Veracruz aprueba Ley Monse para sancionar a cómplices de feminicidas. Van 4 entidades

 Escrito por Paola Piña 

Vía X: @AniluIngram.- Ciudad de México.– Con 39 votos a favor y ninguno en contra, el Congreso de Veracruz aprobó la Ley Monse, una reforma al Código Penal estatal que elimina la exención de responsabilidad penal a familiares que encubran a feminicidas o a responsables de delitos graves.

La creación de esta ley se originó tras el feminicidio de Montserrat Bendimes, una joven estudiante asesinada en 2021 y cuyo caso da título a la iniciativa y evidenció las fallas legales que permitían a los familiares de los agresores evadir la justicia.

Asimismo, esta ley evidenció la grave problemática que enfrenta el estado de Veracruz: la alarmante cifra de feminicidios. Cabe destacar que la entidad ocupa el sexto lugar a nivel nacional con mayor número de casos. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tan solo hasta octubre de 2025 se han registrado 25 feminicidios en el estado.

Pese a la urgencia de esta problemática, la aprobación de la Ley Monse se dio de manera tardía, ya que la iniciativa permaneció congelada durante varios años. Fue promovida en 2022 por la colectiva Brujas del Mar y posteriormente presentada por la diputada local del PRI Anilú Ingram Vallines. Sin embargo, tuvieron que pasar tres años para que finalmente fuera aprobada.

Con la entrada en vigor de esta ley, se modifican los artículos 26 y 345 del Código Penal de Veracruz. Cabe recordar que el artículo 345 otorgaba protección total a los familiares encubridores de feminicidas, pues establecía lo siguiente:

“No se sancionará a quien oculte al responsable de un delito o los efectos, objetos o instrumentos del mismo, o impida que se averigüe, cuando se haga por un interés legítimo y no se emplee algún medio delictuoso, siempre que se trate de: los ascendientes y descendientes consanguíneos, afines o por adopción; el cónyuge, concubina o concubinario y parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo; o los que estén ligados con el delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad.”

Por ello, esta modificación legislativa resulta indispensable, ya que a partir de ahora los lazos consanguíneos dejarán de ser un recurso legal para eximir de responsabilidad a quienes encubran delitos graves, como los feminicidios, práctica que en múltiples ocasiones ha obstaculizado la justicia.

La Ley Monse ya se encuentra vigente en entidades como Morelos, Ciudad de México y Oaxaca, y ahora llega a Veracruz, donde adquiere una relevancia especial, pues fue precisamente en este estado donde la indignación social por el feminicidio de Bendimes impulsó su creación.

No obstante, aún es necesario continuar promoviendo reformas en los Códigos Penales estatales de todo el país, ya que casos como el de Monse no son hechos aislados. Basta recordar el feminicidio de Jessica González Villaseñor, en Morelia, donde los amigos del agresor, pese a saber que el cuerpo de la joven de 21 años estaba en la cajuela del vehículo del feminicida, no alertaron a las autoridades e incluso difundieron burlas en redes sociales, sin ser procesados como cómplices.

Caso Monserrat Bendimes 

Estas modificaciones fueron impulsadas a raíz del feminicidio de Montserrat Bendimes, perpetrado en abril de 2021 en Veracruz. La joven de 20 años fue golpeada por Marlon Botas, su entonces pareja. Los padres del presunto feminicida trasladaron a Montserrat a un hospital y posteriormente ayudaron a su hijo a huir; mientras ella se debatía entre la vida y la muerte, Marlon desapareció.

Días después y tras el daño físico causado por Botas Fuentes, Montserrat Bendimes murió, lo que desató una ola de indignación en México. Las exigencias de justicia no cesaron y el rostro del presunto feminicida comenzó a circular en calles, redes sociales y medios de comunicación; siete meses después, sus padres fueron detenidos en la Ciudad de México.

No se tenía ningún rastro de Marlon Botas, pero fue el 16 de mayo cuando el presunto feminicida filtró un video a medios de comunicación donde, sin ninguna señal de temor, condicionó a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para entregarse a cambio de la liberación de sus padres. Finalmente el 3 de junio Marlon fue detenido en Mérida, Yucatán, luego de un cateo realizado a la casa de su abuela.

En el límite: Las mujeres en el Territorio Palestino Ocupado

 Escrito por Noticias ONU. Mirada global Historias humanas 

© Nedal Eshtayah/Anadolu Una mujer camina en Yenín, Cisjordania, el 3 de marzo de 2025..- «El dolor nos alcanzó a todas y no dejó a nadie a salvo. Pero no podemos quedarnos sentadas mirando sin hacer nada». A pesar de los ataques y el agotamiento, las mujeres palestinas en el Territorio Palestino Ocupado encuentran maneras de apoyarse unas a otras y a sus comunidades.

«¿Quieres que enterremos a tus hijos juntos o en tumbas separadas?»

Amal recuerda como vio a una madre cerca de un hospital de Gaza a la que le hacían esta pregunta después de perder a dos hijos en un único ataque aéreo hace unos meses.  Amal trabaja para el Women Affairs Center, una organización de la sociedad civil que opera en el Territorio Palestino Ocupado.

«Aquí en Gaza, nuestras esperanzas son muy reducidas. Antes del alto el fuego, confiábamos en morir juntas con nuestros hijos cuando llegara la hora, y rezábamos porque nuestros cuerpos quedaran intactos en lugar de despedazados,» declaró Amal.

«No quedan viviendas en pie, no hay agua ni electricidad.  ¿Quién habla sobre estos asuntos en 2025?» , se preguntó Amal.

La peor parte es la incertidumbre, aseguró Hala, una trabajadora de la ONU de protección en Derechos Humanos.

«Es imposible volver a cualquier estado de normalidad si no podemos al menos contar con que se ponga fin a la carnicería,» explicó Hala.

«Nuestras vidas están a años luz de volver a ser normales. Olvídate de abrir un grifo y conseguir agua, o de apretar un interruptor para tener luz,» señaló Shorouq, directora de proyectos en la organización palestina Shorouq Maan Development Center. «Cuando empezaron las noticias sobre el alto el fuego vacilante, las madres a mi alrededor empezaron de nuevo a escribir nombres en los antebrazos de sus hijos».

Amal, Hala y Shorouq trabajan bajo el paraguas del Grupo de Protección, coordinado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el Territorio Palestino Ocupado, donde se unen organizaciones nacionales e internacionales con el fin de dar respuesta a las necesidades de aquellas personas más vulnerables, incluyendo a niños, mujeres, personas con discapacidades, y personas desplazadas.

Amal dirige una organización que le ofrece servicios de protección a mujeres supervivientes de violencia y que incluye apoyo psicológico, espacios seguros, así como servicio de derivaciones a especialistas y albergues. Hala forma parte de una iniciativa de coordinación dentro del Grupo de Protección de las Naciones Unidas. Shorouq dirige proyectos para suministrar letrinas móviles comunales, así como en la evaluación y respuesta a los riesgos de protección asociados con el uso de baños compartidos en centros de personas desplazadas.

Las operaciones militares desde octubre de 2023 han acabado con la vida de más 49 mil palestinos en Gaza, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, además de arrasar infraestructura civil incluyendo hospitales, escuelas, instituciones gubernamentales y de justicia.  Este grado de destrucción afecta  a las mujeres de una manera desproporcionada, y provoca un aumento acusado de la violencia de género.  Las mujeres han de esforzarse más por garantizar sus necesidades básicas, son las que resultan más afectadas por la pérdida de seguridad pública, y son las que soportan la carga de algunos de los peores mecanismos de supervivencia como es el matrimonio precoz.

Al igual que la mayoría de la población de Gaza, las tres mujeres tuvieron que desplazarse en repetidas ocasiones desde el 7 de octubre de 2023 debido a las órdenes constantes de evacuación y los bombardeos incesantes por parte de Israel.  Ellas volvieron al norte de Gaza después de que se anunciara el alto el fuego y se encontraron entonces sus casas parcial o totalmente destruidas.  Ellas también han de seguir lidiando con las experiencias traumáticas a las que sobrevivieron. 

© Olga Cherevko/OHCHR OPT

Sobreviviendo a lo inimaginable

Cuando estalló la guerra, Shorouq estaba embarazada de seis meses, y tuvo que huir entonces desde el norte de Gaza hasta Khan Younis.  Unas pocas semanas antes de la fecha prevista para dar a luz, su médico le explicó que debido a su estado necesitaba de un parto por cesárea.

