 824 mil 897 pesos. Gasto diario por interno: 5 mil 69 pesos.

Coahuila. Población: de mil 746 internos. Gasto anual por interno un millón 253 mil 611 pesos. Gasto diario por interno: 3 mil 482 pesos.

Reyna Haydee Ramirez

Periodista de Sonora. Colabora para Medios en Internet y noticieros de radio en Sonora y Baja California Sur, y actualmente es beneficiaria del programa de becas para periodistas desplazados de la Red de Periodistas de a Pie. La mayoría de su trabajo está enfocado en temas relacionados con Justicia, corrupción, migración y Derechos Humanos.

Daniela Pastrana

Quería ser exploradora y conocer el mundo, pero conoció el periodismo y prefirió tratar de entender a las sociedades humanas. Dirigió seis años la Red de Periodistas de a Pie, y fundó Pie de Página, un medio digital que busca cambiar la narrativa del terror instalada en la prensa mexicana. Siempre tiene más dudas que respuestas.

La trata o cómo una fantasía se convierte en brutal pesadilla

 Por Kate Chapell

Foto: Melanie Wasser /Unsplash

KINGSTON, 3 mar 2021 (IPS) - Marcela Loaiza tenía apenas 21 años cuando un hombre se le acercó en su lugar de trabajo en la ciudad de Pereira, en Colombia, con promesas de fama y dinero. El misterioso compatriota, bien vestido, le dijo que podía darle una oportunidad para una vida mejor. 

“Dijo que quería ayudarme a convertirme en una bailarina internacional, que me llevaría a otro país a cantar», dijo Loaiza a IPS desde su residencia actual en la ciudad estadounidense de Vegas, sobre aquel momento en que fue abordada cuando trabajaba en un supermercado para mantenerse a sí misma y a su hija de tres años y medio.

Al principio, ella se negó, pero la economía empeoró y perdió su trabajo en el supermercado. Además, su hija fue hospitalizada por asma. Estaba desesperada, así que aceptó la oferta. El hombre pagó inmediatamente las facturas médicas, le consiguió un pasaporte y le compró un billete de avión.

“Me alegré de la oportunidad, y me creé mi propia fantasía de que iba a ser famosa y rica y que iba a dar dinero a mi familia, pero también me entristeció tener que dejar a mi familia», contó.

Loaiza emprendió el largo viaje a Tokio, la capital de Japón, y en el aeropuerto una agradable mujer, también colombiana, le dio la bienvenida. Pero le quitaron el pasaporte y Loaiza se dio cuenta de cómo la mujer la miraba de arriba abajo, examinándola de pies a cabeza. La llevaron a dormir a un lugar y, al día siguiente, comenzó la pesadilla.

“Ella se volvió un monstruo total”, contó Loaiza. Fue obligada a teñirse el pelo, a llevar lentillas y a prostituirse.  Si quería irse, tendría que pagar 50 000 dólares a los traficantes. “Comencé a llorar, me sentía enloquecer”, rememoró aquel momento. Luego le dijo a la mujer que llamaría a la policía, y la mujer respondió con una amenaza de muerte para su hija.

Más tarde, Loaiza se enteró de que la habían vigilado: sabían todo sobre su vida, los miembros de su familia, dónde vivían y las rutinas de todos.

Durante los siguientes 18 meses, Loaiza trabajó como prostituta con otras 30 mujeres. No cuenta los detalles de los horrores que vivió, solo dice que se trataba de explotación sexual.

Había pagado su «deuda» con lo que ella llama la mafia, pero seguía teniendo miedo de irse. Finalmente, la esperanza surgió cuando un cliente le tendió la mano. Le dijo que tenía que escapar y le compró una peluca, un mapa para llegar a la embajada de Colombia y le dio algo de dinero.

De esa manera, Loaiza se dirigió a la embajada, donde los funcionarios la alojaron durante una semana, ayudándola a prepararse para salir de Japón.

De vuelta a Colombia, Loaiza presentó una denuncia ante la policía, pero fue inútil. Las autoridades no creían que Loaiza no supiera de antemano que se convertiría en prostituta.

 

Seis meses más tarde, acudió a la comisaría para comprobar su caso. “Todavía tenía miedo. Me dijeron que nunca habían tenido ese caso. Esta gente es más poderosa que nadie», aseguró, refiriéndose a la mafia que cree que está detrás de lo que le ocurrió.

Loaiza sabe ahora que fue víctima de la trata de personas, pero en aquel momento no tenía ni idea del tipo de delito del que había sido víctima.

De hecho, es un delito con muchas nebulosas, que cambia rápidamente para adelantarse a las autoridades y adaptarse a la demanda.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo describe como «la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.

Puntualiza que “la explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

También incluye el trabajo sexual,  la pornografía, el entretenimiento (bailes exóticos y otros similares), el trabajo doméstico, el trabajo agrícola/construcción/minero, el trabajo en fábricas, la industria de servicios alimentarios, la mendicidad, así como la pesca comercial, cuando se realiza en forma forzada y/o en condiciones de esclavitud moderna.

La trata de personas puede ser realizada en el propio país de la víctima, bajo diferentes formas de coacción, o en otros países, a los que es llevada la víctima bajo engaño. Cuando el delito es transfronterizo hay por medio en ocasiones traficantes que trasladan a las personas cooptadas al país de destino. El delito de tráfico humano puede ser parte del de la trata de personas, pero no necesariamente.

Ana Margarita González, abogada sénior de Women’s Link Worldwide (enlace mundial de mujeres), una organización sin ánimo de lucro que trabaja para promover los derechos humanos de las mujeres y las niñas, afirma que hay varias razones por las que la trata no se ha erradicado.

“Es un delito complejo», explicó, antes de asegurar que  hay evidentes fallos en las políticas públicas. “La falta de formación de los funcionarios, así como la falta de atención a la trata de personas como delito, son también problemas”, añadió.

La ONU estima que hay unas 50 000 personas que son víctimas cada año de trata. Pero esa cifra se limita a aquellas víctimas del delito que contactaron con las autoridades, así que el número real se da por hecho que se multiplica varias veces.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informa de que, en un momento dado de 2016, había 40,3 millones de personas en situación de esclavitud moderna, un término que se utiliza indistintamente con trata de personas. De ellos, 25 millones realizaban trabajos forzados (de los cuales 4,8 millones se encontraban en situación de explotación sexual) y 15 millones habían sido víctimas de matrimonios forzados.

En América Latina y el Caribe  se carece de cifras confiables, pero sí se sabe que es una región ideal para las mafias de trata y tráfico humano, según un documento académico realizado por Mauricia John. Las razones son las vastas, variadas, porosas y costeras fronteras; la prevalencia del turismo y la migración, que dificulta el control de los movimientos; y los altos índices de delincuencia y violencia combinados con la escasez de recursos.

Entre los ciudadanos más vulnerables, destaca otro estudio de 2016 del gobierno de Estados Unidos, se encuentran los que se encuentran en situación de pobreza, los desempleados, los miembros de un grupo indígena, las personas analfabetas o que abusan de las drogas y alcohol,  las sin techo, las que tienen antecedentes de abusos físicos o sexuales y de pertenencia a bandas, así como las personas del colectivo LGTBI.

En Trinidad y Tobago, Adrian Alexander dirige el Caribbean Umbrella Body for Restorative Behaviour (organización paraguas caribeña para la restauración del comportamiento), una organización que lucha contra la trata, entre otras actividades, aseguró a IPS que en ese país insular caribeño hubo 16 víctimas identificadas en el trienio 2016-2018. Según la experiencia, allí por cada víctima identificada, hay otras 100 fuera del radar.

A su juicio el delito se está ampliando por variadas razones. “Las vulnerabilidades siguen existiendo. La demanda está ahí, y la impunidad con la que los traficantes pueden operar sigue ahí. Es una actividad muy lucrativa y de bajo riesgo, y la gente se involucra en ella; muchos de los individuos que realizan este trabajo carecen de humanidad», afirmó Alexander.

