11/24/2012

Partidos políticos y movimiento sociales progresistas parecen confront




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Pedro Echeverría V.

1. En la concepción original de Marx el partido no era un ente burocrático, una organización cerrada que requiera un registro ante la burguesía de su tiempo. El Partido Comunista era en realidad un programa de lucha de los trabajadores (obreros o proletarios de la gran industria contra el capital);  en abstracto era el gran partido del trabajo (los explotados), para luchar contra el poderoso partido del capital (los explotadores). Sólo fue hasta 40 años después del "Manifiesto" cuando la corriente socialdemócrata –contraria a Marx- comenzó a introducir la idea y la práctica de participación electoral y el trabajo parlamentario. Marx sí habló de que los "comunistas" eran los más avanzados, pero en la cabeza de Marx no estaba que el partido fuera ajeno a la clase. Aunque se opuso al anarquista Bakunin, recogió de él cierta descentralización.

2. Los partidos de la llamada izquierda comenzaron a constituirse en aparatos de poder en el mundo desde el momento en que los intelectuales –a falta de obreros o proletarios- comenzaron a "obrerizarse", por "conciencia" o propia voluntad y a formar partidos. Aunque algunos obreros ingresaron a los aparatos partidarios, la realidad es que la masa jamás aceptó integrarse a un compromiso más que se sumaba a sus ocho o 10 horas de prisión en la fábrica. En los hechos fueron los intelectuales –no los obreros- los organizadores y militantes de los partidos comunistas, socialistas o de los trabajadores. Marx, Engels, Lenin, Mao, Trotski, Gramsci, Guevara, Castro, Bakunin –a pesar de las diferencias entre ellos- eran intelectuales que rebasaron la conciencia burguesa y se situaron en la posición clase oprimida.

3. Y es que los intelectuales, por más leídos y por más títulos universitarios que posean, nunca han podido ser independientes o neutrales en una sociedad dividida por intereses de clase social. ¿Se puede ser independiente, neutral, ante los problemas diarios que se presentan? Sí se puede ser intelectual "exquisito", privilegiado, sentir que se está muy arriba de los demás por los títulos o los libros, viajar al extranjero, ser comentarista seleccionado, pero esos hechos demuestran con contundencia por qué los intelectuales justifican o forman parte de la clase opresora. Son pocos, muy poquitos, los que han aprovechado sus conocimientos y experiencias para ponerse al servicio de la lucha social. Y la realidad es que no hay una tercera vía que permita que los intelectuales caminen en medio de la lucha entre las clases. O se deciden por igualarse a la burguesía o deciden hacer causa común con los trabajadores.

4. Formados los partidos como aparato –con intelectuales esencialmente- cuentan con varios caminos que se han experimentado en el mundo para ensayarlos de acuerdo a las condiciones económicas y políticas en cada país: a) la guerrilla rural o urbana, b) el movimiento de masas y la ocupación de calles y fábricas, c) las elecciones, el parlamentarismo y los cargos de gobierno, d) las huelgas generales y nacionales. Lo importante es subrayar que no hay luchas pacíficas y luchas violentas "de por sí", porque el carácter de ellas depende de cómo las enfrente el Estado y sus fuerzas armadas. Los trabajadores, sin armas para defenderse, sólo hacen uso de los reclamos y del desbloqueo de sus demandas. Es el Estado –mediante la represión, el encarcelamiento y los asesinatos, el que obliga a los trabajadores a tomar otro camino ante la cerrazón.

5. Casi todos los grandes partidos del mundo han tomado el camino de las elecciones, el parlamentarismo, los acuerdos entre dirigentes y los cargos de gobierno porque es el camino más redituable para el Estado, la burguesía y para los intelectuales. Los movimientos guerrilleros –aunque obligaron a las burguesías a hacer reformas- fueron masacrados o dieron resultados pírricos. Las huelgas generales o nacionales –aunque lograron muchas reivindicaciones- tampoco fueron una alternativa sin movimientos de masas que las antecedieran. El movimiento de masas en las calles han dado mejores resultados para los procesos de concientización y de experiencia de los trabajadores, pero sus procesos de maduración son muy lentos porque el desarrollo de los medios masivos de información de la burguesía han sido 10 veces más rápidos.

6. Se han cumplido ya 35 años que los más altos funcionarios, Reyes Heroles y López Portillo, decretaron –por propia conveniencia de la burguesía, pero con aplausos de la socialdemocracia y la derecha, la reforma política. Casi todos los partidos y partiditos entraron al juego político y sus circunstancias cambiaron radicalmente: de ser partidos pequeños y sin recursos autodenominados de oposición: el PCM, el PMT, el PST, el MAUS, el MAP, algunos trotskistas y maoístas, viendo claramente que era la oportunidad para crecer en número y convertirse en un aparato de poder, le entraron gustosos a la reforma política. En sólo 10 años pudieron hacerse incluso de la Presidencia de la República; y en pleno siglo XXI el grupo progresista –encabezado por López Obrador-  ha sido despojado electoralmente en dos ocasiones.

7. Sin embargo, a pesar de que los partidos electorales han logrado crecimientos 100 veces más rápidos y que incluso han estado en el gobierno durante décadas, en ese mismo ritmo han quintuplicado su oportunismo político obligándolos a ser iguales a los partidos de derecha o del sistema: los ejemplos pueden verse en Suecia, Italia, Francia, España, Alemania, Inglaterra y demás, donde los partidos socialdemócratas se han hecho del gobierno para servir en mejores condiciones al capitalismo. ¿Puede olvidarse acaso que incluso los empresarios europeos han dicho que prefieren a la socialdemocracia que a la derecha brutal? En México el PRI de los años 30 y de los 70, así como el PRD en los últimos 20 años, a pesar de sus discursos nacionalistas y progresistas, no hicieron o no han hecho más, que servir a los intereses del capital.

8. Los movimientos sociales hoy encabezados en México por los electricistas, profesores, mineros, campesinos, tienen la terrible limitación de ser muy artesanales, muy de su oficio, muy economicistas; por el bajo nivel de conciencia les es difícil superar sus demandas particulares y comprender que su lucha pertenece a los trabajadores en conjunto. Esa súper negativa limitación les impide entender lo que significa la lucha de clases y la batalla conjunta contra la clase explotadora. Por eso a la burguesía le ha bastado con otorgar migajas para mediatizar cualquier lucha artesanal y economicista. Por ello también los partidos políticos aparecen más avanzados al presentar que el movimiento social al presentar los problemas generales con carácter local, nacional e internacional. ¿Cómo erradicar el carácter artesanal y localista de los movimientos sociales?

9. Si bien López Obrador y su partido son lo único que existe como movimiento de masas, si continúan deslindándose de otras formas de lucha que no sean la electoral y la pacífica, en el futuro se quedarán solos o de plano transformados en el menor tiempo posible en otro PRD socialdemócrata. El oportunismo de los militantes del PRD no aparece por la maldad de los militantes sino por la línea política del partido. Si es un partido donde puedes ser diputado, senador, gobernador y además pagan por cualquier trabajo que hagas en ese sentido, ¿qué partido se está construyendo y al servicio de quién? ¿Y si no paga el partido viajes, viáticos y recompensas y está recibiendo subsidios gubernamentales y altos salarios para sus funcionarios, quién se lleva el botín? Parece que el Estado y sus gobiernos aprendieron rápido a mediatizar y controlar a la llamada oposición política.

10. En conclusión: el problema central del oportunismo de los partidos no es de errores, desviaciones o de corrupción de las personas y, por el contrario, tampoco es que sea necesario que se integren con individuos que hayan tenido la suerte de nacer sin mancha y estén vacunados contra la corrupción. El problema a preguntar: ¿Tienen los de abajo, los militantes de base, la suficiente conciencia para organizarse y exigir a los de arriba? ¿No resultará acaso que los de arriba tienen mejores armas económicas, de represión y control, para someter a los de abajo? ¿Serán los partidos pequeños Estados cuyas jerarquías cuentan con los suficientes medios para dominar? Lo anterior me lleva a pensar de que estos problemas de los partidos y la lucha social no es un asunto sencillo que pueda resolverse en una declaración de buenos deseos con buenas intenciones; es un problema de mucha reflexión crítica. (24/XI/12)

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pedroe@cablered.net.mx

 


Preocupan feminicidios a la ONU


Entorno de vulnerabilidad

Educación, empleo y salud inquietan a comité contra la discriminación

Informe destaca el nivel de pobreza y analfabetismo de las indígenas

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Las protestas de grupos de activistas se han multiplicado en años recientes ante el mayor nivel de violenciaFoto José Carlo González


Ariane Díaz
 
Periódico La Jornada
Sábado 24 de noviembre de 2012, p. 2

A la preocupación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por su siglas en inglés) por el incremento de feminicidios y trata de personas en el país, así como por el entorno de vulnerabilidad de mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas, se suma su inquietud por la condición de desventaja y riesgo para el sexo femenino en los ámbitos de educación, empleo y salud, así como la realidad de las indígenas en el país.

