Manipulado y oscuro el caso de Ernestina Ascencio

Reabrir el caso piden diputadas y feministas
Por María de la Luz Tesoro

México, DF, 3 sep 07 (CIMAC).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ratificó hoy su versión de que la señora Ernestina Ascencio, falleció a causa de una anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas pépticas agudas y exoneró a los elementos del Ejército Mexicano involucrados en el hecho, al afirmar que la indígena náhuatl “no fue víctima de una violación ni de un ataque”.

Para la CNDH, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) actuó irregularmente al instalar el campamento militar en la comunidad donde vivía la señora Ascencio Rosario, de manera contraria a la legislación castrense; y diversos militares se negaron a colaborar con las investigaciones del Ministerio Público, sin recibir sanción.

Doña Ernestina Ascencio Rosario murió en febrero pasado como consecuencia de una violación tumultuaria presuntamente a manos de militares, en la Sierra Zongolica, Veracruz, región donde en los meses siguientes fueron asesinadas otras dos mujeres, líderes de la comunidad.

Respecto a este caso, según la CNDH, la Sedena emitió diversos comunicados de prensa que confundieron más a la opinión pública al contener información incierta y no comprobable.

En tanto, en conferencia de prensa dictada en la Cámara de Diputados alrededor del medio día, las diputadas federales Maricela Contreras Julián y Alliet Bautista sostuvieron que el caso de la señora Ernestina Asecensio está “muy manipulado y oscuro”, lo cual tiene que ver con intereses políticos, lo que amerita señalaron “es el esclarecimiento de un delito y fincar la responsabilidad a los presuntos responsables”.

Las intromisiones de las diferentes instancias y las declaraciones a priori marcaron la ruta. Al convertirse en médico legista Felipe Calderón y dar un diagnóstico marcó la ruta que siguió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el gobierno de Veracruz, enfatizaron las diputadas perredistas.

Maricela Contreras y Alliet Bautista calificaron como grave que la CNDH no haya hecho ninguna recomendación acerca de este caso, con todo y que hay un antecedente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) contra Felipe Calderón.

“Toda vez que él puso sobre la mesa el manejo político del caso para exonerar a los responsables, presuntos miembros del Ejército Mexicano que tuvieron que ver, además de que hubo presiones de carácter político para que los funcionarios del estado de Veracruz cambiaran sus versiones”, indicaron.

RECOMENDACIONES

Al dar a conocer esta mañana los puntos de la recomendación 34/2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el Caso de la señora Ernestina Ascencio Rosario, el ombusdman nacional, José Luis Soberanes, destacó el papel de Felipe Calderón.

“Hemos comentado que tres días antes de que el Presidente de la República hablara de ello, ya estaba el dictamen de los médicos militares, pero yo no voy a ser quien defienda al Presidente de la República, no me toca justificar su actuación, él ya está lo suficientemente grandecito para justificar sus propias actuaciones, y no necesita ni quiero justificarlo a él”.

Soberanes aclaró que “el Presidente de la República solamente es responsable por traición a la patria y por delitos graves del orden común, nosotros en términos generales no podemos enviarle al Presidente de la República recomendaciones. La única recomendación que se le ha enviado como jefe de la República es la que envié yo con motivo de la guerra sucia, es el único caso que se le ha envidado, dado a la importancia y trascendencia del asunto”.

Las legisladoras Alliet Bautista y Maricela Contreras indicaron que los que tendría que estar encabezando las recomendaciones son Felipe Calderón y el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán; y no descartaron que habrá “chivos expiatorios”.

Asimismo, preguntaron “por qué no recomendar que se abra el caso y que se hagan las investigaciones correspondientes a fondo; no hay ninguna recomendación en torno a un principio fundamental que es la presunción del delito, en el caso de violación.