«Otra cuestión que preocupa mucho a nuestra comunidad es la creciente sensación de inseguridad provocada por la lacra del tráfico ilícito de bienes y personas en nuestra región”, indicó Keith Rowley, primer ministro de Trinidad y Tobago y presidente rotatorio de la Comunidad del Caribe (Caricom).

En declaraciones a medios de su país, aseguró que “el tráfico ilícito de personas, han sido particularmente desconcertantes mientras la comunidad continúa su lucha contra la pandemia de covid-19”.

En la región latinoamericana y caribeña,  el tráfico implica varios flujos, incluyendo la migración ilegal hacia la región de personas en tránsito hacia otros destinos, aquellos que buscan una vida mejor hacia América del Norte y Europa y la migración intrarregional de los países en mayor crisis de pobreza a los vecinos con mejor situación, destaca el estudio de John.

Ninna Sorensen, profesora del Instituto Danés de Estudios Internacionales, investiga la migración. Su trabajo más reciente se ha centrado en República Dominicana, donde la trata se manifiesta sobre todo en el trabajo sexual forzado.

Afirma que la trata es también resultado de unas medidas de control fronterizo más estrictas que obligan a quienes quieren migrar a buscar otros medios irregulares para llegar a los países de destino.

“Muy pocas de las personas que han sido objeto de la trata en la región que he conocido han sido conscientes de los riesgos que corrían al viajar de la forma en que lo hicieron o  si eran objeto de la trata para el trabajo sexual», aseguró.

Según su experiencia, las mujeres suelen ser conscientes de que son objeto de trata con fines de explotación, pero creen que podrán sortear la situación y les vale más intentar una oportunidad de una vida mejor. Tampoco forman parte de una amplia red criminal, sino de una red comunitaria o familiar, aseguró.

Los expertos afirman que hay que tomar varias medidas para frenar la trata de personas, como una legislación más estricta, campañas de educación, la lucha contra la corrupción y la reducción de la pobreza.

Loaiza, la superviviente colombiana de la trata de personas, dice que aunque ahora ha logrado tener una vida segura y satisfactoria, no es la misma persona que antes de su brutal experiencia en Tokio.

“Es como tener un tatuaje en el alma. Llevo 15 años casada y tengo tres hermosas hijas, un trabajo, mi propio negocio, pero siempre hay algo en cualquier circunstancia que me lo recuerda. Algún olor, alguna comida, siempre sale algo en cualquier momento y en cualquier circunstancia”, aseguró con tristeza.

Loaiza se ha convertido en una empresaria exitosa, es oradora motivacional, ha escrito dos libros y tiene una organización que ayuda a los supervivientes de la trata de personas.

Ella urge a los gobiernos a reforzar las políticas, a realizar campañas de educación pública y a proporcionar más recursos a las víctimas. Las familias también deberían hablar abiertamente sobre la trata, dice, especialmente en las redes sociales, que son un gran instrumento para las mafias de la trata.

Machismo basado en la evidencia

 miguelorenteautopsia.wordpress.com

El machismo siempre se ha basado en la invidencia, en ese no querer ver para negar la realidad y sustituirla con su relato de mitos y estereotipos, y de ese modo no quedar en evidencia ante la injusticia social que genera. 

Su estrategia se puede resumir en “invidencia para la evidencia”, una especie de borrón y cuenta nueva diaria para que la mirada no vea lo que la luz del conocimiento pone de manifiesto.

Sólo hay que darse un paseo por la historia para ver como desde la construcción androcéntrica ha impedido que las mujeres estudiaran, luego asintió que estudiaran para que “no las engañarán en las cuentas cuando iban a comprar al mercado”, como decían muchos justificando su cambio de posición, más adelante que no trabajaran, después que lo hicieran en determinados trabajos y con el permiso del marido o del padre, no de la madre; pasado el tiempo que trabajaran sin el permiso, pero impidiendo algunos trabajos, luego dificultando que llegaran a posiciones de responsabilidad y dirección… Todo han sido limitaciones y superación hasta el punto de que hace unas semanas (diciembre de 2020) hemos celebrado que una mujer, la teniente Elena Gutiérrez, haya sido la primera piloto de caza Eurofigther. Pero estas limitaciones no se han quedado en el mercado laboral, también han existido en los derechos sociales y democráticos, como ha ocurrido con el voto, en la academia, en la ciencia…

La evidencia era clara: la ley, la costumbre, las ideas, los valores, las creencias… han impedido que las mujeres pudieran acceder a determinadas posiciones y responsabilidades, y la reivindicación de las mujeres a través del feminismo, poco a poco, ha logrado romper con esos límites demostrando la falacia del machismo, y la estrategia dirigida específicamente a impedir la Igualdad de oportunidades y derechos. 

La invidencia también era manifiesta, puesto que ni se veía esa realidad hasta que era puesta de manifiesto por la crítica, ni se quería ver la estrategia manipuladora que impedía que pudieran haberlo hecho con anterioridad. Y del mismo modo, su “invidencia cultural” ha impedido entender el protagonismo de los hombres en todos los espacios negados a las mujeres como consecuencia de la injusticia social de la desigualdad y la discriminación, y han considerado que esa sobrerrepresentación masculina era consecuente con su capacidad y condición. 

Sin embargo, cuando les interesa cambian el sentido de la interpretación, y a pesar de que el protagonismo de los hombres en la violencia es manifiesto y objetivo, hasta el punto de que el 95 % de los homicidios son cometidos por hombres, no han sido capaces de ver lo evidente, como es entender que tiene que existir alguna relación de causa-efecto para que sean los hombres quienes protagonicen la mayoría de las violencias, con independencia de las circunstancias. 

Las evidencias no representan la realidad, limitar la realidad a lo verificable es parte de la paradoja filosófica verificacionista, pero sólo es una forma de abordar el conocimiento y análisis de situaciones que forman parte de una realidad más compleja, no una forma de sustituirla.

Pero no es un error. Al machismo le interesa reducir toda la construcción cultural a determinados hechos basados en un resultado, para ocultar que las causas de dicho resultado están también en la cultura que las genera y  las dota de significado, como, por ejemplo, ocurre cuando muchas víctimas de la violencia de género entienden que se trata de una “violencia normal” por parte del marido o su pareja. Con esa visión fragmentada basada en determinados hechos, determinados hombres y determinadas circunstancias, reducen y limitan la realidad a una parte de ella, para luego decir que no forman parte de la misma porque la mayoría de la realidad no arroja ese resultado, aunque es toda su construcción social la que hace que existan esos “casos aislados”.

Así cierran el círculo argumental sin que nada de la construcción social y cultural androcéntrica sea considerada como un problema, bien porque la gran parte permanece oculta, o bien porque lo que se visibiliza no forma parte de esa normalidad escenificada. Por ello atacan las iniciativas, organizaciones y personas que ponen luz en su mundo de tinieblas.

Es la evidencia de su invidencia que busca hacer pasar por el universo sólo las estrellas que se contemplan a simple vista, y así decir que todo lo demás no existe o es producto de la imaginación de determinadas ideas e intereses particulares. 

“No hay peor ciego que el que no quiere ver”, por eso el machismo ha creado una sociedad de ciegos a través de una cultura “negacionista” de la desigualdad, para luego ser el tuerto en el reino de la ceguera. 

Como se puede ver, todo es muy “invidente”.

8M 2021: "Las calles se van a tomar"

 

Por Gloria López

Las organizadoras de la movilización feminista más importante del año no quieren renunciar a tener presencia en barrios, pueblos y ciudades, aunque estudian la forma de hacerlo para que prime el cuidado y queden incluidas todas las mujeres, también la que no pueden o no quieren movilizarse físicamente

Madrid, 18 febr. 21. AmecoPress. Las comisiones territoriales que organizan las movilizaciones del 8 de marzo trabajan en el diseño de actos y actividades con la idea general de “tomar las calles”, pero de hacerlo con cuidado, garantizando la seguridad de las participantes y la inclusión de las mujeres que por distintos motivos no quieren o no pueden participar presencialmente. La pandemia no ha hecho sino poner de manifiesto, con más claridad si cabe, las desigualdades y precariedades que el feminismo viene denunciando, pero también la fuerza del movimiento social que, organizado en los barrios, ha puesto el cuerpo para crear lazos de solidaridad con los que hacer frente a la crisis.

