México: Alianza PAN-PRD sacaría a AMLO -con el aplauso de los empresarios y políticos- de la competencia presidencial

Pedro Echeverría V.

1. Jesús Ortega, dirigente nacional del PRD, no descartó una alianza con el PAN para enfrentar al PRI en las elecciones presidenciales de 2012, y dijo ayer viernes en Yucatán que temas polémicos como el aborto y los matrimonios gay no serán impedimento para querer que se termine con los "cacicazgos" en el país. Manifestó que a pesar de algunas voces discordantes, panistas y perredistas ya establecieron alianzas en Oaxaca, Durango, Puebla e Hidalgo para competir por las gubernaturas. "Si podemos avanzar de esta manera, no es descartable unir fuerzas en 2012", precisó. "Lo importante es acabar con los gobiernos caciquiles del PRI". También confirmó la intención del PRD de formalizar una coalición con el PAN para enfrentar las elecciones de gobernador del estado de México en 2011; puso en la mesa dos nombres de donde saldría el posible candidato común: Encinas Rodríguez y Vázquez Mota, coordinadores de los diputados federales perredistas y panistas, respectivamente.

2. Aunque falta un año para que los candidatos presidenciales salgan claramente a la luz, López Obrador (AMLO) no ha dejado de recorrer el país desde que en 2005 fue hecho candidato, pasando por 2006, cuando fue despojado de la presidencia por los grandes empresarios y políticos. Pero por otro lado el PRI se siente absolutamente seguro –porque ha recuperado su enorme poder electoral- que cualquiera de sus futuros candidatos: Peña Nieto, Beltrones o Paredes, recuperarán la Presidencia que tuvieron 71 años (1929-2000) Sin embargo todo parece depender de que López Obrador posea una fuerza propia real nacional producto de haber recorrido dos o tres veces todos los municipios del país; porque frente a él parece haberse multiplicado la fuerza empresarial y política que se le opone totalmente: los multimillonarios, los medios de información, el clero y el imperio norteamericano. Por ello las declaraciones del dirigente de la máxima fuerza del PRD son aplaudidas por los antilopezobradoristas.

3. El PAN y el PRI tienen casi todo el poder y controlan buena parte del dinero, escribe Federico Arriola. Las mayores maquinarias propagandísticas de México, Televisa y otros medios, han trabajado desde 2006 en dos proyectos: a) convencer a la gente que el movimiento de AMLO está muerto; b) que en 2012 la lucha será, nada más, entre el favorito PRI con Enrique Peña Nieto y el PAN con cualquier candidato medianamente popular que encuentre. El PRD, por desgracia, debido a la ambición de sus actuales dirigentes, parece ahora trabajar en esa lógica al haberse sumado al PAN en no pocas alianzas electorales regionales. El perredismo con frecuencia manda señales en el sentido de que podría darse en 2012 una alianza todavía más grande con el panismo para impedir el retorno del PRI a Los Pinos. Una alianza, dicen sus promotores, que sería posible con cualquier candidato de "izquierda" (Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Amalia García, Carlos Navarrete), excepto López Obrador.

4. La consigna es que López Obrador no debe llegar a la Presidencia porque "es un peligro para México". A pesar que AMLO se ha cuidado de no llamar las cosas con su verdadero nombre. Por ejemplo reconoce la enorme miseria y opresión que sufre la mayoría de la población, pero no dice que es característica básica del sistema de explotación capitalista que es necesario destruir para construir un sistema igualitario. Ve que las personas honestas no pueden ganar elecciones y llegar a la presidencia; pero no se atreve a decir que ante el cierre de esta vía se debe acudir a otras formas de lucha que pueden ser no pacíficas. No quiere declarar que Castro, Chávez, Morales, Correa, han venido luchando contra las políticas imperialistas que durante un siglo han saqueado a los pueblos de América Latina. En fin, a pesar que López Obrador ha silenciado verdades para evitar que se "espante" la perrada, no deja de ser cuestionado por la derecha.

5. Si el PRD y el PAN continúan con las alianzas tendrán que escoger a un candidato aceptable para la burguesía que bien puede ser cualquiera de los nombrados por Arriola. Incluso este periodista, seguidor del asesinado priísta Colosio, presiona a AMLO para que condene a Hugo Chávez y así se gane "a las clases medias". Sin embargo parece que las cosas –como suele suceder en política- pueden sufrir cambios radicales que obliguen a López Obrador a echar por la borda todos sus ilusiones en alianzas con el centrismo y el derechismo y entonces confiar plenamente –como único camino- en el pueblo pobre y explotado. Parece que en México se están cerrando con mayor celeridad todos los caminos institucionales. Allí están los tremendos golpes a los campesinos, a los obreros con la reforma a la ley del trabajo, con el cierre de Luz y Fuerza y la persecución contra los mineros. Hay decenas de grandes sectores movilizados y reprimidos que es necesario unificar en serio. Pero los planteamientos tienen que ir a la raíz.

6. Así como Fox, el PRI y los empresarios buscaron encarcelar a López Obrador en 2004 con cualquier pretexto, así también se busca llevar a la cárcel al líder de los electricistas y al líder de los mineros. Estos dos años (2010 y 2011) el gobierno de Calderón, en alianza con el PRI y el PRD, tratarán de sentar las bases para el llamado juego democrático electoral de 2012. Buscarán una sucesión presidencial limpia, sin tropiezos ni peligros y podrán firmar más pactos para que los candidatos sean confiables para empresarios, clero y gobierno norteamericano. El PRD, desde el ascenso de Jesús Ortega a la presidencia del PRD con el total apoyo de Calderón, pasó a formar parte importante de juego electoral. Ya los Krauze, Camín, Castañeda y demás "intelectuales" del aparato –enemigos de López Obrador y de las luchas sociales- que siempre han buscado una "izquierda" domesticada y moderna, han aprobado la idea. Con las declaraciones de Ortega se terminó de cerrar el círculo de oportunismo de hoy.

7. Los que estamos viviendo hora tras hora los cambios políticos en México y en el mundo –a pesar de ver muy negro del panorama para los trabajadores- siempre tenemos una pequeña luz de esperanza, porque si no fuera así hace mucho que nos hubiésemos suicidado. Es imposible "mandar a la chingada" todo y dedicarnos a analizar asuntos en los que nunca hemos estado. Por eso seguimos teniendo esperanzas en nuevos levantamientos de la APPO, en el fortalecimiento de la CNTE, en que los electricistas recuperen las calles y sus empleos, en que los mineros sigan en pie de lucha, en que el EZLN siga logrando avances importantes y que los grupos guerrilleros obtengan más fuerza y se extiendan y que los campesinos del país se organicen mejor para dar batallas más consecuentes. Nosotros le decimos a Calderón que no hablamos mal de México al decir que está jodidísimo; es Calderón y su gobierno quien desprestigia al país al mentir sobre nuestra realidad. Por eso en México se pide la renuncia de Calderón.

pedroe@cablered.net.mx

EEUU viola sistemáticamente los derechos de los inmigrantes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tiene un sistema de detención de 350 instalaciones operadas mayormente por empresas privadas y cárceles locales.

La brutalidad policial es normal en la represión contra los manifestantes e inmigrantes en los Estados Unidos.

Informes sobre el destino de los detenidos han puesto de manifiesto el abuso sistemático y el abandono de los inmigrantes a la custodia del gobierno federal. Hay mujeres víctimas de violación a quienes se les negaron los servicios de aborto durante su detención. Las embarazadas han permanecido encadenadas mientras dan a luz, y los bebés que todavía están siendo amamantados les son arrebatados a sus madres.

