8/14/2010

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Pobre, la visión de Vera sobre las mujeres

Polémica por los jóvenes

Pretender que se conformen con las labores del hogar, un error: Cauce Ciudadano


Foto
Priscila Vera Hernández en su oficinas del Instituto Mexicano de la Juventud
Foto María Luisa Severiano


Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Sábado 14 de agosto de 2010, p. 3

Las declaraciones de la directora del Instituto Mexicano de la Juventud, Priscila Vera, en el sentido de que la mayoría de los 7 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan son mujeres que se dedican a las labores del hogar, representan un acto de discriminación contra el sector femenino juvenil, consideró Carlos Cruz, director de Cauce Ciudadano, organización de defensa de los derechos de la juventud.

Indicó que se trata de una visión muy pobre que socava los derechos de las mujeres jóvenes en el país, reduce su perspectiva al trabajo doméstico y limita su autonomía. El jueves, la titular del Imjuve afirmó que de los jóvenes etiquetados como ninis la mayoría son mujeres que no es que no estén haciendo nada. Están dedicándose a las labores del hogar.

Cruz indicó que se trata de una visión reduccionista de las mujeres. Pretender que se conformen con dedicarse a las labores del hogar es un error que refleja que el Imjuve no tiene voluntad política de trabajar por los derechos de los jóvenes, en especial de las mujeres.

El activista resaltó que la demanda realizada en varios foros por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, para que las autoridades mexicanas apuesten e inviertan en la juventud es uno de los planteamientos que resolverán muchos de los problemas del país.

Cruz advirtió que en México no es lo mismo ser joven y pobre que ser joven, pobre y además mujer, pues este sector está en mayor vulnerabilidad.

Subrayó que de 2005 a la fecha el Estado mexicano dejó de atender a 3.5 millones de jóvenes que hoy son adultos y a los que se mandó al mercado laboral sin el menor apoyo.

El desalentador futuro al que se enfrenta la juventud ha provocado que hoy en día abandonen los sueños de independencia y consideren que vivir en casa de sus padres hasta los 35 años es normal, lamentó el activista de Cauce Ciudadano.

Señaló que el riesgo de que este sector permanezca en sus hogares y no tenga expectativas es grande, pues el crimen organizado aprovecha su ocio para intantar volverlos consumidores de productos prohibidos o para reclutarlos en las filas de la delincuencia.

Ninis, etiqueta injusta: Imjuve


Polémica por los jóvenes

Despreciar el trabajo doméstico, un problema de género en la sociedad

Laura Poy Solano
Periódico La Jornada
Sábado 14 de agosto de 2010, p. 2

La titular del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), Priscila Vera Hernández, demandó que en México se deje de etiquetar y estereotipar a los jóvenes como una población que no estudia ni trabaja, que es conflictiva, que son drogadictos y delincuentes, cuando no es así. Son la generación más educada y sana que hemos tenido, afirmó.

En entrevista con La Jornada, desestimó las declaraciones del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, –quien consideró vergonzoso que 7.5 millones de jóvenes en nuestro país no estudien ni trabajen–, pues afirmó “hay que ser muy cuidadoso en cómo se plantean las cosas. No es una generación de ninis –que no estudia ni trabaja–, hay que reconocer, y se está haciendo, que hay algunos en situación de vulnerabilidad”, pero consideró que llamar perdida a toda una generación, es pasarle ese calificativo a todos.

Cuando falta poco para el inicio de la Conferencia Mundial de la Juventud 2010, que se realizará en León, Guanuajuato, a finales de este mes, insistió en que no podemos seguir pensando en los jóvenes sólo como parte de una categoría negativa, pues destacó que México tiene el mayor bono demográfico, con 36 millones de personas menores de 29 años.

Sin embargo, enfatizó que es doblemente preocupante que de los 7.5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, seis millones sean mujeres. Afirmó que estamos ante un tema de género, pues las labores domésticas no están reconocidas en esta sociedad.

–Ante los retos que enfrentan los jóvenes en México, ¿con qué objetivo se organiza la CMJ 2010?

–El gran objetivo es suscribir una declaratoria que México entregue como insumo a la Organización de Naciones Unidas para abrir la discusión y que se haga visibles a los jóvenes para alcanzar los objetivos y las metas del milenio. De tal suerte que para 2015, cuando se haga un balance, esté incorporado el sector.

–¿Cuántos recursos públicos se destinaron para la organización de la conferencia?

–Se invirtieron 60 millones de pesos, y contamos con el apoyo de varias agencias de Naciones Unidas para el traslado de ponentes y delegados, así como para la asistencia técnica en la elaboración de la propuesta de declaratoria.

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La situación de las mujeres jóvenes en México es preocupante, señala el ImjuveFoto Cristina Rodríguez

–¿Cuál es el eje vertebral que deberá articular los trabajos de la CMJ 2010?

–Es incorporar a los jóvenes a las metas de desarrollo del milenio. Deben ser visibles en la agenda. Lo más importante es que se invierta en ellos. La CMJ tiene como objetivo posicionarlos en la agenda. La población juvenil es la más alta en la historia, son mil 500 millones de personas, de los cuales mil 300 millones viven en países en vías de desarrollo.

–¿Qué se espera de este encuentro para México?

–Que se deje de estigmatizar a los jóvenes y que se les reconozca como sujetos activos del desarrollo. México tiene la población juvenil más alta en su historia –más de 36 millones–, son una enorme riqueza para el país. No existe sólo el petróleo. Ser joven muchas veces es etiquetado como sinónimo de conflicto, drogadicción y delincuencia. No se están dando cuenta que los jóvenes son un enorme capital.

En ese sentido el gobierno federal hará un anuncio en la conferencia muy enfocado a reposicionar la temática juvenil como parte de la agenda nacional.

–¿Quée pasa con un país que tiene a 7.5 millones de sus jóvenes en una condición en la que ni estudian ni trabajan?

–Estamos en el momento idóneo, porque estamos enfrentando aún el bono poblacional, tenemos 10 o 15 años para aprovecharlo, para invertir en ellos, y por eso el llamado que hacemos a reflexionar con los jóvenes, primero reconociéndolos como actores estratégicos y después invirtiendo más en ellos. Estamos ante un momento crucial.

–¿Qué propuesta hay en materia laboral para los jóvenes?

–Es una de sus principales demandas, enfrentan casi el doble de la tasa de desempleo adulto. He sostenido que debe discutirse el tema de la flexibilidad del mercado laboral, a los jóvenes no les dan trabajo porque no tienen experiencia, y los que están estudiando quieren trabajar, pero necesitan jornadas de medio tiempo, y las leyes laborales aún no lo permiten. En la gran discusión de la reforma laboral no sólo deben escuchar a los sindicatos y a los empleadores, también a los jóvenes, concluyó.

Mujeres de todos los continentes se reúnen contra la militarización



Karol Assunção

Adital -
Mujeres de todos los continentes se reúnen contra la militarización

"Que callen las armas para que hablen las mujeres y los pueblos" y "Mi cuerpo es mi casa, mi casa es mi territorio. No entrego las llaves" son los lemas que señalan el rumbo de las discusiones del "Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización", que comienza el próximo lunes (16), en Colombia. La clausura será el día 23, con una jornada internacional de solidaridad con las mujeres y los pueblos que luchan contra la militarización.

Se espera que más de 1000 mujeres y hombres de movimientos populares y organizaciones sociales y políticas de América Latina, debatan estrategias para las acciones contra la militarización y sobre la presencia de tropas extranjeras en la región. El encuentro se realiza en un momento crucial dada la coyuntura política y militar latinoamericana.

Golpe de Estado en Honduras, ocupación militar en Haití e instalación de bases militares estadunidense en Colombia y en Panamá, son apenas algunos ejemplos del avance de la envestida de los Estados Unidos en la región. El país escogido para ser sede del Encuentro contra la Militarización, no podía ser mejor: Colombia, Estado que desde 2009, firmó un Acuerdo de Defensa y Seguridad con la super potencia norteamericana.

