Desapariciones de niñas en México están relacionadas con trata de personas

 Escrito por La Redacción 

CIMACFoto: César Martínez López

Ciudad de México. La Red por los Derechos de la Infancia (Redim) reveló que una de cada 5 desapariciones de niñas, niños y adolescentes sucede en el Estado de México y detalló que los casos de mujeres pueden estar vinculados con delitos como el feminicidio, la explotación sexual y la trata de personas.

La directora de la Redim, Tania Ramírez Hernández, conversó en Análisis Feminista sobre los hallazgo del informe “Desaparición de Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños en el Estado de México y su vínculo con la explotación sexual o la trata de personas con ese u otros fines”.

“Descubrimos que esto está sucediendo a plena luz del día, es decir, entre lunes y viernes, entre las seis de la mañana y seis de la tarde, es donde más datos tenemos que se están dando las desapariciones, lo cual desmonta la idea de que a las mujeres se nos desaparece por haber estado poniéndonos en riesgo”.

Análisis Feminista es una producción que realiza CIMAC y se transmite todos lo miércoles a las 11 horas en Violeta Radio 106.1 FM.

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Desaparición de niñas, niños y adolescentes en México, es ya una crisis de Derechos Humanos

Antonio Patlán Cardoso 

Ciudad de México. En México, cada día desaparecen 7 niñas, niños y adolescentes, tan sólo en lo que va de este año han desaparecido mil 970, de las cuales, 64 por ciento corresponde a mujeres y 33 por ciento a hombres. 27 por ciento de ellos siguen sin ser localizados.

Así lo dieron a conocer durante el programa de radio “Análisis feminista” que se transmite todos los miércoles por Violeta Radio (en el 106.1 de FM), la abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC (IMDHD), Ximena Ugarte, y la directora de la organización en Chiapas, Melel Xojabal AC, Jennifer Haza Gutiérrez, quienes coincidieron que pese a la existencia de mecanismos para la protección de la infancia, aún falta mucho por hacer por parte del Estado.

En su oportunidad y al ser cuestionada por la periodista y conductora del programa, Lucía Lagunes Huerta, sobre las cifras, Ximena Ugarte dijo que en el IMDHD desarrollaron un diagnóstico a partir de las cifras de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Búsqueda en noviembre de 2018, donde se dieron cuenta que la cifra más grande desaparición de mujeres se dio en el Estado de México, con una proporción de edades que oscilaban de 15 a 17 años.

Con la actualización de las cifras presentada por la Comisión Nacional de Búsqueda, difundidas hace apenas unas semanas, pudieron observar que la desaparición sobre todo de mujeres, continúa en aumento en otras entidades como Puebla, Nuevo León y la Ciudad de México, principalmente de niñas de 11 a 15 años de edad.

De acuerdo con Ugarte, la desaparición está ligada a redes de macrocriminalidad dedicadas a la trata de personas para fines de explotación sexual y laboral, y el feminicidio. Lamentablemente, dijo, en este último caso las autoridades e instituciones dedicadas a la investigación de los casos no han podido visualizar de manera adecuada este tipo de delitos, retrasando de esta forma el acceso a la justicia.

En su participación Jennifer Haza Gutiérrez, de Melel Xojabal AC, comentó que en Chiapas han contabilizado que 89 por ciento de las desapariciones son de niñas y mujeres adolescentes, lo que se agudiza por el contexto de la entidad que es fronteriza, por la discriminación, por ser un estado en su mayoría indígena y de trata de personas y tráfico de armas.

Ambas especialistas en el tema de niñez, señalaron que si bien existen avances legislativos en la materia, ha sido gracias al impulso de las organizaciones civiles, pero señalaron que el Estado ha sido omiso para proteger a la niñez y adolescencia, pues pese a la existencia de mecanismos como las Alertas Ámber y de recomendaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana desde el año 2011, quienes le insistieron al Estado respecto a la falta de información de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, no se ha logrado un avance real en estos puntos.

Lamentaron que ni en las pasadas administraciones ni en ésta, exista una estrategia para acabar con esta violación a los Derechos Humanos de estas poblaciones.

Así, expusieron, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada se reportaron 6 niñas desaparecidas; en el de Felipe Calderón 771; y más de 3 mil casos en el gobierno de Enrique Peña Nieto; muchas de ellas captadas para la trata. A junio de 2019 había 3 mil víctimas por este delito; y en siete de cada diez casos se trató de una niña o mujer adolescente.

De acuerdo con datos oficiales recopilados por la Red de los Derechos de la Infancia en México (Redim), las cinco entidades federativas que presentaron un mayor número de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en lo que va de 2020 fueron el Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Durango, sumando en conjunto 69.3 por ciento de los casos a nivel nacional.

Ximena Ugalde consideró que falta organizar los bancos de datos de personas desaparecidas para que los registros lleguen realmente al Banco Nacional de Datos y poder generar de manera más rápida y efectiva las confrontas genéticas en los casos cuando se está recopilando ADN de restos humanos encontrados en fosas clandestinas y sugirió también disminuir las horas para la activación de la Alerta Ámber.

En tanto Jennifer Haza comentó que la desaparición de niñas, niños y adolescentes es ya una crisis de Derechos Humanos y destacó la falta de coordinación entre los 3 niveles del Estado. En el caso de Chiapas, dijo que la fiscalía estatal no se coordina con el Sistema Nacional de Búsqueda, a pesar de ser una recomendación internacional.

Destacó la urgencia de desarrollar una estrategia integral de protección a niñas, niños y adolescentes contra cualquier forma de violencia, y evidenció que la falta de recursos ante los recortes presupuestales para instituciones dedicadas a la niñez, hacen más difícil que se garanticen y gocen de sus Derechos Humanos.

Finalmente, Lagunes Huerta y las especialistas coincidieron en que las instituciones gubernamentales y de seguridad, deben poner atención ante la creciente  estadística de desaparición de niñas, niños y adolescentes en México, en donde deben aterrizar más estrategias de prevención, con un mejor marco jurídico y sobre todo atención a familiares de víctimas de este delito.

Inmujeres debe estar exento del recorte por austeridad: consejeras

 la Redacción

Ciudad de México. El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) al ser una instancia defensora de los Derechos Humanos está exenta del recorte presupuestal según el propio decreto de austeridad republicana publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), sin embargo, no ha sido reconocido de esta manera por las autoridades de gobierno.