En un lapso de cinco años, más de 100 inmigrantes detenidos han muerto bajo la custodia de ICE. Estas muertes salieron a la luz a partir de unas investigaciones periodísticas y de la organización American Civil Liberties Union. Un ecuatoriano víctima de negligencia murió después de ser transferido de una cárcel de Rikers Island en Nueva York a las autoridades de inmigración.

Con demasiada frecuencia, los detenidos desaparecen en algunas de las divisiones subrepticias de ICE que no aparecen en los registros públicos y que no están identificadas claramente, según reveló un estudio de La Nación. “La capacidad de acceder al mundo exterior es una salvaguardia esencial en contra de la detención arbitraria”, afirma Amnistía Internacional.

Los inmigrantes detenidos no tienen derecho a representación legal. Tienen que defender su caso a través de una maraña de obstáculos, como depender de organizaciones sin fines de lucro que no pueden aceptar llamadas con cargos, malas traducciones o interpretaciones, y desconocimientos sobre sus derechos.

El sistema socava sus escasas posibilidades a un juicio imparcial. El Instituto Warren describe los defectos del proceso federal de detención de inmigrantes, como por ejemplo jueces sobrecargados de trabajo y juicios en masa.

Las condiciones vergonzosas de detención van en contra de los derechos humanos, incluido el derecho de los detenidos a acceder a servicios médicos y abogados, y el derecho a no ser detenido por más tiempo del que el gobierno pueda justificar.

Bajo la administración de Obama, el gobierno federal pasó la moción de revisar las políticas en torno a la atención médica y la supervisión. El año pasado, ICE anunció cambios para mejorar las condiciones de detención y seguidamente se hizo una muy necesitada revisión interna de las prácticas de detención.

Pero lo que permanece igual es que estas políticas sobre los servicios de salud y la supervisión, no son legalmente vinculantes y por lo tanto, no son imputables.

Pero, ¿quiénes son los responsables de esta conducta criminal y negligente? Una empresa privada contratada para hacerse cargo de los inmigrantes detenidos y en cuyas instalaciones ha habido muertes por causa de negligencia, sigue operando centros de detención.

El que nadie se haga responsable es inaceptable. El estándar debe incluir políticas humanitarias de detención, representación legal adecuada y castigos fuertes para aquellos que no respetan los derechos de los inmigrantes.

Sin embargo, la nación debe ir más allá. No podemos permitir que ICE convierta la detención en un negocio.

La Prensa

Silvio Rodríguez: “Hay muchas más razones para creer en la Revolución Cubana que en sus detractores”

El trovador Silvio Rodríguez afirmó tener “muchas más razones para creer en la Revolución que para creer a sus detractores”, al presentar ayer en la Casa de las Américas su más reciente álbum, “Segunda cita”.

De tal manera el cantautor tomó partido ante la campaña mediática que por estos días insiste en demonizar a la Revolución cubana, a cuyo medio siglo de existencia dedicó la realización de un fonograma que también evoca las huellas de Edgar Allan Poe y Charles Darwin.

Segunda cita (Ojalá Producciones) da continuidad de algún modo a un trabajo anterior, Cita con ángeles. Aquel disco contenía canciones escritas bajo los efectos de la agresión norteamericana contra Iraq; este de ahora pone su acento en temas vinculados con la realidad doméstica.

Para Silvio se trata de una realidad compleja, preñada de desafíos, en un país atenazado por el bloqueo de Estados Unidos, “que debe terminar ya”, hostigado por “lo que hemos querido ser y por el tratamiento que se la ha dado a lo que hemos querido ser”, pero también abocado a “repensar conceptos e instituciones”. “Vamos a ser mucho más grandes y mejores”, vaticinó, en la medida en que “enfrentemos sin miedo” ese proceso.

Al abundar sobre el disco, el trovador confesó que la presencia del pianista Roberto Julio Carcassés, el bajista Feliciano Arango y el baterista Oliver Valdés obedeció a su intención de trabajar con la base de un trío de jazz.

Entre los asistentes a la presentación estuvieron Abel Prieto, miembro del Buró Político y ministro de Cultura, y Roberto Fernández Retamar, presidente de la Casa de las Américas.

Granma

2010: ¿Un año para celebrar?

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 26 de marzo (apro).- Este año en México se cumplen el bicentenario de la Independencia, el centenario de la Revolución… y también una década de que el PAN llegó al poder.

Si hace casi diez años los mexicanos celebraron el destierro de los gobiernos totalitarios del PRI, donde nada se movía sin la venia del presidente de la República, ahora es tiempo de que los ciudadanos reflexionen sobre la opción que tomaron aquel 2 de julio del año 2000.

Hace una década el país sufrió un giro, sí, pero no fue para mejorar las condiciones de vida, para abatir la pobreza o los niveles de desempleo de la población; la decisión que se tomó aquel 2000 no ha ayudado a tener un país más democrático. Lo que hay es un gobierno panista corrupto, de doble discurso, de simulación, de sometimiento, de componendas con el PRI para tratar de mantenerse en el poder y, lo más peligroso, de desgobierno.

El de Vicente Fox fue un sexenio perdido para el país, es cierto; pero el de Felipe Calderón ha sido el gobierno del caos, de un estado fallido donde parece no haber rumbo y donde la violencia parece imparable.

Calderón convirtió a México en un polvorín que mes con mes estalla a lo largo y ancho del paíos, de norte a sur y de oriente a occidente. La zona de conflicto está en Michoacán, en Morelos, en Chihuahua, en...

Felipe Calderón inició una guerra contra el narcotráfico que parece no terminar. Lo peor es que lo hizo con el objetivo de cumplir las exigencias de Estados Unidos, país que determina qué hacer.

En la década de los setenta, el vecino país quería inhibir la oferta de la droga, de ahí que los países productores de enervantes, --como Colombia— y los transportistas —como México--, sufrieran ciertas presiones, como aquella llamada “certificación”.

En México, quienes se dedicaban al trasiego de la droga sólo se preocupaban por cuidar la ruta, por lo que la violencia era focalizada.

Dos décadas después, en los años noventa, Estados Unidos cambió su objetivo y en lugar de tratar de inhibir la oferta de la droga, decidió detener el consumo y esto modificó el actuar de las organizaciones criminales. Así, el pago por el transporte ya no se hace en dinero, sino en especie, con la condición de que la droga que se está dejando no ingrese a territorio estadunidense para no generar una sobreoferta.

Esto generó que el pago, es decir, la droga, obligue a las organizaciones criminales que ya no sólo se preocupen por la ruta, sino por colocar el producto. Los obligó a coaligarse con organizaciones locales, de las comunidades, de los municipios que, al tener un nuevo elemento qué vender, evolucionaron rápidamente y entonces empezó la lucha por el territorio.

El pleito por la plaza, y no por la ruta, generó mayor violencia. En México, en los últimos ocho años el consumo aumentó 70% porque la droga ya no iba al vecino país, se quedaba aquí, había que vender el pago por el trasiego.

La política de Estados Unidos ha sido que la droga no llegue a su territorio y las políticas del gobierno mexicano ha sido dar cumplimiento a ello, nunca a tratar de disminuir el consumo de los mexicanos o a reducir los niveles de violencia que cada día van en aumento.

Así, Calderón y Fox, los gobiernos panistas, decidieron someterse a los designios de Estados Unidos pero descuidando todo lo que ocurre en México.

Qué no sorprenda ahora por qué tanta violencia.

El gobierno panista trata de vender la idea de que si los enfrentamientos entre los distintos grupos criminales se ha incrementado es por los grandes golpes que les ha asestado la autoridad.

Todo parece indicar que no es así; que más bien, al cambiar la política norteamericana y al quedarse la droga en México, y la urgencia de los grupos criminales por venderla, éstos iniciaron una lucha por el territorio, por la plaza.

