TIEMPO DE MUJERES

¿A qué vienen?

Pedro Miguel

¿Aqué viene a México la cúpula de la diplomacia, la defensa, la seguridad y el espionaje de la gran potencia? ¿A regañar a Calderón por el caos violento en que se encuentra el país? ¿A cobrarle los tres homicidios del 15 de marzo en Ciudad Juárez mediante pagarés a cuenta de la soberanía? ¿A explicarle que la presidencia de Bush ya terminó, que los términos originales de la Iniciativa Mérida deben modificarse y que el actual gobierno de Estados Unidos no tiene una idea clara de las modificaciones correspondientes? ¿A pedirle que deje de tomarse tan en serio la guerra contra las drogas, si es que no quiere causar un perjuicio de verdad grave a la economía del país vecino? ¿O bien a suplicarle que intensifique esa guerra, porque las alicaídas lavadoras de Wall Street requieren de inyecciones adicionales de recursos? ¿A demandarle que siga descoyuntando al país en aras de la tranquilidad al norte del Río Bravo? ¿A exhortarlo a que ya no desestabilice a México, porque Washington no quiere enfrentarse a un éxodo de decenas de millones que huyen de una nación en guerra?

Muchas personas dan por sentado que la megavisita de este grandioso equipo de Intocables equivale a una suerte de toma de posesión, a la proclamación de un protectorado y, ante el entreguismo superlativo del actual gobierno mexicano, a la conversión informal de México no en una estrella más de la bandera estadunidense, sino en un nuevo condado de Texas. Supongamos. ¿Y qué harían después? ¿Intensificar aquí la cruzada contra el crimen o abandonarla del todo?

Parece ser (mientras más lo niegan las autoridades nacionales, menos se les cree) que los sherifes del otro lado actúan ya con impunidad al sur del río Bravo, acaso porque en algún lado tienen que mostrarse eficaces, y mal harían de intentarlo en su propio país, donde el negocio del narco funciona como un motor recién aceitado, sin persecuciones a balazos, sin combates con decenas de muertos, sin decomisos ni capturas relevantes y, claro, sin bochornosos ejemplos de corrupción de autoridades: desde los agentes de aduanas hasta los mandos militares de Estados Unidos, pasando por los jefes policiales, los gobernadores y los jueces, los funcionarios públicos de esa nación se mantienen a salvo de ser comprados por la delincuencia de las drogas mediante una decisión simple y genial: no combatirla.

A estas alturas, las metáforas de uno y otro gobiernos han terminado por situar a ambos países en un estado de completa confusión. Como botón de muestra, valga citar al embajador de México en Washington, Arturo Sarukhán, quien dijo ayer que la presencia del dream team de Obama tiene como propósito seguir revisando la cooperación entre ambos países y analizar los avances de la Iniciativa Mérida. Todo está muy bien, salvo que, según indica un cotejo entre propósitos y resultados, esa iniciativa no registra avances, sino retrocesos. Vean, si no, el empoderamiento de los cárteles, que ahora tienen la capacidad logística y operativa de paralizar, durante dos días consecutivos, una metrópoli como Monterrey; que en ocasiones pasan de ser perseguidos a perseguidores de las patrullas militares y que en Ciudad Juárez, a pesar de los miles de millones de pesos y los galones de saliva (hay que irse acostumbrando a las unidades métricas del intervencionismo) invertidos por el gobierno federal en un meritorio esfuerzo de erradicación, siguen paseándose a sus anchas.

Qué estremecedor: ¿se miente al hablar de triunfos oficiales o se mintió al enunciar propósitos? ¿Acaso los objetivos reales de todo este disparate eran acabar con el estado de derecho, el control territorial y cualquier vestigio de seguridad pública? Porque tales son, hasta donde los boletines oficiales permiten averiguarlo, los resultados de la aplicación de la Iniciativa Mérida.

A ver si ahora los gobernantes mexicanos y sus poderosos huéspedes se dan un ratito para aclararnos las dudas.

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Bajas colaterales

Editorial La Jornada..
Las tres personas que murieron el fin de semana pasado en Monterrey (dos estudiantes ultimados en el campus del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ITESM y una mujer que se vio atrapada en el fuego cruzado de una balacera) a consecuencia de combates entre fuerzas del orden y grupos criminales no eran presuntos delincuentes, como tampoco los jóvenes asesinados en las masacres del 30 de enero en Ciudad Juárez. Tampoco había sospecha alguna sobre los seis comuneros de la zona alteña de Mazatlán que cayeron abatidos el sábado en Elota, Sinaloa. Los fallecimientos referidos son sólo unas cuantas de las bajas colaterales que han tenido lugar en el país en el curso de la guerra contra el narcotráfico

declarada por el gobierno calderonista y que, como toda guerra, termina por cargar la mayor cantidad de muertes entre personas inocentes de la población civil.

Ayer, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, atribuyó los homicidios de Monterrey a la falta de coordinación y comunicación entre las autoridades y destacó que éstas no han asumido un compromiso de respeto a la ley.

Los señalamientos del ombudsman federal se quedan cortos. Como ha venido ocurriendo en los últimos meses, ante los muertos inocentes del pasado fin de semana el gobierno federal ha incurrido en un trato discriminatorio, al expresar sus condolencias sólo por algunas de las víctimas –las de mayor notoriedad social– y no ha formulado un compromiso explícito de evitar muertes entre la ciudadanía. Es preocupante el señalamiento de Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, quien aseveró que si bien sólo la autoridad puede someter a quien se resiste por la comisión de un delito, es ciega y sorda cuando no tiene la vigilancia, el respaldo, la supervisión y la colaboración de los ciudadanos para obtener la información que le permita detectar a los delincuentes. Tal aserto equivale a condicionar la seguridad y la integridad física de los habitantes a su desempeño como informantes y coadyuvantes de las fuerzas públicas, lo cual es manifiestamente ajeno –y contrario– al marco legal vigente.

