Jenaro Villamil
Enrique Peña Nieto, presidente electo.
Foto: Eduardo Miranda
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO,
D.F. (apro).- El chiste más común en las redes sociales es que el
próximo zar anticorrupción de Enrique Peña Nieto será Arturo Montiel,
su tío, tutor y padrino político.
No es casual la relación. Montiel no es el primero ni el último de los gobernadores mexiquenses caracterizados por la ola de corrupción, pero sí el más ventaneado a través de un escándalo mediático que finalmente lo exoneró de la cárcel y le permitió a su sucesor entablar un millonario proyecto de promoción personal para llegar a la Presidencia de la República, con Televisa y los medios electrónicos que lo acompañan.
El tema de la corrupción es la principal sombra en la trayectoria de Peña Nieto y de su próximo equipo. Ellos lo saben y es el elemento central de la crítica exterior, que tanto les preocupa en términos de “imagen”. Si su compromiso contra este mal endémico del sistema político fuera real, más de la mitad de quienes se mencionan para integrar su gabinete simplemente estarían fuera de toda posibilidad.
Sin embargo, hábiles sus asesores, le sugirieron al hijo predilecto de Atlacomulco que su primer compromiso de campaña fuera la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción. Sería el “sello inicial” de su gobierno. Para cumplir la vieja máxima del régimen priista: convierte en causa lo que es tu talón de Aquiles.
Así lo hizo Ruiz Cortines para librarse de la corrupción del alemanismo. Luis Echeverría cooptó a los jóvenes universitarios y creó una retórica del Tercer Mundo para limpiarse las manos de la matanza de Tlatelolco. López Portillo, candidato único en la Presidencia en 1976, impulsó una apertura parcial del sistema para crear partidos que le dieran sentido a la “democracia a la mexicana”. Miguel de la Madrid emprendió la Renovación Moral de la Sociedad y creó la Contraloría General para desembarazarse de la ola de corrupción lopezportillista. Su único “pez gordo” realmente fue Jorge Díaz Serrano, exdirector de Pemex, y la corrupción en la paraestatal lejos de disminuir se potenció.
Salinas de Gortari también creó su propio montaje: Solidaridad. El presidente más neoliberal hasta entonces simuló estar preocupado por los más necesitados, mientras privatizaba todo lo que pudo. Zedillo emprendió la cacería contra su antecesor y su familia para salvar una presidencia hundida en la sombra del crimen político, la peor crisis económica y el fin del “milagro salinista”. Utilizó la lucha anticorrupción como una venganza de grupo, no como un elemento de renovación.
Vicente Fox y Felipe Calderón hicieron también de la anticorrupción un eslogan de campaña: las “tepocatas y víboras prietas” nunca fueron apresadas; y las “manos limpias” del presidente saliente acabaron ensangrentadas por la ola de corrupción que ha permitido el ascenso del crimen organizado a niveles nunca antes visto en el país.
Los antecedentes personales y sexenales no permiten ser nada optimistas frente a la oferta de una Comisión Nacional Anticorrupción de Peña Nieto. He aquí algunas razones elementales:
En primer lugar, no hay ninguna definición de la corrupción en su propuesta. La corrupción en la iniciativa peñista parece ser una falta administrativa y no un elemento central que vincula al ámbito público con el privado. No haría mal en revisar un texto muy claro sobre este tema Cleptocracia, el “mecanismo único” de la corrupción entre economía y política, escrito por Giulio Sapelli.
La tesis fundamental de este libro es que la corrupción no sólo se explica desde el ámbito de lo público, sino desde el modelo económico. La corrupción y el clientelismo son dos caras de una misma moneda. Y ambas se potencian con la “balcanización” del Estado. Justamente lo que ha sucedido en México con un modelo de privatización de lo público a rajatabla y una fragmentación de los poderes autoritarios que está a la vista. Los gobernadores son virreyes impunes, con un costal de contratos que reparten entre compañías que se desdoblan como prestanombres.
La Comisión propuesta pretende actuar de oficio, por notificación de otros órganos de Estado, así como por denuncias o reportes ciudadanos. Quizá se convierta en una cacería de policías que pidan “mordidas” o de funcionarios menores que solicitan una “comisión”.
