9/06/2007

APPOYO A PRESO POLÍTICO DE OAXACA ¡¡¡

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Estimados Señores:

Este es un llamado de solidaridad en nombre de mi hermano; Adán Mejía López, preso político del Gobierno de Ulises Ruiz en el penal de Santa María Ixcotel en Oaxaca, desde el 25 de Julio de 2007; bajo los falsos cargos de narcomenudeo.

A continuación transcribo la carta que mi hermano desde la cárcel ha escrito para que se conozcan las circunstancias en que fue secuestrado y los verdaderos motivos para tenerlo en Ixcotel.

"Me llamo Adán Mejía López y el día 17 de julio aproximadamente a las 8 de la noche fui detenido en compañía del compañero y amigo Herzain Michell Lopez mientras nos encontrábamos a bordo de un taxi en el sitio "Animas Trujado" ubicado en la calle de Bustamante a dos cuadras del zócalo de esta ciudad. Nunca fuimos informados en ese momento del delito de que se nos acusaba o la razón por la que se nos detenía.

En el transcurso de esa noche y madrugada fuimos sometidos a golpes, interrogatorios y amenazas en diferentes instalaciones de corporaciones policíacas. Fuimos interrogados acerca de nuestra participación y la de nuestras organizaciones en el movimiento social oaxaqueño, así como sobre los hechos relacionados con los acontecimientos del lunes 16 de julio en el cerro del fortín. Fuimos fotografiados, grabados y fichados con minuciosidad varias veces.

Después de recorrer las instalaciones de la policía ministerial, y de la bancaria terminamos en las instalaciones de la secretaria de seguridad pública donde fuimos obligados a posar con armas y droga. Ahí se nos fabricaron los delitos de los que seriamos acusados posteriormente. Aproximadamente a las 4 de la mañana fuimos trasladados a las instalaciones de la UMAN (Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo). Mi compañero Herzain fue acusado de posesión de arma de fuego y alcanzo libertad bajo caución, yo fui acusado de posesión de droga con hipótesis de venta e ingresado el jueves 19 a la penitenciaria de Santa Maria Ixcotel donde el 25 de Julio me fue dictado el auto de formal prisión.

Nuestro caso fue presentado en diversos medios de comunicación como una aprehensión más, de dos delincuentes comunes. Sin hacer mención de las circunstancias particulares de mí caso. Por ello me veo en la obligada necesidad de aclararlo. Rechazo de manera tajante los cargos que se me imputan, que inclusive son del fuero federal: Lo cual es una forma del gobierno estatal de lavarse las manos. Afirmo de manera clara y firme que mi condición es la de preso político y de conciencia.

Soy miembro del periódico obrero "El Militante", soy sindicalizado del heroico SME, participo en la Coordinadora de Trabajadores en Defensa del ISSTE, fui miembro activo de las organizaciones estudiantiles CLEP-CEDEP, formo parte y soy promotor activo del gobierno legitimo que encabeza AMLO y soy un orgulloso miembro de la APPO y participante activo en su sector juvenil, como verán son ya algunos años de mi participación en los movimientos sociales. Cientos de compañeros pueden dar fe de mi conducta a lo largo de mi trayectoria como activista.

A pesar de los golpes represivos en contra del movimiento este sigue adelante. Ninguna de las causas que se han acumulado de manera histórica y que permitieron la irrupción con tal fuerza de nuestro pueblo en la lucha por tomar su destino en sus manos. Al contrario el estado actual de las cosas solo contribuye a agravar más la situación. Al ser suprimidas las libertades democráticas de manera sistemática, al mismo tiempo que la lucha social pacifica es criminalizada a tal grado, la herida abierta en nuestro estado se ahonda mas y mas.

En mi caso me sumo a la larga lista ya de presos políticos que han tenido la APPO y el magisterio. Reafirmo mi convicción de lucha por una sociedad mas justa, sin desigualdad social y donde el pueblo trabajador y campesino tenga una vida digna. No cejare hasta que las obscenas riquezas de una pequeña capa parasitaria de la sociedad sean socializadas en beneficio del pueblo trabajador.

Los presos y muertos del movimiento quizá pagamos junto con nuestras familias un costo mas elevado en lo personal. Pero siempre manteniendo la confianza de que la lucha, nuestra lucha, podrá transformar el estado de las cosas en que nos encontramos.

Por ultimo hago responsable al gobierno estatal y federal de mi seguridad y de mí integridad física así como la de mis familiares y mis amigos más cercanos.

Agradezco y saludo a los medios de comunicación que se han interesado en mi caso y a las organizaciones que han externado su solidaridad y manifestado su interés sobre el mismo.

Mi respuesta a los que me han encerrado aquí es y será la misma: Pueden encerrar nuestros cuerpos, pero nuestras ideas y acciones, siguen afuera, caminan con los cientos de miles que continúan en la lucha.

Gracias por su atención

Adán Mejia Lopez
Preso político APPO,
Militante,
SME Penal de Santa Maria Ixcotel
Oaxaca 20 de agosto del 2007

Es necesario recalcar que esta manera y forma de actuar por parte del gobierno estatal no es nueva, otros compañeros del movimiento como David Venegas Reyes han sido detenidos y acusados en similares hechos y circunstancias.

Les pido que me ayuden a velar por la integridad física de adán, a que denuncien su detención ilegal y arbitraria.

Es por esta razón que me dirijo a usted, para pedirle nuevamente su apoyo en el caso de Adán, y pedirle que nos acompañe el próximo sábado 8 de Septiembre en la Ciudad de Oaxaca en el mitin político cultural que se llevará a cabo por todos los presos políticos; le comento que este es un evento para el cual contamos con transporte, si usted puede acompañarnos por favor dirija un e-mail a libertad_a_adan@hotmail.com ; en caso de que usted no pudiese asistir me gustaría nos enviase una carta, que será leído por las personas que avalan el movimiento.

¡¡¡¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE COMPAÑEROS ¡¡¡¡

Calypso Mejia

9/04/2007

Manipulado y oscuro el caso de Ernestina Ascencio

Reabrir el caso piden diputadas y feministas
Por María de la Luz Tesoro

México, DF, 3 sep 07 (CIMAC).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ratificó hoy su versión de que la señora Ernestina Ascencio, falleció a causa de una anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas pépticas agudas y exoneró a los elementos del Ejército Mexicano involucrados en el hecho, al afirmar que la indígena náhuatl “no fue víctima de una violación ni de un ataque”.

Para la CNDH, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) actuó irregularmente al instalar el campamento militar en la comunidad donde vivía la señora Ascencio Rosario, de manera contraria a la legislación castrense; y diversos militares se negaron a colaborar con las investigaciones del Ministerio Público, sin recibir sanción.

Doña Ernestina Ascencio Rosario murió en febrero pasado como consecuencia de una violación tumultuaria presuntamente a manos de militares, en la Sierra Zongolica, Veracruz, región donde en los meses siguientes fueron asesinadas otras dos mujeres, líderes de la comunidad.

Respecto a este caso, según la CNDH, la Sedena emitió diversos comunicados de prensa que confundieron más a la opinión pública al contener información incierta y no comprobable.