“Compañeras, vecinas, amigas, hermanas, madres, hemos conseguido mucho, pero queda por hacer. Vente a la manifestación del 8M y después, para transformar nuestras vidas”. Así llamaba a la movilización Sara Naila Navacerrada, en la rueda de prensa que ofreció la Comisión 8M de Madrid el 5 de marzo de 2020 en la Eskalera Karakola. Ya entonces los medios de comunicación presentes le preguntaban por la incidencia de aquello que entonces era todavía una incógnita que llegaba del continente asiático pasando por Italia: el coronavirus. Pero nadie imaginaba la virulencia que adquiriría esta pandemia mundial sin precedentes. Las autoridades autorizaron la movilización, como tantas y tantas actividades sociales y económicas en esos días, y por tercer año consecutivo, el feminismo movilizó a cientos de miles de mujeres en España. A diferencia de 2018 y 2019, el año pasado no había convocada huelga estatal, pero el despliegue de actividades en barrios, pueblos y ciudades fue enorme, durante todo un mes, y tuvo su broche en las manifestaciones. Poco después, el estado de alarma. Y con él las críticas machaconas e injustificadas, la criminalización del feminismo por parte de la ultraderecha que acabó incluso en los tribunales, que sentenciaron que las acusaciones no tenían fundamento.

Hay cosas que se han tornado diferentes en este último año en el que confinamientos y distancias físicas se confunden a veces con “distancia social”. Pero las asambleas donde se prepara el 8M siguen siendo muy participativas, aunque haya que recurrir a las pantallas. “El domingo 17 de enero, estuvimos hasta 429” cuenta para AmecoPress Carri, vocera de la Comisión 8M de Madrid, aunque con capacidad para aguantar las cuatro horas que duró la asamblea, fueron la mitad.

"Las feministas hemos llevado el táper a nuestra vecina y también hemos sido las que más hemos necesitado de esas redes de solidaridad"

Y es que el movimiento feminista mantiene el músculo pese a la pandemia. De hecho, la actividad ha sido constante en barrios y pueblos durante los últimos meses. La emergencia sanitaria ha puesto sobre la mesa una "necesidad muy fuerte de trabajar en lo más cercano y lo más inmediato". De hecho, “las feministas hemos llevado el táper a nuestra vecina”, relata Carri para explicar lo acontecido en los barrios y la importancia del feminismo en la configuración e impulso de las redes vecinales, pero “también hemos sido las que más hemos necesitado de esas redes de solidaridad”, porque la precariedad afecta especialmente a las mujeres: “muchas compañeras han perdido el trabajo, muchas no pueden pagar el alquiler, hay tantas que no pueden acceder a un ERTE porque su trabajo no está reconocido laboralmente….”, argumenta la activista.

En ese contexto, apoyándose en el argumentario del año pasado, “muy completo y absolutamente vigente”, las feministas harán hincapié en la “centralidad de los cuidados”, desarrollados en gran medida en “condiciones de precariedad y en muchos casos por mujeres migrantes” y en la necesidad de “repensarlos”. También resaltan algunos temas como el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), la derogación de la Ley de Extranjería y la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para las trabajadoras del hogar que el Gobierno todavía tiene pendiente y advierten la necesidad de poner en la agenda todo tipo de precariedad, cuestiones como la salud mental y los derechos sexuales y reproductivos.

Este año al menos en Madrid no ven oportuno plantear hacer huelga –“que es una herramienta, no un objetivo”, recuerdan-, pero sí ahondar en la dinámica de la descentralización, que les permite ganar superficie, incluir todo el trabajo realizado durante la pandemia en barrios y pueblos y facilitar la participación de muchas mujeres que de otro modo no se sentirían interpeladas. Pero siempre con la prioridad de “tomar las calles”.

En estos momentos, la Comisión 8M de Madrid está diseñando la convocatoria central de la capital, “que podría ser un acto central o una manifestación”, siempre “siguiendo las medidas sanitarias". Pero apostando por “dar visibilidad a las convocatorias en barrios y pueblos". Y sin descartar la actividad digital, como campañas por redes o movilizaciones online.

Tenemos que tener en cuenta que muchas mujeres no se mueven bien con la tecnología. Otras no podrán ir a las manifestaciones porque son mayores o tienen mayor riesgo ante el coronavirus por distintos motivos. Ya en movilizaciones pasadas se denunció que había mujeres encerradas en los CIEs o trabajadoras de hogar internas que no pudieron movilizarse y los delantales expuestos en los balcones y ventanas pasaron a la historia como muestra de solidaridad con ellas. En todo caso, al 8M van todas las mujeres, no solo las que militan en organizaciones o grupos, sino todas aquellas que experimentan en sí mismas las consecuencias de una estructura social que las discrimina y sienten la necesidad de gritar cómo quieren que sea el mundo. En todas ellas piensan las organizadoras.

Foto: AmecoPress

Reclamemos el espacio de las mujeres en el liderazgo

 Este artículo integra la cobertura de IPS sobre el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, que este año tiene el tema de Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la covid-19.

Imagen: ONU Mujeres

NACIONES UNIDAS, 2 mar 2021 (IPS) - Shirley Chisholm, la primera congresista negra de los Estados Unidos, dijo una vez: «Si no le dan un asiento para sentarse a la mesa, llévese una silla plegable».

El futuro es mejor con mujeres en todas las mesas en las que se toman decisiones. A lo largo de la historia, las pioneras como Shirley Chisholm han reclamado su espacio y han exigido la igualdad y la inclusión de las mujeres; ahora es nuestra responsabilidad.

La contribución que las mujeres pueden hacer al liderazgo es fundamental en todos los sectores, comunidades y sociedades. Desde el ámbito político y empresarial hasta el deporte y las disciplinas STEM (acrónimo en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) la diversidad en el liderazgo beneficia a todo el mundo.

Las personas que lideran deben ser representativas de aquellas a las que sirven para entender mejor sus deseos y necesidades.

Negocios y emprendimiento

A pesar de que en 2020 se alcanzó una cifra récord de mujeres en los puestos de alta dirección de las empresas Fortune 500, solo 7,4 por ciento de las compañías de esa lista están dirigidas por mujeres; además, las mujeres tienen una probabilidad menor de convertirse en emprendedoras y se enfrentan a más obstáculos para iniciar un negocio.

Las mujeres también sufren formas múltiples e interrelacionadas de discriminación en el lugar de trabajo que les suponen un impedimento para avanzar en su carrera y reclamar puestos de dirección, como el acoso sexual, la brecha salarial por razón de género y la falta de políticas respetuosas con la vida familiar.

Estas son cinco estrategias para cambiar la cultura y las políticas de forma que las mujeres puedan acceder a puestos de liderazgo en el mundo laboral:

• Exigir un salario igual por un trabajo de igual valor.
• Reclamar políticas de licencias parentales que respalden a progenitores de todos los géneros.
• Demandar políticas de tolerancia cero a la violencia y al acoso sexual en el lugar de trabajo.
• Compartir el trabajo doméstico y las tareas de cuidados en condiciones de igualdad.
• Exigir una representación igualitaria de las mujeres en los órganos de decisión de las empresas.

Deporte

Las mujeres que lideran en el mundo del deporte, desde las deportistas a las directivas, inspiran a las mujeres y a las niñas de todos los ámbitos de la sociedad a luchar por sus sueños.

Desafían los estereotipos sexistas y cambian actitudes sobre los roles de género, proporcionan espacios justos y seguros para las mujeres y las niñas y les muestran el valor del trabajo en equipo y de la perseverancia.

Sin el liderazgo de las mujeres, los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 nunca se habrían convertido en los primeros Juegos Olímpicos igualitarios en materia de género, con una participación de mujeres deportistas de casi el 49 por ciento.

A pesar de los avances y de los récords que han batido, las mujeres siguen estando excluidas de algunos deportes y, en general, los salarios y premios económicos que reciben son muy inferiores a los de sus homólogos masculinos.

