Escrito por Denisse Robles Ramírez
Foto de archivoFoto de Carolina Basi: .-Ciudad
de México.- Este pasado fin de semana se llevaron a cabo las elecciones
presidenciales en Bolivia cuyos resultados favorecieron a dos
candidatos de derecha, Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata
Cristiano y el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga, quienes se
disputarán el triunfo el próximo 19 de octubre de este año, lo que
marca un momento histórico para el país latinoamericano, puesto que da
fin a 20 años de gobernanza de la izquierda.
Ambos candidatos se
perfilan a una siguiente vuelta pero no han presentado ninguna agenda
enfocada en derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes en
Bolivia quienes representan la mitad de la población alcanzando los seis
millones, por el contrario, sus propuestas han endurecido la agenda
conservadora.
Por ejemplo, Rodrigo Paz tiene un proyecto llamado
‘Capitalismo para Todos’, un establecimiento que tendrá complejidad de
adaptar en un país cuya población indígena es del 40% y donde existen 36
pueblos reconocidos siendo el Quechua y el Aymara en los Andes
occidentales quienes tienen una cosmovisión ajena al sistema
capitalista.
Además, Paz, ha reiterado en constantes apariciones
pública su prioridad de retomar la relación con Argentina, es decir, de
ganar la presidencia estrecharía lazos con Javier Milei tras años de una
relación que estuvo rota por la izquierda boliviana de Evo Morales.
Por
su parte, Jorge Tuto Quiroga, este hombre conservador y considerado
neoliberal ha planteado en su campaña que implementará un recorte del
gasto público no visto antes en ese país y ha mencionado que sería al
estilo de Milei.
Este giro político ha despertado una alerta sobre
posibles retrocesos en materia de derechos humanos en favor de las
mujeres bolivianas, ya que históricamente han enfrentado barreras que
impiden el ejercicio pleno de sus derechos y en estas elecciones
denunciaron que durante las campañas electorales los candidatos se
centraron en la crisis económica y política que atraviesa el país y
evitaron dar agenda para erradicar la violencia que viven las mujeres,
niñas y adolescentes, pese a la alza de casos de feminicidio que
enfrentan.
Según datos de la Fiscalía General de Estado de
Bolivia, el primer trimestre de este 2025, reportó que tenían
registrados 19 casos de feminicidio y seis infanticidios, siendo el
departamento de La Paz el que más casos acumula. Aunque ese país tiene
la Ley 348 el cual castiga este tipo de violencia contra mujeres, no es
suficiente para erradicarla.
Otro tema de relevancia son los
derechos sexuales y reproductivos, en Bolivia, porque el aborto sigue
restringido, solo es legal en casos de violencia sexual, incesto y
riesgo inmediato para la salud o la vida de la mujer, dispuesto en el
articulo 266, capitulo 2 del Código Penal, modificado por última vez en
el año 2014.
Por lo que estas restricciones han mantenido
consecuencias graves, hoy en Bolivia, el aborto es la tercera causa
principal de muerte materna, aproximadamente de 30 a 40 mil mujeres
abortan cada año, la mayoría lo hacen de manera clandestina y en
condiciones inseguras para su salud, además se tiene un registro de 538
defunciones de mujeres a consecuencia de complicaciones durante el
embarazo, parto y post parto, según el Estudio de Mortalidad Materna de
Bolivia del 2011.
Las mujeres que se encuentren bajo las causas
señaladas tienen el derecho de acudir a establecimientos de salud
públicos y solicitar el servicio de Interrupción Legal del Embarazo
(ILE) pero con documentos que acredite su situación, por ejemplo: una
copia de la denuncia realizada ante algunas de las fiscalías o
autoridad, o bien, un diagnóstico médico que indique la situación de
riesgo del embarazo.
Si no es el caso, el aborto es castigado de
seis meses a dos años de prisión, indica el artículo 265 del Código
Penal de Bolivia.
«Si
el delito fuere cometido para salvar el honor de la mujer, sea por ella
misma o por terceros, con consentimiento de aquella, se impondrá
reclusión de seis meses a dos años, agravándose la sanción en un tercio,
si sobreviniere la muerte.
Por otra parte, la agenda país «por una Bolivia con igualdad» desde las miradas de las mujeres, documento elaborado
por más de 50 organizaciones de la sociedad civil, que se enfoca en
cinco pilares: justicia económica y sociedad del cuidado; justicia
ambiental con justicia de género; justicia social y una sociedad sin
violencias; autonomía del cuerpo: derechos sexuales y derechos
reproductivos y democracia paritaria e intercultural; manifestaron que
aún persisten grandes problemáticas que afectan la salud y vida de las
mujeres, como las altas tasas de morbilidad y mortalidad materna
derivadas del embarazo infantil o adolescente y el aborto inseguro.