En tanto, en conferencia de prensa dictada en la Cámara de Diputados alrededor del medio día, las diputadas federales Maricela Contreras Julián y Alliet Bautista sostuvieron que el caso de la señora Ernestina Asecensio está “muy manipulado y oscuro”, lo cual tiene que ver con intereses políticos, lo que amerita señalaron “es el esclarecimiento de un delito y fincar la responsabilidad a los presuntos responsables”.

Las intromisiones de las diferentes instancias y las declaraciones a priori marcaron la ruta. Al convertirse en médico legista Felipe Calderón y dar un diagnóstico marcó la ruta que siguió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el gobierno de Veracruz, enfatizaron las diputadas perredistas.

Maricela Contreras y Alliet Bautista calificaron como grave que la CNDH no haya hecho ninguna recomendación acerca de este caso, con todo y que hay un antecedente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) contra Felipe Calderón.

“Toda vez que él puso sobre la mesa el manejo político del caso para exonerar a los responsables, presuntos miembros del Ejército Mexicano que tuvieron que ver, además de que hubo presiones de carácter político para que los funcionarios del estado de Veracruz cambiaran sus versiones”, indicaron.

RECOMENDACIONES

Al dar a conocer esta mañana los puntos de la recomendación 34/2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el Caso de la señora Ernestina Ascencio Rosario, el ombusdman nacional, José Luis Soberanes, destacó el papel de Felipe Calderón.

“Hemos comentado que tres días antes de que el Presidente de la República hablara de ello, ya estaba el dictamen de los médicos militares, pero yo no voy a ser quien defienda al Presidente de la República, no me toca justificar su actuación, él ya está lo suficientemente grandecito para justificar sus propias actuaciones, y no necesita ni quiero justificarlo a él”.

Soberanes aclaró que “el Presidente de la República solamente es responsable por traición a la patria y por delitos graves del orden común, nosotros en términos generales no podemos enviarle al Presidente de la República recomendaciones. La única recomendación que se le ha enviado como jefe de la República es la que envié yo con motivo de la guerra sucia, es el único caso que se le ha envidado, dado a la importancia y trascendencia del asunto”.

Las legisladoras Alliet Bautista y Maricela Contreras indicaron que los que tendría que estar encabezando las recomendaciones son Felipe Calderón y el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán; y no descartaron que habrá “chivos expiatorios”.

Asimismo, preguntaron “por qué no recomendar que se abra el caso y que se hagan las investigaciones correspondientes a fondo; no hay ninguna recomendación en torno a un principio fundamental que es la presunción del delito, en el caso de violación.

“Por qué no hay una recomendación a todas las testimoniales que se presentaron, porque no hay una testimonial a fondo. Nosotras planteamos, quién investigará y quién sancionará a la CNDH por la irresponsabilidad de mostrar a los medios de información las imágenes de la necropsia practicada, y por la difusión de las investigaciones efectuadas, a través de su página de internet, antes de que concluyera el caso”.

Para la diputada federal Valentina Batres Guadarrama la recomendación número 34/2007 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre el caso Ernestina Ascencio Rosario, prueba la actitud servil de José Luis Soberanes con Felipe Calderón, además de calificarla de burda y parcial.

Batres Guadarrama manifestó que afirmar que no hubo violación sexual ni que su deceso fue producto de homicidio, es imperdonable.

Soberanes, dijo, utilizó la institución para la contención del problema político que se desencadenó en torno al Ejército Mexicano, principal brazo operativo del señor Calderón.

“El único propósito de Soberanes era encubrir las constantes violaciones de derechos humanos en las comunidades indígenas que el Ejército ha venido realizando impunemente, con esa recomendación se protege a los violadores de los derechos humanos y no a los que la padecen”, concluyó la perredista, Valentina Batres Guadarrama.

RAPETURA DEL CASO, FEMINISTAS

Tras exigir la reapertura del caso de doña Ernestina, “para que se realice una auditoria a las investigaciones de todas las instancias, y peritajes independientes, el Observatorio Ciudadano del Feminicidio manifiestó que cómo reconoce la propia CNDH, autoridades de los tres órdenes de gobierno entorpecieron la búsqueda de la justicia, “pero eso debe incluir la propia actuación de la presidencia de la Comisión”.

Esto en respuesta a la recomendación 34/2007 emitida hoy por la CNDH, ya que “aún sin contar con los elementos periciales, contribuyó a incertidumbre al hacer declaraciones francamente contradictorias con su mandato de proteger los derechos humanos de las víctimas”, señala en un boletín.

Respecto al papel del Ejercito el Observatorio considera que “la recomendación reduce la responsabilidad del Ejército a la emisión de comunicados de prensa, y no hace mención de la actuación del Ministerio Público Militar, que tomó muestras orgánicas, evidencia y jamás presentó un informe del caso. Ni se recupera la información, difundida por el Ejército, sobre militares en arraigo por este caso”.

Tampoco “hace mención a la ruptura en la cadena de custodia de la evidencia en los primeros días de la investigación, misma que no permitió contar con la materia orgánica que originalmente --según se asentó en el acta del legista-- fue tomada del cuerpo y la ropa de Ernestina Ascencio Rosario”.

Destaca que la recomendación abunda que “…sin duda alguna en las investigaciones oficiales se presentaron irregularidades graves en todas las instituciones involucradas –gobiernos municipal, estatal y federal –, en algunos casos por descuido o impericia, pero en otros por dolo y mala fe”.

En estas irregularidades están, según el Observatorio, la omisión negligente de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres (Fevim) de la PGR y la indebida intervención de la CNDH en funciones de ministerio público.

Motivo por el que el Observatorio exige la reapertura del caso, “para que se realice una auditoria a las investigaciones de todas las instancias, y peritajes independientes –probablemente a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense que ya se encuentra trabajando en México”.

Hasta en tanto lo anterior no suceda, subraya, no se sabrá con la certeza que exige el derecho a la verdad y el derecho a la justicia establecidos en la Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la Acción con el Fin de Combatir la Impunidad, incluidos en el informe de 1997 del Relator Especial sobre la Cuestión de la Impunidad de la Organización de las Naciones Unidas.

07/MLT/CV

Primer informe
Ni una mención a las mujeres víctimas de militares


Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 1 septiembre 07 (CIMAC).- A nueve meses del inicio de la cuestionada administración de Felipe Calderón, los derechos humanos de las mujeres son un tema inexistente: lo demuestran nueve meses de gestión y lo reafirma su informe entregado hoy al Poder Legislativo.

Doña Ernestina Ascencio Rosario murió en febrero como consecuencia de una violación tumultuaria a manos presuntamente de militares, en la Sierra Zongolica, Veracruz, donde también fueron asesinadas otras dos mujeres, pero el informe de Calderón, en su apartado Estado de Derecho y Seguridad, nada dice de ello.

Tampoco habla de las agresiones sexuales y la violación a los derechos humanos de las mujeres de Oaxaca que participaron en el movimiento social, que aún no concluye. Y las decenas de mujeres asesinadas por violencia feminicida en esa entidad fueron omitidas en el documento de Calderón.

