TIEMPO DE MUJERES

Militarización, seguridad y derechos humanos, foro

Nada justifica abusos de militares contra población civil

Por Anayeli García Martínez

México, D.F., 23 mar 10 (CIMAC).- El actual tema de “la seguridad nacional” ha traído consigo una serie de “desafortunadas” declaraciones por parte de representantes del Ejército mexicano, quienes insisten en negar las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus integrantes y en defender la jurisdicción militar, pese a que todo ello ha propiciado impunidad, coincidieron defensores de Derechos Humanos (DH).

Durante el foro de análisis “Militarización, seguridad y derechos humanos” realizado en el Centro Universitario Cultural, en Ciudad Universitaria, Alfonso García Castillo, coordinador jurídico del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, enfatizó que las violaciones sexuales, irrupciones ilegales a las viviendas, robos, amenazas, agresiones físicas y torturas cometidas por militares, no pueden calificarse como “errores”, muchas de estas acciones son “intencionadas”.

AGRESIONES DOCUMENTADAS

Pese a la negativa persistente de la Secretaría de la Defensa Nacional para reconocer las violaciones sexuales cometidas por militares, los casos están ampliamente documentados, tanto así que el Estado mexicano está a la espera de una sentencia de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación sexual cometida por militares en 2002 contra las indígenas tlapanecas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.

Otro caso documentado que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue el de las hermanas González, indígenas tzeltales violadas por militares en un retén en Altamirano, Chiapas, en 1994, cuyo caso le valió al Estado mexicano una recomendación de esta instancia internacional, la cual continúa sin cumplir.

De los casos más recientes de abusos militares destaca el de las 13 trabajadoras de la zona de tolerancia, de Castaños, Coahuila, que si bien es el único que ha sido juzgado por la vía civil y antes de que Felipe Calderón asumiera la administración de los Pinos, los resultados dejaron mucho que desear luego de la reducción de penas a los soldados responsables de la violación sexual.

Otro caso, que si se registró a partir de la militarización del país en la “lucha calderonista contra el narco” es la muerte de la indígena nahua Ernestina Ascencio Rosario de 73 años, violada presuntamente por militares en febrero de 2007 en la sierra de Zongolica, Veracruz. Ernestina fue encontrada el 25 de febrero de 2007 severamente lastimada y con presuntos rasgos de violación sexual, la cual fue confirmada por tres peritajes diferentes.

Cabe recordar que pese a que Felipe Calderón, la Sedena y la Comisión Nacional de Derechos Humanos negaron la existencia de la violación sexual y trataron de dar “carpetazo” al asunto, éste sigue vigente toda vez que existe una petición de amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovido por una ciudadana para tener acceso al expediente íntegro y original del caso, mismo que está en espera de trámite (Cimacnoticias 12 octubre 09).

Además de que a tres años de los hechos, el perito médico forense Juan Mendizábal Pérez, quien realizó la necropsia al cadáver de Ernestina Ascencio, fue inhabilitado recientemente por “haber contaminado la evidencia”. No obstante él sostiene el resultado del peritaje en el que comprobó la existencia de agresión sexual, (Cimacnoticias 19 marzo 10).

“JUSTIFICA SEDENA INCREMENTO EN VIOLACIONES DE DH”

Las fuerzas castrenses justifican que es “normal” el aumento de las violaciones a los derechos humanos debido al incremento de la presencia de las fuerzas armadas, sin embargo “habría mucho menos si los militares fueran juzgados y sentenciados”, señaló García Castillo.

El defensor de derechos humanos también afirmó que aunque el procurador general de Justicia Militar, el general de brigada José Luis Chávez García, y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, han declarado que el fuero militar no implica impunidad, esto no es así.

Destacó que aunque no hay un consenso sobre la jurisdicción militar, sí hay estándares internacionales que se deben respetar.

Entre estos lineamientos destacó la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por otra parte reiteró que los argumentos en defensa del ejército no tienen “ningún sustento” porque todas las instancias que investigan y juzgan los casos dependen del secretario de la Sedena.

“QUE VALENTÍA O QUE CINISMO”

Ante la postura de la Secretaria de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina (Semar) de defender la jurisdicción militar, Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prodh Juárez, dijo que eso sólo es un acto de “valentía o cinismo” y resaltó que si bien es cierto que el ejército debe guardar su propia disciplina, también debe mantenerse al margen de la legalidad.

En este sentido, Arriaga Valenzuela mencionó que en noviembre pasado el Estado mexicano recibió una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso Rosendo Radilla Pacheco, la cual mandata -entre otras cosas- al Estado mexicano a reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar.

Al respecto, el diputado federal por el Partido del Trabajo (PT) Enrique Ibarra Pedroza, dijo que la próxima semana presentará una iniciativa de reforma a dicho artículo, la cual presentará en la Cámara de Diputados. La iniciativa insistirá en que sean los tribunales civiles quienes investiguen y juzguen los casos de violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía y no los militares, como actualmente ocurre.

También destacó que este será un primer paso para modificar el artículo13 constitucional e “impedir su lectura tergiversada”. Finalmente destacó que espera que las fracciones del Partido de la Revolución Democrática y de Convergencia apoyen esta iniciativa y así se cumpla con la sentencia de la CoIDH.