“Por qué no hay una recomendación a todas las testimoniales que se presentaron, porque no hay una testimonial a fondo. Nosotras planteamos, quién investigará y quién sancionará a la CNDH por la irresponsabilidad de mostrar a los medios de información las imágenes de la necropsia practicada, y por la difusión de las investigaciones efectuadas, a través de su página de internet, antes de que concluyera el caso”.

Para la diputada federal Valentina Batres Guadarrama la recomendación número 34/2007 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre el caso Ernestina Ascencio Rosario, prueba la actitud servil de José Luis Soberanes con Felipe Calderón, además de calificarla de burda y parcial.

Batres Guadarrama manifestó que afirmar que no hubo violación sexual ni que su deceso fue producto de homicidio, es imperdonable.

Soberanes, dijo, utilizó la institución para la contención del problema político que se desencadenó en torno al Ejército Mexicano, principal brazo operativo del señor Calderón.

“El único propósito de Soberanes era encubrir las constantes violaciones de derechos humanos en las comunidades indígenas que el Ejército ha venido realizando impunemente, con esa recomendación se protege a los violadores de los derechos humanos y no a los que la padecen”, concluyó la perredista, Valentina Batres Guadarrama.

RAPETURA DEL CASO, FEMINISTAS

Tras exigir la reapertura del caso de doña Ernestina, “para que se realice una auditoria a las investigaciones de todas las instancias, y peritajes independientes, el Observatorio Ciudadano del Feminicidio manifiestó que cómo reconoce la propia CNDH, autoridades de los tres órdenes de gobierno entorpecieron la búsqueda de la justicia, “pero eso debe incluir la propia actuación de la presidencia de la Comisión”.

Esto en respuesta a la recomendación 34/2007 emitida hoy por la CNDH, ya que “aún sin contar con los elementos periciales, contribuyó a incertidumbre al hacer declaraciones francamente contradictorias con su mandato de proteger los derechos humanos de las víctimas”, señala en un boletín.

Respecto al papel del Ejercito el Observatorio considera que “la recomendación reduce la responsabilidad del Ejército a la emisión de comunicados de prensa, y no hace mención de la actuación del Ministerio Público Militar, que tomó muestras orgánicas, evidencia y jamás presentó un informe del caso. Ni se recupera la información, difundida por el Ejército, sobre militares en arraigo por este caso”.

Tampoco “hace mención a la ruptura en la cadena de custodia de la evidencia en los primeros días de la investigación, misma que no permitió contar con la materia orgánica que originalmente --según se asentó en el acta del legista-- fue tomada del cuerpo y la ropa de Ernestina Ascencio Rosario”.

Destaca que la recomendación abunda que “…sin duda alguna en las investigaciones oficiales se presentaron irregularidades graves en todas las instituciones involucradas –gobiernos municipal, estatal y federal –, en algunos casos por descuido o impericia, pero en otros por dolo y mala fe”.

En estas irregularidades están, según el Observatorio, la omisión negligente de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres (Fevim) de la PGR y la indebida intervención de la CNDH en funciones de ministerio público.

Motivo por el que el Observatorio exige la reapertura del caso, “para que se realice una auditoria a las investigaciones de todas las instancias, y peritajes independientes –probablemente a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense que ya se encuentra trabajando en México”.

Hasta en tanto lo anterior no suceda, subraya, no se sabrá con la certeza que exige el derecho a la verdad y el derecho a la justicia establecidos en la Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la Acción con el Fin de Combatir la Impunidad, incluidos en el informe de 1997 del Relator Especial sobre la Cuestión de la Impunidad de la Organización de las Naciones Unidas.

07/MLT/CV

Primer informe
Ni una mención a las mujeres víctimas de militares


Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 1 septiembre 07 (CIMAC).- A nueve meses del inicio de la cuestionada administración de Felipe Calderón, los derechos humanos de las mujeres son un tema inexistente: lo demuestran nueve meses de gestión y lo reafirma su informe entregado hoy al Poder Legislativo.