Igual suerte corren las más recientes víctimas del feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua y la desaparición de facto de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez.

Así como la violación a los derechos humanos, incluso ataque sexual, que sufrieron mujeres en Michoacán y Sinaloa.

El primer balance de la administración de Felipe Calderón debía contener todos estos casos, Castaños, Coahuila; San Salvador Atenco, Estado de México; Veracruz, Michoacán y Sinaloa, ya que siguen impunes, y los militares, presuntos responsables, continúan sin sanción.

CALDERÓN Y SU DICTAMEN

Mención especial debería haber tenido el llamado Caso Zongolica, que refiere lo ocurrido a doña Ernestina Ascencio Rosario, porque tanto el gobierno de Fidel Herrera como el Federal, hasta ahora, no han hecho válidas las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional (AI).

A pesar de que el Ministerio Público Militar reconoció en un primer momento la existencia de una violación, posteriormente argumentó que la anciana murió a causa de una enfermedad, siendo el titular del Ejecutivo mexicano el primero en declarar (el 4 de marzo) que la muerte de la mujer había sido provocada por una gastritis crónica no atendida y que no se encontraron rastros de violencia sexual.

Esto a casi un mes de que la indígena fuera hallada moribunda por sus hijas e hijos, a quienes en lengua náhuatl les dijo “los militares se me vinieron encima”. Ernestina es un claro ejemplo de la violencia institucional, de género que viven las mujeres en nuestro país.

Pese a todo ello Calderón no consideró relevante mencionar el estado que guarda este caso, ya que hasta el día de hoy no se ha esclarecido en forma precisa.

OPERATIVOS, ABUSO Y VIOLACIÓN

Lo que sí precisa Calderón en su texto es la existencia de seis operativos conjuntos en nueve estados del país, como estrategia de combate al narcotráfico y narcomenudeo (apartado 1, punto 1.1.3.1).

Se trata de operaciones del Gobierno Federal, la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y la Procuraduría General de la República, en Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Baja California y Veracruz.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) participó con un promedio mensual de 45 mil 723 elementos militares. Pero en la mayoría se han denunciado abusos y violaciones de los derechos humanos de las mujeres por parte de elementos de la institución castrense.

Para las mujeres de los pueblos y comunidades donde están apostados los militares, según el seguimiento y la documentación de organismos de derechos humanos, los militares son fuente de toda clase de abusos, imposiciones y arbitrariedades.

¿Qué dice de eso Calderón?

Según su informe, los conceptos más recurrentes de violación a los derechos humanos fueron: el de legalidad, seguridad jurídica y la protección de la salud (apartado 1, punto 11.1.5.2 Atención y Seguimiento de las Recomendaciones Emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal).

Estos “conceptos”, según el documento, se encuentran en vías de cumplimiento.

07/GT/GG/CV

Limpiemos México”, contra la ONU
Con Calderón: niñez y adolescencia, de afectada a sospechosa


Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 1 septiembre 07 (CIMAC).- Ninguna niña o niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación, dice la ONU, pero Felipe Calderón hará exámenes antidoping a las y los alumnos de escuelas, como parte de su programa Limpiemos México.

Es una solución policíaca a una problemática social, una medida grave e inadecuada, que va contra la niñez y la juventud mexicana, advierte Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (CADHAC).

“Se actúa en contra de quienes precisamente son las más evidentes víctimas del narcotráfico; las niñas y los niños, quienes pasan de afectados a sospechosos y posibles delincuentes”, afirma el organismo.

No podemos aceptar que las autoridades nos confundan; la seguridad pública y los derechos humanos son un binomio indisoluble, no se trata de elegir entre uno u otro. “Se trata de asegurar el respeto irrestricto a las niñas, niños, y adolescentes en nuestras escuelas, indica la organización civil.

El Programa Limpiemos México fue anunciado por Calderón el pasado mes de julio y consiste en una estrategia nacional de seguridad, que incluye revisiones médicas antidoping a las niñas y niños de 8 mil escuelas en una primera etapa, para detectar en uso de drogas en alumnas y alumnos de primarias, secundarias y preparatorias a partir de este ciclo escolar.

CADHAC respondió de inmediato: la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada es uno de los principales retos de la sociedad mexicana, pero que en la medida que el Estado se enfoque en acciones represivas y policíacas que afecten la integridad física y moral de la persona, sin aplicar medidas sociales para abatir de raíz el problema del crimen, “la espiral de violencia generalizada contra la población continuará, alentada incluso, por el mismo Estado”.

Este operativo se sumó a los operativos “mochila” y los virtuales toques de queda que se realizan en varias entidades del país y que las organizaciones de la sociedad civil han denunciado como violatorios de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

Limpiemos México contempla tres proyectos: El programa Zona de Recuperación, Escuela Segura y Centros de Atención Primaria de Adicciones y Salud Mental.

En este sentido CADHAC abunda: “para justificar esta clase de programas, los funcionarios federales esgrimen el argumento de la necesidad de aplicarlos como parte del combate a la delincuencia organizada, así como a que es iniciativa de los padres”.

Sin embargo, los tratados internacionales y la jurisprudencia de los tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establecen claramente que no se puede alegar un estado de necesidad para suspender de forma alguna los derechos humanos, ni para violar la Constitución nacional.

Y estos programas violentan los derechos de las y los menores de edad y se colocan por encima de los tratados internacionales suscritos por México en materia de Derechos Humanos, lejos de actuar contra la falta de oportunidades, la pobreza, la falta de educación y contra la violencia familiar, principales artífices de la drogadicción.

De eso debe informar hoy Felipe Calderón a las y los mexicanos, porque los derechos humanos de las y los niños, así como de la adolescencia mexicana constituyen una obligación para el gobierno, más allá de las estrategias que pretenden limpiar el país.