"Además de lo apuntado, el encuentro se desarrolla en un país cuyo gobierno tiene una historia de 40 años de cooperación militar con los Estados Unidos, que - usando el sofisma de lucha contra las drogas, el narcotráfico y el terrorismo, que ha sido el pretexto para persecución y estigmatización de la protesta social - oculta los verdaderos intereses económicos que están tras el conflicto en Colombia: mantener el control de sus recursos naturales, territorios y del pueblo", agregó la convocatoria divulgada al comienzo de este mes.

La creciente militarización en América Latina ha afectado la soberanía de los pueblos con desplazamientos forzosos, violaciones de los derechos humanos y la explotación de recursos naturales. Las mujeres son las principales víctimas de esta situación, porque con el aumento de militares en un territorio, aumenta también el machismo, la prostitución y la violencia sexual contra las mujeres.

"Históricamente la bases militares han servido para invadir territorios estratégicos por su localización geopolítica y controlar las riquezas naturales que muchas veces se encuentran donde viven los de los pueblos milenarios, afro descendientes y campesinos. Estas bases militares también promueven la prostitución, con la regulación de casas oficiales que sirven de ‘entretenimiento’ a los soldados, pero para las mujeres, representan esclavitud sexual y otros tipos de violencia, como los feminicidios", explican las mujeres de las organizaciones de mujeres en comunicado de julio pasado.


Programación

El Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización, será dividido en tres momentos. Durante el primero, del 16 al 20 de agosto, una misión humanitaria de solidaridad y resistencia visitará diversas regiones de Colombia, para observar los efectos de la militarización.

El Encuentro Internacional propiamente dicho, comenzará el día 21, en la ciudad de Barrancabermeja, (Departamento de Santander), con debates e intercambios de experiencias entre los movimientos sociales. La tarde del día 22, los participantes presentarán la declaración final del encuentro y la agenda de trabajo para la desmilitarización del Continente. El cierre de las actividades será el día 23, con una Vigilia por la Vida.

Las movilizaciones no se restringirán a Colombia. Organizaciones y movimientos sociales están invitados a realizar, en varios países, una Jornada Internacional de Solidaridad con las Mujeres y los Pueblos de Colombia y de las Américas que luchan contra la Militarización.

El propósito de las movilizaciones es llamar la atención de la sociedad sobre el avance de la militarización en América Latina. En esta línea, los grupos interesados en participar pueden hacer actividades como: vigilias y actos delante las representaciones diplomáticas de Colombia y de los Estados Unidos, distribución de volantes, seminarios, movilizaciones en las calles y reuniones con parlamentarios.

Más informaciones en: http://www.movimientos.org/encuentromujerespueblos/

Traducción Ricardo Zúniga


* Periodista de Adital

"Los desafíos de los feminismos transnacionales en la nueva era del genocidio".

brenymendoza21

Conferencia:

Por: Brenny Mendoza - California State University, Northridge (Estados Unidos)

XII CONGRESO CENTROAMERICANO DE SOCIOLOGÍA, Costa Rica,2010


Feminismo: un movimiento internacional, no trasnacional


Colombia: Bandas emergentes buscan control a través de la violación sexual

Avila

Ariel Ávila, integrante de la Corporación Nuevo Arco Iris.


Bogotá, agosto (Especial de SEMlac).- Las estructuras paramilitares y sus "hijas", las bandas emergentes, están usando la violación sexual como un mecanismo para el control de las organizaciones sociales y de las mujeres, según concluye el estudio recién elaborado por la Corporación Nuevo Arco Iris.

Ariel Ávila, integrante de esta organización no gubernamental, afirmó a SEMlac que las mujeres son violadas y asesinadas por grupos emergentes para evitar que reclamen sus tierras, arrebatadas por los paramilitares mediante el terror y el desplazamiento forzado.

Durante las dos administraciones del saliente presidente Álvaro Uribe, se impulsó una política de entrega y desarme de los grupos de derecha, conocidos como paramilitares, que produjo la desmovilización de unos 30.000 hombres.

No obstante, en zonas donde más desmovilizados hubo, como la Costa Atlántica, han emergido nuevos grupos de derecha que han hecho el relevo a las organizaciones paramilitares.

"En la Costa Atlántica las mujeres son más atacadas que en otras zonas. No sólo son violadas, sino amenazadas, e incluso asesinadas", precisó Ávila.

La violencia sexual en el marco del conflicto armado lamentablemente no es un hecho nuevo. Lo novedoso es que el estudio revela que este delito está siendo usado como mecanismo para el control social, además de seguir siendo un acto de revanchismo contra el enemigo.

Son mujeres más de la mitad de las personas que huyeron —y huyen— de sus tierras para poner a salvo sus vidas amenazadas por los actores armados del conflicto que vive Colombia. Así mismo, las organizaciones de desplazados internos están conformadas mayoritariamente por mujeres.

Las políticas gubernamentales de atención a la población desplazada incluyen la restitución de sus tierras, las que al huir fueron o bien compradas a muy bajo precio por testaferros de los paramilitares o, simplemente, invadidas por sus lugartenientes.

Es por ello que integrantes de las organizaciones de desplazados y de ONGs que apoyan a las víctimas del conflicto armado se han convertido en los blancos predilectos de las bandas emergentes.

"Los grupos emergentes están intentando que las desplazadas no reclamen tierras. Las mujeres ahora son una prioridad en las instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto surge un grupo o una reclamación de mujeres, estas bandas las atacan, las violan, las amenazan y hasta las asesinan para acallarlas", agregó Ávila.

Los casos abundan y la protección oficial es insuficiente. La ONG Alianza Iniciativa Mujeres Colombianas por la Paz (IMP) recientemente entabló una tutela (acción legal de emergencia) para solicitar protección para una mujer violada por la banda emergente "Águilas Negras". Se trata de una colombiana que cumplía labores de apoyo a las mujeres víctimas del conflicto armado en el noroeste de Colombia, y cuyo nombre se omite por motivos de seguridad.

"Ella llegó a Bogotá con protección de la Fiscalía General de la Nación, pero siguió siendo amenazada y estuvo a punto de ser secuestrada. Actualmente ya no cuenta con protección ni del Ministerio del Interior ni de la Fiscalía, organismos que dicen que ella no cabe en ninguno de los programas de protección. Por ello hemos interpuesto una tutela", afirmó a SEMlac Ángela Cerón, directora de IMP.

Ante la legislación colombiana, son víctimas quienes hayan sufrido daños directos de manera individual o colectiva, o alguno de sus familiares como "consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley".

Algunas personas y organizaciones de la sociedad civil brindan apoyo psicológico y legal, a fin de facilitar el acceso a los beneficios que como víctimas el Estado les reconoce, y para participar en las audiencias del proceso judicial contra sus agresores.

En abril de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a la ONG Sisma Mujer, organización que brinda apoyo a las víctimas del conflicto armado y que recibió amenazas de la banda "Águilas Negras", y a dos de sus colaboradoras externas, que fueron violadas.

Sobre estos hechos, Sisma Mujer se refirió así en un comunicado: "La gravedad y sistematicidad de las amenazas y ataques en contra de la población en situación de desplazamiento, y en particular de los hombres y mujeres que ejercen el liderazgo a favor de la protección de sus derechos afecta de manera profunda los procesos de empoderamiento político y exigibilidad de derechos como lo ha reconocido la Corte Constitucional de Colombia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados".

"En el estudio encontramos que las amenazas no son siempre tomadas seriamente. A las mujeres se les da un aparato de comunicación y en el mejor de los casos dos escoltas. En realidad hay mucha demanda, y el gobierno no tiene forma de proporcionar esquemas de protección para todas las personas amenazadas en Colombia", matizó Ávila.

Los ataques y amenazas a las defensoras de las víctimas del conflicto armado, muchas de ellas ubicadas en Bogotá y con respaldo institucional, deja muy pocas esperanzas para las mujeres víctimas.