Doña Ernestina Ascencio Rosario murió en febrero como consecuencia de una violación tumultuaria a manos presuntamente de militares, en la Sierra Zongolica, Veracruz, donde también fueron asesinadas otras dos mujeres, pero el informe de Calderón, en su apartado Estado de Derecho y Seguridad, nada dice de ello.

Tampoco habla de las agresiones sexuales y la violación a los derechos humanos de las mujeres de Oaxaca que participaron en el movimiento social, que aún no concluye. Y las decenas de mujeres asesinadas por violencia feminicida en esa entidad fueron omitidas en el documento de Calderón.

Igual suerte corren las más recientes víctimas del feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua y la desaparición de facto de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez.

Así como la violación a los derechos humanos, incluso ataque sexual, que sufrieron mujeres en Michoacán y Sinaloa.

El primer balance de la administración de Felipe Calderón debía contener todos estos casos, Castaños, Coahuila; San Salvador Atenco, Estado de México; Veracruz, Michoacán y Sinaloa, ya que siguen impunes, y los militares, presuntos responsables, continúan sin sanción.

CALDERÓN Y SU DICTAMEN

Mención especial debería haber tenido el llamado Caso Zongolica, que refiere lo ocurrido a doña Ernestina Ascencio Rosario, porque tanto el gobierno de Fidel Herrera como el Federal, hasta ahora, no han hecho válidas las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional (AI).

A pesar de que el Ministerio Público Militar reconoció en un primer momento la existencia de una violación, posteriormente argumentó que la anciana murió a causa de una enfermedad, siendo el titular del Ejecutivo mexicano el primero en declarar (el 4 de marzo) que la muerte de la mujer había sido provocada por una gastritis crónica no atendida y que no se encontraron rastros de violencia sexual.

Esto a casi un mes de que la indígena fuera hallada moribunda por sus hijas e hijos, a quienes en lengua náhuatl les dijo “los militares se me vinieron encima”. Ernestina es un claro ejemplo de la violencia institucional, de género que viven las mujeres en nuestro país.

Pese a todo ello Calderón no consideró relevante mencionar el estado que guarda este caso, ya que hasta el día de hoy no se ha esclarecido en forma precisa.

OPERATIVOS, ABUSO Y VIOLACIÓN

Lo que sí precisa Calderón en su texto es la existencia de seis operativos conjuntos en nueve estados del país, como estrategia de combate al narcotráfico y narcomenudeo (apartado 1, punto 1.1.3.1).

Se trata de operaciones del Gobierno Federal, la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y la Procuraduría General de la República, en Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Baja California y Veracruz.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) participó con un promedio mensual de 45 mil 723 elementos militares. Pero en la mayoría se han denunciado abusos y violaciones de los derechos humanos de las mujeres por parte de elementos de la institución castrense.

Para las mujeres de los pueblos y comunidades donde están apostados los militares, según el seguimiento y la documentación de organismos de derechos humanos, los militares son fuente de toda clase de abusos, imposiciones y arbitrariedades.

¿Qué dice de eso Calderón?

Según su informe, los conceptos más recurrentes de violación a los derechos humanos fueron: el de legalidad, seguridad jurídica y la protección de la salud (apartado 1, punto 11.1.5.2 Atención y Seguimiento de las Recomendaciones Emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal).

Estos “conceptos”, según el documento, se encuentran en vías de cumplimiento.

07/GT/GG/CV

Limpiemos México”, contra la ONU
Con Calderón: niñez y adolescencia, de afectada a sospechosa


Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 1 septiembre 07 (CIMAC).- Ninguna niña o niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación, dice la ONU, pero Felipe Calderón hará exámenes antidoping a las y los alumnos de escuelas, como parte de su programa Limpiemos México.

Es una solución policíaca a una problemática social, una medida grave e inadecuada, que va contra la niñez y la juventud mexicana, advierte Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (CADHAC).