07/GT/GG/CV

http://www.cimacnoticias.com/

alvaro delgado
México, D.F., 3 de septiembre (apro).- Una y otra vez, como una pesadilla, Felipe Calderón se encuentra con el sello de lo que ha sido y será su gestión: el repudio y el desprecio.Dirán él y sus prosélitos --que son más, según las encuestas que no atinan a ninguno de los resultados de las elecciones que ha habido después del 2 de julio-- que cumple con el deber conforme a su máxima: “`haiga` sido como `haiga` sido”.Y, también en apego a su talante, Calderón responde con ínfulas dictatoriales, que describe a “aquel que abusa de su poder y autoridad”: Impone cierre de calles al tránsito, hace retacar de burócratas --y acarreados-- el Palacio Nacional y dispone que los mexicanos deben oír --en cadena nacional de radio y la televisión-- una pieza oratoria de una hora y media, como en un mitin.El montaje incluye escenografía con la identidad cromática de los colores nacionales de España, la tierra que vio nacer a Juan Camilo Mouriño, el poderoso jefe de la Oficina de la Presidencia, que revindica su fidelidad como súbdito de la corona mediante un pasaporte de ese país. Salvo por el confeti y el paseo en auto descubierto –incluida la banda presidencial, cuyo uso en ese acto lo prohibe la ley--, se pensaría que volvimos a Luis Echeverría o a José López Portillo, porque --comparados con el Calderón del domingo-- Carlos Salinas solía ser más discreto y Ernesto Zedillo austero.En el salón de plenos de la Cámara de Diputados, el sábado 1, hace una breve y fría incursión, en ausencia --por primera vez en la historia constitucional-- de quien preside formalmente el Congreso y desprovista la ceremonia de los honores a la Bandera.Ni siquiera sus correligionarios del PAN le confieren la investidura que reclama. “¡Felipe, Felipe, Felipe!”, le gritaban, buscando ser vistos, como un mitin o en la sede de ese partido, donde tampoco se puede refugiar en paz, candente la guerra con Manuel Espino.Pero ante el desprecio de un sector de legisladores por el fraude del 2 de julio --que no renunciaron a la curul, como no lo hicieron jamás tampoco los panistas que reclamaban lo mismo en 1988, quizá porque dieron cause a su legitimidad en el desempeño junto con Salinas--, Calderón va por el desquite e instruye: Censúrense al Congreso en cadena nacional.Porque fue contra el Congreso --y así lo reconocieron los legisladores panistas-- y no contra la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, en su carácter de presidenta del Poder Legislativo, ni a una perredista en sí misma, la disposición de evitar que su voz fuese escuchada por los ciudadanos, pocos o muchos, que seguían la transmisión.Y el hilo se rompe por lo más delgado: El despido, disfrazado de renuncia, del director del Centro de Producción y Programas Informativos y Especiales (Cepropie), René Palavicini, un funcionario menor en el organigrama del poder, pero clave en el círculo íntimo de Calderón desde que era precandidato.Confidente de Juan Camilo Mouriño, Maximiliano Cortázar, Juan Ignacio Zavala y Antonio Solá Reche, Palavicini grabó, con su cámara al hombro, todos y cada uno de los mítines y reuniones que tuvo Calderón desde que quiso ser candidato del PAN a la presidencia. Ahora es chivo expiatorio de venganzas de su jefe máximo.Con ese despido, Francisco Ramírez Acuña, “el más priista de los panistas”, como lo describen sus propios compañeros de partido en Jalisco, pretende reducir la censura a un mero “error técnico”, pero la dimensión y la gravedad es descarada, aun para quienes son prosélitos del régimen.No es sino parte de una línea de comportamiento de Calderón y su grupo: Al reclamo por su falta de legitimidad, o por la ausencia de la incondicionalidad que reclama al interior de su propio partido, el manotazo.Así ocurrió aun antes de asumir, formalmente, el cargo que ostenta: Ante la demanda de transparentar la elección, se impuso el ocultamiento con sus allegados del Instituto Federal Electoral (IFE); ante la demanda de voto por voto, la colusión con los magistrados del Tribunal Electoral; ante la demanda de ciudadanos de tener acceso a las boletas electorales, la razón de Estado; ante las evidencias de abusos en la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, la subordinación del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.Calderón no escapa, aunque quiera, a su origen: Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación valorará si procede el amparo de Proceso y de ciudadanos para tener acceso a las boletas de la elección. Quizá, por la colusión de intereses, se opte por mantener el ocultamiento. Pero la mancha prevalece y el reclamo sigue.Y no es un asunto de partidos, que tan lejos están --todos-- de la sociedad.Y tampoco el asunto es sólo por el derrumbe del ceremonial de la presidencia imperial, maniobra de distracción, sino más hondo: Una nación hundida en la miseria y la desesperanza.ApuntesLa reforma electoral, que urge --y que es apenas un aspecto de cambios estructurales más profundos--, será una mascarada si se sigue imponiendo la simulación y quedan intactos los intereses cruzados de la radio y la televisión --no los medios en general, como erróneamente suele decirse-- por el dinero de los contribuyentes. Sólo la acción decidida de las organizaciones apartadas de los intereses partidistas y el escrutinio permanente de los ciudadanos, podrán impedir otro montaje y se canjeé a los consejeros electorales del IFE por los aumentos de impuestos que prevé la reforma fiscal impulsada por Calderón. El aumento al precio de la gasolina es uno de ellos, que impactará en todo, inclusive a las cuotas de peaje en las autopistas, que parecen potreros, como en la del Sol, a Acapulco… Una muestra del vigoroso combate al narcotráfico, con todo el poder del Estado, fue la boda de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Durango, atestiguado por el alcalde panista de Canelas, Francisco Cárdenas Gamboa. Tal como lo publica Proceso, en un extraordinario reportaje de Patricia Dávila, en la edición de esta semana, la boda se celebró el 2 de julio, justo a un año de las elecciones y el mismo día en que Zhenli Ye Gon acusó al expriista Javier Lozano, secretario del Trabajo, de ser cómplice en el trasiego de más de 200 millones de dólares...
delgado@proceso.com.mx

CNDH: Dolo y omisiones de Sedena y gobierno de Veracruz en caso Ernestinajosé gil olmos
México, D. F., 3 de septiembre (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cerró hoy formalmente el caso de Ernestina Ascencio Rosario con la conclusión de que la anciana de 72 años falleció no por una violación, como denunciaron inicialmente sus familiares y las propias autoridades veracruzanas, sino por una gastritis.En la recomendación 34/2007, la CNDH le exige a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) agilice la averiguación previa 26ZM/04/2007, radicada en la agencia del Ministerio Público adscrita a la 26/a Zona Militar de El Lancero, Veracruz, y que, una vez concluida, de parte al organismo.Además, le pidió dar vista a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que se inicie un procedimiento administrativo de investigación en contra del personal de la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea que tuvo a su cargo la integración del expediente, debido a las omisiones e irregularidades en que incurrió.La CNDH recomendó a la Sedena, así mismo, investigar la conducta de los servidores públicos del área de Comunicación Social, que incurrieron en acciones y omisiones en los boletines de prensa que difundieron inicialmente y que sólo confundieron a la opinión pública.De igual forma, le pidió que investigue la conducta del agente del Ministerio Público Militar que integró la averiguación del caso de Enestina, debido a que, apuntó, dichos servidor público incurrió en acciones y omisiones.El titular del organismo José Luis Soberanes hizo también diez recomendaciones al gobernador Fidel Herrera, entre ellas la de iniciar procedimientos de investigación contra varios funcionarios de la Procuraduría local y se emprendan medidas correctivas en el área pericial."La CNDH lamenta muy seriamente que un órgano procurador de justicia tropiece no solamente con las innegables dificultades de una investigación criminal como esta, sino también con los errores y los graves descuidos de procedimiento de algunos de sus servidores. Lamenta también que, en vez de corregirlos, pretenda negarlos y, con ello, abra de par en par las puertas de la suspicacia y las suposiciones sin fin y sin límite", argumentó Soberanes.Según la CNDH, las autoridades veracruzanas cometieron una serie de errores y omisiones que promovieron la tesis de la violación sexual. Pero no fue todo: también las acusó de haber actuado con incompetencia y mala fe al modificar los testimonios de los familiares que se rindieron en náhuatl.La CNDH manifestó que, en este caso, "se ha violentado el derecho a la salud y el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita de muchas personas que pertenecen a ese mismo grupo vulnerable. También ha tratado de violentarse, con errores y omisiones que habremos de precisar, el derecho de Ernestina a contar con una investigación profesional del Ministerio Público y sus órganos auxiliares".Soberanes explicó que por eso la CNDH tuvo que realizar sus propias indagatorias, “no como un sustituto del Ministerio Público –como algunos equivocadamente señalan--, sino en pleno ejercicio de nuestras facultades constitucionales y legales de ombudsman para que esa autoridad administrativa vea sus errores". En la recomendación, la CNDH no hace ninguna observación al presidente Felipe Calderón, quien adelantó el peritaje final de las causas oficiales de la muerte de la indígena sin que hubiera terminado la investigación, lo que significa una violación grave a los códigos penales.