En el informe México ante el Cedaw –presentado oficialmente el pasado jueves por funcionarios de Naciones Unidas en la sede común de ese organismo en la ciudad de México– el comité expone su preocupación por el alto nivel de pobreza, el analfabetismo y las múltiples formas de discriminación contra la mujer indígena de las zonas rurales, en particular en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Asimismo, porque la política de seguridad pública adoptada por el gobierno para luchar contra la delincuencia organizada “ha afectado negativamente a las mujeres indígenas de las zonas rurales, ya que ahora sufren más violencia, incluido el feminicidio, a manos de fuerzas de seguridad”.

Por ello, recomienda garantizar que todos los programas y políticas de combate a la pobreza tengan perspectiva de género y enfoque intercultural, así como adoptar las medidas necesarias para asegurar la aplicación efectiva de las leyes pertinentes para prevenir la violencia contra las mujeres indígenas y garantizar a las víctimas un acceso efectivo y rápido a la justicia, incluso mecanismos de reparación.

En el rubro de educación, las expertas toman nota del Programa de becas para madres jóvenes y jóvenes embarazadas (Promajoven); sin embargo, les preocupa que se estigmatice y obligue a abandonar la escuela a las adolescentes embarazadas.

También lamenta que se haya reducido el contenido del curso sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, por lo que sugiere al Estado que vele por que el contenido esté al día, se base en pruebas científicas e introduzca un amplio programa en la materia, adecuado a cada grupo de edad, como parte del programa de estudios de los niveles básico y secundario del sistema educativo.

Además, manifiestan su inquietud por las disparidades en la tasa de alfabetización entre las mujeres de concentraciones urbanas y las de zonas rurales, así como la feminización de ciertos ámbitos de la educación.
Les preocupa también que la violencia contra mujeres y niñas en la escuela siga planteando problemas y que no existan mecanismos claramente definidos de prevención, enjuiciamiento y eliminación del abuso sexual y el hostigamiento y otras formas de violencia en las escuelas, por lo que insta a las autoridades a instituir medidas al respecto, y a alentar a las jóvenes a elegir ámbitos de estudio y profesiones no tradicionales.
En el rubro de salud, el comité resalta el incremento de embarazos de adolescentes, el acceso limitado de jóvenes a información y métodos anticonceptivos, y que la actual tasa de mortalidad materna (53.5 muertes por cada 100 mil nacidos vivos) dista de la meta establecida en los Objetivos del Milenio para 2015 (22.2 muertes).

Recomienda asegurar que en todos los estados las mujeres que tengan motivos legales que justifiquen la interrupción del embarazo tengan acceso a servicios médicos seguros y, en el caso de las que han sido violadas, acceso a anticonceptivos de emergencia, al aborto y al tratamiento para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el VIH-Sida.

En materia laboral preocupa la persistencia de prácticas discriminatorias, como el requisito de presentar certificado de ingravidez para lograr o mantener un empleo, el hostigamiento sexual y la violencia en áreas de trabajo (tres de cada 10 han sido víctimas de ello), la brecha salarial entre hombres y mujeres, y que 56.6 por ciento de la población trabajadora femenina se desempeñe en el sector informal, sin acceso a seguridad social.

11/23/2012

Qué hace MORENA (partido o movimiento) a favor de estudiantes de Ayotzinapa, Tiripetío o el Yo soy 132?



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Pedro Echeverría V.

1. El partido MORENA acaba de realizar su congreso de dos días. Estuvo tan estricto el acceso para los "no amigos" –sobre todo vigilado por el "chofer Nico"- que yo me tuve que "colar" para observar allí por lo menos hasta las 14 horas del lunes. Fue una reunión para "gafeteros" y, a pesar de los discursos exigiendo que no hayan "recomendados" entre las decenas de candidatos, casi siempre se identificó al candidato principal, a quienes declinarían y otros que iban de relleno. Pero esto es intrascendente porque de todas maneras nunca serán los asuntos políticos problema de personas honestas o corruptas, de inteligentes o tontos; sino de objetivos, de línea política o estratégica. El PRI, el PAN, allí va el PRD, caminan adelante porque sus líneas políticas son coincidentes con el nivel de conciencia y de pobreza de la mayoría de los mexicanos.

2. Si personajes como Beltrones, Gamboa, Cevallos, Calderón, Pablo Gómez y varios más, llevan casi 40 años ocupando cargos y haciéndose cada vez más millonarios, es porque se rigen por la ley de los mejor adaptados al sistema político, cada quien en su respectivo partido. Los 52 años de política que hemos vivido bajo el dominio de los empresarios, el PRI, el PAN y el PRD, son idénticos a los años anteriores a 1960, cuando sólo dominaba la mancuerna PRI-empresarios. ¿Puede alguien olvidarse de los 50 años de dominio político de los Fidel Velázquez, Hank González, Cervera Pacheco, Muñoz Ledo o Martínez Domínguez? Obvio que no puede pensarse que MORENA puede igualarse a toda esa historia; pero también pensábamos en 1989 que el PRD llegara a ser idéntico al PRI y al PAN, pero ya merito.

3. Hemos tenido 71 años de PRI y 12 años de PAN, así como gobiernos estatales del PRD y los resultados –con casi invisibles diferencias- son exactamente los mismos: los niveles de pobreza en vez de disminuir han aumentado, lo mismo que el desempleo, inseguridad, migración, los servicios de salud y educación. Del PRI y del PAN –al ser partidos de derecha y empresariales- no hemos esperado más que la continuidad de la miseria y la opresión; pero del PRD (que se autocalifica socialdemócrata y hasta de izquierda) que se esperaban algunos cambios en beneficio de los más pobres, se ha demostrado que es igualito a sus "maestros antecesores". Michoacán, Zacatecas, Guerrero, Chiapas, la ciudad de México, no cambiaron ni un ápice en favor de los trabajadores; les quitaron el gobierno porque ni la conciencia política pudieron cambiar.

4. MORENA no hizo nada para combatir la reforma laboral antiobrera con el pretexto de que estaba preparando su congreso. Hoy los estudiantes están en las calles en Ayotzinapa Guerrero, están exigiendo castigo a los asesinos de sus compañeros; en Tiripetío Michoacán, peleando por la libertad total (sin cargos) de los 49 expresos políticos, y en la ciudad de México los estudiantes del Yo soy 132 siguen batallando contra Televisa y defendiéndose contra un posible desalojo de la plantada "Revolución" de parte de la policía. Fuera de alguna declaración, ¿qué hace morena para prestar apoyo y cobertura a esos movimientos estudiantiles? Lo mismo podría preguntarse lo que hace MORENA en apoyo a las luchas de la CNTE, los electricistas, los trabajadores de Mexicana, los mineros, los indígenas zapatistas que reclaman ayuda y solidaridad.

5. Si MORENA no está junto e "incrustado" entre  los movimientos, éstos no tienen porque estar junto a MORENA. ¿O acaso puede considerarse justo? Tampoco el PRI, el PAN o en PRD participan con los movimientos, pero éstos tienen muchos millones de pesos para comprar a los medios de información y para comprar conciencias y votos. No hay duda que aquí está la diferencia entre un partido real y los que históricamente ha vivido el país. El que MORENA sea un partido honesto no depende de los consejos de honestidad, decencia o bondad, o que sea un partido místico o  "del amor". Depende de que esté planteando los problemas del pueblo mexicano y lo esté acompañando en sus luchas. A pesar de que es lo único que queda ahora con posibilidades de movimiento de masas, esa confianza muy pronto puede perderse si MORENA sigue caminando como partido tradicional y, sobre todo, deslindándose de las corrientes no electoreras que crecen.

6. Se tiene la convicción de que el poder y el gobierno en el sistema capitalista están en manos de los más hábiles y deshonestos, de los que han podido adaptarse mejor en el sistema de opresión, de los que han sabido aprovechar todas las coyunturas sociales para obtener beneficios personales o de grupo.  Parece que la honestidad no tiene cabida en la política burguesa dominante; por lo menos no conozco a ningún político de gobierno o aspirante a ello, que lo sea. La izquierda radical o real (la que se identifica plenamente con los trabajadores) cuando ha llegado a algún cargo público ha renunciado con dignidad o se ha pasado todo el tiempo quejándose por el papel vergonzoso que realiza; pero el 99 por ciento de los que batallan por obtener un cargo y lo logran, se la pasan muy contentos llevándose a la bolsa el equivalente de 200 salarios mínimos oficiales.