"Si no existen garantías para nosotras, mucho menos para las víctimas, porque es cierto, para el Estado y las autoridades este es un delito invisible", señala una de las líderes amenazadas refiriéndose a la violación sexual con fines de control social.

En 2008 la Corte Constitucional promulgó una sentencia que ordena al Estado Colombiano investigar los casos de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto armado y desarrollar una política pública para las desplazadas.

Política, que según ordenó la Corte, debe estar compuesta por programas de prevención de violencia sexual, salud, educación, reparación, tierra, asistencia humanitaria y prevención de violencia intrafamiliar y comunitaria.

La eterna trampa




Carolina Escobar Sarti

Si las “minorías” se animan a pedirle al Estado algo que por derecho les corresponde tienen que estar graníticamente unidas, pensar igualito y ser idénticas entre sí. Pero nadie le pide a los sectores hegemónicos, que tradicionalmente las han “minorizado”, que cuando le exigen algo al Estado resuelvan primero sus divisiones internas.

Hace cuatro días, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, dijo: “Está claro que las minorías tienen derechos y esta ley es importante, pero también está claro que a lo interno de las comunidades indígenas existen diferencias de criterio sobre el proyecto de ley, entonces cómo se va a convocar cuando está rodeada de incertidumbre”.

Esto lo dijo en el contexto de un hecho reprochable que acaba de suceder en la Asamblea Legislativa de ese país: un grupo de mujeres y hombres indígenas fue desalojado, de manera violenta, de ese lugar, por ejercer presión al Ejecutivo para que retome el proyecto de Ley de Autonomía Indígena, que busca dotar de potestades y presupuesto propio a los representantes de 22 territorios indígenas del país. Y para rematarla, ella concluyó: “Lamento la actitud de varios diputados que más acuden al histrionismo que a la política en este momento, además aprovechándose de personas humildes”.

La subjetividad del sujeto colonizador, expresada en la más alta autoridad de un Estado, quedó totalmente evidenciada en apenas dos líneas, cuando en la primera impone para los “otros” minorizados lo que no impone para sí y sus iguales; y en la segunda, el hecho de que hable del aprovechamiento de personas humildes, dejando ver una sujetividad romanticona que considera a los indígenas o las mujeres y otros grupos engavetados en la categoría de las minorías, incapaces de pensar por sí mismos y decidir cuestiones fundamentales para su propia vida.

Lo que no dijo Chinchilla, fue que este proyecto de ley fue llevado a la Asamblea Legislativa costarricense desde hace quince años, y que está respaldado por el Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales, signado por el Estado tico desde hace mucho tiempo. Tampoco dijo que los sucesivos gobiernos han obviado el tema en el país, porque la zona donde viven esas poblaciones indígenas es un área a la que ya le pusieron los ojos encima para el proyecto de generación eléctrica Diquis, entre otros. Es la evidencia de una priorización de los intereses políticos y económicos, sobre lo establecido en una ley que persigue otorgar plena autonomía a los indígenas, elemento secuestrado desde hace más de 500 años para ese escaso 1.7 por ciento de la población, relegado a las zonas más alejadas de los centros de poder y desarrollo. Zonas donde se sigue viviendo en condiciones de exclusión y marginación.

Autonomía es algo que esas poblaciones perdieron con la conquista y parece ser el elemento que se resiste a resucitar cinco siglos después, por las mismas razones. El mecanismo de la fuerza, empleado con el pretexto de que otros grupos pueden tomar la misma ruta de presión, es otra de las evidencias que deja ver claramente que algunos diputados oficialistas no consideran a la Asamblea una casa del pueblo, sino una de pocos. Una de las mujeres indígenas, Luisa Bejarano, quien ha sostenido su resistencia en ese lugar, apoyada por otros diputados y diputadas solidarios, dice: “De por sí ya no tengo nada que perder, no tengo casa y ahora ni tengo tierra”.

¿Qué persona o colectivo puede ser plenamente individuo o grupo sin la condición de la autonomía? Por esa pregunta deberíamos de haber empezado. Porque si bien es cierto que hay proyectos posibles de beneficio para muchos, no se vale ni siquiera pensarlos si tienen que crecer sobre la marginación de otros seres humanos. Todos estos hechos se iniciaron el 9 de este mes, cuando se celebraba el Día de las Poblaciones Indígenas, lo cual habla de las innumerables paradojas que día a día siguen haciéndose presentes en nuestras realidades centroamericanas, tan desiguales, tan despojadas, tan herederas de un tiempo que ya fue, pero que parece seguir estando.

La columna de sara Lovera



Periodistas: "ni una muerte más"
Sara Lovera

MÉXICO, D.F., 12 de agosto (apro).- ¿Era una ocurrencia o simplemente la manifestación del hartazgo? A través de las redes sociales Facebook y Twitter tres mujeres periodistas, de medios tradicionales, pusieron en juego una vieja consigna: periodistas llaman a periodistas, sin mediación alguna.

Ellas, seguramente indignadas por el secuestro de cuatro periodistas en Gómez Palacio, Durango, el 26 de julio, se dijeron a sí mismas ¡basta!; y lanzaron en libertad la convocatoria a una protesta de oficiantes de la noticia que siempre atestiguan y son escribientes de los hechos.

No. Ahora se trató de encarnar a quienes cegaron su voz y su oficio, que no protagonizan ni reciben solidaridades directas, que ya no podrán nunca más hablar y exigir que aparezcan quienes desaparecieron inexplicablemente o basta a las agresiones y amenazas cotidianas. Quienes no podrán documentar la impunidad.

Las consignas: “Ni uno más” “Ni una más” “Por tu derecho a saber y mí derecho a informar”; “Alto a la impunidad” y “No más agresiones contra periodistas”.

Una convocatoria lanzada en las redes sociales caminó por todas las rutas de la red y llegó a las mesas de redacción, a los correos personales, a las ventanas del twitter. En una semana hubo 823 postes del espacio twitter. Así, cada colega convocó a más colegas. Nadie preguntó quién encabezaba. La llamada era entre pares. Montones de amistades llamaron y se dieron cita, difundieron y convocaron.

La bola de nieve creció, se diría en una respuesta espontánea en defensa de la libertad de informar para asegurar el derecho a recibir esa información, como ese pueblo que soñó un día Rosa Luxemburgo. Y funcionó. La imagen se tomó de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, con la que se construyeron mantas y algunos carteles.

La convocatoria se fue a las redes gremiales del mundo, a todo el país, a pueblos y comunidades. La indignación dejó de manifestarse en el anonimato. En 96 horas fueron rebasados los membretes y las acciones preocupadas.

Había una certeza común: hacer periodismo en México es peligroso, y pone en riesgo la integridad y la vida: 67 homicidios en 10 años; 11 desapariciones inexplicables y no documentadas. Tres casos investigados en la década solamente; 10 homicidios de periodistas en los primeros 7 meses de 2010.

Muchas palabras y dolores, gestiones en el aire, documentos sin respuesta, cero acciones, cero investigaciones y nada de rendición de cuentas. Resultado: impunidad total, expedientes sin solución, discursos y estadística útil pero ninguna solución concreta. Declaraciones y escritos. Vocerías múltiples, periodistas a la sombra y voces silenciadas. Lo peor: autocensura por miedo.

La propuesta fue sencilla: Decir qué pasa y qué sentimos en silencio: no mesas de negociación, no diálogo con la autoridad. Una solicitud: que hagan su trabajo, que investiguen y solucionen; que cumplan el protocolo internacional que obliga a dar protección al oficio periodístico.

Muy pronto la estadística oficial y no oficial, se desvaneció. La protesta se encarnó, acudieron miles de periodistas de todos los medios de prensa escrita, radio, televisión, agencias de noticias nacionales y extranjeras, diarios virtuales, noticiarios de radio y televisión, oficinas de comunicación social, integrantes de las mesas de redacción, sindicalistas, obreras y obreros de la tecla, trabajadores y trabajadoras de las empresas más antiguas, columnistas y opinadores, quienes hacen las fotografías del día, expertos en la documentación multimedia, tecladistas de las últimas cuatro décadas.