http://www.proceso.com.mx/

De la eme equis


http://www.eme-equis.com.mx


Por Alejandro Almazán

aalmazan@eme-equis.com.mx

Ilustración: Leticia Barradas

Si todo se alinea, en estos días los ciudadanos se sorprenderán con los inusitados y sorpresivos acuerdos de los partidos. De las cenizas se levantarán para quitarse la soga que la industria de la radio y de la televisión les había colocado. Y eso habrá de redimirlos. O por lo menos, les habrá ayudado a quitarse la bota del cuello. De eso trata esta historia: de los pactos de El Caballito, en los que en medio de una coyuntura complicada rumbo al primer Informe de Gobierno de Felipe Calderón, las tres principales fuerzas políticas del país habrán dado un paso más hacia la democracia. Si todo se alinea, no habrá un solo peso público más para las televisoras y la radio por campañas electorales. Si todo se alinea, el gran negocio electoral, el de los spots, se habrá extinguido. Si todo se alinea…


I.– El principio del fin de Luis Carlos Ugalde y demás consejeros del IFE, de los magistrados del Tribunal Electoral, de los partidos pequeños y de las costosas campañas empezó hace tres meses.Sí, en los últimos 90 días, PAN, PRD y PRI acordaron lo que hoy son los principales puntos de la reforma electoral: un nuevo Consejo General del IFE, reducción de los costos y tiempos de las campañas políticas, el recuento voto por voto, entre otros tantos acuerdos. Siete reformas a la Constitución en las que no hay marcha atrás.Pero en las próximas horas estaría por emerger un acuerdo inédito en el país. Un consenso que, de llegar a concretarse, tocaría el corazón de un factor que ha hecho sentir su fuerza en las últimas campañas electorales. Un monstruo de varias cabezas y enorme gula que en la última campaña presidencial engulló más de 10 mil millones de pesos: los medios electrónicos. La radio y la televisión.Los acuerdos aún se tejen. Legisladores y líderes de los tres partidos debaten la posibilidad de que en ninguna elección se invierta centavo público alguno en la televisión y en la radio. Se propone que los candidatos únicamente utilicen los tiempos oficiales del Estado.Los momios son altos: el fin sería cuestión de horas.Si eso sucede, Televisa, TVAzteca y las radiodifusoras verán mermadas seriamente sus cuentas bancarias.Y entonces, todos recordarán el día en que cambió la relación entre los partidos políticos y los medios electrónicos.

Las horas, los días decisivos


emeequis / redacción


Este 1 de septiembre nos ha tomado casi por sorpresa. A nueve meses del arranque del gobierno de Felipe Calderón, el país político se ha sacudido por un inesperado giro en los acontecimientos. De pronto, todo el escenario se agitó: los partidos decidieron que sus prioridades eran otras, que los consejeros electorales sí eran un estorbo para los acuerdos, que el sistema se había quedado atrapado y que hoy es preciso darle una vuelta de tuerca a las cosas. Este es un recuento de cómo se dieron los últimos jaloneos. El pataleo final, el que puede ser definitivo. Las palabras son de ellos, de los consejeros y los políticos.


“El IFE en los últimos meses ha dicho una y otra vez que los ciudadanos son los actores centrales de la democracia, y que antes de responder a los intereses de los partidos la reforma electoral debe responder a los intereses de los ciudadanos, y los ciudadanos han sido muy claros en lo que piden. Piden más rendición de cuentas de los partidos, piden un financiamiento menos oneroso para los partidos, piden más legalidad, piden campañas más propositivas, piden una democracia de más calidad que responda a sus expectativas, y creo que esa es la manera cómo debe concebirse una reforma electoral”. Luis Carlos Ugalde, 13 de agosto de 2007, en la presentación del proyecto Campus Virtual, en la sede del Instituto Federal Electoral.


...“Espero que los partidos y los diputados, y los políticos y los senadores tengan la suficiente visión histórica para que su reforma sea una reforma en beneficio del país, en beneficio de los votantes. No quiero anticipar ningún juicio, pero como autoridad electoral de una institución ciudadana, es mi obligación defender a los ciudadanos y por eso estoy diciendo que los ciudadanos quieren en una reforma 10 puntos y uno de ellos es menor dinero en la política y menos dinero a los partidos. La meta de la democracia mexicana es tener una democracia de más calidad y que tenga menor costo, y que tenga mayor imparcialidad frente a quienes pagan las campañas. Ahora los ciudadanos en su vida cotidiana están frustrados y molestos por lo que consideran un dispendio en las campañas. Eso no es el asunto medular de una reforma electoral, simplemente estoy diciendo que los ciudadanos están molestos”. Luis Carlos Ugalde, 21 de agosto de 2007, al concluir los trabajos del seminario internacional sobre reforma electoral en la sede del Instituto Federal Electoral.


...“No depende de Ugalde decidir si se queda o no se queda, yo creo que todo lo que va por la vía legal se puede hacer. El Congreso toma decisiones y no pregunta si quieren o no quieren, sino que solamente las aplica cuando ya han sido votadas y se votan por mayoría”. Carlos Aceves del Olmo, senador del PRI, 29 agosto de 2007.


...“Jamás voy a renunciar a un cargo que tiene un mandato constitucional al que debo responder. Que quede claro en mi lenguaje no existe ni presión ni chantaje, ni temor, ni mucho menos renuncia. No entiendo cuál es el argumento de renuncia. Los legisladores dicen que porque cometimos fraude. Si nosotros hubiéramos cometido fraude electoral nos debieron hacer juicio político, y el Tribunal Electoral debió haber declarado la elección inválida, y no fue el caso. “La remoción de los consejeros se ha convertido en un instrumento de presión política, de intercambio de fichas políticas, en un momento donde se conjuntan diversos factores: la necesidad que tiene el país de tener más recursos fiscales a través de una reforma, la necesidad de llevar a cabo solemnemente un informe de gobierno, de concretarse una reforma electoral. “Por eso remover a los consejeros por un falso argumento de confianza es matar la independencia del IFE, y sería regresar a los 90. Lo que está en juego es la independencia del instituto o entregarlo al control de los partidos políticos. Quizá el Congreso encuentre la vía legal para la remoción y la logra, pero eso no ayuda al futuro de la democracia y no es la reforma electoral deseable”. Luis Carlos Ugalde, 28 de agosto de 2007, en entrevista con el periódico Excélsior.