“Se actúa en contra de quienes precisamente son las más evidentes víctimas del narcotráfico; las niñas y los niños, quienes pasan de afectados a sospechosos y posibles delincuentes”, afirma el organismo.

No podemos aceptar que las autoridades nos confundan; la seguridad pública y los derechos humanos son un binomio indisoluble, no se trata de elegir entre uno u otro. “Se trata de asegurar el respeto irrestricto a las niñas, niños, y adolescentes en nuestras escuelas, indica la organización civil.

El Programa Limpiemos México fue anunciado por Calderón el pasado mes de julio y consiste en una estrategia nacional de seguridad, que incluye revisiones médicas antidoping a las niñas y niños de 8 mil escuelas en una primera etapa, para detectar en uso de drogas en alumnas y alumnos de primarias, secundarias y preparatorias a partir de este ciclo escolar.

CADHAC respondió de inmediato: la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada es uno de los principales retos de la sociedad mexicana, pero que en la medida que el Estado se enfoque en acciones represivas y policíacas que afecten la integridad física y moral de la persona, sin aplicar medidas sociales para abatir de raíz el problema del crimen, “la espiral de violencia generalizada contra la población continuará, alentada incluso, por el mismo Estado”.

Este operativo se sumó a los operativos “mochila” y los virtuales toques de queda que se realizan en varias entidades del país y que las organizaciones de la sociedad civil han denunciado como violatorios de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

Limpiemos México contempla tres proyectos: El programa Zona de Recuperación, Escuela Segura y Centros de Atención Primaria de Adicciones y Salud Mental.

En este sentido CADHAC abunda: “para justificar esta clase de programas, los funcionarios federales esgrimen el argumento de la necesidad de aplicarlos como parte del combate a la delincuencia organizada, así como a que es iniciativa de los padres”.

Sin embargo, los tratados internacionales y la jurisprudencia de los tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establecen claramente que no se puede alegar un estado de necesidad para suspender de forma alguna los derechos humanos, ni para violar la Constitución nacional.

Y estos programas violentan los derechos de las y los menores de edad y se colocan por encima de los tratados internacionales suscritos por México en materia de Derechos Humanos, lejos de actuar contra la falta de oportunidades, la pobreza, la falta de educación y contra la violencia familiar, principales artífices de la drogadicción.

De eso debe informar hoy Felipe Calderón a las y los mexicanos, porque los derechos humanos de las y los niños, así como de la adolescencia mexicana constituyen una obligación para el gobierno, más allá de las estrategias que pretenden limpiar el país.