¿Las presencias? De 18 a 70 años; ¿Los orígenes? De todas las posturas ideológicas; ¿Los antecedentes? Con filiaciones y compromisos sociales y sin ellos. Era el gremio, que en México, ha vivido eternamente dividido.

La marcha comenzó a las 12 horas, en el emblemático Monumento a la Independencia, en apenas 70 minutos la escalinata del Ángel de la Independencia, como se le conoce, en la cintura media de la amplia avenida Reforma --semejante a Les Champú Hélices, de Francia-- que va del Bosque de Chapultepec a Tlatelolco, rumbo al antiguo Palacio de Cobián, donde se ubica el gobierno interno.

Había colegas que se sintieron con invitación para asistir, de todos los medios del Distrito Federal y de medios locales de cinco entidades de la República, sin mediación alguna, ni protagonismo. Nadie ya podía representar o hablar por nosotras, pensaron las promotoras de tal cuestión, entre ellas las colegas Daniela Pastrana, Elia Baltazar y Marcela Turati, sorprendidas por lo que se escenificaba, una protesta propia que no sucedió en décadas.

Era insólito. Los escenarios en la calle eran de película: muchas y muchos se sentían extraños, lo normal es ir a reportear las manifestaciones de la sociedad y los sindicatos, pero nunca habían estado tantos y tan distintos en una sola fila, por su propia vida.

Hubo encuentros inusuales, abrazos, saludos, reconocimientos. Las cabezas canas se cruzaban con las negras o rubias apenas salidas de la adolescencia; los tripiés de cámaras de cine compartían, sin apretujarse, con las cámaras en mano; los micrófonos pedían permiso, entrevistaban a quienes normalmente hacen las entrevistas. Había quienes jamás pensaron en sostener un cartel de protesta, ni habían pronunciado una consigna o se habían cuestionado sobre sus derechos en colectivo.

En sus manos y en marcha con silencio acordado, sin aspavientos, se levantaron las fotografías y los significados de cuerpos asesinados de colegas; de quienes se buscan por su desaparición; en sus corazones las miles de denuncias de atropellos se agolpaban, se recordaron las injurias, los maltratos, las amenazas, las humillaciones, los abusos sexuales, como el que sufrió Verónica Alfonso, de Quintana Roo; los secuestros en la montaña, que sufren quienes no tienen la tribuna ni funcionan para la política de denuncia y protección. Las y los olvidados a quienes se silencia sin protesta.

Eran las y los mensajeros del diario acontecer, unidos en una tarde soleada, alegres y en actitud reflexiva, con el alma indignada. Sabiendo que no querían ni mesa de negociación con la autoridad que desprecia el horror en que vive alguien que va a cubrir una nota y arriesga su libertad y su vida, con frecuencia sin conciencia.

Estaban de pronto, asombrados en una sola voz, escribientes de los últimos 43 años, desde que el Ejército cegó a los estudiantes en Tlatelolco, que hablaban en público contra la violencia desatada en un país que recuerda en su piel al millón de muertes por la Revolución Mexicana; escribientes de las promesas y los discursos oficiales; de las narraciones de la desigualdad y la injusticia: periodistas que se la juegan, sin asumirse militantes, que sólo atestiguan hechos y hacen preguntas para la nota del día, para el reportaje, para contar alguna historia.

Ellas y ellos, al fin dando la cara. Y la dieron en al menos 18 ciudades del país simultáneamente: estuvieron protestando, igual, en Tijuana, San Diego, Chihuahua y Ciudad Juárez; en Hidalgo, en Guanajuato, en Durango, en Hermosillo, en Nuevo León, en el Estado de México, en Veracruz , en Michoacán, en Puebla, en Chiapas, en Oaxaca, en Morelos, en Guerrero, en Nayarit y Sinaloa.

De eso se trató la marcha contra la impunidad por los crímenes contra el gremio periodístico, en el país señalado por quienes observan, cuentan y suman, como el primero en América Latina por las cifras del deceso, el desamparo, la persecución, la tortura y la amenaza. No sólo por la inseguridad y el miedo. La mayoría de las denuncias son por atropellos de la autoridad; de las muertes no se sabe, porque no hay investigación; es imposible ubicar si se trata de asesinos del crimen organizado, del Ejército, las policías o el cacicazgo local o nacional. Nadie da cuenta de ello.

Ahora la voz era única: “Ni uno más”, “Ni una más”, era un coro interminable durante el mitin en el que concluyó la marcha.

Quienes participaron en el Distrito Federal, capital de la República, y otras 18 ciudades, dejaron simbólicamente en el piso libretas, bolígrafos, cámaras y micrófonos, como señal de protesta porque no hay seguridades para su trabajo. Nadie parece estar exento. Ni esa mayoría femenina que sale a buscar la noticia, ni esos jefes, hombres de puestos medios, ni esas jefas de redacción o de suplementos o páginas especiales. Es el gremio en peligro, no importa el medio, ni si nos conocemos o nos amamos.

No apareció figura emblemática o simbólica, protestante o en condición heroica. No estuvieron, no acompañaron a las y los periodistas, autodenominados, “de a pie”; sin financiamientos ni honores, En cambio aparecieron 67 nombres, 67 biografías, 67 voces acalladas. Se recordaron las 11 desapariciones; se habló de viudas, madres, hermanos y hermanas, colegas, gente dolida, sin amparo. Eran los que movieron el alma y la inteligencia a esas reporteras cansadas de oír discursos y solidaridades, para poner ahí, las fotografías, al estilo de las madres de Plaza de Mayo, para que las autoridades, simplemente, hagan su trabajo.

El 7 de agosto, aniversario 36 de la muerte de la escritora mexicana Rosario Castellanos, colegas se lanzaron a la calle, sin mediaciones, sin vocerías externas: ellas y ellos, trabajadores de la noticia de al menos cuatro generaciones tuvieron esa cita insólita. Cientos de otras y otros compañeros anunciaron la movilización en México y en el mundo. Les escribieron y contaron lo que hicieron. Sin miedo a no tener pertenencia. En le twitter nadie preguntó si alguien con liderazgo hizo la cita. Simplemente se reunieron y marcharon, con el convencimiento de que les va la razón y se necesita justicia.

Fue un no a la violencia desatada de quienes, sin protección, en riesgo latente, quieren trabajar en paz, a pesar de vivir en un país donde en cuatro años han sido ejecutadas más de 27 mil personas; donde se cruzan los fuegos de la guerra que anunció en diciembre de 2006 Felipe Calderón desde su púlpito presidencial. Quienes informan y hacen o buscan hacer efectivo el derecho de la población mexicana a ser informada, puntual, profesional y ampliamente.

La marcha de 95% profesionales del periodismo y la comunicación, tuvo solidaridades de un grupo de campesinos con camisetas negras cuyo contingente se colocó al final de la formación, de algunas organizaciones no gubernamentales y de muy pocas feministas.

A la una de la tarde llegaron a su destino. La Secretaría de Gobernación para dejar mantas, fotografías teñidas de rojo en el suelo, silencios reprobatorios de la impunidad. Desde adentro, dos subsecretarios, entre ellos Roberto Gil Zuarth, de Gobierno, solicitaban una comisión para dialogar. La respuesta fue seca: ¿Dialogar? ¿Qué hay que dialogar? No. Que hagan su trabajo, que recojan la manta con demandas; que los diputados hagan su trabajo; que las comisiones oficiales hagan lo propio, que se ocupen, que investiguen, que den resultados, que resuelvan. Nada de eso se resuelve en una mesa de negociación, o de diálogo, que dialoguen quienes piensan que el diálogo es solución.