...“No hay condiciones para ir en las mismas condiciones en 2009, el árbitro requiere el consenso de los jugadores y este árbitro no tiene la confianza por lo menos de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista y tampoco del PRI. En estas condiciones, ¿cómo se puede librar una contienda? Sería envenenarla antes de que inicie la contienda”. Arturo Núñez, senador del PRD, 27 agosto de 2007.


...“Si el Congreso aprueba la remoción de los consejeros electorales estaría aceptando que políticamente hablando, hubo fraude electoral en 2006, porque no se podría entender de otra manera por qué tenemos que irnos cuando hemos cumplido de manera legal con nuestra responsabilidad”. Luis Carlos Ugalde, 29 de agosto de 2007, en entrevista al concluir la sesión del IFE.


...“Este llamado de honestidad intelectual, de honestidad política y de responsabilidad con el futuro del país es extensivo a todos los actores políticos dentro del Legislativo y dentro del Ejecutivo que participan en el diseño finalmente, en la aprobación de una futura reforma electoral.“Yo haría dos preguntas como reflexión sobre el futuro de la democracia: la celebración de un informe de gobierno, en los términos previstos por la Constitución, y con la formalidad que amerita la investidura presidencial, ¿puede ser parte de una negociación sobre el futuro y la independencia del IFE? Y la segunda es: ¿si la negociación política, tan importante para el futuro social y económico del país, puede estar dependiendo de otra reforma que, siendo importante, no tiene nada que ver con ella, como es la reforma electoral?“¿Cómo evitar la perversión que se da cuando el dinero compra la política y a los políticos?” Luis Carlos Ugalde, 29 de agosto de 2007, en entrevista al concluir la sesión del IFE....“Yo no sé exactamente cómo vayamos a concluir la negociación, pero de ninguna manera aceptaría que la modificación de la integración del consejo signifique que hubo fraude en la elección del pasado 2 de julio. Es un argumento poco serio. No existe ninguna negociación sobre los consejeros electorales a cambio del formato para el informe presidencial y la reforma fiscal, no son moneda de cambio”. Héctor Larios, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, 29 agosto de 2007.
...“Creo que se adelanta una declaración por parte del presidente del Consejo General del IFE, cuando no hay una notificación, una declaratoria, pero finalmente las instituciones se reforman a través de las leyes, que se reforman a su vez por medio de consensos en el poder legislativo”. Cristian Castaño, vocero de los diputados del PAN, 29 agosto de 2007, en entrevista con Excélsior.


...“Me preocupa que vea al IFE por encima del Congreso y de la nación. Me preocupa la pérdida de piso, se lo digo con toda franqueza, a partir de sus declaraciones. Yo creo que debería ubicarse. Si le preocupa mucho su estancia en su lugar, la mejor forma de mantenerse ahí es ubicarse, hacer el papel que le compete y como institución no estar generando campañas que deterioren a las otras instituciones, pretendiendo poner por encima de las demás a una. Nosotros somos muy serios, creemos en el IFE”. Jesús Murillo Karam, secretario general del PRI, 29 agosto de 2007.


...“¡Él ya salió, lo que pasa es que nadie le ha avisado, pero ya salió! No tiene la menor importancia. ¡Se volvió loco! Javier González Garza, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, 29 agosto de 2007.


John Ackerman, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM


Por Fátima Monterrosa

Los partidos políticos han decidido despedir al árbitro electoral y todo depende de semanas, días, horas. Las señales apuntan a un hecho ineludible: la permanencia de los consejeros del Instituto Federal Electoral, incluido el consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, entró en su fase final. Y es en este preciso momento, dice John Ackerman, uno de los más reconocidos especialistas del país en asuntos electorales, habría que solicitar a los consejeros del IFE y a Luis Carlos Ugalde que “acepte con humildad su salida, que asuma lo mismo que ha exigido a los partidos políticos: actuar con la mirada alta y de largo plazo. Lo que vemos es una actitud arrogante de su parte, que él es el IFE, y no, el IFE es mucho más que él”.En esta semana salieron a la luz pública los resultados de largas negociaciones entre los partidos políticos. Las malas noticias terminaron alcanzando a los funcionarios del IFE. A todos. El mensaje de los representantes de los partidos, sobre todo del PRI y del PRD, deja sin esperanzas a los consejeros para seguir en el cargo. La reacción de cada uno de ellos ha sido inusitada. John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tiene su lectura del posible relevo en el IFE: “Los nueve consejeros deben actuar de manera republicana; no obstaculizar los cambios que proponen los partidos en la iniciativa de reforma electoral, sobre todo si es lo mejor para la democracia, para la autonomía y la institucionalidad del país. Puede haber mucha confianza en el IFE, pero no hay confianza en ellos”.
...Ante las declaraciones de los partidos que han anunciado su salida del IFE, Ugalde asumió una actitud, a juicio de Ackerman, autoritaria, arrogante y antidemocrática:“Ahora desprecia a los partidos. Se dedica a denostar y criticar a los partidos, a deslegitimarlos y renunciar a la democracia cuando dice que lo importante es quién tiene la razón, no quién tiene más votos”.El investigador recuerda que en 1996 los entonces integrantes del mismo organismo fueron removidos del cargo –habían sido electos para siete años y sólo llevaban dos en funciones– debido a que el Congreso de la Unión estableció nuevas reformas para crear una nueva institución.“Miguel Ángel Granados Chapa, Santiago Creel, José Agustín Pinchetti, José Woldenberg y Fernando Zertuche, en aras de abrir la cancha, pusieron a disposición su cargo, no quisieron ser un obstáculo. Pero ahora, aunque se les está ofreciendo la salida más digna y más institucional, los consejeros están confundiendo sus individualidades con la institución”.Los consejeros se aferran al puesto sin importarles que el órgano electoral se encuentre más allá de las personas. Para él es lamentable y peligrosa la actuación de Ugalde: “Hoy le estaba exigiendo a los partidos políticos que fueran estadistas, que tuvieran la mirada alta y de largo plazo. Aquí habría que pedirle lo mismo a Luís Carlos Ugalde, quien debería aceptar con humildad su salida.–¿Generan confianza los consejeros del IFE?–No, en absoluto. Las últimas encuestas señalan que 46% de la población cree que hubo fraude en la contienda pasada. Estos consejeros han perdido legitimidad. Argumentan que las encuestas todavía ubican al IFE como una institución de carácter legitimo, pero Ugalde y los consejeros no son el IFE. Puede haber mucha confianza en el IFE, pero no hay confianza en ellos.–Ugalde argumenta que su salida será una negociación entre partidos.–Dice que aceptar su dimisión, removerlo, sería ceder la plaza a los partidos. Más bien, con su nombramiento se cedió la plaza a los partidos en el 2003. Ese nombramiento opaco, de espaldas a la ciudadanía, de negociación política entre Elba Esther Gordillo y Santiago Creel, fue lo que los llevó ahí. Lo que se busca ahora es romper con ese legado y desempeño pobrísimo al margen de la ley, para empezar una nueva etapa del desarrollo democrático del país.El 31 de octubre del 2003, los diputados del PRI, PAN y PVEM aprobaron el nombramiento del presidente del Consejo General del IFE, Luís Carlos Ugalde, y de ocho consejeros: Alejandra Latapí, Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez Alcántara, María de Lourdes del Refugio López Flores, Arturo Sánchez Gutiérrez, Teresa González Luna, Rodrigo Morales Manzanares y Andrés Albo Márquez. El PRD y el PT no avalaron la designación de los nuevos integrantes del consejo general del IFE.John Ackerman se detiene en algunas de las declaraciones del presidente del IFE.–Estoy preocupado por algunas cosas que ha dicho Luis Carlos Ugalde, como por ejemplo sus ataques contra los partidos, que son opacos, que no rinden cuentas, que el voto no es lo importante sino quién tiene la razón y que él tiene razón porque no hubo fraude. Esta es una actitud profundamente autoritaria. Como Luis Carlos mismo dijo el 6 de julio: “en la democracia se gana y se pierde por un voto”.Considera que el hasta hora todavía presidente del IFE pretende supeditar su permanencia en el puesto, aprovechando la desconfianza que generaron los resultados de la contienda presidencial del 2006.–Luis Carlos Ugalde ha pedido a los partidos políticos y al presidente Felipe Calderón que actúen con honestidad –Dice que si lo sacan, sería aceptar una mentira histórica de que hubo fraude. ¡Eso es grave! Si la existencia o no del fraude depende de la permanencia de un individuo en su cargo, ya me empezó a preocupar más. ¿Será que realmente está diciendo que él está protegiendo la información que comprueba que sí hubo fraude? ¿Será que con su salida y la llegada de nuevos consejeros podríamos descubrir lo que pasó en la elección presidencial de 2006?Ackerman confía en que con la formación de un nuevo órgano electoral se podría conocer más información. “El nuevo consejo podría decidir si da a conocer las nuevas boletas para hacer un escrutinio independiente. Ese consejo tendría que averiguar la condición de los paquetes electorales y la posibilidad de permitir acceso a los ciudadanos”.–¿Los consejeros podrían destruir las boletas antes de irse?–¡Claro! Pero eso ya sería el descaro total. Sería una confesión pública de que hubo fraude.–¿Cree que la reforma electoral se encuentre atada a otro tipo de negociaciones?–La política es el arte de la negociación. Desde luego, la negociación no es un problema, el acuerdo es el arte de la política. Esperemos que los legisladores estén buscando ir a fondo con esta reforma electoral. La cuestión del cambio de los consejeros es fundamental, absolutamente central. No conozco a nadie que diga que es secundario.El autor de diversos libros en materia electoral propone a los legisladores crear condiciones de equidad en las contiendas, reglamentar el uso de propaganda política en los medios de comunicación y recomienda a todos los partidos políticos no convertir las negociaciones en un intercambio de posiciones e intereses personales sino pensar en el bien de la República.–¿Qué viene?–Hay una oportunidad muy importante para reformar los mecanismos de nombramiento de los consejeros electorales. Que se realice una convocatoria pública, que participe la sociedad civil con propuestas, análisis y reflexiones. Que hayan dictámenes, ternas, que haya un debate real y comparecencias reales de los candidatos.Es importante que la votación sea la cuarta o quinta parte en lugar de dos terceras partes de los legisladores para asegurar consenso en el nombramiento. Es importante señalar que esto no viene en la reforma electoral, se proponen cambios mínimos en los mecanismos de selección y de ninguna manera se propone transparentarlo a la ciudadanía. Todavía gran parte de las propuestas de partidos políticos se quedan en el cambio de favores de cuotas partidistas. Y no tendría ningún sentido que salgan estos consejeros si entran unos iguales de comprometidos con ciertos partidos políticos.

