Son víctimas indirectas de la violencia contra esa población
Especial | observatorio Frontera Sur de México
Por: Guadalupe Cruz Jaimes
Cimacnoticias | México, DF.- Para frenar las violaciones a los derechos humanos (DH) de las mujeres migrantes hace falta una política regional (entre México, Centroamérica y Estados Unidos) que priorice la seguridad humana y no la fronteriza, ya que ésta propicia la violencia contra ellas.
Lo anterior lo denunció Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, durante la presentación del libro “Mujeres, migración y seguridad ciudadana”, editado por la Fundación Heinrich Böll, la Red Género y Economía, y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.
La también coautora del texto indicó que las autoridades se niegan a reconocer las problemáticas que afrontan las mujeres en el proceso migratorio y las excluyen de la política pública.
Puso como ejemplo del desdén de los gobiernos que a pesar de que conocen que la violencia sexual es uno de los delitos que más sufren las migrantes, “no han hecho nada para evitar que siga ocurriendo”.
Delgadillo mencionó que las autoridades de los países de origen, tránsito y destino, tampoco atienden las necesidades de las víctimas indirectas de la violencia contra las personas migrantes, como las madres, esposas e hijas de desaparecidos y asesinados en el tránsito por México rumbo a Estados Unidos.
“Son mujeres que además de quedarse a cargo de la manutención de sus hijos o nietos, abren brecha para exigir justicia” al demandar el esclarecimiento de la desaparición de sus familiares. Ellas también deben ser atendidas, requieren una reparación del daño, señaló.
La activista, quien trabajó con el Equipo Argentino de Antropología Forense en el proyecto de identificación de restos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, advirtió que mientras la problemática se “atienda” desde un enfoque de seguridad de las fronteras, las “graves” violaciones a los DH de las personas migrantes van a continuar.
Por lo que es preciso dar un giro a esta política y centrarla en la seguridad humana, que consiste en garantizar el bienestar de las mujeres y hombres desde sus países de origen, tránsito y destino, de modo que sus derechos a la salud, educación y empleo se garanticen sin importar donde se encuentren.
Apuntó que lo anterior implica la inclusión de los DH de las y los migrantes en las políticas de salud, trabajo y educación (no sólo en la migratoria) de los países involucrados, debido a que “la violencia se regionalizó, urgen esquemas de prevención y atención regionales para encontrar soluciones”.
Y es que “si las condiciones dignas para vivir se demandan desde el origen, será más fácil luchar por ellas en el tránsito y el destino”.
Gloria Ramírez, académica de la UNAM y coordinadora de la Cátedra UNESCO de DH, coincidió en la necesidad de una política migratoria que considere la situación de las mujeres para que “ellas migren cuando lo deseen y no porque se vean obligadas”.
La académica criticó el “gran vacío” en el marco jurídico para defender los derechos de las migrantes. Y señaló la necesidad de que la problemática se planteé ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), a fin de que emita una recomendación al Estado mexicano.
De igual modo dijo que el siguiente Examen Periódico Universal (EPU) que Naciones Unidas aplicará al país para evaluarlo en materia de DH, es una oportunidad para denunciar (desde la sociedad civil) las violaciones que sufren las migrantes en su tránsito por México.
Durante la presentación del libro, Leticia Calderón, investigadora del Instituto Mora, destacó la importancia de “visibilizar” a las mujeres en la migración, quienes forman parte de ese proceso desde el siglo XIX, según se ha documentado.
La también coautora del texto refirió que en la primera parte de “Mujeres, migración y seguridad ciudadana” se hizo un recuento de la histórica salida de las mujeres de sus países de origen, y en la segunda se incluyeron testimonios “devastadores” de su participación en estos procesos, concluyó.
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