07/GT/GG/CV

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alvaro delgado
México, D.F., 3 de septiembre (apro).- Una y otra vez, como una pesadilla, Felipe Calderón se encuentra con el sello de lo que ha sido y será su gestión: el repudio y el desprecio.Dirán él y sus prosélitos --que son más, según las encuestas que no atinan a ninguno de los resultados de las elecciones que ha habido después del 2 de julio-- que cumple con el deber conforme a su máxima: “`haiga` sido como `haiga` sido”.Y, también en apego a su talante, Calderón responde con ínfulas dictatoriales, que describe a “aquel que abusa de su poder y autoridad”: Impone cierre de calles al tránsito, hace retacar de burócratas --y acarreados-- el Palacio Nacional y dispone que los mexicanos deben oír --en cadena nacional de radio y la televisión-- una pieza oratoria de una hora y media, como en un mitin.El montaje incluye escenografía con la identidad cromática de los colores nacionales de España, la tierra que vio nacer a Juan Camilo Mouriño, el poderoso jefe de la Oficina de la Presidencia, que revindica su fidelidad como súbdito de la corona mediante un pasaporte de ese país. Salvo por el confeti y el paseo en auto descubierto –incluida la banda presidencial, cuyo uso en ese acto lo prohibe la ley--, se pensaría que volvimos a Luis Echeverría o a José López Portillo, porque --comparados con el Calderón del domingo-- Carlos Salinas solía ser más discreto y Ernesto Zedillo austero.En el salón de plenos de la Cámara de Diputados, el sábado 1, hace una breve y fría incursión, en ausencia --por primera vez en la historia constitucional-- de quien preside formalmente el Congreso y desprovista la ceremonia de los honores a la Bandera.Ni siquiera sus correligionarios del PAN le confieren la investidura que reclama. “¡Felipe, Felipe, Felipe!”, le gritaban, buscando ser vistos, como un mitin o en la sede de ese partido, donde tampoco se puede refugiar en paz, candente la guerra con Manuel Espino.Pero ante el desprecio de un sector de legisladores por el fraude del 2 de julio --que no renunciaron a la curul, como no lo hicieron jamás tampoco los panistas que reclamaban lo mismo en 1988, quizá porque dieron cause a su legitimidad en el desempeño junto con Salinas--, Calderón va por el desquite e instruye: Censúrense al Congreso en cadena nacional.Porque fue contra el Congreso --y así lo reconocieron los legisladores panistas-- y no contra la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, en su carácter de presidenta del Poder Legislativo, ni a una perredista en sí misma, la disposición de evitar que su voz fuese escuchada por los ciudadanos, pocos o muchos, que seguían la transmisión.Y el hilo se rompe por lo más delgado: El despido, disfrazado de renuncia, del director del Centro de Producción y Programas Informativos y Especiales (Cepropie), René Palavicini, un funcionario menor en el organigrama del poder, pero clave en el círculo íntimo de Calderón desde que era precandidato.Confidente de Juan Camilo Mouriño, Maximiliano Cortázar, Juan Ignacio Zavala y Antonio Solá Reche, Palavicini grabó, con su cámara al hombro, todos y cada uno de los mítines y reuniones que tuvo Calderón desde que quiso ser candidato del PAN a la presidencia. Ahora es chivo expiatorio de venganzas de su jefe máximo.Con ese despido, Francisco Ramírez Acuña, “el más priista de los panistas”, como lo describen sus propios compañeros de partido en Jalisco, pretende reducir la censura a un mero “error técnico”, pero la dimensión y la gravedad es descarada, aun para quienes son prosélitos del régimen.No es sino parte de una línea de comportamiento de Calderón y su grupo: Al reclamo por su falta de legitimidad, o por la ausencia de la incondicionalidad que reclama al interior de su propio partido, el manotazo.Así ocurrió aun antes de asumir, formalmente, el cargo que ostenta: Ante la demanda de transparentar la elección, se impuso el ocultamiento con sus allegados del Instituto Federal Electoral (IFE); ante la demanda de voto por voto, la colusión con los magistrados del Tribunal Electoral; ante la demanda de ciudadanos de tener acceso a las boletas electorales, la razón de Estado; ante las evidencias de abusos en la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, la subordinación del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.Calderón no escapa, aunque quiera, a su origen: Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación valorará si procede el amparo de Proceso y de ciudadanos para tener acceso a las boletas de la elección. Quizá, por la colusión de intereses, se opte por mantener el ocultamiento. Pero la mancha prevalece y el reclamo sigue.Y no es un asunto de partidos, que tan lejos están --todos-- de la sociedad.Y tampoco el asunto es sólo por el derrumbe del ceremonial de la presidencia imperial, maniobra de distracción, sino más hondo: Una nación hundida en la miseria y la desesperanza.ApuntesLa reforma electoral, que urge --y que es apenas un aspecto de cambios estructurales más profundos--, será una mascarada si se sigue imponiendo la simulación y quedan intactos los intereses cruzados de la radio y la televisión --no los medios en general, como erróneamente suele decirse-- por el dinero de los contribuyentes. Sólo la acción decidida de las organizaciones apartadas de los intereses partidistas y el escrutinio permanente de los ciudadanos, podrán impedir otro montaje y se canjeé a los consejeros electorales del IFE por los aumentos de impuestos que prevé la reforma fiscal impulsada por Calderón. El aumento al precio de la gasolina es uno de ellos, que impactará en todo, inclusive a las cuotas de peaje en las autopistas, que parecen potreros, como en la del Sol, a Acapulco… Una muestra del vigoroso combate al narcotráfico, con todo el poder del Estado, fue la boda de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Durango, atestiguado por el alcalde panista de Canelas, Francisco Cárdenas Gamboa. Tal como lo publica Proceso, en un extraordinario reportaje de Patricia Dávila, en la edición de esta semana, la boda se celebró el 2 de julio, justo a un año de las elecciones y el mismo día en que Zhenli Ye Gon acusó al expriista Javier Lozano, secretario del Trabajo, de ser cómplice en el trasiego de más de 200 millones de dólares...delgado@proceso.com.mx