Jaime Cárdenas *

Los órganos electorales federales del país se encuentran en una grave crisis de credibilidad. Las razones son claras: su incapacidad para transparentar su funcionamiento, principalmente su administración, y porque en los procesos más recientes no han sabido estar a la altura de las circunstancias que el momento político e histórico exigía. El último escándalo de presumible corrupción en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha contribuido a incrementar los cuestionamientos sobre la viabilidad de estas instituciones.Por lo que toca al Instituto Federal Electoral y como se sabe, el origen de su actual Consejo General obedeció al concierto de voluntades del PAN y del PRI, con la exclusión del resto de las fuerzas políticas. En la negociación para la designación de este Consejo tuvo un papel fundamental la profesora Elba Esther Gordillo, quien en los últimos años ha estado muy cerca del gobierno panista.Esto significa para muchos priístas la existencia de una hegemonía del PAN en el Consejo General del IFE, hegemonía que se extiende a funcionarios del primer nivel del IFE y a muchos asesores de los consejeros electorales y de los directores ejecutivos. La queja priísta es que no existe pluralidad en el IFE, que prevalece un control por parte de una de las fuerzas políticas.Para el PRD y los partidos que integran el Frente Amplio Progresista, las quejas tienen que ver, sobre todo, con la actuación de los consejeros durante el pasado proceso electoral. El Consejo no actuó a tiempo para detener las campañas negras que prevalecieron; el Consejo no fue lo suficientemente contundente para impedir la obvia injerencia del ex presidente Vicente Fox y se rompió con ello la equidad electoral; el IFE no actuó con suficiencia ante el gasto de mil 700 millones de pesos que el gobierno federal utilizó en campañas gubernamentales, lo que implicó en los hechos una campaña paralela; el IFE no empleó ningún mecanismo para rechazar la contratación de tiempos en radio y televisión efectuadas por el Consejo Coordinador Empresarial y otros grupos empresariales que violaron abiertamente el artículo 48.13 del Cofipe; el IFE no se comportó como autoridad para supervisar las contrataciones en radio y televisión de los partidos —artículo 48.8 del Cofipe— y no exigió el cumplimiento de la Ley de Radio y Televisión para insistir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la difusión de las tarifas en los medios de comunicación electrónica; el IFE no reguló el derecho de réplica que establece el Cofipe; el IFE no sancionó a tiempo al PAN por la interferencia indebida del ex presidente español José María Aznar en la campaña electoral mexicana; el IFE tuvo graves errores de comunicación con la ciudadanía para transmitir completos los resultados electorales, entre ellos los del PREP; las oficinas centrales del IFE recomendaron a los presidentes de los Consejos Distritales que se evitara abrir paquetes electorales a partir del miércoles siguiente al día de la elección. En fin, para los dirigentes del Frente Amplio Progresista, el Consejo General del IFE no cumplió con sus obligaciones legales.En cuanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cabe decir que la percepción de muchos sectores de la población y políticos es que tampoco estuvo a la altura de las circunstancias en el pasado proceso electoral; que no se comportó debidamente, entre otras cosas, porque a su principal resolución, la que declaró la validez de la elección, siendo jurisdiccional le dio un carácter administrativo para autolimitarse y no ejercer las atribuciones que la ley establece, como la de ordenar la práctica de medidas para mejor proveer, requerir pruebas a las autoridades que habían sido ofrecidas por la Coalición por el Bien de Todos, y resolver con plena jurisdicción. En estos momentos, y después del nombramiento de sus nuevos titulares, el Tribunal Electoral pasa por una crisis que difícilmente sería superable en una sociedad democrática. El escándalo de corrupción derivado de la presunta compra de un inmueble previo pago de una comisión probablemente ilegal, debió dar lugar a la renuncia de los magistrados electorales implicados. Como ello difícilmente se producirá, la ilegitimidad de esa institución se profundizará.La solución a las dudas que suscitan estos órganos pasa por una reforma constitucional y legal de carácter electoral que diseñe instituciones con más competencias y con más transparencia.Es verdad que el asunto de la salida de los funcionarios de estas instituciones no es lo más importante, pero es fundamental. La autonomía e independencia de los órganos electorales constituye, desde luego, un principio constitucional, pero es un principio inferior al de la legitimidad de las instituciones. Si las autoridades no son legítimas no abonan a la gobernabilidad ni a la consolidación del estado de derecho y deben por ello ser sustituidas.