Estados Unidos parecía estar contento con el actuar del gobierno, lo aplaudía, pero bastó que le mataran a tres ciudadanos estadunidenses para que enviara a funcionarios de alto nivel al país a dar un golpe de mano, a regañar a las autoridades mexicanas y a decirles que su política de combate al narcotráfico, que la guerra emprendida por Calderón, no es la idónea.

Ahora sí piensa en programas sociales y hasta se compromete con el gobierno mexicano a establecer programas pilotos en Tijuana y Ciudad Juárez, para irse a la raíz del problema.

Esto lo debió hacer el gobierno mexicano hace muchos años, para ser exactos, desde que el incremento en el consumo de la droga empezó a extenderse. Desde que la matrícula escolar les cerraba las puertas a los jóvenes y el desempleo iba cada vez más en aumento, dejándoles como única opción dedicarse a trabajos ilícitos, a contratarse como sicarios, a ser narcomenudistas.

De ahí que se sostenga que el gobierno panista ha sido de sometimiento. Un sometimiento a lo que dicte Estados Unidos en ataque al narcotráfico.

Pero también es un gobierno de simulación y de doble discurso. Y si no, basta con mirar al presidente municipal de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, quien contrató de informante a alguien presuntamente vinculado con la organización criminar de los Beltrán Leyva.

Desde su campaña para presidente municipal, el actual edil panista dijo que era mejor hacer acuerdos con el narcotráfico para controlar el flagelo del tráfico de drogas, la clase política se escandalizó por su dicho.

Ahora resulta que la clase política siempre lo supo. Por lo menos, eso dijo el propio presidente municipal en sus declaraciones ministeriales, en las que reveló que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, siempre estuvo enterado de que recurriría a informantes para atacar al narcotráfico. Esa es la doble moral panista.

¿Qué se puede pensar del diputado local panista, presidente del Congreso local de Baja California, Víctor González Ortega, a quien elementos de la Policía Municipal detuvieron en posesión piedras de cocaína y en total estado de ebriedad?

Era el presidente del Congreso del estado, un político que, se supone, debe hacer leyes para combatir lo ilegal. Los panistas se escandalizan de lo que ocurre en otros lados, pero no se ven así mismos.

Seguramente en todos los partidos existen políticos que consumen drogas, como ocurre en todos los sectores de la sociedad, la diferencia estriba en esos políticos, los pancistas, forman parte del partido gobierno y ofrecen un doble discurso. Caen en la simulación.

La drogadicción es una enfermedad, no un asunto de moral, de discursos o de simulaciones. En México el consumo aumenta cada día y Felipe Calderón no ha dado muestras de querer abatirla o de tratar de cambiar las condiciones sociales que llevan a ello.

Lo único que hace es bajar la cabeza, aceptar las imposiciones del gobierno estadunidense y simular que combate al narcotráfico. El problema de esto es que está llevando al país a una violencia que parece no tener fin y, lo peor de todo, a que inocentes mueran en esta supuesta guerra contra el narcotráfico.

Por este tipo de gobierno votó la ciudadanía aquel 2 de julio del año 2000, por este tipo de gobierno se dejó la ciudadanía imponer aquel 2006. La violencia, la inseguridad, la muerte está presente en las familias mexicanas. El desgobierno surge en diversas zonas del país y la administración federal nada hace por detenerlo.

¿Qué es lo que va a festejar México este año? ¿Una Independencia que no es tal? ¿Un cambio de gobierno autoritario o diez años de un gobierno fracasado?

mjcervantes@proceso.com.mx

Demandarán a SCJN que actúe conforme a la Ley

Prevén trabajadoras del SME, una huelga de hambre masiva

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México DF. 26 mar 10 (CIMAC).- Cientos de mujeres electricistas anunciaron que tomarán nuevamente las calles con plantones y podrían iniciar una huelga de hambre masiva, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “actúe bajo los principios de derecho, conforme a la ley”, y se pronuncie por la inconstitucionalidad del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

Así lo informó Mónica Jiménez, coordinadora del Movimiento de Mujeres Electricistas en Resistencia, quien dijo que este fin de semana las y los 17 mil electricistas que no se han liquidado, de los cuales las mujeres representan cerca del 10 por ciento, definirán las fechas y las próximas acciones de protesta.

Cabe recordar que el miércoles pasado, la segunda sala de la SCJN decidió hacerse cargo de la revisión de amparo promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto presidencial de desaparición de LyFC, que el pasado 11 de octubre dejó sin empleo a cerca de 4 mil mujeres y 40 mil hombres trabajadores de la compañía estatal.

En entrevista con Cimacnoticias, la coordinadora de las electricistas en resistencia manifestó: “desgraciadamente en este país no hay justicia, por eso tenemos que presionar para que exista, nos vamos a ir a la yugular de la SCJN”.

La sindicalista advirtió que las y los electricistas tomarán las calles, realizarán plantones, y si es necesario tomarán “medidas más radicales”, pues están contemplando la posibilidad de iniciar una huelga de hambre masiva, a fin de ejercer presión en contra del máximo tribunal de justicia en el país.

Y es que, aseveró que “la pelota está en la cancha de la SCJN, y hasta que este no resuelva, no nos vamos a mover de ahí. Hay un plan no nos vamos a rendir, no tenemos nada que perder”.

Mónica Jiménez señaló que la SCJN está obligada a respetar la Ley Federal del Trabajo, y si lo hace, su sentencia favorecerá a las y los trabajadores electricistas.

Luego de que esta mañana Martín Esparza, secretario general del SME, dirigió un mensaje a las y los trabajadores en el auditorio del sindicato, en el que informó al gremio electricista sobre la reunión que sostuvo ayer con Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación (Segob), la lideresa refirió que no esperarán “sentados” el resultado de la negociación con esta dependencia.

En este sentido, Mónica Jiménez indicó que la “propuesta integral” que el dirigente sindical entregó a la Segob el jueves pasado, consiste en que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recontrate a las y los más de 17 mil electricistas que no se han liquidado.

Con la recontratación, el gremio en resistencia conservaría sus derechos, como la antigüedad, pues la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no ha dado por terminada la relación laboral al no haberse liquidado.

De acuerdo con la propuesta, las y los “Smeitas” en resistencia serían recontratados en las diferentes áreas que la Comisión requiere para dar servicio a la población usuaria de energía eléctrica de la zona que operaba LyFC.

Martín Esparza aseguró en su mensaje que “no habrá otra propuesta”, pues mantener su contrato colectivo y este sindicato es preservar sus derechos laborales, como la jubilación, garantía que el gobierno federal ha dejado de brindar a las y los trabajadores del país.

El dirigente sindical refirió al gremio, el cual abarrotó el auditorio del SME y sus inmediaciones, que ayer en la Cámara de Diputados se creó una comisión plural que estará pendiente del conflicto electricista en busca de una “solución política”, y también estarán vigilantes de la resolución de la SCJN para evitar que en los siguientes días de asueto, ocurra un “sabadazo de gloria”.

Además de los procesos legales que en esta semana llevó a cabo el SME en el país, el martes pasado en Washington, Martín Esparza denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Organización de Estados Americanos, las violaciones a los derechos laborales de las y los electricistas, cometidos por el gobierno federal con el decreto de extinción de LyFC.

Ese día por la tarde, el dirigente sindical participó en la manifestación que realizaron alrededor de un millón de migrantes mexicanos y de Centroamérica frente al capitolio de esa nación, en este acto también dio a conocer la problemática del SME.

Esta denuncia también se presentará el próximo mes de abril ante la Comisión de libertad sindical, de la Organización Internacional del Trabajo, con la finalidad, dijo Esparza, de que este organismo “ponga a México en la lista negra” y se investiguen las violaciones a los derechos laborales que se cometen en el país.

