Napoleón Gómez Urrutia
La semana pasada desde
Ginebra, Suiza, se celebró la reunión del Comité Ejecutivo Mundial de
IndustriALL Global Union que representa a más de 50 millones de
trabajadores de 140 países. Un encuentro muy importante e interesante,
como todos los anteriores, pero más en esta ocasión por la evidente
crisis sanitaria y la posterior depresión económica que estamos
experimentando, la cual no habíamos conocido jamás los que somos parte
de esta generación.
Durante seis horas por videoconferencia y con una agenda previamente
acordada, iniciamos los trabajos a las tres de la mañana hora de México,
10 de Europa, y concluimos pasando las nueve del mismo día. Un gran
logro ante tantos temas trascendentes que estamos experimentando y donde
la capacidad de análisis y de síntesis de todos los participantes fue
extraordinaria. Iniciamos primero con una afirmación dramática que todos
los días vemos en la vida, pero que preocupa y da temor a los
ciudadanos y es:
hoy estamos viviendo una profunda recesión que no habíamos visto en muchos años y que no desaparecerá fácilmente ni en algunos meses ni quizá en años.
Antes de la pandemia muchas personas en México y en el mundo ya
estaban padeciendo los efectos negativos de la marginación y la pobreza,
e incluso no tenían lo suficiente para comer bien, tener un techo
seguro, acceso a escuelas, hospitales o transporte porque los escasos
recursos no les alcanzaban. Con la epidemia y el cierre de los negocios,
las empresas y las actividades, muchos empleos, así fueran de
sobrevivencia, se han perdido y las oportunidades de recuperarlos se han
vuelto sumamente complicadas. En pocas palabras, el hambre y la pobreza
se han agudizado. Quizás el sector de las mujeres es el principal
perdedor de esta crisis y la situación cada vez se vuelve más
desesperada.
En México se han conocido casos de negocios y fábricas en los que han
obligado a los trabajadores a asistir a laborar aun estando enfermos. Y
no somos el único país en el que los dueños de las compañías y los
especuladores abusivos se han convertido en verdaderos casos de
explotación y delincuencia cínica y descarnada. Con ello han tomado
ventaja de los trabajadores que por su necesidad económica de
sobrevivencia para ellos y sus familias, aceptan esas condiciones de
abuso inhumano. Por ello, podemos afirmar que muchas empresas están
utilizando la crisis para disminuir los derechos laborales y mantener un
mayor control sobre la clase trabajadora.
A veces también esas mismas u otras empresas, han inventado teorías
de conspiración e intervención estatales para negar sus obligaciones y
responsabilidades fiscales, legales, laborales y de cualquier otra
concepción que les dé pretexto para evadir sus compromisos ante la ley y
ante la sociedad, especialmente en el ejemplo de las corporaciones
multinacionales.
En el caso de la economía de Estados Unidos, los inversionistas han
incrementado en más de 500 mil millones de dólares sus ganancias, según
los datos mencionados por IndustriALL, mientras que el número de
desempleados en ese país ya alcanza los 45 millones de personas. Los
precios de las acciones de las entidades más poderosas y ligadas a los
sectores productivos se han disparado y la demanda por los bienes de
lujo en países como España se han elevado en más de 20 por ciento.
De ahí que sea necesario establecer en la ley, como lo están
exigiendo los sindicatos de Alemania, una iniciativa para consolidar el
derecho al cuidado, o a la atención de las necesidades sociales y
obligar al gobierno a que cumpla también con esta reforma de apoyo a la
clase trabajadora. Para el sindicalismo mundial no es aceptable que las
personas más pobres y marginadas paguen el costo de esta crisis,
mientras que los más ricos aumenten más cada día la posesión de bienes
materiales y de lujo.
La Organización Internacional del Trabajo calcula en 300 millones de
empleos formales los que se han perdido en el mundo, además de otros 300
millones de desempleados o trabajadores sin formalidad. En estos meses
las grandes empresas internacionales han mostrado una enorme prisa para
protegerse y a sus accionistas también. De hecho, muchos patrones y sus
directivos se están aprovechando de la crisis y utilizan sus efectos
negativos para restructurar sus plantas productivas e incluso toman
decisiones para reducir el número de empleos en casos que no tiene nada
que ver con la pandemia.
En estas condiciones, hay serias amenazas contra la democracia, la
justicia, el bienestar y los derechos de los trabajadores. De ahí que se
requiera elaborar un plan nacional emergente para frenar los abusos y
las violaciones a los derechos humanos y laborales para tener un
programa de regreso seguro al trabajo, al mismo tiempo que asegurar una
nueva política económica para la crisis y después de ella. Es
fundamental terminar con el chantaje de los inversionistas nacionales y
quizá algunos extranjeros, que frecuentemente usan la amenaza de frenar o
retirar sus inversiones, como en algunos casos ya lo están haciendo,
para obligar al gobierno y al pueblo a aceptar sus condiciones y echar
para abajo a los gobiernos progresistas. Asimismo, fortalecer a las
organizaciones sindicales democráticas y progresistas que antepongan los
intereses de México por encima de cualquier pretensión personal o de
grupo. La decisión es y será únicamente de los ciudadanos que
verdaderamente quieren a México y busquen atenuar el impacto de la
crisis y recuperar el nivel de actividad y los programas anteriores a la
pandemia.
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