Con los más recientes episodios de víctimas ajenas a las confrontaciones entre militares y policías y presuntos criminales se evidencia, por otro lado, la inoperancia y el peligro de poner a las fuerzas armadas en tareas de policía, en entornos urbanos saturados en los que es segura e inevitable la presencia de personas inocentes en medio del fuego cruzado.

Si el gobierno federal no es capaz de actuar con sensibilidad, terminará por provocar el efecto contrario a la colaboración de la población con los efectivos castrenses y policiales. Lo ha conseguido ya en Ciudad Juárez, donde crece el clamor por la salida del Ejército de esa localidad fronteriza, y es razonable suponer que esa consecuencia se repetirá en otros puntos del territorio nacional en los que las fuerzas armadas desempeñan un papel protagónico en la lucha contra las organizaciones delictivas.

En éste, como en otros terrenos, y por básicas consideraciones legales y éticas, resulta urgente un cambio de estrategia.

Alberto Aziz Nassif

México no pudo solo

Los viajes de Felipe Calderón y su gabinete a Ciudad Juárez en tres ocasiones en las últimas semanas, no han podido detener las balas y asesinatos. La política social y las apresuradas inversiones en salud y educación en esa lastimada frontera no detienen a la delincuencia organizada, como si se pudiera hacerlo.

Ahora que han sido asesinados una funcionaria del consulado, su esposo y otro mexicano, esposo de una estadounidense, el gobierno del vecino del norte reacciona de forma contundente y emiten mensajes cruzados, por una parte, descalifican la estrategia militar en la zona en voz de la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano; estrategia que por cierto fue acordada y aprobada por ellos y, al mismo tiempo, en voz del embajador Carlos Pascual, se apoyan los “esfuerzos” del gobierno de México y anuncia una cumbre de alto nivel entre los dos países. Las alarmas que se han vuelto a encender en Estados Unidos y la contaminación de la violencia en su frontera sur tampoco parecen detener las balas. La reacción indignada del gobierno mexicano frente a las descalificaciones de Estados Unidos, porque los socios del norte no acaban de asumir una corresponsabilidad en el problema, tampoco evita que las bandas y las pandillas sigan matando, secuestrando y extorsionando a miles de ciudadanos que todos los días padecen una violencia que no se detiene.

Las noticias sobre los bloqueos de narcos y las balaceras callejeras en la ciudad de Monterrey, que han cobrado la vida de dos estudiantes del Tec, se agregan al cuadro de descomposición que vive el país. Todos los días se da una socialización de casos que no llegan a los medios ni a los titulares de los diarios, pero que registran el acoso, los secuestros, los asaltos y las amenazas que se desparraman sin posibilidad de contenerse en las ciudades, en los pueblos y en las comunidades del país. Esta violencia tampoco se detiene, sino crece de forma incontenible. La contabilidad de muertes nos reporta que en este año, en donde han transcurrido 80 días, ya se acumulan 2,157 muertos y sólo el viernes 19 de marzo se sumaron otros 33 asesinatos (EL UNIVERSAL, 20/III/2010). Las balas aumentan y la muerte se reproduce, se ha perdido el valor de la vida, como en el corrido de José Alfredo, ya “no vale nada”.
Múltiples especialistas en seguridad han analizado la estrategia del combate al narco y al crimen organizado que lleva adelante el gobierno y señalan su ineficacia y su fracaso. Incluso hasta las críticas de Janet Napolitano han recibido la misma respuesta: la descalificación. Sin duda, los recientes asesinatos de Lesley A. Enríquez, Arthur Haycock Redelf y Jorge Alberto Salcido, llevan el problema a otro nivel y abren una tensión adicional en la política externa de México. Los operativos que llevan a cabo el FBI y la DEA en la frontera, muestran lo que puede ser el inicio de otro tipo de intervención del gobierno de Estados Unidos en el país. Sin saber las razones de estos asesinatos, queda establecido que el sistema de seguridad del gobierno de Obama hará todo lo posible por encontrar a los responsables y ponerlos a disposición de un juez. Porque, al final de cuentas, hay diferencias específicas cuando se trata de balas que matan a ciudadanos estadounidenses y cuando se mata a ciudadanos mexicanos. En un sistema la seguridad funciona; en el otro, es un desastre.
Mientras el gobierno defiende, como una inercia, su estrategia fallida, las balas siguen sin parar, con ejército o sin ejército, con policía federal o sin ella, con programas sociales o sin ellos. Sin embargo, la vista del grupo de alto nivel que habrá entre México y Estados Unidos anuncia un cambio en la estrategia de colaboración y de intervención de los vecinos del norte en nuestro país. Ya el general brigadier Benito Medina, declaró que: “No podemos decir que el Ejército no puede, no, es que no solamente es el Ejército, todo México no puede solo, necesitamos la colaboración de la comunidad internacional” (EL UNIVERSAL, 22/III/2010). Después de 18 mil muertos y muchos territorios tomados, se reconoce que México no puede solo.
¿Será posible establecer una línea divisoria que rompa con la protección, la corrupción y la colusión de las autoridades con estos grupos o seguiremos en las mismas? ¿Habrá una estrategia completa de combate al narcotráfico y al lavado de dinero? ¿Hará Estados Unidos la parte que le toca en el tráfico de armas? ¿Cómo será la nueva fase de colaboración entre México y Estados Unidos? ¿Se iniciará una estrategia de inteligencia binacional? Ya veremos qué pasa…
Investigador del CIESAS