John M. Ackerman
El presidente electo, Enrique Peña Nieto.
Foto: AP
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- La propuesta de Enrique Peña Nieto para supuestamente
combatir la corrupción es un bodrio que de manera cínica y
malintencionada ignora la vasta experiencia acumulada en México y
América Latina en la materia. Mezcla elementos incompatibles de
distintos modelos internacionales con la única intención de tender una
cortina de humo para encubrir la andanada de fechorías que su gobierno
iniciará a partir del 1 de diciembre. Los ingenuos intelectuales y
figuras de la sociedad civil que decidan acompañar esta nueva aventura
institucional pondrán en grave riesgo su prestigio y credibilidad.
De
acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española (RAE), el término
“bodrio” significa “una cosa mal hecha, desordenada o de mal gusto” o,
con mayor precisión, “un caldo con algunas sobras de sopa, mendrugos,
verduras y legumbres que de ordinario se daba a los pobres en las
porterías de algunos conventos”. La propuesta de Peña Nieto cumple a
cabalidad con esta definición.
La parte medular de la iniciativa
no se encuentra en el proyecto de reformas constitucionales enviado al
Senado de la República para crear una Comisión Nacional Anticorrupción
(CNA), sino en la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal (LOAPF) remitida a la Cámara de
Diputados. Dicha iniciativa, hoy a cargo de Manlio Fabio Beltrones,
propone la total desarticulación de los actuales sistemas de control
interno y de profesionalización de la administración pública federal
por medio de la desaparición de la Secretaría de la Función Pública
(SFP).
A partir de la reforma, los contralores internos de cada
secretaría de Estado ya no dependerán de la institución supuestamente
independiente y profesional que tendría que haber sido la SFP, sino que
serán nombrados directamente por los titulares de la secretarías
correspondientes. En consecuencia, cada una de éstas se convertirá en
feudo exclusivo de su titular, sin posibilidad de control o
intervención alguna desde la SFP o, por medio de ésta, desde la propia
Presidencia de la República.
Con ello desaparecerá la posibilidad
de articular acciones a nivel federal para combatir la corrupción o
mejorar la administración pública. Cada secretaría se convertirá en un
principado de territorio exclusivo de su titular. Nos despediremos así
de una vez por todas del lastimado servicio civil de carrera tan
cacareado por Vicente Fox como uno de los supuestos “grandes logros de
la transición democrática”.
Si bien la reforma señala que la
Secretaría de Hacienda asumiría algunas de las facultades normativas
con las que hoy cuenta la SFP, una comparación sistemática del viejo
artículo 37 de la LOAPF con la propuesta del nuevo artículo 44 de la
misma normatividad demuestra que el PRI busca aumentar en lugar de
reducir la discrecionalidad y las oportunidades para la corrupción
dentro del gobierno federal.
Es cierto que la SFP ha fracasado
olímpicamente en cumplir con sus responsabilidades legales desde su
creación hace una década. Pero ello no justifica tirar al niño con el
agua sucia.
Como complemento del descontrol “interno” que genera
la reforma en manos de Beltrones, Peña Nieto también propone debilitar
el sistema de control “externo” con su propuesta de creación de la CNA,
hoy en manos de otro representante de la honestidad republicana, el
senador Emilio Gamboa.
México ya cuenta con una poderosa arma de
control externo en la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Si
bien el desempeño de esta institución no ha sido carente de críticas,
en general ha destacado como una de las más efectivas al nivel federal.
Con un presupuesto mucho menor que la SFP, la ASF ha hecho un trabajo
formidable al señalar los enormes huecos existentes en materia de
rendición de cuentas, así como al resarcir parcialmente los enormes
desfalcos al erario cometidos cada año.
El antiguo auditor
superior, Arturo González de Aragón, siempre insistió en que una de las
reformas para el combate de la corrupción más estratégicas consistía en
dotar a la ASF de plenas facultades para fincar sanciones
administrativas directamente a los entes auditados. Asimismo, durante
los debates parlamentarios a raíz de la creación de la ASF en 1999
surgieron muchas voces, como la del entonces diputado Pablo Sandoval
Ramírez, que proponían que la ASF incluso pudiera tener facultades de
ejercer directamente la acción penal.
Pero a los políticos
“dinosaurios” como Peña Nieto les incomoda la ASF porque su diseño
institucional complica el control político. La ASF depende formalmente
de la Cámara de Diputados, una entidad sumamente plural y dinámica, y
además cuenta con una total independencia técnica y de gestión que le
permite investigar los rincones más recónditos de la administración
pública federal y estatal. Desde el punto de vista del priismo
tradicional que hoy regresa, dotar a esta institución de aún más
facultades sería como tirarse un balazo en el pie.
Peña Nieto,
entonces, prefiere crear de la nada un organismo burocrático que
opaque, controle e interfiera con las auditorías de la ASF. De acuerdo
con su propuesta, solamente la CNA podrá fincar sanciones
administrativas, y sus cinco flamantes comisionados serían nombrados
directamente por el presidente de la República. La propuesta pasa
totalmente por alto las innovadoras experiencias con el diseño de
organismos autónomos y ciudadanizados en países hermanos como Ecuador,
Chile, Colombia, Brasil y Venezuela.
El colofón es que Peña Nieto
quiere que tanto la Comisión Nacional Anticorrupción como la ASF se
sujeten al mandato de un nuevo “Consejo Nacional por la Ética Pública”,
encabezado ni más ni menos que por el mismísimo presidente de la
República. También participarían en este Consejo, entre otros, los
presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados; los secretarios de
Gobernación, Hacienda y Educación Pública; el procurador general de la
República; los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito
Federal, así como un par de “ciudadanos” de utilería. En otras
palabras, en el próximo gobierno las figuras más corruptas de la clase
política nacional nos vendrán a dar clases de ética y honestidad. l
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
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