En el programa radiofónico “Análisis Feminista” que conduce la periodista Lucía Lagunes Huerta para Violeta Radio 106.1 FM en la Ciudad de México, las integrantes de los Consejos Consultivo y Social del Inmujeres, Maricarmen Rioseco Gallegos y Eugenia Flores Hernández, respectivamente, recordaron que el decreto de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la pandemia de la COVID-19, tiene como excepción el recorte presupuestal del 75 por ciento a la “Defensa de los derechos humanos” en su numeral 38. 

De esta manera, el Inmujeres por ser la entidad del gobierno federal que coordina el cumplimiento de la política nacional sobre los Derechos Humanos de las mujeres, está exento del recorte presupuestal del 75 por ciento a las partidas de servicios generales, materiales y suministros. 

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A pesar de ello, Maricarmen Rioseco explicó que el pasado 15 de julio la Junta de Gobierno del Inmujeres aprobó una reducción de 151 millones de pesos al presupuesto del Instituto. Indicó que quedaron afectados el Capítulo 2000, referente a los suministros como equipo de oficial y el Capítulo 3000, dedicado a los servicios generales de arrendamiento, luz, agua, publicidad y eventos. 

Tras la polémica, el Inmujeres que dirige la doctora Nadine Gasman Zylbermann, defendió públicamente que el presupuesto a los programas y las acciones sustantivas para la igualdad quedaron intactos, únicamente se redujeron los gastos operativos que corresponden a insumos de papelería, viajes, viáticos, estudios e investigaciones, comedor, entre otros. No obstante, Rioseco Gallegos agregó que desde el 1 de abril la Secretaría de Hacienda tiene retenidos 460.2 millones de pesos correspondientes al Capítulo 4000 del Inmujeres, de los cuales dependen los programas de institutos estatales y municipales de las mujeres. 

La Junta de Gobierno del Inmujeres que aprobó el ajuste presupuestal con 13 votos a favor, 10 en contra, 3 abstenciones y el voto de calidad de la presidenta Nadine Gasman, está conformada por representantes de las Secretarías de Estado, así como 8 consejeras sociales y 8 consultivas. 

La integrante del Consejo Social del Inmujeres, Eugenia Flores, narró que en dicha sesión acudieron funcionarios públicos que poco o nunca han participado en los asuntos del Instituto para defender el recorte presupuestal. “Llegamos a una Junta de Gobierno donde personas o secretarios que van poco como es la propia Olga Sánchez Cordero (secretaria de Gobernación), Alejandro Encinas era la primera vez que iba (Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración), Hugo López-Gatell (Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud) se hizo presente”, en sus argumentos -continuó- todos reconocieron la situación de violencia y desigualdades que enfrentan las mujeres pero señalaron que “las mujeres pueden hacer más con menos” y que la crisis sanitaria y económica por la COVID-19 hace que los presupuestos que se tengan que discutir.

Flores Hernández indicó que podría parecer poco los 151 millones de pesos que se quitaron al presupuesto total del Inmujeres que asciende a 826 millones de pesos, pero simbólicamente, es preocupante que las autoridades del gobierno sigan debilitando a la institución y no escuchen la opinión de los Consejos cuyas integrantes -a excepción de dos- votaron en contra del recorte.

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La defensora de los derechos mujeres recordó a su vez que la Junta de Gobierno del Inmujeres no tiene la facultad legal para hacer este tipo ajustes presupuestales por tratarse de un organismo administrativo, especialmente en una partida irreductible como es el Anexo 13 que son las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres. Esta tarea corresponde únicamente a la Cámara de Diputados que es la encargada de formar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), un señalamiento que también hicieron durante la reunión diversas legisladoras que participan como observadoras.

En este sentido cabe señalar que esta agencia buscó a la legisladora presidenta de la Comisión de Igualad de Género de la Cámara de Diputados, Wendy Briceño Zuloaga, para cuestionarla sobre si, como lo solicitaron las organizaciones, se pedirá la comparecencia de la titular del Inmujeres y del Secretario de Hacienda y expliquen los recortes, sin embargo la respuesta fue que tiene una agenda apretada y que la Comisión ya emitió su opinión.

“En presupuesto cuando algo nos interesa como gobierno a eso es lo que le das más recurso”, expresó Maricarmen Rioseco. La también directora de la organización “Todas Ciudadanas” informó que les propusieron que otras instituciones del gobierno compartieran recursos con el Inmujeres.

Ambas consejeras coincidieron que no existe una política con perspectiva de género en el gobierno de López Obrador, por el contrario, desde 2019 el Inmujeres ha sufrido un debilitamiento institucional. “El primer ataque” fue cuando el presidente emitió la “Circular 1” y se canceló la entrega de recursos federales por parte del Inmujeres a las organizaciones civiles, en el programa conocido como Proequidad.

“Eso es un ataque constante al Instituto Nacional de las Mujeres, que si no hay una movilización de las organizaciones civiles, de la  academia, de los medios de comunicación, de las diputadas, va seguir ese debilitamiento cada vez más como ya nos lo anunciaron para 2021”, advirtió Eugenia Flores. 

Destituciones de funcionarias de Conapred y CEAV, es violencia política, aseguran expertas

 Sonia Gerth 

Ciudad de México. En su programa semanal “Análisis Feminista”, en Violeta Radio, la periodista y directora de CIMAC, Lucía Lagunes Huerta, analizó con la abogada y asesora de Naciones Unidas, Patricia Olamendi Torres, y la Coordinadora del Fortalecimiento Institucional en Documenta AC, Karina Cruz Mendoza, las recientes renuncias de funcionarias de organismos gubernamentales, como Mónica Maccise Duayhe, antes directora del Consejo para Prevenir la Discriminación (Conapred), de Mara Gómez Pérez, titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), y de Asa Cristina Laurell, subsecretaria de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud.

Las expertas, así como las invitadas especiales del programa, Haydeé Pérez Garrido, de la Asamblea Consultiva del Conapred, y Norma Ledezma Ortega, del Consejo Consultivo de la CEAV, coincidieron en que es preocupante el desmontaje público de mujeres con amplia trayectoria profesional, que fueron nombradas por el Ejecutivo. Al mismo tiempo, consideraron necesario una revisión transparente para ver si los organismos sirven para las necesidades para las cuales fueron creados.

