Política a la mexicana...

De bruces

Luis Javier Garrido

Las políticas de violencia militar desatadas por el gobierno panista en estos tres años con el pretexto de la lucha contra el narco han llegado adonde pretendían quienes las concibieron desde Washington: a una entrega casi absoluta de la vocación soberana de México por parte del gobierno panista.

1. La reunión en el edificio de la cancillería mexicana del gabinete de seguridad de Estados Unidos, encabezado por Hillary Clinton, secretaria de Estado, en la mal llamada Reunión de Alto Nivel México-Estados Unidos sobre la Iniciativa Mérida, el martes 23 de marzo, no buscó llegar a acuerdos sobre las políticas de supuesta lucha conjunta contra el narcotráfico (en territorio mexicano desde luego) ni reformular programas, sino dejar claro en un acto propagandístico que Washington dicta al gobierno calderonista no sólo las políticas financiera y económica, sino las políticas de seguridad y ahora incluso en materia social, transmitiendo un único mensaje: que México es para Estados Unidos su protectorado.

2. En dicho encuentro, como en el efectuado la tarde de ese día en Los Pinos, no hubo discusión alguna, como lo trataron infructuosamente de investigar algunos periodistas, sino un mero acto de sumisión de Felipe Calderón y sus colaboradores al gobierno de Barack Obama.

3. La campaña en los medios oficialistas mexicanos, que son la casi totalidad, ha buscado por eso en estos días tergiversar la realidad de las graves regresiones que se están produciendo en México por el entreguismo de un gobierno espurio y débil que se fue de bruces antes las exigencias de sumisión de Washington y que está dejando el control de la situación interna a agentes extranjeros al aceptar reducir las fuerzas militares y policiales nacionales a simples agentes operativos a las órdenes del Pentágono. Y está insistiendo por eso en celebrar el acontecimiento como un acto de confianza en México y en descalificar los señalamientos de lo que acontece como trasnochadas invocaciones a la soberanía nacional: una noción que, reiteran, no tiene ya cabida en el mundo globalizado.

4. La autojustificación de las políticas de claudicación se estuvo manifestando durante varios días en todos los niveles del gobierno panista sin que se produjera la menor reacción de las dirigencias de los partidos políticos. El creciente intervencionismo de Estados Unidos fue justificado con el mismo argumento: la incapacidad del gobierno calderonista para enfrentar el problema, una incapacidad que los propios panistas han buscado probar y evidenciar en los últimos tres años. El propio Felipe Calderón eligió el acto de supuesto homenaje a Juárez el 21 de marzo para aceptar este hecho y pedir la que llamó una cooperación respetuosa, y el general brigadier Benito Medina (director de Educación Militar de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea), para vergüenza de las fuerzas armadas, insistió en una entrevista en que México no puede solo contra el narco (El Universal, 22 de marzo).

5. El pueblo mexicano ha entendido ya, sin embargo, a pesar de la propaganda, que la mayor parte de los crímenes cometidos contra la población civil en estos meses son obra de las fuerzas federales y de los grupos paramilitares creados desde el gobierno, incluyendo los de Ciudad Juárez y Monterrey que han generado tanta indignación, y no de los cárteles: que no son casos fortuitos, como se ha pretendido, sino atentados contra la sociedad que se enmarcan dentro de las acciones deliberadas que se ha instruido cometer a estas tres fuerzas armadas, que actúan ya fuera de control, con el objetivo de generar un clima de amedrentamiento y de confusión. Poco se dice, además, en este contexto fascistoide de violencia generalizada desatada desde el gobierno, de las decenas de dirigentes sociales victimados diariamente en Guerrero y otras entidades, ni de la violencia contra las comunidades zapatistas de Chiapas.