Estas son cinco formas en las que puede ayudar a que las mujeres reclamen su liderazgo en el mundo del deporte:

• Concienciar y cambiar las percepciones: todos los deportes son deportes de mujeres.
• Reclamar salarios y premios económicos iguales en las competiciones deportivas para mujeres y hombres.
• Apoyar a los equipos femeninos y a las mujeres deportistas, ver sus competiciones y leer sobre ellas.
• Usar el deporte como una plataforma para defender la igualdad y como herramienta para empoderar a las mujeres y a las niñas.
• Denunciar el sexismo en las competiciones deportivas y celebrar los éxitos de las mujeres deportistas.

Ciencia y respuesta a la covid-19

Para superar la pandemia de COVID-19 y recuperarnos de la actual crisis mundial, el mundo necesita de la ciencia, y la ciencia necesita a las mujeres. Las mujeres y las niñas están en la primera línea de respuesta como trabajadoras sanitarias e innovadoras, investigan vacunas, diseñan tratamientos pioneros e inspiran a las niñas para hacer una buena labor desde las disciplinas STEM.

Las mujeres del ámbito de la ciencia nos están conduciendo hacia un mundo más seguro, a menudo arriesgando sus vidas, ya que representan  70 % del personal sanitario y de cuidados sociales. A pesar de ello, siguen estando infrarrepresentadas en las áreas de liderazgo y toma de decisiones, ya que ocupan solo 30 % de los puestos dirigentes en el sector sanitario mundial.

Las barreras sistémicas, los prejuicios sexistas, la discriminación y los estereotipos de género todavía frenan a las mujeres en las carreras STEM, lo que se traduce en una menor diversidad entre las personas que están intentado encontrar soluciones a los retos más acuciantes, desde el cambio climático a la crisis de COVID-19. Para hallar soluciones mejores que beneficien a todo el mundo, necesitamos más mujeres líderes en ciencia.

Estas son cinco formas en las que puede ayudar a que las mujeres reclamen su liderazgo en el mundo de la ciencia:

• Concienciar a las niñas y a los niños, a la comunidad educativa y a las madres y los padres para que rechacen los prejuicios de género: todas las carreras STEM son carreras para mujeres.
• Encontrar y apoyar a las mujeres y a las niñas en las disciplinas STEM.
• Escuchar la experiencia de las mujeres y tener confianza en sus investigaciones.
• Orientar a las mujeres y a las niñas al campo de la ciencia y la tecnología y animarlas a fijarse grandes objetivos
• Defender la inclusión de las mujeres en la respuesta a la pandemia de COVID-19 y en las estrategias de recuperación a escala local y nacional.

Acción por el clima

El cambio climático afecta de forma desproporcionada a las mujeres de todo el mundo. Los desastres humanitarios provocados por el cambio climático agravan las desigualdades de género existentes, dejando a las mujeres y las niñas expuestas a mayores niveles de violencia, malnutrición y otros problemas.

Sin mujeres líderes en el movimiento por el clima, las soluciones y la respuesta a la emergencia climática seguirán excluyendo las necesidades de las mujeres y socavando sus derechos.

Las mujeres y las niñas han liderado y siguen liderando movimientos medioambientales y de acción por el clima, pero los hombres ocupan 67 % de los puestos en los que se toman las decisiones relacionadas con el clima. La sostenibilidad medioambiental y la justicia climática dependen del liderazgo de las mujeres y de la juventud.

Estas son cinco estrategias para apoyar el liderazgo de las mujeres en la acción por el clima:

• Apoyar y elegir a mujeres líderes que impulsen las políticas medioambientales.
• Exigir acciones gubernamentales para lograr un mundo con cero emisiones de carbono.
• Escuchar y amplificar la voz de las mujeres y las niñas que participan en el movimiento por el clima.
• Reclamar la representación igualitaria de las mujeres en las comisiones, los equipos, los grupos de trabajo y otros órganos relacionados con la acción por el clima a escala nacional y local.
• Leer y difundir las historias de mujeres que están a la vanguardia de la acción por el clima en todo el mundo.

Toma de decisiones, política y vida pública

En solo 22 países hay jefas de Estado o de gobierno y 119 países nunca han sido presididos por una mujer. Las mujeres ocupan apenas el 25 por ciento de los escaños parlamentarios nacionales y, según los datos de 133 países, representan sólo el 36 por ciento de los cargos electos de los órganos locales de deliberación.

Cuando las mujeres están infrarrepresentadas en la toma de decisiones públicas, las políticas no reflejan sus necesidades y prioridades. Si no actuamos de forma decidida para empoderar a las mujeres y posibilitar que sean más las que asuman el liderazgo en el campo político y en la toma de decisiones públicas, no lograremos la paridad plena en 130 años.

Estas son cinco formas en las que puede ayudar a que las mujeres reclamen su liderazgo político:

• Apoyar las candidaturas feministas.
• Apoyar el compromiso con la comunidad y el fomento de la capacidad de las mujeres, que se enfrentan a formas de discriminación múltiples e interrelacionadas para participar en la política y la vida pública.
• Reclamar cuotas de género de cumplimiento obligatorio y objetivos más audaces en materia de igualdad de representación.
• Demandar que se prevenga y se considere delito la violencia contra las mujeres en la vida pública y política, tanto en entornos digitales como físicos.
• Incentivar a los partidos políticos para financiar las campañas de mujeres candidatas y promocionar su liderazgo.

Movimientos y espacios cívicos

Los movimientos feministas fuertes sientan los cimientos para impulsar democracias y son un catalizador de cambios positivos.

Las mujeres lideran todo tipo de iniciativas de participación ciudadana, desde sindicatos y grupos académicos a medios de comunicación y movimientos por la justicia social. Estos movimientos desempeñan una función esencial para conseguir que los gobiernos rindan cuentas y para impulsar el cambio social.

El espacio de los movimientos y del discurso ciudadano está reduciéndose en todo el mundo. Hay más leyes que restringen la libertad de asociación y reunión, lo que obstaculiza la labor de los movimientos y las organizaciones de mujeres para constituirse, defender sus intereses, recibir financiación externa, informar sobre derechos humanos y hacer un seguimiento de esos derechos en algunos países.

Las activistas que defienden los derechos humanos de las mujeres se enfrentan a campañas difamatorias en Internet, ataques físicos, acoso e intimidación. Desde 2008, la represión de la sociedad civil se ha exacerbado en 26 países, mientras que las condiciones sólo han mejorado en 17.

A pesar de estas amenazas, nuevas generaciones de jóvenes feministas continúan aportando energía y estrategias innovadoras a la lucha por los derechos de las mujeres.

Estas son cinco formas en las que puede ayudar a que las mujeres reclamen su liderazgo en los movimientos y espacios cívicos:

• Usar su voz y sus plataformas en las redes sociales, así como cualquier actividad presencial, como altavoz para difundir el mensaje de las mujeres líderes.
• Financiar a organizaciones feministas y organizaciones que trabajan en pro de los derechos de las mujeres.
• Escuchar y amplificar la experiencia y la voz de las mujeres, en especial la de aquellas pertenecientes a minorías o comunidades marginadas.
• Exigir la protección frente a la violencia de las y los activistas que defienden los derechos humanos de las mujeres y de las personas que pertenecen a organizaciones de mujeres y movimientos feministas.
• Enseñar a la próxima generación la importancia de la igualdad de género y apoyar el activismo de las niñas y las jóvenes.

Medios de comunicación e industria del espectáculo

Los medios de comunicación desempeñan una función esencial en la difusión de la voz y la situación de las mujeres y pueden llamar la atención sobre problemas clave.

Pero, dado que las mujeres sólo ocupan el 27 % de los puestos de alta dirección en organizaciones de medios de comunicación, no es sorprendente que las películas, los libros, los periódicos, los podcasts y otros potentes canales sigan estando dominados por historias, perspectivas y narrativas masculinas, escritas, producidas y protagonizadas por hombres.