Según
sus datos en el año 2023 se registraron 35 mil 508 embarazos en
adolescentes, es decir, aproximadamente 91 menores de 19 años resultan
embarazas por día en Bolivia, muchos de estos casos como consecuencia de
violencia sexual.
En cuanto a matrimonios adolescentes, el informe defensorial “Sueños Interrumpidos»,
publicado en el 2024 reportó la prevalencia del matrimonio infantil o
unión forzada temprana y estimó que 2 mil 344 adolescentes se casaron o
unieron antes de los 15 años, lo que sugiere una posible conexión entre
el embarazo adolescente y el delito de violación sexual, puesto que la
violencia sexual es el segundo delito que mayor prevale en Bolivia, y
sus principales víctimas son niñas, niños y adolescentes, según la
Coordinadora de la Mujer.
Por ello, más de 50 colectivas
feministas exigen eliminar barreras legales y administrativas para el
ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos, además,
aplicar las recomendaciones de la Sentencia de 18 de noviembre de 2022
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), donde pide al
Estado boliviano modificar el código penal en lo relacionado a estupro,
incesto y falta de consentimiento en casos de violencia sexual.
Ante
estas crisis que afectan directamente a las mujeres, feministas de
Bolivia denunciaron que durante las campañas electorales que se llevaron
a cabo en este año, los candidatos se centraron en propuestas sobre la
crisis económica y política que atraviesa el país y no propusieron de
manera íntegra soluciones para atender las problemáticas que afectan a
las mujeres, pese a la alza de feminicidios, embarazos adolescentes y
violencia de género.
Hay que recordar que Cimacnoticias ya había
documentado la violencia contra mujeres periodistas al documentar en
Bolivia que en 2022, se registraron 202 vulneraciones a la libertad de
prensa, tres veces más que en 2021. El 37% de los casos fue por agresión
a periodistas, el 12% por estigmatización, el 9% por amenazas, el 6%
por criminalización. 35 denuncias fueron reportadas por mujeres
periodistas. Los casos van en aumento y la impunidad también.
Bolivia. Violencia e impunidad amenazan con silenciar voces de mujeres periodistas
Violencia Política
El
observatorio de género de la Coordinadora de la Mujer en Bolivia,
señaló que durante la jornada electoral 2025 existieron cinco casos de
acoso y violencia contra candidatas a la presidencia, los cuales fueron
expresados a través de discursos de odio y ataques mediante redes
sociales y medios de comunicación, lo cual mantuvo en riesgos dos
candidaturas de mujeres.
Tal es el caso de Eva Copa Murga, actual
alcaldesa de El Alto, y quien fue candidata a la presidencia por el
Movimiento de Renovación Nacional (Morena), durante su candidatura fue
víctima de violencia digital, donde atacaban directamente su vida íntima
y cosificando su cuerpo, según el monitoreo de la Coordinadora de la Mujer se
identificaron expresiones que trascendieron el discurso violento y
ejerciendo violencia política extrema, lo que constituyen delitos
graves, mencionaron.
Además, enfrentó ridiculización constante y
dudas sobre su capacidad para gobernar asociadas a su vida personal, a
su género, edad, clase y etnicidad, con el uso de términos como “imilla”
o “campesina” en el marco de discursos discriminatorios, misóginos,
racistas y de odio.
Según ONU Mujeres, Bolivia fue uno de los
primeros países de la región en contar con la Ley Contra el Acoso y
Violencia Política, que fue elaborada con el objetivo de garantizar el
ejercicio de derechos políticos a través de la eliminación de los actos
de acoso y violencia política que experimentan las mujeres. A pesar de
que es un avance importante, aún persisten obstáculos para su
implementación que dificultan la consolidación de una democracia
paritaria, mencionó.
En este escenario, la llegada de un gobierno
de derecha genera incertidumbre sobre la continuidad de políticas
públicas con enfoque de género, considerando que durante estos años de
gobierno de izquierda ha sido difícil obtener garantías para el libre
acceso a una vida sin violencias de las mujeres, en esta ocasión con
gobiernos conservadores se pone en alta vulnerabilidad los derechos de
las mujeres, en especial los de las indígenas, migrantes y empobrecida.
