TIEMPO DE MUJERES

El discurso de los censores

Alfredo Figueroa Fernández* MÉXICO, D.F., 10 de agosto.- Hace poco más de dos semanas, cinco de los nueve consejeros del Consejo General del IFE resolvimos, en apretada mayoría, que el presidente de la República había incumplido el texto del reformado artículo 41 de la Constitución, que impide a todo servidor público difundir propaganda gubernamental durante el tiempo que comprenden las campañas federales o locales. Ello ha provocado reacciones públicas de partidos políticos, de legisladores y de la Secretaría de Gobernación.

La postura asumida por el Ejecutivo, a través de Gobernación, ha sido promover un debate público cuyo eje utiliza el discurso de la defensa de la libertad de expresión que, como línea argumental, pretende poner en entredicho la resolución que tomamos. “…Se quiere silenciar al presidente”, “censurarlo”, manifestó un subsecretario de Gobernación, y agregó: “En un momento así, el presidente tenía que salir a explicar a la ciudadanía el problema de la seguridad”. Está claro: son censores, insensibles e irresponsables.

La historia no es nueva. Desde un principio, los medios de comunicación y sus intelectuales que se han opuesto a la reforma constitucional de 2007 enarbolados en la libertad de expresión tienen el problema de la autenticidad. No son en realidad los principales animadores las prácticas deliberativas en torno a este tema y el funcionamiento democrático de la radio y la televisión.

Apostaron mucho y de modo sistemático en contra del proceso electoral federal de 2009, descalificando al IFE o ignorándolo de todas las formas posibles. Apostaron también a que la gente se alejara como nunca antes de las urnas para fortalecer su discurso.

En el preámbulo estaban además los planteamientos de la “saturación de spots”, el “sandwichito” mientras salía propaganda política en los partidos de futbol, “la indiscutible necesidad” de volver propaganda integrada los tiempos oficiales de la autoridad “para que la gente participara”. Los medios monopolizadores, a causa de la prohibición de la venta de espacios comerciales a partidos y a gobiernos (éstos últimos sólo en periodos de campaña), intentaron generar repudio a la reforma electoral, con la bandera de la defensa de la libertad de expresión.

Los acontecimientos fueron otros. Por vez primera desde el nacimiento del IFE, en la elección de 2009 aumentó en varios puntos porcentuales y en millones de votantes la participación de los ciudadanos en elecciones legislativas; aún más, las jornadas del 4 de julio de ese año superaron las expectativas en prácticamente todas las plazas. Y el estrepitoso fracaso de las mencionadas pretensiones mediáticas ha sido envuelto en un conveniente silencio.

El modelo de comunicación política, electoral y gubernamental no aleja a las personas de las urnas; puede gustar o no, pero los fantasmas producidos por sus detractores han desparecido.

Estos antecedentes sirven para situar y tratar de entender la decisión del presidente y su equipo de descalificar la resolución del IFE reproduciendo el discurso de los censores. ¿De verdad alguien puede sostener que el depositario del Poder Ejecutivo, al que nadie puede acusar más que por traición a la patria y delitos graves del fuero común, está siendo censurado? Pienso que ello es difícil de sostener.

Veamos los acontecimientos. El PRI presentó diversas denuncias en contra del presidente, por violaciones al artículo 41 de la Constitución, con tres componentes esenciales: difusión de spots del gobierno federal en radio y televisión en la temporada de campañas en elecciones locales; dos conferencias o mensajes de prensa durante el periodo de campañas y de veda (pocos días antes de la elección), y la cadena nacional establecida el 15 de junio sobre el tema de seguridad.