Los resultados de un análisis de películas populares efectuado en 11 países han revelado que el 31 por ciento de los papeles con diálogo corresponden a mujeres y que únicamente el 23 por ciento de las películas tienen a una mujer como protagonista, un porcentaje que refleja casi a la perfección la proporción de mujeres cineastas (21 por ciento). Las representaciones de las mujeres suelen corresponder a personajes sin matices u objetos sexuales, tal y como se las ve desde una perspectiva masculina.

En los medios de noticias, solo el 24 % de las personas sobre las que leemos, oímos hablar o vemos en los periódicos, la radio o la televisión son mujeres. En la cobertura mundial de prensa sobre la covid-19, apenas una de cada cinco fuentes especializadas consultadas ha sido una mujer.

Necesitamos más mujeres líderes en los medios de comunicación y la industria del espectáculo para poner fin a la infrarrepresentación y las imágenes estereotipadas de las mujeres.

Estas son cinco formas en las que puede ayudar a que las mujeres reclamen su liderazgo en los medios de comunicación:

• Denunciar los estereotipos y la infrarrepresentación de las mujeres en los medios de comunicación y la industria del espectáculo cuando los detecte.
• Consumir medios creados por mujeres y sobre mujeres.
• Demandar una representación igualitaria y diversa en pantalla y detrás de las cámaras.
• Leer, ver y escuchar historias sobre igualdad de género y demandar más.
• Usar activamente las plataformas en línea como altavoz para las mujeres y posicionarse contra la violencia y el acoso a las mujeres creadoras.

Agricultura

Dado que más de un tercio del empleo femenino se concentra en la agricultura, resulta fundamental aumentar el acceso de las mujeres a la tierra y mejorar el apoyo a las agricultoras.

Las mujeres garantizan la seguridad alimentaria de sus comunidades y construyen la resiliencia climática. Sin embargo, cuando se trata de la posesión de la tierra y del acceso a los insumos, la financiación y la tecnología agrícolas para la resiliencia climática, las mujeres se ven mucho más relegadas que los hombres.

A pesar de los retos adicionales a los que se enfrentan, estas agricultoras son a menudo custodias del conocimiento tradicional y administradoras de los recursos naturales de sus comunidades. Su experiencia y sus valiosos conocimientos pueden ayudarnos a gestionar mejor la escasez de recursos y a mitigar los riesgos del cambio climático.

Estas son cinco estrategias para apoyar el liderazgo de las mujeres en la agricultura:

• Defender la mejora de los datos sobre mujeres rurales y agricultoras.
• Exigir la igualdad de las mujeres en materia de control y propiedad de la tierra, inclusive mediante los derechos de sucesión, en todos los países del mundo.
• Comprar productos de explotaciones agrícolas locales gestionadas por mujeres y en negocios asociadas a ellas.
• Apoyar a las organizaciones de mujeres que forman y empoderan a las agricultoras.
• Actuar como altavoces de las demandas de igualdad de género de las mujeres rurales.

Consolidación de la paz

El liderazgo de las mujeres es esencial para la paz sostenible y lo necesitamos con urgencia ya que los conflictos y las crisis humanitarias son cada día más complejos, violentos y prolongados. Aunque las mujeres suelen enfrentarse a mayores niveles de violencia y desigualdad en tiempos de guerra e inestabilidad, están a la vanguardia de los esfuerzos por lograr soluciones pacíficas para su comunidad.

Cuando hay grupos de mujeres y mujeres líderes implicadas en las negociaciones de paz, es más probable que se alcancen acuerdos y que estos se apliquen. Sin embargo, la mayoría de las personas que negocian, median y firman los procesos de paz son hombres.

Estas son cinco formas en las que puede ayudar a que las mujeres reclamen su liderazgo en los procesos de paz:

• Insistir en que las mujeres participen en las negociaciones de paz como mediadoras, negociadoras, firmantes y testigos de los acuerdos de paz.
• Exigir que la experiencia de género esté presente en todo el proceso de paz y que se incluyan los derechos de las mujeres y la perspectiva de género en las disposiciones del acuerdo de paz.
• Creer en el poder de la solidaridad de las mujeres y reforzar las redes y coaliciones de mujeres.
• Apoyar y financiar a las organizaciones de mujeres que trabajan en la primera línea de la respuesta humanitaria y de consolidación de la paz.
• Reclamar servicios que respondan a la violencia de género y la eviten en contextos de conflicto y posteriores al conflicto y que protejan a las mujeres que trabajan por la consolidación de la paz y a las defensoras de los derechos humanos de las mujeres.

Este artículo lo publicó originalmente ONU Mujeres.

El aborto y la violencia contra feministas

 Escrito por Argentina Casanova Mendoza

CIMACFoto: Cortesía de Flavia Morales

Pese a ser un año complejo por el aislamiento y la distancia social, en los últimos meses del 2020 la movilización feminista se consolidó en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos poniendo en la agenda pública y mediática el imperativo de legislar a favor de la despenalización del aborto, un derecho que se reclama a los gobiernos locales lo mismo que al federal poniéndolo en el medio de las confrontaciones político-partidistas.

Es necesario reflexionar sobre lo que está en juego y lo que se mueve a la par con este tema prioritario, urgente y justo de la agenda feminista: por un lado el movimiento feminista y las acompañantes del derecho al aborto, una demanda que es permanente y de las más antiguas y sentidas, que convoca y que mueve a la movilización por la urgencia de saber que a diario en todo el país miles de mujeres ponen en riesgo sus vidas en abortos inseguros.

Por otro lado, es innegable que políticos y partidos han visto en el movimiento feminista un botín que creen puesto sobre la mesa para servir a sus intereses, lo mismo crearon grupos anti derechos que organizaciones de mujeres que simpatizaban con ellos que cuando vieron la “moda del feminismo” salieron a llamarse “feministas” aunque estuvieran ligados con posiciones encontradas con las agendas del aborto, la violencia sexual y familiar, y por supuesto que jamás asumieron un papel firme en la demanda de cese a feminicidio.

En el medio, poniendo el cuerpo están las acompañantes del derecho a abortar, perseguidas por esos grupos anti derechos, amenazadas, hostigadas; incluso perseguidas en sus cuentas de redes sociales, recibiendo mensajes violentos, además de que las organizaciones que acompañan ese derecho tienen que hacerlo de la forma más discreta posible para evitar agresiones que pongan en riesgo la integridad de los equipos.

En noviembre pasado en Chetumal, una defensora del derecho al aborto fue objeto de agresiones promovidas por grupos ligados a poderes fácticos, esto ola de agresiones persiste en varios puntos de la Península maya donde la paz y la calma aparente hace pensar que no hay amenazas ni riesgos, pero hay una invisible campaña contra las acompañantes del derecho a abortar.

Aunado a eso y otras condiciones de riesgo para el movimiento feminista en torno al derecho al aborto nos ponen a pensar sobre la oportunidad del debate en los Congresos locales, sobre la urgente necesidad de despenalizarlo pero los férreos intereses de quien han hecho del aborto un negocio en el que solo las que pueden pagar una clínica privada tienen acceso.

Es necesario abrir diálogos con los congresos, puede ser una vía que hemos explorado históricamente en busca de la despenalización en varias entidades, pero su aprobación responde no necesariamente a la dimensión del trabajo hecho sino al momento político que puede alentar o permitir que se logre en la medida en la que la persona gobernante decide asumir que es efectivamente un derecho.

Un avance para consolidar el trabajo de incidencia y negociación política con los congresos locales será la despenalización en el ámbito federal, pero habrá que sumar y persistir en la agenda de manera muy puntual y sumar la movilización feminista en las calles, se requiere de todas las formas posibles y de todos los apoyos en todos los ámbitos, porque todos son necesarios.

Acompañar el aborto ha significado insultos, amenazas, agresiones, temores fundados a ser señalada y a vivir el ostracismo social en comunidades pequeñas para las mujeres acompañantes que lo hemos hecho desde siempre con o sin recursos, con o sin organizaciones, en mejores condiciones cuando se cuenta con una red de apoyo pero la violencia siempre ha estado ahí para desacreditar e incluso para poner en riesgo la integridad de las acompañantes.

