Ciudad de México.-
La autonomía de los pueblos indígenas para elegir su sistema de
gobierno y nombrar a sus autoridades ha provocado que las mujeres no
puedan votar ni se electas para ocupar cargos públicos, como demuestran
las denuncias de mujeres de Ocotequila, en Guerrero, y San Miguel
Tulancingo, en Oaxaca.
“No han sido suficiente todas estas
instituciones que se han ido constituyendo de Derechos Humanos, de los
mecanismos para el adelanto de las mujeres, las fiscalías autónomas,
entidades, instituciones específicas para atender a los pueblos
indígenas en todos los estados”, señaló la exsenadora y defensora de los
derechos político-electorales, Angélica de la Peña Gómez.
En el ámbito municipal la participación política de las mujeres aún escasa. El Observatorio de Igualdad de Género
de América Latina y el Caribe, de la Cepal, indica que la presencia
de alcaldesas electas avanza a un ritmo lento. En la mayoría de los
países de América Latina y el Caribe el porcentaje de alcaldesas electas
se sitúa por debajo de 15 por ciento. En 2018, en México, el porcentaje
era de 21.6.
A esto se suma que en los municipios indígenas que
se rigen por sistemas normativos propios es común que no se permita a
las mujeres votar y ser electas. En esos espacios las mujeres luchan por
una vida libre de violencia, ejercida por los hombres, los funcionarios
y la comunidad, a la par de buscar el derecho a participar en política,
destacó la abogada Claudia Aguilar Barroso.
De acuerdo con el
Instituto Nacional Electoral (INE), en el país hay 13 distritos con mas
de 60 por ciento de población indígena, ubicados en Chiapas, Guerrero,
Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. En estos estados
las mujeres han denunciado procesos electorales donde no se les permite
votar y ser votadas o se les violenta para que dejen los cargos públicos
que han conseguido.
Mujeres de Ocotequila se animan a votar
Este
3 de febrero el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero anuló la
elección de los integrantes de la Comisaría Municipal, celebrada el
pasado 2 de enero, porque las autoridades locales negaron el
derecho de nueve mujeres a votar. Ahora el ayuntamiento deberán reponer
el proceso y permitir la participación de las ciudadanas.
El
2 de enero nueve mujeres de Ocotequila, municipio de Copanatoyac, en el
estado de Guerrero, se animaron a ejercer su derecho al voto por
primera vez, pero cuando lo intentaron las autoridades comunitarias no
les permitieron hacerlo porque les dijeron que “las mujeres no votan”.
La
periodista, fundadora de El Jale Noticias y consejera electoral,
Antonia Ramírez Marcelino —quien fue una de las mujeres a las que les
negaron el derecho a votaren esta comunidad— explicó en entrevista que
en las comunidades indígenas persisten costumbres que no dan valor a las
mujeres.
Es por eso que ante la negativa de participar, con la
asesoría de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses y
de la Defensoría Especializada en Derechos Políticos de los Pueblos y
Comunidades Indígenas del TEPJF, el 6 de enero las mujeres presentaron
un juicio electoral ciudadano ante el ayuntamiento de Copanatoyac.
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El
recurso llegó al Tribunal Electoral estatal, que 3 de enero les dio la
razón. “Se nos violentó nuestro derecho al voto, la Constitución dice
que todos somos iguales y también podemos participar y también podemos
elegir a las autoridades y eso es lo que se argumentó”, detalló Antonia
Ramírez.
Esta es la primera vez que las mujeres de la comunidad,
en su mayoría adultas mayores, decidieron ejercer su derecho al voto. La
idea rondaba entre ellas desde hace varios años, cuando comenzaron a
preguntarse por qué solo los hombres tomaban decisiones.
“Las
mujeres también vivimos dentro de esta comunidad y las decisiones que se
tomen también nos afectan. La Constitución dice que tenemos derechos,
pero dentro de la comunidad, en los sistemas normativos, las mujeres no
son tomadas en cuenta”, explicó.
En entrevista, la también
defensora de los Derechos Humanos mencionó que en este juicio el
Ayuntamiento respondió al Tribunal Electoral estatal que se convocó a
toda la ciudadanía a votar, incluidas las mujeres, pero cuando las
quejosas acudieron ya había concluido el horario de votación, lo cual no
sucedió así.
Sin derecho al voto mujeres casadas de Tulancingo
En
contraste con las mujeres de Ocotequila, las mujeres del municipio de
San Miguel Tulancingo, en el estado de Oaxaca, optan por no votar y no
arriesgarse a exigir este derecho porque saben que de hacerlo pueden ser
víctimas de violencia en su comunidad.
Como ejemplo, el 11 abril
de 2021 la comunidad eligió concejalías del municipio y de cinco cargos
uno fue para una mujer, quien fue electa regidora. Sin embargo, la
exregidora, Rosario Velazco Velazco, impugnó la elección argumentando
que el municipio debió garantizar mayor participación de mujeres como
candidatas.
No solo eso, la exregidora denunció que en el proceso
no se permitió que mujeres casadas fueran candidatas. En entrevista, la
exfuncionario comunitaria destacó que en septiembre de 2019 la asamblea
general de vecinos determinó que solo las mujeres viudas, separadas y
madres solteras podían ser electas.
Las mujeres casadas no pueden aspirar a un cargo, porque las personas de la comunidad señalaron que ellas no
han desempeñado ninguna otra comisión en la comunidad, por tanto no
tiene experiencia ni capacidad y su participación política podría
generar problemas en los matrimonios.