«Se estaban quedando sin anestesia, por lo que programamos la operación tan pronto como era posible.  Todavía les quedaba epidural, pero se les habían agotado los analgésicos para el período postoperatorio.  No me olvidaré nunca del dolor que sentí,» explicó Shorouq.

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, hay cerca de 50.000 mujeres embarazadas en Gaza y 130 de ellas dan a luz cada día, rodeadas de residuos y agua contaminada, y con un sistema sanitario que ha quedado en ruinas.

Menos de un día después del nacimiento de su hija Salma, que en árabe significa «segura», Shorouq ya se encontraba huyendo hacia el sur con una incisión aun abierta, sin analgésicos, y con un bebé recién nacido.  El hospital recibió una orden de evacuación, y posteriormente un ataque aéreo impactó cerca del refugio improvisado donde ella vivía.

Acabaron entonces viviendo en una tienda de campaña durante meses.

«Tuve que dejar de dar el pecho a Salma a los tres meses ya que yo estaba muy desnutrida,» afirmó ella.  «Todas las mañanas, la confiaba a Dios antes de salir de la tienda para ir a trabajar.  Todas las mañanas, me iba sin saber si la iba a volver a ver.»

Ahora que está de vuelta en el norte de Gaza, Salma, de 14 meses de edad, se sigue asustando fácilmente ante cualquier sonido alto.

«El otro día ella vio una tienda completamente iluminada por baterías muy potentes.  Se quedó muy sorprendida.  Era la primera vez en su vida que veía un espacio tan iluminado de noche,» señaló Shorouq.  

Media Clinic

Las mujeres en Cisjordania

En la Cisjordania Ocupada, las mujeres palestinas se enfrentan a sus propias dificultades.  Con base en los datos que arroja la supervisión llevada a cabo por Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desde el 7 de octubre de 2023, la violencia por parte de las fuerzas de seguridad de Israel se incrementó hasta niveles no vistos durante décadas.  Comunidades enteras se han visto desplazadas por culpa de operaciones militares, el aumento en las demoliciones de viviendas, y la escalada de la violencia por parte de los colonos.  Las incursiones y ataques israelíes contra comunidades palestinas en Cisjordania se han convertido en una práctica rutinaria, incluyendo mediante el uso cada vez más extendido de ataques aéreos y de otro armamento militar pesado, los cuales no están permitidos donde operan los cuerpos policiales.

Según diferentes testimonios, las mujeres se hacen cargo  de los niños y los ancianos, mientras las fuerzas israelíes ocupan viviendas para usarlas como bases militares durante sus incursiones.  Algunas de estas viviendas son utilizadas para proteger a las fuerzas israelíes ante posibles actos de represalia durante sus registros.  Las defensoras de derechos humanos han denunciado un incremento de acoso sufrido a través de inspecciones, detención arbitraria y malos tratos.

Según UNFPA, hay 73.000 mujeres embarazadas en Cisjordania muchas de las cuales se enfrentan a riesgos graves para su salud debido a restricciones a sus movimientos y a cierres de los puestos de control, lo que limita drásticamente su acceso a atención prenatal, posnatal y en el parto.

En febrero de 2025, durante el transcurso de una operación de seguridad israelí, Sondos Shalabi fue asesinada a tiros estando embarazada de ocho meses, mientras huía junto a su marido del campamento de refugiados de Nur Shams. 

Opacidad en condiciones y garantías de no repetición para niñas de Casa de las Mercedes

 Escrito por Paola Piña 

Cimacfoto.- Ciudad de México.- Tras la denuncia por violencia sexual y explotación laboral de una joven adolescente que habitaba el albergue Casa de las Mercedes en la Ciudad de Mexico lo cual derivó en la reubicación de las 80 niñas quienes también vivían en ese sitio, hasta el momento no se ha informado en qué condiciones se encuentran y qué garantías de no repetición se han emitido para evitar más vulneraciones a sus derechos humanos.

Hay que recordar que las infancias que llegan a estos albergues en muchas ocasiones son rescatadas de historias violentas familiares o incluso puede haber sobrevivientes de casos de trata de personas, por lo que la serie de violaciones a sus derechos humanos deberían ser encaminadas en todo momento a la restitución de sus derechos y garantizar la no repetición.

Este hecho no es aislado, ya hemos tenido al menos dos: con La gran familia de Mamá Rosa en Michoacán acontecido en 2014 y la Ciudad de los Niños, en Guanajuato durante el 2016.

Hasta ahora, no se han hecho públicos más detalles de su condición, (esto sin que se vulnere su intimidad, privacidad, derechos de la infancia y se permita restituir sus derechos) de las 80 niñas rescatadas y que permitan dar respuesta a la denuncia y a la Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños del Distrito Federal que está vigente desde el 2012, la cual señala que se debe dar seguimiento a las quejas, denuncias e informes sobre posibles violaciones de derechos.

Desde que acontecieron los hechos, las voces se han sumado, como fue el caso de egresadas y beneficiarias de la Casa de las Mercedes quienes se reunieron el pasado domingo 2 de noviembre frente a las puertas del albergue para exigir que las niñas y adolescentes trasladadas sean regresadas a su hogar y que se garantice su seguridad e integridad.

La manifestación que comenzó a las 11 horas derivó en una marcha en la que demandaron que las autoridades transparenten las condiciones en las que se encuentran las niñas y se asegure el cumplimiento de sus derechos.

Lo que se sabe hasta el momento es que tras estos hallazgos se realizó un operativo donde las niñas y adolescentes fueron trasladadas y reubicadas un albergue en la alcaldía Iztacalco. No obstante, se desconocen detalles sobre las condiciones en las que fueron reubicadas, los criterios para seleccionar su nuevo alojamiento, ni si su estancia será temporal o permanente.

Tampoco se ha precisado qué protocolo de atención y protección se implementará para evitar nuevos casos de violencia o abuso dentro del sistema de albergues.

Cabe señalar que la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) ha advertido que en muchos de los esquemas subrogados de atención, las infancias y adolescencias enfrentan violaciones a sus derechos humanos debido a la falta de supervisión, violencia, encierro, ausencia de protocolos con enfoque de derechos y las malas condiciones de vida, lo cual genera entornos propicios para la vulneración de sus derechos, por lo que la organización ha llamado la atención de las autoridades para que se diseñen políticas públicas que garanticen efectivamente el interés superior de la niñez.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha informado que continúan las investigaciones por los delitos de violación agravada y explotación laboral en agravio de las niñas y adolescentes que se encontraban bajo resguardo de dicha casa, pero no ha detallado los mecanismos de protección aplicados.

Asimismo la institución señaló únicamente que el plan de investigación contempla la aplicación del procedimiento de entrevista investigativa a todas las niñas y adolescentes reubicadas y aseguró que se encuentran en condiciones seguras y con acompañamiento psicológico.

Sin embargo, testimonios difundidos en redes sociales contrastan con esta versión oficial. A través de la plataforma Facebook, la usuaria Nancy N, compartió un material en video donde aparecen niñas que formaban parte de la Casa de las Mercedes denunciando las malas condiciones del nuevo lugar donde fueron trasladadas.

En estos videos donde supuestamente son las niñas rescatadas, señalan que el albergue donde permanecen carece de higiene, el agua es insuficiente, los alimentos están en mal estado y, además, el albergue no es exclusivo para niñas, pues también alberga a personas migrantes.

“No hay agua, nos tenemos que bañar con agua fría, no tienen las suficientes cosas que nos daban en nuestra casa. Nos alejaron de un lugar donde teníamos visitas, teníamos muchísimas cosas que aquí no nos pueden dar”, denunció una de las niñas en una de las grabaciones.

Asimismo, en los mismos videos se denuncia que algunas de las niñas han tenido crisis de ansiedad, pero las autoridades presentes no cuentan con personal especializado para atenderlas, pese a que las autoridades aseguraron que recibirían atención psicológica oportuna y adecuada.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento formal sobre las denuncias de malas condiciones ni sobre las exigencias de las egresadas. Aunque la Fiscalía capitalina asegura que las niñas se encuentran protegidas y bajo atención psicológica, la falta de información oficial, la ausencia de mecanismos claros de supervisión y los testimonios difundidos en redes sociales mantienen abierta la preocupación sobre el trato, las condiciones y la protección real de las infancias  de la Casa de las Mercedes.