Tendrá facultades para atraer casos de corrupción a nivel estatal. ¿Investigará acaso a la mayoría de los gobernadores que lo apoyaron en su ascenso al poder y dejaron una estela de endeudamiento y corrupción? Es más probable que se convierta en un organismo de control y chantaje político que en un mecanismo eficaz contra el peculado.
Crea un aparatoso Consejo Nacional para la Ética Pública que suena más al Consejo Nacional para la Comunicación y a otras instancias creadas desde la iniciativa privada para emitir opiniones o dictámenes sin ninguna fuerza real. ¿Se le puede pedir ética a un grupo que insiste en engañar frente a lo que millones de mexicanos vimos en escándalos de corrupción como Monex, Soriana y los que se acumulen? ¿O acaso triangular fondos no es corrupción?
Elimina la Secretaría de la Función Pública, cuyo desempeño en el sexenio de Felipe Calderón llegó a niveles de escándalo. Tampoco está muy claro cuál será el vínculo con la Auditoría Superior de la Federación y menos con los ministerios públicos, estatal y federal.
Este 20 de noviembre, el senador Armando Ríos Pitter presentó otra iniciativa que tiene un poco más de coherencia. En lugar de una Comisión Nacional Anticorrupción, el legislador perredista está proponiendo una Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción integrada por siete fiscales que duren en su encargo siete años y con facultades para emprender acciones penales ante tribunales, y a solicitar órdenes de aprehensión.
La idea de Peña Nieto no es punitiva sino administrativa. Parece más un organismo de buen comportamiento de la administración pública y no una instancia para combatir no digamos la corrupción, sino su alma gemela: la impunidad.
La última encuesta ECUP 2012, presentada la semana pasada, tiene un dato revelador: 70% de los mexicanos están “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con que los funcionarios roben, siempre y cuando “salpiquen” con sus ganancias.
Este es el principal problema sistémico y social de la corrupción: la sociedad y el Estado mexicanos no ven otra fórmula de progreso, ascenso social y de real politik.
De acuerdo con el mismo Centro de Estudios del Sector Privado, la corrupción le cuesta al país 1.5 billones de pesos, equivalentes al 10 por ciento del Producto Interno Bruto. Y lo peor del caso: 98% de los casos vinculados a la corrupción, en los distintos niveles de la administración pública, quedan impunes.
A estas alturas, en lugar de una cacería mediática contra la corrupción lo que urge es un compromiso real contra la impunidad. De otra manera, todo lo demás es un montaje.
www.homozapping.com.mx
No es casual la relación. Montiel no es el primero ni el último de los gobernadores mexiquenses caracterizados por la ola de corrupción, pero sí el más ventaneado a través de un escándalo mediático que finalmente lo exoneró de la cárcel y le permitió a su sucesor entablar un millonario proyecto de promoción personal para llegar a la Presidencia de la República, con Televisa y los medios electrónicos que lo acompañan.
El tema de la corrupción es la principal sombra en la trayectoria de Peña Nieto y de su próximo equipo. Ellos lo saben y es el elemento central de la crítica exterior, que tanto les preocupa en términos de “imagen”. Si su compromiso contra este mal endémico del sistema político fuera real, más de la mitad de quienes se mencionan para integrar su gabinete simplemente estarían fuera de toda posibilidad.
Sin embargo, hábiles sus asesores, le sugirieron al hijo predilecto de Atlacomulco que su primer compromiso de campaña fuera la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción. Sería el “sello inicial” de su gobierno. Para cumplir la vieja máxima del régimen priista: convierte en causa lo que es tu talón de Aquiles.
Así lo hizo Ruiz Cortines para librarse de la corrupción del alemanismo. Luis Echeverría cooptó a los jóvenes universitarios y creó una retórica del Tercer Mundo para limpiarse las manos de la matanza de Tlatelolco. López Portillo, candidato único en la Presidencia en 1976, impulsó una apertura parcial del sistema para crear partidos que le dieran sentido a la “democracia a la mexicana”. Miguel de la Madrid emprendió la Renovación Moral de la Sociedad y creó la Contraloría General para desembarazarse de la ola de corrupción lopezportillista. Su único “pez gordo” realmente fue Jorge Díaz Serrano, exdirector de Pemex, y la corrupción en la paraestatal lejos de disminuir se potenció.