Las electricistas reunidas en las inmediaciones del SME, tras el mensaje del dirigente sindical, reiteraron que no aceptarán la “zanahoria” que por tercera ocasión les ofrece la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en referencia a la tercera etapa de liquidación que recién anunció esta dependencia.

“No estamos dispuestas a renunciar a nuestros derechos, quienes se liquidaron están sin empleo como nosotras, después del decreto dijeron que los primeros 10 mil electricistas que se liquidaran iban a ser recontratados, y a la fecha ni una sola persona ha sido contratada”, indicó Mónica Jiménez.

Prepara SRE un encuentro “equitativo”

Incluirán perspectiva de género en Foro Mundial sobre Migración

Por Anayeli García Martínez

México, D.F., 26 mar 10 (CIMAC).- México será sede de la cuarta reunión del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo 2010, en noviembre próximo, y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) prepara un encuentro “equitativo, con perspectiva de género” que incluya las voces de unas 220 organizaciones de la sociedad civil, afirmó el diplomático Juan Manuel Gómez Robledo.

Durante la reunión de diálogo con organizaciones de la sociedad civil en el marco de los preparativos del foro, que por primera vez se llevará a cabo en un país de América Latina, Gómez Robledo adelantó que la SRE prepara las líneas de trabajo de la conferencia que acogerá a 130 países.

Entre las principales preocupaciones de las organizaciones sobre el fenómeno migratorio en el país, se encuentran: la violación de derechos humanos de migrantes, las violaciones sexuales a las mujeres, la trata, el secuestro, las condiciones de trabajo y la discusión de la nueva reforma laboral en materia de empleo temporal en el extranjero.

Por ello, el también subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, dijo que México buscará ir más allá en la discusión de la migración tratando de que sea un tema de responsabilidad compartida y cooperación internacional, de modo que se permita a los países de origen y destino participantes, tomar lo mejor de la experiencia mexicana.

Destacó que la presidencia del foro lleva a cabo reuniones con distintos actores para incluir a toda la sociedad, y crear un “espacio común” para lograr un diálogo entre la sociedad civil y el gobierno.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), los Grupos Betas -grupos de protección a migrantes creados en México desde 1990 para proteger y defender sus derechos humanos- durante 2009, 3 mil 753 migrantes fueron rescatados o atendidos.

Por otra parte Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz desde hace algunos años se convirtieron en una zona de paso de mujeres centroamericanas que se dirigen al norte. A pesar de que no hay cifras precisas sobre su cantidad, casi todas lo hacen sin documentos migratorios o de ningún tipo.

La Dirección General de Migración y el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala reconocen el evidente incremento de mujeres migrantes que puede estar ya superando la cifra de varones. La feminización de la migración es confirmada por el aumento de detenciones, deportaciones y rechazos de mujeres: más de 200 mil al año, según cifras oficiales.

En este contexto Juan Manuel Gómez Robledo, señaló que en el próximo encuentro – los tres anteriores se realizaron en Bruselas (2007), en Manila (2008) y Atenas (2009), participarán 220 organizaciones civiles de México y del mundo.

Analiza Senado llamar a sus titulares

Podrían comparecer PGR y CNDH por caso de mujeres otomíes

Por la Redacción

México, DF 26 mar 10 (CIMAC).- El senado de la República llamará a comparecer a Arturo Chávez Chávez y a Raúl Plascencia Villanueva, titulares de la Procuraduría General de la República (PGR) Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), respectivamente, para que aclaren la situación jurídica de las indígenas otomíes Alberta Alcántara y Teresa González.

Durante la sesión de ayer, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María del Socorro Quiroz, propuso un punto de acuerdo, para que el senado cite a comparecer a los funcionarios por el caso de las otomíes presas desde hace tres años en el Cereso de San José el Alto, Querétaro, acusadas de “secuestrar” a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).

El pasado 16 de marzo el senado solicitó a la CNDH un informe sobre las violaciones a los derechos humanos de ambas mujeres, mismo que fue recibido y presentado en la sesión del senado la mañana de ayer.

En marzo de 2009, a tres años de los hechos, la CNDH recibió la queja de los hechos en el tianguis de Santiago Mexquititlán, donde Alberta y Teresa fueron fotografiadas durante el enfrentamiento entre locatarios y AFIS, y esas imágenes han sido la “prueba” contundente para declararlas culpables.

Por lo que el 19 de julio de 2009, la CNDH emitió la recomendación 47/2009 a la PGR.

Durante el oficio girado ayer al senado de la República, la CNDH, informó de este rechazo de la PGR a la recomendación, pese a que el organismo defensor de derechos humanos observó agravios a las garantías individuales de las procesadas, así como irregularidades en la averiguación previa por parte del Ministerio Público respecto a las “supuestas agresiones” y “secuestro” en contra de los agentes.

Uno de los argumentos de la PGR para rechazar la recomendación, fue “la falta de competencia de la CNDH dentro de las labores jurisdiccionales exclusivas del Ministerio Público”.

En dicho documento, la dependencia precisa que sí recabó la información necesaria para la identificación de los agentes federales, pero su localización no ha sido posible, “porque los empleados oficiales deben ser citados a declarar por medio de su superior jerárquico”.

Mientras tanto, la CNDH aclaró en el oficio que la PGR omitió los careos constitucionales entre los agentes acusadores y las procesadas desde hace tres años y siete meses.

“El brillo que se nos perdió ese día”, busca sensibilizar a la población

Presentan ONG documental sobre feminicidio en Chihuahua

Por Anayeli García Martínez

México, D.F. 26 mar 10 (CIMAC).- Como una herramienta para sensibilizar en el tema de la discriminación contra la mujer, la violencia de género y el feminicidio, hoy se presenta en esta ciudad el documental “El brillo del sol se nos perdió ese día. Feminicidio e impunidad en Chihuahua, México”, un trabajo audiovisual sobre el impacto psicosocial de esa problemática en Chihuahua.

El documental, que se presentará esta tarde en la sala “Digna Ochoa” de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), aborda los homicidios de mujeres como un patrón cultural de discriminación, lo que configura el feminicidio, dijo a Cimacnoticias, Laura Salas Sánchez, portavoz de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de derechos Humanos (CMDPDH).

De acuerdo con la activista lo que se puede apreciar en esta producción es todo lo que sucede cuando las mamás presentan las denuncias sobre las desapariciones de sus hijas, cómo es que no hay una atención adecuada, ni una búsqueda inmediata. Es decir, es un análisis de cómo, “de forma cultural, los delitos no se investigan a tiempo”, afirmó.

Hasta la fecha, en Chihuahua las investigaciones no han dado resultados satisfactorios y recordó los datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que indica que en la región norte del país -compuesta por los estados de Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas- de 1993 a septiembre de 2007, 553 mujeres fueron asesinadas con violencia brutal.

Tan sólo en Chihuahua, de enero de 2007 a noviembre de 2008, se han cometido 206 asesinatos de mujeres, según datos de la Procuraduría General del estado. No obstante, destacó que las víctimas y sus familias terminan siendo las víctimas. Las primeras “parecen tener la culpa de haber desaparecido y no estar en sus casas”, explicó.

Tanto la sociedad como las autoridades que investigan con sesgo mantienen una constante discriminación por género. Por estas causas el documental, junto con el informe, sobre el mismo tema, señala la importancia del papel de las madres de las víctimas, quienes se han organizado para demandar justicia para sus hijas.