El salario de las mujeres en EUA, lejos de sostenerse, va a la baja

 Escrito por Leticia Puente Beresford 

Crédito: Nicole Evans en Pexels.- Nueva York.- Las mujeres en Estados Unidos representan un alto ingreso en la fuerza laboral de ese país, así como a los centros de educación superior; sin embargo, en los centros de trabajo se está registrando una caída de sus salarios, especialmente a las profesionales casadas y quienes maternan.

Lo anterior fue reportado por el diario neoyorkino, The Wall Street Jornal (WSJ) en un artículo que expone la situación salarial de las mujeres en comparación con los hombres. Especialmente en los casos de aquellas que quieren trabajar desde casa, con mayor flexibilidad, lo cual les está costando pagar un precio muy alto.

Harriet Torry precisa en su reportaje que, todavía el año pasado, las mujeres que trabajaban tiempo completo ganaban 81 centavos de dólar comparado con los hombres. Es un salario que se mantiene desde 2016, de acuerdo con la Oficina del Censo de los Estados Unidos. En tanto que, el Departamento de Trabajo indicó recientemente que, los hombres están avanzando este año más que las mujeres porque sus ganancias crecen semanalmente.

Economistas examinaron la amplia diferencia y afirmaron que son varios los factores que intervienen en la brecha salarial: el alto costo y el escaso acceso a un servicio de cuidado infantil.

Su teoría se refuerza con el hecho de que algunas compañías están obligando a sus trabajadores a regresar a las oficinas. Este proceso puede orillar a las mujeres a renunciar a sus trabajos, declinar las propuestas de ascenso o preferir bajos salarios para continuar en un trabajo con mayor flexibilidad, destaca The Wall Street Jornal.

Las mujeres, ademas, no están regresando a las oficinas, lo cual refleja las barreras que enfrentan y al malabarismo de sus carreras y familias. Incluso después de décadas de su avance en la fuerza laboral.

Harriet Torry destaca la explicación que le dio el profesor de Economía de la Universidad de Cornell, Francine Blau, quien sostiene que la situación de las mujeres en el área laboral es una señal de atraso para las normas de género en la sociedad porque de forma desproporcionada sostener las responsabilidades de la casa y del cuidado de hijas e hijos recae en las mujeres.

Jane Varble, una trabajadora de 34 años de edad, tuvo a su segundo hijo en febrero pasado. Durante la pandemia de COVID19, trabajaba vía remota desde su casa en St. Louis un par de días a la semana y se desempeñaba como contadora para el gobierno federal, pero abandonó el empleo.

La trabajadora indicó que, no podía continuar haciéndolo ni por dos o tres semanas más.  Su esposo trabajaba de noche y eso dificultaba el recoger a sus hijos del centro de cuidados. «Yo lloraba cuando manejaba del centro de trabajo. Terminaba exhausta», afirmó.

Desde la pasada primavera, Varble trabaja vía remota para una firma de abogados con quienes hizo arreglos de horario y tiene 25 por ciento menos de su salario, «pero, vale la pena», acotó.

Por otra parte, The Wall Street Jornal destaca que, de acuerdo con información federal, las mujeres de entre 25 a 54 años de edad se quedan estancadas en su búsqueda de empleo. Esto no sucede con los hombres en el mismo rango de edad, puesto que sus posibilidades incrementan.

Reafirmando con los datos, se muestra que el regreso a los centros de trabajo está causando problemas a familias, especialmente a las mujeres quienes no encuentran servicios de cuidado infantil accesible.

La firma KPMG encontró que, la participación de las mujeres en la fuerza laboral varía dependiendo el caso. Aquellas tituladas y con un hijo de hasta cinco años, disminuyó 2.3 puntos por ciento desde el inicio de 2023. Y en los casos en que ellas no contaban con un título profesional, pero cuidaban de sus hijas o hijos, han incrementado por lo menos uno por ciento.

Sobresale en el reportaje de Harriet Torry que, con todo y el aumento de mujeres en la fuerza laboral desde hace cuatro décadas, los datos indican que siguen ganando 84 centavos de dólar, comparado con los hombres, es decir, la brecha sigue sin cerrarse y por el contrario va a la baja. Los hombres significativamente ganan 3.7 por ciento más que las mujeres.

Para rematar, la University of Pittsburgh informó que las mujeres dejan sus centros de trabajo tres veces más en comparación con los hombres, especialmente en las áreas tecnológicas donde está siendo obligatorio regresar a las oficinas.

“La extrema derecha está unida y a nosotras nos dejan solas”

pikaramagazine.com

Mª Ángeles Fernández

Aquel 21 de agosto de 2021 que comenzó como un día más cambió para siempre la vida de Khadija Amin. La periodista presentó con normalidad las noticias de la mañana en la televisión nacional de Afganistán. Luego salió a la calle para hacer unas entrevistas y, tres horas después, mientras regresaba a la redacción, recibió una llamada de su jefe. Le dijo que no podía volver. Los talibanes habían tomado el control de Kabul y, por extensión, de todo el país.

“Fue un choque, ¿cómo es posible? Por la mañana, antes del informativo, hablaba con mis compañeras de que algún día presentaría las noticias sin velo, pero no sabía que en tres horas me iban a expulsar del trabajo”, cuenta en la mesa ‘El periodismo feminista ante el avance de la extrema derecha’, celebrada en el IV Congreso de Periodismo Feminista Lucía Martínez Odriozola organizado por Pikara Magazine y la Asociación de Periodistas de Pikara Magazine, con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, Emakunde y el grupo de investigación Bitartez de la EHU.

Aquel 21 de agosto de 2021 la vida de millones de mujeres en Afganistán cambió para siempre.

“Primero, estuve tres días en casa sin salir. Los talibanes decían en los medios que iban a respetar los derechos de las mujeres y luego salí a comprobarlo. Pero los soldados que tres días antes me respetaban me amenazaron de muerte. Hablé en los medios internacionales denunciando la situación y recibí varias amenazas”.

Aunque quería quedarse en Afganistán y ante la preocupación de su familia, Amin tuvo que abandonar su país.

«Afganistán se ha convertido en una cárcel para las mujeres. No sé cuándo podré volver»

“Fue durísimo, porque ves que te quitan los derechos, después de todo lo que hemos trabajado; la libertad de expresión no fue fácil lograrla. Hemos perdido muchas periodistas, de hecho, cuando yo salía cada día a trabajar no sabía si iba a volver viva o no, porque había muchos atentados y asesinaban a periodistas, pero seguíamos con nuestro compromiso, con nuestro país, con nuestra profesión. El 15 de agosto nos arrebataron todo. Afganistán se ha convertido en una cárcel para las mujeres. No sé cuándo podré volver. Mi sueño de presentar el informativo de la noche allí se quedó”.

Desde el regreso de los talibanes al poder aquel verano de 2021, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha evacuado a 202 periodistas. La organización denuncia la implacable represión de las autoridades talibanes contra profesionales de los medios e insta a los países terceros, ya sean de tránsito o de acogida, a que les permitan ponerse a salvo de los graves riesgos de represalias a los que se enfrentan en Afganistán.

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El cambio de vida de Valeria Guzmán no fue en pocas horas, tampoco de un día para otro. La llegada al poder de Nayib Bukele en El Salvador, y sus posteriores pasos hacia el autoritarismo, requirió de un proceso progresivo que en realidad no ha sorprendido a muchas. “Ya daba indicios de la deriva que iba a tomar si llegaba al poder desde que empezó su carrera pública”, cuenta Guzmán en el congreso de periodismo, sentada junto a Khadija Amin. “Como alcalde [de San Salvador] ya amenazaba al fiscal general de la nación, a funcionarios; eran claras señales. Tenía deriva autoritaria pero también un discurso pro personas LGTBI, pro aborto, que ahora es imposible que lo recuerde”, continúa la periodista. Por cierto, desde octubre está prohibido decir “todos y todas” o “niñe” en los centros educativos del país, nada de lenguaje inclusivo.