Olamendi Torres aclaró que tanto el Conapred como la CEAV son organismos creados por una Ley, sin embargo hasta el momento el poder legislativo no se ha pronunciado sobre las renuncias de las titulares. “Es cierto que el presidente tiene las facultades para decidir sobre los nombramientos, pero ¿cuál es la motivación para estas decisiones?”, preguntó. Coincidió con Andrés Manuel López Obrador en que se han creado muchos organismos para atención específica en los últimos 20 años, y que existe un interés para determinar si dichos organismos en verdad benefician a las personas que soliciten su apoyo, o si son “adornos, en calidad de florero, que no tienen facultades”.

La experta opinó que es necesario revisar y reformar el marco normativo para Conapred y CEAV. En el caso de Conapred, “la ley está muy desfasada de la situación actual después de las reformas del 2011. El marco normativo en México es impresionante. En general es para garantizar los Derechos Humanos. Pero ahí le dicen vulgarmente, ‘el audio no me checa con el video’, Se necesita gente realmente independiente”, dijo Olamendi Torres.

“Indignante, el discurso del presidente”

Pérez Garrido y Ledezma Ortega confirmaron la impresión de que no es así en este momento. “Según mi información, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le pidió la renuncia a Mónica Maccise”, afirmó en el programa. Sería necesario hacer una revisión de las instituciones que se han creado en el país, “pero era un plumazo innecesario”, insistió. “Hay que preguntar por qué no tienen suficientes dientes para adelantar, por qué no fueron capaces de rendir efectos. Pero es irresponsable el discurso del presidente”.

La consejera recordó que las instituciones son los resultados de luchas sociales de grupos afectados, y que Conapred ha avanzado en los derechos de personas con discapacidad, la comunidad afromexicana, o las trabajadoras del hogar, entre otros. “Entonces se necesita una revisión profunda, pero para fortalecerlo y darle capacidad de acción y presupuesto para hacer efectiva la labor”, opinó.

En el caso de la CEAV, donde colectivos de familiares que pusieron un plantón en el Zócalo demandaron la destitución de Gómez Pérez y todavía expresan dudas sobre si la renuncia es oficial, la consejera Ledezma Ortega dijo que es indignante la postura de Andrés Manuel López Obrador. “No depende de una titular, si de arriba, desde el titular del Ejecutivo necesitamos compromiso, y él desconoce la necesidad de las víctimas, desconoce los contenidos de la ley, hace decisiones insensibles a miles de víctimas que se ven perjudicadas”, opinó.

Dijo que el Consejo ve el cambio de persona como “algo catastrófico”, no por la renuncia, “sino en el ¿Qué sigue? ¿Otra terna? Luego sigue el proceso de publicación etc., y se termina el año sin titular”. Desde la sociedad civil, es necesario no poner nombres en la mesa, sino perfiles para personas calificadas. Sin embargo, lo más importante seguiría siendo “el apoyo desde arriba”.

Olamendi Torres opinó que sería preocupante ver que las dos funcionarias, fueron instaladas desde arriba. Recordó que tanto Maccise como Gómez eran personas cercanas a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que trabajaron con ella en la Suprema Corte, por lo tanto, “los nombramientos en realidad respondieron a una decisión de ella al frente de Gobernación. Todos los nombramientos de Segob parecen terriblemente cuestionados por el propio presidente”.

Cruz Mendoza agregó que el presidente ha mostrado una actitud muy defensiva hacia las exigencias del movimiento feminista, incluso que sus discursos han estado “plagados de estereotipos, desde las abuelitas cuidan a nietas y nietos, su pretensión de que las familias son felices y no existe la violencia contra las mujeres, etc.” Ambas expertas coincidieron en que las destituciones podrían calificar como violencia política de género.

“Que haya mujeres en puestos de decisiones y que no se les permita operar ciertos mecanismos, o que a la menor provocación se les pide la renuncia, o renuncien, sí entra en lo que es violencia política”, dijo. Esto sería peligroso, “porque hace eco en sectores de la sociedad”. Sin embargo, ambas coincidieron en que el presidente tiene la facultad de cambiar altas funcionarias de su gobierno, si no le agradan.

Se necesita una revisión objetiva y transparente de las instituciones

Habría que poner mucho cuidado, dijeron, en no creer que porque hay muchas mujeres “invitadas a la mesa”, eso quiere decir que realmente tienen el poder de decisión, porque en muchos casos como en el del Conapred y la CEAV, los organismos carecen de recursos y capacidad operativa. “En la sociedad civil, muchas veces terminamos cayendo en esa simulación de un organismo que en la vida real funciona muy poco o no cumple con sus atribuciones”, advirtió Olamendi Torres.

Por eso, abogaron por un análisis objetivo para saber si los organismos autónomos que se crearon sirven las necesidades para las que fueron creados, sin embargo, este proceso debería de ser transparente y participativo, dijeron.

Se incrementan agresiones contra defensoras y periodistas durante pandemia

 Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

Ciudad de México. Durante la pandemia aumentaron las agresiones contra las defensoras y periodistas mujeres en el país; tan sólo de enero a mayo de 2020, la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos en México (RNDDHM) documentó 325 agresiones, especialmente contra quienes defienden el derecho a la información y la libertad de expresión.

Esto fue comentado en la Mesa de “Análisis Feminista”, un programa radiofónico que se transmite cada miércoles a las 10 de la mañana por la Frecuencia Modulada de Violeta Radio 106.1, que conduce la periodista y coordinadora general de Comunicación e Información de la Mujer A.C, Lucía Lagunes Huerta.

La integrante de la RNDDHM, Guadalupe Ramos Ponce, señaló que durante la pandemia las agresiones contra las defensoras y periodistas se han agudizado. De enero a mayo de este año, la Red documentó entre los primeros lugares 151 agresiones contra quienes defienden el derecho a la información y la libertad de expresión; 84 contra quienes defienden el derecho a una vida libre de violencia y 35 contra quienes defienden la tierra, territorio y recursos naturales. La entidad con más agresiones contra defensoras y periodistas (104 casos) fue Oaxaca, seguida de la Ciudad de México con 36 casos y de Veracruz y Puebla con 29 casos respectivamente. 

En total, las agresiones suman 325 durante los primeros cinco meses de 2020. “Este panorama se concentra en lugares en las que ya tenemos una tradición de registro de violaciones de DH en general, pero que se acrecienta en esta labor de defender los DH (…) ser defensora y periodista en el país constituye un riesgo y, en muchas de las ocasiones, un riesgo de vida”, explicó Ramos, quien también criticó que los mecanismos del aparato estatal para la protección de las defensoras está debilitado en términos de presupuesto y actuación.  