*Doctor en derecho, ex consejero electoral del IFE e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM jaicardenas@prodigy.net.mx


Por Emilio Ulloa Pérez *


Escribo estas líneas sin saber aún qué pasó el día 1 de septiembre en la Cámara de Diputados, cuando el señor Felipe Calderón debió entregar a los legisladores el primer Informe en su carácter de detentador titular de la administración pública federal. Más allá de lo acontecido, lo cierto es que pocas cuentas alegres puede entregar quien es, al fin y al cabo, un simple continuador de las políticas públicas que han confirmado, una y otra vez, su fracaso para lograr el bienestar de la nación. Las cifras no mienten: quien en su campaña prometió ser el “Presidente del empleo” se ha convertido en el primer causante del desempleo en el país. No sólo no se han creado empleos formales suficientes para atender al millón de jóvenes que cada año exigen incorporarse a la estructura productiva del país, sino que la tasa del desempleo abierto incluso llegó a 3.95 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), la mayor tasa alcanzada en el último cuatrimestre. Aunque en realidad, y como han demostrado analistas económicos como David Márquez Ayala, el desempleo abierto es de 13.1 por ciento de la PEA, es decir que casi 6.5 millones de mexicanos no tienen trabajo.Las Caravanas de la Salud, por medio de las cuales se pretendía atender a los municipios más marginados del país, no han llegado siquiera a 10 por ciento del total de los ayuntamientos, mientras en promedio cinco mujeres en edad productiva mueren diariamente por el cáncer cérvico uterino, la obesidad afecta hasta a los niños, y las enfermedades crónico–degenerativas y las originadas por la pobreza van en aumento. La última evaluación del aprendizaje de los niños de educación básica demuestra que la inmensa mayoría de los infantes carecen del dominio de destrezas culturales indispensables como la lectura y la escritura, y del dominio de operaciones formales esenciales como la lógica y las matemáticas. En materia de combate a la inseguridad y el crimen organizado, no obstante la militarización implantada por el señor Calderón en contravención de las disposiciones constitucionales, los resultados son poco alentadores, ya que en los últimos meses han sido asesinados casi mil 400 mexicanos en enfrentamientos relacionados con el narcotráfico, mientras que los delitos del fuero común siguen creciendo a razón de uno denunciado por minuto. De la impunidad de la que gozan gobernantes y funcionarios por violaciones graves a las garantías individuales, en los casos de Atenco, Oaxaca, Pasta de Conchos, Acteal y Minera San Javier, ni hablar.Al mismo tiempo, el país se encamina al despeñadero económico, no sólo por la recesión por la que atraviesa la economía del vecino país del norte —con el que sostenemos 90 por ciento de nuestras operaciones comerciales y a donde han emigrado, en los últimos 10 meses, un promedio de 400 mil mexicanos en busca del american dream a cambio de su pesadilla mexicana—, sino también por la disminución paulatina de los ingresos petroleros, así como de las remesas que los mexicanos que viven allende el río Bravo. Si no fuera por esas remesas, cientos de miles de familias mexicanas no seguirían en pie.Y empecinado en seguir entregando buenas cuentas a quienes financiaron ilegal e inmoralmente su campaña presidencial, el señor Calderón solamente ha enviado una iniciativa importante al Congreso de la Unión: la propuesta de reforma hacendaria, por medio de la cual, entre otros aspectos importantes, se pretende gravar más a las pequeñas y medianas empresas, que son precisamente las que más empleos generan en el país. Además, es inflacionaria, pues considera un gravamen de 5 por ciento a las gasolinas y al diesel, lo que desencadenaría un incremento a los precios de los productos básicos en perjuicio de, por lo menos, 60 millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Mientras, deja intocado los paraísos fiscales, las ganancias de los especuladores bursátiles y los sofisticados sistemas de elusión y evasión fiscal de los grandes corporativos.En pocas palabras, más desempleo, desnutrición, analfabetismo funcional, inseguridad, impunidad, emigración, inflación y descontento siguen siendo los saldos de un gobierno empecinado en proteger los intereses de los Slim, los Salinas Pliego, los Azcárraga Jean, los Onésimos Cepedas y demás pléyades que, el año pasado, se llenaron la boca para decir que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México, cuando en realidad queda claro que era un peligro, sí, pero para sus privilegios e impunidades.En el rubro de cultura, más allá de los pocos recursos que la Secretaría de Hacienda ha liberado en favor de éste, existe honda preocupación y enojo por parte de intelectuales y artistas ante la posible llegada de Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, a la dirección de la Comisión Organizadora de los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. Sin considerar las propuestas que han surgido desde la sociedad civil, a la que se le sigue considerando menor de edad en materia cultural, el señor Calderón, que hizo de lo mediático su principal estrategia de campaña, pretende con la inclusión del señor Landeros entregar a los millonarios monopolistas de Televisa, ni más ni menos, la dirección de los festejos de las dos gestas históricas que, en su momento, se opusieron a los monopolios y a los grandes detentadores del poder y la riqueza nacional. Como dice el maestro Guillermo Tovar y de Teresa, presidente del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México: con esa decisión y con las propuestas cursis, ramplonas y hasta ignorantes del legionario de Cristo Fernando Landeros, “se degrada la historia, se degrada el civismo y se degrada la cultura”.El Estado mexicano no puede abdicar de sus responsabilidades constitucionales. La naturaleza de los festejos requiere de gente comprometida con la historia nacional sin distingos ideológicos y, desde luego, sensibilidad popular, atributos de los que carece el presidente de la Fundación Teletón. Es necesario que la Secretaría de Educación Pública y el subsector cultural coordinado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, rechacen tajantemente la participación del señor Landeros por los intereses monopólicos y mediáticos que representa y porque “los cumpleaños de la patria” no pueden ser tratados desde la perspectiva de la limosna filantrópica y la sensiblería comercial.En estas circunstancias, queda claro que el contenido del Informe del señor Felipe Calderón, como su propio origen electoral, es y será un Informe con saldos espurios pero, sobre todo, es y será el Informe de un señor que soñó con ser presidente de la República y terminó siendo el mesero de un banquete en el que se hartan los de siempre, mientras que los más permanecen afuera.


* Presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados
emilioulloa6@hotmail.com