Ese es el caso de la organización “Justicia para Nuestras Hijas”, que desde 1999, documenta y da seguimiento a los asesinatos y desapariciones de jóvenes trabajadoras o estudiantes que guardan similitudes con el feminicidio de Ciudad Juárez. Estas mujeres han dado pasos tan importantes como el tema de la visibilización, señaló Salas Sánchez.

PALOMA ANGÉLICA ESCOBAR

El informe y el documental se basan en el caso de Paloma Angélica Escobar Ledesma, una joven de 16 años de edad que salió de su casa el 2 de marzo de 2002 hacia su escuela de computación. Ese día ya no regresó. El 29 de marzo el cuerpo de Paloma fue encontrado entre matorrales en el Kilómetro 4 de la carretera Chihuahua-Aldama.

El 3 de marzo, la madre de Paloma Angélica, Norma Ledezma Ortega, denunció la desaparición de su hija ante el Departamento de Averiguaciones Previas en Chihuahua.

El mismo día, se encargó a la Comandante Gloria Cobos Ximello, Jefa del Grupo Especial de Delitos Sexuales y contra la Familia de la ciudad de Chihuahua, ordenar el inicio de las investigaciones.

El 30 de marzo agentes judiciales dijeron haber encontrado una fotografía del supuesto autor de los hechos en el mismo sitio donde había aparecido el cuerpo. Ese mismo día fue detenido el ex novio de Paloma, con base a ese hallazgo.

Al día siguiente dos testigos declararon ante el Ministerio Público que la misma fotografía había sido entregada el día anterior a la Comandante Gloria Cobos por una ex novia del detenido, a solicitud de la Comandante, sin saber la testigo que iba a ser utilizada para ese fin. Lo que significa que se “sembraron pruebas”, explicó Laura Salas Sánchez.

El 30 diciembre de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una denuncia en la que se alega la responsabilidad internacional del Estado mexicano, por las irregularidades en la investigación de lo sucedido a Paloma. La CIDH emitió su informe de admisibilidad No. 32/06 el 14 marzo 2006 y el caso está pendiente de análisis.

“Lo que se busca es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) lo atraiga “porque no hay ninguna resolución satisfactoria, no hay ningún detenido, una investigación adecuada, ni medidas satisfactorias por parte de las autoridades”, destacó.

Finalmente señaló que a través de estos trabajos se documentaron los impactos sociales en torno a las víctimas del feminicidio, el clima de miedo en la sociedad, la falta de garantías de no repetición, pero sobre todo se puede ver y escuchar a las madres contar su historia, algo que busca sensibilizar a la población, aclaró.

La presentación esta a cargo de la CMDPDH, Justicia para Nuestras Hijas, la CDHDF y el Fondo Canadá. Su difusión pretende dar cuenta de manera más directa las historias de la gente que ha sido parte de este problema e involucrar de manera más cercana a toda la sociedad.

Sí a la reforma laboral, NO a ésta

Arturo Alcalde Justiniani

Si nos preguntáramos acerca de la necesidad de realizar cambios a la Constitución y a la legislación laboral, la respuesta sería que sí. Necesitamos una reforma estructural en el mundo del trabajo que modifique la relación de control, subordinación y simulación existente entre trabajadores, sindicatos, empresarios y gobiernos.

Requerimos de una reforma al modelo laboral que incremente la productividad, sin perder de vista que ella depende en buena parte de la inversión de capital y la introducción de nuevas tecnologías, no de abaratar aún más el trabajo. No cabe duda, es necesario generar empleos formales, con seguridad social, bien remunerados y pago de impuestos. Por esto no queremos una reforma orientada a la precarización, a la fijación unilateral de las condiciones de trabajo y a la indefensión obrera.

Urge una reforma laboral que permita mejorar los salarios, incluyendo el mínimo, por la simple razón de que son insuficientes para vivir con elemental dignidad, no una reforma que parte de la premisa de que el costo salarial es excesivo y que es necesario abatirlo aún más a través del despido libre, la reducción de estabilidad laboral, la supresión de garantías procesales y la contratación por horas, sin la obligación del pago proporcional de prestaciones.

Necesitamos eliminar la discriminación por razones de género y no aceptar cambios engañosos que afirman prohibir y castigar conductas ya tipificadas en la ley vigente (artículo 51 fracción II). La mejor manera de evitar estos abusos es permitir a los hombres y mujeres organizarse y defenderse libremente. No discriminar implica respetar el principio de igualdad ante la ley, suprimiendo los apartados de excepción que lesionan a los servidores públicos, de confianza, subcontratados, honorarios y demás indocumentados laborales.

Pugnemos por un sindicalismo democrático y autónomo que responda a la voluntad de sus miembros, a las necesidades de las fuentes de trabajo y a las exigencias del país; no por una iniciativa que preserve el corporativismo y que incremente la hegemonía del sector empresarial, diseñando medidas que buscan debilitar al sindicalismo real, como suprimir el descuento de cuotas, limitar su radio de acción y obstaculizar su registro y toma de nota; en el sindicalismo de protección patronal el empleador paga cantidades mayores que las propias cuotas. Entendemos que la suerte de la libertad sindical y la contratación colectiva están íntimamente vinculadas, que un esquema de concertación colectiva es la clave para lograr una flexibilidad laboral racional, adecuando las disposiciones generales de la ley a las exigencias particulares de la industria y los servicios; que en México, la contratación colectiva está viciada, porque los patrones deciden la organización sindical que debe existir en una fuente de trabajo, y por ello es necesario crear condiciones para fortalecer la negociación colectiva a nivel de centro de trabajo, de rama o de región, en un esquema de diálogo social, como opera en países altamente productivos y democráticos. De ninguna manera estamos de acuerdo con un proyecto que secuestra aún más estos derechos colectivos, ampliando los contratos de protección patronal e impidiendo de manera absoluta la posibilidad que tienen los trabajadores de optar por un sindicato distinto al que originalmente les impuso el patrón. Nos queda claro: la iniciativa Lozano busca que todos los contratos colectivos en nuestro país sean de protección patronal.

El país reclama un sistema de justicia sustentado en tribunales de pleno derecho, que resuelva con imparcialidad y prontitud los conflictos laborales, tanto en el plano individual y colectivo y no preservar las Juntas de Conciliación y Arbitraje que son juez y parte, son lentas y costosas y en ellas priva la voluntad del Poder Ejecutivo tanto a escala federal como local. No estamos de acuerdo con un proyecto que preserva estas instancias viciadas y parciales que generan temor entre trabajadores y patrones, sobre todo entre los pequeños y medianos empresarios. No coincidimos con el absurdo planteamiento de hacer pagar esta responsabilidad a los trabajadores con un límite de hasta seis meses de salarios caídos, cuando el problema de fondo está en garantizar que los juicios se resuelvan con rapidez, ya que la tardanza es imputable al sistema de justicia vigente.

Debemos aprender de las experiencias exitosas que se dan a escala internacional, porque han logrado sistemas altamente productivos, a partir de esquemas de protección social como el seguro de desempleo, la seguridad social universal y el derecho a la formación profesional, necesarios para compensar la flexibilidad laboral y los periodos de desempleo. Debemos escuchar a la academia, a los especialistas, a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ha formulado severos reclamos a nuestro gobierno por no cumplir con diversos convenios internacionales, especialmente el 87 y el 98 en materia de libertad sindical y contratación colectiva. Obviamente, una ley debe atender los compromisos asumidos con la comunidad internacional. Rechazamos un proyecto elaborado por abogados litigantes del sector empresarial, que aprovechando la oportunidad que les ofreció el gobierno federal buscan imponer un modelo acorde con su reducida visión e intereses, alegando que es la única vía para lograr más empleo y productividad.