No hay cabida para un escenario de confrontación entre grupos feministas por esta o cualquier otra agenda, es impensable; cualquier descalificación con feministómetro, o no, es solo abonar al riesgo y a la violencia contra las feministas que acompañan, defienden, hacen incidencia legislativa.

Cualquier situación de esa naturaleza solo pone en mayor riesgo a la movilización, la agenda y por supuesto abona a aumentar la violencia que ya de por sí viven a diario las acompañantes y las mujeres que necesitan ese apoyo.

Covid hunde a mujeres vulnerables de India en otra pandemia en la sombra

 Este artículo integra la cobertura de IPS sobre el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, que este año tiene el tema de Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la covid-19.

Por Mariya Salim 

Nishat Hussain se coordina con las autoridades locales en Rajastán para garantizar que el auxilio para contrarrestar los impactos socioeconómicos por la covid llegue a las mujeres más vulnerables de ese estado del norte de India, en especial las musulmanas y las dalits. Foto: Cortesía de Nishat Hussain

NUEVA DELHI, 1 mar 2021 (IPS) - Las mujeres que viven en las zonas rurales de India y las que pertenecen a las comunidades más marginadas soportan una enorme carga adicional durante la pandemia de covid,  como la violencia de género dentro del hogar, la pérdida de asistencia financiera y de ingresos.

Rehana Adeeb, una lideresa y activista que trabaja con mujeres en comunidades dalit y musulmanas, aseguró a IPS que la covid-19 ha tenido una segunda pandemia escondida para las mujeres marginadas de este país del sudeste asiático de más de 1300 millones de personas.

La directora de Astitva, una organización no gubernamental (ONG) del estado de Uttar Pradesh, el más poblado de los 28 del país y situado en la parte central del norte indio, habló con IPS sobre los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres de esas comunidades, en especial en las zonas rurales, al establecer el gobierno el confinamiento y cierre de actividades para amortiguar los contagios de covid.

“Cuando la mayoría de los hombres retornaron a sus pueblos desde las ciudades a las que se habían trasladado para ganarse la vida, las mujeres se quedaron sin acceso a cualquier ayuda económica que antes utilizaban para costear la educación de sus hijos y los gastos del hogar», dijo Adeeb, ella misma una mujer de la minoría musulmana india y quien padeció la violencia doméstica por largos años.

Además, las mujeres que realizaban trabajos a domicilio, como la costura, para llegar a fin de mes, también se quedaron sin ese ingreso adicional, al cerrarse los comercios y los mercados.

“Los matrimonios forzados, los matrimonios infantiles y la violencia doméstica iban en aumento, y eran casos en los que teníamos que intervenir inmediatamente”, explicó Adeeb.

Ella y su equipo permanecieron en contacto permanente con grupos de mujeres, que les compartían sus preocupaciones sobre cómo los embarazos no deseados, la falta de médicos y de atención sanitaria ahondaban la crisis que para ellas trajo la covid y que se sumaba al impacto socioeconómico general de la pandemia en las aldeas y pueblos.

Las experiencias de estas mujeres reflejaban y siguen reflejando desde hace casi un año la situación en otras partes del mundo, porque mientras las sociedades se enfrentaban con peor o mayor fortuna a una pandemia, se producía a nivel planetario un incremento sin precedentes de diversas formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

La Organización de las Naciones Unidas describió el aumento de la violencia contra las mujeres en India desde que estalló la crisis de la covid como una «pandemia en la sombra«, en especial contra las pertenecientes a los grupos étnicos, religiosos o socieconómicos más marginados,  como los dalits, los parias socioeconómicos del país.

Se informó de que el número de denuncias de violencia doméstica que recibió la Comisión Nacional de la Mujer de India se duplicó entre el 23 de marzo y el 16 de abril de 2020, al pasar de 123 llamadas diarias en solicitud de auxilio a 239 denuncias de violencia doméstica.

Esas líneas ayudan a las mujeres víctimas de violencia de género de todo el país, pero algo llamativo fue que la inundación de denuncias de maltrato doméstico fue la de aquellas de los sectores más marginados de la sociedad, que necesitaban y siguen necesitando atención urgente.

“Los reportes demostraron que los incidentes de discriminación contra las mujeres y las niñas aumentaron durante la pandemia, en particular contra las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios, especialmente las que se encuentran en la parte inferior de la escala económica», dijo a IPS en una entrevista la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Šimonović.

Rehana Adeeb, víctima de violencia doméstica durante 18 años en un matrimonio forzado cuando era niña, se reconvirtió en una activista que lucha contra la violencia de otras mujeres mediante su oenegé Astitva, en Uttar Pradesh, el estado más poblado de India, en el norte del país. Foto: Cortesía de Rehana Adeeb

La relatora destacó que los hogares se han transformado lugares de peligro y temor para muchas mujeres y niñas en muchos países, que informan de un aumento dramático de la violencia doméstica, incluida la violencia de pareja y la agresión sexual, durante el confinamiento social para contener la propagación de la covid.

Con la restricción de movimientos, las caídas de la actividad económica y la incertidumbre, los agresores se envalentonaron, y la situación les proporcionó más poder y control, destacó.

En India, otro factor que se sumó a la difícil situación de las mujeres musulmanas fue el aumento de la islamofobia, que se manifestó de manera elocuente en la campaña en línea conocida como la “coronajihad”. En ella, los musulmanes fueron falsamente señalados de propagar el coronavirus con la “perversa” intención de contagiar a los no musulmanes.

Los tribunales indios rechazaron esta falsa información, pero para entonces esa peligrosa afirmación incrementó la discriminación secular en India contra los fieles de la segunda religión practicada en el país, solo detrás de la hindú, que engloba a 13,7 por ciento de la población total.

Informaciones en medios de comunicación mostraron cómo a las mujeres pertenecientes a las comunidades musulmanas se les negaban los servicios en los hospitales.

Los reportes periodísticos también daban detalles de las campañas y llamamientos, realizados incluso desde los poderes políticos, que exigían un boicot económico a las comunidades musulmanas, lo que tenía ramificaciones que afectaban especialmente a las mujeres.

Nishat Hussain, coordinadora en el estado de Rajastán, en el noroeste indio,  del Movimiento de Mujeres Musulmanas de India y de la Sociedad Nacional de Bienestar de las Mujeres Musulmanas, dos organizaciones sin fines de lucro, dirigió las actividades de ayuda a esas mujeres durante las cuarentenas por la covid.

“Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las mujeres con las que trabajo es su identidad como mujeres musulmanas», afirmó Hussain a IPS.

Con los estereotipos y el discurso de odio contra su comunidad, las mujeres tuvieron que luchar a su manera, en ocasiones batallando incluso contra la administración, para conseguir apoyo.

Nishat Hussain supervisa el cargamento de un camión con alimentos para entregar a mujeres rurales del estado de Rajastán, en el norte de India, para aliviar la precarización de la situación de muchas mujeres vulnerables y sus familias, como impacto de la covid. Foto: Cortesía de Nishat Hussain

La mayor parte del equipo de Hussain son mujeres musulmanas, que se ofrecieron como voluntarias durante este tiempo para llegar a las mujeres de las zonas donde las necesidades básicas más esenciales, como los alimentos, no llegaban a las familias.

“El acceso a la sanidad y a los medicamentos era también extremadamente difícil, por lo que intentamos intervenir y proporcionamos a las mujeres y a las jóvenes kits de higiene menstrual. Se distribuyeron camiones de comida, con la ayuda de amigos y simpatizantes, a todos los necesitados, independientemente de su religión o identidad», explicó.

Abordar la violencia dentro de las familias durante la pandemia se ha convertido en algo vital, y hay muchas intervenciones de organizaciones locales y nacionales que están motorizando este esfuerzo.

Breakthrough India (logros en India), por ejemplo, diseñó una campaña con la participación de adolescentes en las zonas rurales denominada  «dakhalandazi zaroori hai» (La intervención es una necesidad, en indi), que más tarde dio lugar a una campaña más amplia llamada «Dakhal Do» o “Interviene”.

Los adolescentes elaboraron carteles contra la violencia doméstica y los expusieron junto con los números de teléfono a donde se podía llamar ante estos casos en sus pueblos.

