¿Que la nación me lo demande?

Es inaceptable que una vez más, quien deja el cargo de presidente de México no rinda cuentas de los resultados de su gestión.

Es inaceptable que una vez más, quien deja el cargo de presidente de México no rinda cuentas de los resultados de su gestión. Cada sexenio finaliza con graves daños a la sociedad, sin que al jefe del Ejecutivo saliente se le finquen responsabilidades, como debiera ser conforme al espíritu y la letra del artículo 87 constitucional, referido a la toma de protesta, en la que el mandatario entrante se compromete a “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande”.

Cada sexenio, como está plenamente documentado, la secuela de afectaciones a la nación es más grave, como si cada presidente que llega a tan alta responsabilidad estuviera comprometido con el objetivo de superar a su antecesor en la cuantía de los daños a la República. Tal situación es insostenible más tiempo, pues se han rebasado ya todos los límites imaginables de tolerancia a hechos que lesionan gravemente a la sociedad nacional, y particularmente a las clases mayoritarias.  Tres décadas de capitalismo salvaje no parecen ser suficientes para una oligarquía sedienta de más riquezas y privilegios. Con todo, lo más dramático en este momento es la secuela de violencia que deja Felipe Calderón, sin parangón en América Latina.

Es inadmisible el argumento que ha sostenido Calderón, de que la violencia no fue provocada por él, sino por el crimen organizado, como sostuvo Alejandro Poiré al comparecer el jueves en la Cámara de Diputados, y preguntar retóricamente: “¿Estaríamos mejor si los capos anduvieran libres en las calles?”.  Tal premisa hace abstracción de la realidad, pues supone el funcionario que ya se acabó con ellos, cuando la verdad es que quienes murieron o fueron encarcelados, inmediatamente fueron sustituidos. Las organizaciones delictivas, al finalizar el sexenio, son más fuertes y están mejor organizadas que al comenzar éste.

Sin embargo, se corre el riesgo de que tamaña ineficiencia quede impune. Como también quedaría impune la traición a la patria, pues Calderón veló más por los intereses extranjeros que por los de México, como es fácil corroborarlo siguiendo las huellas de las empresas a las que se favoreció con obras y contratos altamente redituables, de manera especial las españolas con las que estaba comprometido Juan Camilo Mouriño hasta antes de su trágica muerte.

De ahí la trascendencia de la instalación del Tribunal Electoral Popular (TEP), el jueves pasado, el cual hará una revisión integral de los comicios de junio, con el fin de que salga a la luz la verdad sobre sus resultados y “que la sociedad no se olvide del atropello cometido por las autoridades electorales”,  como afirmó Bernardo Bátiz en el acto constitutivo de dicho tribunal. Aun cuando el daño ya esté hecho, “será mayor si se permite que lo escondan”, puntualizó. Aunque sólo se enfoque a un objetivo de carácter político-electoral, dicho tribunal será un referente importante para frenar los abusos contra el pueblo de una clase política que se sabe inmune a castigos de la sociedad civil.

Seguir permitiendo, por omisión y hasta por fatalismo, que la oligarquía se siga burlando del pueblo mexicano, será el mejor aliciente para que la democracia en México se vaya alejando cada vez más como objetivo del Estado. Calderón debe ser demandado por la nación, conforme al señalamiento constitucional, porque no hacerlo será abrir aún más la ancha puerta de la impunidad con que actúa el grupo en el poder. Se estaría abonando el terreno para un estallamiento social de alcances insospechados, al agravarse en poco tiempo las contradicciones sociales y económicas;  el país no resistiría un mayor aumento de la pobreza y de las injusticias contra más de la mitad de la población.

Es muy cierto, como dijo a Poiré el diputado Manuel Huerta, del Partido del Trabajo (PT): “No confunda tolerancia y paciencia ciudadana con gobernabilidad, que sólo existe por la manipulación informativa”. La cuestión a dilucidar es cuánto más durarán tales actitudes, y cuánto más podrá ser eficaz el manipuleo de los medios electrónicos. Sin contrapesos efectivos al proyecto antidemocrático del nuevo grupo en el poder, podría durar todo el sexenio, aunque en medio de una violencia cada vez más sangrienta, ya no con el pretexto de la guerra al crimen organizado, sino abiertamente de corte fascista.

Por eso es vital que se cumpla el mandato constitucional, relativo a la protesta que rindió Calderón al tomar posesión, pues no hacerlo equivaldría a otorgar a Peña Nieto plenos poderes para seguir violando sistemáticamente la ley, como lo han hecho sus antecesores.

Guillermo Fabela - Opinión EMET