Miguel Ángel Granados Chapa
Manuel Añorve, alcalde de Acapulco, es ya el candidato del PRI para gobernador de Guerrero. Sus contendientes en el proceso interno se allanaron a la decisión del comité nacional, y el jueves pasado Beatriz Paredes permitió a Añorve anunciar su propia postulación, la primera para las elecciones del 2011.
El senador Ángel Heladio Aguirre, ex gobernador interino, que puede serlo constitucional, había dejado correr la posibilidad de jugar “a lo Malova”, es decir, de actuar como en Sinaloa lo hizo el entonces también integrante del Senado y ahora gobernador electo, Mario López Valdés: si como priísta no era lanzado por su partido, lo haría por una alianza opositora con la que triunfaría. Así ocurrió y ahora reemplazará a Jesús Aguilar Padilla, pues el PRI, según reconocimiento formal, se equivocó al postular a Jesús Vizcarra Calderón. Pero hasta este momento Aguirre ha resuelto esperar a la próxima, en que su partido tendrá mayores posibilidades de victoria, si como puede ocurrir, la obtiene en los comicios de enero próximo.
Puede ocurrir que el PRI recupere formalmente el gobierno guerrerense (aunque en los hechos el quinquenio en que lo ha encabezado Zeferino Torreblanca ha estado teñido de tricolor) porque el PRD enfrenta dificultades para determinar quién sea su candidato, que podría serlo también de Convergencia y el Partido del Trabajo. El primer paso en el proceso interno resultó fallido, y por una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido necesaria la emisión de una nueva convocatoria, que retrasó la búsqueda de candidato y puso en posición de primer tirador al del PRI. El litigio que condujo a la justicia electoral es síntesis de las dificultades internas del partido que llevó a Torreblanca al gobierno hace cinco años. El senador David Jiménez Rumbo objetó la convocatoria por ser contraria a la legislación interna perredista, pues se hizo explícito que la selección del candidato dependería del resultado de una encuesta, en vez de decir que la decisión del órgano interno respectivo podría guiarse por las preferencias que mostraran los sondeos. Se presumió que el modo de llamar al proceso interno era de suyo favorable al diputado Armando Ríos Piter, al que varias de las corrientes internas atribuyen ser el aspirante favorito del gobernador, con quien trabajó como secretario de Desarrollo Rural en el más reciente desempeño de su versátil carrera.
Jiménez Rumbo, el impugnador de la convocatoria, figura entre los miembros del Polo Guerrerense de Izquierda, una corriente fundada por Armando Chavaría, quien al momento de su asesinato el 20 de agosto pasado aparecía como el aspirante natural a suceder a Torreblanca. Tan clara era su posición, que fue obvia la interpretación de que se le privó de la vida precisamente para evitar que gobernara a Guerrero en un segundo periodo confiado por los electores al PRD. Dentro del Polo Guerre-rense de Izquierda se aprecia con preocupación que Jiménez Rumbo trabaje para sí en vez de favorecer la posibilidad, expresada por el ex alcalde de Acapulco Alberto López Rosas, de que la señora Marta Obeso, viuda de Chavaría, fuera postulada al cargo a fin de concretar la presencia simbólica de Chavaría en el proceso electoral, lo que sería una manera de frustrar las pretensiones de quienes lo mataron.
Por otra parte, la injerencia del gobierno en el proceso interno del PRD se manifestó con la negativa de expedir a Lázaro Mazón, otro de los aspirantes a la candidatura, el certificado de que carece de antecedentes penales porque aparecen registradas acusaciones en su contra. Si eso ocurriera, Mazón no hubiera podido ser, como lo es, senador de la República. Pero así se las gasta el gobierno.
Haberme referido en este lugar a algunos de los rasgos de su conducta, especialmente en cuanto al asesinato de Chavarría fue el motivo para que el gobernador ordenara una respuesta que apareció en el diario Reforma el 29 de julio pasado. Según su jefe de prensa, que firma el desplegado, mi “mala intensión es evidente”, aunque yo le diría que de haberla, no lo es tanto como su mala ortografía (pues el documento a que me refiero, preparado en su oficina y no en el diario, incluye intensión con ese y no con ce, como la regla indica). También es evidente su desparpajo para hacer, en nombre de su superior, por lo cual le pueden ser atribuidas a éste, aseveraciones que no corresponden con hechos públicos y notorios.
Con la firma de Manuel Nava, director general de Comunicación Social del gobierno guerrerense el desplegado no refuta, porque no puede hacerlo, el hecho indiscutible de que a casi un año del homicidio de Chavaría no se ha establecido quién lo mató y por lo tanto el asesinato ha quedado impune. Es cierto que en general la procuración de justicia ha sido uno de los peores rasgos de la administración de Torreblanca, pero el que un crimen de quien fue su secretario de Gobierno y era líder de la legislatura local en el momento de su sacrificio no hubiera merecido una averiguación dedicada y productiva, sugiere desde indiferencia hasta algo mucho más grave.
Nava “me invita” a hacer declaraciones sobre ese asesinato, del mismo modo en que fue llevado a hacerlo, a la fuerza, el director del diario local El Sur, Juan Angulo. Nada tengo que declarar ante el ministerio público como no tienen que hacerlo quienes publican sus opiniones. Pero el 19 de agosto estaré en Chilpancingo por si los agentes ministeriales quieren hacer efectiva esa “invitación”.
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