Guzmán, que vive en Barcelona, empezó a trabajar como periodista en El Salvador con 19 años. Entonces iba a los juzgados, pedía información pública, “teníamos esos derechos”, cuenta. “Ahora con la toma absoluta de los tres poderes del Estado y la expulsión de cualquier oposición eso es imposible”, comparte. Los hechos lo demuestran: la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), nacida en 1936, ha dejado de operar en el país y se ha tenido que exiliar.

«No me reconozco como una periodista en el exilio, digo que hago periodismo en movimiento”

“Los periodistas fueron asfixiados: primero por la persecución y la amenaza de prisión, luego por la asfixia financiera”, ha explicado a Reporteros Sin Fronteras Sergio Aráuz, presidente de la APES. RSF, APES y la Asociación Salvadoreña de Radiodifusión Participativa (ARPAS) han documentado 53 casos de exilios forzados de periodistas salvadoreños en los últimos seis meses.

“Esto ocurre en un contexto de progresivo deterioro de las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, caracterizado por campañas de acoso digital, estigmatización en el discurso público por parte de funcionarios públicos, hostigamiento judicial, amenazas directas y violencia basada en género. En los últimos años, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y su Relatoría también documentaron el uso de software de vigilancia Pegasus contra al menos 35 personas, incluyendo 22 periodistas de medios de investigación, así como obstrucciones al ejercicio informativo durante el régimen de excepción”, recoge el informe ‘Exilio de periodistas y libertad de expresión’, de Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, publicado en abril de 2024. Esos 22 periodistas, entre los que estaba Guzmán, eran de El Faro, uno de los periódicos de más calidad de América Latina, ahora editado desde el exilio.

“Había una orquestación organizada para amedrentarme”

“Migro a España en 2022, cuando ya tenía medidas de protección de la CIDH por amenazas a mi integridad física. Una sabe cuándo la persiguen, cuando se escucha una tercera persona en una llamada; eso se sabe antes de que te lo comprueben. No me reconozco como una periodista en el exilio, digo que hago periodismo en movimiento”, cuenta Valeria Guzmán en el congreso celebrado en el Bilborock, de Bilbao, el pasado 16 de octubre. “Admiro a las compañeras que hacen periodismo en el territorio porque se están exponiendo mucho y se la están jugando en un país que no brinda ninguna garantía para hacer periodismo”, cierra.

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El día que Javier Milei ganó las elecciones en Argentina, la periodista feminista Luciana Peker compró un billete de avión a España. Voló en diciembre de 2023, diez días después de que tomara posesión el nuevo presidente. Espera volver. “Muchos periodistas varones, incluso progresistas, decían que necesitaban entrevistar a esos líderes de extrema derecha porque no sabían quiénes eran; nosotras sí sabíamos quiénes eran porque nos amenazaban”, arranca Peker, quien explica cómo el auge de la extrema derecha está detrás de su proceso de exilio.

“Había una orquestación organizada para amedrentarme”

“Te mereces ser la próxima [víctima de femicidio]”. “Te podemos disparar desde lejos”. Eran los mensajes que recibía. “Había una orquestación organizada para amedrentarme”, explica en el congreso organizado por Pikara Magazine.

Entre el público participante en el evento estaba Silvina Molina, la primera editora de la sección de Género y Diversidades de la agencia pública de noticias de Argentina, Télam, hasta que el Gobierno de Milei la cerró el pasado marzo. “Es difícil ejercer el periodismo en Argentina, especialmente como periodista de género”, ha dicho en una entrevista a Pikara Magazine.

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Aunque la llegada de Khadija Amin fue extraña –la recibió la ministra de Defensa– su periplo describe la incertidumbre y el dolor de arrancar de cero, por obligación, en un territorio desconocido. “Llegué a España sin saber cómo sería mi futuro, me tenía que adaptar a la nueva sociedad, no sabía si podría seguir con mi profesión, tenía que aprender el idioma”, relata ya en un perfecto castellano.

«Las periodistas feministas tenemos que tener esto en nuestra agenda”

Reconoce haber vivido situaciones de racismo que ha denunciado. Cuenta con el rictus serio cómo tuvo que dormir varios días en la calle en Madrid al llegar de Salamanca. Lamenta que los medios españoles no hablen de lo que pasa en Afganistán. “Me duele mucho. Eliminaron a la mitad de la población. Hay que hablar semanalmente, quincenalmente. ¿Cuántas mujeres fueron asesinadas, encarceladas y violadas por los talibanes? Pero como no es una guerra, como no compran ni venden armas, no hay intereses en Afganistán y se han olvidado. Las periodistas feministas tenemos que tener esto en nuestra agenda”, solicita Amin.

También reconoce, y con eso se queda, que ha sido bien acogida y que ha recibido mucho apoyo. “Yo he venido aquí a sobrevivir, no he venido para ocupar el puesto de nadie”, comparte. Ahora trabaja en 20 Minutos, en una productora haciendo documentales, está escribiendo su biografía y da charlas. También ha creado una asociación, Esperanza de libertad, para ayudar a mujeres a salir de Afganistán.

En la televisión nacional en la que trabajaba ya no hay mujeres. Sí que alguna está empleada en canales privados, pero tiene que tapar su cara con una mascarilla negra, no puede hablar de temas que afectan a las mujeres y no puede acudir a conferencias de prensa. Otras trabajan para medios que están en exilio, pero sin escribir su nombre. “La libertad de expresión no existe, los medios están controlados por los talibanes”, cierra Khadija Amin.

Muchas periodistas tiene que abandonar su profesión en España y aceptar trabajos de menor cualificación para subsistir

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RSF constata el crecimiento constante de la llegada al Estado español de profesionales de los medios, esencialmente procedentes de América Latina y de países represores de mujeres periodistas, como Afganistán, de donde ya han hallado refugio una decena de reporteras, dice el organismo en una nota del pasado verano. “A su llegada, el proceso de adaptación es especialmente duro. A los desafíos de la nueva cultura y, en ocasiones, del idioma, se añaden el duelo por el desarraigo y, sobre todo, la pérdida del estatus, que obliga al periodista a abandonar su profesión y aceptar trabajos de menor cualificación para subsistir”, denuncia el organismo, que pide a los medios locales que no les den la espalda y que tengan en cuenta su valor profesional y vivencial.

“El Estado español sigue siendo racista y colonial y sigue deslegitimando el conocimiento y la trayectoria de las periodistas y los comunicadores que venimos. El acceso espacios de acá es muy complicado. La experiencia que tenemos las periodistas que estamos en el exilio o en movimiento es buscar financiamiento privado”, denuncia Valeria Guzmán.

“Hay responsabilidad estructural del primer mundo, nos están tapando la boca para que no podamos escribir y para que no podamos casi sobrevivir en condiciones reales de subsistencia”, continúa Luciana Peker, quien agradece los apoyos recibidos, pero reclama un fondo de la cooperación para hacer periodismo. “Hay complicidad en el silencio, hay complicidad en Europa y España con el silenciamiento de las periodistas latinoamericanas. Y si no lo hacen están replicando la colonización y están dejando que la extrema derecha, que ya tiene esos lazos, venga a imponer parte de lo que ya está imponiendo en los países del sur. La extrema derecha está unida y a nosotras nos dejan solas”, añade la periodista argentina.

Estados Unidos trata de destruir un cargamento de anticonceptivos

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Gloria López

En enero de 2025 Donald Trump anunció la suspensión de los fondos de cooperación internacional que Estados Unidos canalizaba hacia un centenar de países. Seis meses más tarde, en julio, el presidente estadounidense selló su decisión cerrando oficialmente USAID, la mayor agencia humanitaria del mundo, a la que calificó de “organización obscena y peligrosa, un despilfarro”.

Estas medidas han desatado un caos de consecuencias aún imprevisibles, aunque ya la revista científica The Lancet ha advertido que podrían provocar hasta 14 millones de muertes prevenibles hasta 2030. La irracionalidad alcanza cotas grotescas: un cargamento de anticonceptivos destinados a la cooperación humanitaria en África, que podría beneficiar a 1,4 millones de mujeres y niñas, permanece sin uso en un almacén en Bélgica a la espera de ser destruido, incinerado, porque sí. Porque la deriva que tomó Trump al comenzar el año ha provocado despidos en las organizaciones, cancelación de proyectos y también, paralización de cadenas de suministros. Porque las decisiones tienen consecuencias.