Salinas de Gortari también creó su propio montaje: Solidaridad. El presidente más neoliberal hasta entonces simuló estar preocupado por los más necesitados, mientras privatizaba todo lo que pudo. Zedillo emprendió la cacería contra su antecesor y su familia para salvar una presidencia hundida en la sombra del crimen político, la peor crisis económica y el fin del “milagro salinista”. Utilizó la lucha anticorrupción como una venganza de grupo, no como un elemento de renovación.
Vicente Fox y Felipe Calderón hicieron también de la anticorrupción un eslogan de campaña: las “tepocatas y víboras prietas” nunca fueron apresadas; y las “manos limpias” del presidente saliente acabaron ensangrentadas por la ola de corrupción que ha permitido el ascenso del crimen organizado a niveles nunca antes visto en el país.
Los antecedentes personales y sexenales no permiten ser nada optimistas frente a la oferta de una Comisión Nacional Anticorrupción de Peña Nieto. He aquí algunas razones elementales:
En primer lugar, no hay ninguna definición de la corrupción en su propuesta. La corrupción en la iniciativa peñista parece ser una falta administrativa y no un elemento central que vincula al ámbito público con el privado. No haría mal en revisar un texto muy claro sobre este tema Cleptocracia, el “mecanismo único” de la corrupción entre economía y política, escrito por Giulio Sapelli.
La tesis fundamental de este libro es que la corrupción no sólo se explica desde el ámbito de lo público, sino desde el modelo económico. La corrupción y el clientelismo son dos caras de una misma moneda. Y ambas se potencian con la “balcanización” del Estado. Justamente lo que ha sucedido en México con un modelo de privatización de lo público a rajatabla y una fragmentación de los poderes autoritarios que está a la vista. Los gobernadores son virreyes impunes, con un costal de contratos que reparten entre compañías que se desdoblan como prestanombres.
La Comisión propuesta pretende actuar de oficio, por notificación de otros órganos de Estado, así como por denuncias o reportes ciudadanos. Quizá se convierta en una cacería de policías que pidan “mordidas” o de funcionarios menores que solicitan una “comisión”.
Tendrá facultades para atraer casos de corrupción a nivel estatal. ¿Investigará acaso a la mayoría de los gobernadores que lo apoyaron en su ascenso al poder y dejaron una estela de endeudamiento y corrupción? Es más probable que se convierta en un organismo de control y chantaje político que en un mecanismo eficaz contra el peculado.
Crea un aparatoso Consejo Nacional para la Ética Pública que suena más al Consejo Nacional para la Comunicación y a otras instancias creadas desde la iniciativa privada para emitir opiniones o dictámenes sin ninguna fuerza real. ¿Se le puede pedir ética a un grupo que insiste en engañar frente a lo que millones de mexicanos vimos en escándalos de corrupción como Monex, Soriana y los que se acumulen? ¿O acaso triangular fondos no es corrupción?
Elimina la Secretaría de la Función Pública, cuyo desempeño en el sexenio de Felipe Calderón llegó a niveles de escándalo. Tampoco está muy claro cuál será el vínculo con la Auditoría Superior de la Federación y menos con los ministerios públicos, estatal y federal.
Este 20 de noviembre, el senador Armando Ríos Pitter presentó otra iniciativa que tiene un poco más de coherencia. En lugar de una Comisión Nacional Anticorrupción, el legislador perredista está proponiendo una Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción integrada por siete fiscales que duren en su encargo siete años y con facultades para emprender acciones penales ante tribunales, y a solicitar órdenes de aprehensión.
La idea de Peña Nieto no es punitiva sino administrativa. Parece más un organismo de buen comportamiento de la administración pública y no una instancia para combatir no digamos la corrupción, sino su alma gemela: la impunidad.
La última encuesta ECUP 2012, presentada la semana pasada, tiene un dato revelador: 70% de los mexicanos están “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con que los funcionarios roben, siempre y cuando “salpiquen” con sus ganancias.
Este es el principal problema sistémico y social de la corrupción: la sociedad y el Estado mexicanos no ven otra fórmula de progreso, ascenso social y de real politik.
De acuerdo con el mismo Centro de Estudios del Sector Privado, la corrupción le cuesta al país 1.5 billones de pesos, equivalentes al 10 por ciento del Producto Interno Bruto. Y lo peor del caso: 98% de los casos vinculados a la corrupción, en los distintos niveles de la administración pública, quedan impunes.
A estas alturas, en lugar de una cacería mediática contra la corrupción lo que urge es un compromiso real contra la impunidad. De otra manera, todo lo demás es un montaje.
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