Necesitamos que el Congreso de la Unión convoque a la discusión que los autores de la iniciativa han negado, para oírnos unos a otros, dando voz a la gente. Un modelo laboral justo y competitivo, que concilie libertad sindical con responsabilidad, productividad con distribución de beneficios, y flexibilidad con protección social, es el mejor camino.

P.D. Por gestión patronal y en razón de su importancia la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo los casos de la toma de nota de Napoleón Gómez Urrutia y la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Por congruencia, debería revisar la inconstitucional resolución sobre la huelga de Cananea.

Denuncia y documenta AI abusos en países Europeos

Piden a España abogar por mujeres y niñas violentadas en UE

Por Elena Duque

Madrid, 26 mar 10 (CIMAC/AmecoPress).- Amnistía Internacional (AI) denunció los múltiples abusos que se cometen contra las mujeres en la Unión Europea (UE) y reclama a la presidencia española de la UE que abogue porque el Observatorio europeo de Violencia de Género se ocupe de todos los tipos de violencia ejercida sobre mujeres y niñas, además de la que ocurre a manos de la pareja o ex-pareja.

El organismo exigió que el Observatorio sea un órgano independiente, con libertad para investigar y actuar. Entre los casos que se reclaman se encuentran la violencia sexual, la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados.

AI precisa en un comunicado los datos recabados sobre las diferentes situaciones de violencia a la que se enfrentan las mujeres en los distintos Estados miembros.

En Lituania, a pesar de “los altos índices de violencia contra las mujeres”, la organización resalta que no existe una ley específica sobre la violencia de género, y esto produce la total desprotección de la mujer.

Al no contar con un marco de comprensión sobre las formas y las consecuencias de la relación entre víctima y agresor, las fuerzas de seguridad y las instituciones pueden llegar a considerar esta violencia como algo privado en lo que no tienen porqué intervenir.

La protección existente frente a la violencia sexual también conduce a situaciones difíciles de creer. “En Finlandia violar a una mujer que no puede defenderse, por estar dormida por ingesta voluntaria de drogas, por inconsciencia o enfermedad, conlleva menos pena y supone menos protección de la víctima”, informa.

Más grave es aún la legislación de Dinamarca, donde una mujer casada difícilmente puede probar una violación por parte de su esposo. En el caso de las mujeres drogadas, sólo se considera violación si el agresor es responsable de su estado. Allí, “el 60 por ciento de los casos de violación en los que la policía ha identificado a un sospechoso son archivados por la fiscalía y nunca se llevan a juicio”.

Situaciones similares se dan por toda la UE. En Reino Unido unas 80 mil mujeres son víctimas de violación o de intento de violación cada año. En Hungría la víctima tiene que demostrar haber opuesto resistencia física durante la agresión para ser considerado un delito.

Además, una de cada cuatro víctimas de violaciones en Suecia era menor de edad, y una de cada dos en Dinamarca tenía menos de 20 años. El 15 por ciento de las menores de edad en Holanda manifiesta haber sufrido algún tipo de abuso sexual por parte de familiares.

En cuanto a la trata, AI recoge que un informe sobre trata de personas publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 2006, define Europa Occidental como destino, mientras que Europa Central y Sureste es una subregión de origen y tránsito.

En Reino Unido se estima que en 2003 había 4 mil víctimas de trata con fines de explotación sexual. República Checa, Estonia, Hungría, Polonia y Eslovaquia están entre los de más alto índice de origen de la trata. La organización también advierte sobre la ablación.

Un borrador de informe del Comité de los Derechos de las Mujeres y la Igualdad de Género del Parlamento Europeo de octubre 2008 afirma que unas 500 mil mujeres y niñas que viven en Europa han sido sometidas a la mutilación genital femenina.

Finalmente, llaman la atención sobre la existencia de matrimonios forzados en países como Francia. Estos casos son especialmente sensibles por su invisibilidad y por la poca vigilancia que se realiza desde los Estados.

Cuando “una adolescente es obligada a contraer matrimonio, no es dueña ni de su vida, ni de su cuerpo. Violencia, violación, embarazos no deseados, presión por parte de la familia política, condiciones de servidumbre y secuestro son prácticas normalmente asociadas al matrimonio forzado”, denuncia AI.

¿De quién son las órdenes?

Abraham Nuncio

El Ejército sigue las órdenes del Presidente, dijo Rafael Rangel Sostmann, rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (el Tec) en el curso de una entrevista con Carmen Aristegui durante su conocido programa radiofónico.

En esa entrevista, el rector Rangel Sostmann reconocía haber cometido el error de confiar en la versión del procurador de justicia de Nuevo León en el sentido de que durante una refriega con balas de grueso calibre y granadas entre criminales y militares, las bajas registradas no eran de estudiantes del Tec. Tal versión, de acuerdo con esto, le fue proporcionada al procurador por el Ejército. Al fuego cruzado siguieron las declaraciones cruzadas, pues el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz afirmaba que la especie no había provenido del Ejército sino de la PGR. Hasta ese día no cesaron sus declaraciones precisando que los tres niveles de gobierno estaban debidamente coordinados en la lucha contra el crimen organizado.

Habla bien del rector Rangel Sostmann reconocer ese error agravado por el hecho de que buena parte de la comunidad del Tec conocía, en el momento mismo en que ocurrían los hechos sangrientos, el testimonio que transmitía uno de sus compañeros, Mauricio Santos, estudiante de Comunicación, a través del sistema Twitter. Entrevistado por El Norte (22/03/10) dijo: “Yo estaba junto a un policía del Tec… Él traía su radio, su frecuencia, entonces, se escuchó cuando el policía de la puerta de Luis Elizondo –la 19– estaba gritando: ‘No se dejan de tirar; los soldados (sic) no dejan de tirar’, y luego gritó: ‘Le acaban de dar a otro alumno.’”. A las 2:10 horas escribía desde su refugio: “¡Soldados adentro del Tec!!!”. “Una hora después, a las 3:31, el twittero del Tec completó su reporte… ‘Militares retiran radios a policías del Tec en momento del caos, justo cuando se informaba que habían herido a alumno (yo lo escuché).’”

En el Tec no existe lo que

pudiera considerarse una dirección estudiantil. Lo relativo a este renglón es manejado por una coordinación de asuntos estudiantiles siguiendo el modelo sindical de las empresas regiomontanas donde los dirigentes de los trabajadores son empleados a quienes designan los patrones para la gestión de los intereses de aquellos. ¿A los oídos de esa coordinación no llegó lo que era un secreto a voces entre los estudiantes? Y si llegó, como es de suponer, desde las primeras horas del día de la metralla, ¿no tendrían que haber avisado sus responsables al rector del campus Monterrey del ITESM, Alberto Bustani? De hecho, este funcionario afirmó que la primera información que recibió del personal de seguridad fue que las dos personas que resultaron heridas en el enfrentamiento no eran sicarios, sino estudiantes de esa institución. Pero tanto él como el rector general del Tec se quedaron con la parte tranquilizadora de la duda.

De lo que se trata, por lo que el panorama permite inferir, es no sólo de relevar a los militares de cualquier responsabilidad, sino de fortalecer su posición y con ello la del personaje que les da órdenes: Felipe Calderón. El vicerrector Bustani declaró que, al cabo, el guardia que reportó lo escuchado por Mauricio Santos no estaba seguro de que hubieran sido estudiantes los caídos. Organismos empresariales, el cardenal Francisco Robles Ortega, el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, y la dirección del PAN en el estado han asumido lo dicho por Ervey Cuéllar, presidente de Vertebra: “Deben seguir con todos sus operativos porque hoy por hoy es el único resultado positivo que tenemos (sic).” Horas después de la muerte de los dos estudiantes y, en otro rumbo de la ciudad, de una mujer a quien las balas militares también confundieron con una sicaria, unos 100 empresarios miembros del IPADE escucharon la conferencia dictada por el general Guillermo Moreno Serrano. Lo aplaudieron de pie y por más de un minuto. Recordé, involuntariamente, el filme de Michael Moore, Bowling for Columbine. En su entrevista con Carmen Aristegui, el rector Rangel Sostmann se mantuvo en esa línea: no nos queda sino el Ejército.