La orden de Washington era que las píldoras fueran incinerados en Francia

Los fármacos se encuentran en suelo europeo, lo que no deja de ser una paradoja. En concreto, en Geel, un municipio de la región de Flandes. La orden de Washington era que las píldoras, dispositivos intrauterinos e implantes hormonales fueran incinerados en Francia. Pero las organizaciones dieron la voz de alarma y de momento, el cargamento, valorado en 10 millones de dólares -recursos obtenidos con fondos de los y las contribuyentes estadounidenses-, no ha sido destruido.

En Flandes existe una prohibición de incineración de materiales aún utilizables o reciclables, como suministros médicos. Esto significa que el Gobierno estadounidense debe solicitar una exención a la prohibición ante el ministro flamenco de Medio Ambiente. El ministro ha reiterado que no ha recibido ninguna solicitud de exención y que, si así fuera, no la autorizaría. Sin embargo, aunque puede impedir la destrucción de la carga en territorio flamenco, no puede bloquear su transporte ni su reubicación.

Francia argumenta que no tiene argumentos jurídicos para actuar contra la decisión de EEUU

Heleen Heysse, responsable de SENSOA, el centro de la región especializado en salud sexual, asegura que el gobierno belga “ha optado claramente por la vía diplomática y ha intentado negociar sobre el cargamento con la Administración estadounidense”.

En Francia, la situación es un tanto diferente. Por un lado, la caída del gobierno ha dificultado su reacción pública al respecto. Además, Médicos del Mundo, junto a otras organizaciones francesas, interpeló al Gobierno francés en agosto, pero este argumentó que no tenía argumentos jurídicos para actuar contra la decisión de Estados Unidos, propietario de los medicamentos.

Los derechos sexuales y reproductivos no son una mercancía como cualquier otra

Sarah Durocher, presidenta de Le Planning famille, recuerda que “Francia tiene la responsabilidad moral de actuar. Un gobierno que consagra con orgullo el derecho al aborto en su Constitución también debe trabajar para proteger la anticoncepción y los derechos de las niñas más allá de sus fronteras. Con su voz respetada a nivel internacional, el Gobierno francés no puede permanecer en silencio mientras se destruyen los suministros anticonceptivos y miles de personas corren peligro”.

Las organizaciones también apelan a la empresa francesa responsable de la destrucción de estos anticonceptivos para que reconsidere su papel. “Tiene una enorme responsabilidad moral y social. La empresa tiene el poder de rechazar este acuerdo. Los derechos sexuales y reproductivos no son una mercancía como cualquier otra que pueda desecharse” argumentan.

Un “ataque ideológico” ejecutado en nombre de la política ultraconservadora

La Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), una organización no gubernamental que trabaja en 172 países, ofreció hacerse cargo de las existencias para su redistribución sin coste alguno, pero esta oferta fue rechazada. “Esto no es un accidente ni un descuido burocrático. Esta acción es deliberada y forma parte de un plan a largo plazo para desmantelar las iniciativas de salud pública mundial. Se trata de control: de nuestros cuerpos, nuestra salud y nuestras decisiones sobre nuestras vidas”, sostiene Micah Grzywnowicz, responsable regional de la Red Europea de IPPF.

Todas las organizaciones consultadas coinciden en que bloquear los suministros y sembrar la confusión “es intencional”, y aseguran que la decisión final de la Administración Trump de destruir estos anticonceptivos vitales es un “ataque ideológico”, ejecutado en nombre de la política ultraconservadora.

En los palés detenidos hay anticonceptivos reversibles de acción prolongada (LARC). Los LARC previenen un embarazo no planificado, y es científicamente incorrecto llamarlos abortivos. Sin embargo, el Gobierno estadounidense asegura que el cargamento en cuestión contiene “productos abortivos” y apela a la “norma de Ciudad de México”, también conocida como la ley mordaza global, que restringe, desde su instauración en 1984 por el Gobierno de Ronald Reagan, la ayuda exterior de Estados Unidos a organizaciones que prestan, asesoran o promueven servicios de aborto legal, y también a la enmienda Kemp-Kasten, que prohíbe la asistencia a “cualquier organización o programa que apoye o participe en la gestión de programas de aborto coercitivo o esterilización involuntaria”.

«Destruir los suministros de USAID almacenados en Geel es un desperdicio inmenso»

Cuando Trump reinstauró la ley mordaza global en 2017, diferentes países de la Unión Europea reaccionaron creando SheDecides e invirtiendo fondos específicamente en proyectos de salud y derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, esta vez no ha habido una reacción similar. Al contrario, otros donantes de la Unión Europea también han recortado la financiación a proyectos de desarrollo internacional. “No están cubriendo el déficit, sino agravándolo”, sintetiza Micah Grzywnowicz.

Pese a las trabas, las organizaciones buscan los cauces para impedir el atropello. We Move Europe está recogiendo firmas para instar a la Comisión Europea y a los gobiernos de Francia y Bélgica a que impidan dicha incineración y se coordinen para que los anticonceptivos puedan ser entregados a través de organizaciones humanitarias. 

Para Nico Bogaerts, director de SENSOA, “destruir los suministros de USAID almacenados en Geel es un desperdicio inmenso. Que el Gobierno estadounidense prefiera pagar para destruir los suministros que ya ha pagado, en lugar de entregarlos a otras organizaciones, es cruel. Estos suministros podrían salvar vidas. Instamos encarecidamente a los gobiernos belga y francés a que encuentren la manera de evitar su incineración y de garantizar que lleguen a las personas que los necesitan”.

“El precio de esta destrucción también se pagará con vidas humanas”

Más allá de los euros están las vidas. La destrucción de estos suministros provocaría 362.000 embarazos no planificados, 161.000 nacimientos no planificados, 110.000 abortos inseguros y 718 muertes maternas. Con ese material se podría colaborar con aproximadamente 1,4 millones de mujeres en países africanos como Kenia, Zambia y Tanzania.

Pilar Martínez, responsable de Médicos del Mundo en Bélgica, afirma que la intención del Gobierno estadounidense es “un ataque directo al derecho a la salud sexual y reproductiva, derechos adquiridos por los que llevamos luchando décadas” y recuerda que, según el estudio de la revista The Lancet mencionado al comienzo, la financiación de USAID es la que más probabilidades tiene de reducir la mortalidad asociada al VIH/sida.

El cargamento incluye más de 50.000 dosis contra el VIH

Efectivamente, una lista de los suministros muestra que además de anticonceptivos, el cargamento detenido incluye más de 50.000 dosis de medicamentos contra el VIH. La mayoría de los productos caducan en 2028 o 2029, según el inventario que detalla los casi 5 millones de artículos.

Se trata de un stock muy importante, cuya destrucción afectará a cientos de miles de vidas. Solo en Congo, por ejemplo, hay alrededor de 500.000 personas seropositivas que dependen de los medicamentos antirretrovirales. La destrucción también tiene efectos negativos acumulativos: debido a la reducción de la financiación de los inhibidores del VIH, la anticoncepción cobra aún más importancia. “El precio de esta destrucción también se pagará con vidas humanas”, sentencia Pilar Martínez.

Es fácil intuir que el caso del cargamento retenido en Bélgica no es el único. Las organizaciones saben que hay otro almacén en Dubái con más de 25 millones de condones de USAID retenidos. Definitivamente “hay una campaña activa”. El desmantelamiento abrupto de USAID ha paralizado los sistemas de salud vulnerables de todo el mundo. Por otro lado, Trump (y sus aliados ultraconservadores en distintas latitudes) están financiando movimientos contra la salud sexual y reproductiva en todo el planeta. Además, impulsan una retórica regresiva sobre la «familia tradicional» en la ONU.

“Este es el último ataque en una campaña a largo plazo para desmantelar el acceso a la atención de salud sexual y reproductiva en todo el mundo”, resume Micah Grzywnowicz. Según una encuesta realizada por la IPPF, las decisiones que viene tomando la Administración Trump podrían resultar en la negación de atención vital de salud sexual y reproductiva a 8,5 millones de personas. Los resultados de esta investigación son demoledores: se estima que los recortes de financiación impulsados por el Gobierno estadounidense se traducirán en 3.844 muertes maternas adicionales, más de 3 millones de embarazos no deseados y 756.010 abortos inseguros.

