Ciudad de México. En su programa semanal “Análisis
Feminista”, en Violeta Radio, la periodista y directora de CIMAC, Lucía
Lagunes Huerta, analizó con la abogada y asesora de Naciones Unidas,
Patricia Olamendi Torres, y la Coordinadora del Fortalecimiento
Institucional en Documenta AC, Karina Cruz Mendoza, las recientes
renuncias de funcionarias de organismos gubernamentales, como Mónica
Maccise Duayhe, antes directora del Consejo para Prevenir la
Discriminación (Conapred), de Mara Gómez Pérez, titular de la Comisión
Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), y de Asa Cristina Laurell,
subsecretaria de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud.
Las expertas, así como las invitadas especiales del programa, Haydeé
Pérez Garrido, de la Asamblea Consultiva del Conapred, y Norma Ledezma
Ortega, del Consejo Consultivo de la CEAV, coincidieron en que es
preocupante el desmontaje público de mujeres con amplia trayectoria
profesional, que fueron nombradas por el Ejecutivo. Al mismo tiempo,
consideraron necesario una revisión transparente para ver si los
organismos sirven para las necesidades para las cuales fueron creados.
Olamendi Torres aclaró que tanto el Conapred como la CEAV son
organismos creados por una Ley, sin embargo hasta el momento el poder
legislativo no se ha pronunciado sobre las renuncias de las titulares.
“Es cierto que el presidente tiene las facultades para decidir sobre los
nombramientos, pero ¿cuál es la motivación para estas decisiones?”,
preguntó. Coincidió con Andrés Manuel López Obrador en que se han creado
muchos organismos para atención específica en los últimos 20 años, y
que existe un interés para determinar si dichos organismos en verdad
benefician a las personas que soliciten su apoyo, o si son “adornos, en
calidad de florero, que no tienen facultades”.
La experta opinó que es necesario revisar y reformar el marco
normativo para Conapred y CEAV. En el caso de Conapred, “la ley está muy
desfasada de la situación actual después de las reformas del 2011. El
marco normativo en México es impresionante. En general es para
garantizar los Derechos Humanos. Pero ahí le dicen vulgarmente, ‘el
audio no me checa con el video’, Se necesita gente realmente
independiente”, dijo Olamendi Torres.
“Indignante, el discurso del presidente”
Pérez Garrido y Ledezma Ortega confirmaron la impresión de que no es
así en este momento. “Según mi información, la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le pidió la renuncia a Mónica
Maccise”, afirmó en el programa. Sería necesario hacer una revisión de
las instituciones que se han creado en el país, “pero era un plumazo
innecesario”, insistió. “Hay que preguntar por qué no tienen suficientes
dientes para adelantar, por qué no fueron capaces de rendir efectos.
Pero es irresponsable el discurso del presidente”.
La consejera recordó que las instituciones son los resultados de
luchas sociales de grupos afectados, y que Conapred ha avanzado en los
derechos de personas con discapacidad, la comunidad afromexicana, o las
trabajadoras del hogar, entre otros. “Entonces se necesita una revisión
profunda, pero para fortalecerlo y darle capacidad de acción y
presupuesto para hacer efectiva la labor”, opinó.
En el caso de la CEAV, donde colectivos de familiares que pusieron un
plantón en el Zócalo demandaron la destitución de Gómez Pérez y todavía
expresan dudas sobre si la renuncia es oficial, la consejera Ledezma
Ortega dijo que es indignante la postura de Andrés Manuel López Obrador.
“No depende de una titular, si de arriba, desde el titular del
Ejecutivo necesitamos compromiso, y él desconoce la necesidad de las
víctimas, desconoce los contenidos de la ley, hace decisiones
insensibles a miles de víctimas que se ven perjudicadas”, opinó.
Dijo que el Consejo ve el cambio de persona como “algo catastrófico”,
no por la renuncia, “sino en el ¿Qué sigue? ¿Otra terna? Luego sigue el
proceso de publicación etc., y se termina el año sin titular”. Desde la
sociedad civil, es necesario no poner nombres en la mesa, sino perfiles
para personas calificadas. Sin embargo, lo más importante seguiría
siendo “el apoyo desde arriba”.
Olamendi Torres opinó que sería preocupante ver que las dos
funcionarias, fueron instaladas desde arriba. Recordó que tanto Maccise
como Gómez eran personas cercanas a la secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, que trabajaron con ella en la Suprema Corte, por lo
tanto, “los nombramientos en realidad respondieron a una decisión de
ella al frente de Gobernación. Todos los nombramientos de Segob parecen
terriblemente cuestionados por el propio presidente”.
Cruz Mendoza agregó que el presidente ha mostrado una actitud muy
defensiva hacia las exigencias del movimiento feminista, incluso que sus
discursos han estado “plagados de estereotipos, desde las abuelitas
cuidan a nietas y nietos, su pretensión de que las familias son felices y
no existe la violencia contra las mujeres, etc.” Ambas expertas
coincidieron en que las destituciones podrían calificar como violencia
política de género.
“Que haya mujeres en puestos de decisiones y que no se les permita
operar ciertos mecanismos, o que a la menor provocación se les pide la
renuncia, o renuncien, sí entra en lo que es violencia política”, dijo.
Esto sería peligroso, “porque hace eco en sectores de la sociedad”. Sin
embargo, ambas coincidieron en que el presidente tiene la facultad de
cambiar altas funcionarias de su gobierno, si no le agradan.
Se necesita una revisión objetiva y transparente de las instituciones
Habría que poner mucho cuidado, dijeron, en no creer que porque hay
muchas mujeres “invitadas a la mesa”, eso quiere decir que realmente
tienen el poder de decisión, porque en muchos casos como en el del
Conapred y la CEAV, los organismos carecen de recursos y capacidad
operativa. “En la sociedad civil, muchas veces terminamos cayendo en esa
simulación de un organismo que en la vida real funciona muy poco o no
cumple con sus atribuciones”, advirtió Olamendi Torres.
Por eso, abogaron por un análisis objetivo para saber si los
organismos autónomos que se crearon sirven las necesidades para las que
fueron creados, sin embargo, este proceso debería de ser transparente y
participativo, dijeron.
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