El tufo dictatorial y golpista que se respira en los espacios de los empresarios regiomontanos parece atravesar episodios como el que vivió el Tecnológico de Monterrey. Apenas unas semanas atrás, Dionisio Garza Medina, anterior presidente de Alfa, afirmó sin estremecerse: Luego a Pinochet lo critican. Sí, está bien, quién sabe a cuántos mató. Está muy mal, perfecto. Pero Pinochet dejó el carro afinado, de primer mundo.

Sin descartarla, Rangel Sostmann se ha mostrado remiso a realizar una protesta con cara de marcha. Él ya era rector cuando los estudiantes del Tec (la coordinación de asuntos estudiantiles) organizaron la Caravana de la Honestidad que remató frente a palacio de gobierno, donde les esperaba el discurso de Francisco Barrio Terrazas, entonces secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo durante el gobierno de Vicente Fox. Fue un acarreo apenas disimulado. ¿Es válido marchar cuando se trata de una reverencia política, pero no tanto cuando se trata de exigir que se informe con veracidad?

Es cierto, el rector del Tec se ha pronunciado por ello y porque se reglamente la actuación del Ejército en las ciudades. Ha hablado de acciones a fondo. Creo que se pueden sugerir algunas. En primer lugar, que se aclare el asesinato –imprudencial o no– de las numerosas víctimas inocentes de una guerra que cada vez se torna más sucia e impune. A pocas horas de que cayeran los estudiantes del Tec, por ejemplo, fueron muertos en una refriega entre grupos criminales dos niños en Villa Cuauhtémoc, Veracruz. Acaso con una mayor prioridad, que se respete la Constitución, la cual no establece que el Ejército asuma funciones de policía. Y, en seguida, que las fuerzas armadas no dependan del mismo funcionario que hace las veces de jefe de Estado, de gobierno, del ministerio público, de la judicatura, del tesoro, de las entidades autónomas, de Pemex, de la CFE y del IFE; es decir, el Presidente de la República que sigue teniendo las facultades constitucionales y metaconstitucionales de siempre.

El presidencialismo mexicano está en plena crisis, de lo cual pocos se hacen cargo. Es hora de cambiarlo por un régimen más responsable donde el poder representativo tenga un mayor peso.

País en guerra

Enrique Calderón Alzati

Los hechos más recientes, de los cuales han dado parte los medios de comunicación nos indican que actualmente México, nuestro país, está en estado de guerra; las estadísticas publicadas sobrepasan más de mil muertes violentas relacionadas con acciones del crimen organizado o contra este, en lo que va de 2010, siendo superiores a las conocidas en torno a Irak y a Afganistán. Ello me llevó a escribir dos artículos recientes sobre la situación de violencia en la que estamos sumidos, a partir de la decisión del actual gobierno de realizar un ataque frontal contra el crimen organizado, cuya presencia ha crecido en forma inusitada durante décadas recientes, ante la permisividad de los sucesivos gobiernos que hemos padecido y la complicidad de algunos de sus altos funcionarios.

En el primero de estos artículos traté de explicar por qué la estrategia del gobierno actual me parece inadecuada, al combatir de manera violenta la cara visible de las organizaciones delictivas, en lugar de centrar las acciones en las causas que han propiciado su florecimiento, aunque ello resulte más complicado. En el segundo artículo hice manifiesto mi desacuerdo con la utilización del Ejército para resolver el problema, en virtud de los efectos negativos que conlleva su intervención en asuntos de carácter civil, al perturbar la estructura y las relaciones propias de la sociedad civil, pero también por el riesgo que implicaría el fracaso del Ejército en tal misión, al dejar al gobierno sin opción alguna, aparte de la capitulación o de solicitar la injerencia de organismos extranacionales, las cuales implican riesgos aun mayores para la integridad misma de la nación.

Los hechos más recientes revelan la presencia de nuevos problemas: la muerte de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, que al abandonar su centro de estudios fueron acribillados por el fuego cruzado entre fuerzas del orden y presuntos delincuentes, así como la tragedia de un matrimonio que viajaba en su auto por una vía pública de esa ciudad, cuando una bala mató a la esposa mientras circulaban por una avenida, indican con claridad que las policías federales y estatales cuentan ya con la autorización de disparar, sin tomar en cuenta el riesgo que implica para los ciudadanos que transitan por la vía pública, cualquiera que sea el lugar y la hora en que se encuentren con posibles delincuentes.

Este tipo de cosas sucede sólo cuando un Estado se encuentra en guerra con otro, y luego de una declaración formal de su gobierno, que entre otras cosas indica a sus ciudadanos del peligro al que la población toda esta expuesta; este no ha sido el caso en nuestro país, de manera que lo que estamos viviendo es ya un estado de excepción ilegal, inducido por las autoridades, sin que el Congreso de la República, ni los partidos políticos parezcan estar interesados en el problema. De no corregirse éste, estaremos viviendo la sensación generalizada de inseguridad, que puedo imaginar se vive ya en algunas partes del país; junto con una caída en las actividades económicas, no sólo por el riesgo que implica para los inversionistas, sino por el más directo a la integridad de las personas.

Por otra parte, uno de los últimos incidentes ocurridos en Ciudad Juárez es en el que perdieron la vida ciudadanos estadunidenses y empleados del consulado de Estados Unidos, produciendo una airada declaración del presidente de ese país, que ha tenido como consecuencia inmediata declaraciones y foros de análisis de los que se desprenden información también preocupante. Así, la declaración televisada de un ex alcalde de esa ciudad fronteriza, en la que hizo del conocimiento público la existencia, de tiempo atrás, de un grupo organizado de delincuentes llamados Los Aztecas, con alto grado de peligrosidad, que ha venido operando desde El Paso, Texas, con ramificaciones en México, sin que la policía de ese estado del país vecino haya mostrado interés de colaboración con las autoridades mexicanas en el combate a dicho grupo, le da al problema dimensiones internacionales.

Resulta así tan inexplicable que el gobierno estadunidense se declare sorprendido y disgustado por los acontecimientos recientes, tanto como que el gobierno mexicano no hubiese solicitado formalmente la intervención del primero, para enfrentar de manera conjunta ese problema en particular, tomando en cuenta su interés declarado de apoyar al gobierno mexicano en la lucha contra el narcotráfico.

Un tema que no ha sido tocado por el gobierno mexicano, pero tampoco por el Congreso o los partidos políticos, no obstante la indudable importancia que tiene, es el referente al armamento con que cuentan los cárteles de la droga y sus sicarios, el cual, en buena parte, parece ser adquirido en Estados Unidos, e introducido a nuestro país de manera subrepticia e ilegal con el apoyo y encubrimiento de autoridades mexicanas.

Las leyes estadunidenses, consideran la venta de armas una actividad comercial como cualquier otra, siendo posible para un ciudadano estadunidense hacerse de una pistola o de un rifle con bastante facilidad; sin embargo, la utilización de ametralladoras, lanzacohetes y otras armas de alto poder supuestamente reservadas para usos militares por parte de las bandas criminales que operan en México, indica la existencia de irregularidades serias por parte de las autoridades estadunidenses. ¿Por qué razón el gobierno de México y el Congreso de la República han ignorado este hecho?