Para Avril Benoît, directora ejecutiva de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Estados Unidos, incinerar anticonceptivos por millones de dólares es un acto “intencionadamente irresponsable y dañino contra mujeres y niñas de todo el mundo”. “Esta administración está dispuesta a dejar que se pudra la ayuda alimentaria y a quemar anticonceptivos, poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas para impulsar una agenda política”, critica.

Crisis de un modelo de cooperación dependiente que lleva años fracasando

Por otro lado, es cierto que la imagen de la lucha en suelo europeo por un cargamento de anticonceptivos, destinado a quienes habitan los países empobrecidos, pero propiedad de Estados Unidos, ilustra la crisis de un modelo de cooperación dependiente que lleva años fracasando. Y también es una instantánea del absurdo de un sistema que necesita ser repensado urgentemente. Quizás sería interesante enfocar la crisis desatada como una oportunidad de transformación profunda.

«Hoy son contraceptivos, mañana podrían ser vacunas»

“Hay que aprovechar esta oportunidad sobre todo para marcar límites de manera contundente a la violación de derechos fundamentales, en este caso el derecho a la salud. Esta destrucción podría sentar un peligroso precedente: hoy son contraceptivos, mañana podrían ser vacunas”, apuntan desde Médicos del Mundo.

“Es evidente que se necesita un sistema diferente de solidaridad internacional. Quizás este impacto en el sistema acelere el cambio, lo cual sería un rayo de esperanza. Sin embargo, no podemos ver como beneficioso recortar la financiación de la solidaridad internacional de la noche a la mañana, sin un sistema alternativo ni un proceso de transición. Debido a la decisión de Trump, morirán personas”, reflexiona la responsable de SENSOA.

«Queremos un sistema que aborde las desigualdades financieras»

“Aplaudimos cuando los gobiernos cambian su forma de gestionar la solidaridad internacional mediante métodos innovadores de financiación. Queremos un sistema que traslade la toma de decisiones al Sur Global, que sea más justo para todos y que aborde las desigualdades financieras, incluyendo la deuda y los impuestos”, exponen desde la IPPF.

“La Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) sigue siendo esencial, pero debe considerarse en un contexto más amplio. En 2023, los países africanos recibieron menos asistencia de cooperación internacional de lo que pagaron en deuda. Al mismo tiempo, tres mil millones de personas viven en países obligados a recortar la educación, la salud y los servicios básicos para cumplir con los pagos de la deuda. Es urgente reformar el sistema económico y financiero mundial mediante la justicia de la deuda, la justicia fiscal y una estructura más equitativa para la cooperación internacional. Sin esto, seguiremos viendo crecientes desigualdades dentro y entre los países”, concluyen.

Recortes amenazan con borrar décadas de avances en derechos de las mujeres: ONU Mujeres

 Escrito por Paola Piña 

Crédito: ONU Mujeres.- Ciudad de México.- El avance de la ultraderecha y de los grupos con agenda contraria a derechos humanos ha provocado la reducción y eliminación de fondos destinados a organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, lo que ha derivado en el cierre de servicios, la disminución de apoyos y la suspensión de programas para prevenir y erradicar la violencia de género y con esta tendencia se corre el riesgo de perder décadas de progreso, advirtió ONU Mujeres en su más reciente informe.

Esta reducción presupuestal se ha presentado a nivel internacional. De acuerdo con ONU Mujeres, los recortes en los Estados miembros han provocado la suspensión o cancelación de programas en un tercio (34.5 %) de las organizaciones de la sociedad civil, afectando proyectos de empoderamiento, políticas en favor de víctimas de violencia y servicios de apoyo para sobrevivientes.

Esta situación ocurre pese a que la violencia contra las mujeres sigue siendo una problemática persistente. A nivel global, al menos una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Lejos de disminuir, este fenómeno se ha estancado o incluso retrocedido ante las crisis mundiales, los conflictos nuevos y persistentes, y la criminalización de las defensoras, lo que ha exacerbado las formas de violencia existentes.

Pese a ello, el 40.5 % de las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil reportaron una reducción en los servicios que prestan a mujeres y niñas. Varias organizaciones de la sociedad civil se han visto obligadas a cerrar albergues, espacios seguros y hogares de acogida. Algunas han reducido significativamente su capacidad de atención y, en consecuencia, se han visto forzadas a despedir o disminuir las horas de trabajo del personal especializado, como psicólogas y abogadas.

Asimismo, un alarmante 89% de las personas encuestadas señaló que los recortes de financiación están provocando una reducción significativa o grave en el acceso de las mujeres y las niñas a servicios de apoyo para sobrevivientes.

“Esto no es simplemente un descenso estadístico; es una cuestión de vida o muerte. Cuando las mujeres y las niñas no tienen acceso a refugios, espacios seguros ni apoyo legal, médico y psicológico, aumenta el riesgo de que sufran violencia”, advirtió ONU Mujeres.

Las organizaciones de mujeres encuestadas que trabajan para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas informaron que se han visto obligadas a interrumpir o suspender por completo sus programas de prevención debido a los recortes masivos.

ONU Mujeres apunta que la inversión en prevención siempre ha sido escasa (antes de los recortes representaba apenas el 0.2% del total de la Ayuda Oficial al Desarrollo), pero con la reducción actual, la situación se ha agravado aún más.

Estas disminuciones presupuestarias, advierten diversas organizaciones ante ONU Mujeres, no representan una crisis de política pública, sino el resultado de decisiones e intereses políticos que buscan limitar el acceso a recursos, evidenciando que la protección de las mujeres no es una prioridad en las agendas gubernamentales.

Asimismo, el 33% de las organizaciones encuestadas afirmaron que los recortes han afectado significativamente su capacidad para realizar actividades de incidencia política y rendición de cuentas. Sin financiación, su posibilidad de movilizarse, involucrarse y exigir responsabilidad a las autoridades se ha visto mermada, pues se ven obligadas a destinar los recursos restantes únicamente a la prestación de servicios.

Estos recortes presupuestarios han generado una crisis generalizada, cuyos efectos impactan de forma desproporcionada a las organizaciones locales y de base, que constituyen la columna vertebral del apoyo comunitario para combatir la violencia hacia las mujeres y las niñas. De las 197 organizaciones locales y de base que respondieron, el 65% informó haber sufrido un impacto significativo por la disminución de fondos.

Estas disminuciones presupuestarias, advierten diversas organizaciones ante ONU Mujeres, no representan una crisis de recursos, sino el resultado de decisiones e intereses políticos que buscan limitar el acceso a recursos, evidenciando que la protección de las mujeres no es una prioridad en las agendas gubernamentales.

Consecuencias

Esta situación es especialmente preocupante, ya que los recortes coinciden con un creciente autoritarismo que aumenta la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia y la pobreza. Se proyecta que, de continuar esta tendencia, para 2030 fracasará el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) relativo a la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, además de afectar al menos 14 de los 17 ODS.

Asimismo, las organizaciones afectadas han denunciado que a medida que los gobiernos reducen los fondos, deben tomar decisiones difíciles sobre qué programas mantener. Situación grave, pues está demostrado que para lograr reducciones efectivas en la violencia contra las mujeres y las niñas se requiere un enfoque integral que involucre a todo el Estado.

Además, las organizaciones informan que los recortes han devastado su capacidad para recopilar datos, investigar y generar conocimiento, pilares fundamentales para la incidencia, las políticas públicas y la intervención basada en evidencia. Sin información precisa, la violencia se vuelve invisible y la impunidad se generaliza.

La falta de datos concretos no solo dificulta el desarrollo de estrategias de prevención específicas, sino que también impide medir con exactitud la magnitud del problema, silenciando las voces de las víctimas y marginando aún más a las poblaciones vulnerables.

Otro impacto negativo de los recortes es la grave erosión de la confianza entre las organizaciones, las comunidades a las que sirven y los donantes. Cuando los proyectos se ven obligados a cerrar servicios esenciales como los albergues por falta de recursos, se produce una crisis de confianza que daña la reputación institucional y socava años de trabajo para construir relaciones sólidas.