“Breakthrough también organizó el entrenamiento en línea por personal de los servicios jurídicos públicos en los distritos (municipios), así como de los trabajadores de Aanganwadi (refugios), para dar una respuesta eficaz a las víctimas”, dijo a IPS la directora de programas de  de Breakthrough India,  Nayana Chowdhury.

La relatora Šimonović subrayó que la crisis puso evidenció y ahondó las lagunas y deficiencias a nivel nacional, regional y mundial del abordaje de la violencia de género contra las mujeres durante la lucha contra la pandemia.

Pero más allá de todo, esta jurista croata prefiere considerar la pandemia de covid como una oportunidad para provocar el cambio tan necesario para superar otra pandemia, la de la violencia hacia las mujeres, y en especial hacia las mujeres de grupos marginados y minoritarios.

El instrumento para lograrlo, dijo a IPS, es  la «modificación de la legislación y la práctica que refuerza los estereotipos de género e impide a las víctimas acceder a la justicia; el cambio de las políticas que no ofrecen a las víctimas servicios adecuados y oportunos, como refugios, órdenes de protección y líneas de ayuda; y el tratamiento de las creencias sociales y culturales que perpetúan los mitos que culpan a las mujeres de la violencia que sufren».

Todo un reto, reconoció la relatora de la ONU.

Ley argentina sobre el aborto abre la esperanza en países del Caribe

 Por Kate Chapell 

Juliet Cuthbert-Flynn, legisladora y funcionaria de Jamaica y promotora del debate sobre la despenalización del aborto en el país caribeño. Foto: Kate Chappell /IPS

KINGSTON, 15 feb 2021 (IPS) - La ley que despenalizó el aborto en Argentina el 30 de diciembre concluyó una larga batalla por el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en el país sudamericano. Pero además dio esperanzas a que ese logro se propague por el resto de América Latina y el Caribe, una región que penaliza en forma muy restrictiva la materia.

Para llegar a la legalización del aborto inducido hasta la 14 semana de embarazo, tuvieron que morir al menos 3000 mujeres en Argentina a consecuencia de abortos ilegales y fallidos desde 1983, recuerdan activistas del país.

El optimismo entre los movimientos de mujeres en la región también lo nutrió la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de anular el 28 de enero la llamada “regla de mordaza global”, con que la administración de su predecesor, Donald Trump, prohibió toda asistencia financiera a organizaciones que operasen en cualquier parte del mundo, si eran favorables al derecho a decidir de las mujeres o tan siquiera a la planificación familiar.

Según el Instituto Guttmacher, una organización internacional de investigación y políticas de salud sexual y reproductiva con sede en Nueva York, entre 2010 y 2014, se realizaron 6,5 millones de abortos inducidos cada año en América Latina y el Caribe.

En esta región, según datos del Instituto anteriores a la legalización en Argentina, 97 % de las mujeres viven en países con una legislación restrictiva sobre el aborto, pero pese a ello 46 % de los 14 millones de embarazos no deseados se estima que terminan cada año en aborto. Y de esas interrupciones del embarazo, 60 % se practican en forma “insegura” o “muy insegura”.

Situación en el Caribe

Tonni Brodber, representante interina de ONU Mujeres para su Oficina Multinacional en el Caribe, con sede en Barbados, tiene la esperanza de que el caso argentino tenga consecuencias alentadoras para los países del área.

“Eso espero. Ahora mismo estamos en medio de una pandemia, la gente está luchando por recuperarse y tratando de gestionar el día a día en una pandemia, pero hay mucho apoyo a lo que ha sucedido dentro de los espacios de las organizaciones de mujeres”, dijo la representante de ONU Mujeres para 22 países y territorios caribeños de habla inglesa y holandesa, la mayoría insulares.

No obstante puntualizó que “es una tema difícil, por lo que será debatido durante mucho tiempo”.

A su juicio, el debate debe poner el foco en los derechos humanos y, en particular, en los derechos de las humanas, y deben tener como base las lecciones aprendidas en otros países, así como la empatía por las personas afectadas.

Brodber recordó que Jamaica y todos los demás países de la Comunidad del Caribe (Caricom) son parte de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), conocida en el universo multilateral como la constitución de las mujeres.

Su artículo 16 garantiza a las mujeres en su apartado e) “los derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos”.

Además, en del artículo 10, dedicado a los derechos a la educación de las mujeres para garantizar su igualdad de derechos respecto a los hombres,  se específica en el punto h) que debe garantizarse para ellas “acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia”.

En Jamaica el aborto está tipificado como delito con una pena que puede alcanzar la cadena perpetua con o sin trabajos forzados, excepto para dos supuestos: salvar la vida de la mujer embarazada o preservar su bienestar físico y mental, aunque con algunas  limitaciones.

Brodber consideró esperanzador que en entre los líderes del país, de ambos géneros, crezca lo que están proclives a abrir el debate sobre el asunto. Esto “puede ser motivador para muchas personas que pueden sentir que estos temas no tienen prioridad”, afirmó.

Los jamaiquinos han estado debatiendo este tema durante décadas sin resolución y, al igual que sucedía en Argentina, enfrentan una fuerte oposición a cualquier legislación menos restrictiva por parte de las confesiones religiosas.

Esto es similar a la mayoría del resto de países del Caricom.

Guyana es el único país donde el aborto inducido es legal en todos los supuestos posibles: si la vida de la madre peligra, si está en riesgo su salud física o mental, si el embarazo es producto de una violación, si hay malformación del feto o si hay amenaza para su bienestar socioeconómico.

Lo siguen Barbados, Belice y Santa Vicente y las Granadinas, en los que se faculta la interrupción del embarazo en todos los supuestos anteriores, menos el de amenaza para el bienestar socioeconómico de la mujer.

El Instituto Guttmacher recuerda que en el Caribe latino y América Central se encuentran los países con mayor restricción del continente americano, aquellos donde se pena el aborto inducido en cualquier forma y en cualquier supuesto: El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

El único país del área donde la interrupción del embarazo es legal sin restricciones es Cuba, al que se suma el estado libre asociado de Puerto Rico. En el resto de América Latina, antes de Argentina, ya Uruguay se sumó a la lista de países sin restricciones al aborto, con una ley de legalización basada en plazos y no en supuestos.

Situación en Jamaica

Juliet Cuthbert-Flynn, ministra de Estado en el Ministerio de Salud y Bienestar de Jamaica, presentó en 2018 una moción para derogar la restrictiva legislación actual sobre el aborto, que llegó a debatirse en una comisión legislativa, pero no llegó a más por el fin de la legislatura y las elecciones de septiembre de 2020, donde volvió a ganar el Partido Laborista.

Cuthbert-Flynn aseguró que está trabajando para retomar el tema e nivel legislativo.

Mientras tanto, dijo, son las mujeres las que “sufren las complicaciones de un aborto fallido”, realizado en forma clandestina e insegura.

“Como legisladores, debemos comprender nuestro papel y debatir las leyes, incluso si esto va a causar controversia”, para proteger la vida y la salud de la población, en este caso de las mujeres, dijo la funcionaria.

Natalie Campbell Rodriques, senadora por el gobernante Partido Laborista, está mayoritariamente de acuerdo.

“Mi propia opinión es que esto (la despenalización del aborto) es algo que deberíamos llevar a la mesa del debate, especialmente para las mujeres, que nuestros cuerpos sean vigilados no es algo que me hace sentir bien”, afirmó.

Los abortos inseguros son la tercera causa de mortalidad materna en Jamaica y, según las estimaciones, entre 6000 y 22000 mujeres al año interrumpen un embarazo, en forma clandestina.

Ninguna mujer o profesional de la medicina han sido condenados por una interrupción del embarazo fuera de los supuestos permitidos, pero un médico fue abortado tras practicar un aborto a una niña de 12 años.

Leanne Levers, directora de incidencia del Instituto Caribeño de Investigación Política (Capri, en inglés), acaba de publicar el informe financiado por la Unión Europea titulado «El costo del acceso desigual al aborto seguro en Jamaica », dice que la legislación tiene consecuencias nefastas.