La denuncia de
Rosario Velazco fue fructífera y el pasado 14 de enero el Tribunal
Electoral del Estado de Oaxaca invalidó la elección ordinaria de
concejales al ayuntamiento de San Miguel Tulancingo, por vulnerar el
principio de progresividad en perjuicio de las mujeres de esa localidad y
porque en la elección solo votaron 18 mujeres cuando en la elección de
2019 acudieron 43.
A pesar de que la denuncia de la exregidora era
para abrir las puertas a que más mujeres ocupen estos cargos, ha sido
violentada por supuestamente denigrar a las mujeres.
Después de la
resolución, el 15 de enero los integrantes del ayuntamiento convocaron a
una reunión comunitaria, donde informaron que fueron destituidos porque
una persona —cuyos datos fueron protegidos en el proceso ante
tribunales— denunció que si a las mujeres casadas no se les permite
cupar cargos en el ayuntamiento tampoco se les deja votar.
Los
entonces funcionarios aseguraron que la persona que los denunció fue la
última exregidora, es decir Rosario Velazco; desde entonces ella ha sido
acusado de querer permanecer en el cargo público que ocupó y de
deshonrar al pueblo.
El exsíndico Luis Velasco Velasco, quien
ejerció el cargo en el mismo periodo que Velazco Velazco, la acusó de
tener ocurrencias al pedir que las mujeres participen en los procesos de
administración de los servicios públicos, por eso aseguró que le
deberían dar “unas nalgadas” para que que aprendiera.
Al siguiente
día el ayuntamiento convocó a las mujeres de la comunidad, incluyendo
las casadas, para informar lo que sucedió. Ante las presiones, las
mujeres prefirieron no apoyar a la exregidora y decir que no tenían
interés en participar ni en ser representadas.
En esa asamblea
también acusaron a Rosario de ser la mujer que destituyó a todo el
cabildo y ser un mal ejemplo para la comunidad. Ante esta violencia, la
exregidora analiza presentar una denuncia por violencia política de
género.
Denuncias se repiten en municipios indígenas
México
reconoce los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas,
especialmente el derecho a la autonomía y la libre determinación, pero
también existe el derecho de las mujeres a la participación y a la
representación política, detalló la abogada Claudia Aguilar Barroso,
durante un conversatorio organizado en enero por el colectivo 50+1, que
promueve los derechos políticos de las mujeres.
La
constitucionalista destacó el caso de la presidenta municipal de
Chenalhó, en el estado Chiapas, Rosa Pérez Pérez, quien en 2016 fue
víctima de violencia política y fue obligada a renunciar a su cargo,
testimonio que ejemplifica las situaciones que viven las mujeres
indígenas en política, quienes muchas veces ni siquiera reciben el
respaldo de sus partidos políticos, cuando participan en elecciones
partidarias.
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O
bien, explicó la abogada, un testimonio más reciente, es el caso de la
presidenta municipal electa de San Dionisio del Mar, en el estado de
Oaxaca, Sonia Luisa Gallegos, quien ganó las elecciones de junio de 2021
en su localidad, por lo cual fue amenazada e incluso hombres del
municipio le impidieron ingresar a su comunidad.
Estos casos, uno
ocurrido en Chiapas en 2016 y otro en Oaxaca en 2021, dijo la abogada
Aguilar Barroso, ilustran la desigualdad de género en la participación
política de las mujeres indígenas en todo el país. Otro ejemplo es el
asesinato de la exdiputada local del Partido Acción Nacional (PAN) y
aspirante a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca,
Ivonne Gallegos Carreño, ocurrido en marzo de 2020.
Además,
mencionó, los sistemas normativos indígenas se tienen que analizar
considerando que en general en las comunidades no se valoran las
aportaciones de las mujeres a la vida comunitaria y por otro lado que
las mujeres no acceden a otros derechos básicos como la educación o la
alimentación; o bien, no tiene garantía de una vida libre de violencia.
Hoy,
agregó, cobra relevancia el discurso de la comandanta Ramona, quien en
el Primer Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas, de 1997, dijo “para
llegar, aquí hemos tenido que vencer a todos los que nos ven como algo
que sobra, algo que quieren que no exista; hemos llegado aquí venciendo
la resistencia de algunos de nuestros compañeros que no entienden la
importancia de que las mujeres estemos participando de la misma manera
que los hombres”.
En el mismo conservatorio organizado por el
colectivo 50+1, la ex legisladora y defensora de la participación
política, Angélica De la Peña, destacó que la Constitución federal
establece que los Derechos Humanos de las mujeres tienen que ser
respetados y los usos y costumbres no pueden estar por encima de los
Derechos Humanos.
“No han sido suficiente todas estas
instituciones que se han ido construyendo de Derechos Humanos, de los
mecanismos para el adelanto de las mujeres, las fiscalías autónomas,
entidades, institucionales específicas para para atender a los pueblos
indígenas en todos los estados”, declaró.
La integrante del
colectivo 50+1 agregó que en muchas comunidades de los estados que
concentran 75 por ciento de esta población indígena: Yucatán, Chiapas,
Oaxaca, Veracruz, Puebla, Estado de México, Hidalgo y Guerrero, las
distintos autoridades de las comunidades indígenas toman los usos y
costumbres por encima de los derechos de las mujeres.
Instituciones
y mujeres han señalado que en este contexto es necesario valorar la
aportación de las mujeres en las comunidades y garantizar que el sistema
jurídico nacional, incluyendo los sistemas normativos y de partidos
políticos, protejan los derechos de las mujeres indígena.