En torno a los spots, se determinó por cinco votos que no hubo responsabilidad de RTC, toda vez que los medios difusores de la propaganda asumieron que, efectivamente, el gobierno había solicitado que no se transmitieran en el periodo prohibido por la Constitución en los lugares con elección. La consecuencia: se establecieron sanciones a los medios de comunicación. Respecto a las dos conferencias de prensa, se determinó por siete votos que no hubo responsabilidad del presidente, porque la prohibición –y esto es muy relevante– no implica que no hable o no siga con las funciones que tiene encomendadas; el que los medios consignen los discursos o las acciones del presidente tiene que ver con el valor noticioso que encuentren en ello. La consecuencia: no es fundado el agravio expresado por el PRI.

Finalmente, la cadena nacional, que es el medio por el que se difunde el discurso presidencial del 15 de junio, es un mecanismo donde la radio y la televisión no optan por la transmisión en función del valor noticioso; no es un acto de libertad de difusión, es una obligación que la ley les establece cuando, a juicio de la Secretaría de Gobernación, el mensaje sea “trascendente”. Para la mayoría de quienes juzgamos los 10 minutos de aquel discurso existen elementos incluso literales de la propaganda de radio y televisión, párrafos completos de logros de gobierno asociados a políticas públicas. La consecuencia: es fundado el agravio expresado por el PRI.

La defensa jurídica del presidente trató de que se desechara la queja, basada en que no se le puede acusar más que por las razones que hemos mencionado correspondientes al artículo 108 constitucional. El IFE, en ejercicio de sus funciones, desarrolló una investigación y arribó a una conclusión; consciente de las restricciones, no dio vista a los órganos competentes de acusar y juzgar al presidente, justamente conforme a lo dispuesto por la Constitución. Ahora, si la idea es que ni siquiera se arribe a la verdad, al análisis de los acontecimientos y de los involucrados, ¿quién quiere silenciar a quién?

He leído la preocupación asociada a la idea de que resoluciones como estas ensanchan las facultades del IFE para escrutar el debate público y no contribuyen a reanimar la democracia deliberativa. Pienso que es una preocupación equivocada. Las políticas de seguridad han sido el planteamiento por excelencia del Ejecutivo federal durante estos años y, para decirlo con claridad, son exactamente lo contrario de la deliberación colectiva. Ahora, si lo que se quiere es que las personas conozcan esta política para deliberar en torno a quién elegir como gobernante a nivel local, debemos decir que el modelo electoral que nos dimos supone que en el proceso de competencia política no exista propaganda de gobierno justo en el proceso deliberativo final, es decir, en las campañas.

Es exactamente eso lo que se limitó en la Constitución al detener la propaganda de gobiernos y la difusión de la imagen de servidores públicos. Querer lo contrario es una postura que ignora la historia de los abusos en que los gobernantes han incurrido incidiendo en la deliberación libre y equitativa de los ciudadanos; también, volverse un actor más de la contienda electoral con recursos públicos. Y eso es justamente lo que el IFE debe detener. No lo hace desde luego escrutando el debate público, sino conteniendo, en la medida de sus posibilidades y facultades, la propaganda de los gobiernos, a favor de la equidad de la competencia.

Si el presidente y su equipo quieren modificar, aun contra su propia historia política, el modelo de intervención de los gobiernos en las elecciones, deben intentar modificar la Constitución.

El IFE inició la edificación de su autonomía cuando el presidente dejó de ocupar, mediante el secretario de Gobernación, una silla en el Consejo General. Después, el proceso de cambio político en México nos ha llevado, con muchas resistencias –algunas aún no superadas–, a buscar la no intervención indebida de gobiernos y recursos públicos en los procesos electorales. Aún en nuestro país, a nivel local, padecemos por desgracia una relación de intervención desmedida entre gobernantes y elecciones.

Con las insuficiencias o ausencias legales –como la del artículo 134 constitucional–, con nuestras limitaciones criteriales, materiales y temporales, tenemos por ahora una respuesta frente a las intervenciones contrarias a la Constitución. Una respuesta que pone de manifiesto la conciencia de nuestro pasado y los retos que enfrentaremos en el futuro, ejerciendo nuestras facultades se trate de quien se trate. Nada más, nada menos. l

*El maestro Alfredo Figueroa Fernández es consejero del IFE.