“Las mujeres se están practicando abortos independientemente de la legalidad, y lo están haciendo de una manera insegura y hay graves complicaciones sociales y de salud para las mujeres, los niños y la sociedad en general, lo que tiene, además, un costo económico”, aseguró.

El informe de Capri hizo tres recomendaciones importantes, incluidas la posibilidad de un voto secreto de conciencia para despenalizar el aborto y legalizar su práctica, del acceso al aborto por parte de menores sin el consentimiento de los padres, y del financiamiento de la práctica de abortos con fondos públicos.

El documento, que tiene como objetivo alejarse de la retórica y proporcionar una investigación basada en evidencia sobre la cual tomar decisiones, también encontró que hay un costo equivalente a 1,4 millones de dólares en pérdida de producción económica y de cuidados de las mujeres que han tenido abortos inseguros.

La ministra de Estado Cuthbert Flynn se siente esperanzada de que la legislación argentina pueda ayudar a impulsar el cambio, pero dice que la gente debe hacer oír su voz, especialmente para contrarrestar el lobby de las iglesias de Jamaica, muy activo en contra de la  despenalización.

Recordó que las activistas en Argentina debieron enfrentar también un papel muy beligerante de la Iglesia católica y otras confesiones, pero la fuerza en la calle de los movimientos sociales y no solo de los grupos feministas logró contrarrestar esta poderosa oposición conservadora.

Cuthbert Flynn también destacó el caso de Irlanda, con una sociedad muy católica, donde en 2018 se legalizó también el aborto, gracias a una presión social que supo unirse y presionar por un cambio en favor del derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo.

La activista por los derechos de las mujeres Nadeen Spence calificó de “irrelevantes” las amenazas de las iglesias de salir a la calle para protestar contra el aborto y promover la votación contra los políticos que apoyen la legalización,

“No me preocupa la Iglesia, me preocupa la pereza que veo en nuestros políticos», afirmó.

Por qué necesitamos un análisis radical de la prostitución y la importancia de recordar nuestra genealogía feminista radical

Mujeres por la Abolición

Grupo feminista radical, apartidista, de ambito estatal. Divulgar el feminismo y promover y realizar acciones para la abolición de la prostitución, el alquiler de vientres, la pornografía y género

La palabra prostitución, proviene del latín “prostitutio”, que a su vez proviene de otro término látino “prostituiere”, que significa literalmente exhibir para la venta.

La prostitución es esto: mujeres exhibidas como un mero producto carente de humanidad, sentimientos y/o voluntad. Brutal y absolutamente cosificadas en pos de anular la empatía de los varones para poder violarlas sin un atisbo de culpa.

Como bien dice Andrea Dworkin: “La prostitución es el uso del cuerpo de una mujer para el sexo por parte de un varón. Él paga dinero, él hace lo que quiere. Cuando te mueves de lo que es la realidad, te mueves de la prostitución al mundo de las ideas.

Hay mucho que discutir, pero estarás discutiendo ideas, no prostitución. La prostitución no es una idea. Es la boca, la vagina, el recto, penetrado usualmente por penes, algunas veces por manos, objetos, por un varón, y luego otro, y otro, y otro y otro. Eso es lo que es.»

La prostitución es el uso y abuso, deshumanizante y feroz de una mujer, de su ser (porque somos cuerpo) para obtener los hombres, a través de la violencia y el sufrimiento que padecen ellas, placer sexual y regocijo en su privilegio. Porque los varones disfrutan haciendo daño a las mujeres en prostitución, y construyen, a través de esta forma de tortura sexual y dominio, su poder en la sociedad patriarcal.

Sigue Dworkin: «La gente que defiende la prostitución y la pornografía quiere que [ustedes] sientan poco cada vez que piensen en algo clavado en una mujer. Yo quiero que sientan los tejidos delicados de su cuerpo que están siendo abusados. Yo quiero que sientas lo que se siente cuando pasa una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Porque eso es lo que es la prostitución.»

Porque lo que viven las mujeres en situación de prostitución es lo que vivimos las mujeres en el Patriarcado, todos los días, de una forma atroz y sádica que, además, es avalada por la moral patriarcal.

La prostitución es la violación sistemática y sistémica de mujeres más evidente y totalmente amparada por una sociedad que hace de la violencia de los hombres contra las mujeres la norma.

«La prostitución es, en sí, un abuso del cuerpo de la mujer. Las que decimos esto somos acusadas de ser simples. Pero la prostitución es muy simple. En la prostitución, ninguna mujer se mantiene entera» – continúa Dworkin. «Es imposible usar un cuerpo humano de la manera en que se usa el cuerpo de las mujeres en prostitución y tener un ser humano entero al final de eso, o durante, o al principio. Es imposible. Y ninguna mujer se completa después.»

Si aplicamos estas últimas palabras de Dworkin a todas las mujeres, «es imposible usar un cuerpo humano de la manera en que se usa el cuerpo de las mujeres y tener un ser humano entero… ninguna mujer se completa después», a cómo nos afecta el patriarcado a las mujeres, entenderemos mejor la magnitud de la prostitución y la violencia sexual en la que se nos educa, a todas las mujeres, el sistema prostitucional.

Porque la prostitución nos inculca, a toda la sociedad, a dar por hecho que si un hombre quiere tener sexo, a pesar de que una mujer no lo desee, puede violarla impunemente si ésta se encuentra en una situación de vulnerabilidad suficiente; sea económica, social o emocionalmente.

Asimismo, como dice C. Mackinnon, «La pornografía es una rama de la prostitución, es una variante tecnológicamente sofisticada de trata de mujeres. Las mujeres son las mismas, las actividades son las mismas, las relaciones de poder son las mismas, la desigualdad es la misma.»

Es decir, que a través de la prostitución y la pornografía, a través de la violación de mujeres por dinero, los hombres legitiman su abuso y normalizan la violencia sexual, que después trasladan a todas las mujeres de su alrededor.

Esta cultura de la violación, como explica Gail Dines, funciona «mediante la normalización, legitimación y justificación de la violencia contra las mujeres. En una imagen tras otra, el sexo violento se presenta como algo sexy y profundamente satisfactorio para todas las partes. Estos mensajes de la pornografía socavan las normas sociales que definen la violencia contra las mujeres como algo inaceptable o anormal, normas que ya son constantemente atacadas en una sociedad dominada por los hombres.»

Por lo tanto, la industria de la violencia sexual genera un entremado ético-legal de sustento de la ideología patriarcal más salvaje y violenta contra las mujeres, y que impacta directamente en cómo entendemos nuestra sexualidad, tanto los hombres como nosotras mismas.

En palabras de Sheila Jeffreys, “las niñas aprenden a amar y a tener sentimientos sexuales en una posición de inferioridad, y la erotización de su indefensión forma parte de la construcción de la feminidad. La pornografía como propaganda, según el análisis feminista, representa a las mujeres como objetos que adoran ser abusadas”.

Y, de hecho, cada vez son más los mensajes que nos bombardean con la idea de que el abuso sexual por dinero o filmado son «deseables». Esto se hace, por ejemplo, con la mal llamada «prostitución de lujo»; cuyo único «lujo» son la ropa y alto poder adquisitivo de los puteros. Sin embargo, dentro de ese “envoltorio”, son las mismas mujeres explotadas sexualmente por el Patriarcado.

Citando a Patricia Hill-Collins, “las formas contemporáneas de opresión no fuerzan a las personas a someterse. En cambio, articulan un consentimiento hacia la dominación, de modo que perdemos la habilidad de cuestionarla y, así, nos coludimos en nuestra propia subordinación”.

Entender que la industria de la explotación sexual, en todas sus ramificaciones, es un pilar fundamental para la ideología patriarcal y la violencia machista, y contar con argumentos radicales y sólidos para acabar con la opresión sexual de las mujeres es esencial.

Por último, no olvidemos nuestra genealogía. Seamos pragmáticas y utilicemos este vasto recurso (nuestro propio trabajo, el de todas las compañeras) para construir, conjuntamente, una lucha colectiva por los DDHH de todas las mujeres. Para eso, hay que abolir la prostitución.