Ese convenio de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)
“brinda orientación vital para los gobiernos sobre cómo prevenir este
tipo de violencia y cómo proteger a los trabajadores frente al estigma y
las represalias”, destacó Nisha Varia, directora de derechos de la
mujer en HRW.
Uruguay es, desde el 12 de junio, el único país que ha ratificado ese
convenio adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo hace un
año.
HRW dijo que Alemania, Argentina, Bélgica, España, Filipinas,
Finlandia, Fiyi, Francia, Islandia, Irlanda, Italia, Namibia, Sudáfrica y
Uganda prevén ratificar el instrumento, que implica adecuar sus leyes
nacionales a los estándares del tratado y ser evaluados periódicamente
por la OIT para determinar si cumplen con lo asumido.
El movimiento contra el acoso #MeToo, con gran auge en los años 2018
y 2019, y ataques contra trabajadores de la salud en el contexto de la
pandemia covid-19, “han puesto de manifiesto la urgencia de adoptar
medidas contundentes para prevenir la violencia y el acoso vinculados
con el trabajo”, sostuvo una declaración de HRW.
“Aunque ninguna persona debería tener que tolerar violencia ni acoso,
para muchos trabajadores, sobre todo las mujeres, suele ser inevitable
para conseguir o conservar un trabajo”, observó Varia.
Una encuesta de la organización Chile Mujeres en 2019 reveló que en
los últimos cinco años 53 por ciento de las empresas de ese país
sudamericano tuvieron casos de acoso laboral y 37 por ciento de acoso
sexual.
Con base en sus estudios, el Workplace Bullying Institute de Estados
Unidos calculó que 27 por ciento de los trabajadores de ese país
experimentaron conductas abusivas en sus centros de labor y 21 por
ciento de los encuestados dijeron haberlas presenciado.
Otra encuesta, de 2014 a 42 000 mujeres en 28 países de Europa,
concluyó que 55 por ciento de ellas fue víctima de acoso sexual al menos
en una ocasión desde los 15 años de edad, y 32 por ciento indicó que el
acoso se produjo en el entorno laboral.
HRW documentó incidentes de violencia y acoso en el trabajo en todo
el mundo, en sectores como agricultura, trabajo doméstico, educación,
pesca, industria de la indumentaria, salud, periodismo, minería,
administración pública y fuerzas armadas.
La OIT señaló que muchas de las leyes de protección laboral vigentes
excluyen a los trabajadores que se encuentran más expuestos a
situaciones de violencia, como trabajadoras del hogar, los de la
agricultura y personas con empleos precarios.
Un informe del Banco Mundial de 2018 señaló que 59 de 189 economías
no habían adoptado disposiciones jurídicas específicas sobre acoso
sexual en el trabajo.
Según el Convenio 190, los gobiernos deben asegurar que haya leyes
nacionales exhaustivas contra el acoso y la violencia en el trabajo, y
que se establezcan las medidas de prevención pertinentes, como realizar
campañas de información e identificar a sectores de alto riesgo, recordó
HRW.
El texto de la OIT aborda la violencia de género, incluida la
conexión entre violencia doméstica y trabajo, así como los pasos que
deben dar los gobiernos, incluidas las protecciones para que las
personas sobrevivientes de hechos de violencia doméstica puedan obtener
ayuda sin perder su trabajo.
También que la violencia y el acoso pueden ocurrir fuera del espacio
físico de labor, e incluye otras actividades vinculadas, como los
trayectos desde y hacia el trabajo y los eventos laborales que se
desarrollan fuera del lugar de trabajo.
A-E/HM
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