Por su parte, la cofundadora de Las Constituyentes CDMX, Yndira Sandoval Sánchez, dijo que esta situación de violencia contra las personas defensoras estaría vinculada con la política federal de esta administración, como mayor militarización, la ausencia de los Derechos Humanos en el centro de la política nacional y el debilitamiento de los órganos autónomos que defienden estas garantías.

“Hay distintos síntomas, avisos que nos están informando que hay atentados contra la democracia. Si hay 325 ataques en lo que va del año quiere decir que todos los días se está vulnerando el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, al derecho a defender derechos, y con este sesgo que tiene de género donde las defensoras y las periodistas en particular tienen criminalizaciones específicas, sistemáticas, por parte de un país que por más democrático, y abro comillas, que hayan arribado al poder están reflejando su poco interés y poco compromiso con esta agenda”, señaló. 

Sandoval también explicó que la criminalización de las defensoras está siendo una práctica cada vez más recurrente y de formas más violentas y desproporcionadas para desacreditar las causas que defienden las mujeres y que dejan en evidencia las omisiones y vacíos institucionales del Estado. 

Durante el programa se abordaron casos particulares, como es la vinculación a proceso el pasado 6 de junio de la abogada y defensora de personas trabajadoras de la maquila, Susana Prieto Terrazas, quien fue detenida tras una protesta social afuera de una Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en Matamoros Tamaulipas; la amenaza de muerte que se dejó afuera de las instalaciones de la organización feminista Consorcio Oaxaca, el pasado 15 de junio; y la detención en el Estado de México de la defensora Kenia Hernández Montealván, a quien se le detuvo y acusó sin pruebas suficientes, de haber robado 500 pesos. 

En el caso de Consorcio Oaxaca, la directora de esta organización, Jessica Sánchez Maya, explicó que la amenaza de muerte que recibieron tendría relación con su campaña “Hasta que la justicia llegue”, donde fueron testigas de la negligencia y complicidad por parte de la Fiscalía General de Justicia de la entidad en la investigación y acompañamiento procesal para la defensora y periodista Soledad Jarquín Edgar por el asesinato de su hija. 

“Esta situación del día de ayer (la amenaza) no es aislada. Consorcio ha sido siempre una organización bastante incómoda porque documenta, elabora informes, hace incidencia internacional, acompaña casos muy puntuales y denuncia las violaciones a DH. Pensamos que lo que se está preparando es un ataque de mayor envergadura a Consorcio pretendiendo colocar una cortina de humo diciendo: va a ser el crimen organizado quien les asiente una situación grave, y entonces el Estado va a deslindarse”, dijo la defensora y agregó que ninguna autoridad estatal les había informado sobre lo que pasó afuera de su oficina, por lo que esperan que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso. 

Por su parte, la defensora indígena y coordinadora del Colectivo Zapata Vive, Kenia Hernández, Montealván –quien también estuvo en el programa–, declaró que su trabajo como defensora de DH atenta contra el poder del Estado y del patriarcado, por lo que su criminalización es una respuesta de las personas que se han visto afectadas en su esfera de poder. Y agregó que tiene evidencia de que el día que ella presuntamente cometió el delito del que se le acusa estuvo en un refugio del Mecanismo de Protección para Personas Periodistas y Defensoras, de donde es beneficiaria. 

“Mujeres enfrentan no sólo a crisis de desempleo, sino de alimentación”

Escrito por Sonia Gerth 

Ciudad de México. La pandemia del nuevo coronavirus no solamente pone en peligro la estabilidad económica en los hogares mexicanos, sino que lleva el país al borde de una crisis humanitaria, que afecta con mayor impacto a las mujeres. Eso fue uno de los principales hallazgos de Análisis Feminista esta semana, charla a la que la directora de Comunicación e Información de la Mujer Ac (CIMAC), Lucía Lagunes Huerta, invitó a la economista y columnista de Cimacnoticias, Carmen Ponce Meléndez, y la doctora en economía de la Universidad Iberoamericana, Graciela Teruel Belismelis.

Las tres expertas lamentaron la falta de datos desagregados para analizar el impacto de la crisis. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó la semana pasada su Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), un esfuerzo para seguir publicando datos, y comparar con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), a pesar de no poder leventar los datos de forma presencial. La encuesta encontró que en el mes de abril, 12 millones de personas salieron de la población económicamente activa, sin ingresos, y sin tener certeza de poder mantener el vínculo con el trabajo anterior.

Pero la ETOE carece de datos desagregados. En respuesta a una solicitud de Cimacnoticias, el Inegi respondió que “por cuestiones de calidad estadística, sólo desagregan la información para algunos indicadores.” Sin embargo, Ponce Meléndez indicó que los datos señalan que las mujeres son las más afectadas por la crisis sanitaria y económica, ya que muestran que las personas que perdieron su trabajo fueron las que antes trabajaban en el sector de servicios, para el salario mínimo o en la informalidad.

“Una trabajadora informal no tiene ningún mecanismo de defensa, ni siquiera un contrato escrito, y son la mayoría mujeres”, constató. Lagunes Huerta puntualizó que estas desigualdades ancestrales vienen a agudizar la crisis actual. Teruel Belismelis compartió que la Universidad Iberoamericana acabó un proyecto de investigación, en el cual levantaron una encuesta telefónica al nivel nacional, para medir el impacto de la crisis en cuatro indicadores: el empleo, el ingreso, acceso a la alimentación y salud mental.

Las mujeres, ya no pueden comprar alimentos

Narró que la Ibero sí dividió los datos levantados por sexo, y que las tasas de desocupación, con corte en mayo, eran 9.7 para las mujeres en el sector formal, y 22.1 en el sector informal. La tasa de desocupación para hombres era 10.6 en el sector formal, y 15.4 en el sector informal. “Entonces, efectivamente, están perdiendo más el empleo las mujeres, y están perdiendo más las mujeres en el sector informal”, concluyó la economista.

Ponce Meléndez opinó que estos factores podrían llevar a los empresarios a defenderse con otra un nuevo aumento del salario mínimo en la fijación a finales del 2020, bajo el argumento que ya están sufriendo una recesión económica. “Estamos ante una emergencia de pobreza”, advirtió. A este problema se agregaría la deserción escolar y la falta de acceso a educación de jóvenes durante la contingencia.