Hoy los instrumentos de la tecnología de la comunicación, las redes, las redes sociales, la confianza, de periodistas entre periodistas, hicieron lo suyo. ¿La solución? ¿Quién la sabe? Simplemente “los queremos vivos”; “deseamos garantías para trabajar, para informar, para hacer posible lo que dice la Constitución de la República. No se anunció liderazgo alguno.

En cambio la noticia corrió como pólvora por el mundo, las agencias internacionales reportaron; las televisoras de oriente y occidente fotografiaron y filmaron, tomaron nota. El gremio periodístico habló. A la mañana siguiente hubo reportes periodísticos “permitidos por los editores” de todas las facturas y tamaños.

Costo de la banda presidencial de Calderón.


Cofetel: El pago de facturas
Jesusa Cervantes

MÉXICO, DF, 13 de agosto (apro).- Si los exhortos que hace la Comisión Permanente son un “llamado a misa”, al PRI parece no quedarle otra que optar por la ausencia para evitar así la casi inevitable entrega del gran espectro radioeléctrico a Televisa al precio de ganga de 180 millones de pesos.

Parece ser esta la primera lectura que se puede hacer a la fallida sesión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) del viernes pasado.

Como se recordará, desde el 19 de julio anteriro, el Grupo Salinas del dueño de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, presentó ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una demanda en contra de Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, y de su gran amigo y exasesor, Mony de Swaan, presidente de Cofetel, por haber participado “activamente” en la elaboración de las bases para las licitaciones 20 y 21 para la entrega del espectro radioeléctrico.

Estas, por la forma en que fueron confeccionadas, hicieron imposible que el resto de los aspirantes a obtener las nuevas frecuencias participaran, dejando así el camino libre al binomio Televisa-Nextel.

Por el mismo número de megahertz, 30, cuatro competidores debieron pagar cerca de 5 mil millones de pesos, mientras que por otro bloque similar, de 30 megahertz, Televisa-Nextel, por ser los únicos pujantes que podían concursar, ofrecieron tan sólo 180 millones de pesos.

Además de la denuncia ante la ASF, existen decenas de recursos de amparo interpuestos contra la citada licitación, de hecho, el pasado 9 de julio, un juez de Acapulco, Guerrero, decidió sobre una de las demandas de amparo y falló a favor del demandante, teniendo como verdad y orden jurídica “que se dejara todo como estaba”, es decir, “que se suspendiera la licitación”.

A pesar de ello, la SCT y Cofetel siguieron con el proceso, que consistió en revisar las “diferentes ofertas” y, este viernes 13 de agosto, daría a conocer el fallo, el cual resulta obvio: al ser sólo Televisa-Nextel la concursante y oferente, pues a ella se le otorgaría el citado espectro radioeléctrico.

Para evitarlo, el miércoles 11 de agosto, la Comisión Permanente, a iniciativa del diputado panista Javier Corral, propuso un punto de acuerdo en donde se “exhorta al Ejecutivo federal” a que declare “desierta” la licitación.

Durante el debate, el también diputado del PRI, César Augusto Santiago, cuestionó el punto de acuerdo, pues dijo que los exhortos al Ejecutivo siempre han terminado en simples “llamados a misa”, esto es, que Felipe Calderón puede o no tomar en cuenta la petición del Poder Legislativo.

De ahí que César Augusto sostuviera que en su partido aceptaban aprobar el exhorto pero a cambio de que el PAN, o por lo menos el propio Javier Corral, aceptara que, en caso de no ser tomado en cuenta el llamado, entonces respaldara una solicitud de juicio político en contra de Molinar Horcasitas.

Corral aceptó el reto, por ello, ante la negativa de Felipe Calderón de tomar en cuenta el exhorto, y ante la convocatoria que para el viernes 13 hizo la propia Cofetel, con el ánimo de entregar “oficialmente” y declarar “ganador” a Televisa-Nextel, el siguiente paso deberá ser la demanda de juicio político contra Molinar Horcasitas.

Esperemos que Corral y los panistas tengan palabra y pongan en marcha en lo inmediato el proceso para llevar a cabo el citado juicio.

Esto lo veremos la próxima semana.

Y es que la Cofetel tiene de plazo hasta el 19 de agosto para dar el fallo sobre la licitación que tanto beneficiará a Televisa.

A sabiendas entonces de que el exhorto no sería tomado en cuenta y ante la convocatoria de Mony de Swaan, presidente de la Cofetel, para dar “trámite” a la entrega del espectro a la televisora, el PRI decidió otra vía de presión y con ello evitar o por lo menos ganar tiempo para que otras demandas de amparo sean resueltas en contra de Televisa: que no acudiera uno de sus comisionados, Ernesto Gil Elorduy.

Efectivamente, José Luis Peralta y Gil Elorduy no acudieron a la cita del viernes; el segundo no se excusó pero el primero envió un oficio en donde recordó que desde el 14 de diciembre de 2009 se había manifestado en contra de las bases de la licitación --que claramente beneficiaban a Televisa y sacaban de la subasta a cualquier otro concursante--, por lo cual determinó no acudir a la sesión de este viernes 13 para no avalar con su presencia la parte última del proceso.

Y aunque Gil Elorduy no se justificó, todos saben que fue la pieza que el PRI colocó cuando se conformó la nueva Cofetel.

Como se recordará, luego de la aprobación de la llamada ley Televisa en 2006, a los partidos políticos se les dio como premio un lugar en la Cofetel, y al PAN le tocó Héctor Osuna Jaime, quien fungiría durante los siguientes cuatro años como presidente, y al PRI, Gil Elorduy.

Con la renuncia de Osuna a la Cofetel, ésta quedó acéfala; el momento fue aprovechado por Calderón y Molinar, quienes colocaron a Mony de Swaan como comisionado, y entonces el Ejecutivo federal lo nombró presidente de Cofetel, así, el PAN tenía ya dos asientos de los cinco que la conforman.

El tercer comisionado afín al gobierno es Rafael del Villar Alrich, quien se había desempeñado en el área jurídica y, al ser nombrado comisionado, es hoy considerado también como la tercera pieza del gobierno federal y el panismo en Cofetel.

Calderón nunca se sintió cómodo con Héctor Osuna, de hecho había sido una posición heredada por su antecesor, Vicente Fox, por esta misma razón en dos ocasiones le llegó a pedir su separación, pero este panista se sostuvo y se negó a renunciar.

Sin embargo, el pleito de las grabaciones del entonces titular de la SCT, Luis Téllez, que salieron a la luz pública el año pasado y en donde se acusaba a Osuna de haberlas filtrado, fue el pretexto perfecto para que éste saliera de Cofetel. Así fue y con ello el PAN se quedó con tres espacios.

Aunque la Cofetel está conformada por cinco comisionados, de los cuales tres son del gobierno, uno del PRI y el quinto cercano a Carlos Slim, el pasado viernes la comisión tuvo el quórum suficiente, al contar con los tres comisionados panistas, para llevar a cabo la conclusión de la licitación en beneficio para Televisa.

A sabiendas de que la ausencia de Elorduy y Peralta resulta vital, aunque legalmente no necesaria pues se contó con el quórum suficiente, el gobierno calderonista determinó no llevar a cabo la sesión.

¿Cuál fue el motivo?, pues que el PRI ha hecho tanto ruido en el último mes, tanto en contra de Molinar Horcasitas como en contra de la licitación, que al gobierno de Calderón no le quedó de otra que ordenar la no realización del encuentro.

Sin embargo todavía tiene cuatro días de plazo para realizar la reunión y entregar a Televisa-Nextel el especto de 30 megahertz por tan sólo 180 millones de pesos contra los 5 mil millones que desembolsaron los otros competidores por el mismo número de megahertz.