6. El gobierno de Estados Unidos no busca con la Iniciativa Mérida luchar contra el narcotráfico (negocio en el que se hallan coludidos poderosos intereses, empezando por los de la familia Bush), sino generar alarma y temor en los pueblos al sur de su frontera para controlar sus espacios estratégicos a fin de adueñarse de sus recursos naturales y de paso controlar mejor el mercado de estupefacientes. El gobierno de facto calderonista no pretende tampoco a su vez con la guerra que ha desatado luchar contra el narcotráfico (negocio en el que se hallan asociados poderosos intereses del PRI y el PAN), sino generar un amedrentamiento en el pueblo a fin de afianzarse en el control del aparato estatal para disponer de él de manera patrimonialista y poder imponer los programas neoliberales que les exigen el capital financiero y el gobierno de Washington.

7. La supuesta lucha contra el narco del gobierno de facto ha fracasado de manera estrepitosa precisamente porque no es una “lucha contra el narco” ni tampoco la idearon Calderón y sus empleados. Las políticas de violencia policiaco-militar que ha implementado en México el gobierno panista de facto fueron concebidas por el Pentágono sobre la base de la doctrina preventiva de Bush (en la mira de provocar reacciones que generen una escalada cada vez mayor de la violencia), y tienden en lo esencial, a mediano plazo, a desmantelar el Estado nacional mexicano y someter a nuestro territorio al control de Washington. El embajador estadunidense Carlos Pascual lo reconoció ante los micrófonos de Televisa, luego de la pregunta, ideada como parte de la propaganda panista, que le hizo López Dóriga en su Noticiero del miércoles 24, demandándole si el gobierno de Estados Unidos aprobaba la estrategia del gobierno de Calderón: esa estrategia la hemos diseñado los dos juntos, le recordó.

8. La principal lección que deja al pueblo el delirante baño de sangre en el que Felipe Calderón y el gobierno panista lo han hundido es que las acciones de un gobierno deben llevarse a cabo en todos los ámbitos en el marco de la legalidad constitucional, y no trasgrediéndolo o tratándolo de suprimir o de prostituir. La modificación legal aceptada en Morelia el martes 23 por los 31 gobernadores integrantes de la Conago, convalidando un mando unificado de policías judiciales estatales supuestamente para colaborar con el gobierno central en la persecución de delitos federales, es un ejemplo de las perversiones fascistoides actuales, pues trasgrede los fundamentos federales de la Constitución Mexicana al atentar contra la naturaleza federal de nuestro país y la autonomía de estados y municipios.

9. El aval del PRI a las políticas entreguistas del gobierno panista de Felipe Calderón sólo puede explicarse por una razón: la extrema debilidad del grupo salinista y de quien lo encabeza ante Washington, en razón de su vinculación con el narcotráfico, que lo vuelve en extremo vulnerable.

10. El saldo de la violencia desatada por Felipe Calderón y los panistas en estos tres años y medio, no contra el narco sino contra los mexicanos, está a la vista: un pueblo vejado impunemente con miles de víctimas inocentes, un Ejército federal cada vez más corrompido y subordinado a las agencias de Washington, los cárteles de la droga convertidos en fuerzas armadas fortalecidas con los miles de soldados que han desertado para unírseles, la Constitución y las leyes tornadas en letra muerta y México en vías a consolidarse como un protectorado estadunidense, pero eso sí: un negocio del narcotráfico cada vez más floreciente, en México y en Estados Unidos.

Sempra, obligada a devolver lo que no es suyo

Jaime Martínez Veloz

Haber convertido el estado de Baja California en el sótano de máquinas del sur de Estados Unidos, sólo pudo ser posible gracias a un conjunto de intereses y confabulación entre personajes nacionales y locales de muy baja estirpe, que han contribuido al mayor deterioro moral, ecológico, social y político de que se tenga memoria en Baja California.

La entrega de concesiones para instalar en el territorio de Mexicali plantas de generación de energía eléctrica, para exportar su producción a Estados Unidos y la instalación de una regasificadora propiedad de Sempra Energy, en el municipio de Ensenada, cuyo producto tiene como finalidad abastecer la demanda de California y las plantas de Mexicali, para la producción de energía, ha sido mediante un proceso de complicidades y entreguismo de autoridades federales y estatales, que no han dudado en utilizar todos los instrumentos del Estado para proteger a la empresa de marras, no importando que sus miserias y ridículos se exhiban en público.