Teruel Belismelis hizo hincapié en que los otros indicadores, levantados en su encuesta, fueron todavía más preocupantes: seis de cada diez hogares reportaron que tuvieron un ingreso mucho menor, y uno de cada tres hogares reportó una pérdida de más del 50 por ciento de sus ingresos en la tercera fase de la pandemia. “Esto es importante, porque los hogares, no sólo se están quedando sin trabajo, están teniendo shocks de ingreso brutales, y esto es una carga triple para las mujeres: además del desempleo y el tener que cuidar a los hijos, tienen problemas de acceso a la alimentación.”

Explicó que la inseguridad alimentaria es un indicador que usa el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para medir las seis carencias que componen el índice de pobreza. La inseguridad alimentaria leve, moderada y severa, aumentó. “Esto está correlacionado con las pérdidas de trabajo, y por el otro lado, aumentan los precios de los alimentos”, advirtió la experta. La falta de acceso a una alimentación sana, tendría efectos a largo plazo, sobre todo para niñas, niños y adolescentes.

Ponce Meléndez agregó que la falta de ingresos obliga a las personas a buscar trabajo, lo que las pone en riesgo de contagio con COVID-19. Por el otro lado, 4 de cada 10 empresas no aplican los protocolos de seguridad ante la pandemia, según datos de la Secretaría de Trabajo. Y “¿Qué pasa en el norte de país con trabajadoras de maquilas?”, preguntó. “¡Se mueren como moscas, del coronavirus!”

Ingreso mínimo podría ser una solución

Teruel Belismelis recalcó que falta un reconocimiento del gobierno de la pérdida masiva del empleo. “Y dado que no lo reconoce, no ha estado abogando a poner políticas publicas en marcha para preservar el empleo. Porque los que se pierden, no se recuperan de la noche a la mañana.” El gobierno mexicano, en comparación con otros gobiernos del mundo, ya estaría tarde para paquetes económicos. Pero seria necesario “una gran reacción” ahora, y también post-pandemia.

“Ya se agotó la política de austeridad.”, coincidió Ponce Meléndez: “No es posible seguir esta política de austeridad, paraliza más la economía.” La economista se mostró optimista que el grupo parlamentario de Morena, con su reforma fiscal progresiva, estaría cuestionando la política presidencial. Mientras que Teruel Belismelis opinó que los recursos del Estado no alcanzan para dotar toda la población de un ingreso mínimo de bienestar, Ponce Meléndez apostó a la sugerencia de la profesora Rosa Albina Garravito Elías de la UAM, sobre el ingreso mínimo universal.

Éste beneficiaría a todas las personas, incluyendo las que tienen empleos informales o están fuera de trabajo, de esa manera resolviendo el problema alimenticio, dijo Ponce Meléndez. Teruel Belismelis apoyó la idea de transferencias, por lo menos para grupos vulnerables, y luego diseñar otras políticas post-pandemia. Sin embargo, advirtió: “La recuperación va ser difícil, lenta, y dolorosa.”

Pandemia no detuvo migración, las mujeres permanecen varadas con sus hijos

Escrito por Anayeli García Martínez 3 junio, 2020

Ciudad de México. La pandemia del COVID-19 no detuvo la migración hacia Estados Unidos, y aunque la contingencia sanitaria sí disminuyó el flujo de personas, también provocó que muchas mujeres quedaran varadas en México con sus hijas e hijos.  

De acuerdo con la directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Gretchen Kuhner y de la directora de Formación y Capacitación (Foca), Diana Damián Palencia, estas mujeres ni si quiera tienen derecho a la salud ni a la seguridad alimentaria.

Ese fue en balance de las especialistas durante su participación en el programa “Análisis Feminista”, que se transmite los miércoles por Violeta Radio, 106.1 de FM, donde las especialistas llamaron a las autoridades mexicanas a proteger y no deportar a las personas migrantes durante su estadía en el país.

Muchas de estas mujeres y niñas migrantes no tienen acceso a alimentos porque durante la pandemia se quedaron sin trabajo y sin recursos económicos. Incluso, dijeron las defensoras, en la frontera sur se han documentado casos de personas que llegan a las estaciones migratorias para ser detenidas con la única finalidad de tener comida.

Gretchen Kuhner aseguró que la situación de las mujeres migrantes depende de la zona del país en la que se encuentran. Ahora, explicó, hay más de 60 mil personas que esperan respuesta a sus solicitudes de asilo; alrededor de 20 mil en el estado de Chiapas, y 20 mil personas en la frontera norte.

Muchas mujeres que están en la frontera con Estados Unidos, dijo, están acogidas en el programa “Quédate en México”, que empezó a funcionar en enero de 2019, y algunas otras están esperando la respuesta a sus solicitudes de asilo.

Sin embargo, Gretchen Kuhner aseguró que el programa no permite que las personas tengan acceso a abogadas. Otra situación, dijo, es con las que viven en lugares como el municipio de Matamoros, en Tamaulipas, donde muchas viven en campamentos.

Con el pretexto de la pandemia de COVID-19, agregó, el 20 de marzo Estados Unidos empezó a expulsar personas que cruzan la frontera y a cerrar las puertas a las solicitantes de asilo. En respuesta, el 21 de marzo, México acordó recibir a personas de países de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador, y aunque las estadísticas no son buenas se sabe que son más hombres.

Al principio de la cuarentena, en marzo, hubo motines en estaciones migratorias, por ejemplo, en Tenosique, en el estado de Tabasco, murió un hombre, padre de familia; desde entonces el Instituto Nacional de Migración (INM) comenzó a vaciar las estaciones migratorias, deportando a la gente o simplemente dejándola en libertad.

La directora de Formación y Capacitación (Foca), Diana Damián Palencia, dijo que ahora la migración es a menor escala, una disminución que se debe al cierre de las fronteras y al miedo de la población de contraer COVID-19, “quieren estar en su lugar de origen en caso de enfermarse”, dijo.

Sobre lo que sucede en las estaciones migratorias, las expertas aseguraron que no se sabe cuál es la situación. De acuerdo con Imumi, entre el 21 de marzo y 26 de abril se sabía de tres mil 600 personas en las 66 estaciones que hay en todo el país, pero éstas se   fueron desalojando después de los motines.