Este plazo resultará clave para que el PRI pueda llevar a cabo sus negociaciones y, como siempre, ante la debilidad y el no saber cómo hacer bien las cosas de parte del gobierno federal, los priistas podrán sacar raja de todo este conflicto, que no sólo afecta a la otra televisora o a los otros competidores que quedaron fuera, sino a toda la población, ya que la concentración de los medios de comunicación en pocas empresas, o el uso de los espectros radioeléctricos, implican una verdadera limitación a la libertad de expresión y, por lo mismo, es también un ataque contra la población en general, quien tiene pocas opciones para informarse de lo que verdaderamente ocurre en un país.

Lo que el PRI podrá negociar o hasta dónde es capaz de llegar el gobierno calderonista a favor de los dueños del dinero en México lo veremos en los próximos días. Aunque, sin duda, gran parte de la población sabe cuál camino seguirá: el pago de facturas.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

CINE CINE CINE

(Diálogo público con Leonardo García Tsao)
¡Casi todos los mexicanos!
Víctor Ugalde*

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El alto costo del boleto ha expulsado de las salas de cine a más de 92 por ciento de los mexicanos sin poder adquisitivoFoto Cristina Rodríguez

Ala pregunta lanzada en estas páginas por Leonardo Garcia Tsao el pasado 6 de agosto sobre ¿quién quiere ver cine mexicano?, la respuesta rápida y sencilla es: casi todos los mexicanos. La mayoría quiere verlo pero no puede hacerlo en las salas cinematográficas, por lo que debe conformarse, si acaso, con verlo en dvd pirata, o esperar años hasta que el duopolio de la televisión quiera transmitirlo por señal abierta.

¿Por qué no podemos verlo en las salas del país?

1.- El alto costo del boleto ha expulsado de las salas de cine a más de 92 por ciento de los mexicanos sin poder adquisitivo. Es decir, por falta de dinero y no de ganas. A decir de algunos economistas, actualmente sólo acude a las salas 8 por ciento de la población nacional. La compra de boletos en 2009 fue de 178.6 millones, lo que prorrateado equivalió a que cada uno de nosotros asistió 1.7 veces al año. Cifra ínfima comparada con las siete veces que asistíamos en promedio hace 25 años, cuando los precios de entrada eran populares, es decir, cuando un trabajador de salario mínimo podía comprar con un día de trabajo más de ocho boletos y así poder ir al cine con toda su familia. En ese entonces sumábamos 70 millones de mexicanos y se vendían más de 480 millones de boletos.

¿Es justo que los exhibidores obtengan ingresos por 4 mil 111.09 millones de pesos sólo por ingresos en taquilla, más otro tanto por ventas, lo que supera 8 mil millones de pesos, debido a que sus actos son concertados en contra del libre juego de la oferta y la demanda. Precio alto de taquilla; excesivo en palomitas, muy grande en los refrescos, y el espectador no tiene opción, porque las compañías exhibidoras restringen y condicionan la oferta. Uno se pregunta, ¿dónde está la Comisión Federal de Competencia?

Actualmente no hay elasticidad en el precio. El costo más bajo en día de alta asistencia es de 56 pesos y algunas copias sólo las exhiben en salas VIP o 3D, por lo que asistir a una salita de cine nos cuesta entre 85 o 105 pesos por persona. Los precios han aumentado cada año por encima de la inflación, debido a prácticas concertadas entre exhibidores y distribuidores.

Desde hace 25 años el gobierno asumió el modelo neoliberal impuesto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ahora, a los trabajadores mexicanos de salario mínimo les cuesta más de ocho horas adquirir un boleto para entrar al cine, mientras en Estados Unidos a un trabajador en condiciones similares le cuesta una hora y media de su jornada comprarlo.

En México, los que asisten al cine son personas con ingresos medios y altos y a ellos no les gusta el cine mexicano, por su educación filoestadunidense y sus prejuicios de clase. Por esto son espectadores cautivos y pasivos del cine de Estados Unidos.

2.- Los mexicanos que podemos y queremos ver cine nacional no podemos hacerlo, ya que no hay una oferta amplia para escoger, como acertadamente indica García Tsao. En este momento no hay tiempo de pantalla para nuestro cine. Es verano y ellos se llevan las ganancias. En ocasiones como ahora, no encontramos películas mexicanas en buenas salas, ni en horarios cómodos, ni en lugares cercanos a nuestro hogar y así un largo etcétera.

3.- En las malas fechas, cuando hay otras distracciones o estamos muy gastados; cuando las trasnacionales se niegan a soltar películas a los exhibidores, entonces sí hay cine mexicano en cartelera. Entonces se estrenan varias cintas del país que se canibalizan entre sí. En 2009, en 14 ocasiones se lanzaron dos o más películas nacionales el mismo día. Siendo el colmo el 17 de abril, cuando se estrenaron cuatro y el 19 de junio, tres.

4.- Los datos que anota García Tsao son dramáticos, pero se quedaron cortos. En los pasados tres años se han estrenado 146 películas mexicanas y se han producido 206. Sólo en 1999, según datos del Instituto Mexicano de Cinematografía, se estrenaron 54 largometrajes y se produjeron 66. Las 42 que consigna García Tsao en realidad son las que recibieron financiamiento del gobierno para su producción, pero se habían estrenado 12 más subvencionadas sólo por la iniciativa privada. Sesenta largometrajes sin estrenar se dice fácil, pero es la producción de un año, y no encontrar fecha de estreno se convierte en una pesada carga para quien pone dinero en el cine, por el costo financiero que hace irrecuperable lo invertido en el filme.

5.-Público para nuestro cine hay, pero no tiene poder adquisitivo. Los pocos que pueden asistir a las salas se dividen en dos tipos:

Los que asisten a evadirse y divertirse, que son los más. Son los que no quieren ver el México pobre y sufrido en la pantalla. Gente que refleja en su formación nuestro sistema educativo nacional. Estos son los que asistieron en 2009 a ver cintas como Otra película de huevos y un pollo, El estudiante, Recién cazado, Amar a morir, Paradas continuas, El agente 00P2, Todo incluido, Nickte, El libro de piedra y El traspatio,10 filmes que tuvieron 8.34 millones de espectadores en total y que representaron 79.9 por ciento de la asistencia nacional ese año. El promedio de 834 mil espectadores por título es similar al que tienen los filmes estadunidenses. Lo que preocupa es que otras 44 películas mexicanas sólo tuvieron 20 por ciento de espectadores, con un promedio de 47 mil 725 personas por título.

El otro grupo de espectadores tiene mayor nivel de educación y exigencias estéticas más altas, es el que García Tsao llama de festivales, el que ve en el cine un objeto estético, un espejo de la realidad y, básicamente, al cine como arte. Las cintas mencionadas por García Tsao tuvieron 133 mil 957 espectadores. Lo que equivale a 16 mil 744 personas por título. Parece poco, pero este tipo de cintas son las que viajan por el mundo, las que tienen reconocimiento en los festivales internacionales, las que mantienen viva la aportación mexicana al imaginario del audiovisual mundial. Son necesarias y desgraciadamente son las más castigadas por la exhibición. Cuando mucho se proyectan en 10 estados. De ahí que casi nadie las conoce.

Lo más dramático es que sólo 10.4 millones de personas vieron nuestro cine en 2009. Si sumamos los espectadores de los pasados tres años, descubriríamos que sólo 37 millones tuvieron acceso a la propuesta estética de directores y escritores mexicanos.

Es tiempo de abandonar las políticas excluyentes, la marginación de los más. Es tiempo de recuperar la economía nacional en nuestro beneficio, no de los grandes consorcios multinacionales. Es tiempo de reactivar el mercado interno y de dar cumplimiento al artículo cuarto de la Constitución, que se refiere al acceso a la cultura.

Es tiempo de crear circuitos de exhibición a precios populares, de exhibir películas impulsadas con dinero público, con nuevos formatos para alcanzar grandes públicos.

Es tiempo de cambiar el modelo económico y cultural, para poder contestarle a Leonardo García Tsao que todos queremos ver cine mexicano y, además, ahora sí podemos.