7. Cuando en 1977 lanzó la llamada reforma política el gobierno de López Portillo no fue un simple "palomazo" sino que fue muy pensada y estructurada para entretener con ello a la oposición. No pensó el gobierno sólo en regalar subsidios en dinero, así como diputaciones, senadurías, gubernaturas, incluso la Presidencia de la República a cambio de incrementar los votos, sino que también pensó -.en primer lugar- en desarticular a la izquierda radicalizada comprometiéndola a respetar el sistema económico, el sistema político y el sistema electoral poniendo como indispensable el registro de partidos y un millón de gestiones burocráticas legales que obligan a los partidos a no hacer trabajo social. ¿Mientras MORENA se organiza, se registra, decide candidaturas, hace mil trámites, le quedará tiempo para impulsar los movimientos de masas? (23/XI/12)

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Alistan abogados de sindicatos una "lluvia de amparos" contra la reforma laboral

Gremios se aglutinan y organizan un ataque legal a nivel nacional y en el extranjero

La legislación puede afectar la paz social porque viola derechos básicos de trabajadores, alertan
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Viernes 23 de noviembre de 2012, p. 22
Abogados de gremios preparan amparos contra la inconstitucionalidad de la reforma laboral aprobada por los diputados y senadores del país, a fin de que cuando sea promulgada por el Ejecutivo se interpongan múltiples recursos individuales y colectivos contra la aplicación de la misma, bajo el argumento de que viola preceptos fundamentales de la Carta Magna, convenios y tratados internacionales, así como derechos humanos y laborales de los trabajadores mexicanos.
Los gremios de la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM), pertenecientes al Congreso del Trabajo, conjuntamente con sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y del Frente Sindical Mexicano, encabezado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), arrancarán en breve la lluvia de amparos contra las modificaciones que aprobó el Legislativo a la Ley Federal del Trabajo.

Segunda etapa de acciones
En conferencia de prensa, las dirigencias de la CROM, del SME, del STUNAM, de Pilotos de Aviación, telefonistas y otros anunciaron la segunda etapa de acciones contra la reforma, la cual se basará en el ataque legal, tanto internamente como en el extranjero, ya que se presentarán también demandas ante organismos internacionales, debido a que la misma viola, por ejemplo, acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Rodolfo González Guzmán, líder de la CROM, apuntó que gremios de diversas corrientes han acordado alianzas con el fin de defender al sector obrero de la aplicación de la nefasta y regresiva reforma del presidente Felipe Calderón, y porque se avecinan otras iniciativas que son igualmente dañinas para los trabajadores mexicanos. Ya se habla, dijo, de acabar con los subsidios a la electricidad, el agua, los hidrocarburos y otros.
Premio a legisladores
En tanto, el dirigente del SME, Martín Esparza, indicó que al parecer el premio que se le dio a los legisladores por aprobar de volada esta reforma, que atenta contra el artículo 123 constitucional, son los vehículos nuevos que les autorizaron comprar, así como fijar a su gusto lo que será su aguinaldo. Resaltó que no les importó que la modificación a la Ley Federal del Trabajo vuelva más pobres a los trabajadores del país.
Sostuvo que por ello continuarán estas organizaciones en la búsqueda de conformar una central obrera independiente que aglutine diversas fuerzas.

Carlos Manuel Díaz Chávez Morineau, dirigente de la Asociación de Pilotos de Aviación, planteó que la reforma, al violar derechos básicos de los trabajadores, podría afectar la paz social del país.

Por el Sindicato de Telefonistas habló Rafael Marino, quien dijo que la referida reforma sella dos sexenios de gobiernos que se dedicaron a favorecer a los patrones, 12 años en los que la constante fue la pérdida de los derechos laborales y de cerrazón al diálogo con los trabajadores.

A su vez, el Stunam, en voz de Carlos Galindo, sostuvo que la intención de los gremios es ir por la consolidación de la unificación de luchas, el fortalecimiento de la unidad sindical, pues los trabajadores ya no pueden seguir siendo excluidos de las políticas públicas.

Lanzan campaña para erradicar la violencia contra las mujeres

Apoyan el proyecto ONU y AI; será difundido en redes sociales

La impunidad provoca que prevalezcan las agresiones: Prodh
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Presentación de la campaña en el SenadoFoto José Antonio López
Ariane Díaz
Periódico La Jornada
Viernes 23 de noviembre de 2012, p. 17
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presentó ayer una campaña que busca erradicar la violencia contra las mujeres, que será difundida en redessociales y que cuenta con el apoyo del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y Amnistía Internacional-México.
En conferencia de prensa, defensoras del centro y algunas víctimas afirmaron que la impunidad y los estereotipos empujan a que la violencia de género prevalezca.
Grettel Rodríguez, quien sobrevivió a intento de asesinato de su ex pareja, hace tres años, afirmó que en casos de violencia contra las mujeres, las autoridades parten de una serie de estereotipos, según los cuales las víctimas deben adoptar un papel sumiso.
Relató que justificaban las agresiones diciendo que había sido infiel. “Si una mujer llega al Ministerio Público a denunciar maltrato, lo primero que preguntan es ‘¿Qué le hizo a su esposo para que la golpeara así?’ A pesar de ser víctimas, nos tratan como si la culpa fuera nuestra”.
La campaña Un clic contra la impunidad, un clic contra la violencia hacia las mujeres, consiste en compartir en redes sociales un video con testimonios de defensores de derechos humanos, víctimas de violencia y jóvenes que cuentan su experiencia.
También busca difundir mensajes con los hashtags #AltoalaViolencia, #Sinviolenciamujeres y #Unhombreverdaderonoviolenta, entre otros. La campaña es promovida en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a conmemorase el 25 de noviembre.
En un video, el director ejecutivo de AI-México, Alberto Herrera, advirtió que la agresiones operan a partir de los recovecos de la cotidianidad: bromas, comentarios y actitudes que de alguna manera van haciendo que permee en la sociedad el entendido de que violentar a una mujer es válido.
Sostiene que en años recientes sí hay medidas, pero de carácter formal, y los avances materiales están relegados. Patricia Torres, una de las agredidas sexualmente en San Salvador Atenco, estado de México, en mayo de 2006, llamó a denunciar la violencia de género, y recordó que 11 de las mujeres atacadas en esa ocasión continúan en la búsqueda de justicia.
El video y material adicional se encuentra disponible en la página centroprodh.org.mx.

Magistrados y consejeros electorales, sujetos de juicio político, declara tribunal popular

Señala que el TEPJF lapidó los principios constitucionales al no profundizar su actuación

Demandan que la PGR realice investigación penal ante las omisiones de esos funcionarios
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Rafael Barajas –El Fisgón–, Carlos Pellicer, Jesús González Schmal, Bernardo Bátiz, Héctor Vasconcelos y Abel Barrera Hernández, durante la presentación del fallo del Tribunal Electoral PopularFoto Yazmín Ortega Cortés
 
Ángeles Cruz Martínez
eriódico La Jornada
Viernes 23 de noviembre de 2012, p. 10
Las omisiones y la pasividad de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) incidieron en el desarrollo de los comicios de 2012, y la actuación de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lapidó los principios constitucionales, al negarse a ver más allá de las pruebas para valorar los indicios de irregularidades del proceso, por lo cual son sujetos de juicio político en el Congreso, así como de una investigación penal de la Procuraduría General de la República (PGR).
Así lo resolvió el Tribunal Electoral Popular (TEP), constituido por ciudadanos que no estamos dispuestos a hacer como si no pasara nada y quedarnos cruzados de brazos cuando las autoridades no cumplen con su deber.

Órgano de acusación
El organismo –que durante una semana recibió y analizó las pruebas presentadas por ciudadanos y organizaciones civiles en torno a las anomalías reportadas antes y durante los comicios federales del pasado primero de julio– emitió ayer su fallo, el cual fue dado a conocer por el abogado Jesús González Schmal.
Indicó que los miembros del TEP promoverán entre legisladores de izquierda que adopten como propia esa resolución y promuevan ante la Cámara de Diputados las acusaciones contra consejeros y magistrados electorales, con el fin de que esa instancia legislativa se constituya como órgano de acusación para determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes. Luego, la resolución se turnará al Senado, en su carácter de jurado de sentencia.

Respecto de la denuncia penal, el fallo del Tribunal Electoral Popular se llevará ante la PGR, con el fin de que se tome como denuncia de hechos y con el acervo probatorio que ya existe en el IFE y el TEPJF se abra la averiguación previa.