Hay personas que al dejar las estaciones migratorias donde estaban detenidas, fueron a albergues; otras fueron llevadas por agentes de migración, de la frontera norte a la sur, donde fueron abandonadas en las carreteras.

Diana Damián Palencia explicó que no hay personas detenidas en el corredor migratorio del centro de la frontera sur; pero la información sobre el COVID-19 ha invisibilizado lo que sucede con las mujeres, por ejemplo, que muchos de los albergues cerraron. En diciembre el albergue de Foca cerró debido a la falta de solvencia económica.

Otro tema que se ha dejado de lado, agregó, es que 5 por ciento de las mujeres migrantes están embarazadas y requieren atención a su salud, pero no pueden acudir a las instituciones por falta de documentos de identidad.

Gretchen Kuhner agregó que en el Imumi, apoyan a alrededor de 200 mujeres migrantes que están en diferentes procesos: son solicitantes de asilo, de reunificación familiar o de renovación de documentos. Ellas viven en la Ciudad de México, Puebla, Querétaro y el Estado de México, en situaciones precarias y trabajan en el sector informal.

Estas mujeres, mencionó, sobrellevaron el primer mes de confinamiento, pero al segundo mes se quedaron sin trabajo y sin poder pagar la renta o el gas, por eso Imumi se dio a la tarea de recaudar fondos para apoyarlas, a ellas y a los albergues, con despensas y tarjetas de despensas para comprar comida.

Kuhner dijo que se puede seguir con los trámites legales de estadía legal en México y presentando solicitudes ante las instituciones, pero aclaró que si en estos momentos no se apoya la sobrevivencia de la población migrante, de nada sirve el procedimiento legal.

Mientras las mujeres migrantes viven esta situación, en México la política migratoria está igual: se recibe a las personas mexicanas provenientes de Estados Unidos y se detiene y deporta a las personas centroamericanas. Es por esta razón que este lunes Imumi presentó una lista de peticiones al secretario del Consejo de Salubridad General, José Ignacio Santos Preciado, a fin de que el Insabi de un mensaje a la población migrante, que pueden acercarse a los servicios públicos de salud en esta pandemia.

Para las organizaciones es importante que las más de 13 mil personas deportadas en México sepan que cualquiera, independientemente de su nacionalidad, tiene derecho a acceder a servicios de salud, por si tiene COVID-19 o requieren de otros servicios como atención durante el embarazo o acceso a un aborto legal.

Otras peticiones de las organizaciones civiles son que las instituciones mexicanas dejen de deportar, pues los países centroamericanos no tienen capacidad de recibir a esta población y las recomendaciones internacionales son que los Estados cuiden a las personas dentro del país, las protejan y no las deporten.

Asimismo, piden que en esta contingencia se promueva la regularización migratoria para que las personas que se quedaron atoradas en el país o que fueron liberadas de estaciones migratorias, tengan un documento o tarjeta para tener seguridad y derechos en esta situación, por lo menos durante 6 meses.

El programa completo, que conduce la periodista feminista y directora de Comunicación e Información de la mujer (CIMAC), se puede escuchar por Violeta Radio o por https://soundcloud.com/cimac-radio.

Urgen políticas económicas para mitigar efectos de pandemia en mujeres

Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

Ciudad de México. Expertas en pobreza y economía, coincidieron en que urgen políticas económicas de emergencia y estructurales que ayuden a las mujeres, que históricamente han sido la población con más carencias sociales en México, a mitigar los impactos económicos y en su vida diaria que traerá la nueva pandemia. 

Durante el programa radiofónico “Análisis Feminista”, que se transmite cada miércoles por el 16.1 de FM Violeta Radio, la coordinadora de investigación de la organización civil Oxfam México, Milena Dovali Delgado, y la titular de la Dirección de Igualdad de Género en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Yazmín Pérez Haro, conversaron con la periodista Lucía Lagunes Huerta, conductora del programa, sobre distintas propuestas económicas de emergencia que han surgido a propósito de la pobreza que dejará a su paso el COVID-19. 

Una de las propuestas más sonadas al respecto ha sido la de instaurar un Ingreso Vital Único que impulsaron bancadas y organizaciones civiles, un monto de 3 mil 746 pesos mensuales durante tres meses para 34.7 millones de hogares que se tienen identificados como poblaciones en situación de vulnerabilidad y que la epidemia ha agravado su situación económica por desempleo o disminución de ingresos. Para ésta se ha estimado un equivalente 110 mil 194 millones de pesos, sólo en dos meses, los cuales saldrían del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, que dirige la Secretaría de Bienestar. Esta propuesta ya fue presentada formalmente en el senado por la legisladora Patricia Mercado. 

Al respecto, Dovali Delgado, de Oxfam México, dijo que esta pandemia ha hecho evidente la desigualdad que vivimos en México, con más de 59 millones de personas viviendo en pobreza, muchos de ellas que dependen del ingreso de sus ventas diarias. 

A esto se suma que el sistema de bienestar mexicano está muy fragmentado, es decir que se condiciona mucho a el estatus laboral, lo que deja fuera de los servicios de salud y la seguridad social a las personas que laboran en el sector informal. La mayoría de estas personas, explicó la experta, son mujeres, quienes optan por empleos informales como consecuencia de otra desigualdad: lidiar con las 25 horas más que dedican a ella, en comparación con sus pares varones, para el trabajo del hogar no remunerado.

De acuerdo con Dovali, durante la pandemia las personas en condiciones de pobreza tendrán que hacer uso de sus bienes, pero esto también es complicado, ya que la capacidad de ahorro es menor que la de los hombres porque reciben menos ingresos. El Ingreso Único Vital ayudaría especialmente a esta población a afrontar la crisis económica por el COVID, dijo la investigadora. No obstante, precisó que no es la única acción que puede implementarse. Desde Oxfam, por ejemplo, se ha propuesto un ingreso universal vital, que se entregaría de manera universal por el simple hecho de ser personas.

Por su parte, la Directora de Igualdad de la Secretaría de las Mujeres, dijo que el Ingreso Vital Único es una iniciativa que “se abraza de la CDMX”, pero que no puede ser una solución aislada, sino que se requiere una propuesta integral para garantizar un piso mínimo de bienestar. Esto requiere, dijo, de un replanteamiento de la política fiscal y acciones que compensen otras desigualdades, por ejemplo con un sistema pùblico de cuidados. 