Sin embargo, pese a este panorama, las organizaciones han buscado resistir las acciones antiderechos mediante la reconfiguración de sus relaciones con los donantes, el contacto con nuevos financiadores y el desarrollo de planes de gestión de riesgos. También han impulsado estrategias de colaboración e incluso la fusión de proyectos, lo que, según ONU Mujeres, evidencia una creciente solidaridad entre las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil ante la precariedad financiera compartida.

Antifeminismo al acecho

 La pobreza sigue teniendo rostro de mujer

Por Sergio Ferrari |

Fuentes: Rebelión

Señales en diversos lugares del planeta indican retrocesos y amenazas contra conquistas feministas. La inquietud crece y las estadísticas denuncian.

Las motivaciones de esta ofensiva antifeminista son variadas. Entre otras, la disputa de poder por parte de sectores machistas y patriarcales; competencia ante nuevos roles jerárquicos asumidos por mujeres; sentimientos sociológicos de una nueva “marginación” vividos por hombres jóvenes que creen que los avances en igualdad de género son un ataque a sus derechos y privilegios.

La ofensiva antifeminista trata de restar fuerza, además, a la denuncia de que la pobreza extrema en cualquier situación social tiene rostro de mujer:  aproximadamente un 10%, porcentaje que no ha mejorado desde 2020. De no modificarse sustancialmente esta tendencia, en 2030 unos 351 millones de mujeres y niñas sufrirán el flagelo de la pobreza y una de cada tres en edad de procrear podría padecer anemia, enfermedad “social” que disminuye la energía y atenta contra la salud integral. (https://www.unwomen.org/es/noticias/comunicado-de-prensa/2024/03/1-de-cada-10-mujeres-en-el-mundo-vive-en-pobreza-extrema).

En 2024, la probabilidad de que las mujeres pasaran hambre fue mayor que la de los hombres: 26,1% versus 14,2%. En términos de seguridad alimentaria, esta diferencia significó 64 millones de personas. Las mujeres también padecen casi tres años más de vida de mala salud que los varones. Estos datos se agravan debido a la realidad cotidiana de las mujeres, quienes habitualmente asumen una mayor carga de trabajo de cuidados no remunerados que los varones y además quedan excluidas de la propiedad de la tierra, las finanzas y los empleos decentes. Es decir, se les niegan las herramientas necesarias para prosperar. Según ONU Mujer, en 2024, dos mil millones de mujeres y niñas carecieron de acceso a toda forma de protección social, sin duda una brecha de género que se profundiza cada vez más en el mundo entero (https://news.un.org/es/story/2024/10/1533551).

Antifeminismo, movimiento reaccionario

En un artículo del 19 de octubre en el cotidiano progresista suizo Le Courrier, la periodista Dominique Hartmann, redactora de la sección Igualdad, sostiene que “El antifeminismo ya no es un fenómeno difuso, sino un auténtico contramovimiento social”, y a continuación entrevista a la historiadora Alix Heiniger, miembro del consejo editorial de la revista Nouvelles Questions Féministes (NQF).

Para Heiniger, uno de los elementos de esta ofensiva antifeminista consiste en la dilución de las cuestiones de género en la gobernanza global, fundamentalmente mediante la eliminación de palabras claves. Términos como “derechos reproductivos y sexuales”, por ejemplo, están desapareciendo gradualmente de los textos políticos y legales con el argumento de que los mismo solo sirven a una agenda LGBTQI+ “radical”. “Las armas del antifeminismo son múltiples”, enfatiza Heiniger, de allí la necesidad urgente de “armarnos intelectual y colectivamente” para hacerle frente.

Cuando llega el momento de describir el antifeminismo, Heineger propone “hablar de antifeminismos, en plural”, pues en realidad se trata de la convergencia de numerosos grupos de diferentes edades y motivaciones y con objetivos específicos: masculinistas, movimientos por los derechos de los padres, incels (varones que culpan a las mujeres feministas por su celibato), entre otros. Sin embargo, comparten la visión de que la igualdad entre los diversos grupos sociales de género ya existe, y que lo que está en juego ahora es la recuperación del “equilibrio”. “En realidad, alega Heineger, “sabemos muy bien que [la igualdad] no es un hecho, ni para las mujeres ni para las personas LGBTIQ+”. Y que la búsqueda de este mentado “equilibrio” es, en realidad, la manera como el antifeminismo “opera a través de un contra discurso reaccionario” para impedir o revertir la igualdad entre géneros. 

¿Por qué? Sencillamente, porque su objetivo primordial consiste en “preservar el poder del grupo social masculino sobre el femenino”, y esto se logra haciendo “retroceder los logros del feminismo”. Esta es la razón por la que, desde principios de la década de los 90, el masculinismo haya funcionado como un movimiento de oposición al feminismo. A partir del año 2000, el Internet le aseguró un relieve notable al posibilitar que muchas personas expresen desde el anonimato opiniones teóricamente punibles con total impunidad debido a leyes muy difíciles de aplicar. Para Heineger, el saldo negativo es innegable debido a que el lenguaje y los actos de violencia en la WEB tienen repercusiones directas en el ámbito social y político.

Como señala Heineger, los partidos conservadores de derecha han sacado provecho de este contradiscurso. Concretamente, se apoyan en él para denunciar “la igualdad de género como perjudicial para la familia, pero también para la nación”. Se trata de una ofensiva, fundamentalmente, contra los derechos de la mujer en el ámbito de la sexualidad humana, como el derecho a consentir y a decidir en cuestiones de procreación. Desde la elección de Donald Trump, por ejemplo, esta ofensiva gradual ha estado impactando las mismas políticas de salud pública en el Sur Global, donde las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) deben abstenerse de hablar abiertamente, entre otros temas, del aborto, cuando tratan de obtener financiamiento.

¿Cómo se puede combatir el antifeminismo?”, se pregunta Heineger. Su respuesta: mediante la investigación y el conocimiento. En otras palabras, “una feminista informada vale por dos”. “Debemos armarnos de conocimiento”, insiste, “para comprender estos mecanismos que generan violencia y malestar, y así comprender mejor el mundo que nos rodea, sobre todo porque constantemente surgen nuevas estrategias” contra el feminismo.

Blindar el aborto como derecho constitucional

El mismo día que Le Courrier circuló esta entrevista, el cotidiano español El País publicó a doble página un análisis con el título “La revolución antifeminista avanza tras décadas de mejoras en igualdad”. Y un subtítulo: “España intenta blindar el aborto en la Constitución como ya ha hecho Francia”.

“La historia jamás avanza en línea recta”, afirma el análisis del periódico español. “Tampoco la del feminismo”. Desde hace más de una década y al calor de la ola reaccionaria que recorre el mundo, se multiplican los recortes a los derechos de la mujer también en el Sur Global y tras años de avances hacia la igualdad. “Ocurre en regímenes políticos y culturales alejados (geográficamente) que están actuando contra la diversidad”, argumenta el análisis, “de los EE UU de Trump, a la Argentina de Milei, la India de Modi o las más cercanas Italia, Hungría o Polonia”. Pero naciones como Francia o España están oponiendo resistencia a esta ofensiva y justifican, por ejemplo, la inclusión del aborto en sus constituciones “como antídoto a este fenómeno impulsado por el auge de la ultraderecha”.

“En la mayoría de los países, el movimiento de extrema derecha va acompañado de políticas, entre comillas, de promoción de la familia, con un modelo que no tiene nada que ver con las familias diversas e igualitarias”, reflexiona Cristina Gallach, exsecretaria general adjunta de Naciones Unidas y exsecretaria de Estado de Asuntos Exteriores de España. “También está vinculado”, agrega Gallach, “con un retorno a los valores tradicionales más religiosos y con cortar el acceso de la mujer al mercado laboral” además de negar los derechos sexuales reproductivos. Desde la perspectiva de esos países, “El lugar de la mujer es la casa con los hijos”.

Aunque este proceso empezó hace diez o quince años, afirma el análisis del periódico español, el regreso en enero pasado de Donald Trump a la Casa Blanca constituye un símbolo de la fortaleza de este movimiento. Una de sus primeras decisiones consistió en firmar un decreto para retirar de los organismos del Gobierno de Estados Unidos cualquier declaración, regulación o mensaje que “promueva o inculque la ideología de género”. En la actualidad, sostiene el artículo, partidos nacional-populistas afines a Trump alcanzan una posición muy alta en las encuestas en los principales países de Europa occidental: Francia, Alemania y Reino Unido. Y en Italia gobierna Giorgia Meloni, una primera ministra heredera del posfascismo. La paradoja, concluye el artículo, es que, en muchos casos, estos movimientos considerados como punta de lanza de la contrarrevolución antifeminista, son liderados por personalidades políticas como Marine Le Pen en Francia o Alice Weidel en Alemania, es decir, mujeres que se ha impuesto en partidos muy masculinos.