Después de analizar los datos aportados por la trasnacional para solicitar la aprobación de la manifestación de impacto ambiental está claro que quedaron muy pocos artículos de la legislación ambiental, que no violaron o piensan hacerlo, ante la complacencia y complicidad de las autoridades ambientales mexicanas.

La peligrosidad y los riesgos de estas llamadas terminales de gas natural licuado, ha obligado a las autoridades estadunidenses a impedir su construcción en la costa del Pacífico, dado que es en este lugar donde se encuentra el límite de la placa tectónica del Pacífico, sometida a constantes desplazamientos, que incrementan los riesgos, en una planta que almacene grandes volúmenes de gas.

Fue este el principal motivo para que varias trasnacionales, durante el gobierno de Vicente Fox, intentaran instalarse en las costas de Baja California, para hacer negocio con este producto en el mercado norteamericano, desde territorio mexicano. Chevron, Marathon Oil, Phillips Petroleum, Shell, Paso Corp y Sempra Energy vieron una gran posibilidad para este mercado.

En Baja California, el ex gobernador Eugenio Elorduy fue el encargado de desestimular a todas las competidoras de Sempra Energy, trasnacional, con la que le unían fuertes intereses familiares, su hija había sido apoderada de la empresa Distribuidora de Gas Natural, firma mexicana socia de Sempra.

Fundidos como uno solo, Sempra y el gobierno del estado no escatimaron en atropellar, comprar, cooptar o reprimir, según fuera el caso. Acostumbrados a arrasar, nunca cuidaron las formas ni el respeto a la ley. Compraron el silencio de muchos medios, mediante ostentosas campañas publicitarias, al ayuntamiento de Ensenada le dieron una mordida oficial de 4 millones de dólares, a diversas organizaciones y fundaciones les entregaban donativos y espejitos a cambio de su silencio.

En la vorágine de atropellos, embriagados por la impunidad que les brindaba su protector Elorduy, realizaron una operación de compra venta de un terreno, para utilizarlo como zona de amortiguamiento, a una persona que había fallecido un año tres meses antes de que se concretara dicha operación. Al legítimo propietario lo desalojaron con las fuerza pública y le dictaron orden de aprehensión.

Para concretar esta fraudulenta operación contaron con la complicidad de autoridades judiciales, del notario público y de todo el entramado de mecanismos oficiales que conlleva una operación de esta naturaleza. El operador de esta acción canalla fue Bernardo Martínez, secretario de Gobierno de Eugenio Elorduy y actual empleaducho de la trasnacional. No hay rubor alguno, como funcionario de gobierno apoya a una empresa que luego, cuando deja su cargo, lo contrata en retribución por los servicios prestados. Los grupos criminales que azotan a la región tienen en sus gobernantes un buen ejemplo de su modus operandi.

Sin embargo a pesar de todos los obstáculos y marrullerías, el pasado 10 de marzo el juez décimo de distrito de Ensenada, Baja California, le ordena al gobierno del estado le restituya el predio a su legítimo propietario, del cual fue despojado por el contubernio entre Sempra y Elorduy.

Al día siguiente de esta resolución de un juez federal, el actual procurador del estado de Baja California, Rommel Moreño Manjarrez, declara que la persona amparada por la justicia federal "es un delincuente". Sin recato ni respeto a las propias leyes mexicanas, esta postura expresa que las complicidades con Sempra trascendieron al sexenio anterior y cuenta con aliados o socios de interés entre las autoridades del actual gobierno de Baja California, que persisten en darle validez a un contrato entre la trasnacional y una difunta.

Esto explica el porqué de la ausencia del procurador del estado en los temas que han calado hondo en la sociedad bajacaliforniana. La mal llamada guerra contra las drogas aparece como una farsa, cuando al diputado del PAN presidente del Congreso de Baja California se le detiene, ebrio, drogado y armado y se le deja libre y se despide al policía que lo detuvo. Los cientos de asesinatos, secuestros y actos delictivos que se realizan en contra de la ciudadanía bajacaliforniana no pueden ser resueltos, ni enfrentados, porque quien es el responsable de procurar la justicia en el estado está más preocupado por articular la defensa de Sempra, con la esperanza, quizá, de que cuando termine su periodo pueda ser contratado por la empresa de marras.