La también fundadora del Centro de Investigación e Incidencia para el Desarrollo e Igualdad Sustantiva AC, dijo que se requiere un ingreso único vital diferenciado, progresivo e individual que privilegie a las personas en mayor desventaja social. 

La funcionaria dijo que en este momento la Secretaría de las Mujeres participa en un grupo de análisis con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para evaluar el impacto que ha tenido la contingencia, y –a pregunta expresa de cuáles son las acciones de gobierno para las capitalinas durante esta contingencia sanitaria– precisó que por parte del gobierno de la CDMX hay capacitación al empleo, créditos, el apoyo económico equivalente al salario mínimo al que pueden acceder mujeres víctimas de violencia que acudan a los servicios de asesoría para las mujeres (LUNA), así como un apoyo económico que otorga la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo para quienes perdieron el empleo durante la pandemia.

20/AJSE/LGL

Familia fraterna de AMLO, alejada de la realidad coinciden feministas

 Anayeli García Martínez 

Cimacnoticias. El presidente de México tiene la idea de que en el país solo existe un modelo de familia, fraterna y unida; sin embargo, la realidad es que en la familia se ejerce violencia contra mujeres y niñas y es necesario reconocerla.

Esta fue una de las conclusiones de la abogada y consultora Patricia Olamendi Torres y Karime Suri Salvatierra al participar en el programa Análisis Feminista, que se transmite todos los miércoles a las 10 de la mañana por Violeta Radio 106.1 FM.

En esta emisión, dedicada al tema “¿Familia fraterna? Violencia contra las mujeres en el hogar”, las especialistas analizaron el mensaje que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia del pasado 6 de mayo.

En aquella conferencia de prensa, a pregunta de una reportera, el mandatario dijo que en el caso de la violencia en general y la violencia contra las mujeres “no hemos nosotros advertido un incremento, desde luego la forma que tenemos de medirlo son las denuncias que se presentan, puede haber cifra negra, pero en las denuncias no ha habido un incremento”.

“Se partía del supuesto de que si se estaba más tiempo en las casas podía experimentarse, podía darse más violencia familiar. Esto no necesariamente está sucediendo porque no se puede medir con los mismos parámetros a todo el mundo. En México tenemos una cultura de mucha fraternidad en la familia”, dijo.

Al respecto, la doctora en Derecho, Patricia Olamendi Torres, aseguró que el dicho de López Obrador es desconocer la realidad de lo que sucede en México, pero además opinó que su afirmación es una visión personal de la familia, no una visión real.

Una de las características de México, agregó, es el nivel elevado de la violencia en los hogares, donde se cometen violación y abuso sexual. Hay reportes que señalan que más del 50 por ciento de los abusos a niñas y niños ocurren en la familia, dijo.

Olamendi Torres señaló que la violencia física, psicológica, sexual y feminicida es una realidad. Aseguró que hay informes de que a diario ocurren de 6 a 10 casos de feminicidio. Por esta razón aseguró que la declaración del presidente es muy grave porque demuestra que estos temas no le agradan y le molestan.

La experta, quien ha sido consultora para ONU Mujeres, señaló que las áreas de seguridad del Gabinete deberían informar al presidente de manera correcta lo que está sucediendo y explicarle que hay un marco legal para garantizar una vida libre de violencia a mujeres y niñas.

La abogada aseguró que las palabras del presidente fueron de desprecio, como si la violencia fuera una mentira; pero además, con esta declaración, la opinión pública se queda con una idea diferente de lo que pasa.

En su turno, la maestra en Antropología Social, Karime Suri Salvatierra, aseguró que preocupa la visión de “familia unida” del presidente, porque desde hace años el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha advertido la transformación de las familias en México.

Esta familia de la que habla es una familia en extinción, estamos avanzando a vivir en una diversidad de modelos familiares, la que sí es constante es la violencia al interior de las familia, advirtió la experta en derechos de las mujeres.

La también integrante de la Red de Investigadoras “Por la vida y la libertad de las mujeres”, afirmó que la violencia contra las mujeres en la familia es una denuncia constante del feminismo, pero ahora hay instrumentos para medirla, como los datos del Inegi, del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

Suri Salvatierra recordó que a finales del año pasado el Colegio de México y ONU Mujeres presentaron el informe global “El progreso de las mujeres en el mundo 2019-2020. Familias en un mundo cambiante”, donde se advierte de una transformación de las familias, pero donde se reconoce que no está resuelta la violencia hacia mujeres e hijas e hijos.  

Al respecto la periodista feminista y conductora del programa, Lucía Lagunes Huerta, cuestionó si más allá de que al presidente López Obrador no le agrade el tema de la violencia, es su responsabilidad tomar y encabezar acciones a favor de las mujeres.

Patricia Olamendi consideró que cuando el jefe del Estado dice “ah, tengo otra idea, otro dato, otra manera de pensar”, es preocupante porque al final es el responsable de dar la cara por todo el Estado y todas las autoridades, es el principal personaje que debe cumplir la ley.  

Consideró que una respuesta entendible sería que dijera que no tiene información sobre la violencia y citar al gabinete de seguridad para pedir datos; pero no decir que la violencia es mentira y descalificar a su Gabinete, que fue el que dio los primeros números sobre el incremento de este problema.  

En opinión de Karime Suri Salvatierra hay una falta de precisión y conocimiento del jefe del Estado mexicano por lo que las funcionarias públicas que lo rodean deberían acercarle elementos mínimos para que tenga respuestas cercanas a la realidad cada vez que es cuestionado la prensa.

El programa completo, donde también se habló del papel de las mujeres en puestos de decisión en el Gobierno de López Obrador y los datos sobre violencia recopilados por organizaciones de la sociedad civil, se puede escuchar en https://soundcloud.com/cimac-radio/familia-fraterna-violencia-contra-mujeres-en-los-hogares.

COVID-19, oportunidad para cambiar modelo neoliberal, coinciden expertas

Redacción 

Ciudad de México. Tras asegurar que la pandemia por el COVID-19 es una oportunidad para cambiar el modelo neoliberal existente desde la década de los 70, es necesaria también una estrategia anticrisis que rescate a las familias en torno a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) donde se encuentra aproximadamente 80 por ciento de la población, que se puede hacer a través de una renta básica que sería dotar de 500 dólares por los meses que dure la contingencia y que estos recursos regresen a las empresas y al pago de servicios, consideraron las economistas feministas Magdalena García  y Carmen Ponce.