La violencia de género en Europa

En los países de la Unión Europea (UE), cerca del 30% de las mujeres ha vivido situaciones de violencia física, amenazas y/o violencia sexual a lo largo de su vida. Un 13% sufrió violencia física o amenazas sin violencia sexual; un 17%, violencia sexual. Se trata de constataciones de la última encuesta gestionada por Eurostat, la agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, y el Instituto Europeo de Igualdad de Género. Publicada el segundo semestre de 2024, la misma entrevistó a 114.013 mujeres de 18 a 74 años de edad (https://eige.europa.eu/publications-resources/publications/eu-gender-based-violence-survey-key-results).

Según esta encuesta, violencia de género refiere a cualquier forma de violencia dirigida contra una persona por razón de su género. Puede manifestarse de distintas maneras: física (como el feminicidio), sexual (como la violación o el acoso sexual), psicológica o económica, y producirse tanto en el ámbito público como en el privado. Un ejemplo es la violencia doméstica, que ocurre dentro del entorno familiar o entre cónyuges o parejas actuales o anteriores. A menudo, este tipo de violencia la ejercen familiares cercanos o parejas íntimas.

Los términos “violencia de género” y “violencia contra las mujeres” suelen utilizarse indistintamente, ya que, generalmente, los actos de violencia de género los cometen los varones contra las mujeres. En síntesis, esta forma de violencia se vincula con desequilibrios de poder entre los géneros y es un fenómeno complejo influido por estructuras sociales y culturales, así como por normas y valores arraigados. Prácticas como la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado o la difusión no consentida de contenidos sexuales íntimos, se consideran formas de explotación sexual. Además, los ciberdelitos, como el ciberacoso, el acecho en línea o la incitación a la violencia o al odio a través de Internet, también se clasifican como formas de violencia de género.

Los países de la UE con los índices más altos de violencia de género son Finlandia, Suecia y Hungría. En Finlandia, el 57% de las mujeres encuestadas afirmó haber sufrido violencia de género; un 37%, haber sido víctima de violencia sexual. En Suecia, más de la mitad de las mujeres (52%) reconoció haber padecido algún tipo de violencia de género; un 41%, violencia sexual. En Hungría, el 49% de las participantes se identificó como víctimas de violencia de género (17%, sexual; 31%, física). Sin embargo, señala la encuesta, las comparaciones entre países deben hacerse con cautela porque la percepción de conducta perjudicial o inaceptable, así como del grado de conciencia y reconocimiento de los distintos tipos de violencia, puede variar entre los Estados miembros.

Los esfuerzos institucionales de la Unión Europea por confrontar este flagelo, si bien permanentes, de todos modos, parecen insuficientes. La tercera semana de octubre, el Parlamento Europeo (poder legislativo de la UE) resolvió analizar las medidas y los avances en el combate contra la violencia de mujeres y niñas, con especial atención a la explotación de la maternidad. “La violencia contra mujeres y niñas”, afirmo el Parlamento, “persiste como una de las más graves violaciones de derechos humanos en Europa”. Mediante una resolución del 9 de octubre, el Parlamento reiteró su compromiso con los derechos de la mujer y la igualdad de género, celebró la hoja de ruta de la Comisión sobre derechos de la mujer y respaldó la declaración de principios para una sociedad igualitaria (https://www.europarl.europa.eu/news/es/agenda/briefing/2025-10-20/8/lucha-contra-la-violencia-contra-la-mujer).

En 2024, el Parlamento había aprobado la primera normativa contra la violencia de género, con medidas para la prevención de violaciones y una mayor concientización del consentimiento. Además, la confirmación de la criminalización del matrimonio forzado y de la mutilación genital femenina en la UE, así como la prohibición de información privada en Internet sin consentimiento por considerársela “exhibicionismo cibernético” (https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20240419IPR20588/el-parlamento-aprueba-la-primera-normativa-europea-contra-la-violencia-de-genero).

A pesar de los esfuerzos institucionales y parlamentarios en uno y otro rincón del planeta, los antifeminismos en sus diversas modalidades continúan promoviendo una ofensiva de peso. Siempre de la mano de propuestas políticas ideológicamente conservadoras y negacionistas que pretenden dictar las leyes universales de la existencia humana. En particular, en un Occidente donde, gracias a su innegable poder económico y su conservadurismo religioso, también insisten en dictar los mandamientos de una nueva moral y las reglas de la “familia perfecta”.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Premian a Petra Hermillo Martínez, defensora por los derechos de empleadas del hogar

 Escrito por Scarlett Arias Guerrero 

Scarlett Arias Guerrero.-Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.- El pasado 28 de octubre, organizaciones civiles y el gobierno del estado de Guerrero entregaron el Premio «Antonio Nava Catalán» 2025 a la co-fundadora de la Red de las Mujeres Empleadas del Hogar, Petra Hermillo Martínez por de 40 años de defensa de los derechos humanos de las mujeres, y de las trabajadoras de la hogar en Guerrero.

Tras la entrega del reconocimiento por parte de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, a la defensora indígena náhuatl, originaria de Oxtotitlán, en el municipio de Ahuacuotzingo, territorio ubicado en la Montaña de la entidad, el pasado jueves 30 de octubre, la Red de las Mujeres Empleadas del Hogar realizó una conferencia de prensa donde la defensora reiteró que este reconocimiento es importante para la visibilización de las mujeres que trabajan remuneradamente en los hogares.

En entrevista, la defensora tras la conferencia, narró la alegría de tener actualmente dos Casas Solidarias para las Mujeres Empleadas del Hogar, una en el municipio de Tlapa de Comonfort y otra en Chilpancingo de los Bravo, casas que son un referente de cuidado, autocuidado y de acompañamiento para las 947 mujeres trabajadoras del hogar que integran la red.

«Estamos trabajando en tres regiones, Acapulco, zona Centro y la Montaña, es donde hay mucho por hacer desde los Comités Promotores, de la red», insistió.

La defensora ambiental acotó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México, son 59 mil 126 personas trabajadoras del hogar, la mayoría son mujeres. Esto es importante, porque se tiene que integrar a todas las personas al Seguro Social.

Entonces, «Es nuestro objetivo, es nuestra lucha, que todas las personas tengan Seguro Social. Nosotras somos 997 trabajadoras del hogar, en la red en Guerrero, de 10 trabajadoras sólo 4 compañeras están afiliadas, lo que es una pena». La lucha que damos es por la integración al Seguro Social de trabajadoras del hogar.

A lo anterior, sumó que, hay apatía por parte de las y los empleadores y de las instituciones en cumplir con los derechos de las trabajadoras del hogar remunerado, pese a que existen instrumentos internacionales como el Convenio 189, y en México la Ley del Trabajo se habla sobre el cumplimiento de los derechos laborales, y tratamiento digno.

En este sentido, buscamos cambiar el término «Trabajadoras domésticas», debe decir, «Trabajadoras del Hogar Remunerado», también tabuladores para mejores salarios para todas, es decir, políticas públicas, y sanciones a quienes no cumplan con los derechos humanos y laborales de las mujeres empleadas del hogar, sostuvo Petra Hermillo.

Por otro lado, la presidenta, representante legal de la Red de las Mujeres Empleadas del Hogar, Justina Hermillo Martínez agregó que este documento entregado a la cofundadora de la red, Petra Hermillo Martínez recordó a las compañeras que fallecieron sin seguridad social y la necesidad del cumplimiento de sus derechos laborales.

Al finalizar la entrevista, la defensora del agua, y del territorio, insistió en retomar la agenda de las trabajadoras del hogar, con los temas que promueve a partir de la integración al IMSS, el cuidado y el autocuidado. También reconoció y agradeció a las colectivas feministas, y organizaciones como «Mujeres Guerrerenses por la Democracia», que impulsaron, y promovieron que recibiera este reconocimiento, y que han acompañado a la Red de las Mujeres Empleadas del Hogar.