La procuraduría, dijo González Schmal, deberá cumplir su obligación de procurar justicia y defender la vigencia plena del derecho y el orden constitucional.

A la lectura de la sentencia del TEP –presentada en el Club de Periodistas anoche– asistieron, además de González Schmal, Bernardo Bátiz, Héctor Vasconcelos, Abel Barrera, Carlos Pellicer y Rafael Barajas, El Fisgón, en representación del organismo en el que también participan Elena Poniatowska, Enrique Semo, Jesús Martín del Campo, Virgilio Caballero, Magdalena Gómez y Jorge Eduardo Navarrete.
El documento de 19 páginas da cuenta de la actuación lenta y pasiva de los consejeros del IFE al hacer caso omiso de la solicitud hecha en enero de 2012 por Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del Movimiento Progresista, con el fin de que el instituto adoptara medidas que garantizaran la equidad.

El IFE contestó más de cuatro meses después, sólo para desestimar los riesgos que advertía el candidato de la izquierda de que hubiera adquisición indebida de espacios en medios de comunicación por parte de terceros, partidos, precandidatos y candidatos.
Tampoco reconoció la necesidad de adoptar medidas para evitar la compra y coacción del voto, ni para llevar un control efectivo sobre la contabilidad y registro de los bienes que como propaganda se distribuían en las campañas.

De igual forma, rechazó la realización de auditorías durante la campaña sobre los recursos de los partidos políticos, con el fin de verificar su origen y destino.

En tanto, los magistrados del TEPJF dejaron de ejercer su facultad de órgano supremo y con eso aportaron el dato para la historia negra de México, señaló González Schmal.
Aunque el TEPJF tenía la facultad constitucional para investigar las denuncias, nunca hizo un esfuerzo por abrir los ojos y ver más allá de las pruebas presentadas. No hicieron el esfuerzo de hacer lo que hace todo juez: buscar la verdad infiriéndola de lo que se conoce.

En lugar de eso, resolvió que la coalición Movimiento Progresista, que reclamó la nulidad de los comicios, no presentó las pruebas de la adquisición encubierta de publicidad en medios de comunicación en favor de la imagen de Enrique Peña Nieto, del uso indebido de las encuestas como forma de propaganda electoral y del financiamiento encubierto por conducto de Banco Monex, así como del uso de recursos para la compra de voto mediante tarjetas de las tiendas Soriana, entre otras anomalías.
Consejeros y magistrados juraron guardar y hacer guardar la Constitución y no lo hicieron, por lo cual la nación los demanda, concluye la sentencia.

La cuarta guerra de Calderón: el ecocidio



Víctor M. Toledo

Este pequeño e inmisericorde aspirante a militar ha dejado un país en ruinas. La causa principal han sido sus guerras. Su guerra contra el narcotráfico, su guerra contra los trabajadores, su guerra contra los pobres y, finalmente, su guerra contra la naturaleza. Su belicismo obedece no solamente a la necesidad de legitimar una presidencia obtenida mediante el fraude electoral, sino a saldar y resolver resortes síquicos profundos ligados con la imagen que mira frente al espejo. Provinciano, mediocre, católico y corrupto, fue calificado por Raúl Vera, obispo de Saltillo, como el más cruel presidente que hemos tenido en México. El que se hizo llamar candidato del empleo envió a 15 millones de mexicanos a la miseria (según la Coneval), aumentó los impuestos, desmanteló sindicatos y restringió sus derechos a los que trabajamos, dedicó solamente 8 por ciento del presupuesto a los programas sociales (según la OCDE), dejó 7 millones de jóvenes sin escuela ni trabajo, y propició la muerte o desaparición de unos 100 mil mexicanos. También hubo impactos de sus decisiones en la dimensión ambiental y ecológica, en lo que fue su cuarta guerra.

Fiel a la doctrina neoliberal y a la maquinaria tecno-económica que la pone en práctica, Calderón terminó apoyando a y apoyándose en los monopolios nacionales y trasnacionales y en el Ejército y las fuerzas de seguridad. ¿Puede un presidente neoliberal pintarse de verde? Imposible. La causa primera y última de la crisis ecológica a toda escala, incluido el cambio climático, ha sido el modelo que busca mercantilizar los procesos naturales, explotar el capital natural. La contradicción fue enmascarada bajo una política doble: por un lado haciendo compromisos retóricos y concesiones irrelevantes mientras se facilitaban los grandes proyectos depredadores de la naturaleza. Como sucede en muchos países, en México la cosmética verde se ha vuelto una práctica común. Corporaciones, empresas, gobiernos y elites científicas se hacen la corte de manera recíproca, se conceden premios, se hacen cómplices, inventan espectáculos, guardan silencio y terminan formando parte de un círculo perverso.

Desde el inicio Calderón aprendió a manejar un discurso pintado de verde, pero su primera acción fue bajarle el presupuesto a la Semarnat en 21 por ciento. En la dimensión internacional estuvo siempre en sintonía con la corriente buscadora de un capitalismo verde, que intenta hacer negocios de cada asunto ecológico. Esto explica por qué organizó la Cumbre Mundial de Negocios para el Medio Ambiente (B4E, por sus siglas en inglés) en octubre de 2010. Lo anterior le permitió obtener el reconocimiento del PNUMA Campeones de la Tierra en 2011, y el Premio Ecología y Medio Ambiente, de la Fundación Miguel Alemán Valdés. Calderón fue no sólo puntual sino destacado en propiciar y facilitar una política ecológicamente destructiva de gran escala en cinco principales frentes.

El primero es el de la minería a cielo abierto. Durante el sexenio se otorgaron concesiones y permisos a casi 200 compañías canadienses, inglesas, estadunidenses, chinas, mexicanas, que se llevan oro, plata, cobre y otros metales prácticamente gratis, afectando y usurpando territorios comunitarios, y contaminando aguas, tierras y aire. Las emisiones tóxicas de la minería constituyen 70 por ciento del total, principalmente plomo, ácido sulfhídrico, cadmio, cromo, níquel y cianuro. Cada gramo de oro o cobre supone además un gasto descomunal de agua. Hoy, las concesiones mineras alcanzan una superficie de más de 50 millones de hectáreas, ¡la cuarta parte del territorio de México! De 2009 a la fecha los proyectos mineros han generado 54 conflictos con las poblaciones locales. Lo que las mineras han extraído en esta década equivale a ¡todo el oro y a la mitad de la plata extraída por la Corona Española en 300 años! El segundo frente tiene que ver con los megaproyectos turísticos, hidráulicos, urbanísticos y comerciales. Éstos afectaron cultivos, fuentes de agua, áreas forestales o manglares o arrecifes coralinos, e inundaron pueblos en al menos ocho estados de la República. El tercer frente es el de la producción de alimentos y otras materias primas. Calderón promulgó una Ley General del Cambio Climático, pero no hizo nada para detener el modelo agroindustrial que produce, a escala global, 28 por ciento de los gases de efecto invernadero. Los monocultivos agrícolas, forestales y ganaderos, orientados a la exportación, basados en agroquímicos, pesticidas, el despilfarro del agua y los altos costos energéticos, fueron objetivo central de la política agropecuaria y forestal de la Sagarpa. Como contraparte fueron mínimos los apoyos para incentivar, favorecer o fortalecer la agroecología dirigida a la soberanía y autosuficiencia alimentarias y a los productores tradicionales, no obstante que México es un país pionero a escala mundial en este campo.

A pesar de sus 35 millones de focos ahorradores, Calderón jamás adoptó una política de transición energética hacia las fuentes renovables. Ello implicaba poner en marcha apoyos sustantivos a la investigación aplicada, apoyos a la pequeña industria mexicana dedicada a generar tecnología, y programas masivos para la reconversión a escala de hogares. Finalmente debe citarse el caso trágico del maíz transgénico que las corporaciones (Monsanto, Syngenta, Dupont, Dow) intentan desde hace una década introducir en México en complicidad con las oficinas gubernamentales. Frente a ello, la resistencia campesina creció y se expandió por numerosas regiones del país y los científicos demostraron con hechos contundentes que todo el territorio mexicano es centro de origen y diseminación del maíz, además de emblema civilizatorio. Tan sólo en la península de Yucatán, la contaminación genética alcanzaría la producción de miel, donde 25 mil familias de apicultores mayas están amenazadas: su miel se exporta a Europa, donde se exigen productos genéticamente limpios. No tengo espacio para narrar la muerte de decenas de defensores, campesinos, asesores o activistas, que esta guerra también produjo. Sólo en Cherán, 12 comuneros han dado su vida en la defensa de los bosques. También el país tiene mártires ambientales. En unos días la cuarta guerra de Calderón habrá concluido. ¿Quién o quiénes recogerán los escombros?