Al participar en la mesa del programa Análisis Feminista, de Violeta Radio, las economistas coincidieron en que en este momento lo importante y urgente es garantizar el bienestar no solamente de salud de las personas, sino también su subsistencia, al poder contar con los mínimos para una canasta alimentaria básica alimenticia y no alimenticia.

Reconocieron lo hecho hasta ahora por el gobierno en materia de salud, pero aseguraron que falta un plan económico durante y posterior a la crisis que permita que las empresas paguen estos salarios a sus empleadas y empleados durante el periodo de contingencia.

La economista Carmen Ponce señaló que “difícilmente una empresa, puede mantenerse sin ingresos más de 3 meses y pagándole a su planta laboral”, es prácticamente imposible, aseguró.

Por su parte Magdalena García observó que “estamos ante una situación muy compleja porque por más que digan que paguen el salario mínimo, pues de dónde”, cuestionó, pues la mayoría de las microempresas no tienen ni local y difícilmente podrían tener una reserva como para poder solventar un pago de 3 meses a sus trabajadoras.

En su opinión es urgente trazar una estrategia económica que permita enfrentar la parte de los salarios, en este sentido criticó la actuación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no está “aportando nada”, contrario al sector bancario que dijo, está haciendo propuestas “muy interesantes”.

En este sentido Carmen Ponce, también observó que es cuestionable el tema de las moras ofrecidas por el banco, ya que no es un trámite sencillo, pues para acceder a ese beneficio, se pide la baja del Seguro Social de la persona despedida, cosa que no es tan fácil, dijo, ya que si la mayoría está en el sector informal, de dónde obtendrán este requisito.

Magdalena García dijo que en el caso de México, no ha habido una reacción del Banco de México, como sí lo están haciendo en otros países. Ejemplificó que en Estados Unidos la Reserva Federal “está destinando recursos enormes para enfrentar la crisis”.

La conductora del programa, la periodista feminista Lucía Lagunes Huerta, señaló que estamos frente a retos que no habíamos estado nunca como país y que esto nos tendría que llevar a reflexionar sobre los cambios que se tendrían que hacer como país pero también a nivel macro.

En este sentido, Magdalena García, señaló que una previsión es que haya un decrecimiento económico según algunas calificadoras, de hasta 7 por ciento, el mayor del que se tenga historia en nuestro país. La crisis de la pandemia, dijo, ha agravado la situación, pues este decrecimiento se viene observando desde el 2019.

En su opinión y de acuerdo con lo que ha observado en otros países es que debe haber una política “un poco mezclada de apoyo empresarial y de apoyo a trabajadores pero con una gran cantidad de recursos destinada a la renta básica que me parece un tema muy importante en el caso de México que se tiene que dar porque como dicen los países nórdicos, en estos momentos los trabajadores están sin trabajo por una solicitud gubernamental que tiene que ver con el control de la pandemia”.

Explicó que en países como Dinamarca lo que se está proponiendo es la nacionalización de las nóminas privadas, el gobierno se hace cargo del pago de los ingresos que deberían tener los trabajadores, “que en nuestro caso debería de incluir a las personas en situación de informalidad y finalmente ese recurso va a regresar a las empresas” agregó.

Carmen Ponce consideró que esta opción puede ser viable y dijo que si los trabajadores no tienen salario diario o mensual, por ejemplo en este mes de abril que todos se irán a casa, entonces no habría consumo, si no hay dinero no hay consumo “y el problema es verdaderamente grave porque tenemos 2 millones de trabajadores en la informalidad que viven del ingreso diario, no viven de un salario y por lo tanto no tienen derecho a lo que marca la Ley Federal del Trabajo”, que sería acceder a un salario mínimo en caso de contingencia, esto estimula el consumo, pero estos 32 millones de trabajadores informales, sobre todo mujeres, no están en posibilidades de recibir ese salario”, lo que contrae el consumo, enfatizó.

La economista y columnista de Cimacnoticias, explicó que esta contracción del consumo también se da por los paros técnicos, “si el trabajador en lugar de recibir 7 días de salario a la semana va a recibir 3, va a consumir para lo que le alcanza en 3 días eso es evidente y a qué le va a dar prioridad, pues a la subsistencia como es lógico”.

Cuestionadas sobre el llamado de la ONU a condonar las deudas a los países menos favorecidos y dónde están las mujeres en la propuesta, señalaron que es una medida que puede resultar insuficiente, porque es limitada la cantidad de dinero propuesta y porque el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus cartas intención, siempre condiciona a las mujeres.

Magalena García explicó que ello porque siempre les parece que pueden estar recortando el gasto con facilidad y cuando eso pasa alguien tiene que hacer lo que se dejó de hacer como pasó con la salud, con la educación, entre otros rubros, y quién lo hace, cuestionó, pues las mujeres.

Ambas economistas coincidieron en la necesidad de hacer una reforma fiscal que grave al capital, y señalaron que esta crisis pone en cuestionamiento todos los planteamientos que se habían hecho, y ejemplificaron los programas sociales planteados para una realidad económica que ya no es. “Es imposible pensar que exclusivamente con programas sociales se va a resolver el problema de la miseria o la pobreza que puede causar una crisis de estas características y por supuesto a la cabeza de esta crisis estamos las mujeres”, sentenció Carmen Ponce.

En opinión de Magdalena García se requieren dos planes económicos: el de la emergencia y el de la recuperacion que son diferentes. En el primero, dijo, se debe garantizar que la gente tenga los recursos mínimos suficientes para enfrentar una serie de gastos, para no deteriorar más el consumo de la sobrevivencia.

En este sentido, con base en un estimado que hizo, se requeriría entregar 500 dólares por familia y ese recurso les permitiría sobrevivir y ese recurso iría a parar a las empresas porque la población se lo gastaría.

Observó que hay otros gastos que siguen como la colegiatura, luz, agua, gas, medidas que se contemplan en otros países pero aquí no, por lo que debería ser considerado por el gobierno.

Ambas expertas consideraron que en este momento lo urgente es la sobrevivencia de las personas, garantizar que haya comida para todos, la canasta mínima para estar, en el límite de no ser pobre, de tener acceso a la canasta alimenticia y no alimenticia, lo que permitiría hacerle frente a otras deudas, a algunos pagos, que regresarían al sector público.