No obstante, la voz de los bajacalifornianos cada vez es mayor, a través de medios de comunicación alternativos o en los diferentes órganos de representación popular, donde miembros de diferentes partidos, en forma plural, alzan la voz en contra de Sempra, cuyo nombre en Baja California está ligado al fraude, la violación de la soberanía, el daño ecológico y el riesgo de un desastre de dimensiones inimaginables.

Horizonte político José Antonio Crespo
Drogas: ¿erradicar el consumo?

Las dos utopías con las que se buscaría erradicar el problema del consumo de drogas consisten en eliminar por completo la demanda de narcóticos o bien erradicar la oferta de las mismas. En ambos casos se daría fin al consumo de drogas.

A) Si nadie demandara droga, bien podría haber aún toneladas de ella y cárteles dispuestos a seguirla vendiendo, que no habría persona que la comprara y ya no recibirían un centavo de ese mercado negro.

B) Si en cambio se eliminara de raíz la oferta de drogas ilícitas (utopía en que se funda la actual estrategia antinarcóticos) podría seguir habiendo millones de adictos y consumidores que la demandaran pero, al ya no existir esos narcóticos en el planeta, no podrían ingerirlas. Pero son utopías, y por eso la estrategia de prohibición ha sido, y seguirá siendo, una medida contraproducente, pues los costos que genera superan con mucho los costos de liberalizarla (como en el caso del alcohol y el tabaco).

Sin embargo, la desesperación derivada de que una “minoría ridícula” traiga de cabeza al Estado mexicano, lleva a muchos jóvenes conscientes a impulsar una campaña informal, a través de sus redes sociales, para no consumir drogas: “El consumo es causa de la violencia”. Si cada individuo decidiera dejar de tajo de consumir drogas, entonces el negocio caería por sí mismo: se alcanzaría una de las utopías antinarcóticos; los cárteles mexicanos perderían en automático su mercado interno y, en esa medida, quizá sus crueles pleitos dejarían de tener sentido. El problema con dicha propuesta es que encarna una de las dos utopías antinarcóticos.

1) Debe distinguirse entre consumidores y adictos a cualquier droga (incluidos el tabaco y al alcohol). Con la mayoría de las drogas (excepto quizá las más duras), es posible consumirlas moderadamente, de vez en cuando, sin que ello afecte gravemente la salud, el trabajo, la vida familiar o social del consumidor. Muchos consumimos ocasionalmente tabaco o alcohol, sin que por ello vayamos a morir o que perdamos el trabajo o la familia. Lo mismo ocurre con la mariguana o la cocaína. Conozco muchos consumidores de mariguana de toda la vida, que nunca han visto por ello afectada su existencia, su trabajo (son productivos) o su salud. Habrá otros que consuman cocaína en pequeñas dosis, con iguales resultados. Si a tales personas se les conmina a no consumir más esas drogas, dirán que ellos no son directamente responsables de la narcoviolencia sino que ésta es consecuencia de la prohibición de la droga y la elección del gobierno mexicano de combatir su oferta a sangre y fuego; que si legalizaran las drogas terminaría la narcoviolencia (como en efecto, ocurrió con el alcohol). La campaña “di no a las drogas” probablemente no tendrá mucho efecto en ese segmento de la población (que son muchos más que los adictos).

2) En el caso de los adictos, la cosa está más difícil: aunque quisieran, no podrían dejar de consumir la droga (por eso son adictos). Una posible salida (para ellos mismos) se encuentra en la rehabilitación, si la buscaran.