* Escritor, director e investigador cinematográfico

Modelo laboral sustentable en el sector aéreo

Arturo Alcalde Justiniani

Cada vez es más claro que los problemas de nuestro país tienen un carácter multifactorial que obliga a soluciones integrales. En ocasiones nos hacemos la ilusión de que un simple golpe de mano los soluciona, pero más tarde resurgen con mayor severidad. Así, el tema de la inseguridad que nos agobia difícilmente será resuelto si no se toman medidas relacionadas con sus causas, las condiciones sociales que lo favorecen, las deformaciones del sistema de justicia, incluyendo la corrupción que opera en los órganos de persecución del delito, el lavado de dinero en los grandes círculos financieros y la ausencia de políticas de atención y prevención dirigida especialmente a los jóvenes.

La jurisprudencia 85/2010 de la Suprema Corte, que redujo las pensiones de 25 a 10 salarios mínimos, provocó una gran inconformidad a la que se respondió con un acuerdo del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Dar marcha atrás fue una buena noticia; sin embargo, es una solución temporal que no modifica las disposiciones legales aplicables ni la jurisprudencia, y menos aún resolvió el problema de fondo relacionado con las dificultades de esta institución y la necesidad de fortalecerla, tanto financiera como administrativamente, en la perspectiva de un régimen universal de seguridad social.

En el conflicto de Compañía Mexicana de Aviación, de cuya suerte dependen no sólo miles de empleos, sino en buena medida la imagen del país, sobresalen tres aspectos que invitamos a reflexionar: la conducta de los empresarios, la urgencia de definir una nueva política aeronáutica y las características del modelo laboral que conviene promover en este sector.

Por lo que se refiere al primer punto, resulta evidente la conducta aviesa de los empresarios que planearon una estrategia de desmembramiento de Mexicana de Aviación, con el fin de desviar recursos y sustituir la operación con empresas como Click y Link. La maniobra fue rápidamente descubierta cuando se conoció el mapa corporativo, los contratos de cesión y ventas que incluyen marca e imagen, la separación ficticia de los servicios de mantenimiento, la participación accionaria en Aeromexpress y SEAT, así como la creación artificial de la entidad Nuevo Grupo Aeronáutico, SA de CV. La deuda con Bancomext y Banorte, y el pago multimillonario a este último, ya iniciado el procedimiento concursal, requiere –como han exigido los trabajadores– investigación especial.

Atendiendo a nuestra legislación, en particular el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, es evidente que la separación artificial mediante diferentes razones sociales no exime al grupo de responsabilidades laborales. Conforme a esta disposición, se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes y servicios, incluyendo a las unidades y sucursales, independientemente de la forma que asuman, siempre y cuando contribuyan a sus fines. De esta manera, nuestro legislador no limita el concepto de empresa a la forma jurídica o a la razón social, sino que acoge un concepto más amplio, realista y material. Se trata de una definición fundamental para resolver problemas tan complejos como la subcontratación y la determinación de responsabilidades, también para esclarecer si existe fraude a acreedores por realizar operaciones orientadas a lesionarlos, conforme a lo señalado en el artículo 114 de la Ley de Concursos Mercantiles. La treta de la empresa duró muy poco, diversos organismos internacionales que protegen a los consumidores no cayeron en el juego. Todo indica que la solución del conflicto debe ser integral, contemplando el patrimonio del nuevo grupo aeronáutico y no sólo el de la empresa desvalijada.

Un segundo aspecto se refiere a la necesidad de una política aeronáutica que conciba a este sector como área prioritaria para el desarrollo nacional, que favorezca el ordenamiento del mercado y proteja su ámbito interno. Los gobiernos de otros países suelen considerar esta industria dentro de su agenda estratégica. Muchas razones lo justifican.

Un tercer ángulo está relacionado con el modelo laboral que sería deseable en el futuro para el conjunto de esta importante actividad. Por sus características y exigencias, en términos de seguridad y alta especialidad, no puede verse atrapado en esquemas de simulación. Sin duda, debe ser competitivo para favorecer la inversión frente a un mercado creciente, conciliando esta exigencia con condiciones de trabajo favorables que consideren la gran importancia de la seguridad en las operaciones aéreas.

Un medio privilegiado para lograr un modelo laboral sustentable, como sucede en otros países, es contar con un sistema de negociación colectiva informada y responsable. Para ello, es condición previa que los trabajadores puedan integrarse en organizaciones honestas y democráticas como la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA). En contraste, a partir de la presencia de nuevas empresas denominadas de bajo costo se ha desarrollado un sistema precario de relaciones laborales mediante contratos de protección patronal y la supresión de los gremios de corte profesional. La mecánica ha sido escoger sindicatos de carácter industrial que admitan cualquier abuso, como las renuncias en blanco, la utilización de falsos pagarés que operan como chantaje, la ampliación de jornadas y la supresión de descansos esenciales para la operación aérea. En Volaris y Viva Aerobús, las empresas escogieron al sindicato del STIAS, Interjet a la sección 15 de la CTM y en Magnicharters opera un modelo propio de simulación laboral.

Convendría promover un acuerdo marco en el sector que abarque los temas salarial, de condiciones de trabajo –particularmente aquellas vinculadas con labores altamente especializadas–, de previsión social y, obviamente, reglas para el desempeño eficiente. Estos acuerdos básicos evitarían la competencia desleal y serían un factor benéfico para el sector y los usuarios.

En menos de 72 horas el MP deberá resolver y notificar el caso

Avalan interrupción de embarazo por violación en Oaxaca

Por Nadia Altamirano Díaz, corresponsal

Oaxaca, Oax 13 ago 10 (CIMAC).- Ayer, en la última sesión del tercer período ordinario, la 60 Legislatura Local aprobó reformar y adicionar artículos de los códigos procesal y penal para que en los hospitales públicos de Oaxaca exista personal “no objetor de conciencia” que interrumpa un embarazo producto de una violación.

Para ello, las mujeres podrán solicitar un aborto no punible al Ministerio Público, quien deberá resolver en menos de 72 horas y se notificará al secretario de Salud en el Estado, para que a su vez él ordene quién deberá practicarlo y tomar las muestras para la prueba genética de ADN del producto, con lo que será posible probar la paternidad del presunto violador.

De los 42 integrantes del Congreso Local, sólo 29 votaron a favor de este dictamen que se analizó antes de que la Comisión Permanente Instructora declarara no culpable al gobernador Ulises Ruiz de las violaciones a los derechos humanos, ocurridos durante el conflicto político social del 2006, y dio por concluido el juicio político iniciado en su contra el 28 de julio pasado.

EN 30 DIAS SERÁ VIGENTE

El decreto sobre el procedimiento para el aborto por violación, que entrará en vigor 30 días después a su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, no fue avalado por la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Perla Woolrich Fernández, quien propuso las reformas al artículo 12 de la Constitución oaxaqueña para proteger la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte.

La representante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Ana María Hernández, celebró que se marque en la Ley la obligatoriedad del Ministerio Público de autorizar un aborto en casos de violación en un término de 72 horas, una vez que la mujer lo solicite, exista denuncia por esa agresión sexual y se compruebe que el embarazo es producto de ésta.

“Lo vamos a estar vigilando de manera escrupulosa para que sea un derecho real. Lo que sigue es generar un mecanismo de interlocución con la procuraduría y la Secretaría de salud para hacer efectivo este mandato. Sigue también una campaña de difusión de parte del Gobierno del Estado para que se sepa que el aborto está permitido para las mujeres que tienen un embarazo producto de una violación”.

De enero a junio del 2008 dicha organización no gubernamental registró la aparición de 36 casos de violación de mujeres en los periódicos locales.

De enero a junio del 2009 se registraron 60 casos de violencia sexual. Se calcula que entre el 10 y 20 por ciento de esas víctimas pudieron quedar embarazadas sin que pudieran ejercer su derecho a un aborto porque las leyes locales no establecían qué autoridad debería autorizarlo.

DERECHO SÓLO EN PAPEL

Desde 1931 el Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la República en materia de fuero federal, establecía que el aborto de un embarazo resultado de una violación no es punible.