CNDH: Dolo y omisiones de Sedena y gobierno de Veracruz en caso Ernestinajosé gil olmos
México, D. F., 3 de septiembre (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cerró hoy formalmente el caso de Ernestina Ascencio Rosario con la conclusión de que la anciana de 72 años falleció no por una violación, como denunciaron inicialmente sus familiares y las propias autoridades veracruzanas, sino por una gastritis.En la recomendación 34/2007, la CNDH le exige a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) agilice la averiguación previa 26ZM/04/2007, radicada en la agencia del Ministerio Público adscrita a la 26/a Zona Militar de El Lancero, Veracruz, y que, una vez concluida, de parte al organismo.Además, le pidió dar vista a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que se inicie un procedimiento administrativo de investigación en contra del personal de la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea que tuvo a su cargo la integración del expediente, debido a las omisiones e irregularidades en que incurrió.La CNDH recomendó a la Sedena, así mismo, investigar la conducta de los servidores públicos del área de Comunicación Social, que incurrieron en acciones y omisiones en los boletines de prensa que difundieron inicialmente y que sólo confundieron a la opinión pública.De igual forma, le pidió que investigue la conducta del agente del Ministerio Público Militar que integró la averiguación del caso de Enestina, debido a que, apuntó, dichos servidor público incurrió en acciones y omisiones.El titular del organismo José Luis Soberanes hizo también diez recomendaciones al gobernador Fidel Herrera, entre ellas la de iniciar procedimientos de investigación contra varios funcionarios de la Procuraduría local y se emprendan medidas correctivas en el área pericial."La CNDH lamenta muy seriamente que un órgano procurador de justicia tropiece no solamente con las innegables dificultades de una investigación criminal como esta, sino también con los errores y los graves descuidos de procedimiento de algunos de sus servidores. Lamenta también que, en vez de corregirlos, pretenda negarlos y, con ello, abra de par en par las puertas de la suspicacia y las suposiciones sin fin y sin límite", argumentó Soberanes.Según la CNDH, las autoridades veracruzanas cometieron una serie de errores y omisiones que promovieron la tesis de la violación sexual. Pero no fue todo: también las acusó de haber actuado con incompetencia y mala fe al modificar los testimonios de los familiares que se rindieron en náhuatl.La CNDH manifestó que, en este caso, "se ha violentado el derecho a la salud y el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita de muchas personas que pertenecen a ese mismo grupo vulnerable. También ha tratado de violentarse, con errores y omisiones que habremos de precisar, el derecho de Ernestina a contar con una investigación profesional del Ministerio Público y sus órganos auxiliares".Soberanes explicó que por eso la CNDH tuvo que realizar sus propias indagatorias, “no como un sustituto del Ministerio Público –como algunos equivocadamente señalan--, sino en pleno ejercicio de nuestras facultades constitucionales y legales de ombudsman para que esa autoridad administrativa vea sus errores". En la recomendación, la CNDH no hace ninguna observación al presidente Felipe Calderón, quien adelantó el peritaje final de las causas oficiales de la muerte de la indígena sin que hubiera terminado la investigación, lo que significa una violación grave a los códigos penales.

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