Cuando entendemos las dimensiones de la crisis nacional en la que estamos inmersos, debemos preguntarnos cómo entramos en ella y en torno a qué debemos organizarnos para enfrentarla.

Visas y soberanía

Editorial La Jornada...

El titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, anunció ayer una serie de medidas orientadas –según dijo– a incentivar la llegada de turistas a México, entre las que se incluye una nueva regulación en materia migratoria, elaborada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración: los ciudadanos extranjeros que requieran de visa para ingresar a nuestro país podrían omitir dicho trámite, siempre y cuando cuenten con el mismo documento emitido por Estados Unidos. Adicionalmente, el gobernante planteó permitir el ingreso al territorio nacional de los visitantes que vengan en vuelos registrados y ya autorizados en aeropuertos de Estados Unidos (...) sin requerirles más que el pasaporte

Aunque el propio político michoacano advirtió que los mecanismos señalados no se orientarán a una sola nación –Estados Unidos, en este caso–, sino que se harán extensivos a países que tienen convenios y certificados de alta seguridad que sean avalados por autoridades mexicanas, es inevitable percibir en aquéllos una claudicación de elementos esenciales de la soberanía nacional: la facultad de proteger las fronteras, de organizar el desplazamiento de los visitantes en el territorio nacional y establecer mecanismos de seguridad y control para el ingreso de extranjeros en el país.

Lo anterior no es una mera suposición: el propio Felipe Calderón reconoció ayer que la imposición de muchas de las medidas actuales de control migratorio en México obedecen a la seguridad de Estados Unidos. Ahora, la percepción de que la política exterior y las reglas migratorias vigentes aquí obedecen en buena medida a los designios e intereses de Washington se refuerza, pues según puede verse –y en política, forma es fondo–, la administración calderonista está dispuesta incluso a delegar en el gobierno de ese país la decisión y el control sobre quién ingresa y quién no al territorio nacional.

Por añadidura, y si se toma en cuenta que los controles al arribo de extranjeros no sólo están relacionados con el ámbito turístico, sino también –y ante todo– con los terrenos de la seguridad pública y nacional, el anuncio que se comenta reaviva los temores –suscitados a raíz de la visita reciente de los más altos mandos de la diplomacia, la seguridad, la defensa y el espionaje de Washington– de una escalada injerencista por parte de las autoridades estadunidenses en esos aspectos. Cabe preguntarse si la disposición anunciada por Calderón tiene algo que ver con la presencia de esos funcionarios en México, o si se trata simplemente de una desafortunada coincidencia y de un mal manejo de los tiempos y las formas por parte del gobierno federal.

En suma, si lo que se quiere es incentivar el desarrollo turístico de la nación –lo cual es, en principio, deseable y plausible–, el actual gobierno tendría que valerse de mecanismos distintos, más eficaces y menos nocivos para la soberanía, que los referidos.

La discriminación múltiple en México

Miguel Concha

El análisis clásico de la discriminación se ha realizado desde la óptica de que ésta se da a partir de un rasgo sobre el que se hacen distinciones entre personas, que provocan la restricción de algún derecho fundamental: una mujer, a la que se le ha negado un trabajo por su condición de género, o el rechazo sufrido por un afrodescendiente en una universidad pública, basado sólo en el color de su piel. Aunque en muchas ocasiones esto es así, en otras la víctima sufre discriminación no sólo por pertenecer a un grupo de personas tradicionalmente marginadas (indígenas, gitanos o judíos, etcétera), sino porque pertenecen al mismo tiempo a dos o más grupos en situación de vulnerabilidad. Las víctimas de la discriminación, al pertenecer al mismo tiempo a varios grupos en desventaja, pueden sufrir formas agravadas y específicas de rechazo. Esta idea fue reconocida por primera vez en el ámbito internacional en la Conferencia de Naciones Unidas contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y la Intolerancia, celebrada en Durban, Sudáfrica, en 2001. En la declaración de Durban se introduce en su artículo dos la noción de la discriminación múltiple, al señalar: Reconocemos que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia ocurren en razón de la raza, el color, la nacionalidad o el origen étnico, y que las víctimas pueden sufrir múltiples o agravadas formas de discriminación basadas en otros factores, como el sexo, la lengua, la religión.

En países como Canadá ha sido bien estudiado dicho fenómeno. Podemos citar el Informe de la Comisión de Derechos Humanos de Ontario, del 9 de octubre de 2001, titulado Un enfoque interseccional de la discriminación. Tratando múltiples rasgos en las demandas de derechos humanos. En él se presentan ejemplos que dejan claro el fenómeno: una mujer puede estar más expuesta al acoso sexual si concurren en ello otros factores de vulnerabilidad, como, por ejemplo, ser recién llegada a ese país. Este enfoque toma en consideración el contexto histórico, social y político, y reconoce la experiencia del individuo basada en la intersección de todos los factores relevantes. El tema ha sido tratado por Fernando Rey Martínez, profesor de la Universidad de Valladolid, España, quien, en un artículo titulado La discriminación múltiple, una realidad antigua, un concepto nuevo, señala que la combinación de género y de grupo étnico entre sí y con los demás factores es de hecho lo más frecuente. Por lo que una determinada minoría dentro de una minoría merecerá mayor protección, en la medida en que su discriminación sea socialmente más o menos significativa.

Parece evidente que estos elementos deberían ser analizados en México para reconocer en su justa magnitud el problema de discriminación que sufren determinadas personas. Pensemos en el caso de los migrantes centroamericanos que transitan por nuestro territorio. Recordemos que en las observaciones al Estado mexicano de 2006, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial señaló su preocupación por la situación de los trabajadores migrantes que provienen principalmente de comunidades indígenas de Guatemala, Honduras y Nicaragua; en particular, respecto de las mujeres que son víctimas de abusos, tales como largas jornadas laborales, falta de seguro médico, maltrato físico y verbal, acoso sexual y amenazas de entregarlas a las autoridades migratorias por ser indocumentadas. Para conocer la grave situación que viven las migrantes en nuestro país, hay que revisar algunos resultados del Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre los Casos de Secuestro en contra de Migrantes. Este documento señala que las mujeres migrantes en particular ven acentuada su condición de vulnerabilidad, al ser víctimas de los secuestradores, tal como revelan diversos testimonios obtenidos durante la presente investigación. Los abusos sexuales y los frecuentes casos de violación van persistentemente asociados a los eventos de secuestro de mujeres migrantes.

Es importante añadir que después de ser víctimas de delitos, esas mujeres no acuden a denunciar los hechos, pues temen ser remitidas a la autoridad del Instituto Nacional de Migración (INM), en cumplimiento del artículo 67 de la Ley General de Población y el 201 de su reglamento, los cuales prevén que todas las autoridades ante las cuales comparezcan los extranjeros a tramitar asuntos de su competencia deberán exigir previamente que comprueben su legal estancia en el país, y que, en caso de que éstos no puedan acreditarla, están obligadas a ponerlas a disposición del INM. La propia CNDH considera que estas disposiciones son violatorias de los derechos humanos, especialmente por lo que se refiere a la no discriminación. Es evidente que la situación de vulnerabilidad por ser migrante se agrava si ese mismo migrante es indígena, y aún más si es mujer. Ello deja en claro la importancia de reconocer ante qué tipo de discriminación nos encontramos y cuáles son los grupos de personas que son más susceptibles de sufrir tratos discriminatorios especialmente agravados.

Los hechos señalados por el comité son evidencia de la discriminación sistemática en contra de mujeres indígenas migrantes, pues están bien documentados los actos de violencia cometidos contra ellas, así como la gran impunidad de la que gozan las personas implicadas en esos hechos. Todo ello es fruto de la discriminación, una discriminación tolerada e incluso fomentada por el Estado.