Mujeres, bajo la barbarie social



Editorial La Jornada

De acuerdo con un informe de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, instancia de la Organización de las Naciones Unidas también conocida como ONU-Mujeres, el gobierno mexicano ha incumplido las recomendaciones que le fueron formuladas desde 2006, entre ellas, el brindar a las féminas acceso efectivo a la justicia, acabar con la cultura de la impunidad y eliminar figuras discriminatorias en códigos civiles y penales de algunas entidades. Mucho más grave, el Estado ha sido incapaz de poner un freno a la ola de feminicidios, a las desapariciones de niñas y adultas en todo el país y a la trata de personas, que desemboca por lo general en explotación sexual y laboral.

A decir de Ana Güezmez, representante en México de ONU-Mujeres, sólo en 2010 ocurrieron 2 mil 335 muertes con presunción de feminicidio, lo que implicaría más de seis mujeres asesinadas al día, en muchos casos con ingredientes de mutilación y violencia sexual. El dato, por cierto, hace aparecer como conservadora la cifra proporcionada hace dos días por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de 5 mil 202 feminicidios perpetrados en el curso del sexenio que está por terminar, toda vez que parece poco probable que la mitad de esos crímenes se hubiera cometido en uno solo de los seis años de la administración calderonista.

Pero el asesinato de una sola mujer por el hecho de serlo sería ya intolerable e inadimisble y es preciso ir más allá de las discrepancias en los números: baste decir que son muchísimas las mexicanas que han muerto como consecuencia de actitudes discriminatorias y de ámbitos de impunidad, y muchas más las que han padecido y padecen en forma regular o esporádica alguna forma de violencia de género o de discriminación por esa causa.

Ciertamente, la barbarie social contra las mujeres es un fenómeno con causas múltiples y complejas, históricas y culturales varias de ellas, y sería improcedente exigir a las autoridades federales, estatales y municipales que la erradicaran en pocos años. Lo que sí cabe exigirles, en cambio, es que eliminen los márgenes de impunidad y corrupción que han hecho posible el pavoroso incremento de feminicidios en diversas zonas del país, así como el auge del negocio de trata de personas y de explotación sexual. En los casos de Chihuahua y el estado de México, por citar sólo los más escandalosos, es claro que el feminicidio no habría podido convertirse en epidemia sin un contexto de ineficiencia y descomposición de los cuerpos policiales y acaso también de los organismos jurisdiccionales.

Otro factor contextual que ha incrementado la violencia de género es la estrategia oficial de combate a la delincuencia y al narcotráfico, así como sus efectos colaterales: un mayor control de diversas regiones del país por la criminalidad; la indefensión de sectores de la ciudadanía ante la delincuecia y ante los excesos de las corporaciones gubernamentales, y la incorporación masiva de mujeres a las actividades delictivas, impulsadas por situaciones de desintegración social, marginación, carencias educativas, pobreza y desempleo.

La administración federal entrante tiene ante sí, pues, la doble y complicada tarea de sobreponerse a antecedentes negativos en materia de protección a las mujeres y de formular políticas públicas y acciones concretas que permitan hacer frente a la discriminación y a la violencia de género, porque en tanto estos fenómenos subsistan, el país no tendrá autoridad moral para llamarse civilizado.

Perfilan primeros nombres del gabinete



Entre los que apuntan para colaborar con el presidente Enrique Peña están los de sus más cercanos, como Luis Videgaray y Miguel Osorio, pero también hay sorpresas
Enrique Peña Nieto ha definido ya la mayoría de las posiciones de su gabinete legal y ampliado, y a partir de hoy comienza a recibir en sus oficinas a los personajes que serán invitados a colaborar al nuevo gobierno. 24 HORAS tuvo acceso a algunos de los nombres que ya están confirmados en varias dependencias de la administración federal entrante.

La Secretaría de Gobernación, con el nuevo diseño y funciones, entre las que se encuentra desempeñar las tareas de seguridad pública, será ocupada por Miguel Ángel Osorio Chong; la Secretaría de Hacienda, con sus nuevas atribuciones legales, la ocupará Luis Videgaray Caso, y en la Procuraduría General de la República estará Jesús Murillo Karam, quien solicitará licencia a su curul en la Cámara de Diputados en los próximos días, para estar en condiciones de asumir el cargo con el nuevo gobierno.

La Secretaría de Educación Pública será encabezada por Emilio Chuayffet Chemor, ex gobernador del Estado de México; la de Energía por Pedro Joaquín Coldwell, actual presidente del PRI; en la Secretaría del Trabajo se designó a Jorge Carlos Ramírez Marín; la Secretaría de Turismo la ocupará Claudia Ruiz Massieu; el titular del Infonavit será Alejandro Murat y la Secretaría de Salud está por definirse en las próximas horas entre los actuales subsecretarios Oswaldo Rosette Valencia y Germán Enrique Fajardo Dolci.

En las próximas horas podrían conocerse nuevos nombramientos aunque oficialmente Peña Nieto dará posesión a todo su gabinete, legal y ampliado, en el primer minuto del 1 de diciembre, en una ceremonia protocolar que tendrá lugar a la medianoche del viernes 30 en Palacio Nacional. Ahí, el presidente tomará la protesta a sus colaboradores y les dará un mensaje con algunos de los lineamientos que regirán la actuación y el trabajo del próximo gobierno.

Posteriormente, el día 1 de diciembre, se llevará a cabo, a las 9 de la mañana, la ceremonia oficial de toma de protesta en el Palacio Legislativo de San Lázaro, que se prevé, no dure más de 20 minutos y del recinto legislativo, ya investido como presidente, Enrique Peña Nieto se trasladará a Palacio Nacional donde dará su mensaje político ante invitados de los sectores sociales y gobernantes extranjeros.

El programa oficial contempla después, a la 1 de la tarde, un acto de salutación en el campo Marte, donde Peña recibirá a representantes del cuerpo diplomático acreditado en México e invitados especiales a la toma de protesta.

Las actividades oficiales concluyen con una comida en la terraza del alcázar del Castillo de Chapultepec para la que se giraron mil invitaciones a empresarios, clase política, representantes de la sociedad civil, académicos y personajes de la cultura, entre otros.

La Muestra La demora


Carlos Bonfil

Después de La zona (2007), interesante exploración de las paranoias colectivas y conflictos de clase en un barrio residencial de la ciudad de México, tapiado y resguardado como fortaleza, el realizador de origen uruguayo Rodirgo Plá, radicado en México, propone hoy La demora, historia más intimista y no menos dura, ubicada en Montevideo. Las dificultades de un entendimiento solidario, presentes ya en los territorios de La zona, ese microcosmos que en 2007 reflejaba una sorda polarización política en el país, se trasladan ahora al interior de una casa muy modesta en la que conviven en situación de penuria económica una madre de familia, divorciada y a cargo de dos hijos, y su padre, con síntomas muy claros de demencia senil. El argumento de este tercer largometraje de Plá procede de un pequeño cuento, La espera, de su esposa y guionista Laura Santullo, que a su vez se inspira en reportes periodísticos sobre la dramática realidad urbana de ancianos abandonados por sus familiares.
Ante las crecientes dificultades para mantener a flote la economía doméstica con sus magros ingresos de costurera y con los trabajos informales que en ocasiones desempeña, y ante la exasperación que le provoca tener que atender a un padre anciano, con limitaciones y manías cada vez más irritantes, María toma la decisión de abandonar al anciano, cual mascota incómoda, en la banca de un parque, en espera de que los servicios públicos o alguna alma piadosa se ocupen de hacerlo llegar a un asilo. La premisa narrativa, sencilla y muy escueta, tendría su espacio ideal en un cortometraje. Sin embargo, lo que el realizador se propone y logra con acierto es explorar el complejo estado anímico de la protagonista, contradictorio y vacilante entre un innegable apego filial y la desesperación a que la ha orillado la crisis económica.
La demora aborda dos cuestiones sociales a menudo soslayadas por una retórica centrada en la ficción de una familia única y unida. Muchas mujeres están hoy a la cabeza de familias monoparentales y María es un caso emblemático de esta situación en ocasiones agravada por el desempleo o, en este caso, por un empleo mal remunerado. Por otra parte, no son pocas las familias que debido a estas dificultades económicas resienten la presencia de sus ancianos enfermos como un lastre, sin apoyos oficiales suficientes que consigan aliviarlo. Con todo, la cinta de Rodrigo Plá no es una denuncia manifiesta de esos agravios, sino de modo más sugerente aún, la crónica intimista de una soledad compartida y también el registro en la pequeña ciudad de Montevideo de una inesperada red de solidaridad de vecinos que compensan por la falta de apoyos institucionales, o llegan a completar los pocos existentes. En charla de prensa, el director menciona la creación oportuna en Uruguay, deseable también en México, de guarderías diurnas para ancianos desprotegidos.