3) Aunque la campaña tuviera éxito en México, no la tendría en Estados Unidos (donde casi no hay narcoviolencia, y la nuestra no le importa al ciudadano común). Con lo cual continuarían el trasiego, la clandestinidad, las enormes ganancias de los capos y su capacidad para seguir desafiando y corrompiendo al Estado mexicano (pese a su condición de minoría).
Lo que sí puede hacerse con realismo es:

a) aceptar que habrá que lidiar con el consumo de las drogas, haya prohibición de ellas o no;

b) la despenalización de la mariguana, según Estados Unidos, no se ha traducido en el incremento de su consumo. Tiene mejores posibilidades impulsar la meta de “evitar que tus hijos busquen la droga”, que la vigente de “impedir que la droga llegue a tus hijos”. Lo primero es posible (aunque nunca 100 %); lo segundo, no. En todo caso, priorizar el combate a la demanda de narcóticos (como hace Estados Unidos) en lugar de combatir principalmente su oferta (como hacemos nosotros), al menos tiene la ventaja de ser mucho menos costoso social, humana, económica y políticamente.

MUESTRARIO: Por cierto, eso de que los capos constituyen una “minoría ridícula” refleja lo poco que Felipe Calderón entiende el fenómeno. Es como decir que Carlos Slim constituye una aún más ridícula minoría; sí, pero con inmenso poder económico e influencia política. No es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Con razón la estrategia antinarcos va como va.
Eso de que los capos constituyen una “minoría ridícula” refleja lo poco que Calderón entiende el fenómeno. Con razón la estrategia antinarcos va como va.

DF: por la soberanía plena

Editorial La Jornada...

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó ayer en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma legal que, entre otros puntos, plantea convertir las 16 delegaciones de la capital del país en municipios. La propuesta priísta en San Lázaro sucede a la presentada la víspera por la senadora del tricolor María de los Ángeles Moreno –y criticada por los representantes de su propio partido en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal–, en la que se proyecta convertir al Distrito Federal en una gran alcaldía; transitar de la figura de jefe de Gobierno a la de un alcalde –quien carecería de facultad para nombrar a los titulares de la policía y la Procuraduría General de Justicia capitalinas–, y llevar a cabo una reconfiguración territorial para dividir la capital del país en 20 zonas geográficas o departamentos.

La conversión de las delegaciones en municipios –a la manera en que se encuentran organizadas muchas de las grandes concentraciones urbanas en el país y en el mundo– podría ser una medida adecuada, ya que se ofrecería a las divisiones territoriales capitalinas un nivel de gestión pública más autónomo y eficiente.

No puede pasarse por alto, sin embargo, que las dimensiones, las características y las problemáticas propias de la ciudad capital hacen inevitable que surjan tareas y responsabilidades que difícilmente podrían hacerse encajar en el terreno de competencia de autoridades municipales: antes bien, tales condiciones demandan la existencia de instancias de vinculación y coordinación en la prestación de servicios públicos estratégicos –como el agua, la energía eléctrica y las vialidades primarias–, así como de una centralidad administrativa en el transporte y la seguridad pública.

En todo caso, más que modificaciones al régimen jurídico de las delegaciones, lo que requiere actualmente el Distrito Federal es su plena consolidación como un estado más de la República, y ello implica poner fin a la condición discriminatoria e injusta que representa el estatuto constitucional por el que se rige actualmente. Hoy por hoy, las limitaciones impuestas por dicho estatuto en términos de potestades y tutelas legislativas mantiene a la población capitalina en calidad de rehén ante las confrontaciones políticas entre las autoridades citadinas y las federales: las ofensivas de estas últimas han redundado, en más de una ocasión, en afectaciones a las condiciones de seguridad, al bienestar, a la salud y a la vida cotidiana de los habitantes del Distrito Federal, y en abiertas vulneraciones a las decisiones soberanas y a las libertades civiles, como ocurre con el recurso de inconstitucionalidad presentado por la PGR en contra de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por parte de esas parejas.

Es tiempo, en suma, de que las instancias legislativas de la Federación reconozcan la pertinencia y la necesidad de dotar al Distrito Federal de plena soberanía política, fiscal y en materia de procuración de justicia y seguridad, como una condición necesaria para la recuperación plena de los derechos civiles y políticos de los habitantes de la capital.