En Oaxaca ello se estableció en el Código Penal de 1944 y se confirmó en el código vigente de 1979, pero se carecía de un procedimiento específico que permitiera su práctica.

Desde febrero pasado el gobernador Ulises Ruiz, a través del Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO), envió al Congreso la iniciativa para determinar dicho procedimiento.

El 15 de junio pasado más de 100 organizaciones de 19 entidades del país, responsabilizaron al líder del Congreso en Oaxaca, Herminio Cuevas, y al presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales, Jaime Aranda, de bloquear y no aprobar esa reforma penal, puesto que en días anteriores el dictamen fue sacado de la orden del día de la sesión ordinaria.

La diputada local por el Partido Revolucionario Institucional, Carmelina Cruz Silva, integrante de la Comisión de Justicia que junto con la de Equidad de Género analizaron la iniciativa, aseguró que desde hace tres meses el dictamen de la misma estaba listo, incluso proporcionó una copia fechada el 1 de junio pasado.

“Este dictamen fue aprobado en las comisiones unidas de Administración de Justicia y Equidad de Género desde hace tres meses y desde que fue turnada la iniciativa se revisó, se dictaminó pero dos veces la han bajado de la orden del día”.

NIEGAN TARDANZA

En entrevista por separado, el presidente de la Gran Comisión del Congreso dijo no tener conocimiento de que ese dictamen estuviera listo tres meses atrás: “La Comisión hasta hoy lo propuso para que fuera enviado al pleno y hoy lo votamos”.

Negó que su aprobación se haya dejado para el último día, porque si bien este jueves fue la última Sesión del Período Ordinario “podemos tener los periodos extraordinarios que queramos para seguir discutiendo los temas pendientes”, como la posible creación de un Instituto para Mujeres Solteras.

El próximo domingo se clausurará el tercer período ordinario de sesiones de la 60 legislatura y se nombrará a la Comisión Permanente que recibirá y turnará todos los documentos que se presenten hasta el 15 de noviembre, ya que al día siguiente entra en funciones la siguiente Legislatura que ya no contará con la mayoría priísta.

Testimonio de 6 mujeres presas por “homicidio en razón de parentesco”

Consignadas 30 mujeres más por aborto en Guanajuato


Anayeli García Martínez

México, D.F., 13 ago 10 (CIMAC).- Aunque el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, y el procurador de Justicia estatal, Carlos Zamarripa Aguirre en reiteradas ocasiones han dicho que las seis mujeres encarceladas en Guanajuato no purgan penas por abortar, los testimonios dicen otra cosa.

La organización estatal en favor de los derechos de las mujeres “Las Libres” ha documentado que las seis jóvenes, de escasos recursos económicos y sin educación, que permanecen encarceladas y acusadas del delito de “homicidio en razón de parentesco” sufrieron en realidad un aborto espontáneo.

Verónica Cruz Sánchez, presidenta de “Las Libres”, considera que estos casos muestran “la brutalidad del gobierno de Guanajuato” ejercida contra mujeres pobres con el único fin de criminalizar la interrupción del embarazo, por esta razón compartió con esta agencia algunos de los testimonios de quienes aún purgan condenas en prisión.

“DELITO FABRICADO”

Estas mujeres, a quienes nos referimos por sus apellidos, son originarias del noreste de Guanajuato, una de las zonas más marginadas la entidad. En promedio, ingresaron a la cárcel a los 18 o 19 años y tienen cerca de cinco años en reclusión por un delito que – afirman las activistas- fue “fabricado”.

Moreno, es una joven de 23 años de edad, que tuvo su primer hijo a los 15 años producto de una violación. Cuando se enteró de que estaba embarazada por segunda ocasión la invadió el miedo y el temor a la reacción de su familia.

Ella lleva cinco años en la cárcel y fue condenada de 27 años de prisión. “Estaba en mi casa, sentí ganas de orinar… cuando lo saqué vi que traía el cordón umbilical enredado en el cuello, me dí cuenta de que estaba muerto, después no supe que hacer…”

Alarcón es otra mujer de 26 años criminalizada por abortar, es madre de una niña de seis y ha pasado 10 meses en la cárcel y purga una sentencia de 29 años. “Salí al patio a hacer del baño, sentí mucho dolor y después perdí el conocimiento, mis papás salieron a buscarme porque ya me había tardado y me encontraron desmayada”.
DENUNCIADAS POR EL SECTOR SALUD

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) ha recomendado a México reducir el número de embarazos no deseados, no planeados o de alto riesgo, como una forma de contribuir a la prevención del aborto, y a la disminución de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal.

En estos casos, los trabajadores del sector salud de Guanajuato optaron por denunciar a las mujeres que vivieron un aborto espontáneo, en lugar de tomar las acciones necesarias para atender la salud reproductiva de ellas, y de quienes viven en las localidades con mayor rezago en la entidad.

Montoya fue denunciada por una doctora y ahora purga una sentencia de 30 años, lleva cinco en prisión. Relata “un día amanecí con vómito y dolor de estómago, tenía una semana de retraso…por la tarde cuando fui al baño me di cuenta que ya estaba reglando…duró toda la semana, mi mamá me llevó al Seguro para que me revisaran y la doctora me denunció, dijo que había tenido un aborto”.

Tiene 26 años, ella ni siquiera sabía que estaba embarazada, se enteró el día que la detuvieron luego de acudir al Seguro Social y ser denunciada por una doctora, desde entonces sus sueños de estudiar quedaron truncos, su delito fue quedar embarazada y no darse cuenta.

Rocha, de 26 años de edad es madre de una niña de cinco años. Lleva seis años encarcelada y aún le faltan 19 para cumplir su sentencia, también tuvo un aborto espontáneo “ese día en la madrugada tenía ganas de ir al baño y fue cuando se me vino el producto… me di cuenta que estaba muerto”.

Al encontrarse sola, con miedo y sin dinero, hizo todo para que su familia no se enterara, pero ante los malestares que sintió, fue a una clínica pública y una trabajadora social la denunció.

Al igual que Montoya y Rocha, Juárez fue denunciada por la clínica a donde acudió. Ella ya tenía una hija, cuando a sus 18 años quedó embaraza por segunda vez. Ella tuvo un aborto espontáneo por el cual lleva ocho años en la cárcel, pero su condena es de 25.

Un día se sintió mal, pensó que tenía diarrea, así que se dirigió a la letrina, después regresó a su cuarto. “Mi hermano me vio sangrando avisó a mi mamá quien me llevó al hospital”, en el lugar no la atendieron, pero la denunciaron.

MUJERES SIN INFORMACIÓN

Otras de las recomendaciones de la Cedaw hacia los Estados son fortalecer la estructura familiar, propiciando una actitud responsable hacia la sexualidad y la reproducción y además proporcionar información y servicios de alta calidad para las adolescentes embarazadas con énfasis en consejería y anticoncepción.

A pesar de esto, Frías es una mujer que no fue a la escuela, no sabe leer, ni escribir. A sus 39 años de edad, fue violada sistemáticamente por un vecino pero el miedo, las amenazas y la vergüenza influyeron para que no denunciara, por la misma razón jamás acudió a recibir atención médica pues le da pena que la vean o intenten tocarla.

De esas agresiones tuvo cuatro embarazos, tres hijos, y un aborto por el cual tiene una sentencia de 30 años, lleva cinco en la cárcel.

“Salí a traer el rastrojo… sentí dolor en la panza… los dolores eran cada vez más fuertes, me dejé caer encima del rastrojo, comencé a pujar para que saliera… estaba muerto”. Finalmente fue por una señora que era partera, quien la denunció.

Hasta ahora información actualizada por “Las Libres” indica que 166 mujeres han sido denunciadas por médicos de hospitales públicos, otras 14 ya tienen un proceso penal en su contra, nueve han sido sentenciadas y 30 más fueron consignadas y están en espera de entrar a la cárcel.