Es notable el trabajo de Carlos Vallarino interpretando al viejo Agustín extraviado en su mundo interior, un poco como el hombre de memoria errática en La ventana de enfrente, del ítalo-turco Ferzan Ozpetek, y tan abandonado en un parque como otro personaje senil del neorrealismo italiano, el conmovedor Carlo Battisti de Umberto D (Vittorio de Sica, 1952). No hay mayor ni mejor pretensión en la cinta de Rodrigo Plá que este lento y angustiante compás de espera de una solidaridad afectiva hacia los ancianos, con sus continuas vacilaciones y demoras.

Calderón, el destructor del Estado de derecho


Calderón,  el destructor del Estado de  derecho
Con su proverbial ausencia de un mínimo sentido crítico, Calderón llega al final de su mandato creyéndose sus propias alabanzas


En la que fue su última aparición en el balcón central de Palacio Nacional, Felipe Calderón vio el desfile militar conmemorativo del 102 aniversario de la Revolución Mexicana. Podría hacerse el parangón con Porfirio Díaz presidiendo los festejos del centenario de la Independencia, convencido de ser un estadista promotor del progreso de la patria, cuando en realidad era ya la sombra de sí mismo y el destructor del Estado de derecho.
          
Con su proverbial ausencia de un mínimo sentido crítico, Calderón llega al final de su mandato creyéndose sus propias alabanzas, aun cuando como en el Porfirismo, México es en este momento la nación más desigual entre las principales economías emergentes, con un sistema político desecho por tanta demagogia y cinismo, y con instituciones cada vez más al servicio de una oligarquía apátrida.

No deja de ser una cruel paradoja que cien años después de haberse iniciado la compleja lucha del pueblo mexicano por liquidar el feudalismo, hayamos dado una vuelta completa a la Historia y estemos en muy parecidas condiciones a las que vivía entonces la población más pobre de una nación rural y con muy escasa organización social.

Sin embargo, para Calderón las cosas son muy diferentes, al mirarlas desde una perspectiva completamente ajena a la realidad. Según él, la historia nacional recordará este periodo como el de la decisión de “romper las cadenas que lo querían atar al miedo y a la violencia criminal”. La verdad es todo lo contrario, pues con su estrategia de combate al crimen organizado lo que logró fue crear en la sociedad un miedo plenamente justificado por la violencia que desató al sacar al Ejército a las calles.

No fue un acto gratuito que la gente reunida en torno al Monumento a la Revolución, para presenciar el desfile del 20 de noviembre, al ver llegar a los militares empezara a gritar que regresaran a sus cuarteles, cada vez con más seguridad y firmeza, hecho que por supuesto no fue notificado por los cronistas de los medios electrónicos. Si esta situación no la toma en cuenta Enrique Peña Nieto, seremos testigos de la continuidad de una política contraria a la necesidad de preservar el prestigio de las fuerzas armadas.

En su discurso, Calderón se refirió al imperativo de aprovechar que hoy el país tiene, según él, instituciones mejor preparadas y es más fuerte para enfrentar a la delincuencia. Sin embargo, es válido dudarlo porque luego de seis años no se notaron avances en una estrategia fallida que ocasionó más de cien mil muertos. No hay bases para afirmar que el Estado mexicano esté mejor preparado para superar los gravísimos problemas que ocasionó el manejo faccioso y patrimonialista del poder.

Deja un legado de desprestigio de las instituciones que rebasa nuestras fronteras, así lo muestran las recomendaciones de gobiernos extranjeros para no visitar México por sus altos niveles de peligrosidad en las calles. Deja una nación extremadamente endeudada, y tremendamente comprometida con intereses foráneos, situación muy semejante a la que se vivía hace cien años, cuando México era un territorio dominado por filibusteros extranjeros que tenían todas las facilidades del gobierno dictatorial para depredar a la nación.
Con todo, Calderón no tuvo empacho para afirmar que “la justicia, la defensa de la vida, la libertad y la integridad del patrimonio de las personas son principio y fin, razón de ser de todo Estado de derecho. Por lo mismo, protegerlos de la criminalidad y de quienes atentan contra su libertad e integridad, han sido no sólo un imperativo legal y constitucional, sino también político y épico”.

Los hechos nos demuestran que sucedió exactamente lo contrario: en su “gobierno” lo que menos importó fue la preservación de la justicia, la libertad y la integridad del patrimonio de las personas como lo demuestran los más de un millón trescientos mil desplazados que tuvieron que abandonar su patrimonio para salvar su vida. La criminalidad fue en ascenso durante el sexenio, al grado de que en la actualidad amplios territorios parecen haber retrocedido a los tiempos del viejo Oeste norteamericano.

Es un notable contrasentido que afirme que ha sido “un imperativo épico” haber sacado de sus cuarteles a los militares, cuando los resultados son lo más contrario a la épica, o sea el “género literario en verso en el que se narran hazañas de personajes heroicos o de pueblos, al que pertenece la epopeya”. Lo que consiguió finalmente fue atar más al país a los designios bélicos del gobierno estadounidense, por conducto de la malhadada “Iniciativa Mérida”. Así que esta conmemoración de un “gobierno” más identificado con el Porfiriato que con los revolucionarios, fue una más (ojalá la última), de las agresiones de una oligarquía apátrida al pueblo mexicano.
Guillermo Fabela - Opinión EMET

La tormenta tropical Sandy ¿Catástrofe natural o política?


Traducido del inglés para Rebelión por Teresa Benítez

“Una semana más tarde los hogares siguen sin electricidad”
Financial Times 5/11/12, p. 3
“Las viviendas sufren la falta de electricidad, al tiempo que caen las temperaturas y se avecina una tormenta”.
Financial Times 6/11//12, p. 3
“El cambio climático requiere acción, pero eso tiene su precio”
Financial Times 5/11/12, p. 4
“Acusan al ayuntamiento de no actuar según lo previsto”
Financial Times 1/11/12, p. 3

 
Introducción 

¿Qué tiene que ver el “estado de seguridad nacional” más grande y más caro del mundo con garantizar la vida, la subsistencia, y la propiedad de la capital financiera del mundo? ¡Prácticamente nada! 

Diez días después de la tormenta Sandy, más de 730.000 personas seguían sin electricidad en los estados de Nueva York y en Nueva Jersey, y casi 150.000 en la ciudad de Nueva York. Cerca de 50.000 personas se encuentran desalojadas; cientos de miles esperan en el frío para conseguir algo de agua, comida y gasolina de los repartos. Millones de personas se apelotonan dentro de los escasos medios de transporte públicos que están operativos, al tiempo que los ánimos se van enardeciendo; los viajeros se pegan codazos y empujones para poder llegar al trabajo, al colegio o para cumplir con sus obligaciones diarias. 

Los medios de comunicación dominantes señalan a las “fuerzas de la naturaleza”, y culpan a la tormenta de las pérdidas y de los daños. Los “medios alternativos” apuntan al cambio climático. Los primeros ignoran el hecho de que el impacto socioeconómico de la tormenta es consecuencia de decisiones de carácter político y económico; los últimos pasan por alto las políticas concretas a corto plazo que podrían haber prevenido o atenuado el impacto de la tormenta. 

Capacidades imperiales y negligencia interna 

Tres circunstancias interrelacionadas y que se dan tanto a largo como a corto plazo son las responsables de la pérdida de más de cien vidas humanas y 50.000 millones de dólares en daños materiales: las políticas neoliberales, el cambio climático y un edificio imperial militarista que ha llevado a la decadencia y a la negligencia dentro del país. Al abordar estas decisiones políticas podremos responder a la mayoría de las preguntas lanzadas por la multitud de vecinos indignados de Nueva York y Nueva Jersey. Las preguntas de las víctimas se podrían resumir en las siguientes: 

¿Por qué no se han hecho esfuerzos en protección civil y en prevención de crisis? 

¿Por qué no tenemos muros protectores, diques de contención, planes de evacuación? 

¿Por qué se retrasa tanto el reparto de comida, agua, gas por parte del estado? 

¿Por qué las empresas privadas de servicio público han interrumpido su trabajo de recuperación de la electricidad, sobre todo en los barrios más desfavorecidos? 

¿Por qué se colapsan las infraestructuras? 

Estas y otras cuestiones básicas apuntan a ciertas debilidades estructurales a largo plazo y a gran escala, especialmente a la mala asignación de cientos de miles de millones de dólares en recursos públicos, desde prioridades nacionales hasta el edificio imperial y rescates financieros. 

Militarismo en el extranjero y decadencia en casa 

Cada año, el gobierno de Estados Unidos gasta más de 800.000 millones de dólares en armas, bases militares en el extranjero (más de 700), carreteras militares, autopistas, puentes, y transporte de tropas; aunque no lo haga público, gasta miles de millones en la financiación de guerras indirectas, mercenarios privados, operaciones de las Fuerzas Especiales, y regímenes marioneta en los cuatro continentes. Los sistemas federal, estatal, y municipal gastan miles de millones en “Seguridad Nacional” y en sus filiales locales destinadas a espiar a 40 millones de ciudadanos estadounidenses, a perseguir a ciudadanos y vecinos musulmanes y a detener, deportar y abrir expedientes a millones de inmigrantes latinoamericanos y asiáticos. 

La “Seguridad Nacional” — nombre de lo más inapropiado—, en realidad lo que genera es inseguridad nacional con sus métodos policiales, e incumple su objetivo de proteger y garantizar la vida, la propiedad y la subsistencia de millones de ciudadanos estadounidenses, como claramente se ha podido constatar en el sufrimiento de millones de personas tras el paso de la tormenta tropical Sandy. 
 
El Departamento de Seguridad Nacional , con su aparato burocrático formado por miles de funcionarios y sus delegaciones ha tenido años para prepararse para titánicas inundaciones costeras producidas por tormentas y apagones de electricidad. Los informes oficiales elaborados por expertos tres años antes del Huracán Sandy, ya alertaban sobre la vulnerabilidad de las centrales eléctricas, de los sistemas de metro y de los bloques de pisos. Pero el Departamento de Seguridad Nacional estaba entonces demasiado ocupado pasando el detector de rayos X y husmeando a los viajeros de aeropuertos, estaciones de tren, de autobús y, pinchando las comunicaciones por teléfono, fax e Internet. Al menos diez días antes de que la tormenta arrasara la costa Este, la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) fue informada de su trayectoria y de las probabilidades de impacto. Sin embargo, no se hizo nada por montar viviendas provisionales y conseguir reservas de gasolina. En su lugar, los funcionarios de la FEMA se quedaron sentados con toda pasividad en sus oficinas y tras la tormenta, se pusieron a registrar las solicitudes de miles de víctimas desesperadas que habían perdido sus casas. El director de la FEMA, Creig Fugate, les dijo a las víctimas que no esperaran una recuperación rápida. “Esto no se arregla en unos meses, ni siquiera en un año” (Financial Times, 05/11/12, p. 3.). Sin embargo, a diario millones de dólares se invierten en costear la representación de la OTAN en Libia, Somalia y Siria. La aparente parálisis y la obvia ineficiencia del Departamento de Seguridad Nacional no se deben a la falta de personal, de información o de presupuesto. No es casualidad que el Departamento de Seguridad Nacional no esté preparado para intervenir en defensa de los ciudadanos estadounidenses en una situación de crisis. Lejos de esto, este organismo forma, premia y asciende a sus trabajadores en función del número y la “calidad” de los sospechosos de terrorismo que identifican y tienen vigilados. Son los mejores (o los peores) en elaborar perfiles y atrapar sospechosos y activistas musulmanes, y no en movilizar camiones cisterna, y barcos para transportar gasolina y casas móviles para las víctimas del desastre que se han quedado sin casa. 

Cuando se trata de movilizar a la flota naval por el Golfo Pérsico para intimidar a Irán, o de suministrar las más modernas armas a Israel, el Pentágono se “compromete con la causa” ipso facto; pero cuando se trata de evacuar a miles de estadounidenses mayores, discapacitados y vulnerables, atrapados en sus apartamentos dentro de altas torres de pisos, sin luz ni calefacción, no se ve a los Marines por ningún lado.
Obviamente, el imperio es “eficiente” en el extranjero, y la seguridad nacional deja mucho que desear en casa porque la política del imperio domina la agenda política, tal como lo han puesto de manifiesto el Presidente, el Congreso y sus sátrapas locales y estatales.

El Neoliberalismo y la creación de desastres naturales 

La Bolsa retomó su actividad en dos escasos días. Enseguida, su tablero electrónico volvió a encenderse. Las pujas multimillonarias eran transmitidas a inversores millonarios, pero mientras tanto, dos millones de residentes del área metropolitana de Nueva York tiritaban en la oscuridad. ¿No nos indica esto qué y quién tiene prioridad de clase sobre los servicios básicos? En su primer mandato, el gobierno de Obama destinó 4 billones de dólares de dinero público en rescatar a los especuladores de Wall Street. Estos se han recuperado e incluso han superado los márgenes de beneficio anteriores a la crisis. El Estado de Nueva York y las administraciones municipales le han concedido ventajas fiscales de miles de millones a Wall Street y empresas privadas, al tiempo que las infraestructuras públicas, el metro, las autopistas, el trazado eléctrico y los servicios de protección civil se encuentran en una penosa situación por falta de fondos. 

¡No fue la “tormenta” la que produjo el “desastre humano"! 

Las políticas neoliberales, así como los poderes políticos y financieros que las respaldan se han asegurado de que la ciudad de Nueva York y sus ciudadanos más vulnerables quedaran seriamente afectados. Los daños en las infraestructuras, las averías en el suministro de agua y en los servicios sanitarios, y los apagones eléctricos de larga duración son producto de la desinversión pública y del afán por el beneficio privado; los retrasos en la reparación de la red eléctrica son producto de los recortes de personal. Mientras que el estado y el gobierno federal recopilan archivos con datos detallados sobre cada mezquita, cada donante de organizaciones benéficas musulmanas, y sobre cualquiera que pueda hacer una crítica al estado de Israel, no dispone ningún “dato” sobre nuestros mayores y discapacitados atrapados en las altas torres de apartamentos, en viviendas públicas o en residencias de ancianos. Estos ciudadanos han pasado frío, sed y hambre en plena oscuridad y a muchos no les han llegado las medicinas. Algunos han muerto. Ninguno de ellos existía en los registros de prioridad del Departamento de Seguridad Nacional. 

Con los impuestos de los que quedaron exentas las empresas de Wall Street podría haberse financiado una reforma completa de nuestro sistema de protección civil; las propiedades y las inversiones públicas podrían haber renovado y garantizado nuestro trazado eléctrico. Los políticos comprometidos con el medio ambiente y la sociedad le habrían dado prioridad a las recomendaciones de científicos expertos e ingenieros para hacer frente a las cada vez más frecuentes amenazas producidas por el calentamiento global y el cambio climático. Lejos de todo eso, la ideología del libre mercado dictó que el respaldo a las finanzas, los seguros y el capital inmobiliario en Nueva York y Nueva Jersey debería dominar la agenda pública. 

Cambio climático 

El Ayuntamiento de la ciudad de Nueva York, el autodenominado centro cultural e intelectual de Estados Unidos, ya había reconocido los peligros del cambio climático: sus funcionarios públicos incluso habían nombrado un comité de expertos para estudiar el problema. Estos publicaron un oportuno informe que alertaba sobre las consecuencias funestas que podría acarrear el no hacer nada ante dicho fenómeno. Típico de la política de la ciudad de Nueva York, tales informes tan críticos habrían proporcionado una “simbólica gratificación” a los liberales, la ilusión de que se está fraguando algo “progresista”. Y así, los oradores en foros radicales pudieron congratularse de que ellos habían advertido públicamente sobre las consecuencias del cambio climático. Y entonces vino Sandy. 

En realidad, prácticamente no se había hecho nada. Peor aún, no se está haciendo nada en el sentido más trágico e inmediato de socorrer a los millones de víctimas. El Gobernador Cuomo lanza amenazas sin sentido a ConEd, la empresa pública de electricidad, por los prolongados retrasos y los flagrantes errores para restituir la electricidad. Los ciudadanos que sufren porque los que echan de las gasolineras ventean su ira unos contra otros. La escalada de precios es desenfrenada. Las organizaciones benéficas, los vecinos y los ciudadanos se conforman con programas de micro ayuda. El vasto imperio de los Estados Unidos se desmorona internamente desde las secas tuberías de su decadente infraestructura. Sus ciudadanos chapotean sobre alcantarillas desbordadas. El presidente Obama se ha opuesto a los controles de emisiones de dióxido de carbono, pero en cambio promueve la extracción masiva de más carbón, combustible y gas a través de técnicas como la fracturación hidráulica y, en consecuencia, el aire cada vez está más contaminado de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero. 

La Filarmónica de Nueva York, conocida en el mundo entero, podría tocar un “Requiem por un nuevo Atlantis” acompañando a las olas que inundan el bajo Manhattan. Mientras tanto, el inexpugnable Wall Street se traslada hacia el interior; su mudanza corre a cuenta de los municipios más pobres del estado que cargan con la exención de impuestos a los multimillonarios.
¡Que viva el Empire State!
¡Que viva la Gran Manzana!

Violencia institucional contra las mujeres: crimen sin castigo

NACIONAL
VIOLENCIA
   RUMBO AL 25 DE NOVIEMBRE
   Instancias de justicia ignoran denuncias de agresiones

Especial | Producciones y Milagros Agrupación Feminista AC
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.-

 La violencia de género es un fenómeno marcado por la impunidad y el olvido del Estado porque a pesar de contar con instituciones encargadas de contrarrestar este mal, en la realidad se discrimina a las mujeres y se ignoran sus denuncias, lo que deriva en la dilación de la justicia.

De forma paradójica las autoridades encargadas de prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia en muchas ocasiones son omisas al grado de ser ellas mismas quienes terminan por violentar a las mujeres que deberían proteger. Casos hay varios.

Valentina Rosendo, Inés Fernández, Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, son sólo algunos de los nombres de mujeres víctimas de violencia institucional, cuyos casos son emblemáticos porque llegaron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La violencia institucional es una figura establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde febrero de 2007. En esta norma se detalla que también los funcionarios dañan a las mujeres.

La Ley General define la violencia institucional contra las mexicanas como los actos u omisiones de servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen, dilaten, obstaculicen o impidan el goce y ejercicio de sus derechos.

CASOS EMBLEMÁTICOS

El caso de Valentina Rosendo e Inés Fernández, ambas indígenas tlapanecas originarias de Guerrero que fueron violadas sexualmente por militares en 2002, es ejemplo de la dilación de la justicia provocada por las autoridades.

Las dos fueron discriminadas por ser indígenas, no hablar español y ser pobres; a ellas ni siquiera se les garantizó un traductor a la hora de hacer su denuncia.

Lo más grave es que las autoridades encargadas de dar seguimiento a sus denuncias no les creyeron sino hasta 10 años después cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) determinó que el Estado mexicano fue responsable de violar sus garantías individuales.

En octubre de 2010 la Corte Interamericana determinó que ambas mujeres fueron víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos (DH), y que el Estado no les garantizó una vida libre de violencia, a la vez que ordenó implementar medidas para evitar la repetición de estos casos.

Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, jóvenes originarias de Chihuahua, fueron encontradas muertas en un campo algodonero de Ciudad Juárez en noviembre de 2001. Los crímenes siguen impunes.

La CoIDH sentenció al Estado mexicano por su responsabilidad al no garantizarles medidas de protección; la falta de prevención de estos delitos pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres asesinadas.

En su sentencia emitida en noviembre de 2009 el tribunal determinó que una de las primeras faltas del Estado fue ser omiso frente a la desaparición de estas mujeres al no buscarlas y localizarlas con vida, toda vez que en su momento los servidores públicos no dieron la importancia debida.

Asimismo se hizo evidente la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada ante los asesinatos de estas mujeres, lo que implica una actuación similar en otros casos.

Estas cinco mujeres, incluyendo a Inés y Valentina, no encontraron justicia en las instancias nacionales por lo que acudieron a organismos internacionales, sin embargo hay muchos otros casos de violencia institucional que pasan desapercibidos ante las autoridades.

DOBLE VICTIMIZACIÓN

En muchas ocasiones las instituciones acusan a las mujeres de provocar los episodios de violencia, cuando desaparecen dicen que se fueron con el novio y cuando las encuentran muertas cuestionan su vida personal, como sucede en los casos de niñas y mujeres desaparecidas en Juárez.

Ejemplo de esa violencia institucional es lo que le pasó a Lisseth Castro Alanís, joven profesionista que denunció a su ex pareja, Alejandro Pérez Martínez, por lesiones, hostigamiento, amenazas de muerte e intento de homicidio.

En noviembre de 2011 la joven fue agredida de forma verbal y física, su ex pareja la golpeó en la calle, la pateó, la escupió y la insultó frente a la mirada impávida de sus amigos.

La joven exigió a la Procuraduría General de Justicia del DF que sancionara al responsable y le garantizara medidas de protección, al considerar que su vida y la de su hija corrían peligro tras las amenazas de Alejandro Pérez.

Un año después de su denuncia Lisseth seguía en espera de justicia porque la lenta atención de las autoridades y las influencias del padre de su ex pareja (un abogado militar) hicieron que el proceso se retrasara por meses.

Además las lesiones que recibió fueron calificadas como menores y nadie dio importancia al acoso del que era víctima cuando Pérez Martínez la seguía a su centro de trabajo, la acosaba por correo electrónico y por celular.

El proceso le implicaba gastos excesivos, tiempo perdido para  conseguir pruebas y aportar elementos, lo que afectaba su trabajo y el cuidado de su hija. Al final optó por desistir de la denuncia a sabiendas de que su decisión era indiferente para los servidores públicos.

Sólo 2 de cada 10 mujeres que vivieron violencia en su relación se acercaron a una autoridad a pedir ayuda, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2011.

De acuerdo con la misma fuente, alrededor de 30 por ciento de las mujeres violentadas que pidieron ayuda reportaron que el Ministerio Público y el DIF no hicieron nada por ellas ni les hicieron caso, sin embargo pese a estas cifras pocas saben que este trato también es violencia de género.

Lanzan campaña virtual contra la violencia de género

NACIONAL
VIOLENCIA
   Llaman activistas a denunciar para erradicar impunidad

Especial | Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prodh Juárez
Por: Gladis Torres Ruiz
Cimacnoticias | México, DF.-

A fin de contribuir a la erradicación de la violencia de género, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presentó la campaña “Un clic contra la impunidad, un clic contra la violencia hacia las mujeres”, que será difundida en redes sociales.

En conferencia de prensa, integrantes del Centro Prodh y mujeres víctimas de violencia de género advirtieron que la impunidad ha permitido que este flagelo prevalezca, se incremente y que incluso “se normalice”.

La campaña se presentó como parte de la conmemoración por el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

La sobreviviente de feminicidio Grettel R. relató que hace tres años en Mérida, Yucatán, su entonces novio, Germán Alyn Ortega Hernández, la atacó con un cuchillo y le dejó heridas graves en mejillas, brazo izquierdo, vientre y el cuello. No obstante, su agresor sólo fue sentenciado a un año y ocho meses de prisión.

Grettel relató que en su caso los juzgados reclasificaron el delito de tentativa de homicidio calificado a lesiones, lo que en su opinión se trató de discriminación de género, la cual –afirmó– permea en las instancias de justicia del país.

“Estas cosas son a las que normalmente una mujer que denuncia violencia en México recibe del Ministerio Publico (MP)”, denunció.

Grettel acusó que cuando las mujeres denuncian son cuestionadas y culpabilizadas y se les dice: “Señora, ¿qué le hizo a su esposo para que la golpeara? Entiéndalo llega cansado de trabajar”.

Hay una cultura social de que las mujeres tenemos que sacrificarnos, tener el rol de atender, de ser las que siempre estemos por debajo, es decir subyugadas, sumisas, criticó la sobreviviente de violencia.

También apuntó que a las mujeres se les ha vendido una idea del amor romántico errónea: “Que si te quiere, te golpea; que si te quiere, te cela; esto es lo que hay que romper porque el amor no es dolor, por lo que es importante que todas las mujeres alcen la voz, ya que el silencio también alimenta la impunidad”.

Patricia Torres, una de la víctimas de violencia sexual durante el operativo policial en San Salvador Atenco, Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006 –ordenado por el ahora presidente electo, Enrique Peña Nieto–, dijo que en ese caso se utilizaron todas las formas de violencia de género.

Recordó que 11 mujeres denunciaron los hechos y que ya llevan seis años buscando justicia. Llamó a denunciar la violencia de género, la cual –remarcó– es utilizada para degradar, intimidar y castigar por el sólo hecho de ser mujeres.

Araceli Olivos, abogada del Centro Prodh, precisó que la campaña también consiste en un video. Además para enviar mensajes y dar “clics” se pusieron a disposición los hashtags #AltoalaViolencia; #Sinviolenciaamujeres; #Encasasegurastodas; #respetoamoacepto; #semujerlibredeviolencia, y #Unhombreverdaderonoviolenta.

La imagen conmemorativa de la campaña se encuentra en la página http://www.centroprodh.org.mx/.

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